Los sistemas privados de pensiones en América Latina y la reforma del sistema en México

Los sistemas privados de pensiones en América Latina: un balance negativo Saúl Escobar Toledo ¿Cuáles han sido los resultados de la privatización de las pensiones en América Latina? ¿Por qué ocurrió y qué ventajas y desventajas aporta la reforma de ese sistema en México aprobado el año pasado? Estas son algunas de las preguntas a las que responde un estudio muy detallado del doctor Carmelo Mesa-Lago, “Evaluación de cuatro décadas de privatización de pensiones en América Latina (1980-2020): promesas y realidades” publicado recientemente por la Fundación Ebert, disponible en www.fes.mexico.org. El tema de las pensiones, a pesar de su enorme importancia, no recibe la atención que merece en los medios de difusión debido entre otras cosas a sus complejidades técnicas y conceptuales. Sin embargo, es un asunto vital para las sociedades contemporáneas. El futuro de millones de personas que han trabajado toda su vida está en juego. Una vejez que no recibe los ingresos necesarios para su sostenimiento empobrece a toda la familia y se convierte en un problema social que refleja la desigualdad, la exclusión y el abandono que distingue al capitalismo actual. Representa, también un desafío ante las tendencias demográficas de muchos países en los que se observa un aumento relativo de la población mayor de 65 años que no se compensa, al ritmo de las tendencias de décadas anteriores, con la incorporación de una mayor cantidad de jóvenes al mercado laboral. El autor de este libro, un especialista que ha reflexionado en torno a estos asuntos desde hace muchos años, ha sido reconocido ampliamente por diversos organismos internacionales como la OIT y la CEPAL. Se ha convertido en una referencia obligada de los estudios acerca de la seguridad social y las pensiones. El autor señala que “en esta obra integro, profundizo y actualizo toda mi obra anterior sobre el tema por casi 30 años, a la par de revisar la principal bibliografía existente, y evalúo las promesas de la privatización en los aspectos fundamentales de la seguridad social”. En sus páginas encontraremos una evaluación de los nueve sistemas privados de pensiones latinoamericanos todavía en funcionamiento que se enfoca en cinco aspectos: 1) la cobertura, es decir, el número de personas que trabajan o trabajaron y que cotizan en el sistema privado; 2) la solidaridad social, en especial en lo que toca a la igualdad de género; 3) si el sistema ha otorgado a los jubilados un ingreso suficiente y las perspectivas inmediatas; 4) la eficiencia y el costo que significa para los trabajadores la operación de las administradoras privadas; y 5) su “sostenibilidad financiera y actuarial”, tratando de averiguar si estos esquemas y las reformas que se han llevado a cabo son viables dado el gasto público que representan. Los organismos internacionales como el FMI y el BM, y diversos voceros de los consorcios financieros privados, cuando recomendaron sustituir el sistema público por el privado, hicieron un conjunto de promesas y cálculos que lamentablemente no se han cumplido en ninguno de los rubros observados. Hay que recordar que el primer país que fue obligado a adoptar este cambio fue Chile bajo la dictadura de Pinochet. Desde entonces, la presión política y económica llevó a que la receta se extendiera por casi toda América Latina, incluyendo a México. No hay duda de que se trató de una de las medidas más relevantes del ideario neoliberal. Su fracaso refleja la arbitrariedad, las mentiras, la demagogia, y el oportunismo político del que se hizo gala para “convencer” a partidos políticos y gobiernos de las bondades de la privatización. Por ejemplo, tanto la cobertura del sistema como el monto de la pensión, la llamada Tasa de Reemplazo (TR), han sido inferiores a los calculados. Por ello, los gobiernos han tenido que recurrir a una pensión no contributiva, pagada enteramente con recursos del erario, para “completar” un poco el ingreso de los jubilados o adultos mayores que ya no trabajan y ofrecer un apoyo a los excluidos, sobre todos los trabajadores informales. Por otro lado, se formó un mercado oligopólico, controlado por unas cuantas AFORES que ha resultado en costos muy altos, pagados por los trabajadores por el manejo de sus cuentas, y que ha rendido substánciales utilidades para esas empresas. El poder que han adquirido las administradoras tanto por el volumen de recursos que manejan como por sus rendimientos, las han convertido en un factor de gran influencia política. Un penoso reflejo de esta situación se ha observado en el funcionamiento de la “puerta giratoria”: los funcionarios de alto nivel de las administradoras privadas ocupan puesto clave en los gobiernos y los parlamentos y luego regresan a sus funciones anteriores, en un ir y venir constante del sector privado al público y viceversa. Otro grave problema consiste en los costos fiscales de la privatización, a cargo de los presupuestos públicos y pagados por los contribuyentes. Fundamentalmente, consisten en el pago de las pensiones de aquellas personas que todavía se están jubilando o se van a jubilar con el sistema público (costo de “transición”); la aportación que se hace para que los jubilados alcancen una pensión mínima garantizada que no les puede otorgar el sistema privado; las pensiones no contributivas que se han implementado; y para cubrir el déficit de algunos sistemas que no fueron privatizados, como el de las Fuerzas Armadas. Todo ello ha provocado que estos costos hayan sido mayores a los proyectados originalmente por el BM y que sigan aumentando. Finalmente, Mesa-Lago hace un repaso de la reforma que se aprobó al sistema privado el año pasado. Dicha reforma parte del reconocimiento, manifestado en la iniciativa presidencial, de las fallas que ha presentado la privatización. Una TR promedio inferior a 30%; una cantidad equivalente al 64% de asegurados que no recibiría una pensión por no haber cumplido las semanas de cotización requeridas; la expectativa de que apenas un 6% del total de asegurados alcanzará una pensión mayor a la mínima; y una caída de los afiliados que cotizan de 60,2% a 31,5% entre 1999 y 2019, el segundo descenso mayor entre los nueve países. La reforma de AMLO, aprobada por el Congreso, incluye una reducción de los años de cotización; un incremento de la pensión mínima garantizada; una TR promedio de 40% (mayor a la actual pero inferior al mínimo de la OIT de 45%); ajustes a las comisiones de las AFORES; aumento de la contribución de los empleadores del 5,15% al 13,875% en ocho años; y un reacomodo de las contribución públicas para concentrase en los salarios más bajos para mejorar el ingreso de las pensiones. Todos estos cambios mejoran la mayoría de los principios de la seguridad social, dice Mesa-Lago. El problema, agrega, es que no se conoce un estudio actuarial que valide el cálculo de la nueva TR; la sustentabilidad del incremento de las contribuciones de los empleadores y de la cuota social del Estado; y el costo y la garantía del pago de la pensión no contributiva. No se encuentra ni en la propuesta presidencial ni en el dictamen de las cámaras del Congreso. El documento de Meza-Lago es una aportación de gran valor para el estudio del sistema de pensiones en América Latina. Coincide con otros análisis de la OIT (El Trimestre Económico, núm. 343, julio-septiembre de 2019) que abarca varios países del mundo; y el de Berenice Ramírez (El Trimestre, no 344, octubre-diciembre de 2019) dedicado especialmente al caso de México. De acuerdo a estos trabajos y otros similares, puede afirmarse que la privatización de los sistemas de pensiones fue un esquema dogmático impuesto a nuestros países basado en supuestos y cálculos irreales. Su razón más íntima, y no declarada, consistió en imponer, a toda costa, de un empoderamiento del sistema financiero a cargo de los salarios y los recursos públicos. En eso han tenido éxito. Lamentablemente, ello no se ha traducido ni en mayor crecimiento económico ni una disminución de la pobreza. saulescobar.blogspot.com

Los Papeles de Pandora: la impunidad del poder

Los “Papeles de Pandora”: la impunidad del poder Saúl Escobar Toledo La filtración de documentos confidenciales pertenecientes a 14 entidades especializadas en la creación de sociedades en paraísos fiscales ha revelado la existencia de una industria enfocada a ocultar la riqueza de un grupo de personas: ofrecen anonimato y baja o nula tributación. Los documentos retratan también a los clientes de esta industria y a los intermediarios que les sirven de puente para acceder a estos servicios. Como ha señalado El País (05112021), el desvío de beneficios por parte de empresas y la ocultación de grandes fortunas generan agujeros millonarios en las haciendas públicas. La lista de nombres relevantes que aparecen como clientes de estos proveedores en los documentos filtrados en los “Papeles de Pandora” (PdeP) es larga. Hay 35 jefes y exjefes de Estado de los cuales 14 son de América Latina, 46 oligarcas rusos, millonarios, personalidades del mundo de la cultura e incluso congregaciones religiosas. Como lo demuestran diversas investigaciones, estos paraísos o refugios (havens en inglés), son parte de la maquinaria de un mundo más desigual. Al evitar el pago de impuestos, contribuyen a aumentar la disparidad de ingresos, la riqueza y el poder. Brooke Harrington, autor del libro “Capital Without Borders: Wealth Managers and the One Percent.” (Capital sin fronteras: los administradores de la riqueza y el uno por ciento), afirmó recientemente (NYT, 08102021): para que las reglas fiscales puedan cumplirse hay que atacar el problema de la secrecía: solo se puede gravar al propietario legal de los bienes, quien no es necesariamente la persona que se beneficia de ellos. Los trusts (fideicomisos) dividen la propiedad legal del beneficiario de tal manera que un fideicomiso en las Islas Caimán puede ser el propietario de un Castillo en Francia, pero la persona que vive en él y lo disfruta plenamente no necesariamente es el dueño legal de ese inmueble. Los fideicomisos o sociedades registradas en esos refugios producen esa ambigüedad. Se requiere entonces que las leyes exijan el registro de los verdaderos beneficiarios, para atacar este problema. Hay más. La novedad de los Pandora, en comparación con otras filtraciones previas, como los “Papeles de Panamá”, revela que los Estados Unidos se han convertido en un refugio fiscal y destino global de riqueza ilícitas (The Nation, 05102021). Albergan muchos fideicomisos (trusts) secretos u opacos. De esta manera se desmiente la idea tradicional de que esos paraísos están localizados únicamente “offshore” es decir, fuera de EU. Estados como Dakota del Sur, Delaware, Texas, Florida y Nevada rivalizan con naciones del caribe y protectorados europeos. En Dakota del Sur, por ejemplo, hay sociedades de este tipo que tienen fondos de, al menos, 367 mil millones de dólares. Por su parte, Nicholas Shaxson autor de varios libros, entre otros, “Las islas del tesoro” publicado en español por el FCE, señala (NYT, 08102021) que el corazón del sistema de los refugios fiscales es la Gran Bretaña. La ciudad de Londres se convirtió en “la capital del lavado de dinero”. Se trata, dice, Shaxson, de un sistema complejo, con instrumentos opacos y enredados que incluyen trusts registrados en distintos territorios, lagunas fiscales y compañías fantasmas o de fachada. Además, el secreto bancario, y una regulación financiera laxa que da cobertura a la riqueza escondida mediante coberturas aparentemente legales. Un papel central lo juegan los centros financieros que se encuentran en las Islas Cook, la Vírgenes Británicas, y Jersey (una de las pequeñas islas situadas en el Canal de la Mancha). Hay también países europeos como Suiza, Luxemburgo, Irlanda que ofrecen varias rutas para esconder las riquezas. En Asía, por supuesto, están Hong Kong y Singapur. Sin embargo, agrega, la red británica es la más grande. El Índice de Opacidad Financiera (Financial Secrecy Index, disponible en https://fsi.taxjustice.net) muestra que la Gran Bretaña (GB) y sus satélites se colocan en el primer lugar. Más de dos tercios de las 956 compañías que los PdeP vinculan con funcionarios públicos, fueron establecidas en las Islas Vírgenes. La City es el nervio central del sistema global de los paraísos fiscales, un conducto crucial para que transiten capitales internacionales de todo tipo. Un momento clave para entender cómo llegó a ocupar este papel, fue cuando el Banco de Inglaterra permitió al país jugar el papel de huésped del nuevo mercado de los eurodólares. Londres se convirtió en un espacio financiero casi sin regulaciones y altamente rentable, separado de la economía británica, en el cual los bancos extranjeros, la mayoría estadounidenses, podrían realizar operaciones prohibidas en su país. La riqueza escondida en estos refugios es sorprendente. Las estimaciones van de los 6 a los 36 billones de dólares. En el caso de la red que incluye a la City de Londres y sus oficinas de ultramar, representa una pérdida fiscal, solo para las empresas, sin tomar en cuenta a las personas físicas, de aproximadamente entre 245 y 600 mil millones de dólares. La exposición pública de algunos personajes políticos ha dado ya algunos resultados: en Ecuador, el Congreso votó el domingo pasado en favor de abrir una investigación del presidente Lasso para averiguar si violó la ley al depositar parte de su riqueza en un paraíso fiscal. En Chile, la Fiscalía de la nación abrió una investigación contra el presidente Piñera por la venta de la empresa Minera Dominga. Hay la sospecha de que esta operación implicó sobornos y evasión fiscal. En el caso de nuestro país, como ya se ha publicado, hay más de 3.000 mexicanos que figuran en los PdeP. Figuran (hasta ahora) Julio Scherer; Jorge Arganis; el senador Armando Guadiana; y Julia Abdala, pareja de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad. Incluye también a antiguos aliados del expresidente Enrique Peña Nieto, Enrique Martínez y Martínez, exgobernador de Coahuila y ex secretario de Agricultura; Ricardo Pierdant, el empresario que en 2014 pagó el predial de un departamento en Miami propiedad de la entonces esposa de Peña Nieto, la actriz Angélica Rivera; Francisco Labastida Gómez de la Torre, hijo del candidato presidencial del PRI en el 2000, Francisco Labastida Ochoa. Hay, asimismo, celebridades y sobre todo multimillonarios como Germán Larrea y María Asunción Aramburuzabala. Y, qué causalidad, las Islas Vírgenes Británicas fue el destino predilecto de estos mexicanos. En síntesis, los PP revelan la existencia de cuentas de los superricos del mundo, incluyendo ciudadanos mexicanos que, por lo pronto, no han recibido ninguna sanción a pesar de su posible involucramiento en crímenes tan graves como: la fuga de capitales, la evasión fiscal, el ocultamiento de patrimonios mal habidos, el registro de empresas fantasma, y el abuso de poder. Cometer un crimen puede ser "legal", dependiendo de la legislación que resulte conveniente para el delincuente. Sin embargo, en todos los casos, las personas que se aprovechan de los refugios fiscales lo hacen para depositar sus cuantiosas fortunas personales fuera del territorio en el que residen; evitar el pago de impuestos; esconder su riqueza; y atentar contra sus propios gobiernos y sociedades. Lastiman y agravian, principalmente, a los más pobres e indefensos. No deben justificarse, atenuarse, o perdonarse estas conductas. Investigar y actuar legalmente contra estas personas es indispensable. También fortalecer la coordinación internacional para acopiar información. Hay que cerrar todos los paraísos fiscales. Son una plaga contra la humanidad. Mientras tanto, a sus beneficiarios, hay que denunciarlos ante los ciudadanos del mundo como lo que son: violadores del derecho a una vida digna de la gran mayoría de las personas que no tienen ni los ingresos ni la capacidad para hacer uso de los "tax havens". La impunidad no puede seguir dominado al mundo. saulescoba.blogspot.com