El peso de las deudas públicas externas

El peso de la deuda Saúl Escobar Toledo A fines del año pasado, el Banco Mundial publicó su “Informe sobre la deuda Internacional”, el cual advierte que, debido al aumento de las tasas de interés a nivel mundial, el mayor en cuatro décadas, los países en desarrollo destinaron una cifra récord equivalente a más de 443 mil millones de dólares al pago de su deuda pública externa. Ese incremento trajo como consecuencia que desviaran recursos de rubros tan indispensables, como salud, educación y medio ambiente. El estudio precisa que, debido al aumento de las tasas de interés, el servicio de la deuda (amortizaciones al capital e intereses) aumentó 5% respecto al año anterior en todos los países en desarrollo. Aún más, las 24 naciones más pobres, según proyecciones del Banco, tendrán un alza considerable de los costos del servicio de la deuda, los cuales podrían alcanzar hasta un 39% del PIB entre 2023 y 2024, lo que plantea un escenario crítico para los próximos años. El encarecimiento del crédito ya ha provocado que, en los últimos tres años, 10 países en desarrollo hayan cesado los pagos de sus deudas y se calcula que el 60% de las naciones más pobres corren el riesgo de caer en una situación de sobreendeudamiento , es decir, que no puedan pagar o reduzcan drásticamente sus gastos para el desarrollo social y económico. Y es que muchos de los países más pobres contrataron una parte de su deuda a tasas variables, lo que resultó en aumentos de los pagos de un año a otro, a veces de manera muy elevada. Además, aquellos que no pagaron su deuda en el marco de la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda diseñada por el Grupo de los 20 (conformado en su mayoría por las naciones más ricas del planeta), acumularon capital, intereses y comisiones que hacen más pesadas ahora sus obligaciones. En otras palabras, sólo se les otorgó tiempo, pero no se redujeron las deudas ni los costos de sus servicios. El documento aprecia que los problemas se están agudizando ya que, además de tener que pagar más por su deuda, al mismo tiempo, han disminuido las opciones de financiamiento para los países en desarrollo. Los préstamos de entidades públicas disminuyeron alrededor de un 23%. En el caso de las instituciones privadas las cosas fueron más negativas; según el BM, “Es la primera vez desde 2015 que los acreedores privados recibieron más fondos que los que destinaron a los países en desarrollo”. El informe apunta que en 2022 las instituciones multilaterales prestaron 115 mil millones de dólares a bajo costo para los países en desarrollo, de los cuales la mitad fue proporcionada por el Banco Mundial. Sin embargo, como puede deducirse de las cifras que el propio Banco expone, el esfuerzo ha sido insuficiente. También lo han sido los esquemas diseñados por las naciones más poderosas. Desde mediados de 2023, la ONU había advertido que la deuda pública mundial se había elevado notablemente y que los países en desarrollo acumulaban el 30% del total, unos 28 billones de dólares. Y destacaba igualmente que “La mitad de la humanidad vive en naciones que se ven obligadas a gastar más en el servicio de su deuda que en salud y educación, lo que significa nada menos que un desastre para el desarrollo”. Así mismo, precisaba que 52 países que representan el 40% del mundo en desarrollo están en “graves problemas “. Por ello, consideraba indispensable “un mecanismo de reestructuración, suspensiones de pagos, plazos más largos y tasas más bajas para los países más pobres y de renta media que estén en una situación vulnerable”. En enero de este año, 2024, en su reporte anual, “La situación económica mundial y sus perspectivas”, la ONU abundaba: Para los países desarrollados, debido a las políticas monetarios restrictivas (y en especial la persistencia de tasas de interés elevadas) el riesgo de una recesión en 2024 aún es posible; aún si no sucede, la mayoría de esas naciones tendrán un crecimiento más débil. En los casos de los países en desarrollo, esas políticas “exacerbarán los riesgos de sustentabilidad de sus deudas e impedirán las muy necesarias inversiones que se requieren en alcanzar las metas de desarrollo sustentable” De esta manera, el panorama económico, al menos en el corto plazo, es pesimista: el PIB mundial será más lento y caerá de un estimado 2.7% en 2023 a 2.4% para este año. Por su lado, el FMI, en septiembre del año pasado, reportó que en 2022 “la carga de la deuda mundial… se mantuvo por encima del nivel anterior a la pandemia, nivel que ya era elevado, y alcanzó el 238% del PIB mundial”. A pesar de todas estas advertencias y proyecciones, casi nada se ha hecho, especialmente en lo que toca a los países más pobres. Si algunos de los problemas señalados en el panorama mundial se agravaran sensiblemente, los efectos adversos para México podrían ser varios. En primer lugar, porque una caída del PIB en los países más desarrollados ( y una recesión, especialmente en Estados Unidos) reduciría el comercio y las inversiones. Por otra parte, si la crisis de la deuda en los países en desarrollo se extiende, ello puede afectar también al nuestro debido a que los acreedores, sobre todo privados, pueden restringir el refinanciamiento de las deudas, reducir los plazos de pago, y encarecer los créditos. En un extremo, incluso los fondos de los organismos multilaterales podrían volverse aún más escasos. Mientras no se construyan mecanismos realistas y efectivos para resolver el problema de sobreendeudamiento de muchos países que ya lo padecen, estos riegos serán cada vez más acuciantes. Medidas de alivio de las deudas suponen un mayor desembolso de las naciones más acaudaladas en recursos disponibles para los organismos multilaterales y obligar a los acreedores privados a restringir sus ganancias para tomar medidas como las que recomienda la ONU. Sin embargo, en momentos de tensiones políticas internas y externas; guerras regionales como las que observamos en Medio Oriente y en Ucrania; y expectativas económicas poco favorables, los gobiernos de los países ricos parecen prestar poca atención a los sufrimientos de las regiones menos desarrollados. México, según documentos de la SHCP, está en mejores condiciones que otras naciones. La deuda pública total es relativamente menor que la de otros países (48.8% del PIB para 2024 en el caso de México y 51.6% para América Latina); la proporción entre la deuda externa e interna tiene niveles aceptables; y los apoyos, sobre todo del FMI, han sido exitosos. Aun así, los requerimientos financieros del sector público han aumentado del 15.3% en 2022 al 16.2% del PIB calculado para 2024. Ello se debe a que las necesidades del gobierno federal alcanzarán para este año los 4.25 billones de pesos, un 12.4% del PIB, frente al 11% de 2022. Esto último debido en buena medida a que el financiamiento del déficit público aumentará de 3.2% del PIB en 2022, al 5.5% para este año. Es decir, aunque no estamos en riesgo de caer en suspensión de pagos o en alcanzar un nivel de sobreendeudamiento crítico de acuerdo con los parámetros del BM, el peso de la deuda en el presupuesto es ya oneroso. A tal punto que el gobierno ha anunciado, discretamente, la posibilidad de recortes al gasto y medidas de austeridad mayores para este año. Para la próxima administración, lidiar con un escenario como el descrito será un reto fundamental y muy complejo. En un contexto internacional sombrío y cargado de incertidumbres, y un presupuesto con requerimientos financieros relativamente elevados, aumentar el déficit público y pedir más préstamos no parece recomendable. De esta manera, tendrá que abrir otras opciones: una restructuración del gasto para atender las necesidades más importantes y, al mismo tiempo, aumentar los ingresos fiscales. Ambas cosas exigirán, a su vez, consensos, legitimidad y una reconsideración de la política económica seguida hasta ahora. Esperemos que lo anterior fortalezca y no debilite los esfuerzos por construir un país más justo y sustentable. saulescobar.blogspot.com

Salarios y pensiones: nuevas reformas

Salarios mínimos y pensiones: ¿nuevas reformas? Saúl Escobar Toledo El presidente López Obrador, en un discurso que pronunció para evocar la represión masiva de la protesta obrera en la fábrica textil de Río Blanco ocurrida entre el 7 y el 9 de enero de 1907, anunció dos propuestas en materia laboral. La primera, “una iniciativa de reforma al artículo 123 de la Constitución para que se establezca que nunca, jamás, va a aumentar el salario menos que la inflación”. La segunda, la formuló de la siguiente manera: “Me lo plantearon del sindicato de maestros y otros trabajadores. Vamos a revisar la contrarreforma laboral de Zedillo, la de las pensiones, y vamos a hacer una propuesta porque es completamente inhumano, injusto que un trabajador que después de 30 años de estar laborando, cuando termina ni siquiera recibe —porque así está esa reforma— su salario cuando estaba en activo, sino la mitad si le va a bien, de ese salario…”. Ambas propuestas parecen muy plausibles. Sin embargo, el presidente no precisó su contenido. Conviene entonces plantear una serie de asuntos para avanzar en el debate que necesariamente se tendrá que profundizar cuando se defina el contenido de dichas reformas. En lo que toca al salario, debe entenderse que se refiere a los salarios mínimos y no al conjunto de ellos, incluyendo los contractuales. Ahora bien, en lo que toca a los mínimos, el texto vigente de la Constitución señala que “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.”. Esta obligación constitucional aún no se ha cumplido a pesar de los considerables incrementos de los últimos años, incluyendo el 20 por ciento decretado para 2024. De acuerdo con los cálculos de CONEVAL, que determinan la cuantía de la canasta básica alimentaria y no alimentaria, y suponiendo que laboran dos miembros de la familia compuesta por cuatro personas, todavía se requiere por lo menos un 16% más para cumplir con ese objetivo. Si, como señala la Carta Magna, sólo aporta ingresos el “jefe de familia”, el esfuerzo tendría que ser del doble, un 32% más de incremento a los mínimos. De esta manera, lo que se aprecia como más urgente y necesario es que el próximo gobierno mantenga el esfuerzo y se cumpla con el mandato constitucional. Para ello, por supuesto, se tendría que aumentar el mínimo por encima de la inflación, pero de tal manera que el objetivo que señala nuestras Carta Magna se alcance lo más pronto posible. Por su parte, la Ley Federal del Trabajo señala, gracias a una reforma de marzo del 2021, que “La fijación anual de los salarios mínimos, o la revisión de los mismos, nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia transcurrido”. Ambos textos son desde luego perfectibles, sobre todo, para que se precise la necesidad de revisar los salarios mínimos si la inflación ocurrida después de la fijación que se realiza cada fin de año rebasa con mucho el aumento decretado. Es decir, que se establezca claramente los términos de su revisión durante el año de su vigencia. Para ello, no se requería una reforma constitucional, que políticamente es más compleja y tardada: bastaría una nueva enmienda a la LFT. Por su parte, la reforma de las pensiones es un asunto de mayor envergadura. En primer lugar, se requiere precisar si dicha reforma apunta hacia los trabajadores que se rigen por la Ley del ISSSTE pues la mención del presidente a los “maestros” pareciera involucrar a este sector. Dicha ley, hay que precisarlo, no fue iniciada por el presidente Zedillo sino por Calderón en 2007. Además, no ha sufrido ninguna enmienda. Por ello, debería tener prioridad en el esfuerzo legislativo. Habrá que revisar todos los artículos que establecen los requisitos para obtener una pensión (años de cotización, edad del trabajador, fecha de ingreso); y aquellos que obligan al trabajador a someterse al régimen de cuentas individuales, todo lo cual ha dado los malos resultados a los que aludió el presidente. Hay que reiterar que, a diferencia del sistema de reparto, en el de capitalización individual, el monto de la pensión se define por el ahorro que se logre acumular en la cuenta de cada trabajador. Conviene aclarar que la ley señala que, si el trabajador afiliado al ISSSTE cumple con la edad y los años cotizados para obtener una pensión de cesantía en edad avanzada y vejez, pero no tiene recursos suficientes en su cuenta individual, el gobierno federal aportará los montos necesarios para el pago de la pensión garantizada. Sin embargo, ese monto aumenta de acuerdo con el índice de precios (artículo 92 y 93) lo que ha provocado que esa pensión garantizada sea cada vez menor e insuficiente. Por ello, incrementar el monto de la pensión, para que sea superior al 50% del salario que recibía el trabajador cuando estaba activo, requeriría un aumento sustancial de los recursos aportados por el gobierno. Por su parte, el régimen pensionario aprobado en la administración del presidente Zedillo en 1997, incluyó solamente a los trabajadores del apartado A, asegurados en el IMSS. Además, dicha ley ya fue reformada en esta administración en 2021 y se pactó un plazo para su implementación entre 20223 y 2030. Cabe preguntarse entonces si el presidente propondrá reformas a los dos sistemas o sólo a uno de ellos. Desde luego, si incluyera a quienes cotizan en ambos, el asunto tendría que sortear grandes dificultades: no sólo el aumento de la pensión garantizada para los afiliados al ISSTE; también, en el caso de aquellos inscritos en el IMSS, otro tipo de problemas: en primer lugar, el poder de las AFOREs privadas, las cuales han concentrado una enorme cantidad de recursos, equivalentes a casi el 20% del PIB. Enseguida, justificar las causas de una nueva reforma en vista de que la anterior no ha funcionado a pesar de su corta vida. Desde nuestro punto de vista, la reforma de 2021 permitirá que más mexicanos reciban una pensión a cargo de las administradoras privadas y mejorará el monto de esa prestación ya que habrá mayores aportaciones de los empleadores y el gobierno; también reduce las comisiones cobradas por las Afores. No obstante, a pesar de sus bondades, dicha reforma mantuvo la estructura fundamental del sistema privatizado y en el mediano plazo no resolverá los problemas fundamentales: la reducida cuantía de las pensiones; la baja densidad de cotización que resulta de la relación entre el tiempo cotizado al sistema y el tiempo total trabajado en el mercado laboral (debido a la existencia de empleos precarios y a que muchos trabajadores pasan frecuentemente de ocupaciones formales a las informales);su escasa cobertura; y las minusvalías que sufre ocasionalmente el ahorro de los trabajadores por el comportamiento del mercado financiero. Además, las reforma de 2021 requerirá de mayores aportaciones del gobierno (lo cual significa en una carga adicional para el presupuesto de la federación) y de los empleadores (que en unos años puede afectar el empleo y los salarios). De acuerdo con lo anterior, el sistema de pensiones privatizado requiere una nueva y más profunda revisión, lo que debería incluir la creación de un sistema público de reparto solidario, tal como lo recomienda la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este nuevo sistema puede tener diversas variantes, pero terminaría con el monopolio de las AFOREs, empresas privadas que manejan el ahorro de los trabajadores afiliados al IMSS. El presidente ha planteado asuntos muy importantes. Esperemos que el debate público alimente y dé contenido a las propuestas del gobierno. saulescobar.blogspot.com