Una panorama oscuro para 2022

Nubes en el horizonte del 2022 Saúl Escobar Toledo Este año está cargado de incertidumbres: así lo aseguran numerosos estudios y publicaciones como la del Banco Mundial en su Informe anual 2022. La economía enfrenta retos complejos: en primer lugar, hay una nueva ola de contagios del COVID en diversas partes del mundo. Mientras ello suceda, las actividades económicas seguirán en riesgo; en una dinámica de freno y arranque particularmente en aquellas áreas (EU, Europa y China) que son decisivas para imprimirle vigor a la recuperación global. A finales de 2021, otro escollo se hizo patente: la gran disrupción de las cadenas de abastecimiento lo que ha provocado demoras en las entregas de los pedidos de consumo final y serias dificultades para las empresas que no pueden disponer de un amplio rango de bienes intermedios. Según diversos observadores, este fenómeno persistirá hasta bien entrado el 2022. Por su parte, el aumento de la inflación se ha convertido en un asunto de gran importancia. En el plano académico, la discusión consiste en quienes argumentan que el incremento de precios obedece a un “exceso de demanda” y los que sostienen que se trata de un problema transitorio, resultado de la dislocación del comercio internacional y las cadenas de valor. En el fondo, se trata de una pugna entre quienes defienden la recuperación económica con base en una expansión del gasto y la inversión pública, y aquellos que consideran que ésta ha sido la causa de una ola inflacionaria peligrosa. Bradford Delong, un economista prestigiado de la Universidad de California en Berekley, afirmaba en un artículo reciente que: “Es sumamente probable que el repunte actual de la inflación de Estados Unidos simplemente sea un bache en el camino, resultado de la recuperación postpandemia. No hay ninguna señal de que las expectativas de inflación se hayan desatado…”. Lo cierto es que este fenómeno se ha convertido en un asunto que preocupa al mundo entero y pone en peligro el crecimiento económico. En Estados Unidos el índice de precios al consumidor alcanzó 7% (anual) en diciembre, la más alta desde 1982. En nuestro país, la inflación fue de 7.36 por ciento, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía a principios de enero de este año, lejos del objetivo del Banco de México. Por otra parte, el mundo en desarrollo enfrenta la posibilidad de una crisis financiera desatada por la acumulación de deudas soberanas. Según un grupo de expertos “Hoy en día, 120 países de ingresos bajos y medios deben en conjunto 3.1 billones de dólares de deuda externa; pagar el servicio de ésta va a constituir un impedimento mayor para la recuperación de los países endeudados y la economía mundial… (Por ello) una forma de ampliar el espacio fiscal de los países en desarrollo y los mercados emergentes es una suspensión total del servicio de deuda. No obstante, algunos países van a requerir más que eso: se necesita una reestructuración integral de la deuda, una que no cometa el mismo error de hacer demasiado poco, demasiado tarde y que sólo conduzca a otra crisis dentro de unos años” Los indicadores del crecimiento se han vuelto más pesimistas: según el reporte citado del BM, a nivel mundial, “después de un rebote de un estimado 5.5% del PIB en 2021, habrá una desaceleración al 4.1 por ciento en 2022”. En América Latina la expectativa es caer al 4.1 por ciento. En México pasaremos del -8.2 en 2020, al 5.7 en 2021 al 3.0 por ciento en 2022. Los efectos de la crisis afectaron, en todos lados a los trabajadores y sus familias. En nuestro país, además, se mostró la insuficiencia de las políticas públicas. De acuerdo con los resultados de INEGI correspondientes a noviembre de 2021, las personas subocupadas, es decir, que declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, sumaron 5.9 millones; la población desocupada fue de 2.1 millones de personas. Además, la población económicamente no activa disponible fue de 7.5 millones, de los cuales 2.8 millones eran hombres y 4.7 mujeres. Se trata de personas que se declararon disponibles para trabajar, pero no buscaron un empleo. Este último dato muestra que las mujeres han sufrido los efectos disruptivos más que los hombres. Los datos señalados dan cuenta, también de lo que algunos especialistas llaman la “brecha laboral”. Según la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en el primer trimestre de 2020 este indicador se encontraba en 19.7%, en mayo de ese mismo año se elevó hasta 50% y en el tercer trimestre de 2021 se redujo al 26.4%, todavía muy elevado. Además, las diversas modalidades de la ocupación informal (por cuenta propia, en empresas familiares, o asalariados sin seguridad social) en noviembre representaron el 55.6% del total de ocupados (31.5 millones de personas). En estas condiciones, las políticas del gobierno mexicano tienen que fortalecerse, para acelerar la recuperación y la creación de puestos de trabajo, lo que significa aumentar las partidas (por ejemplo en salud); replantear las prioridades (la inversión pública en infraestructura más que los apoyos al consumo final); y proponer nuevos programas en: ciencia y tecnología; protección al empleo; apoyos a los trabajadores (desempleados o subocupados) y a las personas encargadas del cuidado de los hogares; y mejoramiento del medio ambiente. Todo lo anterior requeriría mayores recursos y nuevas leyes e instituciones. Lo que conduce al tema de la necesidad de una reforma fiscal progresiva que grave menos a los ingresos más reducidos y aumente la carga a las personas ubicadas en los percentiles más prósperos. En un ambiente inflacionario, bajo presiones financieras que pueden agravarse, y con tantas incertidumbres, aumentar impuestos, así sea a un porcentaje muy reducido de la población, puede parecer muy arriesgado. Algunos dirán que haría aumentar aún más los precios, la fuga de capitales y reduciría las expectativas de crecimiento. Sin embargo, dejar de hacerlo implica peligros mayores: una recuperación muy lenta y un crecimiento mayor de la pobreza y la desigualdad. A corto plazo, una actitud conservadora suena razonable; no obstante, pensar en el futuro mediato exige medidas mucho más ambiciosas que las planteadas por el gobierno actual. El asunto es principalmente de carácter político: el gobierno tendría que proponer un plan de corto y mediano plazo a la sociedad que, razonablemente, permita fijar objetivos, instrumentos y plazos para combatir la crisis y lograr una mejoría de la calidad de vida de la mayoría de la población. Y requeriría enfrentar la muy probable oposición, principalmente, de las oligarquías. ¿Es posible? En un editorial del NYT (Krugman, 2021) (04/11/2021) Paul Krugman afirmaba que “el dinero de los multimillonarios les da mucha influencia política, la suficiente para que, en este país (EU), logre bloquear los planes…(para) financiar un muy necesario gasto social con un gravamen que sólo afectaría a unos cuantos cientos de personas…”.Por su lado, Miguel Ángel García Vega en nota publicada en El País afirmaba que hay una guerra entre los grandes consorcios y el Estado. Aquellas no aceptan pagar impuestos, una regulación más estrecha, ni proteger a sus empleados. En esta confrontación entre el poder público y el privado, no debemos olvidarlo, hay un tercer actor: los trabajadores o, más generalmente, la sociedad civil organizada. Entonces, el problema es convencer primero a esa sociedad y, con ella, atreverse a innovar y romper con los tabúes (como el de la reforma fiscal). Alicia Bárcena y Cimoli, M. de la CEPAL afirman en un artículo aparecido recientemente en el número 353 de El Trimestre Económico: “… el nuevo papel que el Estado deberá desempeñar en este proceso de recuperación transformadora… exige fortalecerlo institucionalmente, potenciar sus capacidades y definir sus acciones en torno a consensos sobre las políticas de largo plazo”. En un momento de incertidumbres, tomar decisiones es difícil pero indispensable. No hacerlo, resulta imposible. El asunto es: ¿para favorecer a quienes? saulescobar.blogspot.com

Un Estado débil protege poco a la gente

Un Estado debilucho Saúl Escobar Toledo Según cifras publicadas recientemente por la OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo), México tiene un gasto público, destinado a proteger a sus habitantes de las inclemencias del mercado, muy reducido, muy pequeño. De ahí que la desigualdad, la pobreza y los daños causados por catástrofes como la que nos ha azotado todo este año, crezcan cada vez más. Mientras los países analizados por este organismo erogaron un promedio de 20% de su PIB en distintos renglones del gasto social, México apenas destinó el 7.5% (en 2019). Evidentemente estamos muy lejos de los países ricos como Francia (30%) o Alemania, Italia y Austria que presupuestaron un poco menos. México está incluso por debajo de Colombia (13.1%) Chile (11.4%) y Costa Rica (12.2%) Somos el último de la lista de la OECD. Dentro de este tipo de gasto, México ha realizado una inversión muy pequeña en servicios de salud. El año pasado le destinamos apenas un 2.8% del PIB mientras que Costa Rica, Colombia y Chile erogaron 5.4; 4.8 y 4.5% respectivamente. Para no mencionar a Francia o Alemania que pusieron más del 8%. Además, en las décadas anteriores, este gasto fue mal administrado, según nos han informado las autoridades actuales, lo que da una idea de la poca capacidad de respuesta que hemos observado frente a las enfermedades crónicas y las epidemias. Otro renglón en que México invierte poco es el destinado a beneficios en efectivo para dotar de ingresos a la población en edad de trabajar. Se trata de pagos por enfermedades e incapacidades; apoyos a familias con hijos pequeños; y también aquellas destinadas a políticas activas (promoción del empleo, capacitación, ayudas fiscales) y pasivas (seguro de desempleo). Mientras el promedio de los países de la OCDE gasta un 3.7% en estos renglones, nuestro país apenas le ha destinado un 0.5%. Y es que las políticas neoliberales se afianzaron en México crudamente. Los ajustes al gasto público que tuvieron como objetivos obtener presupuestos nivelados, contener la deuda y no elevar impuestos llevaron a que las partidas previstas para proteger a la gente se mantuvieran en niveles bajos y completamente insuficientes. Se trata de una política que ya lleva tiempo. El gasto social se ha mantenido prácticamente igual en los últimos diez años (7.4% en 2010, 7.2 en 2018 y 7.5 en 2019). La OCDE advierte que la pandemia del COVID-19 seguramente aumentará este tipo de erogaciones al presentarse un aumento de la demanda de servicios de salud y la necesidad de apoyar a la población, mediante distintas formas, por los daños económicos y los empleos perdidos. Por ejemplo, subsidios de corto plazo a trabajadores desempleados; ayudas a los padres y a sus niños y niñas que no pudieron asistir a las escuelas cerradas por razones sanitarias. Sin embargo, México parece ser otra vez una excepción como lo demuestra el presupuesto andrajoso aprobado por el Congreso para 2021. Comparado con casi todos los países del mundo, el gasto social de éste y el próximo año han observado aumentos raquíticos. Los renglones que componen este tipo de gasto son un reflejo bastante fiel de lo que hace un Estado nacional para proteger a sus ciudadanos de la pobreza, las enfermedades, el rezago educativo, la falta de vivienda, la carencia de empleos bien remunerados. Si estas erogaciones son pequeñas, eso quiere decir que las capacidades estatales son reducidas. El Consenso de Washington promovió el debilitamiento del Estado, alegando que de esta manera se abriría el horizonte para un crecimiento más rápido pues las empresas no tendrían que pagar más impuestos, la inflación estaría controlada, y no tendría la competencia “desventajosa” de la inversión estatal. Como ya comprobamos en casi todo el mundo, estas recetas no sólo no cumplieron con esta promesa, sino que además condujeron a una desigualdad de ingresos y de riqueza sin precedentes y alentaron la inestabilidad política y social. Desde luego, aún en los países ricos donde el gasto en salud ha sido históricamente alto, la pandemia vino a dejar en claro el costo en vidas humanas que dejaron las políticas neoliberales, ya que en estas naciones también se congelaron las inversiones o se privatizaron los servicios sanitarios. El ogro filantrópico; el Estado obeso; las economías mixtas burocráticas e ineficientes, fueron algunos de los términos que se utilizaron para restarle fuerza a la administración pública en aras de abrir el paso a una mayor libertad a los mercados. Incluso se ha llegado a pensar que un Estado débil equivale a un estado democrático y, por lo contrario, que uno fuerte, con crecientes capacidades para proteger a sus ciudadanos, llevan a las dictaduras, los populismos y otras formas despóticas de gobierno. Ahora que la pandemia ha mostrado los saldos adversos de los paradigmas neoliberales, sus defensores voltean a ver a otro lado y nos proponen reflexionar sobre la importancia de los contras pesos al poder presidencial para conservar el clima de libertades y los avances democráticos que, según ellos, hemos alcanzado. Olvidan que, en realidad, hemos vivido una pesadilla repleta de episodios de violencia, inseguridad, saqueos y bandidaje que han carcomido las instituciones públicas. No quieren reconocer que hemos transitado hacia un sistema político fácilmente vulnerable, abusado por las mafias, y acorde con una administración pública que ha sido sistemáticamente desmantelada. Y es que un Estado débil es incapaz de promover el respeto a los derechos humanos. O, dicho de otra manera, sólo un régimen con las capacidades necesarias en términos fiscales, administrativos y económicos puede garantizar que estos derechos sean exigibles y se traduzcan en mejores políticas púbicas para combatir las carencias y afectaciones de las personas. Un Estado fuerte puede ser más o menos democrático: o si se prefiere más o menos autoritario. Pero, un Estado flaco, irremediablemente dará lugar a que las minorías poderosas que juegan en el mercado se impongan sobre la mayoría de los ciudadanos. Una administración púbica robusta, sin duda, tendría que ser acompañada por una participación ciudadana exigente, para obligar a una rendición de cuentas y a la corrección de errores y desviaciones. Por ello, resulta extraño que la 4T piense, por ejemplo, que la corrupción se debe, como dice el dicho a que, en cofre abierto, hasta el más justo peca, cuando en realidad se trata de un sistema de complicidades que se aprovecha de las debilidades estatales para actuar impunemente. También sorprende la insistencia en aplicar una política de austeridad presupuestal cuando se necesita que el Estado responda de la mejor manera posible o, como dice la UNCTAD, con todo lo que sea necesario, para proteger a sus ciudadanos. O que la capacidad de endeudamiento del gobierno federal se entienda como un factor absoluto cuando en realidad depende de los ingresos fiscales, las necesidades presentes y futuras de la sociedad, y de una estrategia encaminada para fortalecer las instituciones públicas. Peor aún resulta pensar que la negativa a emprender una reforma fiscal puede formar parte de un plan destinado a mejorar el nivel de vida de la gente cuando lo que estamos observando es un resultado de un proyecto de adelgazamiento que lleva ya casi cuatro décadas, debido a la presión de los intereses de un estrato de ricos y super ricos que no quiere pagar más contribuciones, lo que ha llevado, entre otras muchas cosas, a tener un sistema de salud enano. En fin, en pleno siglo XXI, retomar el propósito de construir un Estado con mayores recursos fiscales; con una administración diestra y trabajando con un patrón laboral decente; con instituciones saneadas, pero igualmente aptas, humana y materialmente, para atender los reclamos ciudadanos; y con un plan multianual que dirija la inversión privada mediante una creciente inversión pública: en una palabra, levantar un Estado fuerte, debería ser la lección que nos ha dejado esta pandemia. Desafortunadamente, parece que no todos hemos entendido el mensaje de la misma manera. saulescobar.blogspot.com

Crecimiento y Desarrollo

Crecimiento y Desarrollo

Saúl Escobar Toledo

Desde la década de los años sesenta, en las escuelas de economía y en una parte de la literatura especializada, se insistía en comprender la diferencia entre crecimiento y desarrollo. El primer término aludía al aspecto meramente cuantitativo mientras que el segundo se refería a la calidad de la dinámica económica. La crítica más importante que sostenía esta diferenciación se basaba en la idea de que el crecimiento de aquellos años, por cierto muy alto comparado con el presente, estaba basado en un modelo concentrador y excluyente. Este fenómeno -decía por ejemplo Pedro Vuscovic hace cincuenta años- se manifestaba especialmente en las características y las tendencias de la distribución del ingreso (Cf. www.eltrimestreeconomico.com.mx).  El economista chileno, uno de los más importantes representantes de la CEPAL, agregaba que:

“las formas actuales de funcionamiento de los sistemas económicos latinoamericanos no apoyan el concepto de que el crecimiento pudiera llevar más o menos espontáneamente a un mejoramiento en la distribución del ingreso; por el contrario, en condiciones de funcionamiento espontáneo del sistema parecen ser más poderosas las fuerzas concentradoras que los efectos positivos de ciertos cambios en la estructura sectorial de la economía”

Por ello, consideraba necesario “un cambio sustancial del esquema de crecimiento, la definición de una nueva estrategia de desarrollo, con todo lo que ello supone en términos de factores favorables y obstáculos, así como de requisitos y consecuencias políticas… una nueva estrategia que podría caracterizarse como un esfuerzo para provocar modificaciones drásticas en la concentración de la propiedad y en la distribución del ingreso.”

Sin embargo, los esfuerzos por el cambio chocaron con los intereses dominantes, incluyendo dictaduras militares, y las condiciones que conoció el mundo en los años setenta caracterizadas por la inestabilidad y lo que se llamó entonces la estanflación, estancamiento con inflación.

En los años ochenta las cosas empeoraron y América Latina viviría la llamada década perdida que significó graves retrocesos en el crecimiento y el nivel de vida de la población. Debido a esto y a la globalización mundial que empezó a dominar a casi todas las sociedades del planeta, y a cambios políticos significativos como el derrumbe de la URSS, el debate sobre crecimiento y desarrollo se diluyó casi totalmente. Ahora lo importante era volver a crecer, recuperar todos los años perdidos y, para ello, ajustarse a los nuevos dictados de política económica: liberalizar los mercados, flexibilizar el trabajo y reducir los presupuestos públicos.

La calidad del crecimiento dejó de tener importancia ya que la teoría en boga aseguraba que pocos años el mundo sería plano, es decir, las desigualdades (económicas, tecnológicas, sociales y políticas) se reducirían casi totalmente gracias a las nuevas tecnologías de la informática y la comunicación, y al flujo sin trabas de capitales y mercancías por todo el orbe.

Las ilusiones del final de la historia, la prosperidad generalizada y el triunfo de la democracia liberal en todos lados tuvieron un serio descalabro con la Gran Recesión de 2008. A partir de entonces, las economías, significativamente las del mundo desarrollado, sufrieron caídas severas y prolongadas. De ahí se derivó un descontento político que hoy afecta a muchas partes del mundo. En varias regiones del planeta, la economía volvió a crecer, pero no la tranquilidad y la conformidad de los ciudadanos. Para entender esta situación, la discusión sobre la calidad del crecimiento ha regresado, y en particular, el tema de la desigualdad.

Como ha señalado recientemente el economista Dani Rodrik,

“La desigualdad está ocupando un lugar preponderante que desde hace mucho tiempo no se veía... Frente a la violenta respuesta política y social contra el orden económico establecido, que alimenta el ascenso de los movimientos populistas de extrema derecha y las protestas callejeras desde Chile hasta Francia, los políticos de todos los colores han convertido a este tema en una prioridad urgente”.

La preocupación por la calidad del crecimiento económico ha llevado a una reflexión sobre los indicadores, en particular, el más importante, el Producto Interno Bruto (PIB). Economistas tan distinguidos como Thomas Piketty, Emmanuel Saez, y Gabriel Zucman han propuesto el “PIB 2.0” un parámetro que incluiría datos desagregados de ingreso de diferentes sectores de la población de tal manera que se puedan observar las diferencias.

Por su parte, una comisión de economistas encabezada por Joseph Stiglitz, Amartya Sen y Jean-Paul Fitoussi, se dio a la tarea de identificar los límites del PIB como un indicador del funcionamiento de la economía y del progreso social. Sugieren que se debe cambiar el énfasis de medición, apoyado en indicadores orientados al producto, a otros enfocados en el bienestar (well-being) de la actual y las futuras generaciones. Ello plantea una visión multidimensional que engloba los estándares de vida materiales, y asimismo la evaluación de la   salud, la educación, las actividades laborales, la voz del ciudadano en actividades políticas y en las tareas de gobierno, las relaciones sociales, el medio ambiente, y la inseguridad.

Hoy, a diferencia de hace cincuenta años, la calidad se debe entender no sólo en razón de la desigualdad del ingreso, sino igualmente, de un medio ambiente sano y sustentable, de la existencia y creación de empleos dignos, y del cierre de la brecha entre hombres y mujeres.

Y, sin embargo, el mismos Stiglitz aclaró hace poco que “Por muy desacertada que sea la obsesión con el incremento permanente del PIB (y los riesgos de una catástrofe ecológica), sin crecimiento económico miles de millones de personas seguirán careciendo de una provisión adecuada de alimentos, vivienda, vestimenta, educación y atención médica”.

Desde luego, en todos estos años, el asunto de la calidad de la expansión económica no fue olvidada por completo. Sobre todo, las Naciones Unidas han hecho esfuerzos por evaluar los países con base en los índices de desarrollo humano. La UNCTAD y la CEPAL, por su parte, han elaborado propuestas para impulsar las economías mejorando sus componentes sociales.

En México tampoco estuvieron ausentes las voces críticas del modelo neoliberal. Además, afortunadamente, contamos con CONEVAL para medir mejor los fenómenos sociales y económicos. El INEGI también ha hecho esfuerzos para ofrecer indicadores que vayan más allá del comportamiento del PIB.

 El presidente de la república también se ha manifestado alegando, ante las cifras que dan cuenta de un estancamiento del PIB, que le interesa más abatir la desigualdad que acelerar el crecimiento.  No obstante, si vemos las cosas más de cerca, el impulso al nuevo Tratado Comercial; su respuesta frente a las amenazas de EU, endureciendo la política migratoria; los repetidos anuncios de compromisos con los grandes empresarios para estimular la inversión; y algunos proyectos como la refinería, el corredor transístmico y el rescate de PEMEX revelarían su preocupación por elevar las cifras de crecimiento. Algunos dirían incluso, que a costa de su calidad.

En el momento actual, entonces, la tarea consiste en impulsar un mayor desarrollo en sus dos vertientes, tanto en cantidad como en calidad. En el fondo, sin embargo, como se afirmó hace medio siglo, el reto es llevar a cabo una nueva estrategia, con todo lo que ello supone, incluyendo sus consecuencias políticas.

El debate sobre la calidad de la dinámica económica está otra vez en un lugar destacado en las agendas de los gobiernos, los organismos multilaterales y los círculos académicos. Bienvenidos los nuevos términos de la polémica. En México, sin embargo, quizás tengamos, además, que discutir un índice o al menos un mapa de ruta de los conflictos políticos que un cambio de rumbo necesariamente provoca para medir acertadamente hacia dónde vamos y sus posibilidades reales de éxito.