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miércoles, 26 de agosto de 2020

La denuncia penal del Sr. Lozoya: un comentario

 

El testimonio del señor L.

Saúl Escobar Toledo

La “denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delito” presentada por el Sr. Emilio Lozoya al Fiscal General de la República en contra de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Carlos Salinas de Gortari y otras personas más se difundió profusamente en los medios de comunicación y las redes sociales. El debate que provocó se ha concentrado casi exclusivamente en sus efectos políticos y jurídicos. Se ha destacado así la corrupción reinante en los sexenios anteriores y la posibilidad de que expresidentes, funcionarios públicos y legisladores implicados sean llamados a declarar y hasta puedan ser sujetos de sanciones penales. El documento parece confirmar la idea de que la corrupción es el principal problema de México y la necesidad imperiosa de su erradicación, tal como lo ha planteado muchas veces el presidente López Obrador. Sin duda, desprestigia también a la oposición representada por el PAN y el PRI.

Sin embargo, el escrito del Sr. L. puede ser revisado como un testimonio histórico que retrata   una etapa de la vida de México. Más allá de las anécdotas, los nombres y su valor jurídico presente o futuro, la denuncia del ex director de PEMEX nos describe un régimen político que tiene las siguientes características:

1.      El punto central de la trama reside en que un grupo de empresas y empresarios, encabezados por el consorcio Odebrecht sobornó y de esa manera doblegó al gobierno de México y al poder legislativo para servir a sus intereses. Un mecanismo que comenzó en el gobierno de Calderón y culminó en el de Peña Nieto con la aprobación de la llamada reforma energética.

2.      El esquema de sobornos recorría un circuito preciso: la empresa extranjera depositaba millones de dólares en la cuenta de una empresa que era propiedad de un funcionario público. Tanto la empresa que hacía el depósito como la que lo recibía eran fantasmas (sólo existen legalmente en el papel, pero no realizan ninguna labor gerencial o de cualquier otra índole) y declaraban como residencia un paraíso fiscal. Una vez que el funcionario recibía el dinero en su cuenta bancaria, lo retiraba para depositarlo en otra empresa fantasma de su propiedad, también en un paraíso fiscal, o lo retiraba en efectivo para sobornar a otras personas (legisladores, funcionarios, dirigentes de partidos políticos). En el caso del PRI, el documento hace sospechar que los depósitos a cuentas de consultores extranjeros eran, igualmente, empresas fantasmas que ocultaron a los verdaderos beneficiarios, probablemente funcionarios públicos, ya que no expedían facturas o lo hacían “por un servicio distinto”.

3.      A cambio de estos sobornos, las empresas extranjeras y nacionales conseguían contratos que las beneficiaban enormemente  ( Etileno XXI, Grupo Higa, Agronitrogenados, etc. ) y que diputados y senadores tanto del partido oficial como de la oposición (particularmente el PAN) aprobaran leyes en las que estos empresarios influyeron (no se sabe si en su redacción o en sus fines generales) y que eran muy importantes para ellos pues les abrían nuevas oportunidades de inversión y, se entiende, de negocios turbios.

 

4.      El mecanismo fue tan eficaz que, según el señor L., Odebrecht no sólo logró contratos sino literalmente “doblegar al presidente de la república y al estado mexicano” por lo menos en materia energética. Este servilismo llevó a abusos de poder y corrupción extremos y a una asociación que el declarante califica como “si se tratara de crimen organizado”.  Un “aparato organizado de poder para obtener beneficios que afectaron la soberanía de México sometiéndolo a personas y grupos nacionales y extranjeros”,

 

Documentos como el que comentamos deben ser tomados con mucha cautela. En muchos casos faltan a la verdad por distintas razones: aún con la mejor intención los testimonios se basan en la memoria y ya se sabe que ésta es frecuentemente débil y lo es más en la medida en que pasa el tiempo. Muchas veces recordamos cosas que no sucedieron tal cual las imaginamos o las contamos aun cuando se trate de hechos particularmente decisivos de nuestra biografía. Pero los dichos de una persona pueden ser aún más discutibles cuando se busca una ventaja personal: en el asunto que nos ocupa, que la fiscalía le proporcione al denunciante “una salida alterna respecto a los procedimientos que hay en mi contra y en contra de mi familia”.

Por otro lado, los historiadores saben que un testimonio no sólo describe la realidad que el narrador ve: también retratan a la propia persona que la cuenta. Al leer la denuncia, el señor L. se describe a sí mismo como una persona fácilmente manipulable; obediente al punto de la ignominia; temeroso de faltar a las instrucciones de sus jefes; y que sólo en este momento, años después de los acontecimientos, se da cuenta de la gravedad de los hechos. Se describe como una persona que acepta sobornos sin ningún remordimiento o justificación. Dice por ejemplo que en 2012 Odebrecht prometió aportar 4 millones de dólares de los cuales 2.5 serían para la campaña del PRI y “recordemos (sic) que el 1.5 restante fue para mí”. Y, finalmente, se pinta como un arribista que llega a la dirección de PEMEX por invitación del presidente “dada mi experiencia en el sector privado, aunque yo no conocía bien ni a Peña Nieto ni a Luis Videgaray”.

La lectura del escrito del Sr. L. me recordó a Hanna Arednt y sus observaciones sobre el juicio a Eichmann, acusado de millones de asesinatos de judíos bajo el nazismo. Su contacto personal con el acusado le impresionó “por su superficialidad …Los actos fueron terribles pero el responsable era totalmente corriente, del montón, ni demoníaco ni monstruoso.”

El Sr. L. quiere verse reflejado en su propia narración de una manera similar: como una persona que recibe instrucciones y las cumple; ni el único culpable ni completamente inocente. Una persona cuyos rasgos también podrían definir a Enrique Peña Nieto: un político advenedizo, oportunista, superficial, sin más motivaciones que enriquecerse a toda costa; ni muy inteligente ni extremadamente estúpido; sin ideas que lo distingan, pero capaz, medianamente, de repetir un discurso.  

En fin, el documento del Sr. L, nos plantea la existencia histórica de un régimen que utiliza el poder para el beneficio de intereses privados, aunque, a diferencia del pasado (los años dorados del PRI), es sometido por ellos.  Un sistema político que existe en muchas partes del mundo y que se caracteriza, en consonancia con los tiempos neoliberales, por su obediencia, casi exclusiva, a los grandes consorcios mundiales. Un sometimiento que vive y se reproduce gracias a la impunidad financiera y fiscal y permite que grande sumas de dinero negro circulen por todo el mundo cobijadas por empresas ilegales, bancos piratas y refugios fiscales que no rinden cuentas a nadie. Una forma de gobierno que se puede justificar con teorías muy elaboradas sobre la libertad de los mercados pero que, al final de cuentas, se reduce a la gestión de políticos advenedizos que encuentran en los grandes consorcios privados la razón y motivo del ejercicio del poder del estado.

Por ello, el problema de la corrupción no reside solamente en los controles y castigos de la clase política sino sobre todo en la impunidad de las grandes corporaciones. El escrutinio y transparencia de las empresas privadas resulta tanto o más importante que la de los entes de la administración pública.

El testimonio del Sr. L fue elaborado sin duda para obtener una ventaja personal. Sin  embargo, hay que reconocer que describe una situación que en México y en otras partes del mundo se ha vuelto normal y ha privado a los ciudadanos de una democracia real, un estado que los proteja, y una economía más equitativa. Es el sistema impuesto por el 1% más próspero que ha logrado concentrar la riqueza y el ingreso mundial en proporciones inimaginables.

 saulescobar.blogspot.com

 

miércoles, 29 de enero de 2020

Crecimiento y Desarrollo


Crecimiento y Desarrollo

Saúl Escobar Toledo

Desde la década de los años sesenta, en las escuelas de economía y en una parte de la literatura especializada, se insistía en comprender la diferencia entre crecimiento y desarrollo. El primer término aludía al aspecto meramente cuantitativo mientras que el segundo se refería a la calidad de la dinámica económica. La crítica más importante que sostenía esta diferenciación se basaba en la idea de que el crecimiento de aquellos años, por cierto muy alto comparado con el presente, estaba basado en un modelo concentrador y excluyente. Este fenómeno -decía por ejemplo Pedro Vuscovic hace cincuenta años- se manifestaba especialmente en las características y las tendencias de la distribución del ingreso (Cf. www.eltrimestreeconomico.com.mx).  El economista chileno, uno de los más importantes representantes de la CEPAL, agregaba que:
“las formas actuales de funcionamiento de los sistemas económicos latinoamericanos no apoyan el concepto de que el crecimiento pudiera llevar más o menos espontáneamente a un mejoramiento en la distribución del ingreso; por el contrario, en condiciones de funcionamiento espontáneo del sistema parecen ser más poderosas las fuerzas concentradoras que los efectos positivos de ciertos cambios en la estructura sectorial de la economía”
Sin embargo, los esfuerzos por el cambio chocaron con los intereses dominantes, incluyendo dictaduras militares, y las condiciones que conoció el mundo en los años setenta caracterizadas por la inestabilidad y lo que se llamó entonces la estanflación, estancamiento con inflación.
En los años ochenta las cosas empeoraron y América Latina viviría la llamada década perdida que significó graves retrocesos en el crecimiento y el nivel de vida de la población. Debido a esto y a la globalización mundial que empezó a dominar a casi todas las sociedades del planeta, y a cambios políticos significativos como el derrumbe de la URSS, el debate sobre crecimiento y desarrollo se diluyó casi totalmente. Ahora lo importante era volver a crecer, recuperar todos los años perdidos y, para ello, ajustarse a los nuevos dictados de política económica: liberalizar los mercados, flexibilizar el trabajo y reducir los presupuestos públicos.
La calidad del crecimiento dejó de tener importancia ya que la teoría en boga aseguraba que pocos años el mundo sería plano, es decir, las desigualdades (económicas, tecnológicas, sociales y políticas) se reducirían casi totalmente gracias a las nuevas tecnologías de la informática y la comunicación, y al flujo sin trabas de capitales y mercancías por todo el orbe.
Las ilusiones del final de la historia, la prosperidad generalizada y el triunfo de la democracia liberal en todos lados tuvieron un serio descalabro con la Gran Recesión de 2008. A partir de entonces, las economías, significativamente las del mundo desarrollado, sufrieron caídas severas y prolongadas. De ahí se derivó un descontento político que hoy afecta a muchas partes del mundo. En varias regiones del planeta, la economía volvió a crecer, pero no la tranquilidad y la conformidad de los ciudadanos. Para entender esta situación, la discusión sobre la calidad del crecimiento ha regresado, y en particular, el tema de la desigualdad.
Como ha señalado recientemente el economista Dani Rodrik,
“La desigualdad está ocupando un lugar preponderante que desde hace mucho tiempo no se veía... Frente a la violenta respuesta política y social contra el orden económico establecido, que alimenta el ascenso de los movimientos populistas de extrema derecha y las protestas callejeras desde Chile hasta Francia, los políticos de todos los colores han convertido a este tema en una prioridad urgente”.
La preocupación por la calidad del crecimiento económico ha llevado a una reflexión sobre los indicadores, en particular, el más importante, el Producto Interno Bruto (PIB). Economistas tan distinguidos como Thomas Piketty, Emmanuel Saez, y Gabriel Zucman han propuesto el “PIB 2.0” un parámetro que incluiría datos desagregados de ingreso de diferentes sectores de la población de tal manera que se puedan observar las diferencias.
Por su parte, una comisión de economistas encabezada por Joseph Stiglitz, Amartya Sen y Jean-Paul Fitoussi, se dio a la tarea de identificar los límites del PIB como un indicador del funcionamiento de la economía y del progreso social. Sugieren que se debe cambiar el énfasis de medición, apoyado en indicadores orientados al producto, a otros enfocados en el bienestar (well-being) de la actual y las futuras generaciones. Ello plantea una visión multidimensional que engloba los estándares de vida materiales, y asimismo la evaluación de la   salud, la educación, las actividades laborales, la voz del ciudadano en actividades políticas y en las tareas de gobierno, las relaciones sociales, el medio ambiente, y la inseguridad.
Hoy, a diferencia de hace cincuenta años, la calidad se debe entender no sólo en razón de la desigualdad del ingreso, sino igualmente, de un medio ambiente sano y sustentable, de la existencia y creación de empleos dignos, y del cierre de la brecha entre hombres y mujeres.
Y, sin embargo, el mismos Stiglitz aclaró hace poco que “Por muy desacertada que sea la obsesión con el incremento permanente del PIB (y los riesgos de una catástrofe ecológica), sin crecimiento económico miles de millones de personas seguirán careciendo de una provisión adecuada de alimentos, vivienda, vestimenta, educación y atención médica”.
Desde luego, en todos estos años, el asunto de la calidad de la expansión económica no fue olvidada por completo. Sobre todo, las Naciones Unidas han hecho esfuerzos por evaluar los países con base en los índices de desarrollo humano. La UNCTAD y la CEPAL, por su parte, han elaborado propuestas para impulsar las economías mejorando sus componentes sociales.
En México tampoco estuvieron ausentes las voces críticas del modelo neoliberal. Además, afortunadamente, contamos con CONEVAL para medir mejor los fenómenos sociales y económicos. El INEGI también ha hecho esfuerzos para ofrecer indicadores que vayan más allá del comportamiento del PIB.
 El presidente de la república también se ha manifestado alegando, ante las cifras que dan cuenta de un estancamiento del PIB, que le interesa más abatir la desigualdad que acelerar el crecimiento.  No obstante, si vemos las cosas más de cerca, el impulso al nuevo Tratado Comercial; su respuesta frente a las amenazas de EU, endureciendo la política migratoria; los repetidos anuncios de compromisos con los grandes empresarios para estimular la inversión; y algunos proyectos como la refinería, el corredor transístmico y el rescate de PEMEX revelarían su preocupación por elevar las cifras de crecimiento. Algunos dirían incluso, que a costa de su calidad.
En el momento actual, entonces, la tarea consiste en impulsar un mayor desarrollo en sus dos vertientes, tanto en cantidad como en calidad. En el fondo, sin embargo, como se afirmó hace medio siglo, el reto es llevar a cabo una nueva estrategia, con todo lo que ello supone, incluyendo sus consecuencias políticas.
El debate sobre la calidad de la dinámica económica está otra vez en un lugar destacado en las agendas de los gobiernos, los organismos multilaterales y los círculos académicos. Bienvenidos los nuevos términos de la polémica. En México, sin embargo, quizás tengamos, además, que discutir un índice o al menos un mapa de ruta de los conflictos políticos que un cambio de rumbo necesariamente provoca para medir acertadamente hacia dónde vamos y sus posibilidades reales de éxito.