Panorama laboral América Latina (OIT)

 

Panorama Laboral: México y América Latina

Saúl Escobar Toledo

El Sur 19032025

América Latina es una región diversa y heterogénea. Más que los lazos comerciales y financieros, nos une la cultura, la geografía y la historia. Las relaciones económicas de los países de esta parte del mundo se han establecido desde el siglo pasado principalmente con Estados Unidos y, desde hace unas décadas, con China sobre todo en América del Sur.

No obstante, vale la pena analizar la dinámica económica y laboral del subcontinente en su conjunto no tanto para encontrar una explicación general de sus problemas sino más bien para seguir sus tendencias y ubicar comparativamente los distintos ritmos de desarrollo y los obstáculos que enfrentan las naciones latinoamericanas.

Esto es lo que podemos encontrar en el “Panorama Laboral 2024 de América Latina y el Caribe” publicado por la OIT este año (www.ilo.org). El documento empieza señalando que “entre 2015 y 2024, la región habría crecido a una tasa promedio anual del 1 por ciento, lo que implica un estancamiento del PIB por habitante en ese periodo y niveles de crecimiento por debajo de la tasa promedio del orden del 3 por ciento anual observada entre 1990 y 2010”.

No todos los países han crecido al mismo ritmo. En 2024, por ejemplo, México creció en aproximadamente 1.4%, un ritmo inferior al de República Dominicana, Costa Rica, Nicaragua, Brasil, Uruguay, Perú, Chile, e incluso menor que el promedio de América Latina. Sólo fue superior al de Argentina que tuvo una caída muy fuerte (-3.2%).

A pesar de estas diferencias, la debilidad del crecimiento explica, en buena medida que nuestro subcontinente lleve “más de una década sin avances significativos en términos laborales, ya que ni la tasa de participación (el porcentaje de personas en edad de trabajar que están trabajando o buscando un empleo)  ni la de ocupación han superado sustancialmente los niveles de 2012”. Aunque el panorama mejoró en los dos últimos años, la situación sigue siendo preocupante.

El informe señala que, aunque la informalidad disminuyó y los salarios reales muestran avances, éstos han sido insuficientes para cerrar las brechas históricas en la región, particularmente entre hombres y mujeres, así como entre jóvenes y adultos.

Sin embargo, también aquí hay diferencias : entre 2019 y 2024 la tasa de ocupación creció en México 0.8%, muy inferior a la de Brasil y Chile, e incluso a la de promedio de América Latina (1.4%). Lo mismo más o menos sucedió con la tasa de participación. No obstante, la tasa de desocupación en nuestro país fue mucho menor.

Lo anterior puede deberse a un conjunto de factores: la población que necesita trabajar, pero no la busca (según la estadística del INEGI, población económicamente no activa disponible) probablemente sea muy alta en México debido a que muchas personas, sobre todo jóvenes y mujeres, no pueden salir a buscar un empleo remunerado debido a las tareas que realizan en el hogar. Igualmente, la población trabajadora informal en México es también muy elevada. Y, tercero, el flujo migratorio a Estados Unidos ha sido, desde hace décadas, una vía de escape a la falta de empleos y ocupación en nuestro país. 

La OIT afirma que, en AL, la tasa de informalidad ha aumentado o se ha mantenido sin cambios en el último año. Y agrega que “la recuperación de los puestos de trabajo ha seguido estando impulsada por el crecimiento del empleo informal” El estudio calcula que la contribución del empleo informal a la variación del empleo total entre 2020 y 2024 fue del 61% en el caso de nuestro país mientras que en Brasil fue de 43%, en Colombia del 20% y en Chile del 45%.

Los datos muestran que México el porcentaje (en relación con el empleo total) anda en niveles del 55%, en Brasil es menor al 40% y en Chile menor al 30%. Esta tasa es incluso superior al promedio de AL (47.6% en 2024). Además, la persistencia del empleo informal afecta en México principalmente a las mujeres.

Como parte de este panorama, otro problema común, aunque con notables diferencias, es que las brechas laborales entre hombres y mujeres siguen siendo persistentes. En el segundo trimestre de 2024, la tasa de participación femenina fue del 52,1 por ciento, significativamente inferior a la de los hombres (74,3 por ciento). La tasa de ocupación femenina (48,4 por ciento) fue también inferior en 22 puntos porcentuales a la masculina (70,4 por ciento), y la tasa de desocupación femenina fue más alta (7,2 por ciento) en comparación con la masculina (5,2 por ciento). Aunque estas brechas se han reducido, los avances siguen siendo lentos y las diferencias de género continúan afectando el mercado laboral.

La OIT advierte que : “El nivel educativo ha sido otra dimensión de gran relevancia en la dinámica laboral durante los últimos años. Cuando se considera el último quinquenio, resulta evidente la correlación negativa entre el nivel educativo y la brecha de ocupación respecto a la situación en 2019, tanto entre hombres como entre mujeres”.

No todo ha sido negativo. Si México no se ha distinguido favorablemente en el asunto del empleo, en lo que se refiere a los salarios la situación ha sido distinta: según la OIT, en 4 de los 17 países considerados el valor real del salario mínimo en el tercer trimestre de 2024 era inferior al del primer semestre de 2019. En otras ocho naciones, este ingreso era similar o ligeramente superior al observado cinco años atrás. Destaca el caso de México, el cual ha tenido una política de incremento del poder adquisitivo del salario mínimo y de los salarios medios reales más destacada. Esos últimos aumentaron en nuestro país, entre 2019 y 2024, en 153% en términos nominales y 116% reales (descontando la inflación). Por lo anterior, la variación del total de ingresos laborales reales totales de las familias entre 2019-2024 fue de 23,2% en México, superior a Brasil (11.6%) y Colombia (17.1%). Incluso, algunos países de AL tuvieron cifras negativas.

Estos datos son importantes ya que, según la CEPAL “las variaciones de los ingresos por salarios han sido el principal motor de los cambios en las tasas de pobreza (ya sean al alza o a la baja)”.

En síntesis, en este panorama se observan más sombras que luces.  América Latina no ha encontrado la senda del crecimiento ni una mejora sustancial de sus condiciones laborales a pesar de algunos progresos. El ejemplo de México merece destacarse ya que nuestro país es la principal potencia exportadora de manufacturas de la región. Por su parte, Brasil, la economía más grande de AL,  exporta productos intermedios y materias primas. Y,  aunque ambas naciones han adolecido en la última década de un crecimiento insuficiente, Brasil lo ha hecho a un ritmo más acelerado. También en el panorama laboral el gigante sudamericano tiene mejores índices, por ejemplo, en los niveles de informalidad y en la brecha entre hombres y mujeres. Sin embargo, al mismo tiempo, los salarios han crecido más lentamente.

La comparación puede servirnos para entender mejor las consecuencias de nuestro lento crecimiento particularmente en materia de empleo. El reto consiste en avanzar con los dos pies: mejores empleos y mayores salarios. Muchos países de AL no han logrado ni lo uno ni lo otro; algunos, una mejoría de la ocupación; y México, sobre todo, una elevación de los ingresos laborales, pero no de la calidad del empleo.

Visto el panorama de AL en su conjunto, podríamos afirmar el meollo de la cuestión no reside en una mayor integración a los mercados mundiales sino en el consumo interno, en la capacidad de integrar nuevas cadenas de valor y en mejorar sustancialmente los niveles educativos.

En el siglo XXI, América Latina no ha salido de su laberinto. ¿Lo encontrará algún país de este subcontinente? La situación no parece favorable, lamentablemente, en los próximos años no sólo por razones internas sino ahora, sobre todo,  por la incertidumbre mundial.  Precisamente por ello, urge pensar “fuera de la caja” y construir una alternativa distinta a la experimentada en las últimas décadas. Quizás entonces el reto consista, principalmente, en nuestra capacidad de innovación.

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Políticas laborales en el sexenio de AMLO: reformas, avances y la agenda pendiente

1º de mayo 2024: logros y reformas pendientes Saúl Escobar Toledo El presidente López Obrador celebrará, por última vez en su sexenio, el día de los trabajadores. Todavía es pronto para llevar a cabo un balance final pero sin duda sobresalen algunos logros: las reformas legales que abrieron el paso a la democracia sindical y una nuevo sistema de justicia para los asuntos laborales; el aumento de más del 100 por ciento del salario mínimo; la regulación de la subcontratación; el aumento de los días de vacaciones pagadas; la aprobación del Convenio 190 de la OIT acerca de la violencia y acoso laboral; la regulación del teletrabajo; y una nueva tabla enfermedades profesionales; la incorporación de las empleadas del hogar al IMSS; permisos de paternidad por 20 días; la ley silla (postdata 3004) . También, aunque más discutible; una nueva reglamentación del reparto de utilidades y dos modificaciones a los ordenamientos legales que rigen las pensiones contributivas. Los aumentos a los mínimos y en menor medida a los contractuales lograron revertir las tendencias de las últimas décadas y permitieron un aumento de la masa salarial: en el 2º trimestre de 2023 se situaba 28% por arriba del nivel del primer trimestre de 2016 (Cf. http://revistaeconomia.unam.mx/index.php/ecu/issue/view/62). Gracias a estos incrementos, a mayores transferencias monetarias a los hogares y a las remesas, se abatió la desigualdad y la pobreza multidimensional en unos cuantos puntos porcentuales (aunque no la pobreza extrema). No hubo sin embargo un cambio estructural como lo demuestra el hecho de que más del 55 por ciento de las personas ocupadas sigan laborando en la informalidad. Y es que el aparato productivo tuvo una expansión que alcanzará menos del 2 por ciento promedio en todo el sexenio. Ello, debido a la pandemia, pero asimismo a una política fiscal conservador durante los primeros cuatro años. Por otro lado, la inversión extranjera directa (IED) aumentó sensiblemente lo que, junto con la inversión pública, logró estabilidad económica al mismo tiempo que una redistribución del ingreso después de varias décadas de empobrecimiento laboral. Quedan varios pendientes, principalmente, la reducción de la jornada semanal a 40 horas y la reglamentación del trabajo mediante plataformas digitales. La iniciativa de reforma constitucional presentada por MORENA pretende reducir la jornada a cinco días con dos de descanso a la semana, manteniendo la diaria de 8 horas y por supuesto, sin reducción de los salarios. Como era de esperarse, el sector empresarial rechazó la propuesta y, lamentablemente, logró “congelarla”. Sin embargo, hay que destacar que, según diversas fuentes internacionales, incluyendo la OIT, México se distingue por jornadas laborales excesivas, mucho más prolongadas que en las naciones más desarrollados e incluso que otras similares a la nuestra, como Brasil. Además, en el caso de los “operadores de máquinas y ensamblado”, éstos laboran 20 por ciento más horas que el en el sector servicios. Recordemos que las excesivas jornadas de trabajo y los salarios exiguos se convirtieron en las principales “ventajas comparativas” de nuestro país para atraer inversiones extranjeras en la industria manufacturera. De esta manera, una reducción de la jornada de trabajo sería una medida muy oportuna. El “nearshoring”, es decir, el traslado de diversas industrias principalmente desde China, a países como México, debe servir para construir un esquema de crecimiento que no descanse en el bajo costo de la fuerza de trabajo sino en un aumento de la productividad: mayores inversiones en maquinaria, equipo, tecnología y capacitación de los trabajadores. Abriría el camino para transitar de un modelo maquilador a un aparato industrial más complejo. Lo anterior se reflejaría en más y mejores empleos y en un mayor crecimiento. En lo que concierne a los empleados por plataformas digitales hay que destacar que ni siquiera son reconocidos como trabajadores subordinados lo que los deja completamente indefensos. No tienen seguridad social, ni prestaciones, ni salarios definidos, ni estabilidad laboral. Las reformas de las pensiones merecen una anotación especial: la de 2021, destinada únicamente a trabajadores afiliados al IMSS aumentó las aportaciones de los patrones y del Estado y redujo las semanas de cotización necesarias para jubilarse (aunque éstas aumentarán de 750 a mil en un plazo de diez años); por su parte, la que se aprobó recientemente, creó un Fondo para trabajadores tanto del IMSS como del ISSSTE. En este último caso, la discusión se contaminó con la campaña electoral y la discusión que tuvo lugar en el Congreso se convirtió en una comedia de equivocaciones y mentiras. A pesar de que habrá una mayor carga fiscal para el Estado, el proyecto no fue acompañado de un cálculo actuarial que permitiera vislumbrara su impacto en el mediano y largo plazo. Por su lado, la oposición se agarró de un argumento falaz, la apropiación indebida del ahorro de los trabajadores, para ocultar el verdadero fondo del problema: la existencia de un sistema privado que no sirve para otorgar pensiones dignas para los trabajadores. También queda pendiente un régimen de salud más robusto para todos los mexicanos (frente al fracaso del INSABI) y mejorar los servicios del IMSS y especialmente del ISSSTE. Una cuestión más: el seguro de desempleo (que en su modalidad no contributiva existe en la Ciudad de México), no obstante que ya lo han adoptado varios países de América Latina desde hace décadas. Además, se requiere atender la condición de la mujer en el trabajo y las brechas de género, las cuales se traducen en baja participación en el mercado laboral; menores salarios que sus pares masculinos; hostigamiento laboral y sexual en el centro de trabajo; y mayor proporción que los hombres en ocupaciones informales o vulnerables. Se necesita, igualmente, construir un extenso sistema de instituciones del cuidado. Finalmente, se requiere una atención especial a los jóvenes, ya que tienen altos índices de desempleo y, para la gran mayoría de ellos, la informalidad constituye la puerta de entrada a una ocupación remunerada. A lo anterior, para un balance del sexenio más completo, habría que agregar la evaluación de las nuevas instituciones como el Centro de Conciliación Federal y los Tribunales Laborales. Sin embargo, en estos asuntos, el análisis requerirá más tiempo debido a que se trata de organismo nuevos que todavía no se consolidan. Han faltado recursos y personal calificado. Hay que anotar, también, que los trabajadores apenas se están informando de sus nuevos derechos. De esta manera, la reforma “destruyó” más de cien mil contratos colectivos y miles de registros sindicales (legalmente existentes, pero que en realidad eran falsos ya que eran desconocidos por los trabajadores) y ha “construido” pocos organizaciones democráticas y representativas de los trabajadores (además del puñado que ya existía). No ha habido pues una fiebre sindicalista, lo que se ha reflejado en pocas huelgas y movilizaciones obreras. Podría pensarse que los pendientes son muchos. No obstante, reflejan el abandono y el atraso legal de la cuestión laboral en México: durante más de cuarenta años, hasta 2017, los ordenamientos jurídicos en esta materia no se modificaron o lo hicieron para favorecer a la parte patronal (como la reforma Calderón-Peña Nieto de 2012). Este largo periodo propició una caída dramática de las condiciones de trabajo, protegida por la “ficción contractual” y los “contratos de protección patronal”. En resumen, el presidente López Obrador seguramente va a despedirse este 1º de mayo defendiendo los logros de su gobierno, innegables y muy importantes, y no hablará mucho de lo que falta por hacer. Si hubiera que formular un balance todavía provisional del sexenio en pocas palabras, podría decirse que hubo un cambio de tendencia, pero aún no se ha alcanzado una mudanza estructural. Seguramente el próximo gobierno debatirá si conviene consolidar lo ganado o ir por más reformas trascendentes. Ojalá que los trabajadores tomen la palabra y señalen cuál debe ser el rumbo en los próximos años. saulescobar.blogspot.com (30042024)

COVID: Daños en el mercado laboral de México

Mercado laboral: El tamaño del boquete Saúl Escobar Toledo Conforme van pasando los meses, va apareciendo con mayor claridad el daño causado por la pandemia en nuestras sociedades, gracias a las investigaciones y recopilación de datos estadísticos que se han llevado a cabo. En México, en particular en el caso del mercado laboral, los resultados de la encuesta nacional de ocupación y empleo del segundo trimestre de este año realizada por el INEGI, y los que ofrece el Boletín de movilidad social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, arrojan datos relevantes. De acuerdo con estos documentos (y otros estudios que no citamos) puede decirse que, entre el segundo trimestre del año pasado (cuando pegó más fuerte la pandemia en el empleo) y el mismo periodo de 2021, casi 11 millones de personas dejaron de formar parte de la Población Económicamente Activa, es decir se retiraron del mercado laboral: quedaron desocupadas y renunciaron a buscar un empleo. Más claramente, 10.5 millones de personas dejaron de trabajar, suspendieron sus actividades cotidianas. La recuperación de éstas fue paulatina. No todos volvieron al trabajo al mismo tiempo. Lo que hay que subrayar, sin embargo, es que, por alrededor de tres meses, una gran cantidad de familias dejaron de percibir ingresos debido a esta disrupción. Ahora bien, no todos han regresado: la tasa de desempleo abierto sigue siendo más alta que antes: 4.2%. Más significativo, la incorporación al mercado laboral ha sido más lenta para las mujeres que para los hombres, lo que ha acentuado la desigualdad entre los géneros. Además, todavía este año, una cantidad muy importante, casi 8 millones de personas, declararon que necesitaban trabajar pero, al mismo tiempo, no estaban buscando un empleo ni se encontraban ocupadas, debido a que no veían ninguna oportunidad para ello o a que su situación familiar (cuidado de otras personas en el hogar) o personal (enfermedades o percepción de un alto riesgo de contagio) se los impedía. Muchos de los que lograron volver a trabajar no regresaron a sus ocupaciones anteriores. Algunos pasaron de un empleo asalariado a convertirse en trabajadores por cuenta propia. Otros, se refugiaron, principalmente, en micronegocios (6.4 millones) y los menos en grandes establecimientos en el sector industrial o de servicios (1.1 millones). Debido a lo primero, las modalidades del empleo informal (por cuenta propia, empleo en empresas familiares o en puestos laborales sin seguridad social) se expandieron y en el segundo trimestre de este año representaron el 56.2% de la población ocupada (frente a un 51% que se registró en ese mismo periodo del año pasado). Por su parte, el Centro Yglesias, señaló: “La pandemia por COVID-19 afectó particularmente el mercado de trabajo… y sus efectos fueron asimétricos entre hombres y mujeres, entre grupos etarios, entre quienes tienen bajo y alto nivel educativo, entre zonas y regiones del país, entre trabajadores formales e informales, y entre sectores económicos. Todo lo anterior empeoró la situación de grupos tradicionalmente más vulnerables…”. Y es que se presentaron varios fenómenos: por un lado, la exclusión del mercado laboral que afecto a los 8 millones de personas mencionadas más arriba se debió principalmente a dos factores: residir en una zona de alta marginalidad (donde la demanda de empleos es débil o no es constante o uniforme a lo largo del año), y la falta de educación y capacitación (o, dicho de otra manera, aquello que la persona sabe y se refleja en sus habilidades, conocimientos o experiencia). Por otro lado, las razones por las cuales las personas fueron despedidas de su trabajo, pueden asociarse principalmente a tres factores: salud; edad; y formación. Según el reporte, las mujeres resultaron más afectadas que los hombres. Además, estos despidos y la persistencia del desempleo tienen que ver con “las adecuaciones que las empresas han hecho en sus métodos de operación y comercialización a través de plataformas digitales o tecnologías de teletrabajo”. Aclaran, sin embargo, que la salud fue el factor de despido más importante entre las mujeres (35.6 %) y el segundo más relevante entre los hombres (43.5 %). Ello da cuenta de la persistencia tan extendida de la informalidad laboral que por esa condición no cuenta con una protección adecuada, y a la ausencia de un sistema de salud universal accesible y de calidad. El estudio anota que la exclusión, las renuncias y los despidos, por razones de género, han tenido mucho peso en el mercado laboral incluso antes de la pandemia. Sin embargo, debido a la interrupción de muchas actividades económicas, particularmente en el caso de la cesantía forzada, han adquirido mayor relevancia. De lo anterior, el estudio desprende la necesidad “prioritaria” de fortalecer las políticas laborales enfocadas, por una parte, a la formación, las habilidades y los conocimientos; y, por otra, sobre todo para aliviar la situación de las mujeres y fomentar su inclusión, a mejorar los sistemas de cuidado y combatir la exclusión, la discriminación y el maltrato que sufren en los centros de trabajo. En resumen, los daños causados por la pandemia en el mercado laboral agudizaron viejos problemas y crearon nuevos. Provocaron un deterioro, hasta ahora irreparable, de los ingresos de millones de personas y sus familias, debido a despidos, exclusiones, crecimiento de ocupaciones precarias y mal pagadas; y aumentaron las desigualdades por razones de género, ubicación geográfica, educación, edades, condiciones de salud. Por ello, el gobierno debe reforzar y renovar sus estrategias. Hay una realidad distinta. La situación es más difícil y, además, se produjeron cambios que probablemente sean irreversibles en la organización del trabajo, el perfil de las labores formales e informales, las dinámicas de la oferta y la demanda, y las relaciones entre empleados y empleadores. Permitir que estas viejas y nuevas tendencias persistan, fluyan sin cortapisa, solo puede llevar a un desplome generalizado de las condiciones de vida de la inmensa mayoría de los mexicanos. Debilitaría la obra social del gobierno y en especial, la reforma laboral que se está implementando. Una visión de largo plazo es indispensable no sólo para tratar de resarcir lo perdido y abatir el crecimiento de la pobreza, sino también para responder a los desafíos que han surgido. El empleo y las condiciones de trabajo son uno de los fundamentos de las economías, el bienestar y la convivencia ciudadana. Están influyendo, cada vez más, en las preferencias políticas de los votantes. Quizás no lo parezca, sobre todo porque en el pasado, estas cuestiones carecieron de importancia para los gobiernos y los partidos. Sin embargo, ahora, es posible que la evolución de los mercados laborales y las políticas públicas relacionadas con el empleo, los salarios y, en general, la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, retomen una gran importancia tanto arriba como en el sentimiento popular. Prepararnos para un mejor futuro en el ámbito del trabajo adquiere un sentido estratégico desde todos los puntos de vista. saulescobar.blogspot.com saulescobar.blogspot.com

Crecimiento y Desarrollo

Crecimiento y Desarrollo

Saúl Escobar Toledo

Desde la década de los años sesenta, en las escuelas de economía y en una parte de la literatura especializada, se insistía en comprender la diferencia entre crecimiento y desarrollo. El primer término aludía al aspecto meramente cuantitativo mientras que el segundo se refería a la calidad de la dinámica económica. La crítica más importante que sostenía esta diferenciación se basaba en la idea de que el crecimiento de aquellos años, por cierto muy alto comparado con el presente, estaba basado en un modelo concentrador y excluyente. Este fenómeno -decía por ejemplo Pedro Vuscovic hace cincuenta años- se manifestaba especialmente en las características y las tendencias de la distribución del ingreso (Cf. www.eltrimestreeconomico.com.mx).  El economista chileno, uno de los más importantes representantes de la CEPAL, agregaba que:

“las formas actuales de funcionamiento de los sistemas económicos latinoamericanos no apoyan el concepto de que el crecimiento pudiera llevar más o menos espontáneamente a un mejoramiento en la distribución del ingreso; por el contrario, en condiciones de funcionamiento espontáneo del sistema parecen ser más poderosas las fuerzas concentradoras que los efectos positivos de ciertos cambios en la estructura sectorial de la economía”

Por ello, consideraba necesario “un cambio sustancial del esquema de crecimiento, la definición de una nueva estrategia de desarrollo, con todo lo que ello supone en términos de factores favorables y obstáculos, así como de requisitos y consecuencias políticas… una nueva estrategia que podría caracterizarse como un esfuerzo para provocar modificaciones drásticas en la concentración de la propiedad y en la distribución del ingreso.”

Sin embargo, los esfuerzos por el cambio chocaron con los intereses dominantes, incluyendo dictaduras militares, y las condiciones que conoció el mundo en los años setenta caracterizadas por la inestabilidad y lo que se llamó entonces la estanflación, estancamiento con inflación.

En los años ochenta las cosas empeoraron y América Latina viviría la llamada década perdida que significó graves retrocesos en el crecimiento y el nivel de vida de la población. Debido a esto y a la globalización mundial que empezó a dominar a casi todas las sociedades del planeta, y a cambios políticos significativos como el derrumbe de la URSS, el debate sobre crecimiento y desarrollo se diluyó casi totalmente. Ahora lo importante era volver a crecer, recuperar todos los años perdidos y, para ello, ajustarse a los nuevos dictados de política económica: liberalizar los mercados, flexibilizar el trabajo y reducir los presupuestos públicos.

La calidad del crecimiento dejó de tener importancia ya que la teoría en boga aseguraba que pocos años el mundo sería plano, es decir, las desigualdades (económicas, tecnológicas, sociales y políticas) se reducirían casi totalmente gracias a las nuevas tecnologías de la informática y la comunicación, y al flujo sin trabas de capitales y mercancías por todo el orbe.

Las ilusiones del final de la historia, la prosperidad generalizada y el triunfo de la democracia liberal en todos lados tuvieron un serio descalabro con la Gran Recesión de 2008. A partir de entonces, las economías, significativamente las del mundo desarrollado, sufrieron caídas severas y prolongadas. De ahí se derivó un descontento político que hoy afecta a muchas partes del mundo. En varias regiones del planeta, la economía volvió a crecer, pero no la tranquilidad y la conformidad de los ciudadanos. Para entender esta situación, la discusión sobre la calidad del crecimiento ha regresado, y en particular, el tema de la desigualdad.

Como ha señalado recientemente el economista Dani Rodrik,

“La desigualdad está ocupando un lugar preponderante que desde hace mucho tiempo no se veía... Frente a la violenta respuesta política y social contra el orden económico establecido, que alimenta el ascenso de los movimientos populistas de extrema derecha y las protestas callejeras desde Chile hasta Francia, los políticos de todos los colores han convertido a este tema en una prioridad urgente”.

La preocupación por la calidad del crecimiento económico ha llevado a una reflexión sobre los indicadores, en particular, el más importante, el Producto Interno Bruto (PIB). Economistas tan distinguidos como Thomas Piketty, Emmanuel Saez, y Gabriel Zucman han propuesto el “PIB 2.0” un parámetro que incluiría datos desagregados de ingreso de diferentes sectores de la población de tal manera que se puedan observar las diferencias.

Por su parte, una comisión de economistas encabezada por Joseph Stiglitz, Amartya Sen y Jean-Paul Fitoussi, se dio a la tarea de identificar los límites del PIB como un indicador del funcionamiento de la economía y del progreso social. Sugieren que se debe cambiar el énfasis de medición, apoyado en indicadores orientados al producto, a otros enfocados en el bienestar (well-being) de la actual y las futuras generaciones. Ello plantea una visión multidimensional que engloba los estándares de vida materiales, y asimismo la evaluación de la   salud, la educación, las actividades laborales, la voz del ciudadano en actividades políticas y en las tareas de gobierno, las relaciones sociales, el medio ambiente, y la inseguridad.

Hoy, a diferencia de hace cincuenta años, la calidad se debe entender no sólo en razón de la desigualdad del ingreso, sino igualmente, de un medio ambiente sano y sustentable, de la existencia y creación de empleos dignos, y del cierre de la brecha entre hombres y mujeres.

Y, sin embargo, el mismos Stiglitz aclaró hace poco que “Por muy desacertada que sea la obsesión con el incremento permanente del PIB (y los riesgos de una catástrofe ecológica), sin crecimiento económico miles de millones de personas seguirán careciendo de una provisión adecuada de alimentos, vivienda, vestimenta, educación y atención médica”.

Desde luego, en todos estos años, el asunto de la calidad de la expansión económica no fue olvidada por completo. Sobre todo, las Naciones Unidas han hecho esfuerzos por evaluar los países con base en los índices de desarrollo humano. La UNCTAD y la CEPAL, por su parte, han elaborado propuestas para impulsar las economías mejorando sus componentes sociales.

En México tampoco estuvieron ausentes las voces críticas del modelo neoliberal. Además, afortunadamente, contamos con CONEVAL para medir mejor los fenómenos sociales y económicos. El INEGI también ha hecho esfuerzos para ofrecer indicadores que vayan más allá del comportamiento del PIB.

 El presidente de la república también se ha manifestado alegando, ante las cifras que dan cuenta de un estancamiento del PIB, que le interesa más abatir la desigualdad que acelerar el crecimiento.  No obstante, si vemos las cosas más de cerca, el impulso al nuevo Tratado Comercial; su respuesta frente a las amenazas de EU, endureciendo la política migratoria; los repetidos anuncios de compromisos con los grandes empresarios para estimular la inversión; y algunos proyectos como la refinería, el corredor transístmico y el rescate de PEMEX revelarían su preocupación por elevar las cifras de crecimiento. Algunos dirían incluso, que a costa de su calidad.

En el momento actual, entonces, la tarea consiste en impulsar un mayor desarrollo en sus dos vertientes, tanto en cantidad como en calidad. En el fondo, sin embargo, como se afirmó hace medio siglo, el reto es llevar a cabo una nueva estrategia, con todo lo que ello supone, incluyendo sus consecuencias políticas.

El debate sobre la calidad de la dinámica económica está otra vez en un lugar destacado en las agendas de los gobiernos, los organismos multilaterales y los círculos académicos. Bienvenidos los nuevos términos de la polémica. En México, sin embargo, quizás tengamos, además, que discutir un índice o al menos un mapa de ruta de los conflictos políticos que un cambio de rumbo necesariamente provoca para medir acertadamente hacia dónde vamos y sus posibilidades reales de éxito.