Políticas laborales en el sexenio de AMLO: reformas, avances y la agenda pendiente

1º de mayo 2024: logros y reformas pendientes Saúl Escobar Toledo El presidente López Obrador celebrará, por última vez en su sexenio, el día de los trabajadores. Todavía es pronto para llevar a cabo un balance final pero sin duda sobresalen algunos logros: las reformas legales que abrieron el paso a la democracia sindical y una nuevo sistema de justicia para los asuntos laborales; el aumento de más del 100 por ciento del salario mínimo; la regulación de la subcontratación; el aumento de los días de vacaciones pagadas; la aprobación del Convenio 190 de la OIT acerca de la violencia y acoso laboral; la regulación del teletrabajo; y una nueva tabla enfermedades profesionales; la incorporación de las empleadas del hogar al IMSS; permisos de paternidad por 20 días; la ley silla (postdata 3004) . También, aunque más discutible; una nueva reglamentación del reparto de utilidades y dos modificaciones a los ordenamientos legales que rigen las pensiones contributivas. Los aumentos a los mínimos y en menor medida a los contractuales lograron revertir las tendencias de las últimas décadas y permitieron un aumento de la masa salarial: en el 2º trimestre de 2023 se situaba 28% por arriba del nivel del primer trimestre de 2016 (Cf. http://revistaeconomia.unam.mx/index.php/ecu/issue/view/62). Gracias a estos incrementos, a mayores transferencias monetarias a los hogares y a las remesas, se abatió la desigualdad y la pobreza multidimensional en unos cuantos puntos porcentuales (aunque no la pobreza extrema). No hubo sin embargo un cambio estructural como lo demuestra el hecho de que más del 55 por ciento de las personas ocupadas sigan laborando en la informalidad. Y es que el aparato productivo tuvo una expansión que alcanzará menos del 2 por ciento promedio en todo el sexenio. Ello, debido a la pandemia, pero asimismo a una política fiscal conservador durante los primeros cuatro años. Por otro lado, la inversión extranjera directa (IED) aumentó sensiblemente lo que, junto con la inversión pública, logró estabilidad económica al mismo tiempo que una redistribución del ingreso después de varias décadas de empobrecimiento laboral. Quedan varios pendientes, principalmente, la reducción de la jornada semanal a 40 horas y la reglamentación del trabajo mediante plataformas digitales. La iniciativa de reforma constitucional presentada por MORENA pretende reducir la jornada a cinco días con dos de descanso a la semana, manteniendo la diaria de 8 horas y por supuesto, sin reducción de los salarios. Como era de esperarse, el sector empresarial rechazó la propuesta y, lamentablemente, logró “congelarla”. Sin embargo, hay que destacar que, según diversas fuentes internacionales, incluyendo la OIT, México se distingue por jornadas laborales excesivas, mucho más prolongadas que en las naciones más desarrollados e incluso que otras similares a la nuestra, como Brasil. Además, en el caso de los “operadores de máquinas y ensamblado”, éstos laboran 20 por ciento más horas que el en el sector servicios. Recordemos que las excesivas jornadas de trabajo y los salarios exiguos se convirtieron en las principales “ventajas comparativas” de nuestro país para atraer inversiones extranjeras en la industria manufacturera. De esta manera, una reducción de la jornada de trabajo sería una medida muy oportuna. El “nearshoring”, es decir, el traslado de diversas industrias principalmente desde China, a países como México, debe servir para construir un esquema de crecimiento que no descanse en el bajo costo de la fuerza de trabajo sino en un aumento de la productividad: mayores inversiones en maquinaria, equipo, tecnología y capacitación de los trabajadores. Abriría el camino para transitar de un modelo maquilador a un aparato industrial más complejo. Lo anterior se reflejaría en más y mejores empleos y en un mayor crecimiento. En lo que concierne a los empleados por plataformas digitales hay que destacar que ni siquiera son reconocidos como trabajadores subordinados lo que los deja completamente indefensos. No tienen seguridad social, ni prestaciones, ni salarios definidos, ni estabilidad laboral. Las reformas de las pensiones merecen una anotación especial: la de 2021, destinada únicamente a trabajadores afiliados al IMSS aumentó las aportaciones de los patrones y del Estado y redujo las semanas de cotización necesarias para jubilarse (aunque éstas aumentarán de 750 a mil en un plazo de diez años); por su parte, la que se aprobó recientemente, creó un Fondo para trabajadores tanto del IMSS como del ISSSTE. En este último caso, la discusión se contaminó con la campaña electoral y la discusión que tuvo lugar en el Congreso se convirtió en una comedia de equivocaciones y mentiras. A pesar de que habrá una mayor carga fiscal para el Estado, el proyecto no fue acompañado de un cálculo actuarial que permitiera vislumbrara su impacto en el mediano y largo plazo. Por su lado, la oposición se agarró de un argumento falaz, la apropiación indebida del ahorro de los trabajadores, para ocultar el verdadero fondo del problema: la existencia de un sistema privado que no sirve para otorgar pensiones dignas para los trabajadores. También queda pendiente un régimen de salud más robusto para todos los mexicanos (frente al fracaso del INSABI) y mejorar los servicios del IMSS y especialmente del ISSSTE. Una cuestión más: el seguro de desempleo (que en su modalidad no contributiva existe en la Ciudad de México), no obstante que ya lo han adoptado varios países de América Latina desde hace décadas. Además, se requiere atender la condición de la mujer en el trabajo y las brechas de género, las cuales se traducen en baja participación en el mercado laboral; menores salarios que sus pares masculinos; hostigamiento laboral y sexual en el centro de trabajo; y mayor proporción que los hombres en ocupaciones informales o vulnerables. Se necesita, igualmente, construir un extenso sistema de instituciones del cuidado. Finalmente, se requiere una atención especial a los jóvenes, ya que tienen altos índices de desempleo y, para la gran mayoría de ellos, la informalidad constituye la puerta de entrada a una ocupación remunerada. A lo anterior, para un balance del sexenio más completo, habría que agregar la evaluación de las nuevas instituciones como el Centro de Conciliación Federal y los Tribunales Laborales. Sin embargo, en estos asuntos, el análisis requerirá más tiempo debido a que se trata de organismo nuevos que todavía no se consolidan. Han faltado recursos y personal calificado. Hay que anotar, también, que los trabajadores apenas se están informando de sus nuevos derechos. De esta manera, la reforma “destruyó” más de cien mil contratos colectivos y miles de registros sindicales (legalmente existentes, pero que en realidad eran falsos ya que eran desconocidos por los trabajadores) y ha “construido” pocos organizaciones democráticas y representativas de los trabajadores (además del puñado que ya existía). No ha habido pues una fiebre sindicalista, lo que se ha reflejado en pocas huelgas y movilizaciones obreras. Podría pensarse que los pendientes son muchos. No obstante, reflejan el abandono y el atraso legal de la cuestión laboral en México: durante más de cuarenta años, hasta 2017, los ordenamientos jurídicos en esta materia no se modificaron o lo hicieron para favorecer a la parte patronal (como la reforma Calderón-Peña Nieto de 2012). Este largo periodo propició una caída dramática de las condiciones de trabajo, protegida por la “ficción contractual” y los “contratos de protección patronal”. En resumen, el presidente López Obrador seguramente va a despedirse este 1º de mayo defendiendo los logros de su gobierno, innegables y muy importantes, y no hablará mucho de lo que falta por hacer. Si hubiera que formular un balance todavía provisional del sexenio en pocas palabras, podría decirse que hubo un cambio de tendencia, pero aún no se ha alcanzado una mudanza estructural. Seguramente el próximo gobierno debatirá si conviene consolidar lo ganado o ir por más reformas trascendentes. Ojalá que los trabajadores tomen la palabra y señalen cuál debe ser el rumbo en los próximos años. saulescobar.blogspot.com (30042024)

México y América Latina: algunas comparaciones

El lugar de México en América Latina Saúl Escobar Toledo Ciudad de México, 19 de marzo de 2024. Dicen que las comparaciones son odiosas. Puede ser, pero muchas veces son útiles. La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) publicó hace unas semanas su “Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2023”. Con base en los números ahí publicados, se puede observar que los cinco países más poblados son, en ese orden, Brasil, México, Colombia, Argentina y Perú. Los cinco, en su conjunto, representan el 72 % de la población total de la región. Sin embargo, si tomamos en cuenta su producción, medida por el PIB de 2022 a precios constantes de 2018, las cosas cambian un poco. Brasil y México ocupan los primeros dos lugares y en el tercer sitio está Argentina, luego Colombia y enseguida Chile, dejando a Perú en el sexto lugar. Los cinco más importantes representan casi el 80 por ciento del total de la región. Esto último indica que la producción está más concentrada que el número de habitantes, lo que es un indicador de las desigualdades de América Latina y el Caribe (ALC). Como quiera, está claro que México es el segundo país más poblado y la segunda economía más importante de la región. Si bien Brasil tiene 1.7 veces más habitantes que México, el tamaño de su economía es, comparativamente, un poco menor: 1.6 veces más grande que la nuestra. Si bien la importancia de México es notoria por el tamaño de su población y de su economía, esa condición no se refleja en otros indicadores. En primer lugar, la población urbana de nuestro país (79%) es relativamente menor que la de Argentina (la más urbanizada, 93.2%), Brasil, Colombia y Perú. Incluso, inferior a la del promedio de la región en su conjunto (82.4%). Ello se traduce en una mayor dispersión de un segmento de la población en pequeños núcleos rurales, lo que dificulta el acceso a servicios de salud, educación, dotación de agua y vivienda. Y también, frecuentemente, a ocupaciones mejor remuneradas y más productivas. Por otro lado, la esperanza de vida al nacer, medida por años promedio, en 2023, era inferior en México (75 años) en comparación con Argentina, 78; Brasil, 76.2; Colombia 77,5; y Perú 77, e igualmente, menor que el promedio de ALC en su conjunto, 75.8 años. La tasa de mortalidad de menores de 5 años por 1000 nacidos vivos también es más alta en México que en Argentina, Brasil, y casi igual que en Colombia e inferior a la de Perú. En el caso de las tasas de mortalidad neonatal, México está también ligeramente por encima de Argentina, Colombia y Perú, aunque por debajo de Brasil. Sin embargo, en lo que se refiere a malnutrición infantil de menores de cinco años que se observó en infantes con retraso moderado o grave, el porcentaje en 2022 era claramente más alto en México (12.6%) que en Argentina (9,5%); Brasil (7,2%); Colombia (11.2%) y Perú (10.1%) e incluso Bolivia (11.1%). Muchos factores pueden explicar estos datos comparativos: no obstante, si se toma en cuenta el gasto total como porcentaje del PIB en salud, los datos son, igualmente, preocupantes: nuestro país gasta muchos menos, entre 3 y 4 puntos del PIB, que Argentina, Brasil, Chile y Colombia (en los que el gasto se ubica en el 10%), y casi igual que Perú. Menos, incluso, que el promedio de América Latina y el Caribe en su conjunto: 6.2% en México frente a 8% para ALC. En materia de educación, las cosas no son mucho mejor. Si bien las matrículas en educación pre-primaria; primara y secundaria “baja”, son similares a las de los países ya mencionados y se acercan al 100%, la que corresponde a la secundaria “alta” (suponemos equivalente a lo que aquí llamamos preparatoria) se cae dramáticamente: la tasa de la matrícula en este nivel es de 70.3% para México y 96% para Argentina, 88,5% para Brasil; 86.2 para Colombia; y de 83.6% para Perú. Lo anterior debe evaluarse con el dato de gasto público en educación como porcentaje del PIB para 2022: México gastó apenas el 4.6% mientras que Brasil erogó el 5.8%, Colombia el 5.3%, Chile el 5.6% y Bolivia el 8.4%. Estos datos, acerca de la salud y la educación, basadas en cifras proporcionadas por la OMS y la UNESCO, reflejan carencias muy graves de nuestro país y también algunos de los obstáculos más importantes para el bienestar y el desarrollo económico. Por otra parte, las cifras de empleo y ocupación presentan claroscuros. Destaca la baja tasa de participación de la población en actividades económicas (no incluye las no remuneradas en tareas del hogar como veremos más adelante). Esa tasa es menor al 60% mientras que en otros países como Argentina, Brasil, Colombia y Perú es superior a ese porcentaje, al igual que el promedio de la región (62.6%). Esto último debe relacionarse con la proporción de tiempo dedicado a quehaceres domésticos y cuidados no remunerados entre hombres y mujeres: en México, las mujeres dedican casi 2.8 veces más tiempo a estas labores. En cambio, en los países mencionados, aunque la desigualdad entre los géneros persiste, esa proporción es menor: alrededor del doble en Argentina y Brasil; y menos horas que en Colombia y Perú. Puede concluirse entonces que la baja participación de la población en el mercado de trabajo se debe, entre otros factores, a la desigualdad entre los géneros en el reparto del tiempo en las tareas no remuneradas del hogar y los cuidados. Ahora bien, la tasa de desocupación abierta de México es una de las más reducidas de América Latina: el promedio de la región alcanza el 7% en 2022 mientras que en nuestro país era apenas de 3.3%. Ese dato puede explicarse por diversas razones, por ejemplo, el tamaño de las actividades informales. Asimismo, debe considerarse la baja participación de la población en las actividades económicas, es decir, el porcentaje más pequeño que representa la Población Económicamente Activa (PEA). Un análisis más detallado muestra que existe una cantidad muy importante de personas, sobre todo mujeres jóvenes, que desean y necesitan una ocupación remunerada, pero no la buscan debido a la carga de las tareas del hogar y de cuidados, lo cual las ubica, según las estadísticas del INEGI, como Población Económicamente No Activa. De esta manera, si se incorpora a esas personas, la cifra de desocupación oculta o disfrazada en México se elevaría al 17%. Además, como se mencionó, la baja participación en el mercado de trabajo se ubica, principalmente, en el caso de las mujeres. Para 2023, la tasa de participación femenina en México fue de 46.1% mientras que el promedio para ALC fue de 50.9%; en países como Argentina, Brasil, Colombia y Perú fue también mayor al 50%. (Cf. Samaniego y Escobar, ECONOMIAunam NO. 61, disponible en http://revistaeconomia.unam.mx/) De esta manera, queda claro que la desigualdad de géneros es un obstáculo para el desarrollo y una injusticia que no debe tolerarse. El Anuario de la CEPAL tiene información acerca de otros temas, como la desigualdad regional al interior de cada país, de los cuales no es posible dar cuenta en esta nota. Sólo podemos señalar que esa brecha, en México, es muy profunda y agudiza y hace más compleja la tarea de superar los rezagos sociales y laborales. Por otra parte, pueden cuestionarse las cifras y encontrar algunos sesgos debido a las fuentes consultadas. Sin embargo, por lo menos en los asuntos descritos, la comparación es notoria y exhibe algunos de los problemas más importantes del país. Las disparidades en materia de educación, salud y trabajo femenino en tareas no remuneradas, en comparación con los otros cinco países más importantes de América Latina (por su población y tamaño de la economía), requieren ser tomadas en cuenta para una agenda de políticas públicas urgente. Una mayor inversión en los sistemas públicos de salud, educación y de cuidados debe ser prioritaria si se quiere construir una nación más justa, igualitaria y con mejores condiciones para un desarrollo más acelerado. México ocupa un papel muy destacado en América Latina y el Caribe: tiene el potencial para que sus indicadores sociales se emparejen, por lo menos, con esa relevancia. saulescobar.blogspot.com 19032024

Un Estado débil protege poco a la gente

Un Estado debilucho Saúl Escobar Toledo Según cifras publicadas recientemente por la OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo), México tiene un gasto público, destinado a proteger a sus habitantes de las inclemencias del mercado, muy reducido, muy pequeño. De ahí que la desigualdad, la pobreza y los daños causados por catástrofes como la que nos ha azotado todo este año, crezcan cada vez más. Mientras los países analizados por este organismo erogaron un promedio de 20% de su PIB en distintos renglones del gasto social, México apenas destinó el 7.5% (en 2019). Evidentemente estamos muy lejos de los países ricos como Francia (30%) o Alemania, Italia y Austria que presupuestaron un poco menos. México está incluso por debajo de Colombia (13.1%) Chile (11.4%) y Costa Rica (12.2%) Somos el último de la lista de la OECD. Dentro de este tipo de gasto, México ha realizado una inversión muy pequeña en servicios de salud. El año pasado le destinamos apenas un 2.8% del PIB mientras que Costa Rica, Colombia y Chile erogaron 5.4; 4.8 y 4.5% respectivamente. Para no mencionar a Francia o Alemania que pusieron más del 8%. Además, en las décadas anteriores, este gasto fue mal administrado, según nos han informado las autoridades actuales, lo que da una idea de la poca capacidad de respuesta que hemos observado frente a las enfermedades crónicas y las epidemias. Otro renglón en que México invierte poco es el destinado a beneficios en efectivo para dotar de ingresos a la población en edad de trabajar. Se trata de pagos por enfermedades e incapacidades; apoyos a familias con hijos pequeños; y también aquellas destinadas a políticas activas (promoción del empleo, capacitación, ayudas fiscales) y pasivas (seguro de desempleo). Mientras el promedio de los países de la OCDE gasta un 3.7% en estos renglones, nuestro país apenas le ha destinado un 0.5%. Y es que las políticas neoliberales se afianzaron en México crudamente. Los ajustes al gasto público que tuvieron como objetivos obtener presupuestos nivelados, contener la deuda y no elevar impuestos llevaron a que las partidas previstas para proteger a la gente se mantuvieran en niveles bajos y completamente insuficientes. Se trata de una política que ya lleva tiempo. El gasto social se ha mantenido prácticamente igual en los últimos diez años (7.4% en 2010, 7.2 en 2018 y 7.5 en 2019). La OCDE advierte que la pandemia del COVID-19 seguramente aumentará este tipo de erogaciones al presentarse un aumento de la demanda de servicios de salud y la necesidad de apoyar a la población, mediante distintas formas, por los daños económicos y los empleos perdidos. Por ejemplo, subsidios de corto plazo a trabajadores desempleados; ayudas a los padres y a sus niños y niñas que no pudieron asistir a las escuelas cerradas por razones sanitarias. Sin embargo, México parece ser otra vez una excepción como lo demuestra el presupuesto andrajoso aprobado por el Congreso para 2021. Comparado con casi todos los países del mundo, el gasto social de éste y el próximo año han observado aumentos raquíticos. Los renglones que componen este tipo de gasto son un reflejo bastante fiel de lo que hace un Estado nacional para proteger a sus ciudadanos de la pobreza, las enfermedades, el rezago educativo, la falta de vivienda, la carencia de empleos bien remunerados. Si estas erogaciones son pequeñas, eso quiere decir que las capacidades estatales son reducidas. El Consenso de Washington promovió el debilitamiento del Estado, alegando que de esta manera se abriría el horizonte para un crecimiento más rápido pues las empresas no tendrían que pagar más impuestos, la inflación estaría controlada, y no tendría la competencia “desventajosa” de la inversión estatal. Como ya comprobamos en casi todo el mundo, estas recetas no sólo no cumplieron con esta promesa, sino que además condujeron a una desigualdad de ingresos y de riqueza sin precedentes y alentaron la inestabilidad política y social. Desde luego, aún en los países ricos donde el gasto en salud ha sido históricamente alto, la pandemia vino a dejar en claro el costo en vidas humanas que dejaron las políticas neoliberales, ya que en estas naciones también se congelaron las inversiones o se privatizaron los servicios sanitarios. El ogro filantrópico; el Estado obeso; las economías mixtas burocráticas e ineficientes, fueron algunos de los términos que se utilizaron para restarle fuerza a la administración pública en aras de abrir el paso a una mayor libertad a los mercados. Incluso se ha llegado a pensar que un Estado débil equivale a un estado democrático y, por lo contrario, que uno fuerte, con crecientes capacidades para proteger a sus ciudadanos, llevan a las dictaduras, los populismos y otras formas despóticas de gobierno. Ahora que la pandemia ha mostrado los saldos adversos de los paradigmas neoliberales, sus defensores voltean a ver a otro lado y nos proponen reflexionar sobre la importancia de los contras pesos al poder presidencial para conservar el clima de libertades y los avances democráticos que, según ellos, hemos alcanzado. Olvidan que, en realidad, hemos vivido una pesadilla repleta de episodios de violencia, inseguridad, saqueos y bandidaje que han carcomido las instituciones públicas. No quieren reconocer que hemos transitado hacia un sistema político fácilmente vulnerable, abusado por las mafias, y acorde con una administración pública que ha sido sistemáticamente desmantelada. Y es que un Estado débil es incapaz de promover el respeto a los derechos humanos. O, dicho de otra manera, sólo un régimen con las capacidades necesarias en términos fiscales, administrativos y económicos puede garantizar que estos derechos sean exigibles y se traduzcan en mejores políticas púbicas para combatir las carencias y afectaciones de las personas. Un Estado fuerte puede ser más o menos democrático: o si se prefiere más o menos autoritario. Pero, un Estado flaco, irremediablemente dará lugar a que las minorías poderosas que juegan en el mercado se impongan sobre la mayoría de los ciudadanos. Una administración púbica robusta, sin duda, tendría que ser acompañada por una participación ciudadana exigente, para obligar a una rendición de cuentas y a la corrección de errores y desviaciones. Por ello, resulta extraño que la 4T piense, por ejemplo, que la corrupción se debe, como dice el dicho a que, en cofre abierto, hasta el más justo peca, cuando en realidad se trata de un sistema de complicidades que se aprovecha de las debilidades estatales para actuar impunemente. También sorprende la insistencia en aplicar una política de austeridad presupuestal cuando se necesita que el Estado responda de la mejor manera posible o, como dice la UNCTAD, con todo lo que sea necesario, para proteger a sus ciudadanos. O que la capacidad de endeudamiento del gobierno federal se entienda como un factor absoluto cuando en realidad depende de los ingresos fiscales, las necesidades presentes y futuras de la sociedad, y de una estrategia encaminada para fortalecer las instituciones públicas. Peor aún resulta pensar que la negativa a emprender una reforma fiscal puede formar parte de un plan destinado a mejorar el nivel de vida de la gente cuando lo que estamos observando es un resultado de un proyecto de adelgazamiento que lleva ya casi cuatro décadas, debido a la presión de los intereses de un estrato de ricos y super ricos que no quiere pagar más contribuciones, lo que ha llevado, entre otras muchas cosas, a tener un sistema de salud enano. En fin, en pleno siglo XXI, retomar el propósito de construir un Estado con mayores recursos fiscales; con una administración diestra y trabajando con un patrón laboral decente; con instituciones saneadas, pero igualmente aptas, humana y materialmente, para atender los reclamos ciudadanos; y con un plan multianual que dirija la inversión privada mediante una creciente inversión pública: en una palabra, levantar un Estado fuerte, debería ser la lección que nos ha dejado esta pandemia. Desafortunadamente, parece que no todos hemos entendido el mensaje de la misma manera. saulescobar.blogspot.com

El proyecto económico del gobierno: mantener la ruta original en un mundo que ya cambió.

El proyecto económico del gobierno: mantener la ruta original en un mundo que ya cambió.

Saúl Escobar Toledo

Este año, la economía mundial sufrirá una severa contracción como resultado del freno de diversas actividades económicas y la pérdida de ingresos de muchos trabajadores. Tal es el diagnóstico que comparten académicos y especialistas críticos y partidarios de la globalización neoliberal; organismos multilaterales con una orientación más progresista (como la UNCTAD) o tradicionalmente conservadora (como el FMI); y organismos privados y públicos.

Por ello, desde hace unas semanas se han anunciado paquetes de estímulos económicos de una escala sin precedentes en diversos países desarrollados y en China. Es el caso de Australia, que anunció un paquete equivalente a casi diez puntos porcentuales del PIB para los próximos cuatro años; Canadá (6% del PIB); Alemania (4.5%); y Estados Unidos con un combo que representa más del 10% de su producto interno bruto.

Todo ello, advierte por ejemplo la UNCTAD, no impedirá la recesión mundial, pero hay la esperanza de que evite una larga depresión. En el caso de los países en desarrollo, sin embargo, las cosas pueden ser más complicadas porque enfrentan diversas presiones que les impiden llevar a cabo paquetes de estímulos de gran escala:  salida de divisas, devaluaciones y los desequilibrios de la balanza de pagos. El FMI reconoce, incluso, que las economías emergentes que enfrenten la fuga de capitales “necesitarán donaciones y financiamiento de la comunidad internacional” y, si es necesario, “aplicar controles de capitales”.  Éste es el panorama internacional. En cuanto a las medidas internas, se ha señalado que cada país necesitará, por lo menos:

1) comprometer todos los recursos necesarios para combatir la pandemia: según el FMI podrían ser necesarias incluso acciones “intrusivas” por parte de los gobiernos para la provisión de suministros fundamentales, celebrando contratos públicos para la compra de insumos esenciales y productos finales, y  la reconversión de industrias o nacionalizaciones selectivas.

2) Proporcionar suficientes haberes a las personas afectadas por la crisis. Los hogares que pierdan parte de sus ingresos debido al confinamiento en los hogares  y al paro técnico provocado por la caída del comercio internacional, necesitarán apoyo gubernamental. Este apoyo debe contribuir a que la gente mantenga sus empleos (y sus salarios y prestaciones). Los apoyos por desempleo (en caso de que exista un seguro de desempleo) deben ampliarse y extenderse. Es necesario también que las transferencias de efectivo lleguen a los trabajadores independientes.

3) Los gobiernos deben proporcionar un apoyo especial a las empresas privadas, incluyendo el aplazamiento del pago de impuestos; subsidios para mantener el empleo; y programas de préstamos y garantías por la banca privada y pública. Estos apoyos deberán concentrarse en las micros y pequeñas empresas.

En una palabra, hay que garantizar que las redes económicas y comerciales se preserven y que la disminución de los ingresos de los hogares sea la menor posible, pues de ello dependerá que la recuperación tarde menos y la pobreza no se extienda tanto. En términos más técnicos, evitar un shock tanto del lado de la demanda como de la oferta.

Hay que subrayar el cambio de paradigma que todo esto supone: una mayor intervención del sector público especialmente mientras persistan las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia. Ello podría incluir niveles de deuda pública más altos e incluso nuevas empresas y ramas productivas bajo control público. Es la hora del control del Estado sobre el mercado.

En el caso de los países en desarrollo, a pesar de las dificultades y riesgos por su exposición financiera, algunos gobiernos han tomado ya medidas desde el mes pasado:

Argentina, por ejemplo, desde el 23 de marzo anunció un paquete que equivale al  2% del PIB.  En Brasil las autoridades anunciaron una serie de disposiciones que representan el  3.5%. El gobierno de Chile por su parte presentó un conjunto de medidas de alrededor de 4.7% del PIB. Perú anunció un paquete de 12% (habrá que comprobar su implementación).

En México, el pasado domingo 5 de abril, el presidente López Obrador anunció una serie de medidas económicas que suman cerca de 400 mmdp, es decir, alrededor de 1.6% del PIB.  Algunos rubros ya estaban contemplados en el presupuesto. Otra parte representa créditos cuyo impacto tomará un tiempo que hoy no se puede precisar debido a que no sabemos cuándo remitirá la pandemia, como es el caso de la vivienda. Lo mismo puede decirse del número de empleos anunciados como resultado de la inversión pública.

Comparado con otros países que, incluso atraviesan por situaciones más problemáticas, el esfuerzo se ve más modesto. Faltan, además, algunas cosas:

Apoyo a trabajadores y hogares: un seguro de desempleo que tendría que ser legislado de inmediato o en su defecto apoyos en efectivo a las personas asalariadas despedidas o en paro técnico, y a trabajadores por su cuenta especialmente del sector informal.

Apoyos a PYMES: no sólo créditos directos, también aplazamientos y exenciones de impuestos y cuotas a la seguridad social.  

Para evaluar el tamaño del esfuerzo que se requiere debemos tomar en cuenta el universo de trabajadores asalariados más vulnerables y las microempresas existentes en México. En el primer caso tenemos, en número redondos de manera gruesa, y sin mucho rigor en el conteo, alrededor de 15 millones (un 28% de la población total ocupada) de trabajadores que están en peligro de sufrir una reducción prolongada de sus ingresos (desempleados, subcontratados, propineros, trabajadores informales por cuenta propia, etc). Para estos 15 millones, es indispensable llevar a cabo un programa especial consistente en otorgar transferencias directas, por ejemplo un salario mínimo diarios por tres meses. Ello equivaldría a 166 mil millones de pesos (0.7% del PIB).

Por otra parte, los micronegocios que trabajan con hasta 10 personas representan el 95% de todos los establecimientos y emplean al 38% del total de personas. Es decir, estamos hablando de alrededor de 5 millones 900 mil microempresas  que dan sustento a 13.3 millones de personas.

Para este universo, el programa anunciado por el presidente prevé 3.4 mmdp, es decir, teóricamente, unos 576 pesos por establecimiento. Si lo multiplicáramos por 10, para poder otorgar 5 760 pesos por cada changarro, ello daría un total de 34 mil mmdp, es decir un 0.14% del PIB

En total, los dos programas representarían una cantidad equivalente al 0.8-0.9% del PIB, unos 200 mil millones de pesos adicionales. Sumado a lo que se anunció el domingo, el total aumentaría a 2.5% del PIB.

Para financiarlo se requeriría más o menos lo que la Secretaría de Hacienda señaló en los llamados pre-criterios 2021 entregados al Congreso de la Unión por mandato legal hace unos días, pues consideraba que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) ascenderían a 4.4% del PIB (contra 2.6% originalmente aprobado). Sin embargo, el presidente no estuvo de acuerdo con estas propuestas.

Puede decirse entonces que el programa anunciado el domingo no se basó en la idea de la UNCTAD de hacer todo lo que se tenga que hacer, sino en otra estrategia: hagamos lo que podamos con lo que hay a la mano.

Esta estrategia no corresponde a la sanitaria, pues en este caso las autoridades del sector salud advirtieron desde el principio que, dado que la pandemia pegará al país, ineludiblemente, en forma drástica, en un futuro cercano (la llamada fase tres), había que prepararse con suficiente anticipación con medidas severas de confinamiento y suspensión de actividades (aplicadas desde el 24 de marzo).

En materia económica se ha elegido otra ruta: mantener, en lo fundamental, el proyecto original; adoptar un escenario más optimista; y llevar a cabo, en el mejor de los casos, una actuación postcrisis. Pronto veremos cuáles son los resultados de ambas estrategias.

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