Las pensiones: un problema crítico

Las pensiones: economía y política Saúl Escobar Toledo Ha llamado la atención, en diversos medios de comunicación, que en el Proyecto de presupuesto para 2023 el gobierno piense destinar una cantidad sustancial de recursos para el rubro de pensiones: alrededor de 1.6 billones de pesos. Esta cantidad representa más de la cuarta parte del gasto programable (que no incluye el pago de la deuda pública ni las participaciones a estados y municipios) calculado para el próximo año. Es decir, uno de cuatro pesos del gasto federal se destinará al pago de pensiones y el resto a salarios y programas de educación, salud, infraestructura, etc. Para entender más claramente este asunto, hay que señalar que las pensiones se clasifican en dos categorías: las que se pagan, principalmente, por medio del sistema privado manejado por las Afores (pensiones contributivas) y las que se entregan con recursos provenientes únicamente del gobierno, el programa de adultos mayores (pensiones no contributivas.) La partida para las primeras asciende a 1.3 billones, la segunda a 335 mil millones de pesos; en otras palabras, el sistema privatizado requiere del 80% del presupuesto destinado a este renglón y el público, el 20%. Lo anterior puede resultar extraño ya que las pensiones contributivas, como su nombre lo indica, se financian con aportaciones de los trabajadores, los patrones y el gobierno mientras que las no contributivas sólo con dinero púbico. ¿Cómo es posible entonces que las pensiones que reciben aportaciones de empleados y empleadores salgan mucho más caras que las que no reciben estas aportaciones? Además, las pensiones contributivas incluyen a un sector de la población mucho menor: se ha calculado que la cobertura alcanza a menos del 50% de la población de 65 años y más mientras que, según cifras del gobierno, el programa de adultos mayores (no contributivo) está cerca de alcanzar al 100% de la población de ese rango etario. Esto se debe a que el sistema Afores sólo protege a los trabajadores inscritos en la seguridad social mientras que el Programa gubernamental es universal, sus beneficiarios son todas las personas: ocupadas y no ocupadas, trabajadores activos o no, formales e informales. El enorme desembolso público destinado a las pensiones se explica, fundamentalmente, por el fracaso del sistema manejado por las administradoras privadas (Afores). Éste, no ha cumplido con las metas prometidas: su cobertura es muy limitada y el monto de las pensiones han sido exiguas para la inmensa mayoría de los trabajadores inscritos en ese programa. Además, las erogaciones que ha tenido que realizar el gobierno han aumentado cada año y mucho más de lo calculado debido al cambio de sistema y para que los trabajadores reciban la pensión mínima garantizada. En fin, que la privatización de las pensiones ha resultado excesivamente cara e injusta. Estudios detallados acerca del sistema, sus falencias y costos para el erario y para la población, pueden encontrarse en diversas ediciones de la revista El Trimestre Económico (nos. 343, 2019; 344, 2019 y no. 355, 2022). De ahí que los gobiernos de varios países de América Latina, en la última década, hayan decidido establecer un segundo pilar o programa de pensiones, no contributivo, para ampliar la cobertura y mejorar los ingresos de los adultos mayores. En algunos países, este programa es focalizado, pero en México, desde la reforma constitucional de 2020, es universal. Según el último informe de la Secretaría de Bienestar 10.5 millones de personas recibirán, en los próximos días, un pago bimestral de tres mil 850 pesos. Desde el punto de vista político, hay que recordar que se puso en marcha, por primera vez, en los primeros años de la administración de López Obrador cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (2000-2006). El programa tuvo tanta aceptación que puede considerarse que fue uno de los factores que le permitió postularse a la presidencia de la república en las elecciones de 2006. Como sabemos, los resultados oficiales no le reconocieron el triunfo por unas cuantas décimas y muchos alegaron un fraude electoral que documentaron con diversas pruebas. Se desató, además, una movilización social de gran envergadura. El éxito político del programa también puede constatarse por el hecho de que los gobiernos del PAN y el PRI lo adoptaron, aunque de manera focalizada, posteriormente, primero en 2007 y luego en 2013. Asimismo, fue recomendado por los organismos internacionales que reconocieron las insuficiencias del sistema privatizado. Convertir este programa en un derecho universal y dotarlo de los recursos necesarios, desde el principio de su gobierno, ha sido también un elemento que explica el alto nivel de aceptación del presidente entre los mexicanos durante estos años. Puede afirmarse entonces que el fracaso del sistema privatizado, una de las reformas fundamentales del neoliberalismo, fue la justificación, oportuna y acertada, para construir otro sistema paralelo, que incluye a todos los mexicanos adultos mayores. Y, con ello, adquirir un gran apoyo político. Así, para el presupuesto de 2023, el gobierno ha decidido aumentar los recursos en más del 40 por ciento (de 238 a 333 miles de millones de pesos) con relación a lo de lo aprobado el año pasado, lo que representa el 82 por ciento del total de los recursos asignados a la Secretaría del Bienestar. Lo anterior, principalmente, para aumentar el monto de la pensión que recibirán los adultos mayores. El objetivo, aseguró Hacienda, es que para 2024, el último de esta administración, alcance 6 mil pesos bimestrales. Esta estrategia tiene, sin duda, un propósito de justicia social pero, al mismo tiempo, una clara intención político electoral. Sin embargo, aunque este programa resulte más barato y justo, el naufragio del otro sistema, el de las Afores, sigue siendo un asunto muy problemático. El presidente López Obrador además de impulsar el derecho constitucional a la pensión no contributiva, logró que el Congreso aprobara una reforma al sistema privatizado. Esta reforma permitirá que más mexicanos reciban una pensión de las administradoras privadas y mejorará el monto de esa prestación ya que habrá mayores aportaciones de los empleadores y el gobierno, y reduce las comisiones cobradas por las Afores. Así que ahora tendremos, en 2023 y en los siguientes años, mayores recursos públicos destinados para las pensiones contributivas y no contributivas. El problema es que el aumento de esas erogaciones, sobre todo para el sistema de las Afores, representan un serio riesgo para las finanzas públicas. Varios analistas consideran que, en unos cuantos años, se presentará una crisis de tal magnitud que requerirá medidas drásticas. Éstas pueden consistir en varias opciones: algunos han propuesto aumentar la edad de retiro para los sistemas contributivos; otros señalan la necesidad de una reforma fiscal de una magnitud considerable ya que tendría que alcanzar para financiar las pensiones y otros gastos en materia de salud, educación, infraestructura productiva, etc. Hay otra opción: cambiar el sistema privatizado. Otras naciones lo han hecho. De acuerdo con la información de la OIT, 18 países ya revirtieron la privatización de las pensiones: entre 2000 y 2010, la República Bolivariana de Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bulgaria, Argentina, Eslovaquia, Estonia, Letonia y Lituania, Estado Plurinacional de Bolivia, y Hungría. Posteriormente, Croacia y Macedonia, Polonia, Federación de Rusia, Kazajistán, República Checa y, por último, Rumania (2017). Según Berenice Ramírez, estos países crearon un administrador público de pensiones, aumentaron la cobertura, extendieron los beneficios no contributivos e incrementaron la tasa de remplazo (el monto de la pensión que reciben los beneficiarios). Desde nuestra perspectiva, lo deseable es que, esta opción se considere como una de las prioridades reformistas de los próximos gobiernos. La política y la economía no parecen admitir otro camino.

Los programas sociales del gobierno de AMLO: una evaluación comentada de la SHCP

Los programas sociales del gobierno actual: ¿para los más pobres? Saúl Escobar Toledo

Los programas sociales que lleva a cabo el gobierno actual, podría pensarse, están destinados a aliviar la pobreza extrema y a los sectores de la población de menores ingresos. Bueno, no exactamente, según un documento preparado por la Secretaría de Hacienda (disponible en: www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx). En el informe que entregó esta dependencia, hace unos meses, a la Cámara de Diputados acerca de la “distribución del pago de impuestos y recepción del gasto púbico por deciles de hogares y personas, resultados para el año 2020”, se afirma que: “Al analizar el cambio… de las transferencias (gubernamentales) entre 2018 y 2020, se aprecia una reducción en la incidencia en el ingreso total para los primeros deciles en 2020”. Y reitera: “La variación del ingreso después de las transferencias en 2020 respecto a 2018 tuvo un menor impacto en los deciles más pobres”. Quizás valga la pena recordar que, para estudiar la distribución del ingreso, se divide a la población en diez partes o deciles de acuerdo con los ingresos que recibe por su trabajo, rentas de inmuebles o bancarias, y transferencias del gobierno (y otras ayudas como las remesas que viene del extranjero). Bajo esta clasificación, el más pobre es el I y el más rico el X. El informe de Hacienda no duda en señalar que el gasto del gobierno en desarrollo social en 2020, comparado con el de 2018, tuvo un cambio de orientación que dio como resultado que los sectores más beneficiados fueran aquellos que están ubicados en los deciles del V al VIII, y en menor medida los más pobres ubicados en los deciles del I al III. Eso no quiere decir que haya empeorado la distribución del ingreso pues, por ejemplo, estos tres deciles mejoraron levemente su participación en el ingreso nacional, pasaron del 20.8 al 23.5 por ciento. Pero indica que el gasto gubernamental de esta administración tuvo como efecto que el aumento de los ingresos, mediante las transferencias que reciben por parte del gobierno, beneficiara mayormente a los sectores que se ubican por encima del 50 por ciento de la población. Hay que subrayar que cuando se habla de ingresos que reciben las familias, Hacienda contempla las transferencias del gobierno que se clasifican como monetarias, es decir las que reciben los hogares en efectivo, y por otro lado las transferencias no monetarias o en especie que son aquellas que perciben los hogares en rubros como alimentación, uso del transporte público, servicios de conservación para la vivienda, medicamentos y bienes para el cuidado de la salud, y material y equipo educativo. Hacienda justifica este resultado debido al “nuevo enfoque de política social” que dio lugar a nuevos programas sociales basado en la universalidad y no programas focalizados. Sin embargo, el propio estudio señala que, en realidad, lo que sucedió fue que aumentaron notablemente las transferencias monetarias, pero al mismo tiempo se redujeron las transferencias no monetarias. Así, por ejemplo, rubros del presupuesto como educación, cultura, vivienda y protección ambiental disminuyeron proporcionalmente con relación al gasto total. Esta reducción no socorrió principalmente a los más pobres: “La distribución de las transferencias no monetarias en 2018 estaba dirigida, en mayor proporción, a los primeros deciles; en contraste, con el nuevo enfoque de política social, se observa que las transferencias no monetarias en los tres órdenes de gobierno cambian considerablemente su distribución en 2020, favoreciendo, en términos generales, a los deciles V, VI, VII y VIII”. De esta manera, se produjo un desequilibrio. Al aumentar la importancia de las transferencias monetarias y disminuir las no monetarias, el impacto en la sociedad fue disparejo, beneficiando a los sectores ubicado en los deciles superiores, con excepción del X. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que los programas que transfieren dinero en efectivo directamente a los hogares tampoco son iguales: el más destacado y que concentra la mayor cantidad de recursos es el de adultos mayores. Otros, como Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez y la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, recibieron una menor porción del presupuesto a pesar de que favorecen a los más pobres. Sin embargo, Hacienda afirma que el programa universal para adultos mayores tiene mucho mayor incidencia en la población urbana que en la rural; ha favorecido más a los hombres que a las mujeres; y a los hogares de mayores ingresos. De esta manera, según Hacienda, las transferencias monetarias también favorecieron “particularmente” a los deciles V, VI y VII en comparación con 2018. Se produjeron por lo tanto dos desequilibrios: el primero, al aumentar las transferencias monetarias y disminuir las no monetarias; y el segundo, al destinar mucho mayores recursos al programa para adultos mayores y en menor medida a los otros programas, pagados en efectivo, que llegan a los hogares cada determinado tiempo. Estos dos desequilibrios explicarían la mejoría relativa de los deciles situados por encima de la mitad de la población. Corregir estos desequilibrios requiere, fundamentalmente, abandonar la estrategia de sostener un presupuesto austero (o “franciscano”) y, por medio de una reforma fiscal, aumentar los recursos para el desarrollo social, particularmente aquellos que requieren las familias en especie y en rubros como alimentación, educación, vivienda y transporte. En el documento que comentamos, se afirma que los impuestos, especialmente el Impuesto sobre la renta (ISR) es “progresivo” pues paga más el que recibe más ingresos. Sin embargo, un análisis más detallado mostraría que se puede mejorar mucho esa progresividad si tomamos en cuenta no sólo al decil superior sino al 1% más rico, el cual acapara una porción desproporcionada del ingreso nacional. No se trata entonces de echar marcha atrás en el carácter universal de algunos programas o de reducir su monto, como en el caso de los adultos mayores, sino de mejorar el conjunto de la política social. Hay que recordar que el estudio de Hacienda analiza sólo el año 2020. Ahora, en 2022, nos encontramos en una nueva situación, en la que la inflación está afectando a la población más pobre debido a que el aumento de precios ha sido más elevado en el caso de los alimentos. Por ello, mantener la misma estrategia en el caso del gasto social no parece una buena idea. Por otro lado, contener la inflación mediante los subsidios a la gasolina y el diésel también tiene efectos regresivos. El estudio de Hacienda reconoce que: “el gasto en estos combustibles está altamente concentrado en los hogares con mayores ingresos”. Y subraya que menos del 25.0% del gasto se realiza por el 50.0% de la población de menores ingresos, mientras que el 44.5% del gasto en estos bienes es ejercido por el 20.0% de las personas más acomodadas. Sin embargo, recientemente, el titular de la secretaría declaró que la gasolina barata ha ayudado a atenuar la inflación debido a sus efectos en el transporte de personas y mercancías y en los costos de producción de las empresas (por su consumo de electricidad y gas). Según el funcionario, la inflación sería dos puntos mayor sin estos subsidios. El problema es que esta medida no ha tenido efectos muy notables en el caso de los alimentos. De acuerdo con las últimas cifras, la inflación en estos rubros ha sido notablemente mayor que el promedio general (8.16% en julio). Además, el alza en las tasas de interés afectará el ritmo de la actividad económica y al empleo. Encarecerá, a diferencia de lo que afirman sus defensores, el costo de algunos productos, especialmente, aquellos cuya demanda no disminuye tan aceleradamente (bienes básicos) o que dependen de la oferta externa de insumos (como los fertilizantes). En estas condiciones, se antoja una nueva política de impuestos y de gasto público. La “autocrítica” de Hacienda no es suficiente ni es del todo correcta. saulescobar.blogspot.com

Estados Unidos y México: una relación económica tóxica

Estados Unidos y México: ¿Una relación económica tóxica? Saúl Escobar Toledo Casi al mismo tiempo, el Banco Mundial y la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) publicaron sendos estudios acerca de la situación económica del mundo y, en particular, de México. El primero, bajó la estimación del crecimiento de nuestro país de 2.1% a 1.7% mientras que la segunda lo hizo de 2.3 a 1.9%. Se trata, desde luego, de malas noticias que se distancian mucho del optimismo gubernamental. Sin embargo, lo más notable es que ambos documentos coinciden en una cuestión de gran relevancia : una de las causas más importantes de nuestra caída tiene como origen Estados Unidos. Dice el Banco Mundial : “Los altos niveles de inflación, la incertidumbre política, la política monetaria más restrictiva y la desaceleración del crecimiento de Estados Unidos, el principal socio comercial del país, pasarán factura al Producto Interno Bruto (PIB) de México”. De esta manera, asegura, nuestra economía crecerá de manera más lenta que el conjunto de América Latina. Por su parte, la OCDE señala que “La turbulencia geopolítica, producto de la guerra en Ucrania, ha generado una nueva fuente de incertidumbre para la economía mexicana. Si bien los lazos comerciales y financieros con los países en conflicto son débiles, las exportaciones mexicanas se verán afectadas indirectamente, principalmente a través de la economía estadounidense” De esta manera, se cuestiona seriamente el fundamento más importante de la estrategia de crecimiento seguida por todos los gobiernos desde Salinas de Gortari (1988-1994) a la fecha. La confianza en que las exportaciones manufactureras de México a Estados Unidos serían el motor de nuestro desarrollo. Ahora resulta que esa integración económica se convierte en una fuente deletérea o, si no queremos exagerar, al menos, perjudicial. Por su parte, la CEPAL ha señalado, también en una publicación reciente, que “El impacto del alza de precios… será diferente de un país al otro. En Colombia, México, Paraguay y Brasil tendrá lugar un fuerte retroceso de la lucha contra la pobreza”. Considera que nuestro país “cerrará el año con un porcentaje de 36.2%, mayor a la tasa de pobreza de 34.9% que se observó el año pasado”. Advierte, además, que el fenómeno puede ser peor: “si se llega a un nivel aún mayor de inflación de lo estimado, la pobreza en territorio mexicano podría llegar a 37.2 por ciento” afectando a entre 1.6 y 2.5 millones más de personas. El trabajo de la CEPAL considera que este aumento de la pobreza se deberá a que México presenta “una de las mayores inflaciones en los precios de los alimentos y bebidas de América Latina” y señala que, en marzo, estos productos se encarecieron 12.1% a tasa anual. De esta manera, un fuerte encarecimiento de estos bienes de primera necesidad, junto con un crecimiento económico muy lento, dan como resultado una mezcla fatal que propiciará un incremento significativo de la pobreza en México. Algunos países podrán ser afectados por la inflación, pero conocerán una mayor expansión económica, lo que se traduciría en un impacto menor en los niveles de pobreza. En cambio, nosotros, en buena medida, según las instituciones señaladas, por nuestros lazos comerciales con EU, tendremos una inflación más elevada y un crecimiento más lento. Esta situación se refleja en nuestro mercado laboral. Sin duda las cosas han mejorado, y en algunos casos hemos llegado a niveles similares a la prepandemia, allá por principios de 2020. Por ejemplo, la tasa de desocupación era de 3.5% en el primer trimestre de 2020 y en abril de este año había bajado a 3%. No obstante, si consideramos los tres indicadores de la llamada brecha laboral (desocupación, subocupación y población inactiva disponible para trabajar) tenemos que a principios de 2020 era de 12.5 millones, un 21.8% de la PEA. En cambio, en el cuarto mes de 2022, agrupaba ya a 14.7 millones y el 24.7% de la PEA. Estas cifras indicarían que no hemos recuperado lo perdido y que de seguir así, al menos 2,2 millones de personas trabajadoras y sus familias, podrían caer en pobreza por la falta de un empleo que les ofrezca un ingreso suficiente.. De otro lado, se advierte que el sector secundario, es decir, la industria y en especial las manufacturas no han tenido un crecimiento notable y representan, al igual que antes de la pandemia, el 25% de la población ocupada. El resto está ubicado en el sector primario (12%) y sobre todo en el terciario, los servicios (63%). No ha habido un cambio sustantivo en la estructura del empleo. Y es que por ejemplo, la industria automotriz, una de las ramas de exportación más importantes, no ha recuperado los niveles de producción y envíos al exterior (principalmente a EU) que tenía antes de la pandemia: a pesar de haber crecido un 15% en mayo de este año, están todavía 22.4% debajo de 2019. Tan mal se ve la posibilidad de que la economía de EU jale a la mexicana que la OCDE considera que uno de los factores que podrían impulsar el crecimiento en México podría ser el gasto social. El otro, por supuesto, como en cualquier economía, tendría que ser la inversión. Sin embargo, esta última no despega en parte porque la inversión pública no lo hace. Y, por su parte, el gasto social, aunque aumentó 1.5% a tasa anual, resulta insuficiente para hacer crecer la economía a ritmos más elevados. Apostarle al aumento del consumo interno, como sugiere la OCDE, en lugar de las exportaciones, significa un cambio de paradigma obligado por las circunstancias. Una reorientación acertada y necesaria. Lastimosamente, lo que hemos escuchado en estos días por parte del gobierno, han sido definiciones que van en sentido contrario: mientras que el presidente López Obrador habla de “pasar de la austeridad a la pobreza franciscana” en lo que toca al presupuesto público, el Secretario de Hacienda peca de optimismo y confía, de nueva cuenta, en los mercados externos. Hace poco aseguró (El Economista, 8 de junio): “los países de las economías desarrolladas, cuyas inversiones se hacían en regiones con mano de obra barata, ahora se enfrentan a costos de transporte elevados ante la interrupción de las cadenas de suministro, así como los recientes incrementos en los precios de los energéticos, fertilizantes y alimentos”. Ello podría dar a México una “oportunidad única”, aprovechando la cercanía geográfica con EU, para convertirse “en un polo de producción en la región”. A largo plazo, el secretario podría tener razón. Ello depende de muchas cosas que hoy se ven inciertas: la guerra en Ucrania, la inflación mundial, las relaciones entre China y Estados Unidos, y los tiempos y ritmos de la economía de este país. Pero la gente necesita comer y tener empleos a tiempo completo hoy. Por eso es importante contar con un proyecto de desarrollo alternativo que no se apoye, exclusivamente, en las exportaciones manufactureras a nuestro vecino del norte. Si aumentar el gasto público y, en especial, la inversión, puede hacer que los precios crezcan aún más, ello podría ser un fenómeno reversible o transitorio si el crecimiento económico se acelera gracias a una expansión de la producción y el consumo interno y, por lo tanto, del empleo. Y, sobre todo, sería más justo y sentaría las bases para un desarrollo más independiente. ¿No son ésas las metas a las qué deberíamos aspirar? saulescobar.blogspot.com

Un Estado débil protege poco a la gente

Un Estado debilucho Saúl Escobar Toledo Según cifras publicadas recientemente por la OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo), México tiene un gasto público, destinado a proteger a sus habitantes de las inclemencias del mercado, muy reducido, muy pequeño. De ahí que la desigualdad, la pobreza y los daños causados por catástrofes como la que nos ha azotado todo este año, crezcan cada vez más. Mientras los países analizados por este organismo erogaron un promedio de 20% de su PIB en distintos renglones del gasto social, México apenas destinó el 7.5% (en 2019). Evidentemente estamos muy lejos de los países ricos como Francia (30%) o Alemania, Italia y Austria que presupuestaron un poco menos. México está incluso por debajo de Colombia (13.1%) Chile (11.4%) y Costa Rica (12.2%) Somos el último de la lista de la OECD. Dentro de este tipo de gasto, México ha realizado una inversión muy pequeña en servicios de salud. El año pasado le destinamos apenas un 2.8% del PIB mientras que Costa Rica, Colombia y Chile erogaron 5.4; 4.8 y 4.5% respectivamente. Para no mencionar a Francia o Alemania que pusieron más del 8%. Además, en las décadas anteriores, este gasto fue mal administrado, según nos han informado las autoridades actuales, lo que da una idea de la poca capacidad de respuesta que hemos observado frente a las enfermedades crónicas y las epidemias. Otro renglón en que México invierte poco es el destinado a beneficios en efectivo para dotar de ingresos a la población en edad de trabajar. Se trata de pagos por enfermedades e incapacidades; apoyos a familias con hijos pequeños; y también aquellas destinadas a políticas activas (promoción del empleo, capacitación, ayudas fiscales) y pasivas (seguro de desempleo). Mientras el promedio de los países de la OCDE gasta un 3.7% en estos renglones, nuestro país apenas le ha destinado un 0.5%. Y es que las políticas neoliberales se afianzaron en México crudamente. Los ajustes al gasto público que tuvieron como objetivos obtener presupuestos nivelados, contener la deuda y no elevar impuestos llevaron a que las partidas previstas para proteger a la gente se mantuvieran en niveles bajos y completamente insuficientes. Se trata de una política que ya lleva tiempo. El gasto social se ha mantenido prácticamente igual en los últimos diez años (7.4% en 2010, 7.2 en 2018 y 7.5 en 2019). La OCDE advierte que la pandemia del COVID-19 seguramente aumentará este tipo de erogaciones al presentarse un aumento de la demanda de servicios de salud y la necesidad de apoyar a la población, mediante distintas formas, por los daños económicos y los empleos perdidos. Por ejemplo, subsidios de corto plazo a trabajadores desempleados; ayudas a los padres y a sus niños y niñas que no pudieron asistir a las escuelas cerradas por razones sanitarias. Sin embargo, México parece ser otra vez una excepción como lo demuestra el presupuesto andrajoso aprobado por el Congreso para 2021. Comparado con casi todos los países del mundo, el gasto social de éste y el próximo año han observado aumentos raquíticos. Los renglones que componen este tipo de gasto son un reflejo bastante fiel de lo que hace un Estado nacional para proteger a sus ciudadanos de la pobreza, las enfermedades, el rezago educativo, la falta de vivienda, la carencia de empleos bien remunerados. Si estas erogaciones son pequeñas, eso quiere decir que las capacidades estatales son reducidas. El Consenso de Washington promovió el debilitamiento del Estado, alegando que de esta manera se abriría el horizonte para un crecimiento más rápido pues las empresas no tendrían que pagar más impuestos, la inflación estaría controlada, y no tendría la competencia “desventajosa” de la inversión estatal. Como ya comprobamos en casi todo el mundo, estas recetas no sólo no cumplieron con esta promesa, sino que además condujeron a una desigualdad de ingresos y de riqueza sin precedentes y alentaron la inestabilidad política y social. Desde luego, aún en los países ricos donde el gasto en salud ha sido históricamente alto, la pandemia vino a dejar en claro el costo en vidas humanas que dejaron las políticas neoliberales, ya que en estas naciones también se congelaron las inversiones o se privatizaron los servicios sanitarios. El ogro filantrópico; el Estado obeso; las economías mixtas burocráticas e ineficientes, fueron algunos de los términos que se utilizaron para restarle fuerza a la administración pública en aras de abrir el paso a una mayor libertad a los mercados. Incluso se ha llegado a pensar que un Estado débil equivale a un estado democrático y, por lo contrario, que uno fuerte, con crecientes capacidades para proteger a sus ciudadanos, llevan a las dictaduras, los populismos y otras formas despóticas de gobierno. Ahora que la pandemia ha mostrado los saldos adversos de los paradigmas neoliberales, sus defensores voltean a ver a otro lado y nos proponen reflexionar sobre la importancia de los contras pesos al poder presidencial para conservar el clima de libertades y los avances democráticos que, según ellos, hemos alcanzado. Olvidan que, en realidad, hemos vivido una pesadilla repleta de episodios de violencia, inseguridad, saqueos y bandidaje que han carcomido las instituciones públicas. No quieren reconocer que hemos transitado hacia un sistema político fácilmente vulnerable, abusado por las mafias, y acorde con una administración pública que ha sido sistemáticamente desmantelada. Y es que un Estado débil es incapaz de promover el respeto a los derechos humanos. O, dicho de otra manera, sólo un régimen con las capacidades necesarias en términos fiscales, administrativos y económicos puede garantizar que estos derechos sean exigibles y se traduzcan en mejores políticas púbicas para combatir las carencias y afectaciones de las personas. Un Estado fuerte puede ser más o menos democrático: o si se prefiere más o menos autoritario. Pero, un Estado flaco, irremediablemente dará lugar a que las minorías poderosas que juegan en el mercado se impongan sobre la mayoría de los ciudadanos. Una administración púbica robusta, sin duda, tendría que ser acompañada por una participación ciudadana exigente, para obligar a una rendición de cuentas y a la corrección de errores y desviaciones. Por ello, resulta extraño que la 4T piense, por ejemplo, que la corrupción se debe, como dice el dicho a que, en cofre abierto, hasta el más justo peca, cuando en realidad se trata de un sistema de complicidades que se aprovecha de las debilidades estatales para actuar impunemente. También sorprende la insistencia en aplicar una política de austeridad presupuestal cuando se necesita que el Estado responda de la mejor manera posible o, como dice la UNCTAD, con todo lo que sea necesario, para proteger a sus ciudadanos. O que la capacidad de endeudamiento del gobierno federal se entienda como un factor absoluto cuando en realidad depende de los ingresos fiscales, las necesidades presentes y futuras de la sociedad, y de una estrategia encaminada para fortalecer las instituciones públicas. Peor aún resulta pensar que la negativa a emprender una reforma fiscal puede formar parte de un plan destinado a mejorar el nivel de vida de la gente cuando lo que estamos observando es un resultado de un proyecto de adelgazamiento que lleva ya casi cuatro décadas, debido a la presión de los intereses de un estrato de ricos y super ricos que no quiere pagar más contribuciones, lo que ha llevado, entre otras muchas cosas, a tener un sistema de salud enano. En fin, en pleno siglo XXI, retomar el propósito de construir un Estado con mayores recursos fiscales; con una administración diestra y trabajando con un patrón laboral decente; con instituciones saneadas, pero igualmente aptas, humana y materialmente, para atender los reclamos ciudadanos; y con un plan multianual que dirija la inversión privada mediante una creciente inversión pública: en una palabra, levantar un Estado fuerte, debería ser la lección que nos ha dejado esta pandemia. Desafortunadamente, parece que no todos hemos entendido el mensaje de la misma manera. saulescobar.blogspot.com

La política económica frente a la pandemia: apuntes iniciales

Un apunte sobre la política económica frente a la pandemia

Saúl Escobar Toledo 

La propagación del coronavirus representa en primer lugar una amenaza sanitaria pero también un riesgo económico. La UNCTAD, el organismo más importante de la ONU para el desarrollo ha anunciado que los efectos del Covid 19 desatarán una recesión en algunos países y un menor crecimiento en otros. La duración y la profundidad de la crisis dependerán de la gravedad del contagio pero, asimismo, de la eficacia de las políticas públicas. La caída de la producción puede tener la forma de una V, es decir, de corta duración. O puede tener la forma de una U, lo que significaría una recesión más prolongada.

Para diseñar una política económica adecuada, la UNCTAD considera que es necesario tomar en cuenta los tres canales de la disrupción: la demanda, la oferta y el sector financiero.

En el primer caso, las reclusiones y aislamientos de las personas están provocando un menor consumo sobre todo en el sector servicios: turismo, restaurantes, etc. En el lado de la oferta, la suspensión de actividades y el ausentismo forzado en algunas ramas manufactureras en las localidades más contaminadas por el virus tendrán efectos a nivel global. La caída de exportaciones de bienes finales y de materias primas y otros insumos, afectarán a las empresas y el empleo en varias partes del mundo. En cuanto al sector financiero, el principal problema es el endeudamiento público y corporativo en muchos países, y un sistema dedicado a la especulación y la evasión fiscal.

La respuesta apropiada tiene que atender estos canales. Los gobiernos deben aumentar su gasto, comprando bienes esenciales para combatir la enfermedad e invirtiendo en otros rubros como la industria de la construcción, pero también realizando transferencias directas en efectivo a la población más necesitada.

Resulta fundamental tomar en cuenta que, en estos momentos, a pesar de los problemas del lado de la oferta, se requiere sostener la demanda, aunque para ello los gobiernos tengan que recurrir a un mayor endeudamiento. En cambio, la UNCTAD no recomienda llevar a cabo rescates o transferencias directas a las empresas.

Por otro lado, será necesario facilitar el otorgamiento de créditos directos a la producción sobre todo mediante los bancos de desarrollo. Instituciones multilaterales como el FMI deben ofrecer, igualmente, mecanismos de bajo costo para financiar a los países menos desarrollados. Una moratoria de la deuda pública externa para las naciones más necesitadas tiene que ser considerada.

Dicho en otras palabras, las políticas económicas aplicables deben partir del reconocimiento de que la pandemia está agravando otra enfermedad mayor de nuestro tiempo: la creciente y excesiva desigualdad económica y social.

Por ello, será necesario ayudar primero a las personas más vulnerables al virus y a la recesión productiva. Desde una óptica laboral, de cara a la emergencia, se pude partir  del esquema de Milanovic y tomar en cuenta cinco grupos de trabajadores: a) doctores y personal médico; b) empleados formales  en el  sector servicios  (sobre todo en el  comercio de bienes de consumo); c) obreros industriales y trabajadores rurales; d) profesionales y personas que pueden laborar  a distancia (desde su casa); y e) trabajadores informales por su cuenta de todo tipo, principalmente aquellos que se verán afectados por la caída del consumo.

El problema es que, para evitar contagios, los trabajadores deberían laborar menos tiempo o de plano irse a sus casas y recluirse. Sin embargo, en el caso de a), ello sería catastrófico; en lo que toca a b), su ausencia puede generar un desabasto de alimentos y bienes esenciales; si los empleados de c) faltan a sus labores ello puede repercutir en una menor demanda y oferta de bienes; y en referencia a e), la falta de ingresos puede conducirlos a buscar otras fuentes igualmente peligrosas desde el punto de vista sanitario o ser víctimas de una grave crisis social. Los únicos que no se verán afectados sensiblemente son los d).

Por ello, es indispensable buscar un equilibrio entre mantener activos a algunos trabajadores y recluir a otros. No se puede ni mandar a todos a su casa ni dejar que las cosas funcionen como si nada pasara. Hay que tratar de mantener la actividad económica, aunque desde luego a un menor ritmo, tanto como sea posible.

La cuestión radica entonces en explorar si se puede lograr un mejor equilibrio entre reclusión y trabajo, entre mantener una parte de la actividad económica y combatir la propagación del virus.   

Según algunos especialistas, como Wan Manan y Nazihah Noor, expertos en salud pública, la experiencia de Corea del Sur (y de Japón y Taiwán) mostraría que se puede controlar el Covid-19 (la tasa de mortalidad aquí ha sido menor al 1%) y al mismo tiempo evitar la asfixia de las actividades económicas y sociales. Las autoridades de ese país alegan haber adoptado un modelo diferente al del occidente, basado, por un lado, en restringir reuniones masivas y cerrar escuelas pero, además,  en cuidar selectivamente a la población en mayor riesgo y promover mecanismos de diagnóstico temprano y eficiente, lo que requiere la participación de las personas y las familias (no sólo del gobierno). La respuesta de estos países en materia económica sugiere también la necesidad de un estado fuerte que actúe con decisión para reasignar recursos y mano de obra, de tal manera que las empresas produzcan lo que más se necesita en estos momentos. Con base en la experiencia asiática, recomiendan a los gobiernos considerar diversas opciones y actuar con prudencia, no bajo la presión del pánico. De esta manera, señalan, se podría evitar que las medidas sanitarias y sus consecuencias económicas afecten a más personas que la propagación del virus

Podemos entonces sacar algunas conclusiones para el caso de México. Se requiere: 1) mantener un consumo responsable; 2) cuidar que no se desplome la oferta de productos y servicios más necesarios; 3) conducir una política de créditos agresiva para sostener la oferta y la demanda efectiva. Para ello, el gobierno debe aumentar su gasto corriente y sus inversiones en infraestructura en el sector salud y en aquellas ramas productivas que considere necesarias. Adicionalmente, elevar las transferencias directas de efectivo a la población más vulnerable: adultos mayores y trabajadores sin protección social. En materia de política fiscal, hay que subrayar que México tiene un nivel de deuda menor que otros países, por lo que hay que olvidarse de los parámetros previstos antes de la epidemia. Desde luego dejar a un lado la meta del déficit presupuestal de 2.1%, reorganizar el presupuesto y revisar las alternativas de financiamiento. También habría que pensar en una reducción del IVA. El crédito a las empresas por parte de la banca de desarrollo deberá aumentarse de manera programada sobre todo en la medida en que la enfermedad vaya cediendo.

En materia laboral, habrá que hacer nuevas contrataciones para el sector salud (que no requieran una capacitación prolongada) y fortalecer la seguridad de sus condiciones de trabajo; proteger con medidas sanitarias a los trabajadores del sector servicios, sobre todo de distribución, comercialización  y venta de productos alimenticios y de consumo final más indispensables, y tratar de evitar despidos o vacaciones forzosas no pagadas;  garantizar la estabilidad laboral de los obreros  de las manufacturas (y la agricultura),  y los pagos correspondientes por enfermedades y paros técnicos. Un caso aparte son las personas que trabajan por su cuenta en la informalidad, a los cuales se le debe garantizar su atención médica gratuita, ayudarlos a mitigar la caída de sus ingresos con medidas generales (reducción de IVA) o selectivas (transferencias en efectivo focalizadas).

Llevar a cabo acciones que aminoren la caída económica y al mismo tiempo eviten los contagios del virus, requiere la confianza de la ciudadanía en sí misma, en las instituciones y en la información de fuentes confiables.

La capacidad del gobierno para atender todos estos rubros será (siempre lo es) limitada. La clave del éxito no reside en la escasez sino en la capacidad del gobierno y del estado mexicano para actuar con habilidad, conocimiento y decisión. Y en la solidaridad de los ciudadanos para no sólo ver por sí mismos sino también por los más necesitados.

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