El proyecto económico del gobierno: mantener la ruta original en un mundo que ya cambió.

El proyecto económico del gobierno: mantener la ruta original en un mundo que ya cambió.

Saúl Escobar Toledo

Este año, la economía mundial sufrirá una severa contracción como resultado del freno de diversas actividades económicas y la pérdida de ingresos de muchos trabajadores. Tal es el diagnóstico que comparten académicos y especialistas críticos y partidarios de la globalización neoliberal; organismos multilaterales con una orientación más progresista (como la UNCTAD) o tradicionalmente conservadora (como el FMI); y organismos privados y públicos.

Por ello, desde hace unas semanas se han anunciado paquetes de estímulos económicos de una escala sin precedentes en diversos países desarrollados y en China. Es el caso de Australia, que anunció un paquete equivalente a casi diez puntos porcentuales del PIB para los próximos cuatro años; Canadá (6% del PIB); Alemania (4.5%); y Estados Unidos con un combo que representa más del 10% de su producto interno bruto.

Todo ello, advierte por ejemplo la UNCTAD, no impedirá la recesión mundial, pero hay la esperanza de que evite una larga depresión. En el caso de los países en desarrollo, sin embargo, las cosas pueden ser más complicadas porque enfrentan diversas presiones que les impiden llevar a cabo paquetes de estímulos de gran escala:  salida de divisas, devaluaciones y los desequilibrios de la balanza de pagos. El FMI reconoce, incluso, que las economías emergentes que enfrenten la fuga de capitales “necesitarán donaciones y financiamiento de la comunidad internacional” y, si es necesario, “aplicar controles de capitales”.  Éste es el panorama internacional. En cuanto a las medidas internas, se ha señalado que cada país necesitará, por lo menos:

1) comprometer todos los recursos necesarios para combatir la pandemia: según el FMI podrían ser necesarias incluso acciones “intrusivas” por parte de los gobiernos para la provisión de suministros fundamentales, celebrando contratos públicos para la compra de insumos esenciales y productos finales, y  la reconversión de industrias o nacionalizaciones selectivas.

2) Proporcionar suficientes haberes a las personas afectadas por la crisis. Los hogares que pierdan parte de sus ingresos debido al confinamiento en los hogares  y al paro técnico provocado por la caída del comercio internacional, necesitarán apoyo gubernamental. Este apoyo debe contribuir a que la gente mantenga sus empleos (y sus salarios y prestaciones). Los apoyos por desempleo (en caso de que exista un seguro de desempleo) deben ampliarse y extenderse. Es necesario también que las transferencias de efectivo lleguen a los trabajadores independientes.

3) Los gobiernos deben proporcionar un apoyo especial a las empresas privadas, incluyendo el aplazamiento del pago de impuestos; subsidios para mantener el empleo; y programas de préstamos y garantías por la banca privada y pública. Estos apoyos deberán concentrarse en las micros y pequeñas empresas.

En una palabra, hay que garantizar que las redes económicas y comerciales se preserven y que la disminución de los ingresos de los hogares sea la menor posible, pues de ello dependerá que la recuperación tarde menos y la pobreza no se extienda tanto. En términos más técnicos, evitar un shock tanto del lado de la demanda como de la oferta.

Hay que subrayar el cambio de paradigma que todo esto supone: una mayor intervención del sector público especialmente mientras persistan las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia. Ello podría incluir niveles de deuda pública más altos e incluso nuevas empresas y ramas productivas bajo control público. Es la hora del control del Estado sobre el mercado.

En el caso de los países en desarrollo, a pesar de las dificultades y riesgos por su exposición financiera, algunos gobiernos han tomado ya medidas desde el mes pasado:

Argentina, por ejemplo, desde el 23 de marzo anunció un paquete que equivale al  2% del PIB.  En Brasil las autoridades anunciaron una serie de disposiciones que representan el  3.5%. El gobierno de Chile por su parte presentó un conjunto de medidas de alrededor de 4.7% del PIB. Perú anunció un paquete de 12% (habrá que comprobar su implementación).

En México, el pasado domingo 5 de abril, el presidente López Obrador anunció una serie de medidas económicas que suman cerca de 400 mmdp, es decir, alrededor de 1.6% del PIB.  Algunos rubros ya estaban contemplados en el presupuesto. Otra parte representa créditos cuyo impacto tomará un tiempo que hoy no se puede precisar debido a que no sabemos cuándo remitirá la pandemia, como es el caso de la vivienda. Lo mismo puede decirse del número de empleos anunciados como resultado de la inversión pública.

Comparado con otros países que, incluso atraviesan por situaciones más problemáticas, el esfuerzo se ve más modesto. Faltan, además, algunas cosas:

Apoyo a trabajadores y hogares: un seguro de desempleo que tendría que ser legislado de inmediato o en su defecto apoyos en efectivo a las personas asalariadas despedidas o en paro técnico, y a trabajadores por su cuenta especialmente del sector informal.

Apoyos a PYMES: no sólo créditos directos, también aplazamientos y exenciones de impuestos y cuotas a la seguridad social.  

Para evaluar el tamaño del esfuerzo que se requiere debemos tomar en cuenta el universo de trabajadores asalariados más vulnerables y las microempresas existentes en México. En el primer caso tenemos, en número redondos de manera gruesa, y sin mucho rigor en el conteo, alrededor de 15 millones (un 28% de la población total ocupada) de trabajadores que están en peligro de sufrir una reducción prolongada de sus ingresos (desempleados, subcontratados, propineros, trabajadores informales por cuenta propia, etc). Para estos 15 millones, es indispensable llevar a cabo un programa especial consistente en otorgar transferencias directas, por ejemplo un salario mínimo diarios por tres meses. Ello equivaldría a 166 mil millones de pesos (0.7% del PIB).

Por otra parte, los micronegocios que trabajan con hasta 10 personas representan el 95% de todos los establecimientos y emplean al 38% del total de personas. Es decir, estamos hablando de alrededor de 5 millones 900 mil microempresas  que dan sustento a 13.3 millones de personas.

Para este universo, el programa anunciado por el presidente prevé 3.4 mmdp, es decir, teóricamente, unos 576 pesos por establecimiento. Si lo multiplicáramos por 10, para poder otorgar 5 760 pesos por cada changarro, ello daría un total de 34 mil mmdp, es decir un 0.14% del PIB

En total, los dos programas representarían una cantidad equivalente al 0.8-0.9% del PIB, unos 200 mil millones de pesos adicionales. Sumado a lo que se anunció el domingo, el total aumentaría a 2.5% del PIB.

Para financiarlo se requeriría más o menos lo que la Secretaría de Hacienda señaló en los llamados pre-criterios 2021 entregados al Congreso de la Unión por mandato legal hace unos días, pues consideraba que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) ascenderían a 4.4% del PIB (contra 2.6% originalmente aprobado). Sin embargo, el presidente no estuvo de acuerdo con estas propuestas.

Puede decirse entonces que el programa anunciado el domingo no se basó en la idea de la UNCTAD de hacer todo lo que se tenga que hacer, sino en otra estrategia: hagamos lo que podamos con lo que hay a la mano.

Esta estrategia no corresponde a la sanitaria, pues en este caso las autoridades del sector salud advirtieron desde el principio que, dado que la pandemia pegará al país, ineludiblemente, en forma drástica, en un futuro cercano (la llamada fase tres), había que prepararse con suficiente anticipación con medidas severas de confinamiento y suspensión de actividades (aplicadas desde el 24 de marzo).

En materia económica se ha elegido otra ruta: mantener, en lo fundamental, el proyecto original; adoptar un escenario más optimista; y llevar a cabo, en el mejor de los casos, una actuación postcrisis. Pronto veremos cuáles son los resultados de ambas estrategias.

saulescobar.blogspot.com

Una estrategia recatada, y sus posibles consecuencias

Saúl Escobar Toledo

El gobierno de la república entregó el llamado paquete económico el pasado domingo 9 de septiembre. Las metas que ahí se exponen para el próximo año parecen modestas: un crecimiento de alrededor del 2 %, ligera pero claramente mayor al esperado para este año (que oscilará entre 0.6 y 1.2%) y que contrasta con el obtenido en los últimos meses, que se situaba en cero.

Lo anterior se deriva según los cálculos de Hacienda, de un ligero aumento de la recaudación por impuestos (3.7%) y una todavía pequeña recuperación de los ingresos petroleros (4.5%). Por lo tanto, el gasto programable (sin el pago de la deuda) se incrementará apenas 0.8%.

El documento advierte riesgos que pueden poner en peligro estas metas, tanto internos como externos. Entre estos últimos, que el crecimiento económico mundial se caiga, dando un brusco viraje a la expectativa (según el FMI) de que 2020 sea un poco mejor que 2019. Esto puede suceder por una mayor tensión política y comercial entre China y Estados Unidos y/o porque el ciclo económico muestre una tendencia negativa más rápida de lo esperado, sobre todo en el sector industrial estadounidense. Otro problema reside en que el Tratado Comercial, el T-MEC, se detenga y no sea ratificado por alguno de los otros dos socios, en este caso, sobre todo, nuestro por vecino del norte. En una palabra, los problemas mundiales están centrados en el gobierno de un señor llamado Trump, aunque siendo realistas la evolución de las economías también tienen que ver con la fase del ciclo en que nos encontramos.  Para discutir este último asunto, tendríamos que recurrir a una argumentación muy larga y polémica. Lo cierto es que los economistas y amigos que los acompañan (políticos, administradores de gobierno, gerentes, inversionistas, etc.) están de acuerdo por lo menos en una cosa: el capitalismo es un sistema económico cíclico y los periodos de auge son seguidos por otros de vacas flacas. Desde luego, los factores sociales y políticos pueden retardar, acelerar o sortear estos fenómenos, lo que hace todavía más imprevisible la llegada de una recesión. Todavía peor cuando el clima mundial está bastante revuelto como sucede en la actualidad.

El hecho de que el clima internacional esté cargado de tensiones y problemas no resulta propicio, concluyen nuestras autoridades hacendarias, para andarse arriesgando y poner en práctica una política más audaz y decidida para estimular el crecimiento. De ahí, subrayan, que se requiera mucha responsabilidad, lo que se traduce en ajustes menores al esquema económico que ha vivido el país desde hace casi tres décadas. Según el secretario del ramo, éste es el momento adecuado para apostarle a una mayor integración con Estados Unidos, dada la pelea de este país con el gigante asiático.

Pero además hay otros problemas, los internos. Los Criterios Generales de Política Económica señalan la posibilidad de que ocurra una mayor debilidad de la inversión privada. Lo explican de esta manera:

“Para la segunda parte del año, se espera una disipación gradual en la incertidumbre generada por las dudas en algunos sectores de la sociedad, por el cambio de rumbo y de objetivos en las políticas públicas de la nueva administración. En este sentido, la SHCP y el Poder Ejecutivo en general, está en constante comunicación con los principales agentes; entre ellos, empresarios, inversionistas nacionales y extranjeros, agencias calificadoras y organismos internacionales. En este sentido, el Gobierno de México está llevando a cabo acciones para generar mayor certidumbre, entre las que destaca la negociación exitosa para solucionar las controversias sobre los contratos de los gasoductos”.

Según lo anterior, debemos concluir que la incomprensión o la inconformidad con el cambio de rumbo y los objetivos de las políticas públicas de la nueva administración han sido una causa del lento crecimiento y, peor aún, pueden ser un serio obstáculo para el futuro. El gobierno parece sacar dos conclusiones de esta situación: primero, la necesidad de una política económica cautelosa, lo que significa un bajo déficit público; descartar una posible reforma fiscal; y controlar la inflación. Y dos, la necesidad de una relación frecuente e intensa con todos esos actores: empresarios, inversionistas nacionales y extranjeros, agencias calificadoras y organismos internacionales. A cambio de estas dos, digamos, concesiones, el gobierno espera que lo dejen hacer lo que considera prioritario: ejercer el gasto social mediante la entrega de recursos monetarios a la población para combatir la pobreza y la desigualdad; y tratar de pacificar al país, fortaleciendo a la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional. Otra pieza fundamental, ahora más explícita, es la recuperación de PEMEX que tendrá más recursos que el año pasado, al igual que la CFE (8.8% y 1.4%). 

Otras medidas como el incremento decidido de la inversión en infraestructura física se han relegado. Hay que reconocer, por otro lado, el esfuerzo para hacer más eficiente el gasto realizando algunos ajustes en los programas. Bajan algunos (como Jóvenes construyendo el futuro) y aumentan otros (como la pensión para Adultos mayores y Sembrando Vida). Por su parte, a pesar de que el presupuesto de la Secretaría de Salud no crece, el IMSS y el ISSSTE contarán con un aumento real.

Es encomiable también que se busque una mayor recaudación tributaria, combatiendo la evasión y la elusión fiscal, gravando los servicios de las plataformas digitales, la subcontratación laboral y elevando los impuestos a refrescos y cigarros. Sin embargo, el nivel de ingresos que se proponen captar para el próximo año sigue siendo bajo si lo comparamos internacionalmente con otros países de América Latina y desde luego para impulsar la expansión económica y superar las carencias más importantes en materias como salud, agua, medio ambiente, y otros.

La apuesta del gobierno actual se reduce entonces a un cambio muy gradual. La recuperación del liderazgo del Estado para conducir el desarrollo tendrá avances casi marginales. Y, con ello, el crecimiento del producto que, en el mejor de los casos, seguirá la pauta histórica de los gobiernos neoliberales. Sin embargo, argumentan los Criterios, en el futuro cercano, habrá menos desigualdad, menos pobreza, menos violencia y se habrán sentado las bases para la recuperación de nuestra industria energética.

Esta formulación, si se ajusta a lo que realmente se propone la estrategia gubernamental, tiene pros y contras. A favor, pudiera decirse que busca garantizar la estabilidad política y económica, y descartar la repetición de episodios ocurridos en el pasado, particularmente en la crisis de 1982. Y otras experiencias negativas de la izquierda en América Latina. Cualquier avance, así sea pequeño pero consistente, en el terreno de la seguridad y la violencia podría verse, sin duda, como un gran logro. Y poner de pie a PEMEX después de tantos años de desmantelamiento sería igualmente otro acierto indudable.

En contra de esta lógica, debería subrayarse que el comportamiento de la economía puede ser demasiado frágil sin un liderazgo del sector público fortalecido. La recesión o desaceleración mundial serán más difíciles de asimilar si persiste un aparato estatal fiscal   y productivamente débil. De igual manera, las presiones internas, también podrían resistirse mejor si el gobierno decidiera poner sobre la mesa un plan de recuperación económica que exija a todos los actores productivos una contribución mayor, proporcional a la riqueza y los ingresos de cada quien, bajo la premisa de que se puede y se debe, al mismo tiempo, crecer y distribuir mejor.

Por lo pronto, esta última opción se ha descartado. Habrá que ver si definitivamente. pues los escenarios pueden cambiar más rápido de lo que se piensa. Se tendrá que revisar entonces la estrategia planteada.  Y seguir insistiendo en que se requiere un plan B.