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miércoles, 4 de marzo de 2026

La fuerza de trabajo mundial: distribución geográfica y condiciones laborales

 ¿Dónde están las manos que mueven al mundo?

Saúl Escobar Toledo

4 de marzo de 2026

La fuerza del trabajo mundial, en 2026, está formada por 3 mil 822 millones de personas. El 7.8% se ubican en los países de “bajos ingresos”; mientras que casi tres cuartas partes están localizadas en países de medianos ingresos los cuales se dividen en dos niveles: el inferior (35%) y el superior (38%). Por su lado, los países de altos ingresos concentran sólo el 20% de la fuerza de trabajo. Lo anterior según el informe de la OIT, “Tendencias sociales y del empleo 2026” (disponible en www.ilo.org), publicado hace un par de semanas.

La clasificación en esos cuatro niveles fue elaborada por el Banco Mundial de acuerdo con el nivel de ingresos per cápita de cada país, calculados en dólares estadounidenses. Las naciones más pobres suman 26, entre ellas, muchas africanas y algunas asiáticas como Afganistán o Siria. Las de medianos ingresos del nivel inferior son 51, entre las cuales hay también varias ubicadas en África, pero igualmente algunas latinoamericanas como Bolivia, Haití, y Honduras; y países tan destacados como India. En el nivel superior de medianos ingresos están 49 naciones, comprende la mayoría nuestro subcontinente incluyendo México, pero igualmente China Irán, y Turquía. Finalmente, las de altos ingresos son 63; en esta clasificación se encuentran Estados Unidos, Israel, casi todas las naciones europeas, algunas latinoamericanas como Chile y Costa Rica; Rusia; varias naciones asiáticas como la República de Corea; y países árabes exportadores de petróleo (Arabia Saudita, Emiratos, y Catar).

 Esta clasificación es un tanto inexacta ya que no mide otras variables como los niveles de desarrollo productivo y tecnológico, ni los índices de bienestar y desigualdad. Sin embargo, resulta útil para algunas comparaciones. Por ejemplo, el año pasado, aunque el desempleo a nivel mundial se calculó en 4.9%, la desocupación juvenil fue mucho mayor, 12,4%. Además, el porcentaje de personas de estas edades que no recibieron un ingreso por su trabajo y tampoco estaban estudiando o en algún programa de capacitación llegó a 20% a nivel mundial y era mucho más alto en los países más pobres (28%), en los de ingreso medio inferior (22.8%), y en los del nivel mediano superior como México, (17.1%) mientras que en las naciones ricas el porcentaje de estos jóvenes sin empleo ni educación era de 11%. Es decir, mayores oportunidades de empleo o educación para los jóvenes propicia mejores ingresos per cápita a nivel nacional.

Algo similar sucede en las tasas de informalidad y trabajadores por cuenta propia, grupos que tienen en su gran mayoría una gran vulnerabilidad ya que no están asegurados, no tienen contratos ni estabilidad en el empleo ni, frecuentemente, un ingreso fijo. En los países más pobres, los trabajadores por cuenta propia representaban el 53.5% y los informales el 90,2%; en los de medianos ingresos de nivel inferior, 49.4 y 83,4% respectivamente; en los medianos de nivel superior como el nuestro, 26.6% y 53%. En cambio, en las naciones ricas, los trabajadores por cuenta propia fueron apenas el 7.4% y los informales el 8,5% del total de la fuerza de trabajo. Así, el nivel de informalidad y el porcentaje de trabajadores por cuenta propia pueden tomarse en cuenta como indicadores, muy elocuentes, del nivel de prosperidad de una nación. Es posible afirmar que la pobreza de ingresos laborales por persona en un país es mayor en la medida en que lo sea la existencia de trabajadores informales y empleados por cuenta propia.

Además, el fenómeno de la informalidad ha venido aumentando: a nivel mundial: pasó de 57.4 % en 2015 a 57,7% en 2025 y afectó especialmente a las mujeres pues el nivel de informalidad de los hombres en los últimos 10 años (2015-2025) disminuyó ligeramente de 59.1 a 58,9% mientras que en el caso de las mujeres aumentó de 54.8 a 55,9%. Lo anterior mostraría que, no obstante algunos progresos en materia de equidad entre los géneros, las condiciones de las mujeres trabajadoras han empeorado.

Evidentemente, los ingresos que se reciben por el trabajo y la informalidad laboral se ven reflejado en los niveles de pobreza, según los parámetros de la OIT y el BM. En los países con menores ingresos la pobreza extrema llegó al 50.5 y la moderada al 17,2% del total de la fuerza de trabajo; en los medianos inferiores, 10.1 y 13%; en los medianos nivele superior 14 y 2.3%, y en los ricos no hubo registro estadístico. Las mujeres fueron más afectadas en las naciones más pobres:  en 2023, la pobreza extrema y moderada fue de 66.8% para los hombres y de 71.1% para las mujeres.

En síntesis, a pesar de las objeciones que pueden hacerse a la clasificación del Banco Mundial, de manera agregada puede encontrarse que, a menores ingresos per cápita, la informalidad será mayor, los trabajadores por cuenta propia más numerosos, y por supuesto más elevados los niveles de pobreza por ingresos laborales.

Como señalamos antes, las tres cuartas partes de la fuerza de trabajo ubicadas en los países de medianos ingresos (inferior y superior) tienen un nivel de informalidad agregado de casi 50%%. Si agregamos las naciones más pobres, la informalidad aumenta a 56.4% es decir 2 155 millones de personas trabajan en la informalidad, incluyendo 1058 que trabajan por cuenta propia.

En otras palabras, los brazos de hombres y mujeres que mueven al mundo son en su mayoría trabajadores sin protección, sin gozar de derechos laborales y con ingresos poco seguros.

En México, según los últimos datos de INEGI, la pobreza laboral (es decir, las personas con un ingreso laboral insuficiente para adquirir la canasta básica) alcanzó en el cuarto trimestre de 2025 a nivel nacional al 32.3% de la población; fue más elevada en el ámbito rural (46.6%) y menor en el urbano (28.1%).  Mostró una disminución anual de 3.1 puntos porcentuales, el cual se explica por el aumento del ingreso laboral per cápita de 5.3% a nivel nacional

No obstante, hay que subrayar que, en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, la pobreza laboral sigue siendo elevada con niveles de 59.8, 56.6 y 51.3% por ciento respectivamente.  En cambio, en Baja California Sur y Baja California se observaron los más bajos: 14.2; y 18.2% en ese orden.  Porcentajes similares a estos se observaron en otras entidades norteñas. Igualmente, en el cuarto trimestre de 2025 la tasa de informalidad fue de 55% y fue más acentuada entre los jóvenes (68%).  

Ambos indicadores, el de pobreza laboral y de informalidad, elaborados por INEGI, no son comparables con los de la OIT debido a que utilizan parámetros distintos. Sin embargo, muestran que el reto para México sigue siendo mejorar la calidad de los empleos.

Lo anterior supone, destacadamente, cerrar la brecha regional, principalmente, entre el medio rural y el urbano, y entre las entidades del sureste y el norte. Esta brecha ha sido resultado de procesos históricos de muchos años que se ha acentuado debido a la integración de México a la economía estadounidense.

Superar esa brecha supone un conjunto de políticas públicas relacionadas con la inversión en infraestructura social y productiva, la atención al campo y a sus trabajadores; mejorar las oportunidades de educación y capacitación para los jóvenes; y proteger a las mujeres trabajadoras. Implica, asimismo, reducir la dependencia del modelo exportador de manufacturas hacia Estados Unidos y construir una economía más sustentable en el consumo interno y en cadenas de valor más complejas y diversificadas.

Los brazos y manos de los mexicanos y mexicanas que producen lo que consumimos y permiten exportar mercancías no pueden estar divididos entre una mayoría que labora en la informalidad o por cuenta propia, y otra, minoritaria, que labora en mejores condiciones. Todos merecen un futuro más promisorio, pero la posibilidad de esa mejoría depende en buena medida de que los más vulnerables superen esas condiciones críticas.

saulescobar.blogspot.com

 

 

 

viernes, 1 de julio de 2022

Una nueva estrategia de desarrollo para Brasil

Frente “Vamos juntos por Brasil”: por una nueva estrategia de desarrollo Saúl Escobar Toledo
En un documento publicado hace unos días, el Frente que contendrá en las elecciones generales de Brasil el próximo mes de octubre y que tiene como candidato a la presidencia a Lula Da Silva, se plantean, de manera muy general, algunas propuestas para lo que será el programa de gobierno de esta coalición formada por diversos partidos y organizaciones, incluyendo, desde luego al Partido de los Trabajadores (PT). El documento contiene 121 puntos y será sometido a debate público por medio de las plataformas digitales, señalaron los autores. Para ello está disponible en la página https://www.programajuntospelobrasil.com.br. De esta manera, podemos pensar que se trata de un conjunto de bases programáticas que han logrado la unidad de las izquierdas brasileñas para apoyar a sus candidatos y, sobre todo, para ofrecer a la sociedad brasileña un nuevo proyecto “para la reconstrucción y transformación” de ese país. Lo interesante, para el resto de los latinoamericanos, consiste en saber si este proyecto aporta cosas nuevas: en relación con las pasadas administraciones de los gobiernos de Lula y Dilma entre 2003 y 2016, y frente a otros agrupamientos de la izquierda de nuestra región que han logrado ganar la conducción del Estado. Desde este punto de vista, podríamos adelantar que en el proyecto hay, en efecto, nuevas orientaciones, continuidades y, también, ideas que parecen obsoletas o, por lo menos, poco interesantes. El documento señala en primer lugar, como era de esperarse, que “el primer y más urgente compromiso que asumimos es la restauración de las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población brasileña… combatiendo el hambre, la pobreza, el desempleo, la precarización del trabajo y del empleo, y la desigualdad y la concentración de los ingresos y la riqueza”. Estos objetivos son y han sido banderas de las izquierdas y reflejan las principales críticas a los gobiernos neoliberales. Son planteamientos indispensables quede deben ser incluidos en cualquier programa de izquierda. Las novedades surgen cuando señalan que estos propósitos se lograrán mediante “la sustentabilidad social, ambiental, y económica para enfrentar el cambio climático…” Ello, afirman, “requiere cuidar nuestras riquezas naturales y producir y consumir de forma sustentable…”. Es decir, avanzar en la “transición ecológica y energética propiciando el surgimiento de una economía verde incluyente”. Para ello el documento plantea el financiamiento y apoyo a la producción de alimentos de los pequeños agricultores y a la agricultura orgánica. Asimismo, se comprometen a la protección de los derechos y los territorios de los pueblos indígenas. Tenemos, dicen, “el deber de asegurar la posesión de sus tierras, y, al mismo tiempo, combatir la depredación de los recursos naturales y estimular las actividades económicas con menor impacto ecológico”. Para ello, agregan, será necesaria una reforma agraria que propicie una economía verde e incluyente basada en la conservación, restauración y el uso sustentable de la biodiversidad. Estas medidas servirán para alcanzar la soberanía alimentaria apoyando sobre todo la agricultura familiar y a las agroindustrias que agreguen valor a la producción y tengan una alta competitividad mundial. En esta misma dimensión proponen una reforma urbana que reduzca las desigualdades territoriales y fomente la transición ecológica de las ciudades por medio de inversiones en infraestructura del transporte público, vivienda, y equipamiento social. Para ello consideran, se requerirá “un vigoroso programa de inversiones públicas”. Por otro lado, plantean la necesidad de una nueva legislación laboral. Aquí, lo más interesante, es que se trata de extender la protección social para “todas las formas de ocupación, de empleo y de relaciones de trabajo, con especial atención a los trabajadores autónomos, a los que trabajan por cuenta propia, trabajadores domésticos, teletrabajo, home office, y por medio de plataformas y aplicaciones digitales…” Para ello sugieren la necesidad de un nuevo modelo de pensiones y de renta básica ciudadana que transite gradualmente hacia un sistema universal con un financiamiento sustentable. Otro punto destacable consiste en su propósito de fortalecer y modernizar la estructura productiva por medio de la reindustrialización basada en el estímulo a los sectores y proyectos innovadores. Una reindustrialización de nuevo tipo basada en nuevos sectores asociados a la economía digital y verde. Ello, añaden, requerirá un gran proceso de transformación tecnológica. Para financiar estas metas consideran la necesidad de una reforma tributaria solidaria, justa y sustentable, en la que los pobres paguen menos y los ricos más, reduciendo los impuestos al consumo y combatiendo la evasión. Finalmente, hay que señalar que en los puntos que se refieren a la seguridad pública, 31 a 35, lamentablemente no hay nada nuevo. Sin duda es un tema que deberá ser objeto de un debate más profundo. Desde mi punto de vista, el documento propone algunas ideas que reflejan un cambio de estrategia que podemos resumir en varios aspectos: Primero, la insistencia, en todo el documento, de que el desarrollo deberá basarse en una economía verde e incluyente. Segundo, en el señalamiento de que las políticas públicas se enfoquen en la protección de los trabajadores más desprotegidos, especialmente aquellos que laboran por cuenta propia, y en las nuevas formas de contratación que utilizan las redes digitales. Tercero, en la propuesta de una nueva política industrial que no sólo fortalezca el crecimiento de este sector, sino que también lo haga fomentando, mediante la inversión pública, una producción basada en el cambio tecnológico y la transición ecológica. Y cuarto, la mención de una reforma tributaria que combata la corrupción, fomente la transparencia del gasto, propicien el consumo interno y grave a los sectores más opulentos. Si recordamos, las administraciones del PT se basaron en la exportación de bienes de consumo primarios, lo que llevó a descuidar la sustentabilidad ecológica del desarrollo. A pesar de algunos avances legales, se consideraba que “la lógica económica no es compatible con la lógica de la ecología”. Ahora, según el documento, se trata de cambiar completamente este paradigma y se propone que la sustentabilidad ecológica es la mejor vía para el desarrollo económico. Por otra parte, aunque aumentó el consumo interno, se propició un retraso en la industrialización del país y a una pérdida de su competitividad internacional. Al mismo tiempo, se dejó de lado cualquier intento de llevar a cabo una reforma fiscal progresista. Asimismo, se avanzó poco en los propósitos de establecer medidas como la pensión no contributiva y el ingreso básico con cobertura universal. Las políticas redistributivas se basaron en los aumentos del salario mínimo y las transferencias de ingresos a las familias, en especial, las que se encontraban en extrema pobreza. No hubo un programa para proteger, específicamente, a los trabajadores no asalariados más vulnerables. Indiscutiblemente, los gobiernos del PT sacaron de la pobreza a millones de brasileños, se redistribuyó el ingreso y hubo un crecimiento económico importante. Este esquema, sin embargo, se basó en un modelo primario-exportador muy vulnerable a los cambios de los mercados internacionales lo cual se manifestó en el gobierno de Dilma a partir de 2012 El “programa de reconstrucción de Brasil” parece haber aprendido las lecciones del pasado y proponer, en trazos gruesos, un nuevo esquema de desarrollo. Esperemos que se profundice y, por supuesto, que se haga realidad. Significaría un nuevo comienzo de la izquierda brasileña: no sólo al lograr, otra vez, un triunfo electoral y la asunción de Lula a la presidencia de la república; también, ofreciendo una nueva ruta programática de cambio para América Latina. saulescobar.blogspot.com