Gravar la riqueza: la propuesta argentina
Para Oscar Estrada, que acaba de
partir…
Saúl Escobar Toledo
A finales de agosto de este año
ingresó a la Cámara de Diputados de Argentina un proyecto de ley que pretende
gravar a las grandes fortunas. Según el texto oficial se denomina “Aporte
solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”.
Se trata de un impuesto que se
aplicaría por única vez a las personas que al 31 de diciembre de 2019 hayan
declarado un patrimonio superior a los 200 millones de pesos argentinos (una
cantidad equivalente a entre 2.5 y 3 millones de dólares). La tasa correspondiente
se aplicaría progresivamente hasta quienes posean un patrimonio superior a los
3 000 millones de pesos argentinos (alrededor de 40 millones de dólares). La
cuota mínima sería de 2% y la máxima de 3.5%. Se calcula que los afectados
sumarían alrededor de 12 mil personas.
Si se aprueba la iniciativa, el
gravamen se aplicaría a las personas físicas de acuerdo con la totalidad de los
bienes que poseen en el país y en el exterior, incluyendo las “sucesiones
indivisas” (es decir, ingresos o propiedades obtenidos por herencias o
testamentos). De esta manera, las personas de nacionalidad argentina que tengan
su residencia en países de baja o nula tributación (paraísos fiscales) también
serían consideradoras sujetas a esta ley. El gravamen se aplicaría
exclusivamente a las personas y no afectaría a los bienes o ingresos de las
empresas.
El proyecto de ley señala que, en el
caso de los fondos que se encuentren en el exterior, se incrementaría la tasa
con una fracción alícuota adicional, misma que se dejaría de aplicar si se
repatrian los capitales.
Los proponentes (un conjunto de
diputados afines al gobierno del presidente Alberto Fernández) han proyectado
que se podrían recaudar alrededor de 300 mil millones de pesos argentinos (poco
más de 4 mil millones de dólares). Una cantidad equivalente a la recaudación
tributaria que se obtuvo en el mes de enero de este año (que incluye lo que en
nuestro país sería el IVA, ISR y IEPS, sin las aportaciones de la seguridad
social ni los impuestos al comercio exterior). Estos fondos se destinarían a
equipo médico (20%); subsidios a la micro, pequeña y mediana empresa (20%);
becas para educación (20%); apoyos para habitantes de barrios populares (15%),
y el programa de exploración y producción de gas natural (25%).
Esos cuatro mil millones de dólares
significan algo así como un 0.6% del PIB de esa nación en 2019 y un aumento del
9% del total de los impuestos obtenidos durante todo ese año, o un 5.5% de la
recaudación total.
Como era de esperarse, la propuesta
ha sido rechazada por las organizaciones empresariales argentinas por
considerarlo “confiscatorio” y por “alterar las condiciones de equilibrio de la
oferta y la demanda”. Hay que subrayar que, a fines del año pasado, se había
aprobado otro impuesto, el PAIS (“Para una Argentina Inclusiva y Solidaria),
que grava algunas transacciones en moneda extranjera con una cuota de 30%, incluyendo
la compra de servicios de transporte de pasajeros con destinos fuera del país
por vía terrestre, aérea o acuática, excepto que se trate de naciones
limítrofes por vía terrestre. Se aprobó,
asimismo, un gravamen de 8% sobre la contratación de servicios digitales.
No cabe aquí discutir la viabilidad
política para la aprobación de este “aporte solidario”, ni sus posibles
consecuencias económicas, asuntos que requerirían un examen muy extenso y una
información que sólo puede provenir de fuentes directas. En cambio, vale la
pena subrayar el significado que esta propuesta tiene para las naciones, en
especial de América Latina.
En primer lugar, porque los impuestos
a la propiedad y al patrimonio son muy bajos en el mundo, pero especialmente en nuestra región. Ello, a pesar de que estos
bienes se reparten entre la población mundial y al interior de cada país, de
forma mucho más desigual de lo que lo hacen los ingresos o el gasto en el
consumo privado. Debe señalarse que,
según la OCDE, la riqueza de las personas incluye activos no financieros como
las propiedades inmuebles, autos y joyas; activos financieros (depósitos en
bancos, bonos y acciones); y créditos. En América Latina, además, hay países que
obtienen más recursos por este tributo como Bolivia, Brasil y Colombia y otros
que obtienen cantidades muy exiguas. En México, por ejemplo, apenas tenemos el
predial que se aplica a bienes inmuebles pero su aporte es muy pequeño
(alrededor del 0.3% del PIB). A ello hay que agregar que la recaudación de
todos los tributos es también muy reducida, de tal manera que México carece de
recursos para impulsar el desarrollo y ofrecer mejores niveles de educación,
salud, vivienda e infraestructura.
Agregaríamos que la propuesta alude,
aunque de manera tangencial, a uno de los problemas más serios que enfrentan
los gobiernos del mundo: la evasión fiscal, la fuga de capitales y la
protección que otorgan los llamados paraísos fiscales. Las personas que poseen
cuantiosos recursos, incluyendo aquellos que los obtienen de actividades ilícitas,
gozan de una impunidad sin límites. Un impuesto que grave las fortunas fuera
del territorio nacional puede ayudar a transparentar estos fenómenos
indeseables e incentivar un poco su corrección.
En tercer lugar, porque, en momentos
de crisis, la cuestión central reside en saber quiénes pagarán los costos. En
nuestro caso, éstos los están pagando sin duda los sectores más pobres de la
población, quienes han dejado de recibir ingresos debido a la paralización de
las actividades económicas y a la lentitud de la recuperación. Una mayor
contribución fiscal por parte de los sectores más ricos ayudaría sin duda a
repartir esta carga. No hacerlo sólo puede acentuar la desigualdad.
Cuarto, llamar a la solidaridad de
los más favorecidos es algo más que pedir un gesto piadoso, aunque algo hay de
eso. Significa, sobre todo, recuperar el valor de la política para conducir la
salida de la crisis de manera un poco más equilibrada. Los más ricos hasta
ahora sólo han ofrecido sus buenas intenciones. Si los gobiernos, los poderes
legislativos y los partidos políticos sólo se preocupan por el reparto del
poder y, aún con las mejores intenciones, tratan de velar porque esa disputa se
lleve a cabo con la mayor limpieza y equidad; o buscan un mejor equilibrio de
poderes y que las libertades se respeten, la verdad es que todo ello no basta.
Los poderes estatales tienen más obligaciones que éstas pues dejar a la inercia
de las fuerzas del mercado la recuperación de la actividad económica, la
desigualdad y el aumento de la pobreza es un error que ya hemos sufrido
bastante. La pasividad de las fuerzas políticas y las instituciones frente a
crisis y catástrofes se ha traducido en otros momentos en graves costos
sociales, un deterioro de la democracia y riesgos de mayor violencia.
En estos momentos, el debate en México
parece estar más preocupado por las próximas elecciones legislativas que por la
vida de los mexicanos. La oposición ataca al presidente y éste contesta, pero
la discusión, aunque ruidosa, muchas veces carece de sustancia. La necesidad de
una reforma fiscal ha sido considera como indispensable por distintos actores
de la academia, las instituciones internacionales y uno que otro personaje de
la política. Y, sin embargo, no está en el centro del debate. Un impuesto a los
ricos como se pretende en Argentina puede o no ser aconsejable para México. Hay,
no obstante, una amplia variedad de opciones. El problema es que la gran
mayoría de opinadores y responsables políticos prefieren mirar hacia otro lado.
Creen que su misión consiste en la reyerta verbal con miras a desprestigiar al
otro y tratar de ganar votos. La verdad es que sólo están evadiendo los
problemas principales. Requerimos un debate serio y extenso que nos lleve a
tomar decisiones para reconstruir al país y evitar que sea arrasado por la
pandemia y “los equilibrios naturales de la oferta y la demanda”.
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