Un impuesto a la riqueza

 

Gravar la riqueza: la propuesta argentina

Para Oscar Estrada, que acaba de partir…

Saúl Escobar Toledo

A finales de agosto de este año ingresó a la Cámara de Diputados de Argentina un proyecto de ley que pretende gravar a las grandes fortunas. Según el texto oficial se denomina “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”.

Se trata de un impuesto que se aplicaría por única vez a las personas que al 31 de diciembre de 2019 hayan declarado un patrimonio superior a los 200 millones de pesos argentinos (una cantidad equivalente a entre 2.5 y 3 millones de dólares). La tasa correspondiente se aplicaría progresivamente hasta quienes posean un patrimonio superior a los 3 000 millones de pesos argentinos (alrededor de 40 millones de dólares). La cuota mínima sería de 2% y la máxima de 3.5%. Se calcula que los afectados sumarían alrededor de 12 mil personas.

Si se aprueba la iniciativa, el gravamen se aplicaría a las personas físicas de acuerdo con la totalidad de los bienes que poseen en el país y en el exterior, incluyendo las “sucesiones indivisas” (es decir, ingresos o propiedades obtenidos por herencias o testamentos). De esta manera, las personas de nacionalidad argentina que tengan su residencia en países de baja o nula tributación (paraísos fiscales) también serían consideradoras sujetas a esta ley. El gravamen se aplicaría exclusivamente a las personas y no afectaría a los bienes o ingresos de las empresas.

El proyecto de ley señala que, en el caso de los fondos que se encuentren en el exterior, se incrementaría la tasa con una fracción alícuota adicional, misma que se dejaría de aplicar si se repatrian los capitales.

Los proponentes (un conjunto de diputados afines al gobierno del presidente Alberto Fernández) han proyectado que se podrían recaudar alrededor de 300 mil millones de pesos argentinos (poco más de 4 mil millones de dólares). Una cantidad equivalente a la recaudación tributaria que se obtuvo en el mes de enero de este año (que incluye lo que en nuestro país sería el IVA, ISR y IEPS, sin las aportaciones de la seguridad social ni los impuestos al comercio exterior). Estos fondos se destinarían a equipo médico (20%); subsidios a la micro, pequeña y mediana empresa (20%); becas para educación (20%); apoyos para habitantes de barrios populares (15%), y el programa de exploración y producción de gas natural (25%).

Esos cuatro mil millones de dólares significan algo así como un 0.6% del PIB de esa nación en 2019 y un aumento del 9% del total de los impuestos obtenidos durante todo ese año, o un 5.5% de la recaudación total. 

Como era de esperarse, la propuesta ha sido rechazada por las organizaciones empresariales argentinas por considerarlo “confiscatorio” y por “alterar las condiciones de equilibrio de la oferta y la demanda”. Hay que subrayar que, a fines del año pasado, se había aprobado otro impuesto, el PAIS (“Para una Argentina Inclusiva y Solidaria), que grava algunas transacciones en moneda extranjera con una cuota de 30%, incluyendo la compra de servicios de transporte de pasajeros con destinos fuera del país por vía terrestre, aérea o acuática, excepto que se trate de naciones limítrofes por vía terrestre.  Se aprobó, asimismo, un gravamen de 8% sobre la contratación de servicios digitales.

No cabe aquí discutir la viabilidad política para la aprobación de este “aporte solidario”, ni sus posibles consecuencias económicas, asuntos que requerirían un examen muy extenso y una información que sólo puede provenir de fuentes directas. En cambio, vale la pena subrayar el significado que esta propuesta tiene para las naciones, en especial de América Latina.

En primer lugar, porque los impuestos a la propiedad y al patrimonio son muy bajos en el mundo, pero especialmente   en nuestra región. Ello, a pesar de que estos bienes se reparten entre la población mundial y al interior de cada país, de forma mucho más desigual de lo que lo hacen los ingresos o el gasto en el consumo privado.  Debe señalarse que, según la OCDE, la riqueza de las personas incluye activos no financieros como las propiedades inmuebles, autos y joyas; activos financieros (depósitos en bancos, bonos y acciones); y créditos. En América Latina, además, hay países que obtienen más recursos por este tributo como Bolivia, Brasil y Colombia y otros que obtienen cantidades muy exiguas. En México, por ejemplo, apenas tenemos el predial que se aplica a bienes inmuebles pero su aporte es muy pequeño (alrededor del 0.3% del PIB). A ello hay que agregar que la recaudación de todos los tributos es también muy reducida, de tal manera que México carece de recursos para impulsar el desarrollo y ofrecer mejores niveles de educación, salud, vivienda e infraestructura.

Agregaríamos que la propuesta alude, aunque de manera tangencial, a uno de los problemas más serios que enfrentan los gobiernos del mundo: la evasión fiscal, la fuga de capitales y la protección que otorgan los llamados paraísos fiscales. Las personas que poseen cuantiosos recursos, incluyendo aquellos que los obtienen de actividades ilícitas, gozan de una impunidad sin límites. Un impuesto que grave las fortunas fuera del territorio nacional puede ayudar a transparentar estos fenómenos indeseables e incentivar un poco su corrección.

En tercer lugar, porque, en momentos de crisis, la cuestión central reside en saber quiénes pagarán los costos. En nuestro caso, éstos los están pagando sin duda los sectores más pobres de la población, quienes han dejado de recibir ingresos debido a la paralización de las actividades económicas y a la lentitud de la recuperación. Una mayor contribución fiscal por parte de los sectores más ricos ayudaría sin duda a repartir esta carga. No hacerlo sólo puede acentuar la desigualdad.

Cuarto, llamar a la solidaridad de los más favorecidos es algo más que pedir un gesto piadoso, aunque algo hay de eso. Significa, sobre todo, recuperar el valor de la política para conducir la salida de la crisis de manera un poco más equilibrada. Los más ricos hasta ahora sólo han ofrecido sus buenas intenciones. Si los gobiernos, los poderes legislativos y los partidos políticos sólo se preocupan por el reparto del poder y, aún con las mejores intenciones, tratan de velar porque esa disputa se lleve a cabo con la mayor limpieza y equidad; o buscan un mejor equilibrio de poderes y que las libertades se respeten, la verdad es que todo ello no basta. Los poderes estatales tienen más obligaciones que éstas pues dejar a la inercia de las fuerzas del mercado la recuperación de la actividad económica, la desigualdad y el aumento de la pobreza es un error que ya hemos sufrido bastante. La pasividad de las fuerzas políticas y las instituciones frente a crisis y catástrofes se ha traducido en otros momentos en graves costos sociales, un deterioro de la democracia y riesgos de mayor violencia.

En estos momentos, el debate en México parece estar más preocupado por las próximas elecciones legislativas que por la vida de los mexicanos. La oposición ataca al presidente y éste contesta, pero la discusión, aunque ruidosa, muchas veces carece de sustancia. La necesidad de una reforma fiscal ha sido considera como indispensable por distintos actores de la academia, las instituciones internacionales y uno que otro personaje de la política. Y, sin embargo, no está en el centro del debate. Un impuesto a los ricos como se pretende en Argentina puede o no ser aconsejable para México. Hay, no obstante, una amplia variedad de opciones. El problema es que la gran mayoría de opinadores y responsables políticos prefieren mirar hacia otro lado. Creen que su misión consiste en la reyerta verbal con miras a desprestigiar al otro y tratar de ganar votos. La verdad es que sólo están evadiendo los problemas principales. Requerimos un debate serio y extenso que nos lleve a tomar decisiones para reconstruir al país y evitar que sea arrasado por la pandemia y “los equilibrios naturales de la oferta y la demanda”.

saulescobar.blogspot.com