La deuda que el gobierno no quiere reconocer
Saúl Escobar Toledo
La encuesta nacional de ocupación
y empleo elaborada por INEGI, con cifras actualizadas a julio de 2020, muestra
una mejoría ocurrida en los últimos dos meses. Sin embargo, la situación laboral, comparada
con los datos existentes antes de la pandemia, sigue presentando graves
problemas:
De los 12 millones que salieron
del mercado de trabajo (es decir, de la población económicamente activa) ya
regresaron 7.2; no lo han hecho por lo tanto los otros 4.8 millones (que
necesitan un empleo pero no lo buscan). Además, otra porción muy importante de
la fuerza de trabajo pasó a formar parte de las personas caracterizadas como “ausentes
con vínculo laboral” es decir aquellos trabajadores que no asistieron a sus
centros de trabajo, pero no fueron despedidos. No se sabe si a todos ellos se les han pagado sus salarios y prestaciones
íntegramente y, sobre todo, si esos millones de ausentes algún día volverán a laborar
o serán despedidos definitivamente.
El INEGI registró una población
ocupada de casi 50 millones de personas (49.8); debe destacarse, no obstante,
que el aumento entre junio y julio correspondió al género masculino, con un incremento
de 2.2 millones de personas al mismo tiempo que hubo una reducción de 750 mil
mujeres.
A lo largo de estos meses, uno de
los sectores más golpeados ha sido el de los trabajadores por cuenta propia: se
quedaron inactivos un 20% en abril; 16% en mayo; 10% en junio y ya apenas un 2%
en julio. Los empleados no remunerados (que sólo reciben propinas o pagos en
especie) también fueron muy afectados: se quedaron sin ocupación el 21% en
abril, aunque en julio estaban casi todos laborando.
Si medimos el fenómeno tomando en
cuenta los informales (que laboran por cuenta propia o al servicio de un
patrón), las cifras son más dramáticas: en abril dejaron de laborar 10
millones, en mayo 8, en junio 5, en julio todavía 3 millones. Si acumulamos
todas estas cifras nos da un total de 26 millones, lo que daría una idea de los
días/trabajador perdidos en estos últimos meses y los ingresos que no fueron
percibidos. Algunos perdieron sólo un mes, otros dos o tres, y todavía en julio muchos no recibían ningún recurso.
La parálisis ha afectado sobre todo al género femenino, pero la suma de
damnificados es impresionante.
Por su parte, la tasa de
desocupación abierta fue de 5.4% en julio, la mismo que el mes pasado, lo que arroja
una cifra de 2.8 millones de personas. Aquí, otra vez, la tasa es más alta en
mujeres que en hombres (6.3% vs 4.8%). Por edad, los más afectados han sido las
personas que tienen entre 24 y 44 años las cuales representan más del 50% del
total. Hay que subrayar que esta tasa ha aumentado, no disminuido, pues
representaba el 4.7% en abril.
Más grave aún, la tasa de subocupación,
aunque se redujo en julio respecto al mes anterior, es todavía de 18.4%. Ello representa
un aumento de 3.21 veces en abril; 3.78 en mayo; 2.75 en junio y 2.45 en julio
respecto al promedio histórico previo a la pandemia. Lo anterior quiere decir
que las nuevas ocupaciones se han vuelto más precarias, inseguras, peor pagadas
y seguramente muy mal protegidas.
En síntesis, tenemos varios problemas.
El daño causado por la parálisis económica y la pandemia: 1) afectó severamente
a los asalariados formales que fueron despedidos y no han encontrado otro empleo
(se encuentran en desocupación abierta), o no han asistido todavía a su centro
de trabajo y viven en la incertidumbre, o se han refugiado en la subocupación
(perdiendo ingresos y prestaciones). Y 2) a los trabajadores por cuenta propia,
a los informales y a los que laboran sin remuneración, los cuales sufrieron una pérdida considerable de sus jornales
durante estos meses.
Todo este perjuicio ya fue
causado y nada está previsto hasta ahora para reponerlo. Se trata de una deuda social
de grandes dimensiones. La reparación de este boquete inmenso en la economía de
las familias mexicanas no se soluciona con los programas sociales que ya
estaban previstos. No es posible que la pensión para adultos mayores o los
apoyos para personas con discapacidad sirvan para sostener a toda una familia; o
que las becas para estudiantes se destinen a reponer las retribuciones perdidas
por la falta de trabajo.
Por ejemplo, el programa para la
pensión de adultos mayores, el cual tiene los recursos presupuestales más
cuantiosos y abarca a un mayor número de personas. La cantidad de dinero
entregada no sólo resulta hoy insuficiente (12 401 pesos por adulto mayor entre
enero y junio de 2020, alrededor de 2 mil pesos mensuales según el II Informe
presidencial). Además, esta ayuda que debería servir para dignificar al beneficiario
y darle una mejor calidad de vida, se convirtió, en ocasiones, en un recurso que
se le sustrajo para sostener al resto de la familia.
Sin duda, el daño causado, los
ingresos que no han sido repuestos, llevará a un aumento de la pobreza (entre
marzo y mayo aumentó el número de pobres de 36 al 55% según CONEVAL). La desigualdad
también habrá aumentado pues la masa salarial, según algunos estudios, sufrió una
caída de entre 6.6 y 13.8% en el segundo trimestre del año calculado
anualmente. Ello se ha traducido, naturalmente, en una disminución del consumo privado
de alrededor del 20% comparativo anual (aún con el repunte de junio y julio).
Un país con una mayor pobreza y
más desigualdad no puede ser un resultado deseable para un gobierno que se
propuso exactamente lo contrario. Sobre todo, porque frente a estos fenómenos,
el gobierno no se ha propuesto ninguna acción especial.
Por otro lado, la disminución de los
haberes que han sufrido las familias apunta a una recuperación económica más
lenta debido a la caída del poder de compra. El aumento de los salarios mínimos
y contractuales no han podido remediar estas pérdidas y seguramente no lo harán
en lo que resta del año debido a la magnitud del frenazo económico.
El presupuesto 2021 representa
una oportunidad para resarcir algo de lo que las familias mexicanas han perdido;
para prevenir que sigan empobreciéndose y para estimular una recuperación
económica más rápida. Se ha argumentado que un crecimiento de los pasivos del gobierno
puede resultar perjudicial para un mañana indeterminado. Sin embargo, no se quiere reconocer que el
estado mexicano ya contrajo una deuda con millones de familias que han perdido
sus ingresos desde marzo de este año, muchas de las cuales siguen sin recibir
alguna remuneración por su trabajo. Encontrar una fórmula para pagar esta deuda
social y al mismo tiempo evitar una crisis financiera en el futuro no es
imposible, ni es una disyuntiva sin salida.
A su vez, la posibilidad de una
reforma fiscal progresiva que sirva para pagar esa deuda social y para una
reactivación económica más vigorosa, tampoco pude descartarse por razones
políticas (las elecciones de 2021 o el temor a una reacción negativa de un
sector privilegiado). Lo más sorprendente es que hay una iniciativa de ley para
reformar el sistema de pensiones que justamente propone un aumento de las
contribuciones patronales y requerirá un mayor gasto público. Ello equivale a
un aumento de impuestos y un incremento de la deuda del gobierno federal. ¿Cómo
entonces se niega cobrar un mayor tributo a los más ricos y prósperos, y se
propone un esquema para favorecer a las AFORES, empresas que se han beneficiado
de los ahorros de los trabajadores?
Una mayor reducción del gasto y
la inversión pública (lo que ahora llaman austeridad) sólo puede tener como
resultado que, una vez más, el costo de la crisis la tendrá que pagar la gran
mayoría de la población. Sus consecuencias serían igualmente negativas para la
producción, el consumo y la prosperidad del país.
El gobierno y sus propósitos de transformación,
la 4t, tiene que enfrentar la cuestión más importante de todas: darles a los
mexicanos la oportunidad de superar esta crisis con las menores pérdidas
posibles. Si no lo logra, toda su arquitectura quedará prendida de alfileres. Y
puede convertirse en un mero ejercicio retórico.
saulescobar.blogspot.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario