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miércoles, 26 de agosto de 2020

La denuncia penal del Sr. Lozoya: un comentario

 

El testimonio del señor L.

Saúl Escobar Toledo

La “denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delito” presentada por el Sr. Emilio Lozoya al Fiscal General de la República en contra de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Carlos Salinas de Gortari y otras personas más se difundió profusamente en los medios de comunicación y las redes sociales. El debate que provocó se ha concentrado casi exclusivamente en sus efectos políticos y jurídicos. Se ha destacado así la corrupción reinante en los sexenios anteriores y la posibilidad de que expresidentes, funcionarios públicos y legisladores implicados sean llamados a declarar y hasta puedan ser sujetos de sanciones penales. El documento parece confirmar la idea de que la corrupción es el principal problema de México y la necesidad imperiosa de su erradicación, tal como lo ha planteado muchas veces el presidente López Obrador. Sin duda, desprestigia también a la oposición representada por el PAN y el PRI.

Sin embargo, el escrito del Sr. L. puede ser revisado como un testimonio histórico que retrata   una etapa de la vida de México. Más allá de las anécdotas, los nombres y su valor jurídico presente o futuro, la denuncia del ex director de PEMEX nos describe un régimen político que tiene las siguientes características:

1.      El punto central de la trama reside en que un grupo de empresas y empresarios, encabezados por el consorcio Odebrecht sobornó y de esa manera doblegó al gobierno de México y al poder legislativo para servir a sus intereses. Un mecanismo que comenzó en el gobierno de Calderón y culminó en el de Peña Nieto con la aprobación de la llamada reforma energética.

2.      El esquema de sobornos recorría un circuito preciso: la empresa extranjera depositaba millones de dólares en la cuenta de una empresa que era propiedad de un funcionario público. Tanto la empresa que hacía el depósito como la que lo recibía eran fantasmas (sólo existen legalmente en el papel, pero no realizan ninguna labor gerencial o de cualquier otra índole) y declaraban como residencia un paraíso fiscal. Una vez que el funcionario recibía el dinero en su cuenta bancaria, lo retiraba para depositarlo en otra empresa fantasma de su propiedad, también en un paraíso fiscal, o lo retiraba en efectivo para sobornar a otras personas (legisladores, funcionarios, dirigentes de partidos políticos). En el caso del PRI, el documento hace sospechar que los depósitos a cuentas de consultores extranjeros eran, igualmente, empresas fantasmas que ocultaron a los verdaderos beneficiarios, probablemente funcionarios públicos, ya que no expedían facturas o lo hacían “por un servicio distinto”.

3.      A cambio de estos sobornos, las empresas extranjeras y nacionales conseguían contratos que las beneficiaban enormemente  ( Etileno XXI, Grupo Higa, Agronitrogenados, etc. ) y que diputados y senadores tanto del partido oficial como de la oposición (particularmente el PAN) aprobaran leyes en las que estos empresarios influyeron (no se sabe si en su redacción o en sus fines generales) y que eran muy importantes para ellos pues les abrían nuevas oportunidades de inversión y, se entiende, de negocios turbios.

 

4.      El mecanismo fue tan eficaz que, según el señor L., Odebrecht no sólo logró contratos sino literalmente “doblegar al presidente de la república y al estado mexicano” por lo menos en materia energética. Este servilismo llevó a abusos de poder y corrupción extremos y a una asociación que el declarante califica como “si se tratara de crimen organizado”.  Un “aparato organizado de poder para obtener beneficios que afectaron la soberanía de México sometiéndolo a personas y grupos nacionales y extranjeros”,

 

Documentos como el que comentamos deben ser tomados con mucha cautela. En muchos casos faltan a la verdad por distintas razones: aún con la mejor intención los testimonios se basan en la memoria y ya se sabe que ésta es frecuentemente débil y lo es más en la medida en que pasa el tiempo. Muchas veces recordamos cosas que no sucedieron tal cual las imaginamos o las contamos aun cuando se trate de hechos particularmente decisivos de nuestra biografía. Pero los dichos de una persona pueden ser aún más discutibles cuando se busca una ventaja personal: en el asunto que nos ocupa, que la fiscalía le proporcione al denunciante “una salida alterna respecto a los procedimientos que hay en mi contra y en contra de mi familia”.

Por otro lado, los historiadores saben que un testimonio no sólo describe la realidad que el narrador ve: también retratan a la propia persona que la cuenta. Al leer la denuncia, el señor L. se describe a sí mismo como una persona fácilmente manipulable; obediente al punto de la ignominia; temeroso de faltar a las instrucciones de sus jefes; y que sólo en este momento, años después de los acontecimientos, se da cuenta de la gravedad de los hechos. Se describe como una persona que acepta sobornos sin ningún remordimiento o justificación. Dice por ejemplo que en 2012 Odebrecht prometió aportar 4 millones de dólares de los cuales 2.5 serían para la campaña del PRI y “recordemos (sic) que el 1.5 restante fue para mí”. Y, finalmente, se pinta como un arribista que llega a la dirección de PEMEX por invitación del presidente “dada mi experiencia en el sector privado, aunque yo no conocía bien ni a Peña Nieto ni a Luis Videgaray”.

La lectura del escrito del Sr. L. me recordó a Hanna Arednt y sus observaciones sobre el juicio a Eichmann, acusado de millones de asesinatos de judíos bajo el nazismo. Su contacto personal con el acusado le impresionó “por su superficialidad …Los actos fueron terribles pero el responsable era totalmente corriente, del montón, ni demoníaco ni monstruoso.”

El Sr. L. quiere verse reflejado en su propia narración de una manera similar: como una persona que recibe instrucciones y las cumple; ni el único culpable ni completamente inocente. Una persona cuyos rasgos también podrían definir a Enrique Peña Nieto: un político advenedizo, oportunista, superficial, sin más motivaciones que enriquecerse a toda costa; ni muy inteligente ni extremadamente estúpido; sin ideas que lo distingan, pero capaz, medianamente, de repetir un discurso.  

En fin, el documento del Sr. L, nos plantea la existencia histórica de un régimen que utiliza el poder para el beneficio de intereses privados, aunque, a diferencia del pasado (los años dorados del PRI), es sometido por ellos.  Un sistema político que existe en muchas partes del mundo y que se caracteriza, en consonancia con los tiempos neoliberales, por su obediencia, casi exclusiva, a los grandes consorcios mundiales. Un sometimiento que vive y se reproduce gracias a la impunidad financiera y fiscal y permite que grande sumas de dinero negro circulen por todo el mundo cobijadas por empresas ilegales, bancos piratas y refugios fiscales que no rinden cuentas a nadie. Una forma de gobierno que se puede justificar con teorías muy elaboradas sobre la libertad de los mercados pero que, al final de cuentas, se reduce a la gestión de políticos advenedizos que encuentran en los grandes consorcios privados la razón y motivo del ejercicio del poder del estado.

Por ello, el problema de la corrupción no reside solamente en los controles y castigos de la clase política sino sobre todo en la impunidad de las grandes corporaciones. El escrutinio y transparencia de las empresas privadas resulta tanto o más importante que la de los entes de la administración pública.

El testimonio del Sr. L fue elaborado sin duda para obtener una ventaja personal. Sin  embargo, hay que reconocer que describe una situación que en México y en otras partes del mundo se ha vuelto normal y ha privado a los ciudadanos de una democracia real, un estado que los proteja, y una economía más equitativa. Es el sistema impuesto por el 1% más próspero que ha logrado concentrar la riqueza y el ingreso mundial en proporciones inimaginables.

 saulescobar.blogspot.com

 

lunes, 17 de agosto de 2020

Una agenda mínima (y urgente) para proteger los empleos

Revista Economía UNAM. Colaboro con un artículo: Una agenda mínima (y urgente) para proteger los empleos. A minimal (and urgent) agenda to protect jobs

Aquí pueden bajar mi contribución y todos los trabajos de la revista dedicada a la crisis provocada por la pandemia.


 http://revistaeconomia.unam.mx/index.php/ecu/article/view/567/600

Call for urgent change of the Mexican Economic Policy (published in http://www.ipsnews.net/2020/08/enough-not-enough-call-urgent-change-mexican-economic-policy)

 

Enough is not enough

Call for urgent change of the Mexican Economic Policy

Saul Escobar Toledo

A group composed by women and men, called Nuevo Curso de Desarrollo (New Course for Development) based at the National University of Mexico recently published a document to propose a set of measures to change the current economic policy in Mexico. This proposal responds to a diagnosis of the current situation: at this point of the year, the serious social damage inflicted by the health and economic crisis can already be observed. As we know, in Mexico as in many other countries, there was a great economic disruption caused by COVID.  Millions of people ceased to receive income from their work. However, the Mexican government has not carried out sufficient support measures to compensate for these losses. The result is easy to guess: many households have been rapidly impoverished. It is estimated that between 10 and 16 million people in April earned much less to the point of not being able to acquire the basic food basket , a situation that has continued  for many of them during May, June and July. And while it is true that more and more workers are returning to their jobs, the losses caused have not been repaired.

 

The lack of support has led many people to abandon their confinement to seek an income for their sustenance. This, in turn, puts the population in greater danger. The Group considers that this dynamic can be corrected:  contain the pandemic, protecting sources of employment and revive the economy are   goals that can be achieved at the same time, they are not necessarily contradictory.

 

The paper recognizes the progress made before the health crisis: there was a significant increase in minimum and contractual wages; the right to a basic pension for the elderly was expanded; and support was extended to other vulnerable groups.   But the situation changed dramatically, and yet the economic policy did not. 

 

This situation - says this group - must be corrected. Therefore, an emergency strategy is urgently needed for the remainder of 2020 and for 2021. This new course could return some of what families have lost and, above all, make economic reactivation faster.

 

Since existing social programs are no longer sufficient, immediate action is required to protect formal workers who have become unemployed or underemployed, and informal workers who have not got no income at all.

 

The Group emphasizes that the reactivation of the economy cannot rest solely on the dynamics of the market. Both private consumption and investment will grow very slowly if there is no determined action from the state. That is, if there is no strong fiscal impulse. So, it is necessary, and it is now more urgent to launch a program to expand public spending.  This means increasing the public deficit for 2020 and prepare a larger budget for 2021.  

 

Financing of public expenditure can be covered by the flexible credit line of low cost available in the IMF and also by the Central Bank.  Additionally, the banking system can cooperate with the recovery by granting more credit to companies and individuals and to support the government.   Higher public spending should not necessarily become an unpayable debt and an unbearable burden for future generations.     

 

In addition, it is required to carry out a set of legal reforms to implement unemployment insurance; a basic income for the poorest and most affected ; and the strengthening of development banks (strangely frozen today), as well as an industrial and regional policy that does not rely solely and passively on the supposed benefits of the trade agreement with the United States and Canada.

 

Additional borrowing should be seen as transitory and confined to overcome the emergency. Therefore, the document says, a tax reform cannot be postponed. A reform that lays the foundations for a new inclusive and sustainable economy. The undeniable political strength of the president of the republic, granted by elections that took place in 2018, must and can serve to achieve this agreement.    

The government can presume that, despite the adversity, there is a balanced budget. But what good is that when inequality and poverty are exacerbated? The Mexican state and, first of all, the federal government have to recognize that there is a debt more important than the one recorded in public finances. And that is the income losses suffered by millions of Mexicans, losses that may last many months more.

If anything has been learned from the crises of capitalism in the last hundred years, it is that the laws of the market cannot be trusted. It is, then, time for politics, for decision-making, for a change of the economic course.

 

Note: The complete list of members of the Group and their publications are available at: http://www.nuevocursodedesarrollo.unam.mx

 

Saul Escobar Toledo, Economist, Professor at Department of Contemporary Studies in INAH (National Institute of Anthropology and History, México) and President of the Board of the Institute of Workers Studies “Rafael Galvan” (IEORG) a non-profit organization. His recent work : “Subcontracting: a study of change in labor relations” will be published soon by Friedrich Ebert Stiftung, Mexico City.

 

miércoles, 12 de agosto de 2020

Cambiar la política económica en México: razones y propuestas

 

Por un cambio urgente de la política económica

Saúl Escobar Toledo

 

El Grupo Nuevo Curso de Desarrollo (GNCD), con sede en la UNAM, publicó recientemente un documento en el que llama a discutir un conjunto de medidas para darle un giro a la política económica. Esta propuesta responde a un diagnóstico de la situación actual:  a estas alturas del año pueden observarse ya los serios daños sociales infligidos por la disrupción. Como sabemos, el resguardo obligado de las personas detuvo la economía y ello causó que millones de personas dejaran de recibir ingresos por su trabajo. Sin embargo, el gobierno no llevó a cabo las medidas suficientes de apoyo para compensar esas pérdidas. El resultado es fácil de adivinar: muchos hogares se han empobrecido rápidamente. Se ha calculado que entre 10 y 16 millones de personas en el mes de abril vieron caer sus haberes al punto de no poder adquirir la canasta básica alimentaria, situación que se ha prolongado para muchos de ellos durante mayo, junio y julio. Y si bien es cierto que cada vez hay más trabajadores que se reintegran a sus labores, las pérdidas ocasionadas no han sido reparadas.

No sólo eso, la ausencia de respaldo ha llevado a muchas personas a abandonar su enclaustramiento para buscar el sustento. Ello, a su vez, pone en mayor peligro a la población. El documento considera que esta dinámica puede corregirse y que contener la pandemia, proteger las fuentes de empleo y reactivar la economía son   objetivos que se pueden conseguir al mismo tiempo, y no necesariamente se tiene que elegir entre uno u otro.

El GNCD reconoce los avances obtenidos antes de la crisis sanitaria:    hubo un importante incremento de los salarios mínimos y contractuales (aunque en menor medida); se amplió el derecho a una pensión básica para adultos mayores; y se extendieron apoyos a otros grupos vulnerables.   Pero la situación cambió de manera extraordinaria y, sin embargo, la política económica no lo hizo.

Esta situación -dice este colectivo- debe corregirse. Para ello se propone una estrategia de emergencia para lo que resta de 2020 y para 2021. Este nuevo rumbo podría devolver a las familias algo de lo perdido y, sobre todo, evitar que la reactivación económica sea más lenta.

Dado que los programas sociales vigentes no son ya suficientes, se requieren medidas inmediatas para proteger a los trabajadores formales que han quedado desempleados o subocupados, y a los informales que han visto caer sus ingresos. El escrito insiste en que los más afectados han sido los que ganaban los salarios más bajos y por lo tanto son los más susceptibles de caer en una situación de pobreza, incluso de pobreza extrema.

El Grupo hace énfasis en que la reactivación de la economía no puede descansar únicamente en la dinámica del mercado. Tanto el consumo privado como la inversión pueden recuperarse muy lentamente si no hay una acción decidida del estado. Es decir, si no hay fuerte impulso fiscal. Por ello, se señala que:

Por razones de estricta justicia social vinculadas al imperativo de paliar el sufrimiento de millones de hogares y también por motivos de índole macroeconómica, sigue siendo necesario y es ahora más urgente poner en marcha un programa de ampliación del gasto público.  Esto supone incrementar el déficit público para 2020 y un presupuesto   para 2021 que fortalezca considerablemente dicho impulso.

Y agrega que, para sufragar lo anterior, se puede recurrir, por una parte, a la línea de crédito flexible de bajo costo disponible en el FMI y, por la otra, a un financiamiento directo del Banco de México.  Adicionalmente, el sistema bancario   puede cooperar con la recuperación    otorgando más crédito a empresas y personas y apoyando directamente al gobierno.   Un mayor gasto público no debe, necesariamente, convertirse en una deuda impagable y en una carga insoportable para las futuras generaciones.

Precisamente porque un mayor endeudamiento debe llevarse a cabo con prudencia, se hace indispensable una mayor cooperación entre la autoridad fiscal y monetaria. Con ello se puede lograr, de manera responsable, robustecer el sector salud; apoyar a las familias que sufrieron despidos o recortes en sus remuneraciones; y respaldar, sobre todo, a las micro y pequeñas empresas con apoyos directos, no sólo créditos (hasta hoy de baja cuantía). Además, se requiere llevar a cabo un conjunto de reformas legales para implementar un seguro de desempleo; un ingreso básico para los más pobres y afectados; y el fortalecimiento de la banca de desarrollo (hoy extrañamente congelada), así como una política industrial y regional que no descanse única y pasivamente en las supuestas bondades del Tratado comercial con Estados Unidos y Canadá.

Se necesita, también, un programa emergente de inversión en infraestructura. Otra vez, lo que se ha planeado (el aeropuerto, la refinería, los trenes), no es suficiente. Según las cifras oficiales publicadas hace unos días, la inversión del sector público física (obras, equipo y maquinaria) ha aumentado en términos reales en 16% pero en algunos rubros se han visto caídas (seguridad nacional; protección ambiental; recreación y cultura; sector agropecuario, silvicultura, y pesca) a cambio de otros renglones que han aumentado (salud; desarrollo económico; y energía).  

El endeudamiento adicional debe ser visto como transitorio y circunscrito a superar la emergencia. Por ello, dice el documento, resulta impostergable una reforma fiscal. Una reforma, precisa el manifiesto, que finque las bases de una nueva economía incluyente y sustentable y que sea producto de un   pacto entre los actores   políticos y sociales y los agentes económicos. La innegable fuerza del presidente, otorgada por las urnas en 2018, debe y puede servir para conseguir este acuerdo.

El escrito aquí comentado termina con una convocatoria:

“El Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos para 2021 deben tener como objetivos principales la    recuperación económica y social.  Llamamos a la Cámara de Diputados y al Senado, a sus grupos parlamentarios, y a la sociedad mexicana, a debatir con la altura de miras que demanda la emergencia nacional”.

No podemos perder más tiempo. Una política basada en la contención y recortes indiscriminados del gasto corriente; el equilibrio de las finanzas públicas; y el ahorro, objetivos que en tiempos normales o de bonanza podría ser aconsejables, no lo son en estas circunstancias tan dramáticas.

El gobierno puede presumir que, pese a la adversidad, el balance presupuestario pasó de -311 miles de millones de pesos (programado) a -319 (ejercido en el primer semestre), es decir un muy ligero aumento del déficit, de apenas 8 mmp. Pero eso ¿de qué sirve cuando la desigualdad y la pobreza se exacerban? El estado mexicano y, en primer lugar, el presidente de la república, tienen que reconocer que hay una deuda más importante que la que se registra en las finanzas públicas. El faltante que han sufrido, sufren y lamentablemente seguirán sufriendo millones de mexicanos es un asunto prioritario. No sólo desde el punto de vista de la responsabilidad social sino también pensando en el futuro. Si algo se ha aprendido de las crisis del capitalismo en estos últimos cien años es que no se puede confiar en las leyes del mercado. Es, pues, la hora de la política, de la toma de decisiones, del cambio de rumbo.

Nota: el GNCD es un colectivo plural compuesto por hombres y mujeres de experiencias, formaciones e inclinaciones políticas diversas. Ha trabajado en torno a los problemas del desarrollo desde hace más de diez años y ha producido varios libros, ensayos, y documentos. La lista completa de integrantes del Grupo y sus publicaciones están disponibles en: http://www.nuevocursodedesarrollo.unam.mx

miércoles, 29 de julio de 2020

La reforma de las pensiones: privatizar ganancias y socializar pérdidas (de nueva cuenta).

La reforma de las pensiones: privatizar ganancias y socializar pérdidas (de nueva cuenta).

Saúl Escobar Toledo
 

El anuncio dado a conocer en Palacio Nacional el 22 de julio, justo hace una semana, en el sentido de que se enviará una iniciativa de ley “tripartita” destinada a “fortalecer el sistema de pensiones”, deja más dudas que certezas. Ello se debe en buena medida a que no se conoce el texto de la reforma. De esta manera, varias de las metas señaladas en el comunicado oficial no están claramente sustentadas y dejan muchas interrogantes en el aire. Los ejes fundamentales que se plantearon fueron: a) un aumento escalonado de las aportaciones al seguro de retiro; b) una disminución importante del número de semanas requeridas para alcanzar una pensión; y c) un incremento a la cuantía de la pensión mínima garantizada.

Para lograr lo anterior, la aportación patronal aumentará en forma gradual de 5.15% a 13.87% en un lapso de ocho años. Y aquí empiezan los cuestionamientos porque sorprende que los representantes de los empresarios que apenas un día antes reclamaban subsidios y apoyos del gobierno, ahora festejen un proyecto de ley que afectará directamente a las empresas. Adujeron que estas aportaciones entrarán en vigor hasta 2023. Pero dos años de gracia no puede considerarse un plazo apropiado pues aún no sabemos el momento en que la economía se vaya a recuperar al punto en que se considere que están dadas las condiciones para aumentar los costos laborales. Tampoco está claro, como se dijo extraoficialmente, que las pequeñas y medianas empresas no serán afectadas debido a que “el aporte patronal será diferenciado de acuerdo (con) los ingresos de los trabajadores”. 

Este esquema tendrá que ser explicado más detalladamente ya que puede inducir a que los patrones (de todo tipo) congelen los ingresos de sus trabajadores. Como dijo el líder del CCE en una entrevista a un medio de comunicación, lo cual fue reportado oportunamente por El Sur, “nuestra sugerencia a todas las empresas es que el punto porcentual se negocie dentro del paquete de prestaciones. Es decir, si le ibas a dar 7 por ciento de aumento al trabajador, darle 6 por ciento al salario y un punto se lo dejas en el cochinito”(sic). Muchos otros especialistas incluso del sector privado han advertido que la reforma alentará la informalidad, puede ser un factor inflacionario y será un freno para la inversión del país. Hay entonces un riesgo evidente:  el aumento de la cuota patronal será pagado de una forma u otra por los trabajadores y afectará sensiblemente el crecimiento del empleo formal y bien pagado.  

Debe quedar claro que, para fines prácticos, técnicos y legales, se trata de una reforma fiscal ya que  según el Código respectivo, las aportaciones a la seguridad social se consideran contribuciones para los gastos públicos, obligatorias para las personas físicas y morales “conforme a las leyes fiscales respectivas”. El aumento de la cuota patronal puede calificarse como una reforma regresiva, muy distinta a la que se había propuesto por un grupo amplio de organizaciones y personas, consistente en aumentar los gravámenes, mediante la Ley del Impuesto sobre la Renta (a las personas físicas), a las grandes fortunas que concentran la enorme mayoría de la riqueza y los ingresos en este país. Una pena que se haya optado por un camino totalmente distinto.

El segundo objetivo, la disminución de las semanas de jubilación (de 1250 a 750) probablemente beneficiará a los trabajadores que les toque en suerte gozar esta nueva disposición, pero no está claro a partir de cuándo. Algunos asumen que al otro día que se apruebe la ley mientras que otros suponen que ello sucederá al final del periodo de transición, allá por el 2030. Además, para mayor confusión, el boletín oficial afirma que este requisito “posteriormente se elevará gradualmente, en un periodo de 10 años, a 1,000 semanas”. ¿En qué quedamos entonces?

 Subsiste, por otro lado, el problema de la cobertura. Los altos niveles de informalidad, cercanos al 60% han sido la causa principal de que el sistema haya incluido a un reducido número de trabajadores; sin embargo, también debe tomarse en cuenta la enorme cantidad de ocupaciones vulnerables o precarias (muchas de ellas por medio de la subcontratación). La reforma no ofrece alternativas para mejorar la calidad del empleo y, además, deja pendiente, de manera indefinida, los cambios para los trabajadores del apartado B.

El tercer objetivo, el incremento de la cuantía de la pensión mínima garantizada,  llama igualmente la atención por la vaguedad de los números debido a  que, se afirma, esta aportación se incrementará en función de la edad, el salario y las semanas de cotización. En declaraciones hechas por un funcionario del CCE se aseguró   que el gobierno pagará más a los que ganan menos, por ejemplo, “si un trabajador gana un salario mínimo el gobierno asumirá el 100% del aumento”.  La pregunta que surge es ¿cuánto significará para las finanzas públicas esta nueva carga? ¿Qué tanto representará en materia de endeudamiento público?

Otras afirmaciones hechas por funcionarios de Hacienda y el CCE parecen sólo buenas intenciones: por ejemplo, reducir las comisiones de las AFORES.  Éstas, por cierto, manejarán, según estos voceros, una cantidad de recursos que pasará de un estimado actual de 17.2% hasta el 40% del PIB. Sin duda éste es uno de los objetivos de la reforma que motiva tanta alegría a sus impulsores. Por lo menos eso se desprende de los estudios de la OCDE y de la iniciativa del Partido Acción Nacional, documentos que, muy probablemente, sirvieron de base al documento presentado ese miércoles 22.

Por otro lado, está el tema de los rendimientos. Teóricamente, para que el trabajador obtenga una buena pensión, las SIEFORES tienen que invertir en instrumentos muy rentables. De ahí la propuesta de que se eleve el porcentaje permitido para fondos de renta variable en el extranjero. Ello, sin embargo, implica mayores riesgos. Por el contrario, invertir en bonos de deuda pública es más seguro, pero ofrece menores rendimientos. Esta contradicción, junto con el cobro de jugosas comisiones, ha causado una incertidumbre permanente y frecuentes altas y bajas en las cuentas de los trabajadores. Se trata de un problema sin solución porque el sistema se basa en un negocio diseñado para ofrecer ganancias a las agencias privadas, no mejores prestaciones laborales.

En síntesis, la reforma puede castigar a las pequeñas y medianas empresas y afectar negativamente el empleo y los ingresos laborales. La prisa por anunciar una reforma que empezará a aplicarse, probablemente, dentro de dos años, no sólo desentona con el momento económico que estamos viviendo. Desde el punto de vista político parece sellar un compromiso del gobierno con el sector más poderoso de los empresarios para cancelar definitivamente otras reformas como la de gravar a las personas más acaudaladas, establecer un seguro de desempleo, y el financiamiento de otros programas como la renta básica. Además, contradice la promesa presidencial de no aumentar la carga fiscal ni endeudar más al país. Cuestiones que, por cierto, recaerán, principalmente, en la administración que tomara posesión en diciembre de 2024 (no importa de qué signo partidario).

La presentación de la iniciativa de ley y su discusión en el congreso seguramente despertará reacciones no tan festivas como las que se dieron en Palacio Nacional. No puede esperarse que muchos empresarios, sobre todo los pequeños y medianos, se sientan tan conformes; ni que otras representaciones sindicales, incluso las que formaron parte del viejo aparato corporativo, vayan a quedarse calladas. Esperemos que los legisladores, sobre todo del partido mayoritario, estén dispuestos a promover un debate amplio e informado. Según la OIT, de 30 países que privatizaron el sistema, 18 lo revirtieron y regresaron a un modelo público y solidario. Y tuvieron éxito. ¿Por qué entonces, reforzar un modelo que ha saqueado los bolsillos de los trabajadores?

 

saulescobar.blogspot.com

 


miércoles, 15 de julio de 2020

El T-MEC ¿una alternativa para el crecimiento y el desarrollo de México?

T-MEC: Un ferrocarril detenido en la estación

Saúl Escobar Toledo

 

La visita a Estados Unidos del presidente López Obrador el día 8 de julio se ha recibido con beneplácito en diversos sectores de la sociedad mexicana. A pesar de que el viaje fue seguramente requerido por el mandatario de aquel país para fines electorales y de que se corría el riesgo de un gesto ofensivo de su parte, el resultado -se ha dicho- fue positivo. Es probable que para Trump lo haya sido pues quería hacer un gesto de acercamiento a los votantes de origen “latino”. Para el gobierno de México, por su lado, resultó una aventura con costos relativamente bajos. Entre los más importantes, la reprobación muda o explícita de los trabajadores mexicanos que radican en EU y que simpatizan en su gran mayoría con los demócratas y son parte de las bases de las organizaciones sindicales, las cuales también han mostrado su preferencia con la oposición al Sr. Trump. En cambio, López Obrador parece haber logrado un reencuentro con los empresarios y sus diversos bloques y expresiones, y la aprobación casi unánime de sus partidarios que no se sintieron decepcionados y pudieron respirar con tranquilidad y alivio al final de la jornada.

Sin embargo, en este tipo de eventos, las victorias diplomáticas y políticas suelen ser pasajeras. Como dicen que dijo José Saramago: “La derrota tiene algo positivo, nunca es definitiva. En cambio, la victoria tiene algo negativo, jamás es definitiva”. (Cf. “José Saramago: una mirada triste y lúcida” de Andrés Sorel). En el caso de Trump su gesto puede quedar corto y perder la elección de noviembre. De hecho, su encuentro con el presidente López Obrador tuvo pocas repercusiones mediáticas: el candidato republicano tendrá que hacer muestras más efusivas hacia los llamados “hispanos”, lo cual podría restarle votos en su lado duro antiinmigrante.

Por su parte, Andrés Manuel, a su regreso a nuestro país, tuvo que enfrentar la compleja situación interna marcada por la epidemia y la caída de la economía, todo lo cual está repercutiendo en un aumento muy acelerado de la pobreza, el desempleo y la inconformidad social. La conferencia nocturna del subsecretario López -Gatell del viernes 10 confirmó lo que la OMS había señalado poco antes: en varios estados del país hubo una apertura muy acelerada del desconfinamiento y un repunte de los contagios a tal grado que la enfermedad se ha “descontrolado”. Ello tendría que llevar, de acuerdo con el funcionario, a volver a cerrar establecimientos comerciales y productivos, y a acelerar las reconversiones hospitalarias. La OMS señaló y López Gatell, también coincidió en que ha habido una “vigilancia epidemiológica débil”. El problema es que la coordinación entre la federación y los estados no está funcionando.

Particularmente sensibles son los casos de rebrotes en Cancún, Matamoros y en el estado de Tabasco pues son ejemplo de las actividades económicas que urgía echar andar: el turismo, la maquila y la construcción de la refinería.

La ausencia de apoyos directos a las familias que han perdido su trabajo (formal o informal) y a las microempresas, está generando mayor desesperación y la desobediencia a las indicaciones sanitarias más elementales. Aunque la querella se ha centrado, erróneamente y con fines políticos, en la persona del subsecretario de salud, el verdadero problema radica en que la pobreza y el hambre están alcanzando a millones de mexicanos por las medidas de reclusión, la caída del consumo y la desaparición de cientos de miles de micronegocios.  Todo ello empuja a reaperturas desordenadas y a conflictos entre autoridades de distintos niveles.

Ahora bien, la posibilidad, como se repitió varias veces ese miércoles en Washington, de que el T-MEC sirva para reanimar la economía de la región es por lo pronto, casi nula. Basten algunas cifras: la producción manufacturera en EU disminuyó 5.5% en marzo, 19.5% en abril y 16.5% en mayo. Destaca en especial, por sus implicaciones para el Tratado, la caída en la producción de autos:  de 2 millones 760 mil unidades en febrero a 542 mil en mayo (más de 80%). No resulta sorprendente que las exportaciones totales de nuestro vecino bajaran de 207 miles de millones de dólares (mmd) en febrero a 144.5 mmd en junio (-30%) y que las importaciones se redujeron de 247. 5 miles de millones de dólares en febrero a 199 mmd en junio (-19.5%).

Estas cifras sugieren que la reconstrucción de las cadenas de valor entre EU y México tardará un buen tiempo. Las nuevas inversiones van a dilatarse y por lo pronto las fábricas funcionarán por debajo de su capacidad instalada. Además, nadie, ni por supuesto los empresarios que asistieron a la cena esa noche en la Casa Blanca están seguros de que esta reconstrucción vaya a darse en los mismos términos históricos de los últimos decenios.

Según James Galbraith, la economía de Estados Unidos tardará mucho tiempo en salir de la crisis debido a que la demanda mundial de bienes y servicios de tecnología avanzada en sectores como la industria aeroespacial, tecnologías de información, armamento, servicios petroleros o finanzas es probable que se recuperen muy lentamente.  Por su parte, el mercado interno estadounidense va a resentir una disminución del consumo, sobre todo en el sector servicios que más empleos ha generado en ese país. Más importante aún: el gasto de las familias en los 60 estaba impulsado por un alza en los salarios. En cambio, argumenta Galbraith, en esta última etapa, las remuneraciones no crecieron    a la misma velocidad   y el aumento del gasto en la última década ha dependido de la contratación de mayores deudas personales y corporativas. El peso de esas obligaciones frenará aún más la oferta y la demanda.  

El T-MEC tiene por lo menos dos problemas adicionales que pueden detener las inversiones hacia México: las cláusulas que se refieren a las reglas de origen, la solución de controversias, y el capítulo laboral. Las empresas tendrán que aprender a enfrentar estas nuevas disposiciones, lo que las obligará a ser más cautas en el corto plazo.

En cambio, la disputa de EU con China puede representar una nueva oportunidad para nuestro país. Sin embargo, para los grandes corporativos, salirse de ese país asiático y trasladarse a nuestro territorio representa una decisión muy compleja. A corto plazo, la ruptura de las cadenas productivas existentes entre China y EU ahondaría la recesión mundial. No es lo mismo cambiar de lugar una fábrica que apretar un botón para mover cientos de miles de dólares de un banco a otro, o de un paraíso fiscal en Suiza a las Islas Caimán. Las inversiones no financieras funcionan de otra manera: la globalización de la producción (mediante el llamado outsourcing) tardó en consolidarse desde los ochentas hasta bien entrados los noventa. A todo esto, habría que agregar que las nuevas manufacturas que inundan el mercado mundial son, en buena parte, de alta tecnología. Volver a México un actor relevante en esos sectores requeriría un cambio profundo que nadie, ni los empresarios ni el gobierno está planeando ni preparando.  Parecen haberse resignado a que permanezcamos como una economía maquiladora, lo cual traería los mismos resultados de las últimas décadas: bajo crecimiento, mayores desigualdades y pocos empleos productivos.

En resumen, el T-MEC es por lo pronto un proyecto afectado más por las incertidumbres que por la confianza de los inversionistas. Es un tren detenido en la estación y no hay seguridad de cuándo echará a andar y a dónde se dirigirá.  La economía de la región (México, EU y Canadá), como la globalización mundial, están en plena resaca. Cuándo y qué tipo de oleada vendrá, nadie lo sabe y es probable que tarde varios años en hacerse realidad. Mientras tanto, la contradicción entre desacelerar los contagios o la actividad económica sigue siendo un dilema sin resolver en ambos lados de la frontera. Nuestro gobierno y el poder legislativo tienen que hacerse cargo ya de esta situación, y tomar las decisiones correspondientes.


 


miércoles, 1 de julio de 2020

El falso dilema de la Gran Disrupción

El falso dilema de la Gran Disrupción

Saúl Escobar Toledo

¿Cuántas vidas humanas equivalen a un punto porcentual del producto interno bruto (PIB)?

Hasta ahora, la pandemia causada por el Covid-19 no ha encontrado otros remedios más eficaces que la reclusión domiciliaria y el distanciamiento social para detener los contagios y la pérdida de vidas. Se frenaron casi todas las actividades económicas en el planeta durante varios meses: tuvo lugar la Gran Disrupción 2020. Ahora, se está planteando la necesidad de reabrir algunas labores. Una decisión muy compleja pues persiste el riesgo de que se aceleren de nueva cuenta la propagación de la enfermedad. ¿Cómo tomar una decisión acertada ?

Algunos gobernantes, por ejemplo Donald Trump, ha sostenido “que no podemos permitir que el remedio sea peor que la enfermedad”. Su consejero económico, Larry  Kudlow señaló, en el mismo tono,  que:   “el daño económico causado por el distanciamiento social es simplemente demasiado grande. No podemos detener la economía y tendremos que encontrar los puntos de equilibrio (trade-offs) entre la protección de nuestros ciudadanos contra el virus y el regreso de las actividades del mercado bursátil a su nivel anterior”. Es decir, el Sr. Kudlow quiere averiguar cuantas personas equivalen a tantos puntos del índice Dow Jones de Wall Street.

Formularse así las cosas podría llevarnos, como ha escrito con sorna Michel  Husson ( del Instituto sindical de investigaciones económicas y sociales de París), a la tentación de elaborar un modelo que nos lleve a un  punto de “equilibrio” óptimo entre el número de   contagiados y el volumen de las actividades económicas. Tal cosa sería desde luego absolutamente inaceptable desde el punto de vista ético, pero también demostraría la absoluta incapacidad de la ciencia económica (y en general del conocimiento humano) y de la política para tratar de encontrar otra solución que ponga por delante la vida humana.

La pregunta debería entonces formularse de otra manera: ¿qué hacer para reducir al máximo la pérdida de vidas y al mismo tiempo echar a andar los mercados de la manera más segura posible?. Para encontrar una respuesta se requiere una acción decidida del estado; la convicción de que se necesitan cambios inmediatos; y la participación activa de la sociedad (sobre todo de las organizaciones sindicales).

En el caso de México, para proteger el empleo, conviene tratar de construir una agenda que pueda servir para el debate. Aquí unas notas, seguramente incompletas:

1.- Seguro de desempleo

Las empresas (de todos tamaños y sectores) están enfrentando serios problemas para mantener la plantilla laboral ante la caída de la demanda y la falta de insumos. Algunas podrán soportar varios meses, otras cerrarán definitivamente y habrá también las que tratarán de recortar una parte de su personal. Un seguro de desempleo serviría para evitar que las personas despedidas de estas empresas caigan en la pobreza y ayudaría también a estimular la demanda efectiva.

2.- Ingreso vital focalizado y temporal

El debate sobre una renta básica universal lleva ya varios años. Sin embargo, dadas las circunstancias actuales, se está hablando de un ingreso básico focalizado por tiempo definido.

Por ejemplo, en Brasil,  se instrumentó  un programa financiado enteramente con recursos públicos con un costo estimado de 18 600 millones de dólares para beneficiar a entre 15 y 25 millones de trabajadores (casi todos informales) que consiste en una ayuda de unos 120 dólares estadounidenses por tres meses que puede duplicarse a 240 dólares en caso de hombres o mujeres solteros con hijos. Un programa similar se está llevando a cabo en Argentina.

3.- Política salarial

El gobierno de la república decidió cambiar la política salarial desde un principio. Gracias a ello, el salario mínimo ha recuperado su valor en términos reales un 35% desde diciembre de 2018 y los contractuales un  4% acumulado en los dos últimos años. Mantener los aumentos reales en las percepciones de los asalariados será más sustentable si se avanzara en la implementación de un seguro de desempleo y un ingreso mínimo focalizado. El riesgo de que los patrones traten de buscar un equilibrio (otro trade off) entre el número de empleados y los aumentos salariales puede convertirse en una epidemia que contagie a muchas empresas.

4.- Reforma laboral 2019

La reforma que abrió la posibilidad de una mayor libertad e independencia sindicales para fortalecer la negociación entre obreros y patrones y  hacer a un lado los contratos de protección  está avanzando pero faltan algunas cuestiones muy importantes. Además, una vez puesto en operación el Tratado comercial, la vigilancia de Estados Unidos sobre México en materia laboral podría ser más severa, de acuerdo con las cláusulas pactadas. Para evitar conflictos con nuestros socios, el gobierno de México tendrá que llevar a cabo una actividad de inspección y conciliación más intensa;   apresurar la puesta en práctica de la reforma (con los recursos presupuestales suficientes); y cuidar que no se lleven a cabo actos represivos contra los trabajadores inconformes, como en el caso de Susana Prieto, defensora de los obreros de la maquila en el norte del país.

5.- Subcontratación

Según el Censo Económico 2018, había un total de 4.5 millones de trabajadores “no dependientes de la razón social” en la que trabajaban. Podemos suponer que forman parte del universo de personas  subcontratadas,  un sector especialmente vulnerable a los despidos, la inexistencia de contratos colectivos  y  la protección de la seguridad social. Es probable que una buena parte de estos trabajadores hayan sido cesados y no figuren en las cifras del IMSS. Es indispensable que el Congreso regule de mejor manera la subcontratación.

Las reformas a la LFT también deberán atender el caso de los trabajadores que laboran bajo la modalidad de plataformas digitales (como en el caso de las empresas Uber de transportación de pasajeros o Didi Eats para la repartición de alimentos) ya que no son reconocidos como asalariados al servicio de un patrón y carecen de todos los derechos laborales.

6.- Pensiones

De acuerdo con la OIT y muchos estudiosos del tema,  el sistema privado de cuentas individuales sujetas al mercado de las AFORES ha representado un gran fracaso. La necesidad de una reforma del sistema ha sido reconocida por el presidente de la república.

Por lo pronto, millones de adultos mayores  reciben solamente la transferencia monetaria del gobierno, equivalente a 2 620 pesos bimestrales. Ahora, según los planes de esta administración, esa cantidad tendrá que ser repartida entre todos los miembros de la familia que no reciben otra prestación.

En resumen, el mercado laboral mexicano ya era muy vulnerable y la Gran Disrupción agravó la  pobreza por ingresos, la ausencia de protección para desempleados, el abandono casi total de los trabajadores informales, la escasa fuerza de negociación de los asalariados y los magros o nulos ingresos para jubilados y adultos mayores.

La expectativa de un repunte de las actividades económicas no va a resolver el daño causado a unos 12 millones de trabajadores (según INEGI) que dejaron de recibir ingresos en abril,  mayo y, probablemente en  junio de 2020. Tampoco está claro que esa reactivación será lo suficientemente rápida para que en el segundo semestre se repongan las plazas   perdidas y las actividades informales que daban sustento a millones de familias.

Por ello, en lugar de confiar en los mercados, sobre todo en el T-MEC, lo que se requiere es una acción decidida del  gobierno de la república y el poder legislativo para frenar la pobreza y reanimar la economía con los menores peligros posibles. Dejar abandonados a los trabajadores que han sido afectados por la disrupción económica es inaceptable desde el  punto de vista de los derechos humanos y no puede ser la vía para construir  una nación mejor preparada para prevenir las  enfermedades, remediar las carencias económicas y ofrecer una vida digna a la inmensa  mayoría de los mexicanos.