La CTM: la disputa por la historia

La CTM: la disputa por la historia

Saúl Escobar Toledo

El domingo pasado, el presidente de la república acudió a un acto masivo en la Ciudad de México en ocasión del 84 aniversario de la fundación de la CTM. En los discursos tanto del secretario general de esa organización como del primer mandatario se hicieron varias referencias a la historia y en particular al presidente Lázaro Cárdenas.

Quizás muchos lectores de El Sur no recuerden con precisión los hechos de aquel entonces y no comprendan cabalmente la relación del mandatario michoacano que gobernó el país entre 1934 y 1940 con la lucha sindical. Vale la pena entonces recordar que la Confederación de Trabajadores de México (CTM) fue en realidad el momento culminante de un proceso de unificación que se había iniciado varios años antes. Diversas organizaciones jugaron un papel muy importante en este proceso. En primer lugar, la Confederación Sindical Unitaria de México (CSUM), una agrupación fundada por activistas sindicales, miembros del Partido Comunista, que logró reunir a un número significativo de sindicatos a fines de los años veinte. Poco tiempo después, surgiría la Confederación General del Obreros y Campesinos (CGOCM) dirigida por Vicente Lombardo Toledano. El movimiento sindical iniciaba una profunda reorganización después de varios años de sufrir el control hegemónico de la CROM (Confederación Regional de Obreros Mexicanos), organización que, con el apoyo del gobierno callista (1924-1928), había logrado desplazar a otras corrientes obreras por medio de la violencia y la ayuda oficial. Recordemos que su principal líder, Morones, había sido Secretario de Industria, Comercio y Trabajo.

Tanto la CSUM como la CGOM, junto con los nacientes sindicatos de industria como los ferrocarrileros, se propusieron la formación de un movimiento obrero independiente ajeno a “toda colaboración y sometimiento al Estado”. Durante los primeros años de la década de los treinta, se llevaron a cabo paros y manifestaciones para lograr el reconocimiento de los contratos colectivos. Así, por ejemplo, en 1934, antes de las elecciones presidenciales, se organizaron dos huelgas generales.

Cuando el general Cárdenas tomo posesión de su cargo, el sindicalismo se había convertido en “la fuerza política y social más importante del país”, según algunos historiadores. El presidente, por su parte, decidió acercarse al movimiento desde el principio de su administración. En 1935, cuando se produjo la ruptura con Calles, las organizaciones obreras decidieron apresurar su unificación. La CGOCM, la CSUM, los sindicatos nacionales de industria más importantes, ferrocarrileros, mineros y electricistas, entre otros, firmaron un pacto de unidad que dio lugar a la creación del Comité de Defensa Proletaria. Las huelgas se multiplicaron a fines de ese año y principios de 1936 abarcando diversas ramas industriales de gran importancia económica. Destacó, en ese momento, el caso de Vidriera Monterrey pues ante las quejas patronales, Cárdenas defendió sin ambigüedades a los trabajadores e incluso la participación de los comunistas en el conflicto y condenó severamente las amenazas de los empresarios regiomontanos.

En estas condiciones, a fines de febrero de 1936 se llevó a cabo al Congreso Nacional de Unificación Obrera y Campesina, convocado por el CNDP, del que surgiría la CTM. Según algunas fuentes, se logró reunir a representantes de 2 800 sindicatos tanto los más pequeños como los grandes sindicatos nacionales de industria recién creados. Una fuerza muy considerable.

El Congreso de 1936 culminó aprobando una resolución en la que se reiteraba la independencia de la organización respecto del poder público y se llamaba a la unidad con el movimiento campesino.  El objetivo, afirmaron, era la formación de un Frente Popular Antiimperialista para luchar por la “emancipación y la verdadera autonomía de la nación mexicana”.

La creación de la CTM dio un mayor impulso a la movilización de los trabajadores. Varias huelgas estallaron.  Una de las más importantes fue la ferrocarrilera que tuvo lugar en mayo. Menos de un mes después ocurrió la huelga de los electricistas que se prolongaría por diez días paralizando la mayoría de las actividades económicas de la Ciudad de México y algunas otras regiones cercanas. En noviembre, el recién constituido sindicato nacional petrolero emplazó a huelga por firma de contrato colectivo. La huelga estallaría en mayo de 1937 y, como se sabe, se resolvería en marzo de 1938 con la expropiación petrolera decretada por el presidente Cárdenas.

Valga este recuento histórico para subrayar que la CTM no fue resultado de una decisión de gobierno, aunque las políticas impulsadas por el mandatario crearon un ambiente favorable para ello. Dicha organización fue posible gracias a una estrategia de movilización desatada con plena independencia del poder público y del partido en el poder (el flamante PNR). Fue, por ello, una de las etapas históricas más sobresalientes del movimiento obrero mexicano.

Después, las cosas cambiaron y en los años cuarenta tanto los comunistas como el propio Lombardo Toledano y otros dirigentes fueron echados o salieron de la CTM. Un grupo, encabezado, entre otros, por Fidel Velázquez, se apropió de la central y decidió convertirse en aliada del gobierno para combatir a las otras corrientes sindicales. Bajo esa dirigencia y con esas estrategias, la CTM se corrompió y se creó un sistema corporativo muy autoritario.

La CTM que en estos días celebró su aniversario, hace mucho que ha dejado de ser una organización combativa e independiente; tampoco es ya, desde hace décadas, la central favorita del gobierno en turno. Se ha convertido en una administradora de contratos de protección con una afiliación dudosa: seguramente muchos trabajadores forman parte de los sindicatos de la CTM sólo en el papel y ni siquiera saben que pertenecen a esas organizaciones.

Muchas de estas cosas, la participación de los comunistas, el liderazgo de Lombardo, la represión contra la oposición sindical, el corporativismo y la simulación de los contratos colectivos, no salieron a relucir en los discursos del domingo pasado. Era de esperarse, ya que forman parte del pasado vergonzoso que explica la sobrevivencia   de los lideres cetemistas de hoy.

 El presidente López Obrador planteó en dicho acto una agenda laboral que incluyó el fortalecimiento del IMSS, un cambio en las políticas a cargo del INFONAVIT y, lo más destacado, una revisión del sistema de pensiones. A esos puntos habría que agregar otros: el tema de la subcontratación; el sostenimiento de una política salarial progresiva; y la implementación de las reformas a la ley para hacer realidad la democracia sindical y la contratación colectiva.

Puede entenderse la presencia del primer mandatario en el aniversario de la CTM de diversas maneras. Quizás considera que no queda sino arar con los bueyes que hay, no con los que uno quisiera, para echar a andar, con el consenso institucional de las organizaciones patronales y sindicales, nuevas reformas a la ley y políticas distintas en beneficio de los obreros. La agenda laboral, como pude verse, es de una gran relevancia. Ya veremos si la CTM se convierte en un lastre o apoya estos cambios. Y, sobre todo, si pasa la prueba de la democracia bajo las reglas legales apenas aprobadas el año pasado.

Pero la presencia del general Cárdenas en los discursos y la apelación a su legado, nos deben hacer reflexionar sobre ese momento histórico. Una de las cuestiones más relevantes para nuestro presente consistiría en reconocer que un gobierno dispuesto a cambiar al país debe contar con el acompañamiento de las agrupaciones sociales, y que éstas deben mantener su independencia y su propia iniciativa. Tratar de controlarlas o condicionar su participación, sólo puede hacerse por medio de la fuerza, la corrupción y el autoritarismo. La historia de la CTM es un buen ejemplo.

Financiarización

Financiarización          

Saúl Escobar Toledo
 

Bajo esta palabra, difícil de pronunciar en español, se ha traducido el término en inglés “financialization” que alude al poder de los mercados financieros en el mundo, el cual ha crecido verticalmente en las últimas décadas. En la actualidad, estos mercados y sus diversos instrumentos, algunos muy complejos en cualquier idioma (derivados, hedge funds) han tomado una mayor importancia a tal punto que las empresas productivas dedican buena parte de su capital a la especulación financiera en lugar de invertir en nuevas tecnologías, mejores equipos o la contratación de nuevos empleados.

Sorprende que el volumen de capitales que circula por todo el mundo represente varias veces el valor de las transacciones comerciales de mercancías, lo que también indica el alto grado de fianciarización.

Distinguidos economistas (ver por ejemplo J.M. Sundaram en ips.news.net) han coincidido en que la financiarización ha empeorado la desigualdad a través de varios canales, incluidas las políticas macroeconómicas. Tal cosa se puede observar claramente en los países de la OCDE (incluyendo a México): ahora hay una mayor desigualdad de ingresos debido a un marcado estancamiento en los salarios reales.

El problema se ha dado tanto en los países de altos ingresos como en las regiones menos desarrolladas. La financiarización en los países ricos ha transformado la vida cotidiana de mucha gente con más y más novedosos productos  financieros. Algunos de ellos se han vuelto indispensables para hacer frente a las incertidumbres futuras y el deterioro actual de sus ingresos familiares, carencias que ya no son mitigadas por el viejo estado de bienestar.

Aunque la financiarización es menos pronunciada en los países en desarrollo, muchas familias tienen que recurrir a créditos, hipotecas, seguros médicos y de vida, fondos de pensiones, todos ellos ofrecidos por instituciones privadas. Instrumentos que, en muchos casos son muy onerosos y pueden debilitar en lugar de fortalecer su nivel de vida presente y futuro.

En todo el mundo, los mercados financieros   aumentan la desigualdad a través de una mayor concentración de riqueza. Las personas más acaudaladas cuentan con servicios y atenciones especializadas que les permiten el acceso a información y productos de alto rendimiento, aunque muy riesgosos.

La banca privada dedica sus mejores administradores para atender a los clientes más ricos, ofreciendo ganancias de dos dígitos, mientras que la gran mayoría de los depositantes tienen que aceptar tasas de interés muy moderadas bajo esquemas muy comunes (cuentas maestras).

Además, las corporaciones y las personas adineradas utilizan frecuentemente estas ventajas exclusivas para evadir impuestos. Los paraísos o refugios fiscales han crecido notablemente debido a la extensión, sin control, de los mercados financieros con el apoyo de instituciones que gozan de gran prestigio mundial.

Las grandes ganancias de los bancos y las instituciones financiera dieron lugar a una elite o tecnocracia financiera que se enriqueció desaforadamente gracias a la especulación con los dineros de sus clientes. El escándalo fue tal, sobre todo a partir de la crisis mundial de 2008, que varias películas, videos y libros se han publicado sobre este asunto.

Frente a este proceso de financiarización, las instituciones, gobiernos y organismos multilaterales como el FMI y el Banco Mundial han propuesto la inclusión financiera. Sin embargo, muchas veces no toman en cuenta la falta de información de las personas frente a la existencia de instrumentos cada vez más complejos. Consideran, erróneamente, que algunas normas regulatorias y la "alfabetización financiera" pueden lograr prácticas menos depredadoras.

Algunos esquemas se han elaborado para llegar a los "no bancarizados", por ejemplo, a través de servicios de microfinanzas, con innovación tecnológica (Fintech). Tales innovaciones han tenido consecuencias distributivas mixtas. En algunos casos las nuevas tecnologías sólo han servido para aumentar las ganancias de los inversionistas a expensas de clientes poco informados. Pero en otros, las innovaciones han ayudado a personas de bajos recursos.

Así, una investigación en curso, a cargo de la Universidad de Hamburgo, Alemania, está indagando sobre los beneficios reales de la inclusión financiera en el mercado de la vivienda en México en sectores de la población de bajos ingresos que no tienen acceso a créditos públicos (INFONAVIT o FOVISSSTE) ni privados, por medio de sistemas de microcréditos. Hasta ahora han comprobado estos resultados mixtos: algunas personas pueden salir beneficiados y otras simplemente se han endeudado más sin resolver sus problemas. La diferencia está en la capacidad de organización de los sujetos de crédito. Un mayor poder de negociación puede aportar mayores beneficios para un número más amplio de personas, o al menos impedir que caigan en las redes de agiotistas o en planes crediticios que los atan por casi toda su vida.

Más allá de este tipo de servicios, todavía excepcionales, lo cierto es que la financiarización se ha traducido principalmente en la intensidad de los flujos de capitales a nivel internacional. Algunos economistas se han mostrado preocupados pues consideran que, aunque la mayoría de los principios del consenso neoliberal (privatización, desregulación, integración comercial, inmigración, disciplina fiscal y la primacía del crecimiento sobre la distribución) están siendo cuestionados, no ha sucedido lo mismo con la globalización financiera.

Estos críticos (ver por ejemplo D. Rodrik en Project-syndicate.org) han advertido que, especialmente los flujos de dinero caliente sin restricciones (inversiones de corto plazo en activos financieros como acciones y fondos de inversión), agrava la inestabilidad macroeconómica, crea las condiciones para las crisis financieras y frena el crecimiento a largo plazo al hacer que las ramas económicas productivas sea menos competitivas.

Si bien el Fondo Monetario Internacional ha comenzado a permitir ciertas medidas de control de los flujos de capital, aunque sólo como un último recurso temporal para resistir las oleadas cíclicas, el dogma de la globalización financiera permanece intacto. Una razón, tal vez, es que la economía del desarrollo no ha cambiado algunas tesis que atribuyen el atraso de estos países  a la falta de ahorro interno. La consecuencia de este postulado   es que las economías en desarrollo y emergentes están obligadas a atraer recursos del exterior, incluyendo capital privado extranjero especulativo.

Más allá de la ortodoxia teórica, la resistencia a imponer controles a los flujos de capital transfronterizos obedece al poder de los inversionistas. Las élites más acaudaladas, especialmente en América Latina, son firmes defensores de la globalización financiera porque lo han visto como una ruta de escape útil para conservar su riqueza. Por su parte, los administradores de las corporaciones financieras mundiales elaboraron un discurso que equiparó los controles de capital con una expropiación, de tal manera que los gobiernos no han querido ser acusados de violar los sagrados derechos de propiedad.

Recientemente, las restricciones a los flujos financieros han sido menos censuradas, por ejemplo, en el caso de Argentina a finales del año pasado.  No obstante, en el contexto actual de crecimiento anémico crónico y tasas de interés a largo plazo persistentemente bajas, o incluso negativas, en las economías avanzadas, existe el peligro de que los países en desarrollo se vean tentados a buscar un mayor endeudamiento externo. Ese camino puede conducir a una mayor volatilidad, crisis más frecuentes y menos dinamismo económico general.

La crítica al neoliberalismo debe incluir un examen más riguroso de la financiarización, incluyendo la necesidad de aplicar controles de capitales, sobre todo si, como en la actualidad, priva una incertidumbre general y los flujos cambian súbitamente de dirección. México debe tomar en cuenta seriamente este problema y tomar las debidas previsiones. 

saulescobar.blogspot.com

Crecimiento y Desarrollo

Crecimiento y Desarrollo

Saúl Escobar Toledo

Desde la década de los años sesenta, en las escuelas de economía y en una parte de la literatura especializada, se insistía en comprender la diferencia entre crecimiento y desarrollo. El primer término aludía al aspecto meramente cuantitativo mientras que el segundo se refería a la calidad de la dinámica económica. La crítica más importante que sostenía esta diferenciación se basaba en la idea de que el crecimiento de aquellos años, por cierto muy alto comparado con el presente, estaba basado en un modelo concentrador y excluyente. Este fenómeno -decía por ejemplo Pedro Vuscovic hace cincuenta años- se manifestaba especialmente en las características y las tendencias de la distribución del ingreso (Cf. www.eltrimestreeconomico.com.mx).  El economista chileno, uno de los más importantes representantes de la CEPAL, agregaba que:

“las formas actuales de funcionamiento de los sistemas económicos latinoamericanos no apoyan el concepto de que el crecimiento pudiera llevar más o menos espontáneamente a un mejoramiento en la distribución del ingreso; por el contrario, en condiciones de funcionamiento espontáneo del sistema parecen ser más poderosas las fuerzas concentradoras que los efectos positivos de ciertos cambios en la estructura sectorial de la economía”

Por ello, consideraba necesario “un cambio sustancial del esquema de crecimiento, la definición de una nueva estrategia de desarrollo, con todo lo que ello supone en términos de factores favorables y obstáculos, así como de requisitos y consecuencias políticas… una nueva estrategia que podría caracterizarse como un esfuerzo para provocar modificaciones drásticas en la concentración de la propiedad y en la distribución del ingreso.”

Sin embargo, los esfuerzos por el cambio chocaron con los intereses dominantes, incluyendo dictaduras militares, y las condiciones que conoció el mundo en los años setenta caracterizadas por la inestabilidad y lo que se llamó entonces la estanflación, estancamiento con inflación.

En los años ochenta las cosas empeoraron y América Latina viviría la llamada década perdida que significó graves retrocesos en el crecimiento y el nivel de vida de la población. Debido a esto y a la globalización mundial que empezó a dominar a casi todas las sociedades del planeta, y a cambios políticos significativos como el derrumbe de la URSS, el debate sobre crecimiento y desarrollo se diluyó casi totalmente. Ahora lo importante era volver a crecer, recuperar todos los años perdidos y, para ello, ajustarse a los nuevos dictados de política económica: liberalizar los mercados, flexibilizar el trabajo y reducir los presupuestos públicos.

La calidad del crecimiento dejó de tener importancia ya que la teoría en boga aseguraba que pocos años el mundo sería plano, es decir, las desigualdades (económicas, tecnológicas, sociales y políticas) se reducirían casi totalmente gracias a las nuevas tecnologías de la informática y la comunicación, y al flujo sin trabas de capitales y mercancías por todo el orbe.

Las ilusiones del final de la historia, la prosperidad generalizada y el triunfo de la democracia liberal en todos lados tuvieron un serio descalabro con la Gran Recesión de 2008. A partir de entonces, las economías, significativamente las del mundo desarrollado, sufrieron caídas severas y prolongadas. De ahí se derivó un descontento político que hoy afecta a muchas partes del mundo. En varias regiones del planeta, la economía volvió a crecer, pero no la tranquilidad y la conformidad de los ciudadanos. Para entender esta situación, la discusión sobre la calidad del crecimiento ha regresado, y en particular, el tema de la desigualdad.

Como ha señalado recientemente el economista Dani Rodrik,

“La desigualdad está ocupando un lugar preponderante que desde hace mucho tiempo no se veía... Frente a la violenta respuesta política y social contra el orden económico establecido, que alimenta el ascenso de los movimientos populistas de extrema derecha y las protestas callejeras desde Chile hasta Francia, los políticos de todos los colores han convertido a este tema en una prioridad urgente”.

La preocupación por la calidad del crecimiento económico ha llevado a una reflexión sobre los indicadores, en particular, el más importante, el Producto Interno Bruto (PIB). Economistas tan distinguidos como Thomas Piketty, Emmanuel Saez, y Gabriel Zucman han propuesto el “PIB 2.0” un parámetro que incluiría datos desagregados de ingreso de diferentes sectores de la población de tal manera que se puedan observar las diferencias.

Por su parte, una comisión de economistas encabezada por Joseph Stiglitz, Amartya Sen y Jean-Paul Fitoussi, se dio a la tarea de identificar los límites del PIB como un indicador del funcionamiento de la economía y del progreso social. Sugieren que se debe cambiar el énfasis de medición, apoyado en indicadores orientados al producto, a otros enfocados en el bienestar (well-being) de la actual y las futuras generaciones. Ello plantea una visión multidimensional que engloba los estándares de vida materiales, y asimismo la evaluación de la   salud, la educación, las actividades laborales, la voz del ciudadano en actividades políticas y en las tareas de gobierno, las relaciones sociales, el medio ambiente, y la inseguridad.

Hoy, a diferencia de hace cincuenta años, la calidad se debe entender no sólo en razón de la desigualdad del ingreso, sino igualmente, de un medio ambiente sano y sustentable, de la existencia y creación de empleos dignos, y del cierre de la brecha entre hombres y mujeres.

Y, sin embargo, el mismos Stiglitz aclaró hace poco que “Por muy desacertada que sea la obsesión con el incremento permanente del PIB (y los riesgos de una catástrofe ecológica), sin crecimiento económico miles de millones de personas seguirán careciendo de una provisión adecuada de alimentos, vivienda, vestimenta, educación y atención médica”.

Desde luego, en todos estos años, el asunto de la calidad de la expansión económica no fue olvidada por completo. Sobre todo, las Naciones Unidas han hecho esfuerzos por evaluar los países con base en los índices de desarrollo humano. La UNCTAD y la CEPAL, por su parte, han elaborado propuestas para impulsar las economías mejorando sus componentes sociales.

En México tampoco estuvieron ausentes las voces críticas del modelo neoliberal. Además, afortunadamente, contamos con CONEVAL para medir mejor los fenómenos sociales y económicos. El INEGI también ha hecho esfuerzos para ofrecer indicadores que vayan más allá del comportamiento del PIB.

 El presidente de la república también se ha manifestado alegando, ante las cifras que dan cuenta de un estancamiento del PIB, que le interesa más abatir la desigualdad que acelerar el crecimiento.  No obstante, si vemos las cosas más de cerca, el impulso al nuevo Tratado Comercial; su respuesta frente a las amenazas de EU, endureciendo la política migratoria; los repetidos anuncios de compromisos con los grandes empresarios para estimular la inversión; y algunos proyectos como la refinería, el corredor transístmico y el rescate de PEMEX revelarían su preocupación por elevar las cifras de crecimiento. Algunos dirían incluso, que a costa de su calidad.

En el momento actual, entonces, la tarea consiste en impulsar un mayor desarrollo en sus dos vertientes, tanto en cantidad como en calidad. En el fondo, sin embargo, como se afirmó hace medio siglo, el reto es llevar a cabo una nueva estrategia, con todo lo que ello supone, incluyendo sus consecuencias políticas.

El debate sobre la calidad de la dinámica económica está otra vez en un lugar destacado en las agendas de los gobiernos, los organismos multilaterales y los círculos académicos. Bienvenidos los nuevos términos de la polémica. En México, sin embargo, quizás tengamos, además, que discutir un índice o al menos un mapa de ruta de los conflictos políticos que un cambio de rumbo necesariamente provoca para medir acertadamente hacia dónde vamos y sus posibilidades reales de éxito.

España: nuevo gobierno ¿nuevo régimen laboral?

España: nuevo gobierno ¿nuevo régimen laboral?

Saúl Escobar Toledo 

En los primeros días de este 2020, el parlamento español eligió por una estrecha mayoría a Pedro Sánchez como presidente de Gobierno para los próximos cuatro años. Dicha designación fue posible gracias a la alianza del Partido Socialista Obrero Español con Unidas Podemos. Una coalición inédita en la historia de ese país ya que es la primera vez que el PSOE entabla un acuerdo de este tipo con otro partido de izquierda. Las razones de este fenómeno son varias y complejas y se desprenden del resultado de las elecciones de noviembre del año pasado.  Principalmente, la fuerza de la extrema derecha representada por un nuevo partido, Vox; la imposibilidad de los socialistas de lograr solos la mayoría parlamentaria; pero también la necesidad del cambio expresado en las urnas.

El caso es que ahora, Unidas Podemos, una corriente política surgida del movimiento social que brotó en 2011 (los Indignados), y cuya primera experiencia electoral tuvo lugar apenas hace unos años, ha logrado formar parte de una coalición gobernante.

El programa que selló esta alianza contiene varios puntos y abarca diversos aspectos. Se trata de un documento amplio, de 50 páginas, once capítulos y más de 200 propuestas en materia de: crecimiento y empleo; derechos sociales; cambio climático; fortalecimiento de la pequeñas y medianas industrias y el sector primario; derechos y memoria democrática; cultura y deportes; políticas feministas; revertir la despoblación que padecen algunas regiones; estados autonómicos; justicia fiscal; y política exterior. Una de las partes más sustanciosas de este documento, colocada al inicio, tiene que ver con la materia laboral. La Coalición se ha comprometido a elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores (una nueva Ley del Trabajo) y por lo tanto a derogar las reformas de 2012, las cuales, como las que se llevaron a cabo en México ese mismo año, afectaron derechos fundamentales de los asalariados. En concreto, y de manera urgente, se proponen modificar el artículo 42.1 sobre subcontratación a efecto -aseguran- de limitarla a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa.

La lista de modificaciones en esta materia es muy larga e incluye revisar los contratos de los becarios; elevar el salario mínimo en términos reales; revisar la contratación a tiempo parcial; y las causas legales de despido.  

Además, como parte de la cuota de Podemos, fue designada como Ministra de Trabajo del nuevo gobierno, Yolanda Díaz, de 48 años, quien militó desde muy joven en el Partido Comunista de España y en Izquierda Unida. Hija de un destacado dirigente obrero, también militante del PCE y de Comisiones Obreras, Yolanda tiene una maestría en Relaciones Laborales y amplia experiencia política en Galicia, su región natal.

Todos estos asuntos tienen importancia porque parecería que España ha dado un vuelco a la izquierda y se encamina a la construcción de un nuevo régimen que deje atrás algunas de las políticas fundamentales del neoliberalismo, en primer lugar, las que tienen que ver con el trabajo y el empleo. Su principal objetivo, dice el documento de compromiso, será la protección de los derechos sociales y un nuevo impulso al crecimiento económico sostenible que reduzca la desigualdad, combata la precariedad del mercado laboral, garantice un trabajo digno, estable y de calidad, y unas pensiones justas.

Este vuelco se da en un contexto difícil en riesgo permanente debido a una delgada mayoría parlamentaria y sujeta a acuerdos con los independentistas de Cataluña. Un escenario político cargado por la polarización, sin precedentes desde la Guerra Civil (1936-39), entre las izquierdas y las derechas, y un entorno económico a nivel nacional e internacional desfavorable. Como han apuntado varios observadores, un eventual fracaso de la Coalición podría abrirle el paso a otra alianza, situada exactamente en el lado opuesto, donde Vox y el PP mantienen un discurso xenófobo, antiinmigrante y ultra nacionalista que se dedicaría a reprimir violentamente los reclamos de una mayor autonomía por parte de las comunidades.

Más allá de España, la experiencia de PSOE-Unidas Podemos tiene una importancia especial en una Europa que se debate entre gobiernos y propuestas nacionalistas de extrema derecha (como en Inglaterra) y la continuidad del neoliberalismo (como en Francia). Una tercera opción, como la que ha construido Portugal y ahora se pretende llevar a cabo en el país vecino, adquiere una gran relevancia.  

Para México y el mundo, la aventura que apenas comienza aquel lado del Atlántico puede ser también muy significativa. La posibilidad de contar con un aliado progresista en un mundo tan inestable y riesgoso no debe minimizarse. Sobre todo, para enfrentar la agitada escena política de América Latina. Pero, de igual manera, porque el derrotero del nuevo gobierno ibérico y sus logros pueden ayudar a cambiar el equilibrio mundial inclinando la balanza política, ideológica e intelectual hacia nuevos horizontes post neoliberales.

Por ejemplo, en materia laboral, las reformas que se proponen en España, tienen semejanzas y desde luego diferencias con la situación mexicana. En cuanto a este último aspecto, está claro que allá no tienen como principal preocupación la democracia sindical, ni la calidad de las instituciones estatales. En México, la reforma de 2019 busca precisamente el reconocimiento de representantes sindicales y contratos colectivos avalados por los propios trabajadores mediante el voto personal, secreto y directo. Y la construcción de nuevos organismos como los juzgados y el Centro de Conciliación.

Sin embargo, la globalización neoliberal, la flexibilización del trabajo y la apertura comercial sin control ha vuelto los mercados de trabajo cada vez más precarios en muchas partes del mundo. Uno de los problemas más acusados es el de la subcontratación. No resulta sorprendente, por lo tanto, la insistencia de Unidas Podemos en incluir tan destacadamente este asunto en el programa del nuevo gobierno.

La subcontratación, entendida como la triangulación de las relaciones laborales que ocurre cuando una empresa solicita a otra que le proporcione trabajadores para desempeñar determinadas tareas o servicios, ha sido una manera, desde principios del siglo XX, de burlar derechos fundamentales. En general, la subcontratación no ha servido para aumentar la calificación de la mano de obra o la productividad, ni siquiera para que las empresas dispongan de cuadros técnicos o especializados que de otra manera resultarían incosteables o imposibles de contratar. Aunque hay excepciones, la subcontratación se ha utilizado con el objetivo de reducir costos en materia de salarios, seguridad social, alargando la jornada de trabajo y negando prestaciones. Las empresas que reclutan trabajadores para ofrecerlos a otras empresas se distinguen, en muchos casos, por su habilidad para evadir la ley, sobre todo en el pago de impuestos y de cuotas a la seguridad social. Asimismo, han servido para ocultar la relación laboral entre los empleadores y los empleados, y para esquivar la contratación colectiva. Además, han propiciado una caída de los ingresos y prestaciones pues, debido a sus formas de contratación, el trabajador se ve obligado a aceptar condiciones muy desfavorables.

De esta manera, cualquier avance en el sentido de limitar la subcontratación en otras partes del mundo tiene un significado especial. Propicia el avance de la legislación nacional, los acuerdos internacionales en la materia, y ayuda a fomentar una cultura, sobre todo en las empresas y sus administradores, basada en la protección del trabajador, en la mejora de su calificación y en el respeto de los contratos y reglas acordadas bilateralmente.

La nave española apenas ha zarpado. Se trata de un comienzo prometedor en aguas turbulentas. Habrá que seguirla y, si es posible, acompañarla en su trayectoria.

saulescobar.blogspot.com

El Tratado comercial México-Estados Unidos- Canadá y la cuestión laboral

El T-MEC y la cuestión laboral

Saúl Escobar Toledo

Por fin, después de largas y complicadas negociaciones, el Tratado Comercial México-Estados Unidos – Canadá parece enfilarse a su ratificación final. En dichas negociaciones participaron los tres gobiernos, pero también los legisladores republicanos y demócratas de Estados Unidos. La votación en el Congreso de ese país, la etapa más difícil, está lista.

Para ello se ha recorrido un largo camino que incluyó, entre otras cosas, una atención muy especial a la cuestión laboral. Primero, en el texto del nuevo acuerdo que sustituirá al NAFTA o TLCAN, se dedicó un capítulo al trabajo y un anexo enfocado particularmente al caso de México. De esta manera, se obtuvo el aval de los tres gobiernos el 30 de noviembre de 2018.  De ahí resultó una amplia reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) mexicana que, si bien ya se había formulado en las enmiendas hechas al artículo 123 aprobadas en 2017, se aceleró para dejar satisfechos a los legisladores de EU y Canadá.

Sin embargo, el proceso ha tardado más de un año debido a la insatisfacción, sobre todo de los demócratas, quienes dudan de la capacidad de México para implementar las reformas a la LFT y los compromisos adquiridos en el T-MEC. Hace unos días, en la capital mexicana, se anunció un adendum o agregado al texto original acordado en 2018, llamado Protocolo Modificatorio al Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá.

En dicho Protocolo (de 37 páginas), en la parte laboral, se acordaron dos textos:  el primero se refiere a las obligaciones entre EU y México, y el segundo a las que tocan a Canadá y México. En ambos se busca hacer cumplir la ley del trabajo en las empresas industriales o de servicios que comercian entre los tres países o compiten con la producción de alguno de ellos. Para este propósito, en el caso de México y Estados Unidos, se estableció un Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida para garantizar la reparación de una violación (denegación) de los derechos laborales particularmente en lo que toca a la libre asociación y negociación colectiva. Se formará un Panel Laboral con especialistas independientes de los gobiernos para analizar las controversias e investigar si hubo las violaciones denunciadas por algún de los países que forman el Acuerdo. Si se prueba que ocurrió una transgresión a la ley, la parte demandante podrá exigir una reparación que incluiría sanciones sobre todo de tipo arancelario a las mercancías de la empresa violadora y que naturalmente afectaría comercialmente al país donde se encuentra esa empresa. Los establecimientos motivo de estas controversias serán aquellas designadas como sectores prioritarios: manufactureras (sobre todo aeroespaciales, autos y autopartes, productos cosméticos, mercancías industriales horneadas, acero y aluminio, vidrio, cerámica, plástico, forjas y cemento), de servicios o mineras. La parte que se refiere a Canadá y México es muy similar.

Las cosas no pararon aquí pues la iniciativa de ley que se envió a la Cámara de Representantes de Estados Unidos (HR 5430) incluyó no sólo este mecanismo de respuesta rápida sino también, en su título VII, Labor Monitoring and Enforcement (Monitoreo laboral y cumplimiento), la integración de un Comité Intersecretarial (Interagency labor committee) que observará la implementación de la reforma laboral en México y que podrá sugerir acciones reparatorias en caso de incumplimiento. Dicho comité podrá visitar México para estos fines y, entre otras cosas, se encargará de investigar si se están destinando los recursos presupuestales necesarios para las nuevas instituciones que se desprenden de las reformas a la LFT en los próximos años.  El Comité abrirá, además, un portal de internet especial (hot line) para recibir información confidencial o denuncias de los trabajadores mexicanos. En un plazo no mayor de 5 años dará cuenta al Congreso de EU si se han revisado y dado legitimidad a todos los contratos colectivos; si se han resuelto todas las demandas laborales prexistentes a la reforma de 2019; si se ha puesto en marcha el Centro de Conciliación Federal; si ya están funcionado los nuevos juzgados laborales; y si ya están operando los centros de conciliación en cada estado.

El problema más delicado reside en que la iniciativa incluye el nombramiento de Agregados Laborales en México (Mexico Labor Attachés). Se trata de cinco funcionarios del Departamento de Trabajo de EU que trabajarían en la Embajada de ese país y que tendrán el encargo de apoyar al Comité Intersecretarial para monitorear y hacer cumplir las obligaciones laborales de México (textualmente: Assisting the Interagency Labor Committee to monitor and enforce the labor obligations of Mexico), y elaborar reportes trimestrales para la Comisión sobre estos asuntos (cf. https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/5430).

Según los textos del Protocolo firmado y anunciado en días pasados, y los dichos del negociador mexicano y subsecretario de relaciones Exteriores Jesús Seade, estos Agregados Laborales no fueron materia de la negociación y por lo tanto no se hicieron del conocimiento de México. Por ello, el gobierno se reserva el derecho de revisar sus alcances y efectos.

México debe prestar mucha atención a este asunto pues está en juego la soberanía nacional. Las funciones señaladas en la iniciativa de ley son muy generales.  Si hoy admitimos una injerencia extranjera indebida en estos asuntos, mañana puede tratarse de otros temas vitales como nuestro sistema electoral o nuestras finanzas públicas. Sin embargo, tampoco caben expresiones nacionalistas demagógicas y fuera de contexto. Según el texto presentado a los legisladores, los attachés solo podrán reportar sus observaciones a su gobierno, no podrán aplicar sanciones por su propia decisión, y en todo caso tendrían que llevar sus quejas al panel trinacional.

Más allá de esta polémica, vale la pena reflexionar sobre otro lado del asunto. Hasta ahora, los tratados comerciales carecían de mecanismos reales para hacer cumplir las cláusulas que se refieren a cuestiones laborales o de medio amiente. Los textos se quedaban en buenas intenciones. En esta ocasión, por el contrario, se ha pactado un mecanismo especial, muy detallado, para que las partes, en especial México, cumplan efectivamente con sus obligaciones laborales. Es decir, los gobiernos de EU y Canadá y los dos partidos más importantes de nuestro vecino, el Demócrata y el Republicano, han coincidido en la necesidad de vigilar y sancionar realmente que los trabajadores mexicanos ejerzan plenamente sus derechos y en especial gocen de libertad sindical y negociación efectiva de sus condiciones de trabajo.

En otras palabras, su preocupación ahora será proteger a los obreros mexicanos y no a las empresas, en especial a las trasnacionales, muchas de ellas de capital estadounidense. El sector exportador mexicano, como el automotriz, estará especialmente vigilado en materia de derechos laborales tratando de evitar que caiga en la práctica de los contratos de protección, la cual ha usufructuado durante décadas

Se trata de una mudanza excepcional que debe ser motivo de una reflexión más amplia.  Su origen se puede encontrar en el descontento social que se agudizó con posterioridad a la crisis de 2008. En términos políticos y electorales, se tradujo en el triunfo de Donald Trump en noviembre de 2016. Las banderas proteccionistas del actual presidente de EU buscan detener el flujo de empleos de aquel país a México. Con vistas a las elecciones de noviembre de 2020, ambos partidos han coincidido en poner en práctica una estrecha vigilancia de la situación laboral en nuestro país. Trump lo hace para impedir el outsourcing, es decir el traslado de empresas estadounidenses al sur de la frontera, y los demócratas porque, además, quieren un acuerdo que responda a los reclamos de los sindicatos para contar con su apoyo en las elecciones de noviembre.

Puede observarse entonces una gran influencia por parte de las organizaciones obreras de EU. Durante las últimas décadas se había dicho que el poder sindical estaba prácticamente muerto. Que la globalización neoliberal había anulado el protagonismo de esas organizaciones. Y ahora resulta que lograron imponerse al presidente Trump y a las bancadas legislativas de los dos partidos, incluso por encima de sus diferencias y el juicio político al mandatario. Este fenómeno demuestra, además de sus connotaciones políticas, el posible inicio de un cambio estructural de largo plazo.

En primer lugar, porque el capítulo laboral impone obligaciones a los tres países, no sólo a México, de tal manera que puede utilizarse para mejorar las condiciones de trabajo en toda el área norteamericana. Hay pues un giro: el libre comercio ya no es tan libre, tiene condicionamientos más tajantes que pueden ser sancionados. Ello puede llevar a un esquema de crecimiento regional en el que la mejoría de la situación de los trabajadores adquiera mayor importancia, a diferencia de las décadas pasadas.

En segundo lugar, en el caso de México, las empresas exportadoras estarán sometidas a presiones nacionales e internacionales que nunca habían tenido. La aplicación de la ley, sobre todo en materia de libre sindicalización y contratación colectiva efectiva, pueden cambiar, en el mediano plazo, su modelo de negocios y verse obligadas a adoptar una gestión que pondría el acento en su modernización tecnológica más que en la rebaja de los salarios y las condiciones de trabajo. También podrían convertirse en un freno para las nuevas inversiones estadounidenses y canadienses en nuestro país. O ambas cosas.

Finalmente, obligará al gobierno de México a hacer cumplir la ley, lo que puede presionar hacia el cambio gradual de las variables fundamentales de una economía que ha tenido como motor la exportación de manufacturas y transitar a un desarrollo basado cada vez más en el mercado interno. Igualmente, tendrá que hacerse cargo de un mayor protagonismo sindical en la negociación con las empresas y en la vida política del país. Ya los estamos viendo en el debate abierto sobre la subcontratación.

Podría pensarse que el interés, sobre todo de los demócratas de EU, para cambiar las condiciones de trabajo en toda la región y especialmente en México, es puramente electorero y terminará en noviembre del próximo año. Sin embargo, las previsiones y la vigencia del T-MEC y las leyes que pronto aprobará el Congreso de ese país disponen de la creación de mecanismos e instituciones de largo plazo que no será fácil dejar en el olvido.

¿Estamos ante el comienzo de una nueva fase del capitalismo mundial que pondrá el acento en el mejoramiento de las condiciones de trabajo y se apoyará en un renovado papel de los sindicatos en la vida política de los países y en la disputa por el curso de la globalización? No lo podremos saber en el corto plazo. Pero sin duda las cosas están cambiando. El resurgimiento del sindicalismo y de las políticas e instituciones laborales es innegable en el nuevo tratado comercial norteamericano. A ver hasta dónde llega.

saulescobar.blogspot.com

.

De extremismos y divisiones: un mundo en la zozobra

De extremismos y divisiones

Saúl Escobar Toledo

En el mundo desarrollado, Europa y Estados Unidos, se vive una división política y social cada vez mayor. Partidos y movimientos se mueven hacia los extremos. En Inglaterra, el líder del laborismo, Jeremy Corbyn, ha logrado que su partido apruebe una plataforma muy cargada a la izquierda que ha sido catalogada por algunos como “teñido de marxismo”; en España, el PSOE selló una alianza con Podemos, una agrupación claramente más izquierdista; en Italia, desde agosto, el movimiento cinco estrellas rompió su alianza con la derecha y formó un  nuevo gobierno con la socialdemocracia; en Alemania, el SPD (socialdemócrata) acaba de elegir a una dirección  que pretende romper  con la línea política moderada que sostuvo  la alianza con Merkel . Por su parte, en Estados Unidos, dos de los tres delanteros de la carrera por la candidatura presidencial en el Partido Demócrata son del ala más radical: Elizabeth Warren y Bernie Sanders.

Sin embargo, del otro lado, las opciones de la extrema derecha no retroceden y en algunos casos se fortalecen: en Inglaterra tienen al primer ministro; en España, el partido Vox creció en las últimas elecciones; en Italia la ultraderecha catalogada como fascista mantiene una enorme fuerza en el norte; en Alemania la extrema derecha (AfD) se ha expandido en algunas regiones; y en nuestra vecindad norteña, Donald Trump puede ganar la reelección el próximo año.

Con todos los matices y diferencias que se quieran encontrar, parece que el centro (a la derecha y a la izquierda) ha perdido terreno frente a opciones más radicales. Estas tendencias, hoy se reconoce ampliamente, responden a un crecimiento de la desigualdad y de la exclusión social. Pero también a una democracia que no escucha ni responde a sus ciudadanos. En Francia, los chalecos amarillos han sido el mejor ejemplo de este fenómeno generalizado en los países más prósperos.

Mientras tanto, en América Latina la situación es aún más compleja. Fuertes movilizaciones sociales se han llevado a cabo en los últimos meses en Chile, Colombia, Ecuador y Bolivia. A esta lista podrían agregarse   Haití y Honduras que tienen una historia más larga de crisis sociales y políticas. En Brasil, la libertad del ex presidente Lula refleja el desgaste del régimen de Bolsonaro y marca la oportunidad de una recuperación de la izquierda para enfrentarlo. En el terreno electoral, en Argentina perdió la tecnocracia neoliberal y ganó la   opción más progresista, levantando un programa diferente al del derrotado Macri. En cambio, en Uruguay, ganó la derecha gracias a una alianza con un partido extremista, cercano al militarismo autoritario de los años setenta, llamado Cabildo Abierto. Desplazó al Frente Amplio, la coalición más estable y respetada que gobernó ese país por 15 años. Y en Bolivia, se llevó a cabo un golpe de estado encabezado por el ejército y capitalizado por la ultraderecha que logró deponer a un gobierno legítimo. Aquí, la sombra de la guerra civil es más patente.

La división social y política de América Latina tiene similitudes con lo que ocurre en Europa y Estados Unidos: las opciones de la extrema derecha se fortalecen mientras que las tendencias progresistas, partidos y movimientos, se están viendo forzadas a radicalizarse para resistir esa ofensiva. Sin embargo, en nuestra región, a diferencia del mundo desarrollado, la conflictividad social, encarnada en la violencia de las manifestaciones, ha rebasado a las instituciones políticas. Quizás con la excepción de Argentina (y de Uruguay, por lo pronto), la inconformidad ha optado preferentemente por las calles y no por las urnas.

De cualquier manera, la división y el desplazamiento a los extremos en Europa, Estados Unidos y América Latina, demuestra las heridas causadas por la globalización neoliberal y la insatisfacción con la democracia realmente existente. Al mismo tiempo,  se ha agudizado también una gran confusión política e ideológica. Si la ultraderecha sólo puede atizar los conflictos sociales y agravar la situación económica mundial con sus políticas fallidas o sus guerras económicas, las izquierdas aún no afianzan un modelo alternativo capaz de convencer de manera contundente a sus electores y de superar el esquema neoliberal. Y es que esto último requiere enfrentar un enorme poder económico y político, y reformular ideas y comportamientos culturales que se han arraigado en las últimas décadas.

El domingo pasado, el presidente López Obrador, al hacer un balance anual de su gobierno destacó, como era de esperarse, los logros de su administración, aunque también aceptó los grandes pendientes sobre todo en materia de crecimiento económico y seguridad pública. Pidió un año más para dar resultados tangibles en estos últimos asuntos. En un momento de su discurso, el presidente dijo: “Es indudable que estos primeros 12 meses hemos avanzado mucho, pero aún estamos en un proceso de transición, todavía lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer”.

Un balance de sus aciertos, faltantes y errores es indispensable. No obstante, en este escrito queremos intentar otro enfoque: el movimiento hacia los extremos que estamos presenciando en el mundo desarrollado y en América Latina está tocando a México si bien de una manera aún incipiente. El problema central de este gobierno es precisamente que, usando sus propias palabras, sus políticas son sin duda novedosas y van en un sentido distinto al de sus antecesores, pero no acaban de mostrar resultados contundentes. Ese proceso de transición puede durar un año o más y representa sin duda su flanco más vulnerable. Mientras, la oposición política e intelectual, inclinada a la derecha, apunta a otro lado. Ha condenado al fracaso todas las acciones del presidente y ha construido su discurso sobre la idea de que AMLO es un dictador. Con ello se mueve a la extrema derecha: su radicalismo, comparando a López Obrador con Maduro y recientemente con Evo Morales, ayuda a justificar la exigencia de su renuncia inmediata o su deposición violenta por medio de una gran movilización social que se apoye en un golpe militar. No todos los marchistas opositores el domingo comulgan con estas ideas, pero sin duda el PAN, diversos contingentes que expresaron sin rubor su anticomunismo, y varios intelectuales que se precian de liberales han abrazado esa perspectiva. Del lado izquierdo, ya hemos visto la violencia callejera de varios grupos de mujeres que creen que es la única forma de ser oídas por las autoridades y la sociedad machista que admite o provoca vejaciones diarias contra ellas.

Hasta ahora, estos radicalismos no han representado un problema mayor, como en otros países. En el caso de la derecha política, su esperanza (aunque no mucha), está en las elecciones del 2021 y sería suicida para ella propiciar la violencia más allá del discurso. En lo que toca a los movimientos sociales, una respuesta oportuna y eficaz de los gobiernos (federal y local) puede atenuar su radicalismo callejero. Hay todavía margen para ello.

Y, sin embargo, el movimiento hacia los extremos puede exacerbarse, como en otras partes del mundo si los cambios tardan demasiado en dar resultados palpables. En el caso de México no se trata sólo de una carrera contra el tiempo. El gobierno necesita construir un diálogo crítico, sereno y propositivo con diversas fuerzas sociales. El cambio que proclama el presidente es necesario y muchas de sus medidas van en sentido correcto. No obstante, para corregir errores y desviaciones, y ante el naufragio de MORENA, se requiere reunir a un conjunto de voces que, al mismo tiempo, apuesten por el cambio, señalen las fallas y propongan alternativas. Desafortunadamente, hoy en día, ese coro es muy débil, apenas unas cuantas voces aisladas. Su reagrupación y fortaleza puede ayudar a que en México se lleve a cabo algo excepcional en el mundo: la transición hacia un nuevo orden de manera pacífica y democrática.

La tesis Almagro sobre el golpe de estado en Bolivia

La tesis Almagro sobre Bolivia

Saúl Escobar Toledo

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró en una sesión plenaria de ese organismo efectuada el 13 de noviembre, pocos días después de la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia, que el golpe de Estado en esa nación en realidad se había llevado a cabo el 20 de octubre, cuando se cometió un fraude electoral a manos del propio gobernante. Esa afirmación ha sido desmentida y ridiculizada por muchos, pero sigue sosteniéndose por diversos medios de comunicación, sus   comentaristas y, sobre todo, por algunos gobiernos del mundo. No vale mucho la pena discutir su validez jurídica o histórica pues se trata en realidad de una tesis política que, vista con más cuidado, es extremadamente peligrosa para América Latina y el mundo.

La tesis Almagro plantea en realidad dos cosas: que el ejército debe intervenir cuando un gobierno atenta contra la ley, y segundo, que el orden constitucional puede ser suspendido para reparar esas violaciones. Lo primero supone que el ejército debe usarse en lugar de los mecanismos jurídicos previstos por las instituciones correspondientes. En el caso de Bolivia, el propio presidente había aceptado encauzar el conflicto de acuerdo a las normas constitucionales, aceptando llevar a cabo una segunda vuelta. Si esto hubiera sucedido, es probable que la crisis se hubiera resuelto pacíficamente y que la transmisión del poder se hubiera realizado sin mayores sobresaltos. Por otro lado, la justificación de que el orden legal puede dejarse sin efecto por alguna razón, incluyendo un pretendido fraude electoral que en este caso no llegó a materializarse, otorga a quienes lo interrumpieron carta blanca para hacer lo que estimen conveniente sin limitación alguna.

La tesis Almagro parece aplicarse principalmente a los gobiernos de izquierda. En Honduras en 2009, para citar algún ejemplo, se aplicó una política similar. Todos recordamos, desde luego, el golpe a Salvador Allende en 1973 en Chile. Ello se debe a que, en la gran mayoría de los casos, estos levantamientos han contado con el apoyo no sólo del ejército, sino también de la participación activa de las oligarquías locales y el visto bueno o la intervención soterrada de los gobiernos de Estado Unidos.

La participación de las izquierdas latinoamericanas en los procesos electorales y sus triunfos en algunos países, parecían haber creado un clima político más estable en la región y un fortalecimiento de las instituciones democráticas. Al aceptar las reglas del juego, ganar o perder en las urnas, la alternancia en el poder tendría que darse sin recurrir a la violencia. Incluso en aquellas ocasiones en las que se denunció un fraude electoral, como en México en 1988 y 2006, las protestas se dieron por medios pacíficos y utilizando los medios legales a su alcance.

La tesis Almagro y sus derivaciones parecen un regreso a los tiempos de la guerra fría, cuando el pretexto de los golpes fue la amenaza del comunismo. Ahora se alega el respeto a los principios democráticos. Se trata sin embargo de una idea muy particular, pues se presume que se trata de una democracia no sustentable, una democracia que no puede remediar sus males y sus vicios por sí sola y que tiene que recurrir al ejército para restaurarla y, por lo tanto, a la suspensión del orden establecido en sus constituciones para crear otro estado de cosas que se supone más democrático.

El problema que queremos resaltar no olvida los errores y aún las posibles violaciones a los preceptos legales de algunos, no todos, los gobiernos de izquierda. O las movilizaciones populares que se han desatado contra esos gobiernos. El problema que nos parece importante reflexionar es que ante esos yerros   y la inconformidad social, la tesis Almagro proponga una salida que necesariamente implica el uso de las fuerzas armadas, la ruptura de la legalidad y la violencia.

Así las cosas, la tesis Almagro se puede convertir en una línea política muy peligrosa para la región. Es un llamado implícito a los ejércitos para actuar, un cheque en blanco para la ruptura del orden constitucional cuando se considere la existencia de una falla de los gobiernos (puede ser un supuesto fraude electoral pero también, como en el caso de la presidenta Rousseff de Brasil, un sobre ejercicio presupuestal), y una invitación resolver las crisis políticas de la región mediante acciones represivas.

Esta línea ha sido dictada por el conductor de un organismo internacional que debería servir para conciliar y promover el entendimiento entre países y dentro de los países. De esta manera, la OEA, como en los viejos tiempos, se ha convertido en un ente faccioso que no tiene nada que ver con los principios y fines que, declarativamente, le dieron origen.

Pero la tesis Almagro es también peligrosa porque implica una amenaza a los gobiernos de izquierda o progresistas de la región. La opción electoral supuso abandonar la idea de la revolución, la insurrección armada para acceder al poder. Ello significó también sellar un pacto con los actores dominantes en el mercado, con las instituciones políticas y sus personeros, y las condiciones, muchas de ellas desventajosas, de la globalización actual. Un gobierno de izquierda se obliga, por el sólo hecho de triunfar en las urnas, a respetar algunas reglas básicas pero esenciales:  el respeto a la propiedad privada, el pluripartidimo y llevar a cabo elecciones periódicas, la separación de poderes, la libertad de expresión y manifestación, etc. Los principios básicos de lo que se ha llamado una democracia liberal.

El problema es que los gobiernos de izquierda llegan al gobierno bajo estos principios y, al mismo tiempo, intentan cambiar las cosas levantando otros postulados que van más allá (aunque no necesariamente se oponen) a la democracia liberal. Por ejemplo, un fortalecimiento de la conducción del Estado en la economía; políticas redistributivas que  pueden afectar los intereses de las oligarquías, como una reforma fiscal progresiva, o limitar el negocio privado de la educación, la salud y las pensiones; o tratar de controlar el funcionamiento de los sistemas financieros, casi siempre de carácter especulativo y fraudulento. También, llegan a cuestionar la libertad de los medios de comunicación, los cuales, frecuentemente, caen en conductas negativas como la desinformación, la calumnia, la difamación y la coprofilia (como dijera el Papa Francisco, https://www.sinembargo.mx/01-04-2019/3559260).

Así las cosas, la tesis Almagro cuestiona la posibilidad de que los gobiernos de izquierda salgan de los márgenes más estrechos de lo que usualmente se consideran los principios básicos de la democracia liberal. Y, si lo hacen, dado que actúan en un marco democrático no-sustentable, entonces la intervención militar y la ruptura del orden constitucional estarán plenamente justificadas.

Esta posición, sin embargo, se riñe con la insatisfacción creciente de los pueblos con la desigualdad y la injusticia, pero también con los cauces rígidos de esa democracia liberal que han llevado a la indiferencia y el abandono social de partidos políticos y gobernantes, como se expresa actualmente en Chile y ha reconocido el propio presidente de ese país.

Esa insatisfacción se está convirtiendo en una plaga universal. Ha permeado en países pobres y ricos, desarrollados y en desarrollo, europeos, americanos y asiáticos.  Ya veremos si en Bolivia la resistencia popular logra restablecer la legalidad, o los verdaderos golpistas se afianzan en el poder bajo sus extrañas ideas de lo que entienden por democracia: un extremismo religioso sectario, racista y violento. Lo que parece indudable es que la movilización social tiene que ser canalizada mediante fórmulas políticas que nada tienen que ver con la tesis Almagro. Una democracia con capacidad de transformación y de autorregulación, una democracia sustentable es posible y necesaria. Esa debe ser, por lo menos, nuestra esperanza.

saulescobar.blogspot.com