Manifiesto

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No, no están todos. Faltan programas de apoyo para los trabajadores despedidos

No, no están todos

Saúl Escobar Toledo

El programa económico del gobierno presentado hace unas semanas representa, sin duda, un gran esfuerzo por proteger a algunos sectores de la población más necesitados. El sábado pasado, 18 de abril, el presidente reiteró las medidas que se están poniendo en práctica en un video grabado en el cual, además, desmintió a TV Azteca y volvió a dar su apoyo al subsecretario de salud, López Gatell.

Sin duda, la campaña de la televisora y de otros medios de comunicación, personas y asociaciones de diverso tipo contra las medidas sanitarias dictadas por la autoridad correspondiente no reparan en el daño que pueden causar. Alimentan conductas que rechazan la reclusión hogareña y la sana distancia y, al mismo tiempo, fomentan el miedo de que los hospitales y el personal sanitario no sean capaces de atender a los enfermos. Estas campañas defienden, sin duda, intereses políticos y económicos particulares.  Sus expresiones, a menudo hechas con ligereza, forman parte de un ambiente político tenso que demuestra que la pandemia no ha detenido la lucha por el poder. La crítica a las políticas públicas no sólo es admisible; es necesaria para fortalecer programas y advertir debilidades. Ésta, sin embargo, no debería convertirse en un instrumento para agudizar las calamidades que no sólo azotan a México sino al mundo entero. En cambio, aquellas propuestas que tienen como objetivo fortalecer las respuestas gubernamentales deben ser valoradas justamente.

Es el caso del programa económico. En varias ocasiones, incluyendo el mensaje del sábado pasado, el presidente se ha referido a los apoyos otorgados por su gobierno. Dijo que, ante el alargamiento de la reclusión domiciliaria, el plan es dar apoyo a 60% de los hogares “para empezar”. Las prioridades son los más pobres y una parte de la clase media. Mencionó tres formas de apoyo: primero, intensificar la entrega de algunos beneficios, de tal manera que hasta el 10 de abril se habían repartido 46 mil millones de pesos (mmp) a 8 millones de adultos mayores y a 1 millón de niños y niñas con discapacidad; entre mayo y junio se dispersarán un total de 50 mmp. La segunda forma consiste en 3 millones de créditos para la economía formal e informal, sobre todo para microempresas y trabajadores por su cuenta con una tasa de interés de 6.5% (incluyendo ahora a180 mil pescadores) y apoyos para 250 mil agricultores, así como mayores recursos para “Jóvenes construyendo el futuro”.  La tercera se materializa en 11 millones de becas para estudiantes.

Así pues, estará cubierta una parte de la población afectada, pero no toda. Falta un sector muy importante: los trabajadores asalariados que ya perdieron, perderán su empleo o verán rebajados sus ingresos debido a reducciones en la jornada laboral tanto en las ramas económicas más modernas como en las menos desarrolladas. Entre estas últimas predominan grupos tan vulnerables como los trabajadores que sirven a un patrón, pero no cobran salario (propineros); los jornaleros rurales; las trabajadoras del hogar (y cuidadores de personas) sin seguridad social; y los trabajadores informales asalariados (no inscritos en el seguro social).

Es evidente que este universo no está compuesto fundamentalmente por adultos mayores, niños con discapacidad, estudiantes, o jóvenes aprendices. Tampoco hay que confundir a los trabajadores de las microempresas con el sector de informales que labora al servicio de un patrón sin seguridad social. En algunos casos pueden coincidir, pero no en todos. Además, no es lo mismo otorgar un crédito al dueño del changarro que una ayuda directa al trabajador que no tendría que ser devuelta posteriormente. 

Para ilustrar mejor el asunto, podemos poner de ejemplo el proyecto de ley aprobado recientemente en la Cámara de Diputados de Brasil iniciado por la oposición al presidente Bolsonaro y que logró el apoyo de la mayoría. Aunque falta la ratificación del senado y el mandatario podría vetarla, es un interesante ejemplo de lo que se puede hacer para combatir los efectos de la crisis entre la clase trabajadora.

Debe aclararse que en Brasil existe un seguro de desempleo financiado con los impuestos generales pero administrado de manera tripartita. Sin embargo, la magnitud del daño que está causando la pandemia y la recesión económica han llevado a instrumentar un programa adicional, financiado enteramente con recursos públicos, que consiste en una ayuda de 600 reales, unos 110 dólares estadounidenses ($US), por tres meses que puede duplicarse a $US 220 dólares en caso de hombres o mujeres solteros, jefes de hogar (incluyendo madres adolescentes menores de 18 años). La ley contempla la posibilidad de alargar el período de ayuda si continua la pandemia.

Este beneficio sólo lo podrán recibir aquellos que tengan un ingreso mensual por persona de hasta la mitad de un salario mínimo (aproximadamente $US 100 dólares) o un ingreso familiar de hasta tres salarios mínimos ($US 300 dls.).

El programa está destinado a microempresarios, pero también a personas desempleadas o trabajadores informales que se inscriban voluntariamente mediante una plataforma digital proporcionada por el gobierno o que ya estén dados de alta en el registro de contribuyentes. Las categorías laborales son numerosas, entre ellas: pescadores, agricultores, miembros de cooperativas, camareros, taxistas y repartidores (incluyendo los de aplicaciones digitales como Uber y Didi), camioneros, trabajadores de limpieza; agentes y guías de turismo, técnicos de espectáculos y entretenimiento, profesionales, trabajadores deportivos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, etc.

De esta manera, el proyecto abarca a un conjunto de trabajadores que no pueden ser beneficiarios del seguro de desempleo, aunque se trate de asalariados, porque su contratación es muy precaria pues laboran como eventuales, subcontratados, subocupados, o sin registro fiscal.

En México, en cambio, no contamos ni con un seguro de desempleo ni se ha previsto hasta ahora una ayuda directa y en efectivo a los trabajadores asalariados despedidos (que contaban con una plaza estable) o desocupados, especialmente a los más vulnerables.

Si no se avanza en ambos sentidos, una cantidad que puede llegar hasta un 40% de la población asalariada total puede verse desamparada completamente. Y en el caso de las microempresas (que suman 14 millones de personas empleadas) podrían recibir ayuda sólo la mitad en el mejor de los casos y de manera indirecta, a través de un crédito al dueño del establecimiento.

Los efectos de este abandono serían muy graves y sin duda aumentarían la pobreza y la misma crisis económica por la caída de la demanda. Como se ha señalado en este espacio y por parte de distintos especialistas, el costo de estos programas no representaría una carga exagerada (alrededor de un punto porcentual del PIB). Tendría la ventaja, además, de reabrir un debate iniciado en 2014, que no concluyó, sobre el seguro de desempleo. Hay que recordar que este instrumento de política laboral existe desde hace tiempo en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay, Chile y Venezuela en América Latina, y en casi todos los países desarrollados, con modelos de financiamiento y de implementación distintos. Y, también, que este seguro ha sido una promesa olvidada desde el constituyente de 1917. Otra propuesta que se ha manejado es el Ingreso Ciudadano Universal o Renta Mínima Vital como el que ha sido anunciado en España hace unos días. Sin embargo, este último supondría la eliminación de varios programas de ayuda en efectivo que ya están operando (para no duplicar las transferencias) y un esfuerzo fiscal mayor. Como quiera que sea, está claro que, ante los estragos de la crisis presentes y venideros, no todos están todavía incluidos en los planes del gobierno. Esperemos que lo estén pronto.  Aprovechando una de las frases del presidente podríamos decir ahora, “por el bien de todos, primero los trabajadores pobres”.

El proyecto económico del gobierno: mantener la ruta original en un mundo que ya cambió.

El proyecto económico del gobierno: mantener la ruta original en un mundo que ya cambió.

Saúl Escobar Toledo

Este año, la economía mundial sufrirá una severa contracción como resultado del freno de diversas actividades económicas y la pérdida de ingresos de muchos trabajadores. Tal es el diagnóstico que comparten académicos y especialistas críticos y partidarios de la globalización neoliberal; organismos multilaterales con una orientación más progresista (como la UNCTAD) o tradicionalmente conservadora (como el FMI); y organismos privados y públicos.

Por ello, desde hace unas semanas se han anunciado paquetes de estímulos económicos de una escala sin precedentes en diversos países desarrollados y en China. Es el caso de Australia, que anunció un paquete equivalente a casi diez puntos porcentuales del PIB para los próximos cuatro años; Canadá (6% del PIB); Alemania (4.5%); y Estados Unidos con un combo que representa más del 10% de su producto interno bruto.

Todo ello, advierte por ejemplo la UNCTAD, no impedirá la recesión mundial, pero hay la esperanza de que evite una larga depresión. En el caso de los países en desarrollo, sin embargo, las cosas pueden ser más complicadas porque enfrentan diversas presiones que les impiden llevar a cabo paquetes de estímulos de gran escala:  salida de divisas, devaluaciones y los desequilibrios de la balanza de pagos. El FMI reconoce, incluso, que las economías emergentes que enfrenten la fuga de capitales “necesitarán donaciones y financiamiento de la comunidad internacional” y, si es necesario, “aplicar controles de capitales”.  Éste es el panorama internacional. En cuanto a las medidas internas, se ha señalado que cada país necesitará, por lo menos:

1) comprometer todos los recursos necesarios para combatir la pandemia: según el FMI podrían ser necesarias incluso acciones “intrusivas” por parte de los gobiernos para la provisión de suministros fundamentales, celebrando contratos públicos para la compra de insumos esenciales y productos finales, y  la reconversión de industrias o nacionalizaciones selectivas.

2) Proporcionar suficientes haberes a las personas afectadas por la crisis. Los hogares que pierdan parte de sus ingresos debido al confinamiento en los hogares  y al paro técnico provocado por la caída del comercio internacional, necesitarán apoyo gubernamental. Este apoyo debe contribuir a que la gente mantenga sus empleos (y sus salarios y prestaciones). Los apoyos por desempleo (en caso de que exista un seguro de desempleo) deben ampliarse y extenderse. Es necesario también que las transferencias de efectivo lleguen a los trabajadores independientes.

3) Los gobiernos deben proporcionar un apoyo especial a las empresas privadas, incluyendo el aplazamiento del pago de impuestos; subsidios para mantener el empleo; y programas de préstamos y garantías por la banca privada y pública. Estos apoyos deberán concentrarse en las micros y pequeñas empresas.

En una palabra, hay que garantizar que las redes económicas y comerciales se preserven y que la disminución de los ingresos de los hogares sea la menor posible, pues de ello dependerá que la recuperación tarde menos y la pobreza no se extienda tanto. En términos más técnicos, evitar un shock tanto del lado de la demanda como de la oferta.

Hay que subrayar el cambio de paradigma que todo esto supone: una mayor intervención del sector público especialmente mientras persistan las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia. Ello podría incluir niveles de deuda pública más altos e incluso nuevas empresas y ramas productivas bajo control público. Es la hora del control del Estado sobre el mercado.

En el caso de los países en desarrollo, a pesar de las dificultades y riesgos por su exposición financiera, algunos gobiernos han tomado ya medidas desde el mes pasado:

Argentina, por ejemplo, desde el 23 de marzo anunció un paquete que equivale al  2% del PIB.  En Brasil las autoridades anunciaron una serie de disposiciones que representan el  3.5%. El gobierno de Chile por su parte presentó un conjunto de medidas de alrededor de 4.7% del PIB. Perú anunció un paquete de 12% (habrá que comprobar su implementación).

En México, el pasado domingo 5 de abril, el presidente López Obrador anunció una serie de medidas económicas que suman cerca de 400 mmdp, es decir, alrededor de 1.6% del PIB.  Algunos rubros ya estaban contemplados en el presupuesto. Otra parte representa créditos cuyo impacto tomará un tiempo que hoy no se puede precisar debido a que no sabemos cuándo remitirá la pandemia, como es el caso de la vivienda. Lo mismo puede decirse del número de empleos anunciados como resultado de la inversión pública.

Comparado con otros países que, incluso atraviesan por situaciones más problemáticas, el esfuerzo se ve más modesto. Faltan, además, algunas cosas:

Apoyo a trabajadores y hogares: un seguro de desempleo que tendría que ser legislado de inmediato o en su defecto apoyos en efectivo a las personas asalariadas despedidas o en paro técnico, y a trabajadores por su cuenta especialmente del sector informal.

Apoyos a PYMES: no sólo créditos directos, también aplazamientos y exenciones de impuestos y cuotas a la seguridad social.  

Para evaluar el tamaño del esfuerzo que se requiere debemos tomar en cuenta el universo de trabajadores asalariados más vulnerables y las microempresas existentes en México. En el primer caso tenemos, en número redondos de manera gruesa, y sin mucho rigor en el conteo, alrededor de 15 millones (un 28% de la población total ocupada) de trabajadores que están en peligro de sufrir una reducción prolongada de sus ingresos (desempleados, subcontratados, propineros, trabajadores informales por cuenta propia, etc). Para estos 15 millones, es indispensable llevar a cabo un programa especial consistente en otorgar transferencias directas, por ejemplo un salario mínimo diarios por tres meses. Ello equivaldría a 166 mil millones de pesos (0.7% del PIB).

Por otra parte, los micronegocios que trabajan con hasta 10 personas representan el 95% de todos los establecimientos y emplean al 38% del total de personas. Es decir, estamos hablando de alrededor de 5 millones 900 mil microempresas  que dan sustento a 13.3 millones de personas.

Para este universo, el programa anunciado por el presidente prevé 3.4 mmdp, es decir, teóricamente, unos 576 pesos por establecimiento. Si lo multiplicáramos por 10, para poder otorgar 5 760 pesos por cada changarro, ello daría un total de 34 mil mmdp, es decir un 0.14% del PIB

En total, los dos programas representarían una cantidad equivalente al 0.8-0.9% del PIB, unos 200 mil millones de pesos adicionales. Sumado a lo que se anunció el domingo, el total aumentaría a 2.5% del PIB.

Para financiarlo se requeriría más o menos lo que la Secretaría de Hacienda señaló en los llamados pre-criterios 2021 entregados al Congreso de la Unión por mandato legal hace unos días, pues consideraba que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) ascenderían a 4.4% del PIB (contra 2.6% originalmente aprobado). Sin embargo, el presidente no estuvo de acuerdo con estas propuestas.

Puede decirse entonces que el programa anunciado el domingo no se basó en la idea de la UNCTAD de hacer todo lo que se tenga que hacer, sino en otra estrategia: hagamos lo que podamos con lo que hay a la mano.

Esta estrategia no corresponde a la sanitaria, pues en este caso las autoridades del sector salud advirtieron desde el principio que, dado que la pandemia pegará al país, ineludiblemente, en forma drástica, en un futuro cercano (la llamada fase tres), había que prepararse con suficiente anticipación con medidas severas de confinamiento y suspensión de actividades (aplicadas desde el 24 de marzo).

En materia económica se ha elegido otra ruta: mantener, en lo fundamental, el proyecto original; adoptar un escenario más optimista; y llevar a cabo, en el mejor de los casos, una actuación postcrisis. Pronto veremos cuáles son los resultados de ambas estrategias.

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La política económica frente a la pandemia: apuntes iniciales

Un apunte sobre la política económica frente a la pandemia

Saúl Escobar Toledo 

La propagación del coronavirus representa en primer lugar una amenaza sanitaria pero también un riesgo económico. La UNCTAD, el organismo más importante de la ONU para el desarrollo ha anunciado que los efectos del Covid 19 desatarán una recesión en algunos países y un menor crecimiento en otros. La duración y la profundidad de la crisis dependerán de la gravedad del contagio pero, asimismo, de la eficacia de las políticas públicas. La caída de la producción puede tener la forma de una V, es decir, de corta duración. O puede tener la forma de una U, lo que significaría una recesión más prolongada.

Para diseñar una política económica adecuada, la UNCTAD considera que es necesario tomar en cuenta los tres canales de la disrupción: la demanda, la oferta y el sector financiero.

En el primer caso, las reclusiones y aislamientos de las personas están provocando un menor consumo sobre todo en el sector servicios: turismo, restaurantes, etc. En el lado de la oferta, la suspensión de actividades y el ausentismo forzado en algunas ramas manufactureras en las localidades más contaminadas por el virus tendrán efectos a nivel global. La caída de exportaciones de bienes finales y de materias primas y otros insumos, afectarán a las empresas y el empleo en varias partes del mundo. En cuanto al sector financiero, el principal problema es el endeudamiento público y corporativo en muchos países, y un sistema dedicado a la especulación y la evasión fiscal.

La respuesta apropiada tiene que atender estos canales. Los gobiernos deben aumentar su gasto, comprando bienes esenciales para combatir la enfermedad e invirtiendo en otros rubros como la industria de la construcción, pero también realizando transferencias directas en efectivo a la población más necesitada.

Resulta fundamental tomar en cuenta que, en estos momentos, a pesar de los problemas del lado de la oferta, se requiere sostener la demanda, aunque para ello los gobiernos tengan que recurrir a un mayor endeudamiento. En cambio, la UNCTAD no recomienda llevar a cabo rescates o transferencias directas a las empresas.

Por otro lado, será necesario facilitar el otorgamiento de créditos directos a la producción sobre todo mediante los bancos de desarrollo. Instituciones multilaterales como el FMI deben ofrecer, igualmente, mecanismos de bajo costo para financiar a los países menos desarrollados. Una moratoria de la deuda pública externa para las naciones más necesitadas tiene que ser considerada.

Dicho en otras palabras, las políticas económicas aplicables deben partir del reconocimiento de que la pandemia está agravando otra enfermedad mayor de nuestro tiempo: la creciente y excesiva desigualdad económica y social.

Por ello, será necesario ayudar primero a las personas más vulnerables al virus y a la recesión productiva. Desde una óptica laboral, de cara a la emergencia, se pude partir  del esquema de Milanovic y tomar en cuenta cinco grupos de trabajadores: a) doctores y personal médico; b) empleados formales  en el  sector servicios  (sobre todo en el  comercio de bienes de consumo); c) obreros industriales y trabajadores rurales; d) profesionales y personas que pueden laborar  a distancia (desde su casa); y e) trabajadores informales por su cuenta de todo tipo, principalmente aquellos que se verán afectados por la caída del consumo.

El problema es que, para evitar contagios, los trabajadores deberían laborar menos tiempo o de plano irse a sus casas y recluirse. Sin embargo, en el caso de a), ello sería catastrófico; en lo que toca a b), su ausencia puede generar un desabasto de alimentos y bienes esenciales; si los empleados de c) faltan a sus labores ello puede repercutir en una menor demanda y oferta de bienes; y en referencia a e), la falta de ingresos puede conducirlos a buscar otras fuentes igualmente peligrosas desde el punto de vista sanitario o ser víctimas de una grave crisis social. Los únicos que no se verán afectados sensiblemente son los d).

Por ello, es indispensable buscar un equilibrio entre mantener activos a algunos trabajadores y recluir a otros. No se puede ni mandar a todos a su casa ni dejar que las cosas funcionen como si nada pasara. Hay que tratar de mantener la actividad económica, aunque desde luego a un menor ritmo, tanto como sea posible.

La cuestión radica entonces en explorar si se puede lograr un mejor equilibrio entre reclusión y trabajo, entre mantener una parte de la actividad económica y combatir la propagación del virus.   

Según algunos especialistas, como Wan Manan y Nazihah Noor, expertos en salud pública, la experiencia de Corea del Sur (y de Japón y Taiwán) mostraría que se puede controlar el Covid-19 (la tasa de mortalidad aquí ha sido menor al 1%) y al mismo tiempo evitar la asfixia de las actividades económicas y sociales. Las autoridades de ese país alegan haber adoptado un modelo diferente al del occidente, basado, por un lado, en restringir reuniones masivas y cerrar escuelas pero, además,  en cuidar selectivamente a la población en mayor riesgo y promover mecanismos de diagnóstico temprano y eficiente, lo que requiere la participación de las personas y las familias (no sólo del gobierno). La respuesta de estos países en materia económica sugiere también la necesidad de un estado fuerte que actúe con decisión para reasignar recursos y mano de obra, de tal manera que las empresas produzcan lo que más se necesita en estos momentos. Con base en la experiencia asiática, recomiendan a los gobiernos considerar diversas opciones y actuar con prudencia, no bajo la presión del pánico. De esta manera, señalan, se podría evitar que las medidas sanitarias y sus consecuencias económicas afecten a más personas que la propagación del virus

Podemos entonces sacar algunas conclusiones para el caso de México. Se requiere: 1) mantener un consumo responsable; 2) cuidar que no se desplome la oferta de productos y servicios más necesarios; 3) conducir una política de créditos agresiva para sostener la oferta y la demanda efectiva. Para ello, el gobierno debe aumentar su gasto corriente y sus inversiones en infraestructura en el sector salud y en aquellas ramas productivas que considere necesarias. Adicionalmente, elevar las transferencias directas de efectivo a la población más vulnerable: adultos mayores y trabajadores sin protección social. En materia de política fiscal, hay que subrayar que México tiene un nivel de deuda menor que otros países, por lo que hay que olvidarse de los parámetros previstos antes de la epidemia. Desde luego dejar a un lado la meta del déficit presupuestal de 2.1%, reorganizar el presupuesto y revisar las alternativas de financiamiento. También habría que pensar en una reducción del IVA. El crédito a las empresas por parte de la banca de desarrollo deberá aumentarse de manera programada sobre todo en la medida en que la enfermedad vaya cediendo.

En materia laboral, habrá que hacer nuevas contrataciones para el sector salud (que no requieran una capacitación prolongada) y fortalecer la seguridad de sus condiciones de trabajo; proteger con medidas sanitarias a los trabajadores del sector servicios, sobre todo de distribución, comercialización  y venta de productos alimenticios y de consumo final más indispensables, y tratar de evitar despidos o vacaciones forzosas no pagadas;  garantizar la estabilidad laboral de los obreros  de las manufacturas (y la agricultura),  y los pagos correspondientes por enfermedades y paros técnicos. Un caso aparte son las personas que trabajan por su cuenta en la informalidad, a los cuales se le debe garantizar su atención médica gratuita, ayudarlos a mitigar la caída de sus ingresos con medidas generales (reducción de IVA) o selectivas (transferencias en efectivo focalizadas).

Llevar a cabo acciones que aminoren la caída económica y al mismo tiempo eviten los contagios del virus, requiere la confianza de la ciudadanía en sí misma, en las instituciones y en la información de fuentes confiables.

La capacidad del gobierno para atender todos estos rubros será (siempre lo es) limitada. La clave del éxito no reside en la escasez sino en la capacidad del gobierno y del estado mexicano para actuar con habilidad, conocimiento y decisión. Y en la solidaridad de los ciudadanos para no sólo ver por sí mismos sino también por los más necesitados.

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Los orígenes del 8M, el Día Internacional de la Mujer: la verdadera historia

Los orígenes del 8M: la verdadera historia

Saúl Escobar Toledo

Según las fuentes históricas disponibles, todo empezó en 1908 cuando el Partido Socialista de los Estados Unidos propuso a su Comité Nacional de Mujeres hacer campaña por el sufragio y organizar diversas movilizaciones para exigir ese derecho, aún inexistente por aquel entonces, pues la reforma constitucional se logró hasta 1920.   Con ese propósito, la sociedad de mujeres de la Ciudad de Nueva York celebró una reunión masiva el 8 de marzo de ese año.

Por su parte, el Sindicato Internacional de Trabajadoras de la Confección (ILGWU por sus siglas en inglés) había venido desatando una ola de huelgas desde finales del siglo XIX en esa misma ciudad ya que era uno de los centros de confección de ropa más importante de Estados Unidos. Nueva York era entonces un agitado punto de encuentro de diversos movimientos.

En 1909, las socialistas estadounidenses celebraron otro mitin muy concurrido en esa ciudad el 23 de febrero y declararon que, a partir de entonces, el último domingo de febrero celebrarían el Día Nacional de la Mujer.

Los partidos socialdemócratas europeos supieron del éxito de la iniciativa de las estadounidenses y en su Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, celebrada en 1910 en Copenhague, discutieron el asunto. La delegada por Alemania, Luise Zietz propuso que la Conferencia proclamara un “Día Internacional de la Mujer” que se celebraría anualmente. Clara Zetkin, una de las dirigentes más importantes de la socialdemocracia europea apoyó la propuesta y la Conferencia la aprobó por unanimidad.

Clara era una de las dirigentes del movimiento de mujeres más destacada en Europa. Desde 1894 tenía a su cargo la revista Die Gleichheit (La Igualdad) que había fundado para que la socialdemocracia alemana tuviera un órgano de expresión sobre estos temas y   discutiera con otras corrientes feministas. Luego, ella misma se encargó de organizar las conferencias de mujeres de su partido y posteriormente las Conferencias Internacionales.

Todas estas actividades estaban destinadas a los partidos socialistas, a las organizaciones de mujeres y a las asociaciones de trabajadoras que “respaldan la lucha de clases”. Para Clara y las dirigentes socialdemócratas, “el feminismo burgués y el movimiento de las mujeres proletarias (eran) dos tendencias completamente diferentes”.

La resolución que fue adoptada en Copenhague decía textualmente:

“Las mujeres socialistas de todas las nacionalidades tienen que organizar un Día de la Mujer (Frauentag) en el que se debe, sobre todo, promover la propaganda por el sufragio femenino. Esta demanda debe discutirse ligada a la problemática de la mujer en su conjunto, de acuerdo con la concepción socialista”.

No se propuso, entonces, una fecha precisa y más bien se afirmó el objetivo central del movimiento: el derecho al voto. Lo que si es evidente es que las europeas tenían en mente vincular esta demanda con los postulados del socialismo y que veían a las trabajadoras como la vanguardia de ese movimiento.

Con base en esta resolución, decidieron movilizarse el 18 de marzo de 1911 debido a que ese día se recordaba el 40 aniversario de la Comuna de París. Uno de los eventos más importantes tuvo lugar en Viena. La manifestación en la capital de Austria se llenó de banderas rojas y pancartas que exigían las principales demandas femeninas por la igualdad. 

Por su parte, las mujeres socialistas de EU siguieron celebrando el Día de la Mujer en febrero. En 1911, se reunieron el día 25 porque era sábado. Sin embargo, también se unieron a la proclama de Copenhague para la celebración de un día internacional de la mujer.

Un mes después de esta reunión, el 25 de marzo de 1911 ocurrió el incendio de la fábrica de ropa Triangle Shirtwaist Factory, ubicada en el vecindario Greenwich Village de Manhattan, Nueva York. Fue el desastre industrial más mortífero en la historia de la ciudad y uno de los más terribles en la historia de los Estados Unidos.  El incendio causó la muerte de 146 trabajadores de la confección, 123 mujeres y niñas y 23 hombres que murieron a causa del fuego, inhalación de humo o saltos mortales, pues las puertas de la fábrica habían sido cerradas con candados. La mayoría de las víctimas fueron inmigrantes italianas y judías recién llegadas y en su mayoría muy jóvenes:  de entre 14 a 23 años.

La coincidencia entre las movilizaciones obreras, el incendio de la fábrica en Nueva York, las manifestaciones por el sufragio en Estados Unidos, y la decisión de la Conferencia de Copenhague, alentaron la lucha de las mujeres. Aunque no hay datos que nos permitan asegurar que todos estos movimientos estaban coordinados o tenían lazos orgánicos, sin duda confirmaron la idea de que las mujeres sufrían de una discriminación inadmisible en la vida política y en las relaciones laborales.

En los años posteriores, el movimiento de las mujeres, sobre todo en Europa, fue interrumpido por la Gran Guerra. Este terrible acontecimiento, además, dividió a la socialdemocracia europea. Algunos partidos se quedaron en la II Internacional mientras que otros rompieron definitivamente y decidieron emprender su propio camino.

Uno de estos últimos fue el partido bolchevique. A principios de 1917, tuvo lugar una gran movilización de mujeres organizada principalmente por esa fracción del partido socialdemócrata ruso.  Por razones seguramente ligadas a la situación imperante, pues la carestía se había disparado y faltaba comida en todos lados debido a la guerra en curso, la manifestación fue convocada el 23 de febrero (según el calendario gregoriano), es decir, 8 de marzo en Occidente. 

La manifestación fue disuelta a balazos y  se convirtió en una insurrección que continuó varios días después. Fue el inicio de la llamada Revolución de Febrero que llevó a la abdicación del Zar y a una nueva etapa que culminaría en octubre con la toma del poder por parte de los bolcheviques.

Los acontecimientos en Rusia sirvieron para que definitivamente se adoptara el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer en Europa y luego en América y el resto del mundo.

En junio de 1921, una vez que había triunfado la revolución y que ésta había reagrupado a todos los partidos disidentes de la II Internacional, en una nueva organización, la Internacional Comunista, se llevó a cabo la Segunda Conferencia Mundial de Mujeres en Moscú. La presidenta de la reunión fue Clara Zetkin, quien ya había roto también con la socialdemocracia alemana y se había pasado al lado de los partidos comunistas.  En sus resolutivos se proclamó que el Día Internacional de la Mujer se celebraría en todo el mundo el 8 de marzo, en buena medida debido al recuerdo y el ejemplo de la lucha de las mujeres en la Revolución de Febrero.

Como puede verse, el 8M tuvo diversas influencias: la lucha por el sufragio femenino, pero también un activismo ligado a la lucha socialista y obrera. Aunque la idea original surgió en Nueva York, pronto fue adoptada por las socialistas europeas y luego por las mujeres rusas. Durante el siglo XX, otras corrientes feministas que no se identificaban con el socialismo,  con las comunistas o las luchas obreras, intentaron organizar eventos en otras fechas En México, por ejemplo, se tienen noticias de que en 1961,  Amalia de Castillo Ledón (miembro del PRI y conocida por haber abanderado  el reconocimiento del derecho al voto femenino) y la dramaturga Maruxa Villalta, convocaron a varias mujeres destacadas con el objetivo de establecer el 15 de febrero como el Día de la Mujer Mexicana. No tuvo mayor resonancia. En cambio, las Naciones Unidas adoptarían en 1975, el 8 de marzo, como la fecha oficial del Día Internacional de la Mujer. Y es que, a pesar de los intentos de convertir el 8M en un día de felicitaciones y ramos de rosas,  se ha impuesto su espíritu original, un día de lucha por la igualdad. Lo acabamos de ver en México y muchas otras partes del mundo. 

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La CTM: la disputa por la historia

La CTM: la disputa por la historia

Saúl Escobar Toledo

El domingo pasado, el presidente de la república acudió a un acto masivo en la Ciudad de México en ocasión del 84 aniversario de la fundación de la CTM. En los discursos tanto del secretario general de esa organización como del primer mandatario se hicieron varias referencias a la historia y en particular al presidente Lázaro Cárdenas.

Quizás muchos lectores de El Sur no recuerden con precisión los hechos de aquel entonces y no comprendan cabalmente la relación del mandatario michoacano que gobernó el país entre 1934 y 1940 con la lucha sindical. Vale la pena entonces recordar que la Confederación de Trabajadores de México (CTM) fue en realidad el momento culminante de un proceso de unificación que se había iniciado varios años antes. Diversas organizaciones jugaron un papel muy importante en este proceso. En primer lugar, la Confederación Sindical Unitaria de México (CSUM), una agrupación fundada por activistas sindicales, miembros del Partido Comunista, que logró reunir a un número significativo de sindicatos a fines de los años veinte. Poco tiempo después, surgiría la Confederación General del Obreros y Campesinos (CGOCM) dirigida por Vicente Lombardo Toledano. El movimiento sindical iniciaba una profunda reorganización después de varios años de sufrir el control hegemónico de la CROM (Confederación Regional de Obreros Mexicanos), organización que, con el apoyo del gobierno callista (1924-1928), había logrado desplazar a otras corrientes obreras por medio de la violencia y la ayuda oficial. Recordemos que su principal líder, Morones, había sido Secretario de Industria, Comercio y Trabajo.

Tanto la CSUM como la CGOM, junto con los nacientes sindicatos de industria como los ferrocarrileros, se propusieron la formación de un movimiento obrero independiente ajeno a “toda colaboración y sometimiento al Estado”. Durante los primeros años de la década de los treinta, se llevaron a cabo paros y manifestaciones para lograr el reconocimiento de los contratos colectivos. Así, por ejemplo, en 1934, antes de las elecciones presidenciales, se organizaron dos huelgas generales.

Cuando el general Cárdenas tomo posesión de su cargo, el sindicalismo se había convertido en “la fuerza política y social más importante del país”, según algunos historiadores. El presidente, por su parte, decidió acercarse al movimiento desde el principio de su administración. En 1935, cuando se produjo la ruptura con Calles, las organizaciones obreras decidieron apresurar su unificación. La CGOCM, la CSUM, los sindicatos nacionales de industria más importantes, ferrocarrileros, mineros y electricistas, entre otros, firmaron un pacto de unidad que dio lugar a la creación del Comité de Defensa Proletaria. Las huelgas se multiplicaron a fines de ese año y principios de 1936 abarcando diversas ramas industriales de gran importancia económica. Destacó, en ese momento, el caso de Vidriera Monterrey pues ante las quejas patronales, Cárdenas defendió sin ambigüedades a los trabajadores e incluso la participación de los comunistas en el conflicto y condenó severamente las amenazas de los empresarios regiomontanos.

En estas condiciones, a fines de febrero de 1936 se llevó a cabo al Congreso Nacional de Unificación Obrera y Campesina, convocado por el CNDP, del que surgiría la CTM. Según algunas fuentes, se logró reunir a representantes de 2 800 sindicatos tanto los más pequeños como los grandes sindicatos nacionales de industria recién creados. Una fuerza muy considerable.

El Congreso de 1936 culminó aprobando una resolución en la que se reiteraba la independencia de la organización respecto del poder público y se llamaba a la unidad con el movimiento campesino.  El objetivo, afirmaron, era la formación de un Frente Popular Antiimperialista para luchar por la “emancipación y la verdadera autonomía de la nación mexicana”.

La creación de la CTM dio un mayor impulso a la movilización de los trabajadores. Varias huelgas estallaron.  Una de las más importantes fue la ferrocarrilera que tuvo lugar en mayo. Menos de un mes después ocurrió la huelga de los electricistas que se prolongaría por diez días paralizando la mayoría de las actividades económicas de la Ciudad de México y algunas otras regiones cercanas. En noviembre, el recién constituido sindicato nacional petrolero emplazó a huelga por firma de contrato colectivo. La huelga estallaría en mayo de 1937 y, como se sabe, se resolvería en marzo de 1938 con la expropiación petrolera decretada por el presidente Cárdenas.

Valga este recuento histórico para subrayar que la CTM no fue resultado de una decisión de gobierno, aunque las políticas impulsadas por el mandatario crearon un ambiente favorable para ello. Dicha organización fue posible gracias a una estrategia de movilización desatada con plena independencia del poder público y del partido en el poder (el flamante PNR). Fue, por ello, una de las etapas históricas más sobresalientes del movimiento obrero mexicano.

Después, las cosas cambiaron y en los años cuarenta tanto los comunistas como el propio Lombardo Toledano y otros dirigentes fueron echados o salieron de la CTM. Un grupo, encabezado, entre otros, por Fidel Velázquez, se apropió de la central y decidió convertirse en aliada del gobierno para combatir a las otras corrientes sindicales. Bajo esa dirigencia y con esas estrategias, la CTM se corrompió y se creó un sistema corporativo muy autoritario.

La CTM que en estos días celebró su aniversario, hace mucho que ha dejado de ser una organización combativa e independiente; tampoco es ya, desde hace décadas, la central favorita del gobierno en turno. Se ha convertido en una administradora de contratos de protección con una afiliación dudosa: seguramente muchos trabajadores forman parte de los sindicatos de la CTM sólo en el papel y ni siquiera saben que pertenecen a esas organizaciones.

Muchas de estas cosas, la participación de los comunistas, el liderazgo de Lombardo, la represión contra la oposición sindical, el corporativismo y la simulación de los contratos colectivos, no salieron a relucir en los discursos del domingo pasado. Era de esperarse, ya que forman parte del pasado vergonzoso que explica la sobrevivencia   de los lideres cetemistas de hoy.

 El presidente López Obrador planteó en dicho acto una agenda laboral que incluyó el fortalecimiento del IMSS, un cambio en las políticas a cargo del INFONAVIT y, lo más destacado, una revisión del sistema de pensiones. A esos puntos habría que agregar otros: el tema de la subcontratación; el sostenimiento de una política salarial progresiva; y la implementación de las reformas a la ley para hacer realidad la democracia sindical y la contratación colectiva.

Puede entenderse la presencia del primer mandatario en el aniversario de la CTM de diversas maneras. Quizás considera que no queda sino arar con los bueyes que hay, no con los que uno quisiera, para echar a andar, con el consenso institucional de las organizaciones patronales y sindicales, nuevas reformas a la ley y políticas distintas en beneficio de los obreros. La agenda laboral, como pude verse, es de una gran relevancia. Ya veremos si la CTM se convierte en un lastre o apoya estos cambios. Y, sobre todo, si pasa la prueba de la democracia bajo las reglas legales apenas aprobadas el año pasado.

Pero la presencia del general Cárdenas en los discursos y la apelación a su legado, nos deben hacer reflexionar sobre ese momento histórico. Una de las cuestiones más relevantes para nuestro presente consistiría en reconocer que un gobierno dispuesto a cambiar al país debe contar con el acompañamiento de las agrupaciones sociales, y que éstas deben mantener su independencia y su propia iniciativa. Tratar de controlarlas o condicionar su participación, sólo puede hacerse por medio de la fuerza, la corrupción y el autoritarismo. La historia de la CTM es un buen ejemplo.

Financiarización

Financiarización          

Saúl Escobar Toledo
 

Bajo esta palabra, difícil de pronunciar en español, se ha traducido el término en inglés “financialization” que alude al poder de los mercados financieros en el mundo, el cual ha crecido verticalmente en las últimas décadas. En la actualidad, estos mercados y sus diversos instrumentos, algunos muy complejos en cualquier idioma (derivados, hedge funds) han tomado una mayor importancia a tal punto que las empresas productivas dedican buena parte de su capital a la especulación financiera en lugar de invertir en nuevas tecnologías, mejores equipos o la contratación de nuevos empleados.

Sorprende que el volumen de capitales que circula por todo el mundo represente varias veces el valor de las transacciones comerciales de mercancías, lo que también indica el alto grado de fianciarización.

Distinguidos economistas (ver por ejemplo J.M. Sundaram en ips.news.net) han coincidido en que la financiarización ha empeorado la desigualdad a través de varios canales, incluidas las políticas macroeconómicas. Tal cosa se puede observar claramente en los países de la OCDE (incluyendo a México): ahora hay una mayor desigualdad de ingresos debido a un marcado estancamiento en los salarios reales.

El problema se ha dado tanto en los países de altos ingresos como en las regiones menos desarrolladas. La financiarización en los países ricos ha transformado la vida cotidiana de mucha gente con más y más novedosos productos  financieros. Algunos de ellos se han vuelto indispensables para hacer frente a las incertidumbres futuras y el deterioro actual de sus ingresos familiares, carencias que ya no son mitigadas por el viejo estado de bienestar.

Aunque la financiarización es menos pronunciada en los países en desarrollo, muchas familias tienen que recurrir a créditos, hipotecas, seguros médicos y de vida, fondos de pensiones, todos ellos ofrecidos por instituciones privadas. Instrumentos que, en muchos casos son muy onerosos y pueden debilitar en lugar de fortalecer su nivel de vida presente y futuro.

En todo el mundo, los mercados financieros   aumentan la desigualdad a través de una mayor concentración de riqueza. Las personas más acaudaladas cuentan con servicios y atenciones especializadas que les permiten el acceso a información y productos de alto rendimiento, aunque muy riesgosos.

La banca privada dedica sus mejores administradores para atender a los clientes más ricos, ofreciendo ganancias de dos dígitos, mientras que la gran mayoría de los depositantes tienen que aceptar tasas de interés muy moderadas bajo esquemas muy comunes (cuentas maestras).

Además, las corporaciones y las personas adineradas utilizan frecuentemente estas ventajas exclusivas para evadir impuestos. Los paraísos o refugios fiscales han crecido notablemente debido a la extensión, sin control, de los mercados financieros con el apoyo de instituciones que gozan de gran prestigio mundial.

Las grandes ganancias de los bancos y las instituciones financiera dieron lugar a una elite o tecnocracia financiera que se enriqueció desaforadamente gracias a la especulación con los dineros de sus clientes. El escándalo fue tal, sobre todo a partir de la crisis mundial de 2008, que varias películas, videos y libros se han publicado sobre este asunto.

Frente a este proceso de financiarización, las instituciones, gobiernos y organismos multilaterales como el FMI y el Banco Mundial han propuesto la inclusión financiera. Sin embargo, muchas veces no toman en cuenta la falta de información de las personas frente a la existencia de instrumentos cada vez más complejos. Consideran, erróneamente, que algunas normas regulatorias y la "alfabetización financiera" pueden lograr prácticas menos depredadoras.

Algunos esquemas se han elaborado para llegar a los "no bancarizados", por ejemplo, a través de servicios de microfinanzas, con innovación tecnológica (Fintech). Tales innovaciones han tenido consecuencias distributivas mixtas. En algunos casos las nuevas tecnologías sólo han servido para aumentar las ganancias de los inversionistas a expensas de clientes poco informados. Pero en otros, las innovaciones han ayudado a personas de bajos recursos.

Así, una investigación en curso, a cargo de la Universidad de Hamburgo, Alemania, está indagando sobre los beneficios reales de la inclusión financiera en el mercado de la vivienda en México en sectores de la población de bajos ingresos que no tienen acceso a créditos públicos (INFONAVIT o FOVISSSTE) ni privados, por medio de sistemas de microcréditos. Hasta ahora han comprobado estos resultados mixtos: algunas personas pueden salir beneficiados y otras simplemente se han endeudado más sin resolver sus problemas. La diferencia está en la capacidad de organización de los sujetos de crédito. Un mayor poder de negociación puede aportar mayores beneficios para un número más amplio de personas, o al menos impedir que caigan en las redes de agiotistas o en planes crediticios que los atan por casi toda su vida.

Más allá de este tipo de servicios, todavía excepcionales, lo cierto es que la financiarización se ha traducido principalmente en la intensidad de los flujos de capitales a nivel internacional. Algunos economistas se han mostrado preocupados pues consideran que, aunque la mayoría de los principios del consenso neoliberal (privatización, desregulación, integración comercial, inmigración, disciplina fiscal y la primacía del crecimiento sobre la distribución) están siendo cuestionados, no ha sucedido lo mismo con la globalización financiera.

Estos críticos (ver por ejemplo D. Rodrik en Project-syndicate.org) han advertido que, especialmente los flujos de dinero caliente sin restricciones (inversiones de corto plazo en activos financieros como acciones y fondos de inversión), agrava la inestabilidad macroeconómica, crea las condiciones para las crisis financieras y frena el crecimiento a largo plazo al hacer que las ramas económicas productivas sea menos competitivas.

Si bien el Fondo Monetario Internacional ha comenzado a permitir ciertas medidas de control de los flujos de capital, aunque sólo como un último recurso temporal para resistir las oleadas cíclicas, el dogma de la globalización financiera permanece intacto. Una razón, tal vez, es que la economía del desarrollo no ha cambiado algunas tesis que atribuyen el atraso de estos países  a la falta de ahorro interno. La consecuencia de este postulado   es que las economías en desarrollo y emergentes están obligadas a atraer recursos del exterior, incluyendo capital privado extranjero especulativo.

Más allá de la ortodoxia teórica, la resistencia a imponer controles a los flujos de capital transfronterizos obedece al poder de los inversionistas. Las élites más acaudaladas, especialmente en América Latina, son firmes defensores de la globalización financiera porque lo han visto como una ruta de escape útil para conservar su riqueza. Por su parte, los administradores de las corporaciones financieras mundiales elaboraron un discurso que equiparó los controles de capital con una expropiación, de tal manera que los gobiernos no han querido ser acusados de violar los sagrados derechos de propiedad.

Recientemente, las restricciones a los flujos financieros han sido menos censuradas, por ejemplo, en el caso de Argentina a finales del año pasado.  No obstante, en el contexto actual de crecimiento anémico crónico y tasas de interés a largo plazo persistentemente bajas, o incluso negativas, en las economías avanzadas, existe el peligro de que los países en desarrollo se vean tentados a buscar un mayor endeudamiento externo. Ese camino puede conducir a una mayor volatilidad, crisis más frecuentes y menos dinamismo económico general.

La crítica al neoliberalismo debe incluir un examen más riguroso de la financiarización, incluyendo la necesidad de aplicar controles de capitales, sobre todo si, como en la actualidad, priva una incertidumbre general y los flujos cambian súbitamente de dirección. México debe tomar en cuenta seriamente este problema y tomar las debidas previsiones. 

saulescobar.blogspot.com