No, no están todos
Saúl Escobar Toledo
El programa económico del gobierno
presentado hace unas semanas representa, sin duda, un gran esfuerzo por
proteger a algunos sectores de la población más necesitados. El sábado pasado,
18 de abril, el presidente reiteró las medidas que se están poniendo en
práctica en un video grabado en el cual, además, desmintió a TV Azteca y volvió
a dar su apoyo al subsecretario de salud, López Gatell.
Sin duda, la campaña de la televisora
y de otros medios de comunicación, personas y asociaciones de diverso tipo
contra las medidas sanitarias dictadas por la autoridad correspondiente no
reparan en el daño que pueden causar. Alimentan conductas que rechazan la
reclusión hogareña y la sana distancia y, al mismo tiempo, fomentan el miedo de
que los hospitales y el personal sanitario no sean capaces de atender a los
enfermos. Estas campañas defienden, sin duda, intereses políticos y económicos
particulares. Sus expresiones, a menudo hechas
con ligereza, forman parte de un ambiente político tenso que demuestra que la
pandemia no ha detenido la lucha por el poder. La crítica a las políticas
públicas no sólo es admisible; es necesaria para fortalecer programas y
advertir debilidades. Ésta, sin embargo, no debería convertirse en un
instrumento para agudizar las calamidades que no sólo azotan a México sino al
mundo entero. En cambio, aquellas propuestas que tienen como objetivo
fortalecer las respuestas gubernamentales deben ser valoradas justamente.
Es el caso del programa económico. En
varias ocasiones, incluyendo el mensaje del sábado pasado, el presidente se ha
referido a los apoyos otorgados por su gobierno. Dijo que, ante el alargamiento
de la reclusión domiciliaria, el plan es dar apoyo a 60% de los hogares “para
empezar”. Las prioridades son los más pobres y una parte de la clase media.
Mencionó tres formas de apoyo: primero, intensificar la entrega de algunos
beneficios, de tal manera que hasta el 10 de abril se habían repartido 46 mil
millones de pesos (mmp) a 8 millones de adultos mayores y a 1 millón de niños y
niñas con discapacidad; entre mayo y junio se dispersarán un total de 50 mmp.
La segunda forma consiste en 3 millones de créditos para la economía formal e
informal, sobre todo para microempresas y trabajadores por su cuenta con una
tasa de interés de 6.5% (incluyendo ahora a180 mil pescadores) y apoyos para
250 mil agricultores, así como mayores recursos para “Jóvenes construyendo el
futuro”. La tercera se materializa en 11
millones de becas para estudiantes.
Así pues, estará cubierta una parte
de la población afectada, pero no toda. Falta un sector muy importante: los
trabajadores asalariados que ya perdieron, perderán su empleo o verán rebajados
sus ingresos debido a reducciones en la jornada laboral tanto en las ramas
económicas más modernas como en las menos desarrolladas. Entre estas últimas
predominan grupos tan vulnerables como los trabajadores que sirven a un patrón,
pero no cobran salario (propineros); los jornaleros rurales; las trabajadoras
del hogar (y cuidadores de personas) sin seguridad social; y los trabajadores
informales asalariados (no inscritos en el seguro social).
Es evidente que este universo no está
compuesto fundamentalmente por adultos mayores, niños con discapacidad,
estudiantes, o jóvenes aprendices. Tampoco hay que confundir a los trabajadores
de las microempresas con el sector de informales que labora al servicio de un
patrón sin seguridad social. En algunos casos pueden coincidir, pero no en
todos. Además, no es lo mismo otorgar un crédito al dueño del changarro que una
ayuda directa al trabajador que no tendría que ser devuelta
posteriormente.
Para ilustrar mejor el asunto,
podemos poner de ejemplo el proyecto de ley aprobado recientemente en la Cámara
de Diputados de Brasil iniciado por la oposición al presidente Bolsonaro y que
logró el apoyo de la mayoría. Aunque falta la ratificación del senado y el
mandatario podría vetarla, es un interesante ejemplo de lo que se puede hacer
para combatir los efectos de la crisis entre la clase trabajadora.
Debe aclararse que en Brasil existe
un seguro de desempleo financiado con los impuestos generales pero administrado
de manera tripartita. Sin embargo, la magnitud del daño que está causando la
pandemia y la recesión económica han llevado a instrumentar un programa
adicional, financiado enteramente con recursos públicos, que consiste en una
ayuda de 600 reales, unos 110 dólares estadounidenses ($US), por tres meses que
puede duplicarse a $US 220 dólares en caso de hombres o mujeres solteros, jefes
de hogar (incluyendo madres adolescentes menores de 18 años). La ley contempla
la posibilidad de alargar el período de ayuda si continua la pandemia.
Este beneficio sólo lo podrán recibir
aquellos que tengan un ingreso mensual por persona de hasta la mitad de un
salario mínimo (aproximadamente $US 100 dólares) o un ingreso familiar de hasta
tres salarios mínimos ($US 300 dls.).
El programa está destinado a microempresarios,
pero también a personas desempleadas o trabajadores informales que se inscriban
voluntariamente mediante una plataforma digital proporcionada por el gobierno o
que ya estén dados de alta en el registro de contribuyentes. Las categorías
laborales son numerosas, entre ellas: pescadores, agricultores, miembros de
cooperativas, camareros, taxistas y repartidores (incluyendo los de
aplicaciones digitales como Uber y Didi), camioneros, trabajadores de limpieza;
agentes y guías de turismo, técnicos de espectáculos y entretenimiento,
profesionales, trabajadores deportivos, fisioterapeutas, nutricionistas,
psicólogos, etc.
De esta manera, el proyecto abarca a
un conjunto de trabajadores que no pueden ser beneficiarios del seguro de desempleo,
aunque se trate de asalariados, porque su contratación es muy precaria pues
laboran como eventuales, subcontratados, subocupados, o sin registro fiscal.
En México, en cambio, no contamos ni
con un seguro de desempleo ni se ha previsto hasta ahora una ayuda directa y en
efectivo a los trabajadores asalariados despedidos (que contaban con una plaza
estable) o desocupados, especialmente a los más vulnerables.
Si no se avanza en ambos sentidos,
una cantidad que puede llegar hasta un 40% de la población asalariada total puede
verse desamparada completamente. Y en el caso de las microempresas (que suman
14 millones de personas empleadas) podrían recibir ayuda sólo la mitad en el
mejor de los casos y de manera indirecta, a través de un crédito al dueño del
establecimiento.
Los efectos de este abandono serían
muy graves y sin duda aumentarían la pobreza y la misma crisis económica por la
caída de la demanda. Como se ha señalado en este espacio y por parte de
distintos especialistas, el costo de estos programas no representaría una carga
exagerada (alrededor de un punto porcentual del PIB). Tendría la ventaja,
además, de reabrir un debate iniciado en 2014, que no concluyó, sobre el seguro
de desempleo. Hay que recordar que este instrumento de política laboral existe
desde hace tiempo en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay, Chile y
Venezuela en América Latina, y en casi todos los países desarrollados, con
modelos de financiamiento y de implementación distintos. Y, también, que este
seguro ha sido una promesa olvidada desde el constituyente de 1917. Otra
propuesta que se ha manejado es el Ingreso Ciudadano Universal o Renta Mínima
Vital como el que ha sido anunciado en España hace unos días. Sin embargo, este
último supondría la eliminación de varios programas de ayuda en efectivo que ya
están operando (para no duplicar las transferencias) y un esfuerzo fiscal
mayor. Como quiera que sea, está claro que, ante los estragos de la crisis
presentes y venideros, no todos están todavía incluidos en los planes del gobierno.
Esperemos que lo estén pronto. Aprovechando
una de las frases del presidente podríamos decir ahora, “por el bien de todos,
primero los trabajadores pobres”.
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