Nuevas reformas en la política de vivienda : el INFONAVIT

Reformas al INFONAVIT: Nuevos propósitos, riesgos persistentes Saúl Escobar Toledo Las nuevas disposiciones de la ley del INFONAVIT (Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda de los Trabajadores) , aprobadas el pasado viernes 14 de febrero por la Cámara de Senadores tras su paso por la de Diputados, representan algunos avances en materia de política de vivienda que deben subrayarse. Nos referiremos a dos en particular, para después advertir algunos riesgos. Una primera novedad consiste en que “Al cumplir un año de cotización continua, las personas trabajadoras derechohabientes… tendrán el derecho de participar en el programa de arrendamiento social de vivienda construida o administrada por el Instituto… y a participar en los programas de opción de compra de dichas viviendas”. Y agrega en el artículo 51 ter que “El monto de las rentas a cargo de las personas trabajadoras derechohabientes… deberá determinarse (con) criterios sociales, sin fines de lucro o especulación comercial y considerando el nivel salarial de las personas trabajadoras derechohabientes, debiendo ser suficiente para que el Instituto cubra el pago del impuesto predial y los derechos de agua…”. La posibilidad de arrendar una habitación puede ayudar a resolver el acceso a esta prestación de las personas de menores recursos o que aún no cuentan con fondos suficientes para pedir un crédito debido a sus escasos años de cotización, es decir, sobre todo las más jóvenes. La segunda cuestión que merece destacarse, más polémica, es que ahora el INFONAVIT, de acuerdo con los artículos 3 y 42 de la ley aprobada podrá “construir viviendas (en terrenos propiedad del Instituto), para lo cual constituirá una empresa filial en términos de la legislación mercantil”; para ello podrá destinar los recursos bajo su patrimonio, es decir las aportaciones de los patrones al Fondo de vivienda que administra el Instituto. El objetivo, señaló el gobierno, es abatir el déficit en esta materia con la construcción de un millón de viviendas. La mitad de ellas, 500 mil, a cargo del INFONAVIT con una inversión de 288 mil millones de pesos. La parte restante, otro medio millón, será levantada por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), destinadas principalmente a las personas trabajadoras que no están afiliadas al INFONAVIT o FOVISSSTE y que laboran en condiciones de informalidad. Se trata, subrayó la presidenta Sheinbaum de ofrecer “vivienda a quien más lo necesita, a bajo costo y particularmente para las y los jóvenes”. En el caso del INFONAVIT, la empresa constructora prevista en la ley servirá para “disminuir costos e incrementar la capacidad de construcción” de nuevas moradas. Los dos pilares de la reforma del INFONAVIT: la modalidad de arrendamiento y la creación de una nueva empresa “filial” pueden ayudar a resolver los graves problemas que arrastramos desde hace décadas. No obstante, las críticas se han centrado más bien en la misión constructora del Instituto, aduciendo que se están poniendo en peligro los ahorros de los trabajadores. Debe señalarse que hay algunos candados que pueden ayudar a una administración racional, transparente y efectiva de esos recursos. En primer lugar, la ley señala que “Las aportaciones de personas empleadoras a las subcuentas de vivienda son patrimonio de las personas trabajadoras y en su conjunto conformarán el Fondo Nacional de la Vivienda.” Esto quiere decir cualquier trabajador puede reclamar su fondo con los intereses correspondientes cuando se jubile, o solicitar un crédito. El INFONAVIT no podrá negarle al trabajador sus recursos acumulados para uno u otro fin. Al mismo tiempo señala que se trata de un Fondo, es decir que la Institución puede hacer uso de los recursos de los trabajadores para invertirlos en la construcción o reparación de viviendas, ahora mediante una empresa filial. El problema entonces no radica en una supuesta expropiación del dinero de la cuenta individual de cada trabajador, sino en el manejo y el destino de las inversiones que se proponen realizar. Para tratar de garantizar lo anterior, se disponen dos mecanismos fundamentales: por un lado, la intervención de la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional de la Banca y de Valores, las cuales emitirán un conjunto de normas para regular, supervisar y vigilar “las operaciones de crédito que celebre el Instituto con las personas trabajadoras”. Además, se faculta a la Auditoria Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados, para fiscalizar al INFONAVIT. Por otro lado, se establece la vigilancia y supervisión de la administración del Instituto, así como de la implementación de sus proyectos de arrendamiento y construcción de viviendas mediante diversas instancias: la Asamblea General; el Consejo de Administración; la Comisión de Vigilancia; el Comité de Auditoría; y el Comité de Transparencia. Estos organismos serán tripartitos, es decir, tendrán igual número de miembros de los representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno. Sin embargo, faltan los detalles, los cuales resultarán de gran importancia. Se da un plazo de 30 días naturales para que el director del INFONAVIT realice los “los actos necesarios” para la constitución de la empresa filial referida; 180 días para que la Asamblea General y el Consejo de Administración expidan las políticas y reglas conforme a las cuales se otorgarán viviendas en arrendamiento social; y 90 días hábiles para que la SHCP y la CNBV emitan las disposiciones en materia de crédito que serán aplicables. Finalmente, se otorgan quince días naturales para que la Secretaría del Trabajo determine las bases para elegir a los representantes de los trabajadores y los empleadores a la Asamblea General del Instituto. Todas estos faltantes podrán darnos, próximamente, un panorama más completo acerca de las nuevas políticas en la materia y si, efectivamente, no se pondrán en riesgo los fondos de los trabajadores. Igualmente, habrá que ver si la elección de los representantes de los trabajadores no vuelve a recaer en las mismas organizaciones y, lo que sería aún más penoso, en las mismas personas que han avalado, protegido o participado en el diseño de políticas equivocadas y en diversas corruptelas. Lo más importante será observar si la reforma irá en la dirección correcta para construir viviendas de calidad. Entendiendo por esto último su material, dimensiones, funcionalidad y, muy especialmente, su ubicación y entorno. En el pasado, particularmente en los sexenios de Fox y Calderón, la vivienda financiada por el INFONAVIT se construyó en zonas aisladas, sin servicios y con serios defectos estructurales. Todo ello llevó a que millones de ellas se dejaran sin ocupación. Hasta ahora, según el gobierno, hay todavía más de 600 mil viviendas abandonadas. No obstante, para un puñado de compañías privadas resultó un buen negocio (aunque también hubo algunas quiebras). Fue, sin duda, un enorme fracaso. Para evitar esos errores, se requiere no sólo de las nuevas disposiciones contenidas en la ley. Asimismo, como ha señalado la UNAM en su contribución al Plan Nacional de Desarrollo (pued.unam.mx), “resulta indispensable una Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial que reconozca que el crecimiento urbano ha impactado territorios agrícolas o de alto valor ambiental, y que el proceso de urbanización ha favorecido el crecimiento económico a costa de una mayor desigualdad entre regiones y la degradación de los ecosistemas”. Por lo anterior, recomienda un plan que, entre otras cosas, ponga como eje articulador de la estrategia a las ciudades medias. Se requiere, añade, corregir el patrón de crecimiento urbano que favorece las concentraciones metropolitanas con altos impactos ambientales y sociales. Construir vivienda sin una visión integral y de largo plazo del territorio nacional puede conducirnos a nuevos errores monumentales y a serias afectaciones a la calidad de vida de las personas. El flamante director del Instituto y los representantes de los obreros y patrones que resulten electos deberían tomar en cuenta esta perspectiva y abrir un amplio y serio debate acerca de este asunto. saulescobar.blogspot.com

México y Estados Unidos con Trump: pleito y acuerdos

¿Más vale un mal acuerdo que un buen pleito? (10022025) Saúl Escobar Toledo El lunes pasado, 3 de febrero, se anunció un acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México que suspendió “por un mes” el aumento de los aranceles anunciado por el presidente Trump. Dicho arreglo supongo, obedeció a un razonamiento que frecuentemente recomiendan los abogados: “mas vale un mal acuerdo que un buen pleito”. Para Trump, el precio que tuvo que pagar fue echarse para atrás de una amenaza reiterada desde el principio de su mandato. Se exhibió ante el mundo como un gobernante chantajista que, sin embargo, tuvo que ceder ante la presión, fundamentalmente, de diversos sectores empresariales de su país que advirtieron el enorme costo que suponía para la economía estadounidense la imposición de los aranceles. Se ha dicho que Trump buscaba básicamente tres objetivos: proteger a la industria manufacturera e incitar a los inversionistas a regresar a EU; aumentar los recursos del gobierno para compensar la disminución de los impuestos; y utilizar ese instrumento para presionar políticamente a otras naciones para aplicar políticas relacionadas básicamente con el flujo de drogas e inmigrantes. Sólo logró, con Canadá y México, pactar acuerdos en este último aspecto. Los otros dos quedaron, por lo pronto, relegados y sujetos a negociación. De esta manera, el mandatario estadounidense quedo exhibido como una persona que actúa sin tener conocimiento de las consecuencias de sus actos. No obstante, las amenazas para emprender una guerra comercial pueden repetirse en cualquier momento. Canadá por su parte, al igual que nuestro país, ganó tiempo para negociar y tratar de evitar las consecuencias económicas de los aranceles, pero cedió en el caso de las drogas con fuertes medidas como la vigilancia reforzada en la frontera, incluyendo un llamado “zar del fentanilo” que hará una lista de los carteles “terroristas” para asegurar la vigilancia de la narcotráfico y encabezará una fuerza conjunta con EU para combatir al crimen organizado y el lavado de dinero. México como se sabe tuvo que ceder también en este asunto con la promesa de desplegar 10 mil soldados en la frontera. Sin embargo, ya no se dijo nada de las acusaciones de que el gobierno mexicano tiene “alianzas intolerables con los carteles”. Al contrario, Trump reconoció que puede llegar a acuerdos con la presidenta Sheinbaum. El costo para nuestro país será alto pues el despliegue de las fuerzas militares se utilizará principalmente para detener a los migrantes mexicanos y de otras nacionalidades, con peligrosas consecuencias en materia de derechos humanos. Se convierte, así, de nueva cuenta en el guardián, al servicio de EU, contra las personas que desean llegar a esa nación. Así las cosas, los tres gobiernos ganaron y perdieron en la negociación. Un arreglo que puede durar un tiempo por ahora indeterminado y con resultados inciertos para todas las partes involucradas. No obstante, hay que reconocer como lo han hecho los empresarios mexicanos y estadounidenses que la presidenta actuó, dadas las circunstancias, con inteligencia y logró, por lo pronto, suspender los famosos aranceles. El gobierno mexicano entiende que uno de los problemas más serios en la relación con EU consiste en frenar el tráfico de fentanilo y combatir a los carteles del crimen organizado. Argumenta, con razón, que dicha tarea tiene que contar con la colaboración respetuosa de su vecino del norte por lo menos en un asunto toral: el tráfico de armas. Según la presidenta, Trump aceptó abordar este problema, aunque el comunicado oficial del jefe de la Casa Blanca no dice nada a este respecto. Para lograr avances significativos en estos asuntos se requiere una estrategia conjunta, integral, y sin medidas de fuerza dictadas unilateralmente por Washington. No está claro si EU ayudará eficazmente, estorbará para empeorar las cosas, o se limitará a declaraciones estridentes que no resolverán nada o casi nada. Por lo pronto, y a reserva de que haya resultados en la mesa de negociación, nuestro gobierno tendrá que dar resultados más palpables. Resolver el problema de la inseguridad, la violencia y el control del crimen organizado en algunas porciones del territorio nacional es fundamental para que México logre un mejor bienestar, en todos aspectos, de la población mexicana. En cuanto a la migración, el gobierno parece no tener otras alternativas que las ya expuestas: proteger a los mexicanos residentes en EU con los consulados; llevar a cabo programas de ayuda a los deportados; fortalecer el programa de refugiados; y tratar de demostrar que los trabajadores mexicanos en EU aportan significativamente a la economía de aquel país. Las protestas y ausencias de trabajadores migrantes en ciertas actividades importantes que se han presentado ya en algunas ciudades son de gran relevancia. Sin embargo, al mismo tiempo, es posible México tenga que aceptar nuevas concesiones y la disminución de las remesas que llegan a las familias mexicanas. Finalmente, en el terreno económico, ante la política agresiva de EU, han surgido voces que reclaman un “cambio de modelo” que incluya la diversificación de nuestros socios comerciales y hasta un acercamiento mayor a China. Igualmente, un plan de sustitución de importaciones y atraer inversiones que vayan más allá de la maquila y promuevan actividades de alta tecnología y mayor valor agregado. El gobierno ha respondido que el Plan México va en esta dirección, pero sigue insistiendo en que su estrategia consiste en mantener y fortalecer la integración de Norteamérica, es decir, incluyendo a Canadá y Estados Unidos. Ello supone mantener al país dentro del TMEC, aceptar su revisión y negociar lo mejor que se pueda esa relación comercial. No está en sus planes alejarse de EU. Al contrario, su proyecto consiste en hacer más productiva esa alianza “para competir mejor con China”. A largo plazo, es indispensable construir una política industrial y comercial más beneficiosa para México. A corto plazo, no obstante, el gobierno mexicano entiende que la integración de Norteamérica es indispensable para el desarrollo de nuestra economía. Ante ello, no obstante, hay cosas que se pueden y deben hacerse, como mantener y fortalecer la política salarial y de protección a los derechos laborales; y revisar su política de gasto para invertir más y mejor en infraestructura productiva y en servicios esenciales para la población en salud, educación, transporte, vivienda y otros rubros. Para lo anterior, como se ha dicho, habrá que seguir insistiendo en una reforma fiscal progresista. Sin embargo, el presupuesto recesivo acordado para este año no ayudará mucho a conseguir estas metas. Todo esto tiene que ser revisado y, al mismo tiempo, prepararse ante la incertidumbre mundial: nuevas medidas irracionales de EU; conflictos armados en algunas regiones del mundo; y la guerra comercial con China que se ha recrudecido en los últimos días. Tareas complejas que requerirán no sólo del apoyo de los empresarios. También del conjunto de la sociedad Por lo pronto, tendremos que enfrentar al gobierno de Estados Unidos, manejado por un grupo con contradicciones internas, que actúa caprichosamente y que puede causar “grandes dolores”, como dijo Trump. Un gobierno que parece guiarse casi exclusivamente por los intereses de una plutocracia y el afán de demostrar a sus votantes que puede remediar supuestos males que aquejan a su país como la migración indocumentada y el consumo de drogas. Las declaraciones que revelan un afán expansionista en el mundo como apropiarse de Groenlandia y el Canal de Panamá, o barrer a la población palestina de su territorio no se han traducido en acciones. No obstante, la impunidad y el poder de Trump, con las que hasta ahora cuenta de manera casi absoluta, podría derivar en acciones militares de graves consecuencias. El mundo observa con azoro, confusión y miedo a Washington. No obstante, el magnate ya dio marcha atrás, aunque sea momentáneamente, a la imposición de aranceles a Canadá y México, lo que podría demostrar que en el futuro próximo la distancia entre el discurso amenazante y las acciones que tome realmente pueden ser más evidentes. No hay que confiar en ello; tampoco descartarlo. Mientras tanto, sigue siendo válida la estrategia que reza: “lo mejor es prepararse para lo peor”. ¿Confuso? Reclamen a Trump y su equipo de gobierno. saulescobar.blogspot.com

Propuestas: una política salarial para México

Tres propuestas de política salarial para el Plan Nacional de Desarrollo PND (21012025) Saúl Escobar Toledo El sábado pasado, 18 de enero, se llevó a cabo un foro de consulta para el Plan Nacional de Desarrollo acerca del tema “Sector Trabajo y Previsión Social”. Fui invitado a presentar una ponencia en la Mesa correspondiente a la política salarial. A continuación, para los lectores de El Sur, ofrezco un resumen del texto que expuse en esa ocasión. El cambio que se ha operado en materia de política salarial ha beneficiado al país y en especial a los trabajadores de menores ingresos. En los últimos siete años los salarios mínimos aumentaron constantemente por encima de la inflación. Junto a ello, otras reformas en materia laboral permitieron: -Disminuir la pobreza laboral; mejorar la distribución del ingreso entre capital y trabajo; y, algo que no se ha destacado mucho, aumentar la masa salarial: entre 2019 (IT) – 2024 (IIIT) en casi 34 por ciento; para ilustrar esta cifra basta mencionar que entre 2010 y 2017 creció solamente en 1.4%. Este incremento sirvió para estimular el consumo final y la expansión de la economía nacional a pesar de las políticas de austeridad; la pandemia; y el alza en las tasas de interés. Sin embargo, las revisiones de los salarios contractuales han sido mucho menores. En 2024, según la Secretaría del Trabajo, éstos tuvieron su mejor crecimiento en las últimas dos décadas: 7 por ciento nominal y 2.2% por encima de la inflación . Estas transformaciones no se han traducido en una mudanza estructural. El 54 por ciento de la población ocupada se mantiene en la informalidad. Por su parte, en lo que toca solamente a los trabajadores subordinados y remunerados, el 42 por ciento no tenía acceso a las instituciones de salud y el 41 por ciento carecía de un contrato escrito. Igualmente, hay que tomar en cuenta la persistencia de brechas laborales, particularmente entre regiones, géneros, grupos etarios, la ciudad y el campo, y trabajadores de empresas privadas y públicas. Reconocemos la labor desempeñada por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI). Ha sido valiosa para elaborar los estudios técnicos y lograr los acuerdos necesarios para hacer realidad el cambio que reclamaba el país desde hace casi cuatro décadas. Dicho lo anterior, consideramos que es necesario seguir fortaleciendo la política salarial y lograr las metas propuesta por el Gobierno de la República. Para ello, ponemos a discusión los siguientes asuntos: El primero se refiere al MIR (Monto independiente de Recuperación). La CONASAMI ha anunciado los aumentos a los mínimos fijando dos cantidades, una en pesos, el llamado MIR, y otro en porcentaje. Los empleadores han tratado de presionar a los trabajadores para aceptar un tope salarial tomando el incremento más pequeño de ambos tramos, según denuncias hechas por diversos representantes sindicales. Por lo anterior, este mecanismo no ha sido positivo para los trabajadores y además ofrece señales poco claras. De ahí la necesidad de abandonar esta fórmula y anunciar simplemente un porcentaje único como de hecho lo hace incluso el gobierno para explicar su política salarial. Segundo, el subsidio al empleo. El 1º de mayo de 2024, fueron publicadas en el DOF nuevas reglas para determinar este subsidio para los trabajadores asalariados y se fijó un límite máximo mensual de $9,081.00. Sin embargo, es importante precisar que dicha cantidad considera el salario nominal y las prestaciones señaladas por la Ley. El pasado 31 de diciembre de 2024 se publicó otro decreto y la cantidad exenta pasó de los $9,081.00 a $10,171.00 mensuales, es decir, hasta 1.2 veces el salario mínimo. Considero que el subsidio debe ser mayor. En primer lugar, se debería revisar la exclusión de las prestaciones. Su inclusión afecta las negociaciones y logros de las revisiones contractuales que se llevan a cabo cada dos años por lo menos. Se opone a las reformas 2017-2019 en materia de democracia sindical y representación legítima de la contratación colectiva y a lo señalado en el capítulo laboral del TMEC. Una discusión y análisis más detallado podría arrojarnos distintas opciones para evitar abusos y favorecer a los ingresos más elevados. También convendría revisar este subsidio para proteger a un número mayor de trabajadores. Por ejemplo, se podría fijar como límite dos y media canastas básicas (meta del gobierno actual) lo que llevaría a un aumento de este subsidio en alrededor del 14 por ciento. Otra posibilidad consistiría en elevar este alivio hasta dos salarios mínimos (en comparación al 1.2 para este año); un incremento considerable de poco más de 64%. Sin embargo, beneficiaría a 30 millones de trabajadores, es decir, el 75 por ciento del total de personas asalariadas y subordinadas. Revisar este subsidio serviría de base para iniciar una reforma fiscal, particularmente en materia de ISR, que beneficiaría a las personas de menores ingresos y gravaría más, sobre todo, al uno por ciento más favorecido de la población que aporta, comparativamente, muy poco al fisco. Tercera propuesta. Modificar la toma de decisiones para aumentar los mínimos. Para ello, recojo diversos proyectos de reformas a la Constitución y a la LFT elaborados hace algunos años. En particular, el que se propuso en 2002, avalado por algunos diputados del PRD, el PAN y el PRI que se señalaba que “la decisión de fijar los montos de los salarios mínimos sea una facultad… de la Cámara de Diputados…”. Asimismo, se propuso crear “un organismo autónomo, descentralizado del Estado, denominado Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades (INSMPRU), el cual tendrá a su cargo realizar los estudios para las organizaciones patronales y obreras, y a la Cámara de Diputados, para justificar el incremento de los mínimos… (y) el porcentaje de utilidades repartible”. Para tales efectos, se requeriría modificar, entre otros, los artículos 74 y 78 constitucionales. Vale la pena recordar que, de acuerdo con la OIT, los distintos países del mundo se han dado básicamente tres formas para acordar los aumentos a los salarios mínimos. 1.- Por los gobiernos nacionales— el presidente, primer ministro o el ministerio de trabajo — previa consulta con los interlocutores sociales. 2.- En otros países, el salario mínimo se fija por un órgano tripartito con la representación de las organizaciones sindicales, patronales, y el gobierno. Así ocurre (con sus particularidades) en Costa Rica, Perú y México. 3.- En Estados Unidos, Brasil y Alemania es el Congreso el que toma la decisión final después de consultar a los empleadores y los trabajadores. La propuesta de que sea la Cámara de Diputados la que sancione finalmente los aumentos a los salarios mínimos no pretende eliminar ni el diálogo social ni los estudios correspondientes, labores que desempeña actualmente la CONASAMI. Más bien se propone fortalecer estas funciones y, al mismo tiempo : -Hacer compatible la política económica y en particular el presupuesto de egresos y la Ley de Ingresos de la Federación con las metas de recuperación de los salarios mínimos. -Expedir una ley con metas anuales, bianuales o multianuales -Los aumentos salariales de los trabajadores del “apartado B”, deben ser considerados tomando en cuenta los aumentos al mínimo. -La democratización de la representación sindical en la CNSM es indispensable, pero las consultas podrían abrirse a otros interlocutores sociales. -La desaparición de CONEVAL debe ser reparada no sólo por las funciones que pueda absorber el INEGI. También por un fortalecimiento de las capacidades de la CONASAMI o, en su caso, el nuevo Instituto que se propone, el INSMPRU. Finalmente, ayudaría a asegurar que se cumpla con el mandato de la Constitución, es decir que sea “suficiente para cubrir las necesidades de un jefe de familia”, e igualmente a que, como dice la enmienda más reciente, sea superior a la inflación del año anterior. En realidad, esta reforma ya dicta de manera general un monto obligatorio. Además, dado que será necesario incorporar este mandato en la Ley Federal del Trabajo, dicho procedimiento legislativo puede ser la ocasión propicia para revisar este asunto. saulescobar.blogspot.com

Gringos "idiotas"

Gringos “idiotas” Saúl Escobar Toledo El profesor de economía de la Universidad de California en Berkeley, Bradford DeLong, es un respetable autor de varios libros y numerosos ensayos. Fue, también, asesor del departamento del tesoro de Estados Unidos en tiempo del presidente Clinton. Poco antes de la navidad del año pasado publicó en la revista digital Project Syndicate un artículo titulado “American idiots”. En dicho escrito, el profesor DeLong criticó, con esos calificativos, a los futuros presidente y vicepresidente Trump y Vance, y particularmente a su asesor Elon Musk, por haber intentado frenar un acuerdo bipartidista del Congreso de Estados Unidos para aprobar el presupuesto del gobierno. DeLong consideró que ese episodio mostró “a la perfección” lo que le espera a ese país y al mundo cuando Trump asuma su cargo en los próximos días: un estilo de gobierno disfuncional, basado en mentiras y amenazas con quienes se oponen a sus propuestas (incluyendo a los legisladores republicanos). Advirtió además que los mensajes de Musk en su red X (antes Twitter) mostraron una enorme ignorancia e hizo suya la opinión de otro distinguido economista, Paul Krugman (premio Nobel de economía) quien afirmó que esas personas “harán un inmenso daño” intentando gobernar con base en falsedades al punto que actúan “como si estuvieran drogados con sus propias mentiras”. De Long y Krugman son economistas distinguidos dentro y fuera de su país, más allá de la crítica que se puede hacer a sus ideas. No se trata de un par de radicales irresponsables que hacen comentarios a la ligera. Hay, pues, que tomar en serio sus advertencias. El temor a una probable disfuncionalidad del próximo gobierno de EU se acrecentó con la violenta discusión que tuvo lugar también al final del año pasado, entre dos facciones del grupo gobernante. Según una crónica de Heather Cox, publicada en un portal digital, se enfrentaron, de un lado, los seguidores ultranacionalistas de Trump que se identifican plenamente con el lema MAGA (Make America Great Again), los cuales defienden la supremacía blanca cristiana, son feroces antinmigrantes y consideran que la protección de los derechos humanos a los extranjeros que radican en su territorio, a las minorías étnicas, y a las mujeres, han arruinado al país, y que EU debe aislarse del mundo. Del otro lado está un grupo que aparentemente se han vuelto más influyente en el próximo equipo de gobierno acaudillado por Elon Musk, el cual, encabeza un puñado de billonarios, especialmente del sector tecnológico ( y financiero), muchos de los cuales son inmigrantes. A esta facción muchos comentaristas la bautizaron como DOGE en referencia al Departamento de Eficiencia Gubernamental que encabezará el dueño de Tesla, junto con el magnate Vivek Ramaswamy. Su propósito consiste en eliminar la mayor cantidad de regulaciones gubernamentales de las empresas, reducir los impuestos, y proteger los intereses de los consorcios estadounidenses de la competencia de China. La polémica entre ambos grupos se encendió cuando Trump decidió nombrar a un socio de Musk, Sriram Krishnan, nacido en India, como principal asesor del presidente en materia inteligencia artificial. Inmediatamente, una persona cercana a Trump, Laura Loomer, activista republicana muy activa, repudió este nombramiento por tratarse precisamente de un extranjero. Krishman defendió la necesidad de facilitar la inmigración y contratación de trabajadores foráneos mediante la visa H1B. Por su parte, Loomer consideró que esos empleos deben se ofrecidos a estadounidenses y calificó al grupo DOGE como conjunto de arribistas de última hora que lo único que quieren, dijo, es enriquecerse mediante contratos con el Departamento de Defensa. Diversos participantes del grupo tradicional de MAGA apoyaron a Loomer y recordaron que habían votado por Trump para hacer más severas las contrataciones con la visa H-1B, no para flexibilizarla. Musk respondió en su red X que Estados Unidos requería el doble de técnicos que el país puede proporcionar y que deberían ser bienvenidos estos extranjeros sobre todo en las empresas tecnológicas resaltando, además, que cobran salarios más bajos que los estadounidenses. Ramaswamy añadió que hacían falta ingenieros extranjeros calificados porque la “cultura estadounidense” premia la mediocridad y la ignorancia científica. La discusión subió de tono con insultos más fuertes por ambas partes y el grupo más nacionalista le reclamó a Trump cumplir con sus promesas en torno a la migración y argumentó que si se relaja la visa H1B se pondría en duda el propósito del futuro presidente de expulsar a todos los extranjeros que radican y trabajan en Estados Unidos. La facción de DOGE acusó al grupo contrario de “racista” (¡!). Musk defendió su punto de vista señalando que él es extranjero y ha logrado con sus empresas hacer a EU “grande” como reza el lema preferido de Trump. Y, para que no quedara duda, como diríamos en buen español mexicano, mandó a sus críticos a la chingada (“fuck yourself in the face”). Luego, Steve Banon, uno de los ideólogos más ultras de los ultras le contestó que “no nos van a detener…somos mil veces más fuertes que ustedes..., cómo se atreven a echar a la basura al movimiento MAGA, no importa cuánto dinero tengan, vamos a terminar con las visas H-1B… Vamos a deportar a los 15 millones de extranjeros incluyendo los que ustedes trajeron al país para dárselos a los trabajadores estadounidenses”. El sábado 28 de diciembre, Trump le dio la razón a Musk y afirmó que “siempre me han gustado las visas, siempre he estado a favor de las visas de trabajo” e incluso dijo que “tengo muchos trabajadores con esa visa en mis propiedades, es un excelente programa” aunque en el pasado las había repudiado. El debate entre los grupos trumpistas reveló las profundas divisiones existentes, ideológicas y políticas y, al mismo tiempo, que los argumentos de ambas facciones carecen de una mínima coherencia. Los ultras no alcanzan a entender que las compañías instaladas en EU no pueden prescindir de personal calificado y de empresarios extranjeros que radican desde hace años en su país; por su lado, el grupo oligárquico de billonarios tampoco puede explicar porqué algunos extranjeros deben ser admitidos y otros no, si todos aportan a la economía estadounidense. A lo anterior habría que agregar los disparates de Trump y Musk en materia de política exterior. El futuro presidente ha dicho que quiere “comprar” Groenlandia, anexar a Canadá, y retomar la administración del Canal de Panamá; el segundo, ha atacado a gobiernos aliados estratégicos de EU, inmiscuyéndose en su vida política interna e incluso ha apoyado al partido nazi de Alemania el cual es, por supuesto, abiertamente racista. Las posiciones de Trump y Musk se inspiran en una ambición expansionista; sin embargo, sus objetivos y medios son simplemente irracionales. Los términos del debate entre las facciones trumpistas y las diatribas lanzadas contra diversos gobiernos del mundo revelan entonces, como afirma el profesor DeLong, que más bien se trata de un grupo de “idiotas” que carecen de una idea mínimamente razonable de gobierno y del papel de EU en el planeta. Si lo anterior es cierto, todas las naciones, destacadamente México, enfrentarán a una administración que tratará de mezclar, de manera contradictoria, postulados ultranacionalistas y antiinmigrantes, pero también favorables a las grandes empresas y a un mayor dominio del mundo incluso con el uso de la fuerza militar. Un gobierno que tratará de guiarse, al mismo tiempo, por razones principalmente ideológicas y por un grupo influyente de billonarios que sólo quieren hacer negocios más jugosos. Así las cosas, el gobierno de Trump plantea una gran incertidumbre, una administración sin brújula que cambiaría de planes y decisiones constantemente. El problema es que se trata de la potencia militar y económica más importante del mundo que disputa esa posición con otro gigante, la República Popular China. saulescobar.blogspot.com