China y América Latina: ¿mayor cooperación y menor dependencia de Estados Unidos?

 

Noticias de China

(recordando las lecciones del embajador Eugenio Anguiano)

Saúl Escobar Toledo

El Sur 21052025

A partir de ayer, 13 de mayo, en Beijing, se lleva a cabo la IV Reunión Ministerial del Foro China-CELAC, una cumbre en la que participan los principales socios comerciales latinoamericanos del gigante asiático. A dicho evento asistieron los presidentes de Brasil, Colombia y Chile, además de 17 cancilleres de los gobiernos de la región. México estuvo representado por el secretario de Relaciones Exteriores.  China le ha dado una singular importancia a esta reunión para fortalecer su influencia en la región. El presidente XI Jinping estuvo presente y pronunció un discurso notable.

Casi al mismo tiempo se anunció un acuerdo provisional entre esa potencia y Estados Unidos en materia comercial, lo que ha disminuido las turbulencias financieras y comerciales en el mundo. Esta noticia opacó la reunión con los latinoamericanos y se la ha dado menor difusión.

Sin embargo, hay que destacar que China ha estado intentando reunir una coalición mundial contra lo que ha calificado “abusos arancelarios” por parte de Estados Unidos. Sus esfuerzos no sólo incluyen América Latina y el Caribe (ALC): también se ha dirigido a las naciones del Sudeste Asiático y Asia Central. Igualmente, mantiene pláticas con la Unión Europea acerca de los vehículos eléctricos que exporta a esa región.

En el discurso inaugural de la reunión China-CELAC, el presidente Xi dijo que apoya “firmemente a los países de la región para seguir el camino de desarrollo acorde con sus realidades nacionales, defender su soberanía e independencia, y rechazar las injerencias externas”.

Asimismo,  propuso una cooperación económica con “ganancias compartidas” y señaló que en los últimos años “hemos llevado a cabo más de 200 proyectos en infraestructura y se crearon millones de puestos de trabajo”. Agregó que China ya tiene firmados Tratados de Libre Comercio con Chile,  Perú, Costa Rica, Ecuador y Nicaragua. Subrayó que el año pasado el volumen comercial entre su país y la región superó por primera vez los 500 mil millones de dólares,  40 veces más voluminosa que a comienzo del siglo presente. Una cifra importante, aunque por ejemplo el comercio entre Estados Unidos y México (importaciones y exportaciones) fue en 2024 un poco superior.

No obstante, la relevancia de China es innegable: es el principal comprador de materias primas de América Latina, como cobre, mineral de hierro y minerales. Sobresale el caso de Brasil, ya que las compras de soya han sido cuantiosas: el año pasado se elevaron a 37.000 millones de dólares. Y hay que recordar que en Perú se construyó el puerto de Chancay para mejorar la conectividad marítima entre China y Sudamérica,  el cual se inauguró hace medio año como parte de una estrategia mundial diseñada por el gobierno de Beijing llamada Franja y Ruta (Belt and Road Iniative).

Ante las representaciones de ALC, el presidente Xi no perdió la oportunidad de criticar las políticas del gobierno de Trump advirtiendo que : “No hay ganadores en las guerras arancelarias y comerciales, y practicar conductas intimidatorias y prepotentes no sirve sino para aislarse a sí mismo”.

Finalmente, propuso cinco programas para “planificar juntos el desarrollo”. Entre lo más destacado,  se comprometió a profundizar la cooperación en áreas tradicionales como infraestructura; agricultura y alimentos; y energía y minería; pero también a “ensanchar la cooperación en terrenos emergentes como energías limpias, comunicaciones 5G, economía digital e inteligencia artificial”. Y aseguró que “para apoyar el desarrollo de los países de la región, su administración proporcionará una línea de crédito valorada en 66 mil millones de yuanes RMB a ALC” (poco más de 9 mil millones de dólares estadounidenses).

Igualmente,  se comprometió a fortalecer los lazos culturales y en concreto, “reforzar los intercambios y las cooperaciones en ámbitos relacionados con el patrimonio cultural, tales como la excavación arqueológica, la protección y restauración de monumentos, y combatir el tráfico ilegal de bienes culturales”.

Xi apoyó subrayó que China está dispuesta a trabajar con ALC para fortalecer “la cooperación en las áreas de gestión de desastres, ciberseguridad, y lucha contra terrorismo, corrupción, droga y crimen organizado transnacional, con el objetivo de contribuir a la defensa de la seguridad y la estabilidad regionales”.

Otro anuncio destacado consistió en que “China ha decidido aplicar la política de exención de visas para cinco países de ALC como un primer paso para incluir posteriormente a otras naciones de la región”.

Los gobiernos latinoamericanos, sobre todo los de América del Sur y el Caribe (con algunas excepciones)   acudieron a Beijing con el propósito de reducir su dependencia de Washington y entablar un comercio más diversificado y, asimismo, con la esperanza de que se pacte una relación más equilibrada. Existe la preocupación, particularmente de Brasil,  de que los exportadores chinos excluidos del mercado estadounidense inunden su país con productos baratos, desplazando a los fabricantes locales.

Por su parte, México, la segunda mayor economía latinoamericana después de Brasil, ha adoptado hasta ahora un enfoque más cauteloso. Sin embargo,  “México representa actualmente alrededor del 2,4% de las exportaciones totales de China, incluso por delante de Brasil, que tiene una población mayor y absorbe sólo el 1,7%, por lo que se ha convertido en el mercado de exportación más importante de en América Latina” (según el NYT, con datos del profesor mexicano Enrique Dussel).

Dada la influencia económica cada vez mayor del gigante asiático,  vale la pena citar los resultados de una encuesta elaborada por la Universidad limeña de San Martín de Porres, el Centro Latinoamericano de Estudios Políticos y Económicos de China y la Universidad de Santiago de Chile.

La encuesta abarcó diez países: Brasil, México, Argentina, Chile, Perú, Honduras, Panamá, Nicaragua, El Salvador y la República Dominicana. Los resultados mostraron que el 94,8% de las personas encuestadas consideran que China es una nación próspera y reconocen que tiene un gran poder económico. De la misma manera,  el 82,9% cree que su modelo de desarrollo es relevante para América Latina y un porcentaje similar reconoce su influencia cultural. Los jóvenes fueron los más entusiastas: el 92,2% de las personas entre 25 y 34 años tienen una opinión favorable de esa potencia asiática.  Finalmente, las personas opinaron que la influencia de China en ALC se ha concentrado en tres áreas:  la innovación tecnológica, el desarrollo de infraestructuras y la economía digital.

En resumen, la reunión ministerial en Beijing adquiere en estos momentos una gran importancia frente a los chantajes estadounidenses y la reconfiguración de la economía y el poder mundial. Mientras Sudamérica y el Caribe están dispuestas a acercarse a China, en términos comerciales y políticos, aunque con ciertas prevenciones, México ha mostrado una conducta un tanto ambigua. El asunto no es sencillo: por un lado, representa un mercado atractivo para la venta de productos chinos. Sin embargo, el gobierno mexicano ha tratado de frenar ese comercio para complacer a Trump y para intentar sustituir algunas importaciones según el Plan México. Además, sus exportaciones a ese país están condicionadas por su integración con Estados Unidos. En estas condiciones, mayores inversiones chinas en infraestructura o proyectos de gran envergadura como el puerto peruano parecen imposibles de aceptar ya que llevaría a un grave enfrentamiento con su vecino del norte. No se olvide además que las grandes compañías exportadoras de manufacturas que se producen en México son estadounidenses.

Así las cosas, de acuerdo con los planes de nuestro gobierno, México tendrá que navegar en la naciente configuración del comercio mundial más cerca de Estados Unidos. Al mismo tiempo, no podrá descartar las oportunidades que ofrece la potencia asiática sobre todo porque la renegociación del TMEC anunciada ya para iniciarse este año puede traer mayores obstáculos a nuestro desarrollo. Por lo pronto, China está jugando un papel cada vez más decisivo en América Latina como lo demuestra la reunión en Beijing.

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El rezago en infraestructura, la gran falla de las políticas neoliberales

Infraestructura: la gran falla estructural de las políticas neoliberales Saúl Escobar Toledo Podría decirse que hay una opinión unánime acerca de la importancia de la inversión en infraestructura ya que se considera una de las palancas más importantes para el desarrollo económico y el bienestar de las personas. Por ejemplo, el CIEP ha señalado que: “La infraestructura, entendida como estructuras, equipo e instalaciones creadas mediante ingeniería y de larga duración, es uno de los aspectos que contribuye a que una ciudad, región o país se desarrolle económica y socialmente.” (CIEP, 2020) Se ha afirmado incluso que las diferencias en los ritmos y calidades del crecimiento económico entre distintos países se puede explicar por los recursos que se destinan a este rubro. La inversión en infraestructura tiene efectos a corto plazo debido a la contratación de trabajadores y al aumento de la demanda final de bienes de consumo. También, por el llamado efecto multiplicador, debido a requiere de insumos de un amplio número de empresas que, a su vez, emplean a más personas y requieren de otros bienes intermedios. A más largo plazo, el gasto en este renglón aumenta la productividad de las economías pues las mercancías se fabrican, distribuyen y venden más rápido y de manera más eficiente. Finalmente, este tipo de inversiones frecuentemente alienta el desarrollo tecnológico y la capacitación de los trabajadores en diferentes niveles. Sin embargo, diversos países, desarrollados y en desarrollo vieron disminuir sus erogaciones en infraestructura en las últimas décadas. Por ejemplo, un estudio (Fair, 2021) afirma que en Estados Unidos el gobierno de ese país empezó a invertir cada vez menos en este renglón, como porcentaje del PIB, desde los años setenta, tendencia que se mantuvo hasta hace poco tiempo, cuando el presidente Biden anunció un plan de inversiones muy cuantiosas. Según este ensayo, la inversión se sostuvo entre 1950 y 1970 de manera constante y luego empezó a caer de manera persistente tanto en los renglones relacionados con la defensa (industria militar) como en la civil. Tomando en cuenta el volumen total, se sostuvo en un rango de 1.1 – 1.2 % del PIB y luego cayó al 1% en 1980 y posteriormente hasta 0.7% en 2019. En el caso de la inversión no militar, ésta cayó de 0.85% en 1970 a alrededor del 0.63% en 2019. En conjunto, la declinación más acelerada y profunda ocurrió después de 1985. El autor incluye gastos como equipamiento y productos de propiedad intelectual; la educación; el transporte; la energía; carreteras y avenidas; sistemas de drenaje; sistemas de agua; y otras estructuras o construcciones. No todas estas categorías conocieron la misma tendencia. Las más castigadas fueron: energía; drenaje; y agua. Educación tuvo una ligera alza en 2010 pero no ha logrado remontar los niveles de los años setenta. Además, el análisis da cuenta de que no todos los países del mundo siguieron esta tendencia pues algunos elevaron su inversión en relación con el PIB en las últimas décadas. De manera notable, China y algunos otros países asiáticos como Japón Y Corea. En cambio, los países más avanzados en su conjunto vieron caer el gasto público en infraestructura desde 1985, la elevaron un poco a fines del siglo pasado y luego volvió a caer notablemente entre 2005 y 2017. Estas cifras son interesantes porque podrían explicar que la caída de la inversión pública, en diversos países, incluyendo México, como veremos más adelante, se debió a factores políticos y económicos. La crisis de las décadas de los setenta y ochenta llevó a los gobiernos a imponer restricciones del gasto en muchas áreas, particularmente en infraestructura. Los gobiernos supusieron que esos huecos serían llenados por el sector privado y que la inversión pública era un factor negativo para que ello sucediera. Durante estos años, la postura neoliberal ha proclamado la libertad de los mercados y de los flujos de capitales. Sin embargo, los resultados mostrarían que la caída del gasto público más bien llevó a varios países a un retraso en la productividad y la caída del bienestar de las personas. Otro estudio afirma que: “está claro que cuando el gobierno invierte en infraestructura, hay muchas oportunidades para que se aliente la colaboración pública-privada y las ganancias de las empresas…. Y que, sin inversión pública, la infraestructura se abandona con efectos devastadores en cascada en toda la economía” (Childs, 2016) Tal cosa se mostró en la propuesta del presidente Biden de fines de 2021, la cual, según fuentes oficiales “reconstruirá carreteras y puentes en ruinas, remplazará tuberías, ayudará a proporcionar Internet de alta velocidad a todas las familias de EU…” además de otras acciones, relacionadas con la modernización de aeropuertos, ferrocarriles y puertos, equipamiento urbano, provisión de agua, fomentar el uso de autos eléctricos, y mayor abastecimiento de energía limpia (White House, 2022) Las cantidades anunciadas suman alrededor de un billón de dólares. Si atendemos las cifras del estudio de Fair, esta cantidad representaría una ruptura con el pasado inmediato, pero sería inferior a la tendencia de los años cincuenta y ochenta ya que para alcanzar esos niveles se requerirían al menos 2.1 billones de dólares. (p. 27) En México, sucedió una cosa similar: “La inversión pública federal empezó a caer en 1982 como resultado de la crisis de la deuda. Tuvo su punto más alto en 1981 con más de 10% del PIB y cayó a su punto más bajo en 1999 con el 1.8% del PIB. Se recuperó en el siglo XXI hasta llegar al 3.1 en 2008 y 4.5% en 2009”. Esta caída no fue reemplazada por la inversión privada, tal cosa se reflejó en que la “formación bruta de capital fijo en México cayó de más del 20% en los primeros años de los ochenta a poco más del 10% en 1995 para recuperase parcialmente hasta 15% a principios del siglo XXI.” (CIEP, 2020:15) Por ejemplo, la inversión en energía, en términos absolutos, sufrió uno de los. recortes más importantes. Entre 1980 y 2006, el total destinado pasó de 3.5% a 0.5% del PIB. No obstante, a partir de ese año, la tendencia se revirtió y el gasto creció de forma acelerada hasta el final del periodo. Así, la inversión en este rubro alcanzó 2.3% del PIB en 2009. Sin embargo, los niveles alcanzados al final del periodo de análisis representaron el 57% del nivel máximo ocurrido en 1981. Según este estudio, durante los últimos 10 años, la inversión pública ha representado, en promedio, 5% del PIB. El año con más recursos fue 2016, con 5.9%, mientras que en los últimos tres años de la década se reportan los índices más bajos, con 3.1% del PIB en cada uno de ellos. De esta manera, del 2013 a 2020, el gasto en infraestructura presenta una caída de 40% en términos reales Por otra parte, según cifras de Banobras y Hacienda (2021), la inversión pública en infraestructura cayó hasta un 2% del PIB en 2001, se elevó a casi 5% en 2014, y luego declinó a poco menos del 3% en 2019-2020. La inversión en energía declinó entre 2009 y 2020 del 2.3 al 1 %; comunicaciones y transportes, del 0.5% en 2014 al 0.2% en 2020; salud, del 0.2% en 2010 al 0.1 % en 2020; abastecimiento de agua y alcantarillado, del 0.3% en 2010 al 0.1% en 2020. Estas cifras mostrarían algunos matices de las prioridades de los distintos gobiernos, pero en su conjunto, dejan ver, al igual que en la administración de AMLO, que la tendencia general ha sido hacia la baja. Veamos más detenidamente las cifras del gobierno actual. A pesar de los grandes proyectos anunciados y del debate que han generado, sobre todo en los medios de comunicación, se puede observar que, de acuerdo con la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022, hay un crecimiento real importante de la inversión pública (14.1%) lo que llevaría este renglón a su nivel más alto desde 2017. Sin embargo, resultaría inferior en más de 2 puntos porcentuales al que se obtuvo en 2014. (SHCP, 2021). De acuerdo con ese mismo documento, el presupuesto 2022 incluiría alrededor de 128 mil millones de pesos (de un total de 982 mmp) para los proyectos prioritarios en infraestructura, entre otros: Conectividad del AIFA, 1.7 mmp; Tren México Toluca 7 mmp; Tren Maya 63 mmp; Istmo de Tehuantepec 10 mmp. Por su parte, los proyectos sociales (transferencias de dinero a familias), suman 392 mmp. El más importante el de adultos mayores (con 238 mmp, es decir el 60% del total). De lo anterior, podríamos sacar algunas observaciones: Primero, que la administración de AMLO produjo un cambio positivo en la inversión pública en materia de infraestructura. Sin embargo, fue insuficiente no sólo respecto a las cifras históricas, sino también en función de la caída de la economía como resultado, principalmente, de la pandemia. Segundo, los proyectos más importantes se han concentrado en el sureste del país, particularmente la refinería, el Tren Maya y el proyecto del Istmo. Ello significa un gran acierto dado que se trata de la región más atrasada del país. No obstante, hay que señalar que el más discutible ha sido el Tren Maya. Como hemos visto, la inversión en infraestructura tiene dos funciones: aumentar el empleo y el consumo y, además, incrementar la productividad. El Tren Maya, sin duda, cumplirá con el primer objetivo, pero no está clara su utilidad en el segundo caso ya que se ha afirmado que servirá principalmente para el turismo. Es decir, como un medio de atracción de divisas. La duda acerca de los beneficios a la economía de la región en materia, por ejemplo, de transporte de carga, no ha quedado plenamente demostrado y dependerá de otras acciones que promuevan el surgimiento y desarrollo de nuevas actividades productivas. (Escudero, 2020) Por otro lado, las quejas de algunas comunidades y ambientalistas han causado diversas inquietudes. Y finalmente, hay que recordar que el turismo aporta beneficios económicos y, al mismo tiempo, empleos precarios y otras calamidades. El caso de la Rivera Maya es, en este sentido, ejemplar (cf. Norio, 2020). Por su parte, el AIFA si bien fue terminado en los plazos establecidos, ha carecido de conectividad y de una adecuada planeación del espacio aéreo. Ambas cosas son superables, pero en un plazo más largo del deseado y muestran una planeación deficiente. En lo que se refiere a Dos Bocas los especialistas nos invitan a no confundir soberanía con eficiencia energética. Para superar este último aspecto habría que dar prioridad al programa de rehabilitación de refinería, especialmente Salina Cruz y Salamanca, cuya operación genera una gran proporción de combustóleo y gas: éste último se quema afectando al medio ambiente (Ruiz, 2020) Tercero. El gasto social presupuestado para 2022, por ejemplo, en salud, es de 824 mmp, superior al de los últimos años; sin embargo, el de educación disminuye como porcentaje del PIB. En cambio, las transferencias en efectivo, particularmente a los adultos mayores, han aumentado y se han convertido en una prioridad. Cuarto. En síntesis, ante las restricciones presupuestarias, las opciones del régimen dan cuenta de acciones que resultan insuficientes para alcanzar metas claras. Hay diversos esfuerzos y al mismo tiempo grandes rezagos. En conjunto, las fallas dejadas por el neoliberalismo no se superan, tomando en cuenta, incluso, los nuevos proyectos. Es así en lo que toca al gasto social y, también, en materia de inversión púbica e infraestructura. Ello tiene un origen: la política económica conservadora (o procíclica) del gobierno de AMLO. Sin contratar mayor deuda (a pesar de que ha aumentado la magnitud de su financiamiento por la situación económica mundial) y sin reforma fiscal, el gobierno ha tenido que mantener un bajo perfil de gasto. Los nuevos proyectos, distintivos de esta administración, quizás verán sus impactos y su conveniencia en el largo plazo. En el corto plazo, las insuficiencias señaladas están pesando, negativamente, en los ritmos crecimiento y por lo tanto en la recuperación de la economía y el empleo. Bibliografía Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, y Secretaría de Hacienda (2021), Inversión Histórica en Infraestructura, disponible en proyectosmexico.gob.mx Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (2020), Infraestructura en México, Prioridades y deficiencias del gasto público. Disponible en ciep.mx Childs, William R., (2016) “How public and private Enterprise have built American infrastructure” (disponible en: origins.osu.ed.) Escudero, Erik, (2020) El Tren Maya y las expectativas para el transporte intermodal, disponible en https://thelogisticsworld.com. Fair Ray C. (2021), U.S. Infraestructure: 1929 – 2019, (disponible en fairmodel.econ.yale.edu) Norio, Elisa, 2020. “Why are tourist resorts attractive for transnational crime? The case of the Mayan Riviera” Disponible en: www.emerald.com Ruiz, Flavio e Iván Garza Moreno (2020). Pemex: el necesario ajuste ante la nueva realidad (manuscrito) Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2021). Paquete Económico 2022. Criterios Generales de Política Económica. White House (2022), Hoja informativa: enero 14, 2022, (disponible en whitehouse.gov.) (fin de las notas: 24052022)

Las cifras del empleo 2019

Las cifras del empleo: la insoportable levedad del presupuesto público

En memoria de Jaime Ros

Saúl Escobar Toledo

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer hace unos días los datos del empleo asegurado en esa institución. No son muy alentadores. Si se compara el mes de junio con el de mayo de este año, se perdieron 14 mil puestos de trabajo. Visto desde un plazo más largo, las cifras no son tan sombrías: en relación a diciembre de 2018, se crearon casi 290 mil empleos; si se toma como base junio de 2018, un año, hay 474 mil plazas de trabajo más, un aumento del 2.4%.

Como quiera que sea, las cifras reflejan la baja capacidad de creación de empleos de la economía mexicana, fenómeno que viene presentándose desde hace varias décadas y, al mismo tiempo, un ritmo de crecimiento cada vez más lento en los últimos meses. Es decir, a una tendencia estructural de largo plazo se añade una coyuntura desfavorable.

Llama la atención que las ocupaciones perdidas en junio (y en mayo) hayan sido eventuales, mientras que los empleos permanentes crecieron. La misma tendencia se observa si se mide el semestre: el 96% de los puestos de trabajo creados fueron permanentes, lo que contrasta con 2018 (82%) y 2017 (81%).

También destaca que los estados que perdieron empleos en el último año (junio 19/junio 18) hayan sido Guerrero con una horrenda cifra de menos 4.6%; una cosa similar se presentó en Chiapas, Oaxaca, Durango, Tabasco y Morelos.

Ambas cosas (su eventualidad y su localización geográfica) podrían indicarnos que se perdieron plazas de trabajo muy vulnerables, localizados en los sectores de la economía menos moderna. En cambio, en los estados de Querétaro, Baja California, Aguascalientes, Nuevo León y Sonora, la creación de empleos fue superior al promedio nacional. Y, sin embargo, el sector económico que más colocaciones ofreció  en el último año fue el agropecuario, seguido de transportes y comunicaciones.

Este panorama refleja naturalmente la actividad económica, la cual muestra un estancamiento desde 2012 y una mayor pérdida de dinamismo desde septiembre del año pasado. Las cifras indican, asimismo, que el sector mejor librado ha sido el sector primario el cual, aunque modestamente, ha venido creciendo en el último año, más que el secundario y el terciario.

Un caso particularmente grave es el de la industria de la construcción, lo cual se ha reflejado en una aguda caída del empleo: de casi 625 mil plazas registradas en septiembre de 2012 a 506 mil en abril de 2019. Lo mismo sucede con la minería. La industria manufacturera en cambio ha venido creando nuevos puestos, lentamente, pero sin mayores retrocesos.

Por otro lado, el salario base de cotización del IMSS tuvo un crecimiento nominal de 6.6%, lo que indicaría un ligero aumento en términos reales. De acuerdo a los datos señalados, no parece haber señales de que estos incrementos hayan impactado negativamente la creación de empleos ni frenado la actividad económica. La razón de estos fenómenos deberá encontrarse en otras causas.

El aumento del empleo asegurado en la agricultura, aunque es una buena señal, no debe ser exagerado. Representa menos del 4% del total. Además, está concentrado en: Jalisco, Sinaloa, Sonora, Michoacán y Baja California. En Guerrero por ejemplo hay menos de mil trabajadores registrados en el IMSS.  De esta manera, las cifras recién entregadas quizás muestren más bien una mayor formalización del trabajo jornalero que una expansión del empleo.

En el informe se destaca la incorporación de mas de 500 mil jóvenes al servicio médico, resultado del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y de 180 mil personas más, según dice el documento de manera literal, “asegurados voluntariamente en el régimen obligatorio” lo cual indicaría que se trata de plazas ya existentes que fueron formalizadas. Sin duda, el Programa significa un cambio radical frente a lo que se hizo en el pasado. Ningún gobierno había dedicado tantos recursos a programas de fomento al empleo. Los beneficios de asegurar a un grupo tan amplio de jóvenes también representan un gran avance. Sin embargo, debe subrayarse que este tipo de políticas públicas no tienen como objetivo crear nuevos puestos de trabajo sino mejorar la colocación de las personas en el mercado laboral. De esta manera, si la actividad económica no se acelera y, con ello, la creación de nuevos puestos, este tipo de programas solo aportan beneficios temporales.

En resumen, el panorama del empleo está atravesando por una situación difícil producto de varios factores: el sector más moderno de la economía ofrece pocas opciones; el sector más atrasado está retrocediendo; y hay ramas como la de la construcción y la minería que presentan una fuerte caída. Por su parte, la expansión observada en el sector agrícola y la incorporación de nuevos asegurados, aunque son acciones positivas, no representan un factor suficientemente influyente que pueda anunciar un cambio de la tendencia general.

De ahí que resulte indispensable acelerar la inversión pública en infraestructura. Ello serviría para detener la caída de la industria de la construcción, sobre todo si se comprueba que la inversión privada ha disminuido severamente. Ayudaría a reanimar el ciclo económico, generando directamente más puestos de trabajo y una mayor demanda efectiva que se reflejaría en un mayor consumo interno. Y, sobre todo, si se aplica en las regiones más atrasadas del país y en aquellos rubros que más lo necesitan, ayudaría a cerrar la brecha de desigualdad que, según se observa, está creciendo entre las regiones y las empresas más atrasadas y las más desarrolladas.

El gasto en programas sociales no basta. Urge entonces poner en movimiento la inversión pública junto con otros mecanismos que reanimen la economía, como el financiamiento de la banca de desarrollo.

En el inicio de otros sexenios, se ha observado también una tardanza en el ejercicio de los recursos públicos, particularmente en infraestructura, ya que estos proyectos requieren tiempo para su planeación y puesta en marcha. En este caso, sin embargo, las dificultades han sido mayores por la reasignación de programas, la lucha contra la corrupción, la austeridad, y las nuevas prioridades del gobierno en materia de inversión. La combinación de todo ello no ha ayudado a despejar el camino para un ejercicio del gasto y la reanimación de la economía.

Es probable y deseable que, en los próximos meses, la inversión en infraestructura fluya a ritmos más elevados. Sin embargo, sus resultados no se verán reflejados de manera inmediata. Podría decirse que este año, 2019, el panorama del empleo no mejorará sustancialmente. Por ello, el presupuesto para 2020 deberá reflejar un esfuerzo mucho más cuantioso y ordenado en materia de inversión pública de tal manera que, en un futuro cercano, el balance sea mucho más satisfactorio.

El país requiere más y mejores puestos de trabajo. Cualquier otro camino para combatir las desigualdades y la pobreza tendrá efectos menores si no se pone este objetivo en el centro de las políticas públicas y, especialmente, en el ejercicio de los recursos presupuestales. La rectoría económica del Estado se convierte en una frase vacía si no se traduce en una abundante, bien planeada, y oportuna inversión productiva. El gasto público no pude limitarse a estimular la demanda: también y de manera prioritaria tiene que aplicarse para ampliar la oferta de bienes y servicios. Eso es lo que demuestran las cifras de esta primera mitad del año. 2020 tiene que ser el momento del cambio. De otra manera, la economía y el empleo, en el mejor de los casos, seguirán los mismos ritmos de las últimas décadas. O sea, más de lo mismo.

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