Política laboral: el fomento y protección del empleo

Política laboral: más allá del salario mínimo En memoria de la maestra Ifigenia Martínez por sus enseñanzas y su generosidad. Publicado en El Sur, 10 de octubre de 2024 Saúl Escobar Toledo La política laboral en México ha olvidado, desde hace décadas, asuntos muy relevantes que tienen que ver con la protección y el fomento al empleo. Esto es, considero, lo más importante que puede desprenderse del documento publicado por CONEVAL titulado “Evaluación Integral de la Política Social Vinculada al Derecho al Trabajo 2023 - 2024.”(disponible en coneval.org.mx). De acuerdo con este reporte, la garantía del derecho al trabajo enfrenta once “retos” para hacerse efectiva. Entre ellos destacan en primer lugar, la informalidad laboral, dado que más de la mitad de la población ocupada trabaja en estas condiciones, lo que reduce “las oportunidades de acceder a la seguridad social y otras prestaciones asociadas al trabajo formal”. Otros problemas relevantes que tienen que ver con la calidad y protección al empleo, incluidos en el documento, son: la capacitación y formación para el trabajo; la intermediación y vinculación laboral; la protección del ingreso ante pérdida del empleo; y el trabajo infantil. En todos estos asuntos, no hay políticas gubernamentales para remediarlas o éstas han si parciales e insuficientes. En el caso de la informalidad laboral, CONEVAL afirma que “no hay un programa específico” para atender este reto, aunque se han elaborado programas que pueden ayudar a resolverlo como el destinado a las trabajadoras del hogar, las personas que realizan teletrabajo y las personas trabajadoras del campo. La recomendación del organismo de evaluación al Gobierno Federal consiste en desarrollar “una estrategia que incluya incentivos fiscales y financiamiento para micro y pequeñas empresas (pues emplean a la mayor proporción de personas trabajadoras)”. En lo que concierne a la capacitación, se considera que “la falta de desarrollo de habilidades laborales limita el crecimiento profesional y la estabilidad laboral” además de que afecta la productividad y el crecimiento económico del país. Aunque existen algunos programas relacionados con este asunto, el documento considera que tienen una cobertura limitada y recomienda “combinar las herramientas digitales con servicios presenciales...”; esto último requiere aumentar las oficinas regionales del Servicio Nacional de Empleo (SNE). También sugiere que el Gobierno Federal debe reforzar sus programas de formación laboral, ofreciendo capacitaciones que aumenten la productividad… y fomenten el desarrollo profesional tanto de empleados como de quienes buscan trabajo. Además, apoyos complementarios para beneficiarios de capacitación…” Por su parte en el rubro de la intermediación y vinculación laboral encuentra que es predominante “la búsqueda de empleo a través de medios informales… lo cual afecta el tipo de empleos a los que se puede acceder”. A pesar de la existencia de algunos programas como el PAE y Jóvenes Construyendo el Futuro, éstos han resultado insuficientes por lo que recomienda entre otras cosas “ofrecer servicios de intermediación laboral personalizada mediante la figura del Consejero del Empleo”. En lo que se refiere a la protección del ingreso ante pérdida de empleo, CONEVAL no identificó ningún programa, estrategia o reforma para enfrentar este problema a nivel federal. Su recomendación es enfática: diseñar e implementar “un seguro de desempleo, que tenga el objetivo de proveer un ingreso temporal a las personas trabajadoras que hayan perdido su empleo y estén en búsqueda de otro”(retomado la experiencia de este programa en la Ciudad de México) Finalmente, en lo que toca al trabajo infantil, el documento recalca que “es ilegal y expone a las infancias a condiciones laborales peligrosas y a ocupaciones no adecuadas”. Enfatiza que no se identificó ninguna oferta gubernamental… dedicada exclusivamente a erradicar el trabajo infantil. Sin embargo, sólo se limita a recomendar el fortalecimiento “de las estrategias de fiscalización” para identificar la presencia de este fenómeno. El documento analiza otros retos relacionados con el derecho al trabajo que tienen que ver con el ingreso laboral señalando que “más de un tercio de la población no puede cubrir la canasta alimentaria” aún con los aumentos otorgados al salario mínimo. También aborda otros temas relacionados con las condiciones de trabajo: especialmente la falta de acceso a la asistencia médica, pensión, vivienda, vacaciones y guarderías entre otras. Las brechas salariales merecen una recomendación : llevar a cabo políticas “contra la discriminación en el mercado laboral y en los centros de trabajo, acompañada de campañas de divulgación…”. CONEVAL explica, igualmente, que las jornadas laborales excesivas “afectan la salud y el bienestar de las personas trabajadoras y sus familias, además, generan riesgos de trabajo y la productividad”. Y considera que no hay una oferta gubernamental en este sentido. Su recomendación, no obstante, es limitada y en cierto sentido va en una dirección equivocada: establecer una estrategia que garantice “una remuneración justa por las horas trabajadas” y “asegurar el pago de las horas extras”. Curiosamente no recomienda la reducción de la jornada como ya lo sugirió la presidenta Sheinbaum. Otro reto se refiere a los contratos y la estabilidad laboral, la cual afecta especialmente a las personas trabajadoras en condiciones de informalidad, empleos temporales o subcontratadas. Y reconoce que se requiere fortalecer la fiscalización (se entiende que la inspección en los centros de trabajo) para “identificar omisiones e irregularidades” (por parte de los empleadores). No señala, sin embargo, que el propio gobierno federal es uno de los principales responsables de estas carencias. Un apartado muy incompleto trata de la “implementación deficiente de la justicia laboral y la falta de inspección”. La recomendación se limita a promover mecanismos para “fortalecer la negociación colectiva…” y omite, quizás por razones de su enfoque, una revisión crítica de la implementación de las reformas de 2019 y el funcionamiento de nuevas instituciones como los centros de conciliación y los juzgados en la materia adscrito al poder judicial. Además, el documento pasa por alto por lo menos otros dos “retos”: el sistema de pensiones contributivas administradas por empresas privadas que arrastra serios problemas de cobertura y escasas posibilidades de obtener una pensión (por la baja densidad de cotización) de muchos trabajadores. Tampoco se refiere a un problema fundamental: la salud en el trabajo, es decir, políticas para prevenir y remediar los riesgos laborales. A pesar de sus limitaciones, el documento tiene la virtud de hacer patente las áreas en las que las políticas públicas han sido insuficientes o en las que de plano no hay ninguna estrategia. Esto es más claro en el caso de los asuntos relacionados con el fomento y la protección al empleo y el trabajo infantil. De esta manera, las autoridades laborales a nivel federal pero también a nivel local, deberían tomar nota de estas ausencias y fallas. El anuncio de retomar la discusión de las cuarenta horas y otros como la “ley silla”, la seguridad social para trabajadores de plataformas digitales, la brecha de género, y el aumento del aguinaldo, resultan muy positivas. Sin embargo, no se ha anunciado nada, por ejemplo, acerca de la necesidad de un seguro de desempleo. Asimismo, se requiere, urgentemente, una evaluación de los programas para la intermediación, la vinculación, la capacitación y la formación laborales. Y definir claramente una estrategia para erradicar el trabajo infantil. Las políticas del gobierno federal no pueden omitir estos asuntos sobre todo en momentos en que se presentan dos factores aparentemente contradictorios: por un lado, la caída de la actividad económica y por lo tanto de la creación de empleos; y por otro, las anunciadas nuevas oportunidades de inversión por el “nearshoring”. Para abordar ambas cuestiones, las recomendaciones de CONEVAL y otras que pueden surgir de la discusión en el Congreso y que fueron omitidas en el documento, deben formar parte de la agenda legislativa. saulescobar.blogspot.com

Un balance de la reforma laboral 2017-2019

Las cuatro dimensiones de la reforma laboral Publicado en El Sur, 3 de septiembre de 2024 Saúl Escobar Toledo El fin del sexenio reclama un conjunto de revisiones de las políticas públicas, las enmiendas legales y sus resultados. Una de las más importantes y complejas se refiere a la reforma laboral de 2017 – 2019. Si bien los cambios constitucionales se llevaron a cabo en el sexenio anterior, las reformas a la Ley Federal del Trabajo y su implementación correspondieron al periodo del presidente López Obrador. Para tratar de analizar este asunto, propongo observarlo en diferentes planos: 1) La ley, es decir, el texto de las reformas; 2) Las instituciones encargadas de su implementación; 3) El entorno político y económico en que se aprobó y se ha puesto en práctica; y 4) la respuesta de los trabajadores mexicanos a dicha reforma. Cada una de estas dimensiones del análisis tiene características propias, pero al mismo tiempo están interrelacionados. De esta manera, si alguna se modifica, se puede alterar el conjunto. Sin embargo, es necesario discutir cada una de ellas en lo particular para después integrar el análisis y entender las posibilidades de una transformación de las relaciones laborales y el surgimiento de un nuevo movimiento sindical en México. Aquí un resumen de este examen: El texto de la ley. La reforma constitucional y las enmiendas a la LFT fueron propuestas por el presidente de la república en turno (Peña Nieto en 2017; y AMLO en 2019) y votadas por el Congreso de la Unión. No obstante, ambas fueron discutidas y aprobadas en un lapso relativamente breve. La participación de las organizaciones de trabajadores, abogados y especialistas fue escasa. Lo anterior fue resultado de las presiones internacionales para aprobar las reformas y paradójicamente de algunas presiones internas para no hacerlo. En lo que toca a las reformas a la LFT, el flamante gobierno de AMLO y los legisladores de MORENA seguramente pensaron que era el momento propicio para poner en los textos legales un conjunto de propuestas que se habían discutido al menos durante veinte años por abogados y sindicalistas democráticos; incluso fueron propuestas en la Cámara de Diputados varias veces por dirigentes de la UNT (pilotos y telefonistas) que habían sido electos como diputados bajo las siglas del PRD. A pesar de la premura, los textos aprobados tienen una virtud innegable: recogen la idea de un sindicalismo democrático y participativo, y la necesidad de una nueva justicia laboral suprimiendo las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Así, construyeron, en el papel, una realidad inédita, completamente nueva en el país. Las Instituciones. Las reformas crearon nuevas instituciones, particularmente el Centro de Conciliación Federal y los estatales; y los juzgados laborales del Poder Judicial. Ninguna de estas instituciones tenía antecedentes ni legales ni prácticos en la vida del país. Por ejemplo, los jueces laborales eran figuras completamente ajenas a la realidad y la normatividad legal de nuestro país. De esta manera, se habilitaron togados laborales prácticamente de un día para el otro. El resultado ha sido dispar, aunque parecería que ha privado la actuación de jueces que poco entienden de asuntos laborales, o interpretan mal su función, o francamente han decidido apoyar a las empresas. En cierto modo, lo anterior refleja la baja estima que el derecho laboral ha tenido en nuestra sociedad en las últimas décadas. Y es que los asuntos del trabajo dejaron de ser una preocupación del Estado mexicano: las relaciones obrero-patronales y los conflictos laborales fueron sometidos a una forma peculiar de regulación, basada en contratos de protección y sindicatos fantasma. Además, las instituciones laborales como la Comisión Nacional de Salarios Mínimos dejaron de funcionar en la práctica. Los incrementos se decidían en el Banco de México y la Secretaría de Hacienda. Por lo anterior, el Centro de Conciliación y los juzgados laborales empezaron a funcionar con profesionistas que no recibieron la preparación académica adecuada ni han tenido una práctica profesional ad hoc. Sin duda, se requiere una capacitación intensiva de nuevos funcionarios y un diálogo con las universidades del país para que actualicen y mejoren la preparación académica de sus alumnos, acorde con las nuevas instituciones. A pesar de todo, la implementación de la reforma en sus primeros años consistió en la desaparición de miles de contratos colectivos y sindicatos ficticios, lo que a mi modo de ver puede considerarse un gran logro ya que removió estos instrumentos que eran legales, pero al mismo tiempo un obstáculo para la organización libre de los trabajadores. El entorno político y social. Las reformas constitucionales y a la LFT fueron resultado de un conjunto de circunstancias históricas que se presentaron en corto tiempo y que propiciaron una situación inédita: la presión de los socios comerciales de un tratado que construyó EU para tratar de frenar la influencia de China; la sorpresiva derrota de los demócratas en las elecciones de 2016 en ese país frente a un candidato ajeno al establishment político; luego, el propio fracaso del personaje, Trump, para reelegirse; y la victoria de Biden, el cual tuvo que rehacer sus relaciones con los sindicatos y redefinir sus políticas públicas en materia de trabajo y economía. Uno de los resultados de estos cambios, fue el nuevo TMEC y su capítulo laboral. Por otro lado, ocurrió el triunfo de AMLO en las elecciones de 2018, lo que trajo una nueva política, sobre todo en materia de los salarios mínimos. Posteriormente, con la presión de EU, el gobierno presentó un proyecto de reformas a la LFT en materia de democracia sindical y justicia laboral. Esta sucesión de mudanzas reflejó algo más profundo. El mundo sufrió una transformación en la medida en que los gobiernos de los países desarrollados, principalmente EU, abandonaron el esquema del libre comercio para adoptar el del comercio regulado por razones políticas internas y su creciente pugna con China. En el caso de México, con el TMEC, dicho cambio se tradujo en que, ahora, el gobierno de EU vigila que las empresas multinacionales respeten los derechos de los trabajadores en México. Un fenómeno imposible de imaginar hace muy poco tiempo. El problema es que la integración económica con Estados Unidos ha sido afectada por los vaivenes de la política interna de nuestro vecino norteño. Las elecciones de noviembre y el triunfo de Trump podrían cambiar radicalmente la relación bilateral incluyendo los asuntos laborales. Así las cosas, el avance de la reforma laboral no depende exclusivamente de las políticas internas del gobierno de México. Sin embargo, la opinión de los trabajadores y sus organizaciones sindicales serán indispensable para la toma de decisiones del futuro gobierno de la presidenta Sheinbaum, sobre todo, si se presenta una grave confrontación con Estados Unidos. La respuesta de los trabajadores. La reforma laboral, como hemos expuesto, se construyó en una coyuntura excepcional. Por ello, los trabajadores han asimilado muy lentamente las oportunidades que abrieron los cambios ocurridos entre 2017-2019. A lo anterior hay que agregar la existencia de una “cultura” laboral que se fomentó durante décadas debido a la existencia de sindicatos ficticios o acostumbrados a pactar con las empresas dócilmente sin consultar a sus agremiados. También, con una política laboral que trató de mantener un mercado de trabajo controlado con bajos salarios, pobres condiciones de trabajo y cero conflictos. En este contexto, los sindicatos se convirtieron en organizaciones ajenas a los trabajadores, distantes de sus problemas cotidianos (sus condiciones de trabajo: accidentes, insalubridad, abusos patronales, impago de horas extras, inmovilidad del escalafón, etc.) e incapaces de proporcionar una mejoría de sus ingresos laborales. Bajo estas circunstancias, los trabajadores se acostumbraron a la inmovilidad, el conformismo e incluso el rechazo a la organización colectiva. Se generalizó la cultura de la resignación, el individualismo y la ignorancia de la Ley y las experiencias de lucha sindical. Cambiar esa cultura es indispensable para el avance de la reforma laboral. Para ello se requiere una acción concertada entre las organizaciones democráticas y el gobierno federal para difundir los derechos laborales. Pero también y, sobre todo, las organizaciones sindicales tienen que demostrar que son capaces de conquistar nuevos logros, como la semana de 40 horas. Asimismo, que pueden renovarse y abrir espacios para las nuevas generaciones. Y que la toma de decisiones colectivas debe ser un modo de vida cotidiano. En cualquier caso, debe quedar claro que la democratización de los sindicatos no dependerá de la voluntad de las autoridades laborales sino de la movilización de los trabajadores. La reforma laboral abrió un camino. Después de tantos años de silencio, la voz de los trabajadores empieza a escucharse. Para algunos débilmente, para otros con mayor claridad que en el pasado inmediato. Lo que parece innegable es que se ha iniciado una ruta de cambio. Ya veremos quienes se estacionan en el pasado y aquellos que apuestan al futuro. saulescobar.blogspot.com

México: los salarios se incrementaron entre 2023 y 2024

Aumentos salariales Publicado en El Sur, 21 de agosto de 2024 Saúl Escobar Toledo Según datos del IMSS, el salario promedio de los trabajadores afiliados a dicha institución aumentó 9.7% entre julio de 2023 y julio de este año (de 536.76 pesos a 588.71 pesos). Este incremento anual no fue parejo ya que las entidades en las que hubo alzas superiores al promedio fueron Tamaulipas, Zacatecas y Baja California. Al mismo tiempo, el salario más elevado se ubicó en Ciudad de México (725.15 pesos, 23% más elevado que el promedio); Baja California y Campeche. Siguen en esta lista los estados fronterizos del norte del país: Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, San Luis Potosí y Coahuila, además de Querétaro. Lamentablemente, los salarios más bajos se ubicaron en Hidalgo, Chiapas, Yucatán, Tlaxcala, Michoacán, Oaxaca y Guerrero. En esta última entidad el salario fue de 472.62 pesos, es decir 20% menor al promedio nacional. Por su lado, el salario mínimo sigue mostrando un aumento en términos reales en comparación a 2018 de más de 100% en la mayor parte del territorio y de más de 220% en la zona fronteriza. Y según INEGI, ha aumentado el número de trabajadores que ganan más de 1 SMD y hasta 2 SMD y ha disminuido aquellos que ganan hasta 1 SMD. El Banco de México presenta una información que muestra, igualmente, que ha habido alzas en los salarios, en este caso contractuales. Los incrementos nominales fueron de alrededor de 8.2% promedio entre abril y julio de este año. Tomando en cuenta la inflación de los últimos doce meses, el incremento real en ese mismo periodo sería de alrededor de 3.75%. Sin embargo, aquí también hay diferencias: las alzas en las revisiones más favorables para los trabajadores fueron en la industria manufacturera (un promedio de 9.6%) y en el conjunto de las empresas privadas (9.46% ), lo que contrasta con el reducido aumento en las empresas públicas que apenas alcanzó alrededor del 4.8% en promedio, es decir, la mitad de lo que obtuvieron los trabajadores que tienen contratos con las empresas privadas. Con base en estos datos puede afirmarse que este año, por lo menos hasta el séptimo mes, los trabajadores han recibido incrementos superiores a la inflación si consideramos el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) que se supone incluye la canasta de consumo de bienes más importantes para la población . No es tan favorable si se consideran los precios de algunos (no todos) alimentos como frutas y verduras frescas que han tenido un aumento de 23.55% (anual). Las cifras muestran, asimismo, agudas diferencias regionales. La brecha entre el sureste y el norte sigue siendo profunda a pesar de la inversión púbica en obras de infraestructura como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el corredor transístmico. Los trabajadores de la industria de exportación manufacturera cuyas empresas están ubicadas principalmente en la región que abarca de Querétaro hacia la frontera norte del país, seguramente están recibiendo mejores salarios contractuales. De no modificarse esta tendencia, en el futuro cercano, con el nearshoring, podríamos observar una desigualdad más aguda y que el mejoramiento de las condiciones laborales se concentre en un grupo relativamente estrecho de trabajadores. Por su parte, el caso de la Ciudad de México podría responder a que se ha convertido en un centro financiero muy importante para México y América Latina; una urbe que alberga destacadas instituciones de educación, cultura y salud; y un polo turístico con características diferentes a los destinos playeros. Aun con estas disparidades, creo que estamos observando una recuperación general de los salarios. Esta situación contrasta con el entorno económico, ya que el comportamiento del producto (PIB) en 2024 no ha sido alentador: diversas instituciones como el FMI o el Banco Mundial, pero también INEGI y Banxico, han previsto un menor ritmo de crecimiento que se calcula en 2% o menos. Claramente inferior al 3.2% del año pasado. Además, las expectativas para 2025 son aún más pesimistas debido a la probable reducción del déficit fiscal, la permanencia de tasas de interés aún elevadas (aún con los recortes) en México y en Estados Unidos y una desaceleración de la economía de nuestro vecino del norte. De la misma manera, el empleo tampoco muestra signos positivos. Aunque la tasa de desocupación abierta es reducida (2.8%), la cantidad de trabajadores que laboran en la informalidad ya sea por cuenta propia o al servicio de un patrón, sigue siendo elevada; hasta junio de este año incluía a casi 32 millones de personas (datos de INEGI). Además, el IMSS reportó que entre enero y julio de este año se dieron de alta 307 mil asegurados lo que se compara desfavorablemente con ese mismo lapso del año pasado que registró un aumento de plazas de trabajo de más de 512 mil personas. Lo anterior muestra una caída en lo que va del año de más del 40%, es decir, una tendencia francamente a la baja en el ritmo de creación de empleos formales registrados en el IMSS. Así las cosas, a pesar de un entorno económico poco propicio, los salarios están aumentando en términos reales. La explicación de este fenómeno quizás resida en que los sindicatos y los trabajadores (con o sin sindicato o contrato colectivo) están endureciendo sus posturas y logrando mejores incrementos en sus percepciones. Esto puede estar sucediendo gracias a la reforma laboral de 2017-2019 que propicia la democracia sindical y la revisión de los contratos colectivos con participación de los trabajadores. Y, asimismo, a una política laboral que ha dado lugar a otras reformas legales como la regulación de la subcontratación y diversas prestaciones. Desde luego, el balance de dicha reforma y de la política laboral del sexenio muestra serias fallas. Una de las más patentes es que la justicia laboral sigue siendo defectuosa. También hay que subrayar que la democracia sindical ha avanzado lentamente. Hay pocos sindicatos nuevos que han surgido gracias a la reforma; las centrales del viejo orden corporativo siguen siendo mayoritarias. Asimismo, el panorama en el sector público es desolador. No sólo, como hemos visto, porque las revisiones contractuales en las empresas públicas han sido miserables. A ello hay que agregar la política laboral en la administración federal: bajos salarios y contrataciones vulnerables (por tiempo determinado, sin contrato, sin seguridad social y sin afiliación sindical). Al parecer, priva la idea de que los empleados de la administración pública (apartado B) deben ser presa de la austeridad y sacrificar sus condiciones de trabajo. Aun tomando en cuenta estos problemas, podríamos estar observando un fortalecimiento del poder de negociación de los trabajadores particularmente en los que laboran en empresas privadas. Esta reanimación ocurre en momentos en que a nivel mundial también hay signos de un activismo sindical más pujante. Además, los mecanismos del T-MEC y las denuncias presentadas por el gobierno de Estados Unidos para reparar violaciones a los derechos laborales en empresas instaladas en México que ya suman más de veinte casos, igualmente, están influyendo en un mejor ambiente para los reclamos obreros. Por su lado, las directivas de algunos sindicatos afiliados a las centrales obreras como la CTM o la CROM han decidido negociar con las empresas menos dócilmente para evitar que sus afiliados salgan de sus filas y se incorporen a una organización más democrática. Este fenómeno apenas despunta. Todavía existen muchas empresas con contratos de protección patronal y directivas sindicales que logaron manipular las elecciones a las que están obligadas por la ley y permanecen en sus puestos. Por otra parte, la situación puede cambiar debido a un entorno económico más desfavorable, a una política laboral más conservadora, o a un endurecimiento de la administración patronal. El futuro del sindicalismo mexicano es todavía incierto, pero, por lo pronto, hay signos de vitalidad como no se conocieron en las décadas infames (1988-2018). saulescobar.blogspot.com

La caída de los mercados financieros en el mundo el 5 de agosto

El vendaval financiero y la situación de México Para Carlos Tello, como un recuerdo afectuoso de sus enseñanzas Saúl Escobar Toledo Publicado en El Sur, 7 de agosto de 2024 El pasado 5 de agosto los mercados financieros vivieron una jornada que muchos han calificado como un “lunes negro”. Hubo fuertes caídas de las bolsas de valores en varios países del mundo. Japón sufrió el golpe más severo, un derrumbe de más del 12%. En Estados Unidos fue menos fuerte: - 2.6% (Dow Jones) y un poco peor en el caso de las empresas teconológicas, -3.38% en el índice Nasdaq. Esas caídas afectaron también a México, aunque la Bolsa mexicana cayó apenas un 0.89%, el peso se depreció 1.27% en un solo día. El origen inmediato de esta “crisis” se gestó la semana pasada cuando tres hechos se encadenaron: el Banco Central de Japón decidió aumentar su tasa de interés el miércoles 31 de julio a 0.25%; luego, con diferencia de horas, la Fed, el Banco central de Estados Unidos, decidió mantener sin cambios esa tasa, las más alta en 23 años. Sin embargo, el viernes 2 se conoció el dato de que el desempleo había aumentado en esa nación hasta el 4.3% y que los puestos de trabajo habían aumentado menos de lo que se esperaba. Algunos añaden otro asunto: uno de los empresarios más poderosos de EU, Warren Buffett decidió vender la mitad de sus acciones de Apple. De esta manera, se acentuaron las expectativas de que Estados Unidos se enfilaba hacia una recesión económica, lo que junto con la reacción de los inversionistas por el alza de la tasa de interés en Japón llevó a la caída generalizada de las bolsas. El martes, ayer, los mercados parecían retomar la calma, aunque el rebote no había alcanzado a recuperar las pérdidas del día anterior: en Japón, la Bolsa había aumentado 9%, tres puntos menos que su caída. Pasado lo peor de la sacudida, si se ven las cosas con más detenimiento, se observa que las bolsas de Estados Unidos han aumentado 10% durante este año aún después de la caída del lunes. El derrumbe pudo haber sido simplemente un ajuste ante los precios elevados de la bolsa. Sin embargo, dado que el fenómeno fue mundial, ésta no puede ser la única razón. A lo anterior hay que agregar la situación japonesa. La decisión del BOJ fue, dicen, inoportuna, pero para las autoridades era indispensable para proteger su moneda y su economía. No obstante lo anterior, la cuestión más importante, que surge de la tormenta es: ¿realmente la economía de EU se encuentra al borde de una recesión? O ¿ fue una reacción exagerada de los inversionistas? Los datos a la mano para el caso de EU (Cf. Noah Smith) indican que el aumento de la tasa de desempleo podría deberse no tanto por un despido masivo de trabajadores sino porque las personas que estaban sin trabajar y sin buscar un empleo decidieron salir a buscar uno, es decir hubo un aumento la demanda de puestos de trabajo . No puede hablarse entonces de un debilitamiento drástico del mercado laboral sino apenas de una ligera caída. Por otro lado, no se observa un desplome del consumo, del PIB, o de la producción industrial. Además, la productividad ha crecido al ritmo del producto (2.3% en junio). En resumen, la sacudida financiera probablemente se debió a una coincidencia de acontecimientos que provocaron una reacción desmedida de los inversionistas. Si esto es así, en los próximos días veremos una reanimación que puede superar las pérdidas habida el lunes negro. Como quiera, es cierto que el vendaval mostró varias cosas: primero, que los inversionistas están muy nerviosos, no sólo por la salud de la economía de EU, sino también por la guerra en Medio Oriente incluyendo la posible respuesta de Irán ante la belicosidad de Israel; el posible debilitamiento de la economía china; el probable triunfo de Trump en noviembre; y el que los inversionistas endeudados en yenes sigan vendiendo sus activos financieros en el mundo (el llamado carry trade) . Segundo, aunque la economía de EU tiene algunos indicadores positivos, si la FED no baja las tasas de interés pronto, la recesión en EU puede precipitarse. Y tercero, que la incertidumbre puede deberse, asimismo, a la debilidad fiscal de muchos países, sobre todo los más pobres y algunos otros como Argentina, lo que puede desencadenar una moratoria de las deudas soberanas y afectar al sistema financiero mundial. De esta manera, nadie está seguro de que otra sacudida se pueda presentar más adelante. En el caso de México, la tormenta le ha afectado relativamente poco. La devaluación del peso ha sido, en conjunto de más de 12% en el año, pasando de 16.90 a 19.40 pesos por dólar. El vendaval provocó una caída de alrededor del 2%. Cayó a más de 20 pesos, pero el marte se había recuperado un poco hasta estabilizarse en la cifra señalada. Varios economistas han coincidido en que el peso estaba sobrevaluado por las tasas de interés tan altas decretadas por el Banco de México y el carry trade facilitado por las bajas tasas en Japón. La devaluación puede ayudar a incentivar las exportaciones, disminuir las importaciones y atraer turismo extranjero. Sin embargo, aumenta el costro de la deuda. Según Hacienda, el servicio de la deuda , fundamentalmente el pago de intereses aumenta 2, 800 millones de pesos por cada 20 centavos de depreciación del peso. Hay que tomar en cuenta que sus cálculos para la economía preveían una paridad de 17.60 este año. Por otra parte, y quizás sea lo más importante, la creación de empleos formales ha venido siendo más lenta. En julio se crearon apenas 12, 344 empleos y en junio se despidieron a 29, 555 trabajadores. En todo el año se han creado más de 300 mil plazas, una cifra menor a los dos años anteriores. En junio, la tasa de desempleo aumentó levemente a 2.8% con un incremento de 0.2% afectando sobre todo a las mujeres. En marzo esa tasa había sido de 2.3%. También el crecimiento de la economía parece ir a la baja. Ahora la expectativa del Banco de México para el año ha bajado de 2.8 a 2.4%. Según Hacienda, se debe a “condiciones financieras restrictivas, tensiones geopolíticas y condiciones climatológicas adversas” Algunos analistas financieros calculan un crecimiento menor al 2%. La primera mitad del año la economía creció apenas alrededor del 1.5%. Esta situación no se debe, evidentemente, a la turbulencia del lunes. Tiene causas externas, como las mencionadas, e internas: la cautela de los inversionistas ante el cambio de gobierno y los cambios a la Constitución que propuso el presidente; el déficit público que requeriría un ajuste el próximo año; y el enfriamiento, todavía no recesión, de la economía de EU. Como hemos visto, la tormenta financiera del lunes puede ser de corta duración. Pero si los factores que la hicieron estallar se mantienen o se complican y, por otro lado, la situación de México sigue mostrando una menor actividad económica y menor creación de empleos formales, el final de año y 2025 se observan difíciles. A estas alturas, todo puede mejorar o empeorar. En cualquier caso, hay que prepararse adecuadamente. Esto último significa que se requerirá flexibilidad y firmeza. Lo primero para que el cambio político sume y no divida. La inversión extranjera, el cacareado “nearshoring”, apenas ha empezado y si se acelera dependerá entre otras cosas, de un clima que a estos inversionistas les parezca adecuado. Lo segundo, para mantener claras las metas e instrumentos con lo que cuenta el Estado para impulsar el crecimiento y una mejor distribución del ingreso. El presupuesto de 2025 debe entonces prepararse con medidas que no afecten la inversión en infraestructura productiva, el gasto en educación y salud, así como lograr los acuerdos necesarios para mantener el crecimiento real de los salarios mínimos. El ajuste, que parece ineludible, requerirá un análisis al mismo tiempo cuidadoso y flexible, que se adapte al ritmo que tome la economía y las dificultades que se presenten en el panorama internacional. Una tarea complicada que también requerirá transparencia, diálogo y el mayor consenso posible. saulescobar.blogspot.com

Y se apagaron millones de computadoras en el mundo...

El “apagón informático” y el fin del capitalismo Publicado en El Sur 24 de julio de 2024 Saúl Escobar Toledo El viernes 19 de julio ocurrió un apagón en millones de computadoras de todo el mundo. Según la prensa, desató el caos en negocios y servicios públicos en muchos rincones del planeta. Más de 30 mil vuelos sufrieron retrasos y cerca de 4 mil fueron cancelados, algunos de ellos en México. Compañías ferroviarias, industrias de telecomunicaciones, bancos, juzgados y hospitales también se vieron afectados en diversas partes del globo particularmente en Estados Unidos, Alemania, Holanda, España, Suiza y Hong Kong. El fallo informático perturbó seriamente a la Bolsa de Valores de Londres y al operador ferroviario británico. Algunas empresas como Tesla, fabricantes de autos eléctricos tuvo que enviar “a algunos de sus trabajadores a casa temprano durante el turno de noche”; y la cadena de cafeterías Starbucks fue afectada en algunos de sus establecimientos. En hospitales y clínicas de Holanda y Estados Unidos, por ejemplo, se tuvieron que suspender cirugías y consultas a pacientes. Diversos medios apuntaron que fue “una de las mayores caídas informáticas de la historia”. Su causa, la actualización de un antivirus de la empresa CrowdStrike, el cual fue mal diseñado: contenía un error que causó el apagón. Las pantallas de las computadoras se pintaron de azul y no respondieron a ninguna orden, simplemente se “murieron”. Dicha empresa en 2022 ya contaba con más de un 17% de la cuota de mercado mundial de este tipo de software y abastece, entre otras, al sistema Windows de la empresa Microsft. Todas la computadoras y sistemas en red que fueron dañadas, utilizaban este sistema operativo. De esta manera, en el mundo actual, una secuencia de un programa defectuoso de software puede causar estragos a escala global. Quedó en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura tecnológica, debido a la elevada concentración de servicios en un puñado de empresas multinacionales y, asimismo, por la dependencia generalizada de los sistemas operativos y de almacenamiento en la nube que utilizan las empresas y las personas diariamente. Y es que las 15 compañías más grandes del sector controlan el 62% de las tecnologías, los productos y los servicios relacionados con la protección informática. Pero, de manera aún más destacada, hay que señalar que más del 70% de los ordenadores del planeta utiliza Windows. En realidad, quienes usan las computadoras para hacer funcionar sus negocios, para su trabajo cotidiano, o para efectos personales, tienen sólo tres opciones: Microsft y su sistema operativo Windows; Apple con iOS; y Linox, un sistema gratuito que es muy poco utilizado. No hay más, en casi todo el orbe, con la excepción de China que lanzó apenas este año su sistema operativo OpenKylin. Sin embargo, aún en este país, el 85 por ciento de las computadoras de escritorio usan todavía Windows. Diversos especialistas advirtieron que en el futuro “absolutamente nada garantiza que no tengamos otro incidente similar, ya sea accidental (como en el caso del antivirus Crow) o malicioso. Además, de acuerdo con Edward Tenner, un estudioso de la tecnología y autor del libro “Why Things Bite Back, “resulta cada vez más evidente que el centro neurálgico de los sistemas de IT (tecnologías de la Información) a nivel mundial es una caja negra gigante de software interconectado completamente incomprensible que nadie puede descifrar… una caja negra llena de trampas no documentadas”. Por su lado, el New York Times señaló que el incidente del viernes destaca “la enorme dependencia de la economía global de un puñado de compañías que administran esta infraestructura vital”. En resumen, el apagón mostró la sujeción catastrófica de Windows de uno de sus proveedores, pero igualmente, el sometimiento de millones de empresas y usuarios a Microsoft y sus productos, la cual como vimos, domina el mercado sin que haya casi ninguna otra alternativa. Los productos de Apple también están expuestos a un fallo similar. Esta dependencia y el caos mundial ocurrido el viernes pasado revelan asimismo que no es exagerado decir que empresas y personas nos hemos vuelto “vasallos” o “siervos” de las cinco grandes empresas tecnológicas: Microsoft, Apple, FaceBook (Meta), Amazon y Alphabet (Google) a las que podríamos agregar ahora X (Twitter), propiedad de Elon Musk, principal accionista de Tesla. Quizás no somos sólo clientes de estas compañías gigantescas. De acuerdo con las ideas de Yanis Varoufakis (ex ministro de Finanzas de Grecia y un destacado economista) planteadas en su libro “Tecnofeudalismo. El sigiloso sucesor del capitalismo”, vivimos ya en un nuevo modo de producción. Según una entrevista concedida a la revista digital Contexto (Ctxt.es), el autor afirma que se ha basado en conceptos marxistas para afirmar que el sistema económico se ha transformado en lo que llama “capital-nube”, lo que representa el fin del capitalismo tradicional. Dicho “capital-nube” ha matado a los mercados y los ha sustituido por una especie de feudo digital. Por lo anterior, ha vuelto a capitalistas y trabajadores en “siervos” que, con sus ganancias y su esfuerzo, proporcionan rentas a los propietarios del capital en la nube (principalmente a las grandes cinco). Dicho capital-nube ha creado un tipo de poder cualitativamente diferente del poder monopolista del pasado. Los viejos monopolios “concentraban el capital, concentraban el poder, compraban gobiernos y mataban a sus competidores para vender sus cosas. Los capitalistas de la nube actuales ni siquiera se molestan en producir nada y vender sus productos. Esto se debe a que han sustituido a los mercados, no solo los han monopolizado”. De esta forma, el nuevo modo de producción, el tecnofeudalismo, se basa en plataformas digitales “más próximas a feudos tecnológicos o feudos en la nube, impulsados por dos formas de liquidez. Una es la renta de la nube, que es lo contrario a la típica ganancia capitalista, la otra es el dinero de los bancos centrales, los cuales financiaron la construcción del capital en la nube”. Así, los “siervos de la nube”, los usuarios de las grandes firmas tecnológicas producen valor (según el concepto marxiano), con su trabajo gratuito, simplemente interactuando con las plataformas y, con ello, hacen aumentar el capital en la nube. El tecnofeudalismo depende, por lo tanto, del sector capitalista que produce plusvalía que, sin embargo, es “usurpada” o “apropiada” por la capital nube. Las tesis de Varoufakis son, desde luego, mucho más elaboradas que este breve resumen. Y también muy discutibles. No obstante, el apagón global del viernes y sus enormes repercusiones mundiales revelaron no sólo una enorme dependencia tecnológica de una sola empresa, en este caso Microsoft; también el enorme poder de las cinco gigantes, el cual alimentamos cada vez que usamos una computadora o mandamos un mensaje por WhatsApp (propiedad de Meta) o cualquier otra plataforma digital. De esta manera, ¿somos vasallos de unas cuantas empresas que no tienen ni admiten competencia, o simplemente clientes que pagamos por sus servicios sin retribución alguna por nuestro trabajo?. El asunto merece una reflexión, sobre todo para pensar cómo se puede limitar ese enorme poder. En los años recientes, por ejemplo, se han acordado a nivel internacional mecanismos para que al menos una parte de sus ganancias sean gravadas con mayores impuestos. Hay que recordar que, en algunos casos, su sede legal está localizada en naciones que imponen tasas sumamente bajas y que no benefician a los gobiernos de los países en los efectivamente funcionan. También hay iniciativas para limitar su poder monopólico en el mercado de la industria de la tecnología. Sin embargo, como puede verse, representan todavía un modesto esfuerzo. Ojalá la comunidad internacional acuerde nuevas medidas. Mientras tanto, si su computadora no prende, su teléfono no puede enviar mensajes ni localizar el número de la persona deseada, o su tarjeta de crédito no es aceptada, puede ser que se haya producido otro “apagón” mundial. saulescobar.blogspot.com

La jornada laboral de 40 horas en México: pendiente.

¿ Y LA SEMANA DE CUARENTA HORAS? Publicado en El Sur 9 de julio de 2024 Saúl Escobar Toledo El día de mañana, jueves 11 de julio, la presidenta electa anunciará el nombre de la persona que ocupará el cargo de secretario (a) del Trabajo, entre otras designaciones de su gabinete. Esperamos que en dicha ocasión se comente la propuesta de reducir la jornada laboral. Como es de dominio público, existe ya una iniciativa para modificar la Constitución y que la jornada legal máxima sea de 40 horas a la semana. Hay que recordar que ya se llevaron a cabo diversos foros para discutir el tema en el Congreso en el que participaron empresarios, dirigentes sindicales y académicos especialistas en el tema. El asunto es de la mayor importancia, en primer lugar, porque se trata de una recomendación de organismos como la OCDE y la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que consideran necesario “estandarizar las prácticas laborales internacionales” y, especialmente, “proteger la salud de los trabajadores, reduciendo los riesgos de accidentes”, según el reportaje de Bloomberg (06072024). Como se ha demostrado en distintas ocasiones y por diferentes voces, las jornadas en México son muy prolongadas. De acuerdo con datos de la OIT la media de horas semanales trabajadas por persona empleada es más alta en Colombia (44.2), México (43.7) y Perú (43.1); y más reducida en Uruguay (37.3); Argentina (37) y Panamá (36.2). En países como Chile y Colombia se está llevando a cabo una reducción de la jornada de manera gradual. En el primer caso, la jornada de 40 horas se alcanzará en 2028; y en el segundo, una jornada de 42 horas en 2026. En Brasil, además, se están implementado proyectos piloto gracias a los cuales algunas empresas han reducido la semana laboral de cinco a cuatro días con resultados positivos: un 44 por ciento de las empresas participantes tuvo una mejora en su desempeño productivo. En Europa y Estados Unidos desde hace años, se ha generalizado la jornada de 40 horas e incluso en algunos países como Bélgica la jornada máxima es de 38 horas y en Francia de 35 horas. Así las cosas, no cabe duda de que México debe reducir su jornada legal de trabajo y sumarse a las naciones que ya lo hicieron o están en ese camino. La iniciativa ha tenido el respaldo casi unánime de las organizaciones sindicales incluyendo la CTM, la CROM y los sindicatos independientes (UNT y Nueva Central); también el PRI ha manifestado su apoyo. Sin embargo, su aprobación se ha detenido por la oposición de la representación patronal. Varios problemas han señalado: en primer lugar, el aumento de costo de la mano de obra debido fundamentalmente a los incrementos de los salarios mínimos; el número de días de vacaciones pagadas; la aportación patronal al fondo de pensiones manejadas por las AFOREs; el monto de las utilidades pagadas; y la menor subcontratación de trabajadores. Estas cargas adicionales dicen, han afectado sobre todo a la pequeña y mediana empresa. Otra razón que se ha esgrimido se refiere a la productividad. Argumentan que los índices de productividad en México (y en América Latina) son muy bajos en comparación con Europa y Estados Unidos. No obstante, como hemos visto, otros países latinoamericanos ya han reducido su jornada laboral. Desde luego, el debate acerca de la productividad es complejo. Su evolución tiene que ver con la tasa de inversión y el desarrollo tecnológico. Pero, en las economías menos desarrolladas, también está relacionada con el tamaño del sector informal y el predominio de micro y pequeñas empresas. Se supone que en estos establecimientos la productividad crece a un ritmo menor que las medianas y grandes. Un factor adicional, menos reconocido, es la resistencia obrera, es decir, la capacidad de negociación de los sindicatos con los patrones, y la negativa de los trabajadores a ocupar puestos mal pagados o con jornadas excesivas. Según el informe de la OIT, Perspectivas sociales y del empleo en el mundo Tendencias 2024, “las tasas mundiales de inversión se han recuperado sensiblemente desde la crisis mundial de 2007 y han seguido al alza durante la pandemia”. Sin embargo, dice la OIT, “el crecimiento de la productividad ha sido bajo en las economías avanzadas y se ha concentrado en un reducido número de empresas” Al mismo tiempo, advierte que en las economías avanzadas y en algunas economías emergentes se ha presentado una “escasez de mano de obra y de profesionales calificados” en trabajos de cuidado, transportes y comercio, así como en la industria manufacturera, la construcción y la TIC ( tecnologías de la información y las comunicaciones). Ello se debe a “malas condiciones laborales en estos sectores” y a la ausencia de trabajadores calificados. Se produce de esta manera un círculo vicioso: al disminuir la productividad, las empresas no pueden ofrecer mejores salarios, lo que a su vez lleva a un exceso de puestos vacantes que dificulta el aumento de la productividad sobre todo si esas plazas no ocupadas exigen mano de obra mejor preparada y con salarios más elevados. Según datos de la OIT, la productividad en México (medida como el valor de la producción del PIB en dólares constantes comparables a nivel internacional de 2017 por hora trabajada) disminuyó de 21.1 en 2014 a 20.6 en 2024 aunque hay que tomar en cuenta el efecto de la pandemia pues en 2021 bajó hasta 20.4. Un fenómeno similar sucedió en Brasil: el indicador bajó de 17.2 en 2014 a 16.7 en 2022 aunque aumento luego a 17 en 2023. El promedio en estos once años fue de 17.1 para Brasil y de 20.8 para México. En resumen, la productividad ha sido más elevada en México que en Brasil y así se ha mantenido en los últimos años a pesar de altas y bajas en ambos países. De acuerdo con esos datos, México tiene un nivel de productividad relativamente elevado, aunque se ha estancado en los últimos años. En estas condiciones, la reducción de la jornada en México puede ser un factor positivo para que la inversión se destine a aumentar la productividad y para atraer fuerza de trabajo en puestos laborales en los que los empresarios se han quejado de escasez. Además, podrían apoyarse en una mayor capacitación de la mano de obra. Se produciría así un círculo virtuoso en el que todos salen ganando: los trabajadores y las empresas. Lo anterior también ayudaría a reducir la informalidad. Para ello, un sindicalismo activo puede jugar un papel en la negociación contractual que promueva una mejor capacitación de la fuerza de trabajo y mejores condiciones laborales incluyendo la reducción de jornadas excesivamente prolongadas. Como señala el reportaje de Bloomberg, de acuerdo con un experto consultado, “Los países con jornadas laborales extensas cuentan con menores índices de productividad por hora y, por tanto, reducir las horas de trabajo obliga a las organizaciones a ser más eficientes… y a los trabajadores a ser más productivos”. Lo anterior cobra mayor importancia si consideramos que, debido al “nearshoring” se esperan nuevas inversiones extranjeras en México, principalmente en la rama manufacturera de exportación. Ahora bien, en lo que toca a la pequeña y mediana empresa, la reducción de la jornada podría ser gradual para que estos establecimientos tengan tiempo para ajustar los horarios de servicios al cliente en el caso de los establecimientos del sector servicios como restaurantes, comercios y hoteles. En la industria manufacturera la pequeña y mediana empresa podría recurrir a financiamiento de la banca de desarrollo. En conclusión, la disminución legal de las horas de trabajo en México es posible, como lo muestran las experiencias internacionales, y, además, necesaria para propiciar un crecimiento más productivo si además se acompaña de otras medidas de política industrial. El próximo gobierno tiene la oportunidad de conducir al país hacia un desarrollo más incluyente y próspero. La reducción de la jornada es una medida oportuna e indispensable para lograrlo. Esperamos que, en los próximos días, haya un claro pronunciamiento al respecto. saulescobar.blogspot.com

Las deudas públicas en el mundo en 2023.

Un mundo de deudas Saúl Escobar Toledo Un informe recientemente publicado por las UNCTAD, organismo de las Naciones Unidas para el comercio y el desarrollo, ha dado la voz de alarma: las deudas públicas tanto internas como externas de los gobiernos de todo el mundo han tenido un aumento sin precedentes. En 2023 alcanzaron un máximo histórico de 97 billones de dólares, lo que representó un aumento de 5.6 billones con relación al año anterior. La deuda pública global casi se duplicó entre 2010 y 2023, pero su incremento más notable ocurrió entre 2015 y 2018 y sobre todo en los años de la pandemia, desde 2020 hasta la fecha. En esos trece años, los pasivos de los países en desarrollo crecieron dos veces más rápido que los de los más desarrollados. Ahora representan el 30 por ciento de la deuda global, con un monto de 29 billones de dólares. De ese total, tres cuartas partes pertenece a naciones de Asia y Oceanía; 17 por ciento a países latinoamericanos; y sólo 7 por ciento a África. Sin embargo, el problema es especialmente grave en este continente. Más importante que el monto: en conjunto, las naciones en desarrollo pagaron 847 mil millones de dólares en intereses en 2023, 26% más que en 2021. Las tasas de interés que tuvieron que pagar en el mercado internacional fueron entre dos y cuatro veces más altas que las erogadas por Estados Unidos y entre seis y doce veces superiores a las de Alemania. Este costo tan oneroso y que se eleva cada día más, está afectando las finanzas de los países en desarrollo. La mitad de ellos destinan al menos un 8 por ciento de todos sus ingresos para sufragar el servicio de la deuda. Peor aún, 54 naciones, principalmente africanas, tuvieron que dedicar 10% de sus ingresos a este propósito. Según el informe, 3 300 millones de personas residen en países donde el pago de intereses supera el gasto en educación o salud (un resumen en español del informe está disponible en https://news.un.org.) Así, el problema de la deuda a nivel mundial reside en los recursos que se tienen que destinar para su pago. Según el Banco Mundial, esos pagos, están aumentando los riesgos de un estancamiento económico de largo plazo “particularmente devastador para las economías más pobres donde la reducción de la indigencia se ha detenido”. Para entender mejor este asunto hay que aclarar que el aumento de las deudas no es la causa de la crisis sino su efecto. Frecuentemente se utiliza la relación Deuda/PIB como un indicador importante para evaluar el peso de la deuda pública. Sin embargo, hay que señalar como o hacen los profesores Jomo K. Sundaram y Ndongo Samba Sylla que dicho parámetro debe verse con cautela ya que la deuda acumulada es un stock (un activo) y el PIB un flujo de tal manera que, si la deuda se utiliza para impulsar el crecimiento mediante obras de infraestructura, esa relación puede disminuir. Por otro lado, también debe tomarse en cuenta que la deuda pública es más sustentable si se contrata en moneda local. El problema se agrava si, por el contrario, se toma deuda en moneda extranjera que es lo que sucede frecuentemente en las economías menos desarrolladas. En estos casos, las condiciones de pago pueden alterarse drásticamente en su perjuicio. En cambio, los países desarrollados tienen deudas sobre todo en monedas locales. Esa diferencia lleva a que las naciones menos desarrolladas sean más vulnerables. Y es que la mayoría de las economías en desarrollo reciben ayuda y flujos financieros insuficientes y un acceso limitado a los recursos de las instituciones multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y otros bancos regionales. Por ello, tienen que recurrir cada vez más a préstamos en condiciones muy onerosas en los mercados financieros internacionales lo que ha provocado una estructura de su deuda mas perjudicial. En una palabra, los problemas crónicos de los países en desarrollo para pagar su deuda y las crisis que provocan son manifestaciones de un sistema económico y financiero desigual e injusto. El informe de la ONU propone un plan de reformas para hacer frente a la crisis de la deuda que incluye tres medidas principales: inyecciones de liquidez (préstamos de emergencia sin intereses por ejemplo en Derechos Especiales de Giro), reestructuración de la deuda soberana (para lograr plazos de pago más amplios), y reducción del costo de los préstamos a largo plazo para las economías en desarrollo. Lo anterior supone un conjunto de cambios en el sistema financiero mundial incluyendo el papel del FMI y del Banco Mundial. Aunque la ONU ha convocado a algunas reuniones para discutir el asunto, parece que los cambios no se van a ver en el corto plazo. Así, está prevista una reunión en España en 2025 en la que se espera avanzar en soluciones para ayudar a las naciones más necesitadas y en propuestas que lleven a un modelo de financiamiento internacional más justo. Mientras tanto, muchos países, en África y en otros continentes, seguirán sufriendo el problema de la deuda que se manifiestan en presupuestos muy reducidos en renglones cruciales para potenciar su crecimiento y mejorar el nivel de vida de su población. En México, según la SHCP, al primer trimestre de 2024, la deuda pública representaba el 45.5% del PIB con un monto equivalente a 15.4 billones de pesos. Se estima que a final del año será de 17 billones de pesos, un aumento de casi 15 por ciento con relación a 2023. Hacienda calcula que ello significará casi el 48% % del PIB. La deuda externa neta alcanzó en marzo de 2024, los 220 mil millones de dólares, aunque representa sólo un 24% del total; el resto, está en moneda nacional. Tuvo un aumento de 7 mil millones de dólares respecto a diciembre de 2023. Según Hacienda, en el primer trimestre de este año, se destinaron casi 110 mil millones de pesos (mmp) al costo financiero de la deuda externa, lo que representó una disminución de 16.4% con relación al mismo periodo del año pasado gracias a las operaciones de refinanciamiento del gobierno mexicano. Por su lado, ese mismo costo financiero en la deuda contratada en pesos fue de más de 234 mmp, 11.5% mayor en comparación anual. En conjunto, la deuda tanto en moneda nacional como extranjera tuvo un aumento de 0.8% debido al aumento de las tasas de interés. El costo financiero previsto tanto para la deuda interna como externa es de más de 300 mil millones de pesos, un 15 por ciento superior a lo ocurrido en 2023. En resumen, la deuda pública mexicana ha conocido una menor dependencia del extranjero, pero su costo ha seguido aumentando. México no está en una situación de emergencia como otros países, sin embargo, está distrayendo una importante cantidad de recursos para el servicio de su deuda pública, situación que se ha agravado debido a la persistencia de altas tasas de interés. El Banco de México no se decide a bajarlas sobre todo porque éstas tampoco han conocido una reducción en Estados Unidos. De esta manera, sus efectos se trasmiten no sólo a la deuda en moneda extranjera sino también en pesos. Para concluir, se puede afirmar que la crisis de la deuda, señalada por la ONU-UNCTAD, seguirá causando estragos en las finanzas públicas de muchos países, particularmente de los más pobres. No obstante, en México, aunque en menor medida, el problema existe: aquí el costo y el monto de la deuda pública siguen creciendo y distrayendo recursos para otros gastos importantes. A nivel mundial, además de los estragos señalados, si no se encuentra una solución a corto plazo, esta crisis puede detonar una cadena de moratorias o suspensión de pagos de la deuda púbica que afectaría al mundo entero. Ahí está el caso de Sri Lanka, una nación de 22 millones de habitantes que en mayo de 2022 suspendió el servicio de su deuda de 51 mil millones de dólares. La ONU ha dado un grito de atención. ¿Habrá soluciones efectivas y prontas antes de que sea demasiado tarde? saulescobar.blogspot.com