Nuevas reformas en la política de vivienda : el INFONAVIT

Reformas al INFONAVIT: Nuevos propósitos, riesgos persistentes Saúl Escobar Toledo Las nuevas disposiciones de la ley del INFONAVIT (Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda de los Trabajadores) , aprobadas el pasado viernes 14 de febrero por la Cámara de Senadores tras su paso por la de Diputados, representan algunos avances en materia de política de vivienda que deben subrayarse. Nos referiremos a dos en particular, para después advertir algunos riesgos. Una primera novedad consiste en que “Al cumplir un año de cotización continua, las personas trabajadoras derechohabientes… tendrán el derecho de participar en el programa de arrendamiento social de vivienda construida o administrada por el Instituto… y a participar en los programas de opción de compra de dichas viviendas”. Y agrega en el artículo 51 ter que “El monto de las rentas a cargo de las personas trabajadoras derechohabientes… deberá determinarse (con) criterios sociales, sin fines de lucro o especulación comercial y considerando el nivel salarial de las personas trabajadoras derechohabientes, debiendo ser suficiente para que el Instituto cubra el pago del impuesto predial y los derechos de agua…”. La posibilidad de arrendar una habitación puede ayudar a resolver el acceso a esta prestación de las personas de menores recursos o que aún no cuentan con fondos suficientes para pedir un crédito debido a sus escasos años de cotización, es decir, sobre todo las más jóvenes. La segunda cuestión que merece destacarse, más polémica, es que ahora el INFONAVIT, de acuerdo con los artículos 3 y 42 de la ley aprobada podrá “construir viviendas (en terrenos propiedad del Instituto), para lo cual constituirá una empresa filial en términos de la legislación mercantil”; para ello podrá destinar los recursos bajo su patrimonio, es decir las aportaciones de los patrones al Fondo de vivienda que administra el Instituto. El objetivo, señaló el gobierno, es abatir el déficit en esta materia con la construcción de un millón de viviendas. La mitad de ellas, 500 mil, a cargo del INFONAVIT con una inversión de 288 mil millones de pesos. La parte restante, otro medio millón, será levantada por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), destinadas principalmente a las personas trabajadoras que no están afiliadas al INFONAVIT o FOVISSSTE y que laboran en condiciones de informalidad. Se trata, subrayó la presidenta Sheinbaum de ofrecer “vivienda a quien más lo necesita, a bajo costo y particularmente para las y los jóvenes”. En el caso del INFONAVIT, la empresa constructora prevista en la ley servirá para “disminuir costos e incrementar la capacidad de construcción” de nuevas moradas. Los dos pilares de la reforma del INFONAVIT: la modalidad de arrendamiento y la creación de una nueva empresa “filial” pueden ayudar a resolver los graves problemas que arrastramos desde hace décadas. No obstante, las críticas se han centrado más bien en la misión constructora del Instituto, aduciendo que se están poniendo en peligro los ahorros de los trabajadores. Debe señalarse que hay algunos candados que pueden ayudar a una administración racional, transparente y efectiva de esos recursos. En primer lugar, la ley señala que “Las aportaciones de personas empleadoras a las subcuentas de vivienda son patrimonio de las personas trabajadoras y en su conjunto conformarán el Fondo Nacional de la Vivienda.” Esto quiere decir cualquier trabajador puede reclamar su fondo con los intereses correspondientes cuando se jubile, o solicitar un crédito. El INFONAVIT no podrá negarle al trabajador sus recursos acumulados para uno u otro fin. Al mismo tiempo señala que se trata de un Fondo, es decir que la Institución puede hacer uso de los recursos de los trabajadores para invertirlos en la construcción o reparación de viviendas, ahora mediante una empresa filial. El problema entonces no radica en una supuesta expropiación del dinero de la cuenta individual de cada trabajador, sino en el manejo y el destino de las inversiones que se proponen realizar. Para tratar de garantizar lo anterior, se disponen dos mecanismos fundamentales: por un lado, la intervención de la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional de la Banca y de Valores, las cuales emitirán un conjunto de normas para regular, supervisar y vigilar “las operaciones de crédito que celebre el Instituto con las personas trabajadoras”. Además, se faculta a la Auditoria Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados, para fiscalizar al INFONAVIT. Por otro lado, se establece la vigilancia y supervisión de la administración del Instituto, así como de la implementación de sus proyectos de arrendamiento y construcción de viviendas mediante diversas instancias: la Asamblea General; el Consejo de Administración; la Comisión de Vigilancia; el Comité de Auditoría; y el Comité de Transparencia. Estos organismos serán tripartitos, es decir, tendrán igual número de miembros de los representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno. Sin embargo, faltan los detalles, los cuales resultarán de gran importancia. Se da un plazo de 30 días naturales para que el director del INFONAVIT realice los “los actos necesarios” para la constitución de la empresa filial referida; 180 días para que la Asamblea General y el Consejo de Administración expidan las políticas y reglas conforme a las cuales se otorgarán viviendas en arrendamiento social; y 90 días hábiles para que la SHCP y la CNBV emitan las disposiciones en materia de crédito que serán aplicables. Finalmente, se otorgan quince días naturales para que la Secretaría del Trabajo determine las bases para elegir a los representantes de los trabajadores y los empleadores a la Asamblea General del Instituto. Todas estos faltantes podrán darnos, próximamente, un panorama más completo acerca de las nuevas políticas en la materia y si, efectivamente, no se pondrán en riesgo los fondos de los trabajadores. Igualmente, habrá que ver si la elección de los representantes de los trabajadores no vuelve a recaer en las mismas organizaciones y, lo que sería aún más penoso, en las mismas personas que han avalado, protegido o participado en el diseño de políticas equivocadas y en diversas corruptelas. Lo más importante será observar si la reforma irá en la dirección correcta para construir viviendas de calidad. Entendiendo por esto último su material, dimensiones, funcionalidad y, muy especialmente, su ubicación y entorno. En el pasado, particularmente en los sexenios de Fox y Calderón, la vivienda financiada por el INFONAVIT se construyó en zonas aisladas, sin servicios y con serios defectos estructurales. Todo ello llevó a que millones de ellas se dejaran sin ocupación. Hasta ahora, según el gobierno, hay todavía más de 600 mil viviendas abandonadas. No obstante, para un puñado de compañías privadas resultó un buen negocio (aunque también hubo algunas quiebras). Fue, sin duda, un enorme fracaso. Para evitar esos errores, se requiere no sólo de las nuevas disposiciones contenidas en la ley. Asimismo, como ha señalado la UNAM en su contribución al Plan Nacional de Desarrollo (pued.unam.mx), “resulta indispensable una Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial que reconozca que el crecimiento urbano ha impactado territorios agrícolas o de alto valor ambiental, y que el proceso de urbanización ha favorecido el crecimiento económico a costa de una mayor desigualdad entre regiones y la degradación de los ecosistemas”. Por lo anterior, recomienda un plan que, entre otras cosas, ponga como eje articulador de la estrategia a las ciudades medias. Se requiere, añade, corregir el patrón de crecimiento urbano que favorece las concentraciones metropolitanas con altos impactos ambientales y sociales. Construir vivienda sin una visión integral y de largo plazo del territorio nacional puede conducirnos a nuevos errores monumentales y a serias afectaciones a la calidad de vida de las personas. El flamante director del Instituto y los representantes de los obreros y patrones que resulten electos deberían tomar en cuenta esta perspectiva y abrir un amplio y serio debate acerca de este asunto. saulescobar.blogspot.com

México y Estados Unidos con Trump: pleito y acuerdos

¿Más vale un mal acuerdo que un buen pleito? (10022025) Saúl Escobar Toledo El lunes pasado, 3 de febrero, se anunció un acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México que suspendió “por un mes” el aumento de los aranceles anunciado por el presidente Trump. Dicho arreglo supongo, obedeció a un razonamiento que frecuentemente recomiendan los abogados: “mas vale un mal acuerdo que un buen pleito”. Para Trump, el precio que tuvo que pagar fue echarse para atrás de una amenaza reiterada desde el principio de su mandato. Se exhibió ante el mundo como un gobernante chantajista que, sin embargo, tuvo que ceder ante la presión, fundamentalmente, de diversos sectores empresariales de su país que advirtieron el enorme costo que suponía para la economía estadounidense la imposición de los aranceles. Se ha dicho que Trump buscaba básicamente tres objetivos: proteger a la industria manufacturera e incitar a los inversionistas a regresar a EU; aumentar los recursos del gobierno para compensar la disminución de los impuestos; y utilizar ese instrumento para presionar políticamente a otras naciones para aplicar políticas relacionadas básicamente con el flujo de drogas e inmigrantes. Sólo logró, con Canadá y México, pactar acuerdos en este último aspecto. Los otros dos quedaron, por lo pronto, relegados y sujetos a negociación. De esta manera, el mandatario estadounidense quedo exhibido como una persona que actúa sin tener conocimiento de las consecuencias de sus actos. No obstante, las amenazas para emprender una guerra comercial pueden repetirse en cualquier momento. Canadá por su parte, al igual que nuestro país, ganó tiempo para negociar y tratar de evitar las consecuencias económicas de los aranceles, pero cedió en el caso de las drogas con fuertes medidas como la vigilancia reforzada en la frontera, incluyendo un llamado “zar del fentanilo” que hará una lista de los carteles “terroristas” para asegurar la vigilancia de la narcotráfico y encabezará una fuerza conjunta con EU para combatir al crimen organizado y el lavado de dinero. México como se sabe tuvo que ceder también en este asunto con la promesa de desplegar 10 mil soldados en la frontera. Sin embargo, ya no se dijo nada de las acusaciones de que el gobierno mexicano tiene “alianzas intolerables con los carteles”. Al contrario, Trump reconoció que puede llegar a acuerdos con la presidenta Sheinbaum. El costo para nuestro país será alto pues el despliegue de las fuerzas militares se utilizará principalmente para detener a los migrantes mexicanos y de otras nacionalidades, con peligrosas consecuencias en materia de derechos humanos. Se convierte, así, de nueva cuenta en el guardián, al servicio de EU, contra las personas que desean llegar a esa nación. Así las cosas, los tres gobiernos ganaron y perdieron en la negociación. Un arreglo que puede durar un tiempo por ahora indeterminado y con resultados inciertos para todas las partes involucradas. No obstante, hay que reconocer como lo han hecho los empresarios mexicanos y estadounidenses que la presidenta actuó, dadas las circunstancias, con inteligencia y logró, por lo pronto, suspender los famosos aranceles. El gobierno mexicano entiende que uno de los problemas más serios en la relación con EU consiste en frenar el tráfico de fentanilo y combatir a los carteles del crimen organizado. Argumenta, con razón, que dicha tarea tiene que contar con la colaboración respetuosa de su vecino del norte por lo menos en un asunto toral: el tráfico de armas. Según la presidenta, Trump aceptó abordar este problema, aunque el comunicado oficial del jefe de la Casa Blanca no dice nada a este respecto. Para lograr avances significativos en estos asuntos se requiere una estrategia conjunta, integral, y sin medidas de fuerza dictadas unilateralmente por Washington. No está claro si EU ayudará eficazmente, estorbará para empeorar las cosas, o se limitará a declaraciones estridentes que no resolverán nada o casi nada. Por lo pronto, y a reserva de que haya resultados en la mesa de negociación, nuestro gobierno tendrá que dar resultados más palpables. Resolver el problema de la inseguridad, la violencia y el control del crimen organizado en algunas porciones del territorio nacional es fundamental para que México logre un mejor bienestar, en todos aspectos, de la población mexicana. En cuanto a la migración, el gobierno parece no tener otras alternativas que las ya expuestas: proteger a los mexicanos residentes en EU con los consulados; llevar a cabo programas de ayuda a los deportados; fortalecer el programa de refugiados; y tratar de demostrar que los trabajadores mexicanos en EU aportan significativamente a la economía de aquel país. Las protestas y ausencias de trabajadores migrantes en ciertas actividades importantes que se han presentado ya en algunas ciudades son de gran relevancia. Sin embargo, al mismo tiempo, es posible México tenga que aceptar nuevas concesiones y la disminución de las remesas que llegan a las familias mexicanas. Finalmente, en el terreno económico, ante la política agresiva de EU, han surgido voces que reclaman un “cambio de modelo” que incluya la diversificación de nuestros socios comerciales y hasta un acercamiento mayor a China. Igualmente, un plan de sustitución de importaciones y atraer inversiones que vayan más allá de la maquila y promuevan actividades de alta tecnología y mayor valor agregado. El gobierno ha respondido que el Plan México va en esta dirección, pero sigue insistiendo en que su estrategia consiste en mantener y fortalecer la integración de Norteamérica, es decir, incluyendo a Canadá y Estados Unidos. Ello supone mantener al país dentro del TMEC, aceptar su revisión y negociar lo mejor que se pueda esa relación comercial. No está en sus planes alejarse de EU. Al contrario, su proyecto consiste en hacer más productiva esa alianza “para competir mejor con China”. A largo plazo, es indispensable construir una política industrial y comercial más beneficiosa para México. A corto plazo, no obstante, el gobierno mexicano entiende que la integración de Norteamérica es indispensable para el desarrollo de nuestra economía. Ante ello, no obstante, hay cosas que se pueden y deben hacerse, como mantener y fortalecer la política salarial y de protección a los derechos laborales; y revisar su política de gasto para invertir más y mejor en infraestructura productiva y en servicios esenciales para la población en salud, educación, transporte, vivienda y otros rubros. Para lo anterior, como se ha dicho, habrá que seguir insistiendo en una reforma fiscal progresista. Sin embargo, el presupuesto recesivo acordado para este año no ayudará mucho a conseguir estas metas. Todo esto tiene que ser revisado y, al mismo tiempo, prepararse ante la incertidumbre mundial: nuevas medidas irracionales de EU; conflictos armados en algunas regiones del mundo; y la guerra comercial con China que se ha recrudecido en los últimos días. Tareas complejas que requerirán no sólo del apoyo de los empresarios. También del conjunto de la sociedad Por lo pronto, tendremos que enfrentar al gobierno de Estados Unidos, manejado por un grupo con contradicciones internas, que actúa caprichosamente y que puede causar “grandes dolores”, como dijo Trump. Un gobierno que parece guiarse casi exclusivamente por los intereses de una plutocracia y el afán de demostrar a sus votantes que puede remediar supuestos males que aquejan a su país como la migración indocumentada y el consumo de drogas. Las declaraciones que revelan un afán expansionista en el mundo como apropiarse de Groenlandia y el Canal de Panamá, o barrer a la población palestina de su territorio no se han traducido en acciones. No obstante, la impunidad y el poder de Trump, con las que hasta ahora cuenta de manera casi absoluta, podría derivar en acciones militares de graves consecuencias. El mundo observa con azoro, confusión y miedo a Washington. No obstante, el magnate ya dio marcha atrás, aunque sea momentáneamente, a la imposición de aranceles a Canadá y México, lo que podría demostrar que en el futuro próximo la distancia entre el discurso amenazante y las acciones que tome realmente pueden ser más evidentes. No hay que confiar en ello; tampoco descartarlo. Mientras tanto, sigue siendo válida la estrategia que reza: “lo mejor es prepararse para lo peor”. ¿Confuso? Reclamen a Trump y su equipo de gobierno. saulescobar.blogspot.com

Propuestas: una política salarial para México

Tres propuestas de política salarial para el Plan Nacional de Desarrollo PND (21012025) Saúl Escobar Toledo El sábado pasado, 18 de enero, se llevó a cabo un foro de consulta para el Plan Nacional de Desarrollo acerca del tema “Sector Trabajo y Previsión Social”. Fui invitado a presentar una ponencia en la Mesa correspondiente a la política salarial. A continuación, para los lectores de El Sur, ofrezco un resumen del texto que expuse en esa ocasión. El cambio que se ha operado en materia de política salarial ha beneficiado al país y en especial a los trabajadores de menores ingresos. En los últimos siete años los salarios mínimos aumentaron constantemente por encima de la inflación. Junto a ello, otras reformas en materia laboral permitieron: -Disminuir la pobreza laboral; mejorar la distribución del ingreso entre capital y trabajo; y, algo que no se ha destacado mucho, aumentar la masa salarial: entre 2019 (IT) – 2024 (IIIT) en casi 34 por ciento; para ilustrar esta cifra basta mencionar que entre 2010 y 2017 creció solamente en 1.4%. Este incremento sirvió para estimular el consumo final y la expansión de la economía nacional a pesar de las políticas de austeridad; la pandemia; y el alza en las tasas de interés. Sin embargo, las revisiones de los salarios contractuales han sido mucho menores. En 2024, según la Secretaría del Trabajo, éstos tuvieron su mejor crecimiento en las últimas dos décadas: 7 por ciento nominal y 2.2% por encima de la inflación . Estas transformaciones no se han traducido en una mudanza estructural. El 54 por ciento de la población ocupada se mantiene en la informalidad. Por su parte, en lo que toca solamente a los trabajadores subordinados y remunerados, el 42 por ciento no tenía acceso a las instituciones de salud y el 41 por ciento carecía de un contrato escrito. Igualmente, hay que tomar en cuenta la persistencia de brechas laborales, particularmente entre regiones, géneros, grupos etarios, la ciudad y el campo, y trabajadores de empresas privadas y públicas. Reconocemos la labor desempeñada por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI). Ha sido valiosa para elaborar los estudios técnicos y lograr los acuerdos necesarios para hacer realidad el cambio que reclamaba el país desde hace casi cuatro décadas. Dicho lo anterior, consideramos que es necesario seguir fortaleciendo la política salarial y lograr las metas propuesta por el Gobierno de la República. Para ello, ponemos a discusión los siguientes asuntos: El primero se refiere al MIR (Monto independiente de Recuperación). La CONASAMI ha anunciado los aumentos a los mínimos fijando dos cantidades, una en pesos, el llamado MIR, y otro en porcentaje. Los empleadores han tratado de presionar a los trabajadores para aceptar un tope salarial tomando el incremento más pequeño de ambos tramos, según denuncias hechas por diversos representantes sindicales. Por lo anterior, este mecanismo no ha sido positivo para los trabajadores y además ofrece señales poco claras. De ahí la necesidad de abandonar esta fórmula y anunciar simplemente un porcentaje único como de hecho lo hace incluso el gobierno para explicar su política salarial. Segundo, el subsidio al empleo. El 1º de mayo de 2024, fueron publicadas en el DOF nuevas reglas para determinar este subsidio para los trabajadores asalariados y se fijó un límite máximo mensual de $9,081.00. Sin embargo, es importante precisar que dicha cantidad considera el salario nominal y las prestaciones señaladas por la Ley. El pasado 31 de diciembre de 2024 se publicó otro decreto y la cantidad exenta pasó de los $9,081.00 a $10,171.00 mensuales, es decir, hasta 1.2 veces el salario mínimo. Considero que el subsidio debe ser mayor. En primer lugar, se debería revisar la exclusión de las prestaciones. Su inclusión afecta las negociaciones y logros de las revisiones contractuales que se llevan a cabo cada dos años por lo menos. Se opone a las reformas 2017-2019 en materia de democracia sindical y representación legítima de la contratación colectiva y a lo señalado en el capítulo laboral del TMEC. Una discusión y análisis más detallado podría arrojarnos distintas opciones para evitar abusos y favorecer a los ingresos más elevados. También convendría revisar este subsidio para proteger a un número mayor de trabajadores. Por ejemplo, se podría fijar como límite dos y media canastas básicas (meta del gobierno actual) lo que llevaría a un aumento de este subsidio en alrededor del 14 por ciento. Otra posibilidad consistiría en elevar este alivio hasta dos salarios mínimos (en comparación al 1.2 para este año); un incremento considerable de poco más de 64%. Sin embargo, beneficiaría a 30 millones de trabajadores, es decir, el 75 por ciento del total de personas asalariadas y subordinadas. Revisar este subsidio serviría de base para iniciar una reforma fiscal, particularmente en materia de ISR, que beneficiaría a las personas de menores ingresos y gravaría más, sobre todo, al uno por ciento más favorecido de la población que aporta, comparativamente, muy poco al fisco. Tercera propuesta. Modificar la toma de decisiones para aumentar los mínimos. Para ello, recojo diversos proyectos de reformas a la Constitución y a la LFT elaborados hace algunos años. En particular, el que se propuso en 2002, avalado por algunos diputados del PRD, el PAN y el PRI que se señalaba que “la decisión de fijar los montos de los salarios mínimos sea una facultad… de la Cámara de Diputados…”. Asimismo, se propuso crear “un organismo autónomo, descentralizado del Estado, denominado Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades (INSMPRU), el cual tendrá a su cargo realizar los estudios para las organizaciones patronales y obreras, y a la Cámara de Diputados, para justificar el incremento de los mínimos… (y) el porcentaje de utilidades repartible”. Para tales efectos, se requeriría modificar, entre otros, los artículos 74 y 78 constitucionales. Vale la pena recordar que, de acuerdo con la OIT, los distintos países del mundo se han dado básicamente tres formas para acordar los aumentos a los salarios mínimos. 1.- Por los gobiernos nacionales— el presidente, primer ministro o el ministerio de trabajo — previa consulta con los interlocutores sociales. 2.- En otros países, el salario mínimo se fija por un órgano tripartito con la representación de las organizaciones sindicales, patronales, y el gobierno. Así ocurre (con sus particularidades) en Costa Rica, Perú y México. 3.- En Estados Unidos, Brasil y Alemania es el Congreso el que toma la decisión final después de consultar a los empleadores y los trabajadores. La propuesta de que sea la Cámara de Diputados la que sancione finalmente los aumentos a los salarios mínimos no pretende eliminar ni el diálogo social ni los estudios correspondientes, labores que desempeña actualmente la CONASAMI. Más bien se propone fortalecer estas funciones y, al mismo tiempo : -Hacer compatible la política económica y en particular el presupuesto de egresos y la Ley de Ingresos de la Federación con las metas de recuperación de los salarios mínimos. -Expedir una ley con metas anuales, bianuales o multianuales -Los aumentos salariales de los trabajadores del “apartado B”, deben ser considerados tomando en cuenta los aumentos al mínimo. -La democratización de la representación sindical en la CNSM es indispensable, pero las consultas podrían abrirse a otros interlocutores sociales. -La desaparición de CONEVAL debe ser reparada no sólo por las funciones que pueda absorber el INEGI. También por un fortalecimiento de las capacidades de la CONASAMI o, en su caso, el nuevo Instituto que se propone, el INSMPRU. Finalmente, ayudaría a asegurar que se cumpla con el mandato de la Constitución, es decir que sea “suficiente para cubrir las necesidades de un jefe de familia”, e igualmente a que, como dice la enmienda más reciente, sea superior a la inflación del año anterior. En realidad, esta reforma ya dicta de manera general un monto obligatorio. Además, dado que será necesario incorporar este mandato en la Ley Federal del Trabajo, dicho procedimiento legislativo puede ser la ocasión propicia para revisar este asunto. saulescobar.blogspot.com

Gringos "idiotas"

Gringos “idiotas” Saúl Escobar Toledo El profesor de economía de la Universidad de California en Berkeley, Bradford DeLong, es un respetable autor de varios libros y numerosos ensayos. Fue, también, asesor del departamento del tesoro de Estados Unidos en tiempo del presidente Clinton. Poco antes de la navidad del año pasado publicó en la revista digital Project Syndicate un artículo titulado “American idiots”. En dicho escrito, el profesor DeLong criticó, con esos calificativos, a los futuros presidente y vicepresidente Trump y Vance, y particularmente a su asesor Elon Musk, por haber intentado frenar un acuerdo bipartidista del Congreso de Estados Unidos para aprobar el presupuesto del gobierno. DeLong consideró que ese episodio mostró “a la perfección” lo que le espera a ese país y al mundo cuando Trump asuma su cargo en los próximos días: un estilo de gobierno disfuncional, basado en mentiras y amenazas con quienes se oponen a sus propuestas (incluyendo a los legisladores republicanos). Advirtió además que los mensajes de Musk en su red X (antes Twitter) mostraron una enorme ignorancia e hizo suya la opinión de otro distinguido economista, Paul Krugman (premio Nobel de economía) quien afirmó que esas personas “harán un inmenso daño” intentando gobernar con base en falsedades al punto que actúan “como si estuvieran drogados con sus propias mentiras”. De Long y Krugman son economistas distinguidos dentro y fuera de su país, más allá de la crítica que se puede hacer a sus ideas. No se trata de un par de radicales irresponsables que hacen comentarios a la ligera. Hay, pues, que tomar en serio sus advertencias. El temor a una probable disfuncionalidad del próximo gobierno de EU se acrecentó con la violenta discusión que tuvo lugar también al final del año pasado, entre dos facciones del grupo gobernante. Según una crónica de Heather Cox, publicada en un portal digital, se enfrentaron, de un lado, los seguidores ultranacionalistas de Trump que se identifican plenamente con el lema MAGA (Make America Great Again), los cuales defienden la supremacía blanca cristiana, son feroces antinmigrantes y consideran que la protección de los derechos humanos a los extranjeros que radican en su territorio, a las minorías étnicas, y a las mujeres, han arruinado al país, y que EU debe aislarse del mundo. Del otro lado está un grupo que aparentemente se han vuelto más influyente en el próximo equipo de gobierno acaudillado por Elon Musk, el cual, encabeza un puñado de billonarios, especialmente del sector tecnológico ( y financiero), muchos de los cuales son inmigrantes. A esta facción muchos comentaristas la bautizaron como DOGE en referencia al Departamento de Eficiencia Gubernamental que encabezará el dueño de Tesla, junto con el magnate Vivek Ramaswamy. Su propósito consiste en eliminar la mayor cantidad de regulaciones gubernamentales de las empresas, reducir los impuestos, y proteger los intereses de los consorcios estadounidenses de la competencia de China. La polémica entre ambos grupos se encendió cuando Trump decidió nombrar a un socio de Musk, Sriram Krishnan, nacido en India, como principal asesor del presidente en materia inteligencia artificial. Inmediatamente, una persona cercana a Trump, Laura Loomer, activista republicana muy activa, repudió este nombramiento por tratarse precisamente de un extranjero. Krishman defendió la necesidad de facilitar la inmigración y contratación de trabajadores foráneos mediante la visa H1B. Por su parte, Loomer consideró que esos empleos deben se ofrecidos a estadounidenses y calificó al grupo DOGE como conjunto de arribistas de última hora que lo único que quieren, dijo, es enriquecerse mediante contratos con el Departamento de Defensa. Diversos participantes del grupo tradicional de MAGA apoyaron a Loomer y recordaron que habían votado por Trump para hacer más severas las contrataciones con la visa H-1B, no para flexibilizarla. Musk respondió en su red X que Estados Unidos requería el doble de técnicos que el país puede proporcionar y que deberían ser bienvenidos estos extranjeros sobre todo en las empresas tecnológicas resaltando, además, que cobran salarios más bajos que los estadounidenses. Ramaswamy añadió que hacían falta ingenieros extranjeros calificados porque la “cultura estadounidense” premia la mediocridad y la ignorancia científica. La discusión subió de tono con insultos más fuertes por ambas partes y el grupo más nacionalista le reclamó a Trump cumplir con sus promesas en torno a la migración y argumentó que si se relaja la visa H1B se pondría en duda el propósito del futuro presidente de expulsar a todos los extranjeros que radican y trabajan en Estados Unidos. La facción de DOGE acusó al grupo contrario de “racista” (¡!). Musk defendió su punto de vista señalando que él es extranjero y ha logrado con sus empresas hacer a EU “grande” como reza el lema preferido de Trump. Y, para que no quedara duda, como diríamos en buen español mexicano, mandó a sus críticos a la chingada (“fuck yourself in the face”). Luego, Steve Banon, uno de los ideólogos más ultras de los ultras le contestó que “no nos van a detener…somos mil veces más fuertes que ustedes..., cómo se atreven a echar a la basura al movimiento MAGA, no importa cuánto dinero tengan, vamos a terminar con las visas H-1B… Vamos a deportar a los 15 millones de extranjeros incluyendo los que ustedes trajeron al país para dárselos a los trabajadores estadounidenses”. El sábado 28 de diciembre, Trump le dio la razón a Musk y afirmó que “siempre me han gustado las visas, siempre he estado a favor de las visas de trabajo” e incluso dijo que “tengo muchos trabajadores con esa visa en mis propiedades, es un excelente programa” aunque en el pasado las había repudiado. El debate entre los grupos trumpistas reveló las profundas divisiones existentes, ideológicas y políticas y, al mismo tiempo, que los argumentos de ambas facciones carecen de una mínima coherencia. Los ultras no alcanzan a entender que las compañías instaladas en EU no pueden prescindir de personal calificado y de empresarios extranjeros que radican desde hace años en su país; por su lado, el grupo oligárquico de billonarios tampoco puede explicar porqué algunos extranjeros deben ser admitidos y otros no, si todos aportan a la economía estadounidense. A lo anterior habría que agregar los disparates de Trump y Musk en materia de política exterior. El futuro presidente ha dicho que quiere “comprar” Groenlandia, anexar a Canadá, y retomar la administración del Canal de Panamá; el segundo, ha atacado a gobiernos aliados estratégicos de EU, inmiscuyéndose en su vida política interna e incluso ha apoyado al partido nazi de Alemania el cual es, por supuesto, abiertamente racista. Las posiciones de Trump y Musk se inspiran en una ambición expansionista; sin embargo, sus objetivos y medios son simplemente irracionales. Los términos del debate entre las facciones trumpistas y las diatribas lanzadas contra diversos gobiernos del mundo revelan entonces, como afirma el profesor DeLong, que más bien se trata de un grupo de “idiotas” que carecen de una idea mínimamente razonable de gobierno y del papel de EU en el planeta. Si lo anterior es cierto, todas las naciones, destacadamente México, enfrentarán a una administración que tratará de mezclar, de manera contradictoria, postulados ultranacionalistas y antiinmigrantes, pero también favorables a las grandes empresas y a un mayor dominio del mundo incluso con el uso de la fuerza militar. Un gobierno que tratará de guiarse, al mismo tiempo, por razones principalmente ideológicas y por un grupo influyente de billonarios que sólo quieren hacer negocios más jugosos. Así las cosas, el gobierno de Trump plantea una gran incertidumbre, una administración sin brújula que cambiaría de planes y decisiones constantemente. El problema es que se trata de la potencia militar y económica más importante del mundo que disputa esa posición con otro gigante, la República Popular China. saulescobar.blogspot.com

2025: un año difícil para los trabajadores mexicanos

Perspectivas del movimiento sindical: 2025, un año difícil Saúl Escobar Toledo Para tratar de imaginar cómo será el futuro inmediato, antes vale la pena hace un breve recuento del sexenio de AMLO y de las medidas aprobadas en la administración de la presidenta Sheinbaum en materia laboral. En este aspecto, vale la pena destacar que no se habían llevado a cabo reformas a la legislación del ramo y políticas favorables a los trabajadores desde 1982. El ejemplo más evidente de esa debacle fue el comportamiento del salario mínimo, el cual disminuyó hasta fines del siglo y luego se congeló hasta 2017. Perdió más de 75% de su valor adquisitivo y era uno de los más reducidos de América Latina. Lo anterior provocó una pobreza laboral muy profunda y extendida. En el sexenio de López Obrador los salarios mínimos aumentaron constantemente por encima de la inflación y alcanzaron un monto, en términos reales, de más del 100% en la mayor parte del país (en la frontera norte el incremento fue superior). También hay que mencionar la reforma 2017 – 2019 acerca de la democracia sindical, la contratación colectiva legítima y justicia laboral. Otros derechos colectivos enmendados fueron: la regulación de la subcontratación; el reparto de utilidades; un aumento de las semanas de vacaciones; la actualización de la tabla de enfermedades y riesgos profesionales; la regulación de trabajo en casa (teletrabajo); la incorporación de trabajadoras y trabajadores del hogar al IMSS; y la Ley Silla. En lo que toca al sistema de pensiones se realizaron dos reformas: la primera redujo las semanas de cotización y se aumentó la cuota patronal. La segunda creó un fondo para garantizar una pensión mínima para trabajadores de los apartados A y B. Además, se legisló un salario mínimo para las maestras y los maestros de tiempo completo de educación pública del nivel básico, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada permanente, y médicos y enfermeros. En lo que toca al aumento del salario mínimo general, se ha anunciado un aumento de 12% para 2025. Asimismo, en materia de igualdad entre los géneros, recientemente se aprobó una reforma constitucional para tratar de garantizar que, a trabajo igual salario igual, y hacer realidad el Convenio 190 de la OIT acerca de la eliminación de la violencia y acoso laboral. En este rubro, ya se había legislado la proporcionalidad en representación sindical entre hombres y mujeres. Sin embargo, han quedado pendientes dos asuntos importantes: la semana de 40 horas y la regulación trabajo de plataformas digitales. Si bien las reformas legales han sido favorables para los trabajadores, su implementación ha resultado muy ardua en algunos rubros. Por ejemplo, la democracia sindical y la participación de los trabajadores en la negociación de sus contratos colectivos no ha llegado a muchos trabajadores. Todavía subsisten viejos liderazgos antidemocráticos y contratos de protección patronal. Se trata de un fenómeno que, desde mi punto de vista, depende de varios factores. Uno de los principales, la permanencia de una cultura laboral que se distingue por la pasividad, el conformismo, e incluso el rechazo a la organización colectiva. Ello se explica, principalmente por la predominancia, con algunas excepciones, de un sindicalismo ficticio que engañó a los trabajadores durante varias décadas. Por su parte, la flamante justicia laboral, igualmente, ha enfrentado problemas. A pesar de todo, existe un panorama en el que podemos observar, todavía de manera incipiente, un sindicalismo más activo y un mejor ambiente para hacer valer los derechos laborales. Hay que agregar que algunas reformas legales han surtido efecto, como la regulación de la subcontratación, beneficiando a miles de trabajadores. Igualmente, se redujo la pobreza laboral y los ingresos de los trabajadores aumentaron. El salario base de cotización del IMSS a fines de octubre de este año era de 580.5 pesos diarios, un aumento de 9.2% respecto al año anterior. Por otro lado, sin embargo, hay que señalar que la estructura del mercado de trabajo no se ha modificado sustancialmente: más del 54% de las personas trabajadores laboran en la informalidad. En lo que toca a los trabajadores asalariados, el 42% no tiene acceso a las instituciones de salud; el 41% no tiene un contrato escrito; y un tercio carece de prestaciones laborales. Estos datos ofrecen un panorama abigarrado que podríamos resumir diciendo que ha ocurrido un cambio de tendencia, pero no una transformación estructural. O para decirlo en términos coloquiales, se mejoró el reparto del pastel, aunque éste sigue siendo el mismo. Los problemas de fondo, la informalidad y la existencia de empleos precarios y vulnerables, no se han resuelto. Revisemos ahora el momento actual. En 2024 se ha observado una caída tendencial de la creación de empleos y al mismo tiempo, según el Banco de México, las revisiones contractuales han conocido aumentos por encima de la inflación. Hay sin embargo una excepción notable: los incrementos salariales en el sector público han sido menores al aumento de los precios. Ha habido entonces un saldo negativo, en términos reales, de los salarios para este conjunto de trabajadores. Un factor determinante que explica la dinámica del empleo radica en el escaso crecimiento del conjunto de la economía. Durante el sexenio de AMLO el PIB creció apenas en 1%. Este año, se calcula en menos del 1.5%. Para 2025, el panorama está lleno de incertidumbres en buena medida por la situación mundial: las guerras regionales en Europa y en Medio Oriente, y la pugna entre Beijing y Washington. Así las cosas, no se ve con claridad la marcha de la economía mundial, en particular la de Estados Unidos, y por lo tanto si el llamado nearshoring, es decir, la relocalización de inversiones desde China para llevarlas a otras naciones como México, evolucionará en forma sostenida. Además, en el caso de nuestro país, se ha anunciado un ajuste presupuestal, es decir una reducción del gasto público lo que sin duda afectará el crecimiento y por lo tanto la creación de empleos. El 2025 podría complicarse por otras razones: los enredos de la reforma judicial; y sobre todo la permanencia de la violencia del crimen organizado en diversas partes del territorio nacional. Un elemento adicional que puede ensombrecer el panorama para 2025, surgió hace unos días con la elección de Trump para presidente de los Estados Unidos. Hay el temor de un viraje radical en los tres temas clave de la relación bilateral: la migración, el comercio y el combate al narcotráfico. ¿Hasta dónde llegarán las amenazas de Trump? Eso se verá a partir de enero del próximo año, pero es muy probable que existirán fuertes presiones contra México que afectarán la estabilidad económica del país. Como puede verse, el panorama nacional es especialmente complejo ya que depende de varios factores internacionales y domésticos. Lamentablemente, es probable que el sindicalismo tenga que enfrentar un año particularmente difícil por la situación económica; el posible freno o dosificación de nuevas reformas laborales; y las presiones de los empleadores para limitar los aumentos a los salarios contractuales. No obstante, el futuro puede ser más promisorio. Ello dependerá de la evolución de los acontecimientos y sobre todo de la movilización del sindicalismo; de su capacidad de interlocución con el Congreso y el Ejecutivo para presionar en favor de políticas y reformas laborales que mejoren la situación de los trabajadores; y de la decisión del gobierno para llamar a los trabajadores al diálogo, la participación y la toma de decisiones, sobre todo si se presenta una emergencia nacional debido a una grave confrontación con Estados Unidos. saulescobar.blogspot.com

Aumento salarios mínimos en México 2025

El aumento al salario mínimo para 2025 Saúl Escobar Toledo La Comisión Nacional de Salarios Mínimos anunció en días pasado que, a partir del 1 de enero del próximo año, el salario mínimo general se incrementará de 248.93 a 278.80 pesos diarios y en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) de 374.89 a 419.88 pesos diarios. Asimismo, los salarios mínimos profesionales, integrado por 61 profesiones, oficios y trabajos especiales, conocerá una subida, igualmente, de 12%. Estos aumentos serán mayores al incremento del índice general de precios al consumidor ocurrido este año, calculado en alrededor del 4.5%. Sin embargo, algunos bienes, como los productos agropecuarios, y el gas y la electricidad, presentan una elevación de casi 8%, lo que impactará a las familias de menores recursos. Según esta institución hasta octubre de este año el salario mínimo había perdido más del 5 por ciento su poder adquisitivo. Aun así, el aumento del 12 por ciento mejorará los ingresos laborales de los trabajadores que obtienen este ingreso y aumentará el consumo de las familias, lo que resulta significativo tomando en cuenta que para 2025 seguramente se aprobará un recorte del gasto público que tendrá efectos recesivos en la economía mexicana. Este porcentaje representa un aumento menor en comparación a los que se decretaron durante el sexenio pasado. Sin embargo, mantiene al salario mínimo en un nivel más de dos veces superior al que alcanzó en las décadas anteriores, cuando estuvo prácticamente congelado. El anuncio oficial señaló que el aumento al mínimo en la mayor parte de la república se compone de dos tramos: el MIR (Monto independiente de Recuperación) que se fijó en 12.85 pesos y un 6.5% adicional. Esta composición se ha interpretado como una forma de tratar de topar las revisiones contractuales. El gobierno ha reiterado, cada año que “el MIR…es un mecanismo cuya única finalidad es la recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos… una cantidad absoluta en pesos que no debe ser utilizada como referente para fijar otros salarios vigentes como los contractuales, federales, estatales, ni municipales”. No obstante, representantes de distintos sindicatos han señalado que estos topes realmente existen y se han convertido en un mecanismo de presión para los trabajadores y un índice para fijar los aumentos en el sector público. Sin duda, la existencia de dos tramos para determinar los salarios mínimos no es positiva para los trabajadores y además resulta confusa. Por ejemplo, para 2024 el MIR representó en pesos un aumento del 13.2% y el porcentaje extra fue del 6% dando un 20% total. En 2025, en cambio, el incremento en pesos representa un 5.16% y el porcentaje adicional es del 6.5% (dando un total de 12%). Es decir, en 2024 el MIR fue superior al porcentaje añadido y para el próximo año, al revés, el MIR será inferior. De esta manera, en 2024 el 6% se interpretó como supuesto tope a las revisiones contractuales, pero ahora surge la duda si se tratará de utilizar para este efecto el tramo que representa el MIR o el 6.5%. Todo esto refleja la necesidad de abandonar la división en dos tramos y anunciar simplemente un porcentaje único. Cabe agregar que, en 2024, las revisiones contractuales de los salarios no fueron parejas. Según el Banco de México, superaron la inflación en entre 5 y 1 por ciento. No obstante, en la industria manufacturera los incrementos rebasaron los ocho puntos porcentuales y en algunos casos llegaron al 12% en términos nominales. Por su lado, en las empresas del sector público, apenas llegaron al 5% o menos. En otras palabras, no hubo en este último sector una recuperación del poder adquisitivo de los salarios como efectivamente sucedió en el sector privado, particularmente en la industria manufacturera. A pesar de estas diferencias, la masa salarial (CONEVAL) ha seguido aumentando a precios constantes (base primer trimestre de 2020): para el tercer trimestre de 2024, respecto al primer trimestre de 2019, se incrementó en 33.77%. Este incremento resulta muy destacado y revela un cambio de tendencia en materia de salarios respecto a las décadas anteriores. Sólo como ejemplo, entre el primer trimestre de 2010 y el cuarto trimestre de 2017, la masa salarial se movió en un irrisorio 1.4%. El porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria también se redujo entre el cuarto trimestre de 2018 al tercero de 2024 del 40.7 por ciento al 35 por ciento. Sin duda, las reformas legales en materia laboral como la que tiene que ver con la democracia sindical y la contratación colectiva , y la regulación de la subcontratación, entre otras, ayudaron a mejorar el nivel de vida de los trabajadores. Este cambio de tendencia, sin embargo, no se ha traducido en una mudanza estructural. El 54 por ciento de la población ocupada se mantiene en la informalidad. Por su parte, en lo que toca solamente a los trabajadores subordinados y remunerados, el 42 por ciento no tenía acceso a las instituciones de salud y el 41 por ciento carecía de un contrato escrito. Además, aunque la tasa de desocupación abierta era del 2.7%, tomando en cuenta este porcentaje y la población no económicamente disponible (PNEAD es decir personas desocupadas que no buscaban un empleo, pero declararon que necesitaban un ingreso laboral) el total sumaba 15% (INEGI). Estas cifras reflejan la carencia de empleo para varios millones de mexicanos y, sobre todo, la exclusión por razones de género ya que la PNEAD incluye mayoritariamente a las mujeres, las cuales no salen a buscar una ocupación remunerada a pesar de que la necesitan por ocupar su tiempo en labores del hogar: principalmente, cuidado de infantes, personas de la tercera edad y enfermos; y limpieza y preparación de alimentos y vestido de los miembros de la familia. Asimismo, la brecha salarial en el trabajo remunerado entre ambos sexos aún se mantiene relativamente alta. Igualmente, hay que tomar en cuenta las profundas diferencias regionales ya que, lamentablemente, las entidades del sureste presentan un panorama muy diferente a las del centro norte del país. En resumen, el mercado de trabajo presenta los mismos los problemas estructurales que ha arrastrado durante décadas y al mismo tiempo ha ocurrido una disminución de la pobreza laboral y un aumento de la masa salarial. Dicho en palabras sencillas, el pastel se ha repartido mejor pero el guiso no ha cambiado sustancialmente. Los problemas de fondo, la informalidad y la existencia de empleos precarios y vulnerables, no se han resuelto. Además, para 2025, la expectativa es de un menor crecimiento, lo que presionará negativamente a los empleos y puede llevar a que las revisiones contractuales conozcan menores aumentos que en años anteriores (sobre todo 2023 y 2024). A la caída del gasto público habrá que agregar que el próximo año podría complicarse por otras razones: los enredos de la reforma judicial y destacadamente, la permanencia de la violencia del crimen organizado en diversas partes del territorio nacional. Un elemento adicional se refiere al “factor Trump” y la expectativa de un viraje radical particularmente en materia comercial, lo que dañaría a nuestra economía de manera severa. Como puede verse, el panorama nacional es especialmente complejo ya que depende de varios factores internacionales y domésticos. Lamentablemente, es probable que los trabajadores y sus representaciones sindicales tengan que enfrentar un año particularmente difícil. No obstante, el futuro puede ser más promisorio. Ello dependerá de la evolución de los acontecimientos y principalmente de la movilización del sindicalismo; de su capacidad para presionar en favor de políticas y reformas laborales que mejoren la situación de los trabajadores, por ejemplo, la semana de 40 horas; y de la decisión del gobierno para llamar a los trabajadores al diálogo, la participación y la toma de decisiones, especialmente si se presenta una emergencia nacional debido a una grave confrontación con Estados Unidos. saulescobar.blogspot.com

Los programas sociales en México y el ajuste presupuestal 2025

El ajuste presupuestal y los programas sociales en México Saúl Escobar Toledo América Latina no está pasando por una buena etapa en materia de crecimiento económico. De acuerdo con el estudio de la CEPAL “Panorama Social de América Latina y el Caribe 2024”, entre 2015 y 2024, la tasa anual de incremento del PIB de la región promedió solo un 0,9%, menos de la mitad (2,0%) que en la década perdida de los años ochenta. Resultado de ello, la creación de empleos, la pobreza y la desigualdad siguen siendo problemas aún por resolver. De esta manera dice la CEPAL, para enfrentar estos desafíos “es urgente fortalecer los sistemas de protección social en la región que sean universales, integrales, sostenibles y resilientes”. Desde el punto de vista de esta institución, los sistemas de protección social se componen de prestaciones contributivas y no contributivas. Los primeros suponen aportes de los empleadores, los trabajadores y del gobierno (como la seguridad social proporcionada por el IMSS y el ISSSTE). Los segundos, los no contributivos, se financian principalmente con recursos públicos (impuestos y otros ingresos del Estado) e incluyen fundamentalmente transferencias monetarias, subsidios y deducciones fiscales, la provisión de servicios, y las pensiones no contributivas (como el programa de adultos mayores de México). Según la investigación de la CEPAL, los programas sociales no contributivos han cobrado relevancia en América Latina debido a los persistentes niveles de pobreza en la región, la desigualdad y los altos niveles de informalidad laboral y empleos de baja calidad. La expansión de estos programas no contributivos ha sido notable en toda la región y se ha basado principalmente en dos: las transferencias (principalmente monetarias) condicionadas y los sistemas de pensiones no contributivos. Este último programa ha tenidos una cobertura cada vez más amplia. Si en el año 2000 apenas el 3.4% de la población se beneficiaba de esta pensión, en 2022, llegó al 31% de la población de 65 años y más y ha tenido buenos resultados: “La cobertura de los sistemas de pensiones no contributivos aumentó más de 27 puntos porcentuales entre las personas de 65 años y más en los últimos 20 años, período en el que la pobreza en esta misma población se redujo 14.3 puntos porcentuales…” Los programas sociales no contributivos han logrado reducir la pobreza y representan una fuente de ingresos muy importante para los hogares de menores recursos. Sin embargo, dice la CEPAL, no han sido tan efectivos como los ingresos en el mercado laboral: “en 8 de los 12 países que redujeron la pobreza en el período 2021-2023, los ingresos provenientes del trabajo asalariado fueron la principal fuerza que impulsó esta disminución”. No obstante, la CEPAL recomienda fortalecer los programas sociales no contributivos sobre todo en los grupos de la población que son más vulnerables: aquellos que se encuentran en los extremos de la vida, es decir, la infancia y la vejez. Y también sugiere una mayor articulación de estas medidas con las políticas educativas, de salud, de inclusión laboral y de cuidados. En resumen, en vista de que la expansión económica y la creación de empleos ha sido insuficiente, los gobiernos han optado por gastar más en los programas sociales no contributivos mediante transferencias monetarias a los hogares, principalmente las pensiones para los mayores de 65 años. Ello ha tenido resultados modestos pero tangibles en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, por lo cual se han se han convertido en una parte sustancial de la política social en la mayoría de los países de América Latina. México es un buen ejemplo de lo que ha sucedido en nuestra región. Según datos de José Casar, la economía mexicana apenas creció en promedio 1.7% entre 2000 y 2018, y menos del 1% entre 2018 y 2024. Por su parte, los programas sociales no contributivos de transferencias monetarias se expandieron notablemente en el sexenio anterior y han adquirido el rango de derechos constitucionales con lo que se trata de garantizar su universalidad. La Pensión para adultos mayores; para personas con discapacidad; las Becas Benito Juárez (que incluyen tres modalidades); Jóvenes Construyendo el futuro; y ahora la de apoyo a mujeres 60 a 64 años representan casi el 85% de los programas sociales prioritarios; hay que destacar que el de adultos mayores absorbe el 58%. Sin embargo, como sucede en la región en su conjunto, los recursos han sido escasos. En lo que toca a nuestro país, por el financiamiento de estos programas y aquellos dedicados a la inversión pública (como el Tren Maya, el canal interoceánico y la refinería Olmeca), sobre todo en los dos años anteriores, se causó un creciente déficit público que para 2025 ha llevado a un ajuste del presupuesto de magnitudes considerables. Así, cuando los recursos tienen que recortarse, la política social adoptada se traduce en la caída de las asignaciones previstas para 2025 a la inversión productiva (-11%) y a renglones como salud (-34% aunque aumentan IMSS Bienestar e ISSSTE) y educación (el presupuesto de la SEP tiene una caída del -1.7 % en términos reales); recorte a universidades (quizás con excepción de UNAM e IPN); y a la cultura con una caída del 30%. Este panorama nos obliga a reflexionar acerca de la conveniencia de lograr un mayor equilibrio entre las asignaciones que llegan a las personas en recursos materiales (escuelas, hospitales) y al desarrollo productivo ( carreteras, comunicaciones, puertos) y, por otro lado, las asignaciones que le llegan en efectivo. En el caso de los programas laborales, por ejemplo, para el PEF 2025, Jóvenes Construyendo el Futuro pasa de absorber el 84.6 del total de los recursos asignados para este año a la Secretaría del Trabajo, al 87% proyectado para el próximo. Hay, en cambio, una disminución en términos reales de programas como la inspección del trabajo (menos 13%). Por su parte, el Centro Federal de Conciliación Laboral y Registro Laboral verá reducidos sus recursos sustancialmente: la caída es superior al 35% en términos reales, es decir descontando la inflación. Como apunta la CEPAL, hay que fortalecer los programas sociales no contributivos, particularmente las transferencias monetarias, pero también encontrar un mejor equilibrio entre éstos y aquellos que ofrecen servicios indispensables para la población como educación, salud, vinculación laboral, el sistema de cuidados y la protección al medio ambiente. Asimismo, hay que encontrar un mejor reparto las transferencias monetarias que se ofrecen a los mayores de 65 años y aquellas que se destinan a la infancia. Ajustar el presupuesto de 2025 resultó ineludible para el gobierno federal. Se requería disminuir el déficit fiscal para garantizar la estabilidad económica, evitar un crecimiento de la inflación, y evitar una posible crisis en la balanza de pagos y en el pago de la deuda. Sin embargo, los recortes a las distintas dependencias y programas, nos deja una enseñanza: resulta necesario revisar las políticas públicas para que no sólo se ofrezca a la población dinero en efectivo sino, igualmente y de manera destacada, bienes y servicios indispensables que mejoren su calidad de vida. Más ingresos monetarios para las familias son necesarios, pero si no van acompañados de un fortalecimiento de otras políticas de protección social, esas entregas pierden eficacia y cuando mucho sirven para elevar el consumo de bienes finales, no necesariamente para mejorar el bienestar de las personas. Corremos el riesgo de monetizar la protección social al mismo tiempo que descuidamos la provisión de lo que realmente sirve para mejorar la existencia de las personas en el presente y en el futuro; en el caso de la política laboral, los servicios que pueden garantizar más y mejores empleos dignos. El equilibrio presupuestal y en las políticas públicas, entre los diferentes programas sociales no contributivos, es uno de los debates más importantes que tendremos que enfrentar en los próximos años. saulescoba.blosgspot.com