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miércoles, 9 de octubre de 2019

El Convenio 190 de la OIT sobre la violencia y el acoso en los centros de trabajo



El Convenio 190 de la OIT sobre la violencia y el acoso 


Saúl Escobar Toledo


Apenas hace unos meses, en junio de este año, la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio 190. Dicho instrumento se refiere a la violencia y acoso en el mundo del trabajo, el cual define como “un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico…”. Estas conductas, dice el Convenio, “afectan a la salud psicológica, física y sexual de las personas, a su dignidad, y a su entorno familiar y social.” Pueden constituir una violación de los derechos humanos y representan una amenaza “para la igualdad de oportunidades, y son inaceptables e incompatibles con el trabajo decente”.

Considera también que una cultura del trabajo que fomente el respeto mutuo es muy importante para mejorar la calidad de los servicios públicos y privados. El acoso y la violencia afectan negativamente la organización del trabajo, las relaciones laborales, el compromiso de los trabajadores e incluso pueden dañar la reputación de la empresa y la productividad. Subraya que estas conductas afectan de manera desproporcionada a las mujeres. Pueden impedirles que accedan al mercado laboral, permanezcan en él o progresen profesionalmente. Por ello, es indispensable un enfoque de género que aborde los factores de riesgo, particularmente el abuso de las relaciones de poder que generalmente se ejercen de un hombre hacia una mujer.

El Convenio llama a promover un entorno de tolerancia cero frente a la violencia y el acoso. Todos los actores del mundo del trabajo deben abstenerse de ellas, prevenirlas y combatirlas. El convenio incluye a los trabajadores y a otras personas en el mundo del trabajo, asalariados o no, y cualquiera que sea su situación contractual, y desde luego a los individuos que ejercen autoridad, funciones o responsabilidades de un empleador. Y debe aplicarse durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del mismo. Por ello, los países que suscriban este Convenio deberán prohibirlas legalmente; diseñar políticas que aborden esta problemática; instalar mecanismos de control; velar por que las víctimas tengan acceso a vías de recurso y reparación y a medidas de apoyo; y establecer sanciones. Igualmente, deberán proporcionar a los trabajadores información y capacitación acerca de los peligros y riesgos identificados, y sobre las medidas de prevención y protección correspondientes

Todas estas medidas deberán aplicarse por medio de la legislación nacional y de convenios colectivos pactados entre empleadores y empleados.

Como vemos, se trata de un Convenio que trata de la manera muy amplia un conjunto de fenómenos deplorables. En algunas ramas económicas y empresas, el maltrato físico, la violencia directa contra una persona o grupos de personas es una práctica más frecuente de lo que imaginamos, sobre todo en aquellas en dónde hay una indefensión aguda de los trabajadores por la ausencia de una representación sindical o por condiciones de sobre explotación. Por ejemplo, en el trabajo agrícola, en la construcción, en el trabajo asalariado en el hogar, o en el caso de trabajadores con contratos temporales o subcontratados. Y en diversas ocupaciones informales.

En muchos centros de trabajo, el maltrato y el daño psicológico pueden ser una práctica frecuente a menudo no reconocida y parte de usos y costumbres deleznables. Los gritos, manotazos, amenazas veladas o manifiestas, y el empleo de palabras humillantes como inútil, flojo, estúpido y otras peores, así como exigir silencio y obediencia ante esas agresiones, son ahora reconocidas por la OIT como violencia y acoso laboral. Como señala el Convenio, pueden ser reiteradas, pero bastaría que se presentaran una sola vez para ser consideradas como tales. Al herir la dignidad de las personas, representan una violación a sus derechos humanos. Son, por lo anterior, inaceptables, deben ser denunciadas, y si es necesario, sancionadas. Al mismo tiempo debe darse a la víctima la oportunidad de recurrir a medidas de reparación y apoyo efectivas. Y si ésta es una mujer, se debe adoptar un enfoque de género.
Aunque el Convenio no lo menciona expresamente, otros estudios de la OIT se refieren al mobbing (un anglicismo reciente) como otra forma de violencia y acoso. Bajo este término se denominan a un conjunto de conductas sistemáticas y prolongadas que pueden producir afecciones mentales (ansiedad, miedo y depresión profunda) que ponen en peligro (frecuentemente es el objetivo de los acosadores) la permanencia en el empleo de la persona agredida.  

La violencia y el acoso psicológico requieren de un tratamiento que debe ir más allá de la vigilancia o la denuncia. Se requiere cambiar los prejuicios y las creencias (por ejemplo, que si no hubo violencia física y sólo maltrato verbal o gestual, no pasa nada) y promover permanentemente un trato respetuoso en las relaciones de trabajo, particularmente entre jefes y subordinados, y entre hombres y mujeres.

El Convenio no ha recibido aún la adhesión de ningún país del mundo. Pero la buena noticia es que apenas el pasado 3 de octubre, el Presidente de la República Oriental del Uruguay firmó el proyecto de ratificación del Convenio 190 y lo envió al poder legislativo. De esta manera, Uruguay será uno de los primeros países, quizás el número uno, que lo ratifique. El gobierno uruguayo, incluyendo los ministros de trabajo y desarrollo social afirmaron que “hemos trabajado intensamente en forma tripartita (con representaciones obreras y patronales) porque el problema del acoso y la violencia en el mundo laboral es un problema general del mundo y de Uruguay”.

México debe seguir el ejemplo de ese país sureño. La ley Federal del Trabajo (LFT) señala en su artículo 2º que “las normas de trabajo tienden a … propiciar el trabajo digno o decente, es decir que respete la dignidad humana del trabajador”, y el 3o bis explica que se entiende por hostigamiento, “el ejercicio del poder en una relación subordinada… en el ámbito laboral que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas...”. También hace mención del acoso sexual. No menciona, sin embargo, como lo hace el Convenio, el daño psicológico. Ni describe tan ampliamente el fenómeno ni las medidas que deben tomarse para prevenir y sancionar todas las formas de violencia y acoso.

La ratificación del Convenio ayudaría a cambiar las relaciones laborales, a modernizarlas y dignificarlas. En un país tan machista, acostumbrado a distintas formas de violencia física y psicológica, y en el que las relaciones laborales se encuentran muy desprotegidas, este Convenio resulta indispensable. Mientras el gobierno de la república, en primer lugar, el presidente López Obrador y la Secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, deciden iniciar la ratificación y turnarla al Congreso de la Unión, conviene recordar que este Convenio puede ya aplicarse en México bajo el amparo del artículo primero de la Constitución, sobre todo del fragmento que señala que:
“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.

Las empresas, los sindicatos y los trabajadores, incluso de manera personal, pueden recurrir a este Convenio para promover acciones defensivas en caso de detectar o sufrir un agravio. Y, sobre todo, establecer convenios y acuerdos para fomentar una nueva cultura que lleven a desterrar la violencia y el acoso laboral en todas sus manifestaciones. 

lunes, 7 de octubre de 2019

miércoles, 25 de septiembre de 2019


Los rincones ocultos de la economía global

Saúl Escobar Toledo


La revista Finanzas y Desarrollo (FyD), correspondiente al mes de septiembre de este año (disponible en https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/index.htm) editada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), dedica buena parte de su contenido a un espinoso asunto: el dinero que circula por el mundo de manera clandestina para obtener beneficios ilícitos. 
En la presentación de la revista, el Director gerente encargado del despacho,  David Lipton, advierte que el mundo está cambiando y que el FMI debe hacerlo también. Para ello debe seguir siendo una institución relevante  que promueva la cooperación internacional. Una tarea que tiene que hacerse cargo de problemas como los siguientes:
Refugios fiscales
Uno de los más destacados artículos de la revista se refiere a los refugios (o paraísos) fiscales. Escrito por Nicholas Shaxson, un autor que ha publicado varios libros sobre estos asuntos, por ejemplo, “Las Islas del Tesoro” y “La Maldición Financiera”, el primero publicado por el FCE y el otro en prensa a cargo de la misma editorial mexicana.
Según Shaxson, entre 500 y 600 mil millones de dólares se dejan de recaudar cada año por concepto de impuestos corporativos gracias a esos refugios. En lo que toca a las personas físicas el asunto es, igualmente,  muy  grave ya que   éstas tienen algo así como 8.7 billones de dólares depositados en esos paraísos, aunque hay quien afirma que la cifra es mucho mayor, alcanzando los 36 billones. Conservadoramente, la evasión alcanzaría 200 mil millones de dólares que deben ser agregados a los gravámenes  no cobrados a las empresas. En total, cerca de un billón de dólares sustraídos a las arcas gubernamentales cada año.
Los refugios no sólo permiten burlar al fisco: son, al mismo tiempo, lugares ocultos para proteger actividades ilícitas de las élites económicas y políticas. Además, los flujos de capital que se desplazan de un país determinado a un paraíso fiscal representan un peligro para la estabilidad financiera, sobre todo de las economías emergentes. Por otro lado, la competencia entre muchos gobiernos del mundo por atraer capitales a estos centros financieros ha llevado a una caída de la tasa impositiva que se aplica a las corporaciones. Entre 1985 y el día de hoy ésta ha disminuido de 49 al 24 por ciento, mientras que las ganancias brutas de las multinacionales estadounidenses que depositan sus activos en los paraísos ha aumentado de entre un 5-10% en los noventa a un 25-30% actualmente.
La red oscura
Otro artículo, firmado por Kumar y Rosenbach,  se refiere a lo que se ha denominado la Red o el Internet oscuro (Dark Web). Según estos autores, a fines de los años noventa dos centros de investigación del Departamento de Defensa de EU desarrollaron una red de internet que permitía el anonimato y encriptaba las comunicaciones para proteger a los espías de ese país. Dicha tecnología está ahora al alcance de cualquier persona mediante una aplicación o software llamada Red Tor, acrónimo de The Onion Router o la ruta (digital) de la cebolla: muchas capas de encriptación que protegen la información que circula por esta red. La red Tor es la tecnología que soporta la internet oscura: una serie de sitios inaccesibles para quienes usan los navegadores usuales y que no puede ser localizada por buscadores como Google.
Esta red facilita un mercado clandestino creciente, poblado de criminales sofisticados que trafican drogas, armas, identidades robadas, pornografía infantil, y otros servicios y productos ilícitos. Y como la criptomonedas son los principales medios de pago, ello hace más difícil de rastrear estas nefastas actividades.
Desde 2011, cuando empezó a circular el bitcoin, la primera criptomoneda, éste ha sido el instrumento de pago preferido por los delincuentes. Según este reportaje, el comercio en esta red oculta creció de unos 250 millones de dólares a 872 millones en 2018 y llegará a mil millones en 2019. El reportaje concluye que resulta indispensable un mayor control de las operaciones realizadas mediante criptomonedas para detener el lavado de dinero y el financiamiento a actividades terroristas.
La corrupción
Otro trabajo, elaborado por Mauro, Medas y Fournier, afirma que frenar la corrupción puede generar importantes beneficios fiscales. Nuestra investigación, dicen, muestra que los ingresos públicos son más altos en los países percibidos como menos corruptos. Recaudan 4 puntos porcentuales más del PIB en impuestos que aquellos en el mismo nivel de desarrollo económico con niveles más altos de corrupción. Concluye que, si todos los países redujeran la corrupción a, digamos, un tercio, se podrían recaudar $ 1 billón en ingresos fiscales adicionales, o 1.25 por ciento del PIB mundial.
Las inversiones fantasma
En otro artículo de la revista, Damgaard, Elkjaer y Johannese analizan el caso de los flujos por concepto de Inversiones Extranjeras Directas (IED), el cual se entiende, en la práctica, como inversiones financieras transfronterizas entre empresas que pertenecen al mismo grupo multinacional.   El problema es que, gran parte de esta inversión, es de naturaleza fantasma, es decir, se trata de corrientes de capital que pasan por entidades ficticias o que existen sólo de nombre pues no llevan a cabo actividades comerciales reales sino tareas meramente administrativas destinadas minimizar o disfrazar la factura fiscal de las empresas.
Llama la atención, agregan, que algunos paraísos fiscales conocidos alberguen la gran mayoría de la IED fantasma del mundo. Luxemburgo y los Países Bajos reciben casi la mitad. Y cuando agrega a la lista Hong Kong, las Islas Vírgenes Británicas, Bermudas, Singapur, las Islas Caimán, Suiza, Irlanda y Mauricio, estas 10 economías albergan más del 85 por ciento de todas las inversiones fantasmas.
¿Por qué y cómo este puñado de paraísos fiscales atrae tanta IED fantasma? En algunos casos, se trata de una estrategia política deliberada para atraer la mayor cantidad de inversión extranjera posible al ofrecer tasas impositivas muy bajas o nulas. A nivel mundial, las inversiones fantasmas ascienden a la asombrosa cantidad de $ 15 billones de dólares, equivalente al PIB anual combinado de dos potencias económicas, China y Alemania.

Mi conclusión
La publicación del FMI ayuda a entender una cuestión fundamental: el poder de las corporaciones y de las mafias del crimen organizado, es decir el poder del dinero, está imponiéndose al poder político y a las capacidades de los organismos multinacionales de cooperación como el FMI, el Banco Mundial o la ONU. Estos últimos son cada vez más incapaces de controlar o detener los flujos de capitales que por diversos medios burlan al fisco, las regulaciones internacionales y los ordenamientos legales de los países. El resultado es una debilidad mayor y, por lo tanto, como señala el editor de FyD, una incapacidad creciente de las instituciones para atacar los grandes problemas de la economía global, sobre todo la desigualdad, la pobreza y la inestabilidad económica, política y social. El orden internacional está siendo socavado en aras de la ganancia, una parte de ella ilícita y escondida bajo diversas formas. Hasta el momento actual, a pesar de algunos esfuerzos, la batalla está siendo ganada por los dueños del dinero y los violadores de la ley. El FMI, un organismo que en las últimas décadas ha sido un instrumento de las políticas neoliberales, favorables a esas élites superpoderosas que ahora considera fuera de control, manifiesta la necesidad de un cambio.  Pasar de la teoría a la realidad requerirá una gran voluntad política y delinear un rumbo de la comunidad internacional bajo nuevos principios y acuerdos. ¿Tendrá el FMI la reserva intelectual y la capacidad administrativa para encabezar esas reformas? Por lo pronto, ya es un avance que se hable de estos problemas. El pensamiento único, los dogmas neoliberales hace no tantos años incontestables, parecen estar desmoronándose.

Saulescobar.blogspot.com

jueves, 12 de septiembre de 2019


Una estrategia recatada, y sus posibles consecuencias

Saúl Escobar Toledo


El gobierno de la república entregó el llamado paquete económico el pasado domingo 9 de septiembre. Las metas que ahí se exponen para el próximo año parecen modestas: un crecimiento de alrededor del 2 %, ligera pero claramente mayor al esperado para este año (que oscilará entre 0.6 y 1.2%) y que contrasta con el obtenido en los últimos meses, que se situaba en cero.
Lo anterior se deriva según los cálculos de Hacienda, de un ligero aumento de la recaudación por impuestos (3.7%) y una todavía pequeña recuperación de los ingresos petroleros (4.5%). Por lo tanto, el gasto programable (sin el pago de la deuda) se incrementará apenas 0.8%.
El documento advierte riesgos que pueden poner en peligro estas metas, tanto internos como externos. Entre estos últimos, que el crecimiento económico mundial se caiga, dando un brusco viraje a la expectativa (según el FMI) de que 2020 sea un poco mejor que 2019. Esto puede suceder por una mayor tensión política y comercial entre China y Estados Unidos y/o porque el ciclo económico muestre una tendencia negativa más rápida de lo esperado, sobre todo en el sector industrial estadounidense. Otro problema reside en que el Tratado Comercial, el T-MEC, se detenga y no sea ratificado por alguno de los otros dos socios, en este caso, sobre todo, nuestro por vecino del norte. En una palabra, los problemas mundiales están centrados en el gobierno de un señor llamado Trump, aunque siendo realistas la evolución de las economías también tienen que ver con la fase del ciclo en que nos encontramos.  Para discutir este último asunto, tendríamos que recurrir a una argumentación muy larga y polémica. Lo cierto es que los economistas y amigos que los acompañan (políticos, administradores de gobierno, gerentes, inversionistas, etc.) están de acuerdo por lo menos en una cosa: el capitalismo es un sistema económico cíclico y los periodos de auge son seguidos por otros de vacas flacas. Desde luego, los factores sociales y políticos pueden retardar, acelerar o sortear estos fenómenos, lo que hace todavía más imprevisible la llegada de una recesión. Todavía peor cuando el clima mundial está bastante revuelto como sucede en la actualidad.
Pero además hay otros problemas, los internos. Los Criterios Generales de Política Económica señalan la posibilidad de que ocurra una mayor debilidad de la inversión privada. Lo explican de esta manera:
Otras medidas como el incremento decidido de la inversión en infraestructura física se han relegado. Hay que reconocer, por otro lado, el esfuerzo para hacer más eficiente el gasto realizando algunos ajustes en los programas. Bajan algunos (como Jóvenes construyendo el futuro) y aumentan otros (como la pensión para Adultos mayores y Sembrando Vida). Por su parte, a pesar de que el presupuesto de la Secretaría de Salud no crece, el IMSS y el ISSSTE contarán con un aumento real.
Es encomiable también que se busque una mayor recaudación tributaria, combatiendo la evasión y la elusión fiscal, gravando los servicios de las plataformas digitales, la subcontratación laboral y elevando los impuestos a refrescos y cigarros. Sin embargo, el nivel de ingresos que se proponen captar para el próximo año sigue siendo bajo si lo comparamos internacionalmente con otros países de América Latina y desde luego para impulsar la expansión económica y superar las carencias más importantes en materias como salud, agua, medio ambiente, y otros.

Esta formulación, si se ajusta a lo que realmente se propone la estrategia gubernamental, tiene pros y contras. A favor, pudiera decirse que busca garantizar la estabilidad política y económica, y descartar la repetición de episodios ocurridos en el pasado, particularmente en la crisis de 1982. Y otras experiencias negativas de la izquierda en América Latina. Cualquier avance, así sea pequeño pero consistente, en el terreno de la seguridad y la violencia podría verse, sin duda, como un gran logro. Y poner de pie a PEMEX después de tantos años de desmantelamiento sería igualmente otro acierto indudable.
En contra de esta lógica, debería subrayarse que el comportamiento de la economía puede ser demasiado frágil sin un liderazgo del sector público fortalecido. La recesión o desaceleración mundial serán más difíciles de asimilar si persiste un aparato estatal fiscal   y productivamente débil. De igual manera, las presiones internas, también podrían resistirse mejor si el gobierno decidiera poner sobre la mesa un plan de recuperación económica que exija a todos los actores productivos una contribución mayor, proporcional a la riqueza y los ingresos de cada quien, bajo la premisa de que se puede y se debe, al mismo tiempo, crecer y distribuir mejor.
Por lo pronto, esta última opción se ha descartado. Habrá que ver si definitivamente. pues los escenarios pueden cambiar más rápido de lo que se piensa. Se tendrá que revisar entonces la estrategia planteada.  Y seguir insistiendo en que se requiere un plan B.












miércoles, 28 de agosto de 2019

La economía mexicana: una situación inédita


La economía mexicana: una situación inédita

Saúl Escobar Toledo

Los últimos indicadores de la evolución de la economía mexicana muestran una combinación que no habíamos visto en los últimos tiempos y probablemente en la historia reciente del país. Por un lado, un estancamiento de la producción y una muy débil creación de empleos, aunque el crecimiento de los puestos de trabajo formales (registrados en el IMSS) sea mayor al del producto (PIB), una situación que no es nueva y viene presentándose desde alrededor de 2010. Por otra, una inflación controlada (con una baja en la primera quincena de agosto) y anualizada en 3.3%. Pero, al mismo tiempo, un aumento de los salarios mínimos y contractuales, sobre todo de los primeros y en mucho menor medida de los segundos; un aumento real y por tanto superior al de las últimas décadas. En 2018, entre enero y junio éstos tuvieron cifras negativas a diferencia de lo que sucedió en ese mismo lapso de 2019.  Consecuentemente el comercio minorista aumentó poco más de dos puntos porcentuales.

En pocas palabras, a pesar de que la economía no crece, lo han hecho los salarios y el poder de compra de muchos mexicanos. Lo que habíamos visto en los últimos años era un esquema distinto:  el producto crecía también lentamente, los empleos todavía más, y  una inflación controlada, pero con una disminución de los salrios  (mínimos y contractuales).
La caída en la producción desde luego es el hecho más significativo y preocupante: la industrial cayó 2.9% en el segundo trimestre, acumulando nueve meses de retrocesos, mientras que los servicios, que aportan más del 60% del PIB, probablemente por el aumento de la demanda interna, crecieron un poco. La industria de la construcción ha sido la más afectada con una caída de casi 3%.
La diferencia fundamental entre el pasado y el presente parece estar recayendo en la política salarial, tanto en el aumento al mínimo, que tuvo un alza sin precedentes en las últimas décadas, como en los contractuales. El crecimiento de estos últimos ha sido muy moderado, pero se advierte una política distinta. El gobierno y, en particular las autoridades del trabajo no están interviniendo para que las revisiones se den al parejo de la tasa de inflación esperada. Ya no hay interés en ponerle topes a los salarios.
Repartir mejor el pastel, aunque éste no crezca, podría verse como un escenario aceptable. El problema es que esta situación no puede durar mucho tiempo. En el corto plazo, el estancamiento de la producción va a presionar al mercado laboral y la oferta de empleos, al debilitarse, hará que los salarios se vean presionados a la baja. La posibilidad de un repunte de la demanda por el aumento del consumo interno se ve muy complicaa pues el aumento de los ingresos laborales es todavía pequeño, de alrededor de uno o dos puntos porcentuales. A ello hay que agregar las dificultades que ha habido en el ejercicio del gasto, en particular, las transferencias monetarias de los programas sociales.
Un cambio sustancial del esquema de crecimiento requiere una política de inversiones públicas cuantiosa.  Por ejemplo, para recuperar la industria petrolera y lograr que la producción de crudo y los niveles de exportación se eleven, al mismo tiempo que mejora la producción de gasolinas y refinados. Igualmente, es necesario detonar otras obras de infraestructura que mejoren las comunicaciones y la red de servicios de salud, sobre todo en las zonas más rezagadas del país. Pero la inversión pública, por su propia naturaleza, tendrá efectos en el largo plazo.
La demanda externa, la exportación, ha sido el motor de la economía mexicana desde los años noventa. A tal punto que el ciclo económico del país se alineó al de Estados Unidos.
Sin embargo, el panorama mundial, según diversos analistas, es sombrío. Un reportaje de la AP (Associated Press) lo describe así: fábricas con baja producción, negocios paralizados, el crecimiento global que vacila y las dos economías más poderosas del mundo enfrentadas en una guerra comercial. Hace apenas un año, las grandes economías gozaban de un período inusual de prosperidad compartida, pero ahora la globalización parece estar al borde de caer en una grieta similar a la que precipitó la crisis financiera de 2007.
El enfrentamiento entre Estados Unidos y China y el temor a que el ciclo económico muestre tendencias hacia la recesión, está provocando un nerviosismo general.  La Europa de la zona euro está registrando un crecimiento de apenas 1% y Alemania la gran potencia económica de esta región contrajo su producción en 0.1%. A ello hay que agregar los problemas del BREXIT.
La palabra más usual para definir la situación mundial es incertidumbre. Analistas, instituciones y empresarios la dicen todo el tiempo. En parte tienen razón pues no se sabe qué pude pasar con las estrategias proteccionistas de Trump o cuál será la decisión que vayan a tomar los gobernantes del Reino Unido y los dirigentes de la Unión Europea por su diferendo.  Las alarmas también están sonando debido a que la calidad del crecimiento en Estados Unidos y Europa ha sido mala. Los problemas de la recesión de 2008 no se han resuelto y en cierto sentido se han agravado. Los instrumentos de política económica están casi agotados (sobre todo en materia de política monetaria) y no se avizoran soluciones nuevas ni en la mente ni en la voluntad de quienes toman las principales decisiones en la conducción de la economía en esas regiones del mundo.  
Esa misma palabra, incertidumbre, se ha aplicado retiradamente para describir la situación en México. Pero aquí se mezclan con razones de política interna.  Según algunos voceros de los organismos empresariales, la incertidumbre proviene de que  se haya cancelado el aeropuerto de Texcoco. Lo que suena más bien a una estrategia de presión para lograr ventajas.
Si el gobierno pudiera desatar para el próximo año (mediante una reforma fiscal o cualquier otro medio) una cantidad de recursos suficientes para estimular el crecimiento mediante inversiones bien planeadas y ejecutadas es probable que nuestra incertidumbre interna pasaría a un segundo plano.
El frente externo es el que realmente puede convertirse en el problema más difícil de resolver. Las relaciones con Estados Unidos enfrentan diversos problemas conectados desgraciadamente con la campaña por la reelección de Donald Trump. Tenemos en esta agenda principalmente la aprobación del T-MEC (el Acuerdo comercial trilateral), el tema de la migración, y las políticas proteccionistas que afectan directamente al país. En el primer caso, nadie pude asegurar que el voto aprobatorio en el Congreso de EU esté asegurado. O que éste se lleve a cabo de inmediato.  Y aunque el tema migratorio parece estar en un impasse, el hecho de que Trump lo haya ligado a sanciones comerciales lo convierte en un tema que abona a la incertidumbre.
Así que la suma de incertidumbre, internas y externas, puede convertirse en un factor real que impida el crecimiento de México para éste y el próximo o próximos años.
Por ello, las medidas que puedan tomarse ahora, en estos meses, cuando la recesión aún no se ha presentado, serán vitales: la definición de un presupuesto más expansivo y un ajuste de las prioridades del gasto público para detectar fallas, desperdicios y retrasos. En pocas palabras, una revisión profunda de la estrategia económica que rescate los componentes esenciales que la animaron desde el principio: una mejor redistribución del ingreso mediante una política salarial más flexible y progresista; fomento al empleo; recursos a programas sociales esenciales, sobre todo en educación y salud.  Revisar metas, evaluar los instrumentos y cambiar lo que sea necesario. Antes de que la incertidumbre se convierta en hechos consumados.

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