Pobreza, desigualdad y trabajo

Saúl Escobar Toledo

Los informes del INEGI y de CONEVAL sobre la pobreza en México, publicados recientemente, deben ser materia de un amplio debate nacional. Algunas voces se han expresado ya, incluyendo la de aquellos que consideran que hay una considerable subestimación de este problema. La titular del Consejo de Desarrollo Social de la Ciudad de México, Araceli Damián, por ejemplo, ha señalado que según sus estimaciones hay 90 millones de pobres y no 52, como indica CONEVAL. La metodología utilizada tendrá que seguirse discutiendo. Sin embargo, los datos ofrecidos dan cuenta de una persistencia histórica de los niveles de indigencia, pues en los últimos diez años la situación, en el mejor de los casos, no ha cambiado sustancialmente: en 2008 eran 49.5 millones de mexicanos que representaban el 44.4 % de la población y en 2018 pasaron a 52.4 millones, el 42%. Por su parte, la población no pobre ni vulnerable representaba en 2018 apenas el 22% del total, poco más de 27 millones de personas. Por cierto que, si tomamos en cuenta sólo esta última cifra, nos deja un total de 98 millones de personas pobres o vulnerables, una cantidad aún mayor que la señalada por el Consejo de la Ciudad de México.

Ahora bien, considerando, como señala la Encuesta de Gasto e Ingreso de los Hogares 2018 de INEGI, que más de dos tercios (67%) del ingreso de los hogares proviene del trabajo, nos enfocaremos en este aspecto. Los ingresos por trabajo subordinado (asalariado) representaron  el 84% de esos ingresos y el trabajo independiente sólo el 12%, pero los primeros aumentaron a un menor ritmo en los últimos dos años en comparación de los segundos, lo que quiere decir que aunque la gran mayoría de los hogares depende de un salario, éste resulta cada vez más insuficiente y tiene que ser compensado por ocupaciones por cuenta propia que realiza el integrante de la familia que ya tiene un empleo  o por otro que tiene que salir a buscar un ingreso extra. Entre 2016 y 2018 las remuneraciones por trabajo subordinado disminuyeron en 0.1% mientras que los ingresos por trabajo independiente aumentaron 4.7.

Por su parte CONEVAL, con base en los datos de la Encuesta confirma este aumento de la informalidad señalando que la carencia de Seguridad Social es la más importante, afectando a casi 72 millones de mexicanos, el 57% de la población total. Y aunque aquí hubo una leve mejoría respecto a 2008 pues la cobertura incluyó a 800 mil personas más en un periodo de diez años, el ritmo parece demasiado lento.

Abundando en el asunto, este organismo señala que si sólo tomamos en cuenta los ingresos recibidos por el trabajo desempeñado (y se descuentan los subsidios gubernamentales y otros rubros), la población con una percepción igual o inferior a la línea de pobreza, incluyendo aquella que CONEVAL define como población vulnerable por ingresos sumaba en 2018, 70 millones de mexicanos y representaba el 56% del total. Cifras muy similares a las anteriores.

Lo anterior significa que uno de los grandes problemas del país que explican la pobreza tan extendida y su persistencia crónica reside en que la mayoría de los mexicanos trabajan en ocupaciones informales, con bajas remuneraciones, y en condiciones de alta vulnerabilidad.

Los datos de la Encuesta y CONEVAL sacan a la luz otro asunto de enorme gravedad: la desigualdad regional. En algunas entidades estos parámetros (ingresos inferiores a la línea de pobreza y población vulnerable por ingresos) tuvieron una mejoría y abarcaron a menos de la mitad de la población. Por ejemplo, en Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua y Nuevo León. En cambio, en otros estados, la situación fue la inversa, ya que estos indicadores   empeoraron o se mantuvieron prácticamente igual entre 2008 y 2018. Fue el caso de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.  Por supuesto, la lista de entidades donde el número de personas pobres es mayoría absoluta es más extensa y habría que mencionar también a Michoacán, Morelos, Puebla, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas.

Veamos algunos ejemplos en ambos extremos:  en Baja California la población con ingresos inferiores o iguales a la línea de pobreza representaba el 36.6% en 2018 pero en Chiapas abarcaba al 81.4%. Además, la desigualdad se ha profundizado: en Nuevo León este mismo sector de la población pobre pasó de 35.8 a 27.7% del total, mientras que en Veracruz aumentó de 57.4 a 74%.

Otros datos: en las entidades donde los indicadores de ingreso son mejores, la proporción de trabajadores asalariados tiene, en su mayoría, un contrato de trabajo. Así, para seguir con los mismos ejemplos, en 2018, en Baja California, el 61% tenía un contrato y el 39% no lo tenía; en Nuevo León, los porcentajes eran del 64 y el 36%. Por su parte, en Chiapas, el 27% tenía contrato y el 73% no, y en Veracruz, los indicadores fueron el 32 y el 68% respectivamente.

En Guerrero, las cifras son similares a las de las entidades menos favorecidas: el 72.5% de la población tenía, en 2018, ingresos inferiores a la línea de pobreza o era vulnerable por ingresos. Situación que no cambió en los últimos diez años. La carencia de seguridad social alcanzó a 76%.  Los trabajadores subordinados con contrato representaron el 31% y sin contrato el 69%.

Las entidades relativamente más prósperas seguramente lo son porque ahí se encuentran localizadas muchas empresas manufactureras de exportación y se concentra el empleo industrial, pero tampoco aquí hubo un progreso sustantivo. Por ejemplo, en Aguascalientes la carencia de seguridad social afectaba al 42%, en Baja California al 45% de la población, y en Chihuahua al 42% en 2018.

Podemos afirmar entonces que la pobreza y la desigualdad están estrechamente relacionados con el trabajo. Los menores niveles de indigencia están ligados a una mayor protección de la seguridad social y a la existencia de contratos. Y donde hay más pobres existe mayor vulnerabilidad debido a la carencia de seguridad social y de trabajadores contratados. La desigualdad regional se está profundizando, sobre todo en materia de ingresos recibidos por trabajo, lo que se refleja en bajos niveles de contratación. Y aún en las regiones más prósperas los avance en los últimos años han sido muy graduales. Aunque en menor medida, aún subsiste una porción muy grande de ocupaciones informales.

En una palabra, el problema central reside en la mala calidad y ausencia de trabajos bien remunerados y protegidos. Lo demás es relativamente accesorio, aunque no carezca de importancia.

Se necesitan entonces más y mejores niveles de ocupación. Y para ello, un mayor crecimiento económico acompañado de una expansión de la seguridad social y de la contratación (sobre todo colectiva), apoyado en un esquema de desarrollo que fomente el crecimiento de los salarios y la reversión de la brecha regional. Lo anterior podría también señalar las prioridades de las políticas gubernamentales: el fomento al desarrollo, sobre todo en las regiones más atrasadas, acompañado de un fortalecimiento de las instituciones de seguridad social y una política laboral que aliente la sindicalización y la contratación colectiva.

Probablemente lo anterior suene a algunos muy conocido. Pero es el caso que no ha faltado quien opine, después de conocer los informes de INEGI y CONEVAL que, a pesar de todo, vamos avanzando y que hay que seguir por el mismo camino. O que lo prioritario son los subsidios a los pobres, no la calidad y cantidad de los empleos.

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T-MEC en duda

El nuevo tratado comercial, todavía en veremos

Saúl Escobar Toledo

Hace unos días, un grupo de trabajo compuesto por nueve parlamentarios del Partido Demócrata de Estados Unidos, encargado de revisar el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (en inglés U.S.-Mexico-Canada Agreement, USMC, conocido en nuestro país como T-MEC), dio a conocer un reporte de actividades. Para empezar, advierte que la redacción del Acuerdo, tal como fue aprobado por los gobiernos de los tres países, tiene carencias en cuatro áreas: trabajo; protección del medio ambiente; acceso a medicamentos; y mecanismos de cumplimiento.

El grupo propone, claramente, la necesidad de mejorar el texto. Por ejemplo, en el caso de las medicinas, el USMC otorga 10 años de exclusividad a las patentes de los laboratorios para protegerlos de la producción de genéricos. Ello a pesar de que en México y Canadá el plazo ha sido de 5 años. Los demócratas creen que ello encarecerá los medicamentos. Consideran que debe reducirse el periodo de exclusividad, o de plano suprimir esta cláusula.

En lo que toca a la parte laboral, señalan que el viejo NAFTA o TLCAN fracasó en su objetivo de mejorar los salarios y las condiciones de trabajo en México, afectando también a los obreros industriales estadounidenses. Por ello proponen, sobre todo, mecanismos y recursos para monitorear el cumplimiento de los derechos reconocidos internacionalmente y para que los “socios y actores” puedan rendir cuentas de los compromisos y reglas del acuerdo. Por socios y actores, los legisladores incluyen a las autoridades, empresarios y sindicatos que detentan los contratos, e incluso a las organizaciones y activistas independientes que están luchando en nuestro país por el respeto de los derechos laborales.

En cuanto al medio ambiente, también reconocen las fallas del viejo TLCAN y su incapacidad para que se cumplan con los estándares medioambientales en México, lo que ha provocado -dicen- un deterioro de la infraestructura y daños a la salud que “no reconocen fronteras”. Aquí, de la a misma manera, proponen reglas más enfáticas y procedimientos de observación más estrictos.

En lo que respecta al tema de arreglo de las controversias por violaciones a las reglas del Tratado, los demócratas quieren un mecanismo que comprometa a los países (state-to-state dispute settlement) a llevar las disputas a juzgados internacionales neutrales en los que ambas partes puedan presentar sus argumentos.  No aceptan la propuesta del representante de Trump (Lighthizer), que consiste en que el gobierno de EU tome acciones unilaterales como policía (identificando cuáles han sido las violaciones de los gobiernos), fiscal (estableciendo los argumentos legales), jurado (evaluando las evidencias) y juez (sentenciando a los otros países a castigos y represalias comerciales).

La Comisión destacó positivamente la plática que tuvieron en la Ciudad de México con el presidente de la república y con la secretaria de trabajo: creen que están seriamente comprometidos con la reforma laboral y quedaron muy bien impresionados por el detallado programa para implementar las reformas presentado por Luisa Alcalde. Sin embargo, en el reporte manifestaron su preocupación por la disponibilidad de los recursos necesarios para llevarlas a cabo. Creen que las medidas de austeridad, como parte de la lucha contra la corrupción emprendida por AMLO, no permitirá contar con las partidas indispensables para hacer efectivos los cambios. Señalan, sin embargo, que eso se comprobará o no, en el presupuesto que el presidente debe entregar en septiembre y en las decisiones que tome la Cámara de Diputados a final de año.

Los legisladores también manifestaron su “profunda preocupación” por los 400 amparos que han sido interpuestos por los sindicatos de protección para tratar de socavar las reformas a la Ley Federal del Trabajo. Se quejaron, asimismo de que, en su visita a algunas fábricas en el estado de San Luis Potosí, dominan los contratos simulados que se pactan antes de que los obreros sean contratados: “Vimos claramente por qué el mercado de trabajo mexicano, construido sobre los hombros de trabajadores indefensos, ha producido tantas ganancias para las compañías más poderosas del mundo incluyendo algunas de capital estadounidense”. En particular, denunciaron que en la planta productora de llantas Goodyear encontraron trabajadores despedidos por defender sus derechos de organización sindical y que la empresa negó la entrada a la fábrica a la Comisión, provocando un gran disgusto a los representantes del Congreso de los Estados Unidos.

En resumen, los demócratas están convencidos de que el Acuerdo debe mejorarse en esos cuatro aspectos. Tal como está, no votarán a favor.

La posición demócrata no es definitiva, pero parece indudable que la ratificación del acuerdo por el Congreso de EU es todavía muy incierta. A pesar de que los senadores de nuestro país lo aprobaron sin cambios, los legisladores estadounidenses podrían llegar a un acuerdo bipartidista que abriera de nueva cuenta la negociación e incluir algunas reformas importantes. En el caso de las patentes para medicamentos, si se aceptara la moción demócrata, México saldría ganando. Sin duda fue una concesión demasiado costosa.

En materia laboral, la preocupación se enfoca en la implementación de las reformas. El gobierno de AMLO tendrá que garantizar que la reforma va en serio y que contará con recursos económicos necesarios para el 2020 y cumplirá con los plazos fijados por el propio congreso y el gobierno mexicanos. Más complicado son los temas de su observación y la resolución de controversias.

La propuesta de Trump-Lighthizer probablemente sería inadmisible para México y Canadá. La postura alternativa de los demócratas no es mucho mejor, pues los inversionistas son los únicos actores que tienen realmente posibilidades (por el costo que suponen y los abogados litigantes que se requieren) de llevar a cabo ese tipo de juicios en tribunales internacionales, lo que otorga a las empresas  una gran ventaja. Sin embargo, se ha vuelto el mecanismo más usual pactado en los acuerdos comerciales firmados por distintos países del mundo.

El problema es que, ante las dificultades de que cualquier mecanismo sirva para asegurar el cumplimiento de los derechos laborales, los demócratas parecen apostarle a fortalecer la observación directa y a una mayor participación de las organizaciones de trabajadores opuestas o ajenas a los sindicatos de protección. Sin decirlo, sugieren la necesidad de una alianza política trinacional entre partidos, organizaciones sindicales y activistas.

Si eso ocurriera, ¿Aceptaría México la presencia de un observatorio permanente de sindicatos y autoridades estadounidenses para vigilar directamente el combate a los contratos de protección y asegurar el cumplimiento de los derechos laborales en nuestro país? ¿Podrían, por ejemplo, ejercer presión para que se rechacen los amparos que han promovido los sindicatos del viejo régimen, o llevar a cabo visitas de inspección a las fábricas donde suponen que se violan esos derechos?  Se trata de aspectos que todavía no se plasman en propuestas concretas de modificación del Acuerdo pero que podrían convertirse en parte de la negociación bipartidista en la Cámara de Representantes. Lo cierto es que son los demócratas, no los republicanos, los más interesados en los temas laborales. Y ello abre un espacio de confluencia con el gobierno de AMLO, pero también con el sindicalismo independiente.

El último escenario podría ser la falta de acuerdo entre los legisladores de EU, lo cual tendría consecuencias aún más imprevisibles: que se quede el Tratado como está o que no haya ninguno. Ni los gobiernos ni los legisladores de los tres países lo desean, pero a estas alturas de los tiempos políticos de EU nadie podría decir, hoy día, que el futuro del T-MEC está asegurado. En cualquier caso, por desgracia,  el futuro económico del país, está en juego.

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Las cifras del empleo 2019

Las cifras del empleo: la insoportable levedad del presupuesto público

En memoria de Jaime Ros

Saúl Escobar Toledo

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer hace unos días los datos del empleo asegurado en esa institución. No son muy alentadores. Si se compara el mes de junio con el de mayo de este año, se perdieron 14 mil puestos de trabajo. Visto desde un plazo más largo, las cifras no son tan sombrías: en relación a diciembre de 2018, se crearon casi 290 mil empleos; si se toma como base junio de 2018, un año, hay 474 mil plazas de trabajo más, un aumento del 2.4%.

Como quiera que sea, las cifras reflejan la baja capacidad de creación de empleos de la economía mexicana, fenómeno que viene presentándose desde hace varias décadas y, al mismo tiempo, un ritmo de crecimiento cada vez más lento en los últimos meses. Es decir, a una tendencia estructural de largo plazo se añade una coyuntura desfavorable.

Llama la atención que las ocupaciones perdidas en junio (y en mayo) hayan sido eventuales, mientras que los empleos permanentes crecieron. La misma tendencia se observa si se mide el semestre: el 96% de los puestos de trabajo creados fueron permanentes, lo que contrasta con 2018 (82%) y 2017 (81%).

También destaca que los estados que perdieron empleos en el último año (junio 19/junio 18) hayan sido Guerrero con una horrenda cifra de menos 4.6%; una cosa similar se presentó en Chiapas, Oaxaca, Durango, Tabasco y Morelos.

Ambas cosas (su eventualidad y su localización geográfica) podrían indicarnos que se perdieron plazas de trabajo muy vulnerables, localizados en los sectores de la economía menos moderna. En cambio, en los estados de Querétaro, Baja California, Aguascalientes, Nuevo León y Sonora, la creación de empleos fue superior al promedio nacional. Y, sin embargo, el sector económico que más colocaciones ofreció  en el último año fue el agropecuario, seguido de transportes y comunicaciones.

Este panorama refleja naturalmente la actividad económica, la cual muestra un estancamiento desde 2012 y una mayor pérdida de dinamismo desde septiembre del año pasado. Las cifras indican, asimismo, que el sector mejor librado ha sido el sector primario el cual, aunque modestamente, ha venido creciendo en el último año, más que el secundario y el terciario.

Un caso particularmente grave es el de la industria de la construcción, lo cual se ha reflejado en una aguda caída del empleo: de casi 625 mil plazas registradas en septiembre de 2012 a 506 mil en abril de 2019. Lo mismo sucede con la minería. La industria manufacturera en cambio ha venido creando nuevos puestos, lentamente, pero sin mayores retrocesos.

Por otro lado, el salario base de cotización del IMSS tuvo un crecimiento nominal de 6.6%, lo que indicaría un ligero aumento en términos reales. De acuerdo a los datos señalados, no parece haber señales de que estos incrementos hayan impactado negativamente la creación de empleos ni frenado la actividad económica. La razón de estos fenómenos deberá encontrarse en otras causas.

El aumento del empleo asegurado en la agricultura, aunque es una buena señal, no debe ser exagerado. Representa menos del 4% del total. Además, está concentrado en: Jalisco, Sinaloa, Sonora, Michoacán y Baja California. En Guerrero por ejemplo hay menos de mil trabajadores registrados en el IMSS.  De esta manera, las cifras recién entregadas quizás muestren más bien una mayor formalización del trabajo jornalero que una expansión del empleo.

En el informe se destaca la incorporación de mas de 500 mil jóvenes al servicio médico, resultado del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y de 180 mil personas más, según dice el documento de manera literal, “asegurados voluntariamente en el régimen obligatorio” lo cual indicaría que se trata de plazas ya existentes que fueron formalizadas. Sin duda, el Programa significa un cambio radical frente a lo que se hizo en el pasado. Ningún gobierno había dedicado tantos recursos a programas de fomento al empleo. Los beneficios de asegurar a un grupo tan amplio de jóvenes también representan un gran avance. Sin embargo, debe subrayarse que este tipo de políticas públicas no tienen como objetivo crear nuevos puestos de trabajo sino mejorar la colocación de las personas en el mercado laboral. De esta manera, si la actividad económica no se acelera y, con ello, la creación de nuevos puestos, este tipo de programas solo aportan beneficios temporales.

En resumen, el panorama del empleo está atravesando por una situación difícil producto de varios factores: el sector más moderno de la economía ofrece pocas opciones; el sector más atrasado está retrocediendo; y hay ramas como la de la construcción y la minería que presentan una fuerte caída. Por su parte, la expansión observada en el sector agrícola y la incorporación de nuevos asegurados, aunque son acciones positivas, no representan un factor suficientemente influyente que pueda anunciar un cambio de la tendencia general.

De ahí que resulte indispensable acelerar la inversión pública en infraestructura. Ello serviría para detener la caída de la industria de la construcción, sobre todo si se comprueba que la inversión privada ha disminuido severamente. Ayudaría a reanimar el ciclo económico, generando directamente más puestos de trabajo y una mayor demanda efectiva que se reflejaría en un mayor consumo interno. Y, sobre todo, si se aplica en las regiones más atrasadas del país y en aquellos rubros que más lo necesitan, ayudaría a cerrar la brecha de desigualdad que, según se observa, está creciendo entre las regiones y las empresas más atrasadas y las más desarrolladas.

El gasto en programas sociales no basta. Urge entonces poner en movimiento la inversión pública junto con otros mecanismos que reanimen la economía, como el financiamiento de la banca de desarrollo.

En el inicio de otros sexenios, se ha observado también una tardanza en el ejercicio de los recursos públicos, particularmente en infraestructura, ya que estos proyectos requieren tiempo para su planeación y puesta en marcha. En este caso, sin embargo, las dificultades han sido mayores por la reasignación de programas, la lucha contra la corrupción, la austeridad, y las nuevas prioridades del gobierno en materia de inversión. La combinación de todo ello no ha ayudado a despejar el camino para un ejercicio del gasto y la reanimación de la economía.

Es probable y deseable que, en los próximos meses, la inversión en infraestructura fluya a ritmos más elevados. Sin embargo, sus resultados no se verán reflejados de manera inmediata. Podría decirse que este año, 2019, el panorama del empleo no mejorará sustancialmente. Por ello, el presupuesto para 2020 deberá reflejar un esfuerzo mucho más cuantioso y ordenado en materia de inversión pública de tal manera que, en un futuro cercano, el balance sea mucho más satisfactorio.

El país requiere más y mejores puestos de trabajo. Cualquier otro camino para combatir las desigualdades y la pobreza tendrá efectos menores si no se pone este objetivo en el centro de las políticas públicas y, especialmente, en el ejercicio de los recursos presupuestales. La rectoría económica del Estado se convierte en una frase vacía si no se traduce en una abundante, bien planeada, y oportuna inversión productiva. El gasto público no pude limitarse a estimular la demanda: también y de manera prioritaria tiene que aplicarse para ampliar la oferta de bienes y servicios. Eso es lo que demuestran las cifras de esta primera mitad del año. 2020 tiene que ser el momento del cambio. De otra manera, la economía y el empleo, en el mejor de los casos, seguirán los mismos ritmos de las últimas décadas. O sea, más de lo mismo.

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El futuro del trabajo

Saúl Escobar Toledo

El vertiginoso desarrollo de la tecnología que hemos observado en las últimas décadas sorprende, gratifica y asusta. En unos cuantos años, las personas han cambiado su forma de relacionarse con otras personas, sus hábitos más frecuentes para comprar cosas, y sus formas de trabajo. Estos cambios resultan muy asombrosos sobre todo para las generaciones más viejas, pero incluso los más jóvenes se maravillan de estos avances. Muchas personas, sobre todo las que no están en una condición de sobrevivencia, se sienten contentos y satisfechos con los aparatos más recientes. Sin embargo, también hay preocupación por los efectos indeseados. Por ejemplo, la invasión de nuestra intimidad, averiguar sin permiso nuestras preferencias y amigos, y utilizar esa información con fines comerciales y políticos.

Una de las mayores preocupaciones tiene que ver con los efectos de estos avances en el trabajo. La inteligencia artificial (máquinas que realizan tareas cognitivas como las computadoras); la automatización (aparatos que llevan a cabo funciones programadas sin intervención humana, por ejemplo, al pagar un servicio o adquirir una mercancía); y la robótica (sobre todo aquellos que sustituyen a humanos en el proceso productivo) sin duda crean temores en el sentido de que las plazas laborales se verán seriamente afectadas, desplazando personas por máquinas.

Por ello, el futuro del trabajo se ha convertido en un tema cada vez más polémico. Atrae la atención de organismos internacionales, académicos y especialistas, gobiernos y autoridades, y desde luego de los medios de comunicación. Muchas personas pueden tener la creencia de que la sustitución de personas por máquinas es una tendencia imparable que además provocará despidos masivos y desempleo sin remedio.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) se propuso discutir este tema y para ello creó una Comisión Mundial formada por 20 especialistas. Dicho grupo inició sus actividades en 2017 y los concluyó en noviembre de 2018. Hace unos días, publicó su informe final. 

El objetivo del documento es llamar la atención sobre las transformaciones que afronta el mundo del trabajo y proponer ideas para encauzar y aprovechar esos cambios. Para ello toman en cuenta los avances tecnológicos, pero también las innovaciones que se están llevando a cabo para adoptar procesos productivos con tecnologías limpias. Asimismo, incluyeron la evolución demográfica de los países.

Sobre el cambio tecnológico, afirman que éste, sin duda, va a destruir empleos, pero igualmente es previsible, como ha sucedido desde la Revolución Industrial del siglo XVIII, que se crearán nuevas plazas. El problema es que esos nuevos puestos no necesariamente podrán ser ocupados por aquellos que fueron desplazados por los sistemas más modernos.

Por ello, una de sus primeras recomendaciones consiste en aumentar la inversión en la capacitación de las personas y en adoptar el derecho al aprendizaje a lo largo de toda su vida para que éstas adquieran competencias, las perfeccionen y puedan reciclarse profesionalmente.

También recomiendan incrementar el gasto público en políticas y estrategias para lograr metas como la igualdad de género y la protección universal, desde el nacimiento hasta la vejez, basada en la solidaridad y el reparto de riesgos. Igualmente, aumentar la inversión en instituciones laborales como la inspección del trabajo, y asegurar que se lleve a cabo la contratación colectiva bajo el principio de la libertad sindical.

Una propuesta central se refiere a la necesidad de establecer una Garantía Laboral Universal. Todos los trabajadores, con independencia de su acuerdo contractual o situación laboral, deberán disfrutar de un salario vital adecuado, límites máximos en su jornada, y protección efectiva en materia de seguridad y la salud en el trabajo.

Proponen, asimismo, establecer un sistema de gobernanza internacional de las plataformas digitales del trabajo que exija a estos nuevos sistemas de compra (y a sus clientes) que respeten determinados derechos y protecciones mínimas. Otro conjunto de propuestas tiene que ver con Incrementar la inversión en empleos decentes (o dignos) y sustentables.

El impacto de la tecnología sobre el empleo, en el futuro inmediato, no está claro. Hay cálculos muy diferentes: en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, algunos autores calculan que un 47% de los puestos de trabajo en Estados Unidos corren el riesgo de verse sustituidos por la automatización. Por su parte la OCDE tiene una cifra más conservadora:  apenas el 9% de las plazas laborales corren ese riesgo en los países afiliados a esta organización. Nadie duda de su importancia, pero no hay unanimidad en cuanto a su magnitud. Y sobre todo en cuanto a la posibilidad de que las pérdidas sean compensadas por la creación de nuevas plazas de trabajo. Así, por ejemplo, debido a la adopción de tecnologías y procesos productivos más limpios, la OIT calcula que el Acuerdo de París puede traducirse en una pérdida de 6 millones de empleos, pero a cambio se crearían   24 millones de colocaciones nuevas.

En lo que toca a América Latina, la revista Trabajo, patrocinada por la OIT, y dirigida por Enrique De la Garza, de la UAM, ha dedicado su número correspondiente al semestre enero-junio de 2018 al tema que comentamos.

En la introducción, De la Garza considera que la tecnología no lo determina todo. En el caso de nuestros países, por ejemplo, influyen también factores tan importantes como el modelo exportador: si se trata de uno en el que predominen los bienes primarios (de origen agrícola o petrolífero); o de exportaciones en su mayoría manufactureras, como en México.

En nuestro país, la mayor parte de las empresas exportadoras son tipo maquiladora, es decir ensambladoras de bajo valor agregado. Las empresas con tecnología de punta, donde la robotización puede ser posible, sólo emplean unos 68 mil trabajadores mientras que la maquila abarca 3 millones de obreros en total. Además, los niveles de ocupación y más altos y dinámicos, se encuentran el sector servicios donde predomina el trabajo con baja productividad y calificación de la mano de obra. Asimismo, los niveles de informalidad, que superan el 50%, también deben tomarse en cuenta para tratar de medir el impacto de las nuevas tecnologías.

Pero aún en la industria manufacturera más moderna, como la automotriz, los trabajadores obtienen salarios muy bajos, sobre todo si los comparamos con Estados Unidos, donde ganan nueve veces más. La existencia de una mano de obra barata se ha convertido en una ventaja comparativa que atrae inversiones, pero al mismo tiempo atenúa la sustitución de mano de obra por tecnologías de última generación.

Finalmente, De la Garza advierte que el impacto de esta modernización tiene que ver con la correlación de fuerzas en las empresas. Si las relaciones laborales se distinguen por una flexibilidad que sólo busca bajar los costos de la mano de obra y se margina a los sindicatos y a cualquier forma de participación de los trabajadores, la tecnología puede ser más destructiva no sólo de empleos sino también de las condiciones de trabajo en general.

En resumen, los robots están llegando a las fábricas, pero no acabarán con todo el trabajo humano ni con las oportunidades de empleo. El ritmo y la intensidad de este fenómeno dependerá de que la destrucción/creación de  empleos pueda ser controlada y dirigida por los gobiernos, los empleadores y los trabajadores (organizados) mediante la capacitación permanente, la mejora de la regulación y el funcionamiento de las instituciones laborales, la seguridad social universal, la inversión en proyectos productivos que propicien el trabajo decente (o digno) y sustentable (cada vez más verde).

La tecnología puede y debe ser utilizada para el bienestar de las personas, tanto si son consumidores como, más decisivo aún, si son productores. Esto último supone acuerdos, negociaciones colectivas y libertad para organizarse. 

El embrollo migratorio: la razón de la sinrazón

Saúl Escobar Toledo 

El enfrentamiento entre Estados Unidos y México, desatado hace unas semanas por el gobierno de Trump tiene, como se ha comentado profusamente, dos causas principales: la inescrupulosa ambición política del presidente de aquel país, y su natural inclinación a provocar el sufrimiento ajeno. Pero también hay otras razones más concretas que propiciaron el manotazo, ligadas al fenómeno migratorio.

Para entenderlas vale la pena citar el memorándum del 27 de abril de la entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Nielsen, quien aseguraba:

“La situación en nuestra frontera sur es extremadamente grave. Estamos viendo flujos históricos migratorios que exceden de lejos la capacidad de EU y una situación humanitaria que se agrava cada día. Los agentes migratorios no están preparado ni equipados para tratar con el volumen de personas vulnerables que llegan a nuestro territorio. Nuestras instalaciones están excedidas, nuestros agentes y oficiales son muy reducidos, los niños están llegando más enfermos que nunca y estamos en un grave riesgo de incidentes que amenazan la vida, dadas las proporciones sin precedentes de los flujos… Como resultado, hemos tomado la difícil decisión de desviar recursos de la seguridad fronteriza y dedicarlos a una respuesta humanitaria de tiempo completo.  Y nos hemos visto obligados a poner en libertad a individuos antes de que hayan sido completamente procesados mediante el sistema de inmigración… En breve, hemos llegado a un punto de quiebra de todo el sistema. He pedido al Congreso mayores recursos de emergencia y la contratación de nuevos agentes para lidiar con la crisis.  Estamos obligados a restaurar el orden y al mismo tiempo cumplir con nuestras obligaciones humanitarias”.

Es probable que esta posición haya resultado inaceptable para el presidente, lo que llevó al despido de la secretaria Nielsen. Ahora bien, los estudios realizados por el Centro Pew (https://www.pewhispanic.org) confirman varios hechos importantes: desde hace tres años, las autoridades fronterizas de Estados Unidos han arrestado a más personas de origen centroamericano que de nacionalidad mexicana. Ahora, éstos son una minoría, a diferencia con lo que sucedía antes, hace dos décadas, cuando la proporción era completamente inversa: los mexicanos detenidos representaban el 98% y las otras nacionalidades apenas el 2%. Más importante aún, del total de arrestos ocurridos en los últimos años, en el 53% de los casos se trata de grupos familiares, es decir que incluyen menores de edad. Se trata de un cambio sustancial pues en el pasado se detenía, en una gran proporción, a personas que viajaban solas, principalmente hombres.

Estos nuevos perfiles de la migración han provocado fuertes presiones a las autoridades estadounidenses ya que, de acuerdo a las leyes de ese país, en especial la Ley de Refugiados y el Programa Federal de Reasentamiento de Refugiados de 1980, el gobierno está obligado a examinar las solicitudes de las familias y a ayudarlas a que obtengan los medios económicos suficientes para sobrevivir tan pronto lleguen a suelo estadounidense.  También pone un plazo que no puede exceder 20 días (Acuerdo Flores) de detención a las personas que estén acompañadas por niños.

De ahí que el gobierno como decía Nielsen, esté obligado a proporcionar ayuda humanitaria a estos solicitantes, tratar de cumplir con el plazo señalado o liberar a los detenidos, y además vigilar la frontera para evitar que entren al territorio de ese país. Ante la imposibilidad, según la ex secretaria, de hacer todo ello, Nielsen aparentemente decidió poner mayor atención y recursos a la ayuda humanitaria.

Debe advertirse que la cantidad de migrantes que llegan a Estados Unidos ha venido disminuyendo, sobre todo en el caso de los indocumentados. Esto último obedece a que ahora los mexicanos que regresan son más que los que tratan de llegar allá. Así, el número de personas nacidas fuera de EU, no documentadas, que trabajan o buscan un trabajo en EU es menor que hace unos diez años: pasaron del 5.4% al 4.8% del total de la fuerza de trabajo civil.

Consecuentemente, el número de deportados se ha reducido: de un promedio anual de 375 mil con Obama a 295 mil con Trump. El cambio ha sido muy notorio en la frontera con México:  aquí las detenciones cayeron de 1 millón en 2006 (y un número aún mayor en los años ochenta y noventa) a 400 mil en 2018.

Es decir, para el gobierno de Estados Unidos, el problema más urgente ya no radica en el número de migrantes que tratan de ingresar sin permiso, sino en el hecho de que se trata de grupos acompañados de niños provenientes principalmente de tres países: El Salvador, Guatemala y Honduras. Familias que solicitan refugio, de acuerdo a las leyes de ese país.

El mandatario ha tratado de cambiar o saltarse la ley (The Refugee Act) y todas las obligaciones que se derivan de ella. Ante la negativa del Congreso y de algunos jueces, el presidente decidió que México debería hacerse cargo del problema (o de una parte de él). De esta manera Trump está tratando de resolver un asunto administrativo, la falta de presupuesto y personal adecuado, y evadir la obligación legal de atender debidamente a las familias. Igualmente, presiona a los legisladores y desde luego intenta demostrar sus votantes que cumple con la promesa de fronteras seguras.

El gobierno mexicano tendrá ahora   que resolver la problemática que apuntaba la secretaria Nielsen: atender debidamente a las familias migrantes, incluyendo el delicado asunto de los niños, y tratar de detener el flujo. Son asuntos difícilmente compatibles: detener   a los migrantes con la fuerza militar y arrestarlos, afectará sin duda, principalmente, a los menores. El esfuerzo en materia de recursos, calidad del servicio, adiestramiento del personal, instalaciones apropiadas y protocolos de detención para que las madres, padres e infantes vean respetados sus derechos más elementales será enorme y muy complicado. Todavía más si se acepta finalmente convertirnos en tercer país seguro.

Desde luego, resulta evidente que las familias centroamericanas abandonan su territorio no sólo por razones de búsqueda de un trabajo, como en el caso de la mayoría de los mexicanos que se han ido (ahora en menor número) a EU. La violencia que sufren   en sus países de origen, al sur de nuestra frontera, se ha convertido en la causa principal. Ningún padre o madre de familia arriesgaría a sus propios hijos a una atravesía tan arriesgada sólo porque piensan que de esta manera puede ser más viable obtener un ingreso legal a Estados Unidos. El terror que sufren en sus barrios y vecindarios debe ser mayúsculo.

El gobierno mexicano tiene razón en tratar de promover programas económicos en la zona del Triángulo Norte de Centro América para tratar de frenar la migración. Pero no basta. Las detenciones y deportaciones que lleven a cabo nuestras autoridades, sobre todo cuando se trate de familias, deberían ser excepcionales. El acento debería recaer en la disuasión, los permisos temporales que garanticen su tranquilidad, y un programa de ayuda para garantizarles alimentos y asistencia médica.

Estas políticas, que se intentaron al principio del sexenio, chocan con los acuerdos más recientes entablados con EU. México no pude responsabilizarse de una probable catástrofe humanitaria. Durante los próximos días veremos si estos peligros se confirman o se desvanecen. Pero lo más razonable es prepáranos para un escenario más ingrato. La estrategia de contención en la frontera sur y de acogida en la norte pueden resultar inviables con el respeto a los derechos humanos de las familias.  Los flujos no necesariamente se van a reducir a los niveles que desea Estados Unidos, lo cual podría de nueva cuenta ser motivo de represalias comerciales. Se trata sin duda de un problema muy complejo, un verdadero embrollo, en el que la vida y la seguridad de cientos de miles de personas, sobre todo niños, está en riesgo.

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Las guerras de Trump

Las guerras de Trump

Saúl Escobar Toledo

El presidente de Estados Unidos está desatando varios conflictos mundiales al mismo tiempo. Tanto amenazas militares como en el caso de Irán o Venezuela, como de tipo comercial contra China, India, Japón, Europa y, ahora, México. Estas últimas son de distinta intensidad, pero producen a nivel mundial una gran incertidumbre, minan la confianza de inversionistas y empresas y reducen las oportunidades de empleo. 

En el caso de México, el incidente es particularmente llamativo dado que se trata de un viejo aliado que ha estado ligado a EU desde hace décadas a través del TLCAN. Justamente, el día en que el presidente López Obrador anunció su decisión de pedirle al Congreso la aprobación del nuevo acuerdo comercial (el T-MEC), Trump a través de su Twitter, amenazó a nuestro país con imponer aranceles a todas las importaciones de mercancías. Con ello puso en duda la certidumbre de ése y cualquier arreglo escrito firmado por Washington.  

La amenaza es aún más incomprensible si tomamos en cuenta que la economía estadounidense pasa por un buen momento, con tasas de crecimiento superiores al promedio histórico de las últimas décadas y un desempleo mínimo.

¿Por qué Trump decide escalar las guerras comerciales en un momento como éste, sabiendo, como sabe, que ello puede producir efectos nocivos para la economía global y, en particular para la de su propio país?

La respuesta pudiera ser, como ha sido expresado por varios comentaristas, miembros del Congreso de EU e incluso representantes del sector privado, tan simple como: por irresponsable. Pero podría ser que estas conductas no respondieran sólo a un acceso de furia que no mide las consecuencias.

Como se ha dicho, también, Trump parece estar buscando dos objetivos políticos: el primero, darle a su campaña por la reelección un mayor brío. Cuestiones muy estimadas por sus electores duros han sido el problema de la inmigración y el llamado outsourcing, es decir, el traslado de empresas y proceso productivos, principalmente a China y México, con la consecuente pérdida de empleos en territorio estadounidense. El segundo, distraer la atención pública para que el asunto de la intromisión rusa en las elecciones de noviembre de 2016 se minimice en la prensa.

Si esto es cierto, México se convertirá cada vez más en la víctima de un juego perverso que consiste en tratar de demostrar que nuestro país no puede o no quiere detener la inmigración indocumentada proveniente de Centro América. Diversos indicadores muestran que el flujo de personas provenientes del sur de la frontera de EU no está en su momento más álgido, de acuerdo con los niveles históricos que se han presentado en otras décadas. Recordemos tan solo que alrededor de 400 mil mexicanos promedio anual se fueron a vivir al otro lado de la frontera entre 1990 y 2010, mientras que el número de centroamericano promedio anual ha sido de poco más de 80 mil en las últimas décadas (sin tomar en cuenta las personas repatriadas).  Puesto que el problema tiende a agravarse y se trata de un asunto muy llamativo, con una fuerte carga dramática debido al número de niños y mujeres que tratan de llegar hasta allá debido al desastre que padecen en sus propias naciones (Honduras, El Salvador, Guatemala), la manipulación mediática es relativamente fácil. De esta manera, para Trump el problema nunca estará resuelto, no importan las estadísticas o la conducta y el discurso del gobierno mexicano.

En lo que toca a la posibilidad de que regresen a EU las compañías que operan en México, ello difícilmente va a suceder en el corto plazo: las cadenas de valor que se han construido entre los dos países en las empresas fabricantes de autos, computadoras, cámaras fotográficas, televisiones y hasta cerveza, no se pueden romper para rehacerse fácilmente en territorio estadounidense. Además, si esto sucediera, la potencia del norte tendría entonces un serio problema de escasez de mano de obra.

Sólo para ilustrar el fenómeno, México vendió a EU el año pasado mercancías por un total aproximado de 347 miles de millones de dólares. Una tercera parte fueron automóviles, sus accesorios o partes. Otro 11 por ciento consistió en computadoras, aparatos de televisión y de video; y un pequeño pero significativo dos por ciento fueron cervezas. Del total de productos exportados por nuestro país a nuestro vecino, por lo menos un 30% tienen un contenido estadounidense. Hasta las chelas fabricadas en nuestro suelo llevan lúpulo y cebadas cultivadas en Estados Unidos. La esperada ratificación del T-MEC significa la continuidad y fortalecimiento de este esquema productivo que consolida las cadenas de valor trasfronterizas.

Se puede concluir entonces que las amenazas de Trump contra México son pura demagogia. No buscan resolver ningún problema. Son simplemente anuncios publicitarios para promover su propia candidatura.

Pero, y ¿qué sucede con el resto del mundo? Ni China, ni la Unión Europea ni Japón pueden ser acusados de promover la inmigración indocumentada a EU, y aunque también pudieran servir como chivos expiatorios para demostrar que el nacionalismo de Trump va en serio y así ganar votos, las razones pueden ser más complejas.

La economía de EU, a pesar de su auge en estos momentos, es estructuralmente muy vulnerable. Su talón de Aquiles reside en sus desequilibrios macroeconómicos: básicamente los déficits en sus finanzas públicas, en el comercio de mercancías, y en su cuenta corriente. Esto quiere decir que el gigante económico vive de prestado: el gobierno gasta más de lo que recauda; importa más de lo que exporta; y en general salen más dólares de EU de los que entran debido a sus flujos comerciales y financieros. La diferencia tiene que cubrirse sobre todo emitiendo deuda externa. Esta situación ha empeorado con Trump debido a la rebaja de impuestos que otorgó a las personas y empresas más acuadaladas.

La economía estadounidense es como un auto muy poderos que puede alcanzar velocidades muy altas pero que necesita refacciones, llantas y gasolina que tiene que adquirir en el extranjero. Depende entonces de este abastecimiento y ello produce dos problemas mayores. El primero, que desde el punto de vista geopolítico la economía estadounidense está haciendo fuerte a otras naciones, particularmente a China, su rival económico mayor. Y segundo, que esa dependencia puede en un momento dado representar una amenaza a su sobrevivencia.

Las guerras, incluyendo las comerciales, son producto de una decisión política. La búsqueda de una nueva supremacía mundial de EU pasa hoy por la disputa de los mercados. El plan de Trump consiste en tratar de frenar a China, y subordinar a sus aliados como la Unión Europea, India, Japón y México, a un esquema económico que permita revertir los problemas estructurales de su economía. Pero es un proyecto equivocado: falla en el diagnóstico pues los déficits estadounidenses no se resolverán con medidas de fuerza unilaterales, principalmente barreras aduaneras. Se equivoca en su instrumentación: a corto plazo las disputas comerciales sólo podrán traer mayores riesgos de una recesión mundial.

Dado que aún faltan 17 meses para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la mejor solución y quizás la única, a corto plazo, sería la destitución de Trump como presidente de Estados Unidos. El mundo estaría más tranquilo. Y México se quitaría de encima una causa de sufrimiento que no nos merecemos. Se trata de un episodio que todavía se ve lejano y que no puede ser tomada como una alternativa realista para el gobierno mexicano. Pero casi todos podrían coincidir en que Trump difícilmente va a cambiar sus posturas.  Así las cosas, puede que no tengamos muchas opciones. En el corto o en el mediano plazo, el gobierno tendrá que replantear su esquema de conducción política hacia afuera y hacia dentro. Se requerirá una nueva orientación diplomática  y un proyecto económico alternativo. Esperemos que surjan acompañado de un diálogo abierto con la sociedad para encontrar las mejores soluciones.

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