El nuevo tratado comercial, todavía en veremos
Saúl Escobar Toledo
Hace unos días, un grupo de trabajo compuesto
por nueve parlamentarios del Partido Demócrata de Estados Unidos, encargado de
revisar el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (en inglés U.S.-Mexico-Canada
Agreement, USMC, conocido en nuestro país como T-MEC), dio a conocer un reporte
de actividades. Para empezar, advierte que la redacción del Acuerdo, tal como
fue aprobado por los gobiernos de los tres países, tiene carencias en cuatro
áreas: trabajo; protección del medio ambiente; acceso a medicamentos; y
mecanismos de cumplimiento.
El grupo propone, claramente, la
necesidad de mejorar el texto. Por ejemplo, en el caso de las medicinas, el USMC
otorga 10 años de exclusividad a las patentes de los laboratorios para
protegerlos de la producción de genéricos. Ello a pesar de que en México y
Canadá el plazo ha sido de 5 años. Los demócratas creen que ello encarecerá los
medicamentos. Consideran que debe reducirse el periodo de exclusividad, o de
plano suprimir esta cláusula.
En lo que toca a la parte laboral,
señalan que el viejo NAFTA o TLCAN fracasó en su objetivo de mejorar los
salarios y las condiciones de trabajo en México, afectando también a los
obreros industriales estadounidenses. Por ello proponen, sobre todo, mecanismos
y recursos para monitorear el cumplimiento de los derechos reconocidos
internacionalmente y para que los “socios y actores” puedan rendir cuentas de
los compromisos y reglas del acuerdo. Por socios y actores, los legisladores
incluyen a las autoridades, empresarios y sindicatos que detentan los
contratos, e incluso a las organizaciones y activistas independientes que están
luchando en nuestro país por el respeto de los derechos laborales.
En cuanto al medio ambiente, también
reconocen las fallas del viejo TLCAN y su incapacidad para que se cumplan con
los estándares medioambientales en México, lo que ha provocado -dicen- un
deterioro de la infraestructura y daños a la salud que “no reconocen fronteras”.
Aquí, de la a misma manera, proponen reglas más enfáticas y procedimientos de observación
más estrictos.
En lo que respecta al tema de arreglo
de las controversias por violaciones a las reglas del Tratado, los demócratas
quieren un mecanismo que comprometa a los países (state-to-state dispute
settlement) a llevar las disputas a juzgados internacionales neutrales en los
que ambas partes puedan presentar sus argumentos. No aceptan la propuesta del representante de
Trump (Lighthizer), que consiste en que el gobierno de EU tome acciones
unilaterales como policía (identificando cuáles han sido las violaciones de los
gobiernos), fiscal (estableciendo los argumentos legales), jurado (evaluando
las evidencias) y juez (sentenciando a los otros países a castigos y
represalias comerciales).
La Comisión destacó positivamente la plática que tuvieron
en la Ciudad de México con el presidente de la república y con la secretaria de
trabajo: creen que están seriamente comprometidos con la reforma laboral y
quedaron muy bien impresionados por el detallado programa para implementar las
reformas presentado por Luisa Alcalde. Sin embargo, en el reporte manifestaron
su preocupación por la disponibilidad de los recursos necesarios para llevarlas
a cabo. Creen que las medidas de austeridad, como parte de la lucha contra la
corrupción emprendida por AMLO, no permitirá contar con las partidas
indispensables para hacer efectivos los cambios. Señalan, sin embargo, que eso
se comprobará o no, en el presupuesto que el presidente debe entregar en
septiembre y en las decisiones que tome la Cámara de Diputados a final de año.
Los legisladores también manifestaron
su “profunda preocupación” por los 400 amparos que han sido interpuestos por
los sindicatos de protección para tratar de socavar las reformas a la Ley
Federal del Trabajo. Se quejaron, asimismo de que, en su visita a algunas
fábricas en el estado de San Luis Potosí, dominan los contratos simulados que
se pactan antes de que los obreros sean contratados: “Vimos claramente por qué
el mercado de trabajo mexicano, construido sobre los hombros de trabajadores
indefensos, ha producido tantas ganancias para las compañías más poderosas del
mundo incluyendo algunas de capital estadounidense”. En particular, denunciaron
que en la planta productora de llantas Goodyear encontraron trabajadores
despedidos por defender sus derechos de organización sindical y que la empresa
negó la entrada a la fábrica a la Comisión, provocando un gran disgusto a los
representantes del Congreso de los Estados Unidos.
En resumen, los demócratas están
convencidos de que el Acuerdo debe mejorarse en esos cuatro aspectos. Tal como
está, no votarán a favor.
La posición demócrata no es
definitiva, pero parece indudable que la ratificación del acuerdo por el
Congreso de EU es todavía muy incierta. A pesar de que los senadores de nuestro
país lo aprobaron sin cambios, los legisladores estadounidenses podrían llegar a
un acuerdo bipartidista que abriera de nueva cuenta la negociación e incluir
algunas reformas importantes. En el caso de las patentes para medicamentos, si
se aceptara la moción demócrata, México saldría ganando. Sin duda fue una
concesión demasiado costosa.
En materia laboral, la preocupación
se enfoca en la implementación de las reformas. El gobierno de AMLO tendrá que
garantizar que la reforma va en serio y que contará con recursos económicos necesarios
para el 2020 y cumplirá con los plazos fijados por el propio congreso y el
gobierno mexicanos. Más complicado son los temas de su observación y la
resolución de controversias.
La propuesta de Trump-Lighthizer probablemente
sería inadmisible para México y Canadá. La postura alternativa de los
demócratas no es mucho mejor, pues los inversionistas son los únicos actores
que tienen realmente posibilidades (por el costo que suponen y los abogados
litigantes que se requieren) de llevar a cabo ese tipo de juicios en tribunales
internacionales, lo que otorga a las empresas
una gran ventaja. Sin embargo, se ha vuelto el mecanismo más usual
pactado en los acuerdos comerciales firmados por distintos países del mundo.
El problema es que, ante las
dificultades de que cualquier mecanismo sirva para asegurar el cumplimiento de
los derechos laborales, los demócratas parecen apostarle a fortalecer la
observación directa y a una mayor participación de las organizaciones de
trabajadores opuestas o ajenas a los sindicatos de protección. Sin decirlo,
sugieren la necesidad de una alianza política trinacional entre partidos,
organizaciones sindicales y activistas.
Si eso ocurriera, ¿Aceptaría México la
presencia de un observatorio permanente de sindicatos y autoridades
estadounidenses para vigilar directamente el combate a los contratos de
protección y asegurar el cumplimiento de los derechos laborales en nuestro
país? ¿Podrían, por ejemplo, ejercer presión para que se rechacen los amparos que
han promovido los sindicatos del viejo régimen, o llevar a cabo visitas de
inspección a las fábricas donde suponen que se violan esos derechos? Se trata de aspectos que todavía no se
plasman en propuestas concretas de modificación del Acuerdo pero que podrían
convertirse en parte de la negociación bipartidista en la Cámara de
Representantes. Lo cierto es que son los demócratas, no los republicanos, los
más interesados en los temas laborales. Y ello abre un espacio de confluencia
con el gobierno de AMLO, pero también con el sindicalismo independiente.
El último escenario podría ser la
falta de acuerdo entre los legisladores de EU, lo cual tendría consecuencias
aún más imprevisibles: que se quede el Tratado como está o que no haya ninguno.
Ni los gobiernos ni los legisladores de los tres países lo desean, pero a estas
alturas de los tiempos políticos de EU nadie podría decir, hoy día, que el
futuro del T-MEC está asegurado. En cualquier caso, por desgracia, el futuro económico del país, está en juego.
saulescobar.blogspot.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario