Las cifras del empleo 2019

Las cifras del empleo: la insoportable levedad del presupuesto público

En memoria de Jaime Ros

Saúl Escobar Toledo

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer hace unos días los datos del empleo asegurado en esa institución. No son muy alentadores. Si se compara el mes de junio con el de mayo de este año, se perdieron 14 mil puestos de trabajo. Visto desde un plazo más largo, las cifras no son tan sombrías: en relación a diciembre de 2018, se crearon casi 290 mil empleos; si se toma como base junio de 2018, un año, hay 474 mil plazas de trabajo más, un aumento del 2.4%.

Como quiera que sea, las cifras reflejan la baja capacidad de creación de empleos de la economía mexicana, fenómeno que viene presentándose desde hace varias décadas y, al mismo tiempo, un ritmo de crecimiento cada vez más lento en los últimos meses. Es decir, a una tendencia estructural de largo plazo se añade una coyuntura desfavorable.

Llama la atención que las ocupaciones perdidas en junio (y en mayo) hayan sido eventuales, mientras que los empleos permanentes crecieron. La misma tendencia se observa si se mide el semestre: el 96% de los puestos de trabajo creados fueron permanentes, lo que contrasta con 2018 (82%) y 2017 (81%).

También destaca que los estados que perdieron empleos en el último año (junio 19/junio 18) hayan sido Guerrero con una horrenda cifra de menos 4.6%; una cosa similar se presentó en Chiapas, Oaxaca, Durango, Tabasco y Morelos.

Ambas cosas (su eventualidad y su localización geográfica) podrían indicarnos que se perdieron plazas de trabajo muy vulnerables, localizados en los sectores de la economía menos moderna. En cambio, en los estados de Querétaro, Baja California, Aguascalientes, Nuevo León y Sonora, la creación de empleos fue superior al promedio nacional. Y, sin embargo, el sector económico que más colocaciones ofreció  en el último año fue el agropecuario, seguido de transportes y comunicaciones.

Este panorama refleja naturalmente la actividad económica, la cual muestra un estancamiento desde 2012 y una mayor pérdida de dinamismo desde septiembre del año pasado. Las cifras indican, asimismo, que el sector mejor librado ha sido el sector primario el cual, aunque modestamente, ha venido creciendo en el último año, más que el secundario y el terciario.

Un caso particularmente grave es el de la industria de la construcción, lo cual se ha reflejado en una aguda caída del empleo: de casi 625 mil plazas registradas en septiembre de 2012 a 506 mil en abril de 2019. Lo mismo sucede con la minería. La industria manufacturera en cambio ha venido creando nuevos puestos, lentamente, pero sin mayores retrocesos.

Por otro lado, el salario base de cotización del IMSS tuvo un crecimiento nominal de 6.6%, lo que indicaría un ligero aumento en términos reales. De acuerdo a los datos señalados, no parece haber señales de que estos incrementos hayan impactado negativamente la creación de empleos ni frenado la actividad económica. La razón de estos fenómenos deberá encontrarse en otras causas.

El aumento del empleo asegurado en la agricultura, aunque es una buena señal, no debe ser exagerado. Representa menos del 4% del total. Además, está concentrado en: Jalisco, Sinaloa, Sonora, Michoacán y Baja California. En Guerrero por ejemplo hay menos de mil trabajadores registrados en el IMSS.  De esta manera, las cifras recién entregadas quizás muestren más bien una mayor formalización del trabajo jornalero que una expansión del empleo.

En el informe se destaca la incorporación de mas de 500 mil jóvenes al servicio médico, resultado del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y de 180 mil personas más, según dice el documento de manera literal, “asegurados voluntariamente en el régimen obligatorio” lo cual indicaría que se trata de plazas ya existentes que fueron formalizadas. Sin duda, el Programa significa un cambio radical frente a lo que se hizo en el pasado. Ningún gobierno había dedicado tantos recursos a programas de fomento al empleo. Los beneficios de asegurar a un grupo tan amplio de jóvenes también representan un gran avance. Sin embargo, debe subrayarse que este tipo de políticas públicas no tienen como objetivo crear nuevos puestos de trabajo sino mejorar la colocación de las personas en el mercado laboral. De esta manera, si la actividad económica no se acelera y, con ello, la creación de nuevos puestos, este tipo de programas solo aportan beneficios temporales.

En resumen, el panorama del empleo está atravesando por una situación difícil producto de varios factores: el sector más moderno de la economía ofrece pocas opciones; el sector más atrasado está retrocediendo; y hay ramas como la de la construcción y la minería que presentan una fuerte caída. Por su parte, la expansión observada en el sector agrícola y la incorporación de nuevos asegurados, aunque son acciones positivas, no representan un factor suficientemente influyente que pueda anunciar un cambio de la tendencia general.

De ahí que resulte indispensable acelerar la inversión pública en infraestructura. Ello serviría para detener la caída de la industria de la construcción, sobre todo si se comprueba que la inversión privada ha disminuido severamente. Ayudaría a reanimar el ciclo económico, generando directamente más puestos de trabajo y una mayor demanda efectiva que se reflejaría en un mayor consumo interno. Y, sobre todo, si se aplica en las regiones más atrasadas del país y en aquellos rubros que más lo necesitan, ayudaría a cerrar la brecha de desigualdad que, según se observa, está creciendo entre las regiones y las empresas más atrasadas y las más desarrolladas.

El gasto en programas sociales no basta. Urge entonces poner en movimiento la inversión pública junto con otros mecanismos que reanimen la economía, como el financiamiento de la banca de desarrollo.

En el inicio de otros sexenios, se ha observado también una tardanza en el ejercicio de los recursos públicos, particularmente en infraestructura, ya que estos proyectos requieren tiempo para su planeación y puesta en marcha. En este caso, sin embargo, las dificultades han sido mayores por la reasignación de programas, la lucha contra la corrupción, la austeridad, y las nuevas prioridades del gobierno en materia de inversión. La combinación de todo ello no ha ayudado a despejar el camino para un ejercicio del gasto y la reanimación de la economía.

Es probable y deseable que, en los próximos meses, la inversión en infraestructura fluya a ritmos más elevados. Sin embargo, sus resultados no se verán reflejados de manera inmediata. Podría decirse que este año, 2019, el panorama del empleo no mejorará sustancialmente. Por ello, el presupuesto para 2020 deberá reflejar un esfuerzo mucho más cuantioso y ordenado en materia de inversión pública de tal manera que, en un futuro cercano, el balance sea mucho más satisfactorio.

El país requiere más y mejores puestos de trabajo. Cualquier otro camino para combatir las desigualdades y la pobreza tendrá efectos menores si no se pone este objetivo en el centro de las políticas públicas y, especialmente, en el ejercicio de los recursos presupuestales. La rectoría económica del Estado se convierte en una frase vacía si no se traduce en una abundante, bien planeada, y oportuna inversión productiva. El gasto público no pude limitarse a estimular la demanda: también y de manera prioritaria tiene que aplicarse para ampliar la oferta de bienes y servicios. Eso es lo que demuestran las cifras de esta primera mitad del año. 2020 tiene que ser el momento del cambio. De otra manera, la economía y el empleo, en el mejor de los casos, seguirán los mismos ritmos de las últimas décadas. O sea, más de lo mismo.

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El futuro del trabajo

Saúl Escobar Toledo

El vertiginoso desarrollo de la tecnología que hemos observado en las últimas décadas sorprende, gratifica y asusta. En unos cuantos años, las personas han cambiado su forma de relacionarse con otras personas, sus hábitos más frecuentes para comprar cosas, y sus formas de trabajo. Estos cambios resultan muy asombrosos sobre todo para las generaciones más viejas, pero incluso los más jóvenes se maravillan de estos avances. Muchas personas, sobre todo las que no están en una condición de sobrevivencia, se sienten contentos y satisfechos con los aparatos más recientes. Sin embargo, también hay preocupación por los efectos indeseados. Por ejemplo, la invasión de nuestra intimidad, averiguar sin permiso nuestras preferencias y amigos, y utilizar esa información con fines comerciales y políticos.

Una de las mayores preocupaciones tiene que ver con los efectos de estos avances en el trabajo. La inteligencia artificial (máquinas que realizan tareas cognitivas como las computadoras); la automatización (aparatos que llevan a cabo funciones programadas sin intervención humana, por ejemplo, al pagar un servicio o adquirir una mercancía); y la robótica (sobre todo aquellos que sustituyen a humanos en el proceso productivo) sin duda crean temores en el sentido de que las plazas laborales se verán seriamente afectadas, desplazando personas por máquinas.

Por ello, el futuro del trabajo se ha convertido en un tema cada vez más polémico. Atrae la atención de organismos internacionales, académicos y especialistas, gobiernos y autoridades, y desde luego de los medios de comunicación. Muchas personas pueden tener la creencia de que la sustitución de personas por máquinas es una tendencia imparable que además provocará despidos masivos y desempleo sin remedio.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) se propuso discutir este tema y para ello creó una Comisión Mundial formada por 20 especialistas. Dicho grupo inició sus actividades en 2017 y los concluyó en noviembre de 2018. Hace unos días, publicó su informe final. 

El objetivo del documento es llamar la atención sobre las transformaciones que afronta el mundo del trabajo y proponer ideas para encauzar y aprovechar esos cambios. Para ello toman en cuenta los avances tecnológicos, pero también las innovaciones que se están llevando a cabo para adoptar procesos productivos con tecnologías limpias. Asimismo, incluyeron la evolución demográfica de los países.

Sobre el cambio tecnológico, afirman que éste, sin duda, va a destruir empleos, pero igualmente es previsible, como ha sucedido desde la Revolución Industrial del siglo XVIII, que se crearán nuevas plazas. El problema es que esos nuevos puestos no necesariamente podrán ser ocupados por aquellos que fueron desplazados por los sistemas más modernos.

Por ello, una de sus primeras recomendaciones consiste en aumentar la inversión en la capacitación de las personas y en adoptar el derecho al aprendizaje a lo largo de toda su vida para que éstas adquieran competencias, las perfeccionen y puedan reciclarse profesionalmente.

También recomiendan incrementar el gasto público en políticas y estrategias para lograr metas como la igualdad de género y la protección universal, desde el nacimiento hasta la vejez, basada en la solidaridad y el reparto de riesgos. Igualmente, aumentar la inversión en instituciones laborales como la inspección del trabajo, y asegurar que se lleve a cabo la contratación colectiva bajo el principio de la libertad sindical.

Una propuesta central se refiere a la necesidad de establecer una Garantía Laboral Universal. Todos los trabajadores, con independencia de su acuerdo contractual o situación laboral, deberán disfrutar de un salario vital adecuado, límites máximos en su jornada, y protección efectiva en materia de seguridad y la salud en el trabajo.

Proponen, asimismo, establecer un sistema de gobernanza internacional de las plataformas digitales del trabajo que exija a estos nuevos sistemas de compra (y a sus clientes) que respeten determinados derechos y protecciones mínimas. Otro conjunto de propuestas tiene que ver con Incrementar la inversión en empleos decentes (o dignos) y sustentables.

El impacto de la tecnología sobre el empleo, en el futuro inmediato, no está claro. Hay cálculos muy diferentes: en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, algunos autores calculan que un 47% de los puestos de trabajo en Estados Unidos corren el riesgo de verse sustituidos por la automatización. Por su parte la OCDE tiene una cifra más conservadora:  apenas el 9% de las plazas laborales corren ese riesgo en los países afiliados a esta organización. Nadie duda de su importancia, pero no hay unanimidad en cuanto a su magnitud. Y sobre todo en cuanto a la posibilidad de que las pérdidas sean compensadas por la creación de nuevas plazas de trabajo. Así, por ejemplo, debido a la adopción de tecnologías y procesos productivos más limpios, la OIT calcula que el Acuerdo de París puede traducirse en una pérdida de 6 millones de empleos, pero a cambio se crearían   24 millones de colocaciones nuevas.

En lo que toca a América Latina, la revista Trabajo, patrocinada por la OIT, y dirigida por Enrique De la Garza, de la UAM, ha dedicado su número correspondiente al semestre enero-junio de 2018 al tema que comentamos.

En la introducción, De la Garza considera que la tecnología no lo determina todo. En el caso de nuestros países, por ejemplo, influyen también factores tan importantes como el modelo exportador: si se trata de uno en el que predominen los bienes primarios (de origen agrícola o petrolífero); o de exportaciones en su mayoría manufactureras, como en México.

En nuestro país, la mayor parte de las empresas exportadoras son tipo maquiladora, es decir ensambladoras de bajo valor agregado. Las empresas con tecnología de punta, donde la robotización puede ser posible, sólo emplean unos 68 mil trabajadores mientras que la maquila abarca 3 millones de obreros en total. Además, los niveles de ocupación y más altos y dinámicos, se encuentran el sector servicios donde predomina el trabajo con baja productividad y calificación de la mano de obra. Asimismo, los niveles de informalidad, que superan el 50%, también deben tomarse en cuenta para tratar de medir el impacto de las nuevas tecnologías.

Pero aún en la industria manufacturera más moderna, como la automotriz, los trabajadores obtienen salarios muy bajos, sobre todo si los comparamos con Estados Unidos, donde ganan nueve veces más. La existencia de una mano de obra barata se ha convertido en una ventaja comparativa que atrae inversiones, pero al mismo tiempo atenúa la sustitución de mano de obra por tecnologías de última generación.

Finalmente, De la Garza advierte que el impacto de esta modernización tiene que ver con la correlación de fuerzas en las empresas. Si las relaciones laborales se distinguen por una flexibilidad que sólo busca bajar los costos de la mano de obra y se margina a los sindicatos y a cualquier forma de participación de los trabajadores, la tecnología puede ser más destructiva no sólo de empleos sino también de las condiciones de trabajo en general.

En resumen, los robots están llegando a las fábricas, pero no acabarán con todo el trabajo humano ni con las oportunidades de empleo. El ritmo y la intensidad de este fenómeno dependerá de que la destrucción/creación de  empleos pueda ser controlada y dirigida por los gobiernos, los empleadores y los trabajadores (organizados) mediante la capacitación permanente, la mejora de la regulación y el funcionamiento de las instituciones laborales, la seguridad social universal, la inversión en proyectos productivos que propicien el trabajo decente (o digno) y sustentable (cada vez más verde).

La tecnología puede y debe ser utilizada para el bienestar de las personas, tanto si son consumidores como, más decisivo aún, si son productores. Esto último supone acuerdos, negociaciones colectivas y libertad para organizarse. 

El embrollo migratorio: la razón de la sinrazón

Saúl Escobar Toledo 

El enfrentamiento entre Estados Unidos y México, desatado hace unas semanas por el gobierno de Trump tiene, como se ha comentado profusamente, dos causas principales: la inescrupulosa ambición política del presidente de aquel país, y su natural inclinación a provocar el sufrimiento ajeno. Pero también hay otras razones más concretas que propiciaron el manotazo, ligadas al fenómeno migratorio.

Para entenderlas vale la pena citar el memorándum del 27 de abril de la entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Nielsen, quien aseguraba:

“La situación en nuestra frontera sur es extremadamente grave. Estamos viendo flujos históricos migratorios que exceden de lejos la capacidad de EU y una situación humanitaria que se agrava cada día. Los agentes migratorios no están preparado ni equipados para tratar con el volumen de personas vulnerables que llegan a nuestro territorio. Nuestras instalaciones están excedidas, nuestros agentes y oficiales son muy reducidos, los niños están llegando más enfermos que nunca y estamos en un grave riesgo de incidentes que amenazan la vida, dadas las proporciones sin precedentes de los flujos… Como resultado, hemos tomado la difícil decisión de desviar recursos de la seguridad fronteriza y dedicarlos a una respuesta humanitaria de tiempo completo.  Y nos hemos visto obligados a poner en libertad a individuos antes de que hayan sido completamente procesados mediante el sistema de inmigración… En breve, hemos llegado a un punto de quiebra de todo el sistema. He pedido al Congreso mayores recursos de emergencia y la contratación de nuevos agentes para lidiar con la crisis.  Estamos obligados a restaurar el orden y al mismo tiempo cumplir con nuestras obligaciones humanitarias”.

Es probable que esta posición haya resultado inaceptable para el presidente, lo que llevó al despido de la secretaria Nielsen. Ahora bien, los estudios realizados por el Centro Pew (https://www.pewhispanic.org) confirman varios hechos importantes: desde hace tres años, las autoridades fronterizas de Estados Unidos han arrestado a más personas de origen centroamericano que de nacionalidad mexicana. Ahora, éstos son una minoría, a diferencia con lo que sucedía antes, hace dos décadas, cuando la proporción era completamente inversa: los mexicanos detenidos representaban el 98% y las otras nacionalidades apenas el 2%. Más importante aún, del total de arrestos ocurridos en los últimos años, en el 53% de los casos se trata de grupos familiares, es decir que incluyen menores de edad. Se trata de un cambio sustancial pues en el pasado se detenía, en una gran proporción, a personas que viajaban solas, principalmente hombres.

Estos nuevos perfiles de la migración han provocado fuertes presiones a las autoridades estadounidenses ya que, de acuerdo a las leyes de ese país, en especial la Ley de Refugiados y el Programa Federal de Reasentamiento de Refugiados de 1980, el gobierno está obligado a examinar las solicitudes de las familias y a ayudarlas a que obtengan los medios económicos suficientes para sobrevivir tan pronto lleguen a suelo estadounidense.  También pone un plazo que no puede exceder 20 días (Acuerdo Flores) de detención a las personas que estén acompañadas por niños.

De ahí que el gobierno como decía Nielsen, esté obligado a proporcionar ayuda humanitaria a estos solicitantes, tratar de cumplir con el plazo señalado o liberar a los detenidos, y además vigilar la frontera para evitar que entren al territorio de ese país. Ante la imposibilidad, según la ex secretaria, de hacer todo ello, Nielsen aparentemente decidió poner mayor atención y recursos a la ayuda humanitaria.

Debe advertirse que la cantidad de migrantes que llegan a Estados Unidos ha venido disminuyendo, sobre todo en el caso de los indocumentados. Esto último obedece a que ahora los mexicanos que regresan son más que los que tratan de llegar allá. Así, el número de personas nacidas fuera de EU, no documentadas, que trabajan o buscan un trabajo en EU es menor que hace unos diez años: pasaron del 5.4% al 4.8% del total de la fuerza de trabajo civil.

Consecuentemente, el número de deportados se ha reducido: de un promedio anual de 375 mil con Obama a 295 mil con Trump. El cambio ha sido muy notorio en la frontera con México:  aquí las detenciones cayeron de 1 millón en 2006 (y un número aún mayor en los años ochenta y noventa) a 400 mil en 2018.

Es decir, para el gobierno de Estados Unidos, el problema más urgente ya no radica en el número de migrantes que tratan de ingresar sin permiso, sino en el hecho de que se trata de grupos acompañados de niños provenientes principalmente de tres países: El Salvador, Guatemala y Honduras. Familias que solicitan refugio, de acuerdo a las leyes de ese país.

El mandatario ha tratado de cambiar o saltarse la ley (The Refugee Act) y todas las obligaciones que se derivan de ella. Ante la negativa del Congreso y de algunos jueces, el presidente decidió que México debería hacerse cargo del problema (o de una parte de él). De esta manera Trump está tratando de resolver un asunto administrativo, la falta de presupuesto y personal adecuado, y evadir la obligación legal de atender debidamente a las familias. Igualmente, presiona a los legisladores y desde luego intenta demostrar sus votantes que cumple con la promesa de fronteras seguras.

El gobierno mexicano tendrá ahora   que resolver la problemática que apuntaba la secretaria Nielsen: atender debidamente a las familias migrantes, incluyendo el delicado asunto de los niños, y tratar de detener el flujo. Son asuntos difícilmente compatibles: detener   a los migrantes con la fuerza militar y arrestarlos, afectará sin duda, principalmente, a los menores. El esfuerzo en materia de recursos, calidad del servicio, adiestramiento del personal, instalaciones apropiadas y protocolos de detención para que las madres, padres e infantes vean respetados sus derechos más elementales será enorme y muy complicado. Todavía más si se acepta finalmente convertirnos en tercer país seguro.

Desde luego, resulta evidente que las familias centroamericanas abandonan su territorio no sólo por razones de búsqueda de un trabajo, como en el caso de la mayoría de los mexicanos que se han ido (ahora en menor número) a EU. La violencia que sufren   en sus países de origen, al sur de nuestra frontera, se ha convertido en la causa principal. Ningún padre o madre de familia arriesgaría a sus propios hijos a una atravesía tan arriesgada sólo porque piensan que de esta manera puede ser más viable obtener un ingreso legal a Estados Unidos. El terror que sufren en sus barrios y vecindarios debe ser mayúsculo.

El gobierno mexicano tiene razón en tratar de promover programas económicos en la zona del Triángulo Norte de Centro América para tratar de frenar la migración. Pero no basta. Las detenciones y deportaciones que lleven a cabo nuestras autoridades, sobre todo cuando se trate de familias, deberían ser excepcionales. El acento debería recaer en la disuasión, los permisos temporales que garanticen su tranquilidad, y un programa de ayuda para garantizarles alimentos y asistencia médica.

Estas políticas, que se intentaron al principio del sexenio, chocan con los acuerdos más recientes entablados con EU. México no pude responsabilizarse de una probable catástrofe humanitaria. Durante los próximos días veremos si estos peligros se confirman o se desvanecen. Pero lo más razonable es prepáranos para un escenario más ingrato. La estrategia de contención en la frontera sur y de acogida en la norte pueden resultar inviables con el respeto a los derechos humanos de las familias.  Los flujos no necesariamente se van a reducir a los niveles que desea Estados Unidos, lo cual podría de nueva cuenta ser motivo de represalias comerciales. Se trata sin duda de un problema muy complejo, un verdadero embrollo, en el que la vida y la seguridad de cientos de miles de personas, sobre todo niños, está en riesgo.

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Las guerras de Trump

Las guerras de Trump

Saúl Escobar Toledo

El presidente de Estados Unidos está desatando varios conflictos mundiales al mismo tiempo. Tanto amenazas militares como en el caso de Irán o Venezuela, como de tipo comercial contra China, India, Japón, Europa y, ahora, México. Estas últimas son de distinta intensidad, pero producen a nivel mundial una gran incertidumbre, minan la confianza de inversionistas y empresas y reducen las oportunidades de empleo. 

En el caso de México, el incidente es particularmente llamativo dado que se trata de un viejo aliado que ha estado ligado a EU desde hace décadas a través del TLCAN. Justamente, el día en que el presidente López Obrador anunció su decisión de pedirle al Congreso la aprobación del nuevo acuerdo comercial (el T-MEC), Trump a través de su Twitter, amenazó a nuestro país con imponer aranceles a todas las importaciones de mercancías. Con ello puso en duda la certidumbre de ése y cualquier arreglo escrito firmado por Washington.  

La amenaza es aún más incomprensible si tomamos en cuenta que la economía estadounidense pasa por un buen momento, con tasas de crecimiento superiores al promedio histórico de las últimas décadas y un desempleo mínimo.

¿Por qué Trump decide escalar las guerras comerciales en un momento como éste, sabiendo, como sabe, que ello puede producir efectos nocivos para la economía global y, en particular para la de su propio país?

La respuesta pudiera ser, como ha sido expresado por varios comentaristas, miembros del Congreso de EU e incluso representantes del sector privado, tan simple como: por irresponsable. Pero podría ser que estas conductas no respondieran sólo a un acceso de furia que no mide las consecuencias.

Como se ha dicho, también, Trump parece estar buscando dos objetivos políticos: el primero, darle a su campaña por la reelección un mayor brío. Cuestiones muy estimadas por sus electores duros han sido el problema de la inmigración y el llamado outsourcing, es decir, el traslado de empresas y proceso productivos, principalmente a China y México, con la consecuente pérdida de empleos en territorio estadounidense. El segundo, distraer la atención pública para que el asunto de la intromisión rusa en las elecciones de noviembre de 2016 se minimice en la prensa.

Si esto es cierto, México se convertirá cada vez más en la víctima de un juego perverso que consiste en tratar de demostrar que nuestro país no puede o no quiere detener la inmigración indocumentada proveniente de Centro América. Diversos indicadores muestran que el flujo de personas provenientes del sur de la frontera de EU no está en su momento más álgido, de acuerdo con los niveles históricos que se han presentado en otras décadas. Recordemos tan solo que alrededor de 400 mil mexicanos promedio anual se fueron a vivir al otro lado de la frontera entre 1990 y 2010, mientras que el número de centroamericano promedio anual ha sido de poco más de 80 mil en las últimas décadas (sin tomar en cuenta las personas repatriadas).  Puesto que el problema tiende a agravarse y se trata de un asunto muy llamativo, con una fuerte carga dramática debido al número de niños y mujeres que tratan de llegar hasta allá debido al desastre que padecen en sus propias naciones (Honduras, El Salvador, Guatemala), la manipulación mediática es relativamente fácil. De esta manera, para Trump el problema nunca estará resuelto, no importan las estadísticas o la conducta y el discurso del gobierno mexicano.

En lo que toca a la posibilidad de que regresen a EU las compañías que operan en México, ello difícilmente va a suceder en el corto plazo: las cadenas de valor que se han construido entre los dos países en las empresas fabricantes de autos, computadoras, cámaras fotográficas, televisiones y hasta cerveza, no se pueden romper para rehacerse fácilmente en territorio estadounidense. Además, si esto sucediera, la potencia del norte tendría entonces un serio problema de escasez de mano de obra.

Sólo para ilustrar el fenómeno, México vendió a EU el año pasado mercancías por un total aproximado de 347 miles de millones de dólares. Una tercera parte fueron automóviles, sus accesorios o partes. Otro 11 por ciento consistió en computadoras, aparatos de televisión y de video; y un pequeño pero significativo dos por ciento fueron cervezas. Del total de productos exportados por nuestro país a nuestro vecino, por lo menos un 30% tienen un contenido estadounidense. Hasta las chelas fabricadas en nuestro suelo llevan lúpulo y cebadas cultivadas en Estados Unidos. La esperada ratificación del T-MEC significa la continuidad y fortalecimiento de este esquema productivo que consolida las cadenas de valor trasfronterizas.

Se puede concluir entonces que las amenazas de Trump contra México son pura demagogia. No buscan resolver ningún problema. Son simplemente anuncios publicitarios para promover su propia candidatura.

Pero, y ¿qué sucede con el resto del mundo? Ni China, ni la Unión Europea ni Japón pueden ser acusados de promover la inmigración indocumentada a EU, y aunque también pudieran servir como chivos expiatorios para demostrar que el nacionalismo de Trump va en serio y así ganar votos, las razones pueden ser más complejas.

La economía de EU, a pesar de su auge en estos momentos, es estructuralmente muy vulnerable. Su talón de Aquiles reside en sus desequilibrios macroeconómicos: básicamente los déficits en sus finanzas públicas, en el comercio de mercancías, y en su cuenta corriente. Esto quiere decir que el gigante económico vive de prestado: el gobierno gasta más de lo que recauda; importa más de lo que exporta; y en general salen más dólares de EU de los que entran debido a sus flujos comerciales y financieros. La diferencia tiene que cubrirse sobre todo emitiendo deuda externa. Esta situación ha empeorado con Trump debido a la rebaja de impuestos que otorgó a las personas y empresas más acuadaladas.

La economía estadounidense es como un auto muy poderos que puede alcanzar velocidades muy altas pero que necesita refacciones, llantas y gasolina que tiene que adquirir en el extranjero. Depende entonces de este abastecimiento y ello produce dos problemas mayores. El primero, que desde el punto de vista geopolítico la economía estadounidense está haciendo fuerte a otras naciones, particularmente a China, su rival económico mayor. Y segundo, que esa dependencia puede en un momento dado representar una amenaza a su sobrevivencia.

Las guerras, incluyendo las comerciales, son producto de una decisión política. La búsqueda de una nueva supremacía mundial de EU pasa hoy por la disputa de los mercados. El plan de Trump consiste en tratar de frenar a China, y subordinar a sus aliados como la Unión Europea, India, Japón y México, a un esquema económico que permita revertir los problemas estructurales de su economía. Pero es un proyecto equivocado: falla en el diagnóstico pues los déficits estadounidenses no se resolverán con medidas de fuerza unilaterales, principalmente barreras aduaneras. Se equivoca en su instrumentación: a corto plazo las disputas comerciales sólo podrán traer mayores riesgos de una recesión mundial.

Dado que aún faltan 17 meses para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la mejor solución y quizás la única, a corto plazo, sería la destitución de Trump como presidente de Estados Unidos. El mundo estaría más tranquilo. Y México se quitaría de encima una causa de sufrimiento que no nos merecemos. Se trata de un episodio que todavía se ve lejano y que no puede ser tomada como una alternativa realista para el gobierno mexicano. Pero casi todos podrían coincidir en que Trump difícilmente va a cambiar sus posturas.  Así las cosas, puede que no tengamos muchas opciones. En el corto o en el mediano plazo, el gobierno tendrá que replantear su esquema de conducción política hacia afuera y hacia dentro. Se requerirá una nueva orientación diplomática  y un proyecto económico alternativo. Esperemos que surjan acompañado de un diálogo abierto con la sociedad para encontrar las mejores soluciones.

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Empleos: pocos y malos

Empleos: pocos y malos

Saúl Escobar Toledo

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) acaban de publicar su informe 2018 sobre el empleo en América Latina y el Caribe. Los resultados no son muy positivos. Dos asuntos preocupan fundamentalmente: el primero, que, en el pasado reciente la región ha enfrentado una situación económica de bajo crecimiento.  De esta manera, el aumento de la demanda por una ocupación remunerada tuvo como respuesta un incremento del trabajo informal. Ello, dice el informe, representa un retroceso en la región respecto al avance que se había observado hasta más o menos el año 2010.

El aumento de la informalidad ha afectado sobre todo a las mujeres pues éstas se han incorporado en mayor número al mercado laboral, pero tuvieron que aceptar puestos de mala calidad. Por su parte, los hombres, frente a la falta de empleos asalariados, respondieron de manera distinta. Una parte de ellos, los más jóvenes, decidieron alargar su permanencia en los sistemas educativos. Los de mayor edad, en cambio, simplemente renuncian a seguir buscando un empleo.  Ello, a su vez, ha creado mayores desigualdades entre los géneros.

Se crea así una dinámica perversa: un ritmo económico menor lleva a una caída en la oferta de puestos asalariados y consecuentemente a una mayor necesidad de completar el ingreso para las familias, lo que a su vez conduce a las mujeres a aceptar ocupaciones de baja remuneración y sin protección social.

No hay duda, dice el informe, que existe una estrecha correlación entre la tasa de ocupación y el crecimiento económico. Tal cosa se muestra con claridad entre 2010 y 2016, período en el que el empleo asalariado se expandió a un menor ritmo que el trabajo informal. Aunque los números han mejorado un poco en los años recientes, ello no ha sido suficiente para alcanzar los niveles anteriores.  Además, fue un fenómeno que se observó de manera bastante generalizada: de los 14 países estudiados, sólo en tres creció más rápidamente el número de puestos asalariados.

Se observó, asimismo, que el mayor dinamismo del empleo se ubicó en el sector terciario. Particularmente, los servicios comunales, sociales y personales; el comercio; y los restaurantes y hoteles. La manufactura se contrajo cuatro años seguidos, entre 2012 y 2016 y apenas está repuntando levemente. Desafortunadamente, el trabajo sin protección prolifera más fácilmente en los servicios que en la industria.

Ahora bien, el documento señala que el aumento de la informalidad laboral no sólo obedece a la caída en la generación de empleos asalariados, sino también a las estrategias de las empresas para reducir costos. En lugar de ofrecer plazas estables y protegidas por la seguridad social, optan por diversas formas de contratación que evaden estas responsabilidades.

Desde hace muchos años, se conocen diversas modalidades de empleo que ignoran los derechos laborales. Por ejemplo, el trabajo a domicilio (principalmente para la elaboración de prendas de vestir); el reclutamiento de jornaleros rurales sin contratos escritos; y el trabajo asalariado doméstico no reconocido como tal. En algunos países, se ha tratado de reglamentar estas ocupaciones, pero sin grandes resultados prácticos. En otros, simplemente se les ha ignorado, como si se tratara de trabajadores invisibles.

A estas viejas formas de informalidad laboral, hay que agregar ahora nuevos fenómenos derivados de la tecnología, particularmente aquellos que tiene que ver con el uso del internet, las llamadas plataformas digitales. Estamos hablando por una parte del trabajo a distancia, por ejemplo, una empresa que contrata el servicio específico de una persona para realizar una tarea, digamos el diseño de un plano de ingeniería. A veces, una vez realizado el pago, termina la comunicación entre ambos. Pero en otras, la relación es frecuente e intensa y entonces surge la interrogante: ¿se trata de un trabajo que debería considerarse como subordinado bajo la responsabilidad de la empresa contratante y que por lo tanto genera derechos para el trabajador? En estos casos se habla ya de la existencia de jornaleros digitales.

En lo que concierne al uso de las plataformas, se trata de diferentes modalidades que oscurecen la relación entre la empresa y el trabajador y que no permite distinguir con nitidez el trabajo asalariado del independiente. La contratación mediante plataformas digitales se ha extendido muy rápidamente en varias partes del mundo: Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia. En las regiones angloparlantes, a este tipo de trabajo se le ha llamado economía gig.  En la región latinoamericana y caribeña avanza más lentamente, pero se le puede reconocer ya abiertamente.

Estas plataformas digitales abarcan una gran diversidad de servicios como el transporte de pasajeros (taxis) y el reparto de comida a domicilio. Empresas como Uber y Cabify proporcionan a sus clientes una red de transporte mediante una plataforma virtual que se conecta por internet y que está disponible en teléfonos celulares. Otras como Cornershop, Ubereats y muchas otras, se dedican a la compra, recolección y envío de pedidos a través de repartidores, mediante mecanismos similares.

Aunque las formas de relación entre el cliente final, el trabajador y la empresa son diversas, en muchas ocasiones se ha probado que esta última exige ciertas calidades del empleado, le impone un ritmo y la forma de trabajo, y que la retribución se fija unilateralmente en función de las tareas desempeñadas sin mediar negociación. Igualmente, se pudo apreciar que los trabajadores no están protegidos por la seguridad social ni tiene posibilidades de asociarse entre ellos. Los estudios realizados indican que, frecuentemente, existe una relación subordinada entre el trabajador y la empresa, aunque formalmente se oculte o se le pierda la pista debido a que es el cliente final el que, mediante el internet, solicita el servicio.

En síntesis, el avance de la tecnología no ha redundado en una mejoría de la calidad del empleo, sino como hemos visto en formas de contratación vulnerables. Por ello, la OIT y la CEPAL recomiendan el estudio de estas tendencias más recientes para elaborar una legislación adecuada, una regulación factible por las autoridades, y el diálogo social mediante el respeto la libre asociación de los trabajadores.

México no ha sido la excepción en el panorama descrito por la CEPAL-OIT. Aquí también hemos tenido un crecimiento muy bajo, una oferta insuficiente de empleos asalariados y una informalidad que afecta a más del 50% de los trabajadores ocupados. Asimismo, se observan fenómenos como la subcontratación y la oferta de servicios por medio de plataformas digitales. 

Aún es muy temprano para evaluar las perspectivas del empleo en el actual sexenio. Tendremos que ver, durante los próximos meses y años, cómo afecta el panorama laboral asuntos tan novedosos como las reformas a la Ley Federal del Trabajo, el programa de capacitación para jóvenes, y en general las políticas adoptadas por el gobierno para alentar el crecimiento económico y abatir la pobreza.

Sin embargo, las conclusiones del documento que comentamos son muy claras: se requiere de manera indispensable acelerar la economía para aumentar la oferta de empleos; pero también   es necesario continuar con el fortalecimiento de las leyes y las instituciones laborales para combatir las diversas formas de contratación que vulneran los derechos básicos de los trabajadores. Entre otras, la subcontratación para evadir el pago de prestaciones y la seguridad social, y la situación de los trabajadores rurales y domésticos. Ahora, adicionalmente, se tendrá que investigar el uso de las plataformas digitales sobre todo en aquellos casos en que existe una relación subordinada del trabajador hacia la empresa.

La construcción de un país más justo requiere estos esfuerzos. No podemos conformarnos con un panorama que ofrece pocos empleos y de mala calidad.

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La otra reforma laboral

La otra reforma laboral: los trabajadores al servicio del estado

Saúl Escobar Toledo

El 29 de abril pasado, el Senado de la República aprobó las reformas a la Ley federal del Trabajo (LFT) que le había enviado su colegisladora, la Cámara de Diputados. Concluía así el proceso de reglamentación del apartado A del artículo 123 que había comenzado en febrero de 2017. Como han señalado diversos analistas y representantes de los sindicatos y organizaciones patronales, se trata de las enmiendas más importantes y trascendentes que se hayan efectuado en muchos años. Desde mi punto de vista, desde el Constituyente de 1917 y la primera LFT de 1931, ya que dan luz a un nuevo modelo laboral. El que estuvo vigente durante más de cien años se basaba en la justicia tripartita (gobierno, empresarios y trabajadores), éste se apoya ahora en tribunales judiciales. El viejo orden daba al gobierno la facultad de reconocimiento y control de los sindicatos; el nuevo se funda en una muy amplia libertad sindical. El esquema que acaba de terminar construyó un sistema de negociación colectiva manejado discrecionalmente por el gobierno en turno: el que se inaugura dejará a los trabajadores el poder de decisión sobre las condiciones en que se llevará a cabo.

Falta ahora su instrumentación, la cual tomará en algunos casos, como los tribunales adscritos al poder judicial, alrededor de tres o cuatro años. En otros asuntos, como la creación del centro federal de conciliación y registro de sindicatos y contratos colectivos, el plazo será un poco menor. Otras modificaciones entrarán en vigor inmediatamente, como en los litigios de despido y la consulta como requisito indispensable para el registro y la revisión de un contrato colectivo.

Los senadores, sin embargo, ya encarrerados, modificaron también la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que data de 1963. Al otro día, los diputados avalaron el dictamen y casi inmediatamente se publicó en el Diario Oficial.  Los cambios apuntan, como asentaron los legisladores, hacia la ampliación de la libertad sindical. Y, como en el caso de la LFT, se apoyaron en el convenio 98 de la OIT.

De esta segunda reforma se ha hablado poco, en parte por la forma sorpresiva y expedita en que se aprobó, y en parte, quizá, porque la atención se centró en otros quehaceres legislativos.

Sin embargo, se trata de modificaciones de gran calado que cambiarán sustancialmente las reglas vigentes en materia de asociación para los trabajadores al servicio del estado adscritos al apartado B del 123 constitucional. Debe recordarse que, durante varias décadas, entre los años cincuenta y hasta principios de los ochenta del siglo pasado, los llamados burócratas recibieron del régimen un trato especial:  salud, vivienda, salarios, jornada laboral, que se pretendían mejores que los que gozaba el sector obrero. A cambio de ello, se les  impuso una completa subordinación al gobierno y al PRI del cual formaron parte como integrantes de la CNOP. Después de la crisis de 1982, estas ventajas se redujeron drásticamente y se impuso la política de contratos por honorarios y otras formas precarias para evadir la estabilidad laboral y el otorgamiento de prestaciones. En ambos momentos, el control sindical fue indispensable: en la etapa del auge para asegurar su fidelidad al partido, y en la de ajuste para evitar protestas y reclamos.

Para transitar de este modelo de control autoritario a otro basado en una mayor libertad asociativa, los legisladores aprobaron siete enmiendas que en resumen plantean lo siguiente: en primer lugar, se derogó el artículo 68 que señalaba que en cada dependencia sólo podría haber un sindicato y que éste debería ser el mayoritario de acuerdo al reconocimiento hecho por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Ahora, la ley permitirá que haya los sindicatos que los trabajadores decidan. Consecuentemente, se reformó el artículo 69 para disponer que los trabajadores tienen derecho a formar parte de una organización sindical sin autorización previa y que podrán adherirse o separarse de ésta en cualquier momento. También, que la elección de las directivas se tendrá que realizar mediante el voto personal, libre, directo y secreto de los afiliados, y que la convocatoria deberá ser notificada al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCyA), el cual podrá verificar los comicios. Advierte que las elecciones que no cumplan estos requisitos serán nulas.

Se elimina, igualmente, una parte del texto del artículo 78 que decía, literalmente, que la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE)  era la única central reconocida por el Estado. Como es obvio, se trataba de un artículo muy antidemocrático y un buen ejemplo de lo que fue el corporativismo sindical. La Suprema Corte había declarado inconstitucional éste y otros artículos desde 1999. A pesar de ello, la ley no había sido reformada.  Ahora habrá plena libertad para formar las federaciones que se deseen y coligarse con cualquier organización obrera o campesina, cosa que estaba expresamente prohibida.  

El impacto de estos cambios se dejará sentir muy pronto en todo el sector laboral de la federación. Según cifras del ISSSTE, hay casi 3 millones de trabajadores en activo, de los cuales unas dos terceras partes son de base, un 20% son considerados como de confianza y el resto eventuales, a lista de raya u otra forma de contratación vulnerable. Destaca que la mayoría de la plantilla laboral de base está compuesta por mujeres. Sin embargo, a estos números habría que agregar un amplio conjunto de personas que no tienen servicios de salud debido a su forma de contratación absolutamente precaria. 

Dentro de este universo, debe subrayarse el caso de la SEP, dado el conflicto que lleva más de cuatro décadas entre la CNTE (Coordinadora de Trabajadores de la Educación) y el SNTE. Con estas reformas, los maestros disidentes tendrán   el camino legal abierto para disputar la dirección del sindicato mediante la conquista del voto directo y secreto, y/o para formar libremente una nueva organización que contaría seguramente con registro legal.

La CNTE, bajo cualquiera de estas opciones, se convertiría en una organización de pleno derecho. Si bien, en la actualidad, los maestros disidentes dirigen varias secciones del SNTE, y son, de facto, una organización independiente, ahora adquirirán un papel más relevante y es posible que, en el corto plazo, pongan en jaque a los liderazgos tradicionales e incluso la existencia misma del sindicato más numeroso del país.

Vale la pena recalcar, sin embargo, que las reformas no afectaron la contratación colectiva ni el derecho de huelga, los cuales siguen muy restringidos en el apartado B del artículo 123 constitucional. Tampoco queda claro qué sucedería si dos o más sindicatos dentro de la misma dependencia se asumen como mayoritarios y disputan la representatividad frente al patrón (en este caso alguna dependencia del gobierno federal) para negociar las condiciones de trabajo. Estos y otros pendientes podrían llevar a una revisión completa del apartado B, siguiendo el ejemplo de lo que ya se logró en la Constitución de la Ciudad de México. 

 A pesar de estas limitaciones, puede afirmarse que, sin mencionarlos explícitamente, las mayorías de ambas cámaras, MORENA y sus aliados, con el consentimiento explícito del presidente de la república, han ofrecido a los maestros disidentes la posibilidad de gozar de mejores condiciones legales para pelear por sus derechos sindicales y laborales.

Pronto veremos cuál será la decisión de la CNTE pues estas disposiciones sin duda les abren un horizonte nuevo, sobre todo ahora que la nueva reforma educativa va a ponerse en práctica. Convertirse en un actor institucional, plenamente reconocido por la ley, fortalecerá su protagonismo, pero también adquirirán obligaciones, entre otras, dar cuentas al Estado y a la sociedad de sus manejos y procederes. 

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