Artículo publicado el 14 de febrero de 2018 en El Sur

El “palomazo” de Isaías y Tereso, y la contrarreforma laboral

Saúl Escobar Toledo

El tema del empleo se ha convertido en una de las preocupaciones más acuciantes del mundo actual. Tanto en los países más desarrollados como en el resto del mundo hay signos evidentes de que las cosas no funcionan bien, sobre todo desde la crisis mundial de 2007-8. Y que ello ha dado lugar a una mayor irritación social y a reacciones políticas indeseables como en el caso de la elección de Donald Trump en Estados Unidos.

En los países menos desarrollados el problema es más agudo en la medida en que enfrentamos factores estructurales de muchos años y nuevos desafíos producto del avance de la tecnología.

Dentro de las voces que se han pronunciado permanentemente en este debate está, naturalmente, la de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que cada año publica un informe sobre el empleo en el mundo.

Para esta organización no hay duda de que el trabajo decente es una condición necesaria para poner fin a la pobreza en todo el orbe. No basta, asegura, el crecimiento económico, por sí solo, para que ello ocurra. Por trabajo decente (o podría decirse también trabajo digno) se entiende aquel que obtiene una remuneración adecuada; estabilidad; seguridad social para las familias; libertad para organizarse; e igualdad de oportunidades y de trato para hombres y mujeres.

Su enfoque se basa en el respeto a los derechos laborales de cada país y en las normas internacionales más importantes discutidas y aprobadas en la OIT por sindicatos y empleadores, y después ratificadas por los estados nacionales. Para asegurar la creación de empleos dignos se requiere de un marco institucional fuerte y por tanto la revisión y ampliación permanente de la legislación correspondiente; asegurarse de que se cumpla la ley sobre todo mediante la inspección y un mejor acceso a la justicia; y ampliar la cobertura a un número cada vez mayor de la población trabajadora. También es indispensable garantizar la democracia y la transparencia sindical.

La OIT recomienda, asimismo, cambiar el modelo económico y diversificar la base productiva de las naciones. Para ello, advierte, se requiere una base fiscal más amplia y una inversión pública cada vez mayor en infraestructura. Considera indispensable, finalmente, instrumentar políticas de fomento al empleo basadas en la mejora constante de los niveles de calificación de los trabajadores y en facilitar la transición a la formalidad mediante diversos estímulos y políticas públicas.

Desgraciadamente, el paradigma que propone la OIT enfrenta una realidad cada vez más compleja. En los últimos años se ha extendido lo que varios empiezan a llamar la “gig economy”. Un término polémico que se utiliza de manera descriptiva y que no tiene todavía una traducción al español. La palabra gig se utiliza de manera coloquial en Estados Unidos cuando un ejecutante o un grupo musical toca ocasionalmente por invitación o para sustituir algún faltista. Podría decirse, en México, que se echa un “palomazo”.

Recientemente se habla de economía gig para describir un mercado laboral que se caracteriza por: 1) estar controlado por una plataforma digital, es decir se requiere necesariamente el intenet para contratar los servicios de un trabajador; 2) se trata de trabajos temporales; 3) no se les reconoce como trabajadores asalariados, sino por su cuenta o “freelance”, pues ofrecen sus servicios a una compañía por medio de un contrato mercantil; y 4) por lo tanto, el trabajador no tienen ninguna prestación, ni seguridad social, y puede ser despedido cuando le parezca al empleador sin ninguna obligación legal.

El ejemplo clásico de la economía gig es Uber, la empresa de taxis que se contrata por medio de un teléfono celular. Bajo las órdenes de ese consorcio, un trabajador cumple con la tarea de transportar al cliente de un lugar a otro por un precio establecido de antemano.

Pero también se habla de economía de plataformas digitales (que se distingue de la economía gig) cuando se trata de profesionales de alto nivel que se contratan bajo las mismas características, pero con una diferencia sustancial: el pago es mucho mayor pues el tipo de labores que desempeñan es sustancialmente más calificado. Por ejemplo, diseñar programas (de contabilidad, de servicios legales, de mercadotecnia o de diseño industrial) para una compañía.

Las virtudes de este modelo laboral (de plataformas digitales o gig) radican, según algunos estudios, en que ofrece flexibilidad en el horario de trabajo y que a veces el servicio o tarea se puede hacer desde el hogar u oficina del trabajador contratado sin tener que desplazarse a la sede de la compañía. Se asegura también que las plataformas digitales son un mecanismo de intermediación muy eficiente pues se crean mercados regionales, nacionales e internacionales, lo que permite a los empleadores un mejor acceso al tipo de trabajador que requieren y a éstos últimos acceder a una ocupación más rápidamente y escoger las mejores opciones.

Sin embargo, es evidente que las mayores ventajas son para el patrón que puede utilizar los servicios del trabajador cuando lo necesita, sin ninguna responsabilidad legal, y que paga solo por la tarea realizada. Otro problema es que, bajo este esquema, ni los patrones ni los empleados pagan impuestos ni contribuciones a la seguridad social, lo que ha despertado también la inquietud de los gobiernos, pues facilita la evasión fiscal. 

El crecimiento de las economías gig y de plataforma digital han sido muy acelerados. Según algunos estudios de McKinsey, el 27% de los trabajadores de EU y Europa forman parte de este tipo de mercado de trabajo. De acuerdo a  otra investigación, del Pew Research Center, en la mayoría de los casos se trata de trabajadores de cuello azul, es decir, son el nuevo proletariado manual que ahora es contratado bajo condiciones de incertidumbre, inestabilidad y muy bajos ingresos. Además, afirma, la mayoría de ellos opta por esta modalidad de contratación no tanto para obtener un dinero extra, sino porque está desempleado.

En el caso de Uber, el modelo gig ha causado ya la oposición decidida de sindicatos y trabajadores por los bajos salarios y la inexistencia de cualquier derecho laboral. En el Reino Unido, el año pasado, después de un largo litigio en tribunales, se les reconoció como trabajadores al servicio de la empresa, lo que fue considerado un gran triunfo para los sindicatos.

En resumen, la economía gig es una realidad que está creciendo gracias al uso cada vez más extendido de las tecnologías digitales y, sobre todo, por la falta de puestos de trabajo fijos y bien remunerados. El reto es lograr el reconocimiento de sus derechos. Convertir el modelo gig en un sistema de empleos dignos, según los criterios de la OIT. No será fácil, pero la obligación de los gobiernos y los legisladores es procurar que así sea.

En cambio, en México, a un par de senadores que dicen representar a los trabajadores, Tereso Medina e Isaías González, del PRI, se les ocurrió hacer exactamente lo contrario: proponer una reforma laboral que quitaba todas las normas legales a la llamada subcontratación para que ésta pueda extenderse sin cortapisas. Y con ello, alentar, incluso a las empresas que no están basadas en plataformas digitales, a formar parte también   de la economía gig. Es decir, convertir todas las relaciones de trabajo en un “palomazo”.

Parece que esta intención se ha detenido por el momento. Pero no basta. Hay que insistir en una ley (y en su aplicación) que no sólo impida la generalización de   la subcontratación y el freelance, sino que además fomente la creación de un mayor número de empleos decentes.

Según la OIT éste el camino para una sociedad prospera y con menor pobreza y desigualdad. El de la economía gig, que defienden Isaías y Tereso, nos conduce, en cambio, a un futuro sin desarrollo ni paz social.  Eso es lo que están en juego en el debate sobre las reformas a la Ley Federal del Trabajo que están hoy en manos de los legisladores.

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Publicado en El Sur 310/01/2018

Aniversarios

Saúl Escobar Toledo

Este año celebramos tres aniversarios significativos de la historia del siglo XX mexicano: 80 años de la expropiación petrolera; 50 del movimiento estudiantil; y 30 de la elección presidencial que, según muchos observadores, estudiosos y testigos, ganó Cuauhtémoc Cárdenas.

El primero acontecimiento fue resultado de una decisión tomada por el presidente de la república; el segundo, una rebelión social; y el tercero, un sismo que fracturó al sistema político. Los tres, por diversas razones, cambiaron el curso de México. Todos ellos, más que una continuidad, marcaron una ruptura y pueden entenderse como episodios sobresalientes de las distintas etapas históricas que caracterizaron el siglo pasado.

Los aniversarios son ocasiones propicias para recuperar la memoria. El número de años que cumple algún evento destacado no significa, por sí mismo, nada importante. Podemos celebrar o condolernos de ellos en una fecha cualquiera.  Ha habido, desde luego, otros acontecimientos importantes. Podríamos, por ejemplo, incluir en los recordatorios de este año la huelga ferrocarrilera de 1958.  Pero la memoria es siempre selectiva: no podemos recordar todo, todo el tiempo. Por ello, vale la pena aprovechar la coincidencia de estos aniversarios para hacer un ejercicio que nos lleve a encontrar algunas claves de nuestro presente. Buscar en esos hechos,  algunas “señas de identidad” para entender la situación actual.

La medida adoptada por el presidente Lázaro Cárdenas, anunciada el 18 de marzo de 1938, fue uno de los momentos culminantes de la revolución mexicana. Sus bases legales e ideológicas se encuentran en la Constitución de 1917 pero se hizo realidad gracias a la movilización popular que se desató desde el estallido del movimiento armado. Puede explicarse también como parte de la reconstrucción del estado nacional que se emprendió desde la caída del régimen porfirista. Gracias a ello, se llevó a cabo un acto soberano que sorprendió al mundo (sobre todo a Estados Unidos y Europa) y a muchos mexicanos. Como lo han señalado diversos historiadores, la coyuntura internacional, particularmente la Segunda Guerra mundial que ya estaba en curso, fue aprovechada magistralmente por Cárdenas para decretar la expropiación. Pero lo más importante es que le dio al Estado mexicano una enorme fuerza: legitimidad frente a sus ciudadanos, respeto frente a las potencias extranjeras, y nuevos instrumentos para conducir la economía nacional. Los años de estabilidad política, el crecimiento productivo y el papel que jugó México en el contexto internacional en las décadas posteriores, hasta principios de los años ochenta, difícilmente se pueden entender sin la expropiación de marzo de 1938. A pesar de sus dificultades y costos, la industria petrolera fue uno de los principales activos de los gobiernos del PRI ya que PEMEX se convirtió en la  palanca estatal más importante  para financiar el desarrollo.

En 1968, el movimiento estudiantil fue la expresión de un profundo descontento popular. Los gobiernos revolucionarios presumían de haber logrado la modernización del país y la tranquilidad social y política, aunque estas últimas en realidad se apoyaban en un autoritarismo feroz que no admitía disensos. Diez años antes, las huelgas ferrocarrileras y magisteriales habían sido reprimidas duramente por el ejército y la policía, y sus dirigentes eran presos políticos. No existía, en los hechos, libertad de expresión, ni de manifestación, ni de asociación. Tampoco competencia electoral. De esta manera, el movimiento se convirtió (como abundamos en un artículo previo), en una lucha por la democracia y la justicia social. La matanza del 2 de octubre fue la evidencia del agotamiento de un régimen político. A lo largo de los años siguientes, se desatarían grandes movilizaciones obreras y campesinas y surgirían oposiciones armadas y civiles y nuevas alternativas políticas.

Por su parte, en julio de 1988, el PRI tuvo que enfrentar una oposición capaz de desplazarlo de la presidencia de la república, después de varias décadas de ejercer el monopolio de la vida política. Como se recordará, la ruptura de Cuauhtémoc Cárdenas logró la adhesión de un conjunto de partidos y sobre todo una enorme simpatía popular. Por primera vez en muchos años, se presentaba un candidato que representaba la legitimidad perdida de la revolución mexicana, la posibilidad de un cambio progresista, y el fin de la corrupción y el despotismo. Su candidatura conmovió arriba y abajo: a los grupos enquistados en el poder y a los ciudadanos de a pie. Se entendió como la oportunidad de retomar el programa de la revolución y al mismo tiempo iniciar un camino indédito.  Ambas cosas hicieron de Cuauhtémoc el candidato de la esperanza de millones de personas. Los mexicanos volvieron a creer en una opción política y en una salida pacífica, institucional y ordenada frente a los desastres de las crisis de 1976 y sobre todo de 1982, misma que se había prolongado todos esos años con un elevadísimo costo social.

El fraude electoral impidió el arribo de un gobierno encabezado por la oposición, pero abrió una etapa de mayor pluralismo político y la reconstrucción de un sistema electoral que dio lugar a la alternancia, primero en los municipios y gubernaturas de varios estados, luego una mayoría opositora en la Cámara de Diputados y el triunfo en la  Ciudad de México que por primera vez elegía a un gobierno propio  y, finalmente, la presidencia de la república.

Si entre 1938 y 1968 el Estado mexicano pasa de su momento de mayor fuerza y reconocimiento a sus días de peor desempeño y mayor deslegitimación, entre 1968 y 1988 el país transita de la rebelión social a la oposición política organizada. Dicho de otra manera, se pasa del protagonismo del estado y en particular del presidente (1938), a los episodios del 68 en el que el actor central fue la movilización callejera, y luego al cisma de 1988, encabezado un candidato opositor y un proyecto de reformas dentro del marco de la legalidad. Se iniciaba, parecía entonces, una transición pacífica hacia un nuevo estadio del país.

Ello, sin embargo, no sucedió. La zaga de este relato no tiene un final feliz. La deriva del Estado fuerte y despótico terminó, pero no fue sustituida por un régimen que promoviera un mejor reparto de la riqueza y una democracia sustantiva. Los principales centros de poder fueron secuestrados por una élite tecnocrática al servicio de los grandes capitales nacionales e internacionales. El descontento popular siguió extendiéndose, pero si al principio parecía que los partidos, especialmente el PRD, serían el vehículo para convertir las demandas sociales en nuevas leyes y acciones de gobierno, la vida política pronto se degradó en un sistema de reparto y encubrimiento que cobijó la corrupción y la impunidad. La alternancia ocurrida en el año 2000 no fue el inicio de una renovación sino la puerta de entrada al desastre. Así, en este sexenio, hemos visto cómo las instituciones se han deteriorado profundamente, cooptadas por la delincuencia organizada, la arbitrariedad de los organismos de seguridad pública (denunciados repetidamente por actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales), y la incapacidad de gobernar en amplias zonas del territorio nacional.  Su resultado inmediato ha sido una violencia extendida e imparable que amenaza cualquier expectativa de progreso y convivencia en nuestra patria. 

Si a fines del siglo XX, el paso de 1938 a 1968 y luego a 1988, con todas sus implicaciones dramáticas y sus significados múltiples, se perfilaba como una serie histórica que avizoraba mejores tiempos, el siglo XXI nos ha traído casi puras malas noticias. Se ha desmantelado en unos cuantos años casi todo lo que parecía servir de base para levantar un nuevo país.

Las elecciones de este año, 2018, tendrán que resolver esta encrucijada: ¿estaremos ante la oportunidad de una ruptura con el pasado inmediato para retomar lo mejor de nuestra historia, o ante la continuidad de estos años oscuros?

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El 68 vuelto a contar

Saúl Escobar Toledo

A cincuenta años del movimiento estudiantil mexicano, el rescate de la memoria y la reflexión en torno a esos acontecimientos que sacudieron a la nación y marcaron su historia, encontrarán en este 2018 una oportunidad muy propicia.  Seguramente saldrán a la luz nuevos libros y ensayos (yo he colaborado en uno de ellos, convocado por la UNAM). Algunos, incluso, acaban de publicarse y ya están disponibles.  Es el caso del volumen de Francisco Pérez Arce, “Caramba y zamba la cosa. El 68 vuelto a contar”.

Su obra trata de recuperar las vivencias de esas jornadas de lucha, aunque no está contada en primera persona. Puede leerse como el diario de campo de un testigo y participante directo y también como las reflexiones  de un historiador sobre  un momento definitorio de la vida de México. Pero su trabajo es, quizás principalmente, un relato destinado a lectores jóvenes que algo saben del 68 pero no han leído una crónica completa, no han visto toda la película. 

El autor comienza su versión de la historia el 22 de julio, cuando dos pandillas de escuelas rivales se enfrentaron a golpes en la Plaza de la Ciudadela. Pudo haber sido, dice, un día cualquiera y un incidente sin importancia.  No lo fue porque a partir de esa fecha se desataron las grandes manifestaciones callejeras que sorprendieron al país. El libro narra los primeros días de protesta, la marcha reprimida el 26 de julio, la agresión del ejército a la Prepa ubicada en San Ildefonso, el inicio de la huelga general en todos los planteles del Politécnico y la UNAM, la caminata del Rector sobre Insurgentes, el surgimiento del Consejo Nacional de Huelga, la definición del pliego petitorio y las marchas cada vez más numerosas que siguieron durante agosto y septiembre. Cuenta, con detalles, cómo era la vida en las escuelas durante la huelga y la importancia de las brigadas para dar a conocer las razones del movimiento.

Y ¿cuáles eran ellas? Pérez Arce nos explica: “lo que era una protesta por la violencia policiaca se convirtió en otra cosa, en una protesta con un significado más profundo, difícil de explicar. Es la rebelión juvenil frente a un estado de cosas insatisfactorio, contra una visión del mundo acartonada, contra una democracia inexistente, contra el presidencialismo, contra el poder vertical inapelable, contra el influyentísimo y la corrupción, contra la simulación, contra la demagogia, contra las desigualdades sociales…”

El autor narra luego lo que llama los “días difíciles”, sobre todo después del desalojo del Zócalo a fines de agosto y la entrada del ejército a Ciudad Universitaria el 18 de septiembre y al Casco de Santo Tomás a sangre y fuego el 23, hechos que prepararon la ofensiva del gobierno que culminaría el 2 de octubre en Tlatelolco. La matanza fue “premeditada” dice Paco, “planeada desde los más altos niveles del gobierno”. Los datos y documentos que conocimos en los años posteriores no dejan lugar a dudas.

El texto hace un breve repaso de lo que sucedió luego del regreso a clases, los Comités de Lucha que se formaron en las escuelas para solidarizarse con los presos políticos y la manifestación del 10 de junio de 1971, agredida brutalmente por el grupo paramilitar Los Halcones.

Mientras hace la crónica de los hechos más importantes,  Pérez Arce va destacando otros episodios que merecen una narración especial: el movimiento de los pobladores de Topilejo; la tragedia de Canoa, Puebla ; la dramática aventura de Alcira, la poeta uruguaya, que sobrevivió a  la toma de CU; un relato muy personal del 2 de octubre (contada como un testigo presencial); algunos párrafos de los escritos de José Revueltas sobre la huelga de hambre de los presos políticos en Lecumberri. Todo ello para entender mejor el impacto de la protesta estudiantil y la atmósfera que se respiraba en esos días intensos.

Al final de su libro, Paco dedica varias páginas a lo que llama “El 68 en el mundo”. Su inventario arranca un poco antes, con la muerte del Che Guevara en Bolivia a fines de 1967 y luego pasa a recodarnos algunos sucesos que tuvieron lugar el año siguiente: la guerra de Vietnam se perfila como una gran derrota para Estados Unidos; el asesinato de Martin Luther King que avergüenza al mundo; y las rebeliones de los estudiantes en Alemania, Inglaterra y particularmente en Estados Unidos y, por supuesto, en Francia. Pero no sólo en el lado capitalista. La invasión de las tropas soviéticas en Checoslovaquia en agosto marcará también el curso de la historia de los países del llamado bloque socialista: poco más de dos décadas después, en 1989, caería el Muro de Berlín.

Carlos Fuentes, que vivió esos meses en París, escribió que “la insurrección de mayo en Francia no fue contra un gobierno determinado, sino contra el futuro determinado por la práctica de la sociedad industrial contemporánea… Asistimos a una revolución de profundas raíces morales protagonizada en primera instancia por la juventud de una nación desarrollada. Y estos jóvenes dicen que la abundancia no basta, que se trata de una abundancia mentirosa” (citado por Pérez Arce).

Un historiador liberal, Timothy Garton Ash, critica duramente, en un ensayo publicado hace unos años, la “retórica revolucionaria” de los estudiantes y los intelectuales europeos de esos tiempos, pero aun así reconoce que: “El año 1968 catalizó un profundo cambio social y cultural tanto en Europa oriental como occidental” Y concluye que “si hacemos un balance, representó un paso adelante para la emancipación humana”.

Lo mismo podría decirse del caso mexicano. Según nuestro autor, “La rebelión estudiantil no formula sus motivos más profundos, no los explica programáticamente, pero los contiene… Lo que están haciendo los estudiantes es ejercer una libertad que desconocían, es criticar lo que parecía inamovible; es el descubrimiento de la vida igualitaria… Han subvertido la vida cotidiana…”

En México, como en muchas partes del mundo, el 68 sigue vivo en la memoria. Todos o casi todos podemos coincidir en que el dos de octubre no se olvida porque el movimiento fue un triunfo moral de los estudiantes y un catalizador de grandes cambios. La “revolución hecha gobierno” sufrió una derrota política de la que ya no se recuperaría.  Poco tiempo después, en los inicios de los años setenta, se iniciaba la insurgencia popular, con los obreros a la cabeza: una gran movilización que abarcó casi todo el territorio nacional.   Abrió, igualmente, el camino para la renovación política y la construcción de un régimen con alternancia en el poder, pluralismo político y elecciones más limpias. Dio lugar a nuevas manifestaciones culturales, entre ellas, como dice Paco, al feminismo y a una mayor libertad sexual, pero también a expresiones y formas de disidencia antes desconocidas o impracticables. Una nueva oposición surgió bajo la inspiración de la rebelión del 68, misma que ya abarca varias generaciones que no han dejado de luchar contra el despotismo político, por la libertad de expresión y manifestación, y por el derecho a vivir en una sociedad democrática, con justicia y dignidad para todos. 

La historia del 68, en México y en otras partes del mundo, no se ha agotado. Todavía quedan muchas cosas por aclarar, muchos relatos que contar. Y, sobre todo, nos falta pensarlo como parte de una narración más larga. ¿Fue el momento en que finalizaba una etapa del capitalismo, la de los Estados de Bienestar, y el principio de otra que años después conoceríamos como el período neoliberal? ¿O el momento crucial que preparó la caída de algunos regímenes autoritarios y dio origen a una nueva conciencia democrática? ¿O ambas cosas? Algunos historiadores podrían decir que cincuenta años son muy pocos para sacar conclusiones. De cualquier manera, el libro de Paco Pérez Arce nos permite recordar, entender y pensar otra vez los episodios de aquel año. Y, con ello, recuperarlos para entender mejor cómo era este país, como evolucionó, cómo llegamos a este presente tan convulso, y cómo podemos transformarlo.

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Honduras: el conflicto postelectoral, el papel de Estados Unidos y posibles repercusiones en América Latina

El caso Honduras

Saúl Escobar Toledo

Las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo en Honduras el 26 de noviembre del año pasado produjeron una grave crisis política en ese país centroamericano. Recordemos que en esos comicios se presentaron el actual presidente de la república, Orlando Hernández, por el Partido Nacional en busca de su reelección, y el de la Alianza opositora, Salvador Nasralla, que reunió a dos partidos, el PINU (Partido Innovación y Unidad Social) y LIBRE, la agrupación encabezada por Juan Manuel Zelaya, el expresidente que gobernó esa nación entre 2006 y 2009 y fue víctima de un golpe de estado.

El mismo día de la jornada, el Tribunal Supremo Electoral dio como virtual ganador a Nasralla con una diferencia de 5% pero inmediatamente después, sin ninguna razón legal, el cómputo se detuvo durante 48 horas y cuando se reanudó, la ventaja era ya para Hernández.

La Alianza rechazó esta evidente maniobra y se desataron grandes manifestaciones en varias ciudades, particularmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula. El gobierno contestó con la imposición de un toque de queda durante la noche y la represión indiscriminada. A pesar de la protesta popular, el Tribunal declaró el triunfo de Hernández el 21 de diciembre por un margen muy estrecho. Las muestras de repudio siguieron hasta finales del año pasado y también la violencia oficial y los asesinatos de los opositores. Hasta el 28 de diciembre los organismos independientes de derechos humanos de ese país (ver www.defensoresenlinea.com) habían documentado, con nombre, apellido y fecha, 30 personas fallecidas como resultado de la acción del ejército y la policía, y casi dos mil detenidos. A pesar de ello, la oposición sigue dando la lucha: el 27 de diciembre presentó un recurso de nulidad ante el Tribunal y anunció que las movilizaciones seguirán durante este mes de enero de 2018.

De acuerdo con todos los indicios recogidos por la prensa y los observadores internacionales, se perpetró un fraude gracias al control del gobierno de los organismos electorales. Incluso un día antes de la votación, la revista “The Economist” dio a conocer una serie de grabaciones que evidenciaban que el Partido Nacional en complicidad con funcionarios públicos afines,  preparaban una operación para alterar los resultados.

Antes de la declaratoria del Tribunal, la OEA, con base en las observaciones de sus enviados, declaró que era imposible determinar un ganador y que la única salida era llamar a nuevas elecciones y reconoció la “poca calidad” del proceso. Diversas organizaciones internacionales se sumaron a la condena y la denuncia del fraude.

A pesar de ello, el 20 de diciembre, Colombia, Guatemala y desgraciadamente México reconocieron a Hernández como presidente electo incluso antes del reconocimiento formal del Departamento de Estado de Estados Unidos que lo hizo dos días después. Aunque el gobierno de Trump admitió la existencia de “inquietudes de los observadores internacionales y fuertes reacciones del pueblo hondureño”, felicitó a Hernández por su triunfo.

Ante las continuas movilizaciones callejeras y la violencia desatada por las policías y el ejército, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fines del año,  en una declaración oficial,  manifestó que “ha documentado graves hechos de violencia, muertes, heridos y detenidos en los que estuvieron involucrados fuerzas de seguridad y el Ejército, actos de tortura en instalaciones militares y allanamientos de moradas ilegales” y cuestionó el decreto del toque de queda  y el uso ilegal y excesivo de la fuerza para disolver las manifestaciones.

El fraude y la represión masiva en Honduras ha recibido una atención menor por parte de la prensa internacional, pero es de gran importancia para América Latina y el mundo. Desde el golpe de estado contra Zelaya, en 2009, esa nación ha sido ocupado militarmente por Estados Unidos, ejerciendo una influencia decisiva en el gobierno local y en las políticas que éste instrumenta en seguridad pública y en materia económica y social. Tanto presidentes demócratas como republicanos han decidido apoyar a las administraciones extremadamente corruptas y la militarización del país.   Han sido cómplices de las acciones para aplacar la oposición política y social por medio de la fuerza. El caso ejemplar fue el asesinato, en su propia casa y a sangre fría, de Berta Cáceres en marzo de 2016.

Cáceres, de 44 años, era reconocida a nivel internacional por encabezar a su comunidad indígena lenca en contra de una presa que un consorcio, Desarrollos Energéticos, planeaba construir en sus tierras. La evidencia, según los abogados defensores del caso, apunta a una conspiración en contra de Cáceres que llevó meses de planeación y provino de los altos ejecutivos de la empresa. En el asesinato de Berta participaron, según las pruebas existentes, “numerosos agentes estatales y altos directivos de Desa en la planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato”, dicen los abogados. “Sin embargo, el ministerio público no ha realizado imputaciones respecto de estas personas”.

La injerencia de EU en Honduras ha provocado resultados desastrosos. Sus gobernantes son extremadamente corruptos y hay una enorme cantidad de pruebas que los ligan al tráfico de drogas. Atacan sistemáticamente a la prensa independiente y agreden a todos los sectores sociales inconformes, incluyendo los trabajadores de la maquila.  El país registra una de las tasas más altas de asesinatos en el mundo. Las estrategias diseñadas por Estados Unidos, Obama no fue la excepción, para experimentar el combate al trasiego de estupefacientes por medio de la militarización ha sido una tragedia.  No sólo no ha tenido resultados positivos en este aspecto, sino que se ha multiplicado la violencia y el asesinato de civiles en ejecuciones extrajudiciales. Trump ha manifestado su interés en detener el torrente de refugiados que salen de Centroamérica para dirigirse al norte, pero con una violencia incesante, y ahora con la crisis política post electoral, es de esperar que este flujo aumente todavía más.

En resumen, el apoyo de EU a los gobiernos de esa nación aumentó la impunidad del crimen organizado y la violación masiva de los derechos humanos. En buena medida, el responsable de esta estrategia fue el General Kelly que hace años tenía a su cargo el Comando Sur del Ejército y se convirtió en amigo personal del presidente Hernández. Hoy es nada más y nada menos Jefe de Gabinete de Trump.

Estados Unidos ha insistido en apoyar estos presidentes mafiosos porque considera son leales a sus intereses en la región. En ese territorio hay una base militar que alberga a cientos de militares estadounidenses. Han preferido sostener a un régimen político que tiene a sus más de 9 millones de habitantes sumidos en el caos, la extrema violencia y la plena impunidad del narcotráfico, con tal de que sea leal y se pliegue completamente a sus dictados.

Todo lo anterior es destacable porque revela los verdaderos intereses de EU en la región latinoamericana. En 2018 habrá elecciones en nueve países. En Costa Rica (febrero), Paraguay (abril), Colombia (mayo), México (julio), Brasil (octubre) y Venezuela (probablemente a fines de año) se elegirá un nuevo presidente de la república.

EU no será indiferente a estos comicios. Si el esquema aplicado en Honduras se mantiene, apoyará a los candidatos que le garanticen lealtad absoluta, sin importar sus resultados. No importa que estén ligados con el narco, sean violadores de derechos humanos, o provoquen migraciones masivas, con tal de que pongan, como estrategia central, la militarización para controlar sus territorios y sus pueblos.

La lucha continua. La resistencia popular hondureña seguirá tratando de defender el triunfo de su candidato. La solidaridad y la denuncia internacional son indispensables para detener el fraude y la represión. Pero también para evitar que el esquema se convierta en el modelo a seguir por parte de EU y decida aplicarlo en toda América Latina en este 2018. México está en la lista.

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Publicado en El Sur 030118

La quincena negra

Saúl Escobar Toledo

Entre el 30 de noviembre y el 15 de diciembre se suscitaron un conjunto de acontecimientos muy lamentables. Estos días serán recordados  como uno de los momentos más oscuros de nuestra vida política. En primer lugar,  se aprobó la Ley de Seguridad Interior (LSI). El asunto suscitó un amplio rechazo de los organismos internacionales (la ONU y la OEA), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Instituto Nacional de Acceso  a la Información  (INAI) y de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE). A ello se sumaron  los rectores de la UNAM, de Guadalajara y la Ibero; un amplio conjunto de especialistas en derecho internacional; y una gran diversidad de  grupos y organizaciones sociales. Sus razones han sido ampliamente difundidas. Quizás valga reiterar solamente dos cosas: se otorga un mayor poder a las fuerzas armadas y se dispone  una centralización del mando en las tareas de seguridad pública. Todo ello en perjuicio de la defensa de los derechos humanos y por lo tanto de las garantías elementales de los ciudadanos para evitar ser atropellados por policías y ejércitos.

Habrá que reflexionar sobre las razones que llevaron al gobierno a ignorar todas estas protestas. Parecería que se trata de asegurar la continuidad de una estrategia más allá del fin del sexenio e imponerla a la siguiente administración, gane quien gane.  Una estrategia que ha probado ser un fracaso para detener la violencia, los delitos de alto impacto, los asesinatos políticos, los feminicidios, las ejecuciones extrajudiciales y los actos de tortura por parte de las fuerzas del Estado. Sin embargo, para los promotores de la LSI, es la única vía para garantizar “la supervivencia de las instituciones de la República y el orden constitucional” como afirmó el General Alejandro Ramos, el vocero principal, en el Congreso, del ordenamiento finalmente aprobado. Lo que significa que, desde su punto de vista,   la guerra es inevitable y durará todavía mucho tiempo.

Otra mala noticia se produjo en estos días. El 7 de diciembre, en el senado de la República, dos legisladores del PRI, Tereso Medina e Isaías Gonzáles, presentaron un proyecto de reformas a la Ley Federal del Trabajo que incluye la creación del Instituto de Conciliación y Registro Laborales. En dicha iniciativa,  se pretende autorizar la subcontratación sin más condiciones que el registro del trabajador en el Seguro Social, abrogando las condiciones señaladas en la ley vigente,  a pesar de que es ampliamente reconocido que este tipo de contratos causan graves perjuicios a los asalariados y permite el incumplimiento de las responsabilidades legales del patrón.

Igualmente, se propone que el Instituto quede a cargo de un Consejo Técnico compuesto mayoritariamente por representantes patronales y  de las organizaciones sindicales,  todos ellos con voz y voto.  De esta manera,    el nuevo organismo, que debería gozar de plena autonomía,  caería bajo el control de los empleadores y los dirigentes sindicales corruptos y antidemocráticos escogidos por el gobierno.  Hay que subrayar que el Instituto debe ser  el encargado de otorgar los registros y tomas de nota de las directivas sindicales. Si la iniciativa es aceptada,  se fomentarán los sindicatos fantasmas y  los contratos de protección. 

También se intenta desaparecer   la obligación de realizar una consulta previa a los trabajadores, mediante voto secreto, para la firma de un contrato colectivo, como lo señala la Constitución. Ello dejaría al patrón con las manos libres para escoger al sindicato que le parezca y poner obstáculos insalvables para aquellos gremios que surjan de la voluntad libre de los trabajadores.  De esta manera, el empleador podría “pactar” las prestaciones y salarios a su plena conveniencia. 

Frente a ello, el Observatorio Laboral, integrado por abogados, representaciones de sindicatos independientes, académicos, y organizaciones sociales, ha manifestado su rechazo a la iniciativa presentada por el PRI y exige un debate abierto, con el propósito de que las reformas a la Ley resulten congruentes con los principios establecidos en la reforma del 123 constitucional. También  propone la ratificación inmediata del Convenio 98 de la OIT con el fin de impulsar una negociación colectiva auténtica, con sindicatos representativos y bajo condiciones que garanticen el pleno respeto a las decisiones de los trabajadores.

Afortunadamente la reforma iniciada por el PRI se detuvo, por lo menos  este fin de año, y legisladores del PT, PRD y MORENA se han comprometido a unir esfuerzos para que se deseche completamente. La amenaza, sin embargo, sigue latente. Y con ello la posibilidad de que prospere “la peor reforma laboral de las últimas décadas para favorecer a los grandes empresarios extranjeros y nacionales”, según afirmaron dirigentes obreros que forman parte del sindicalismo independiente.

Esta quincena tampoco fue alentadora si atendemos el inicio, el 14 de diciembre, de las “precampañas”  de los candidatos que contendrán en las elecciones presidenciales del próximo año. Por un lado, se confirmó que Meade, representante del PRI, tiene como objetivo la continuidad del desastre actual bajo las mismas políticas que han dañado tanto a nuestro país. A este personaje podría llamársele “el mudo”, pues hasta ahora en sus discursos y pronunciamientos no ha dicho nada. Ninguna propuesta, ni siquiera una frase que resulte distintiva de lo que quiere hacer si resulta electo, o que pudiera  atraerle votantes. 

Por otro lado, también se ratificó la desaparición del PRD como opción de izquierda, apoyando alegremente la candidatura de Ricardo Anaya para la presidencia de la República. Así, la orientación y  conducción de la campaña quedará en manos del representante del PAN, el partido histórico de la derecha mexicana. Hasta ahora, este personaje  ha tratado de destacar frente a sus adversarios criticando la actuación de Fox y Calderón. Curiosamente, intenta  aparecer como una opción más hacia la izquierda de lo que ha sido  la tradición doctrinaria y política de su partido. Se trata de una impostura arriesgada ya que puede alejar a los votantes duros del PAN, conservadores y reacios a medidas  que ellos mismos han llamados populistas como la renta básica universal. Y tampoco convencería a los electores de la izquierda que desconfiarán naturalmente de un candidato que hasta hace unos días se preciaba de apoyar las reformas estructurales y encarnar la doctrina de su partido.

Pero quizás la mayor sorpresa vino de MORENA, partido que anunció una alianza con el Partido Encuentro Social, el 13 de diciembre. Esta organización política representa la ultra derecha en el espectro ideológico del país. Un partido que ha apoyado todas las reformas “estructurales” del PRI y del PAN, la última, por cierto, la Ley de Seguridad Interior. Y que obviamente choca con muchos puntos del ideario de las izquierdas y los grupos progresistas mexicanos. La coalición responde, quiero pensarlo así,  a una maniobra pragmática de ambos lados: sumar votos sin importar las diferencias y contradicciones. Peor sería suponer que existen afinidades políticas o ideológicas.

Casi al mismo tiempo, además, el jueves 14, López Obrador dio a conocer su gabinete presidencial. Desde luego hay personas de gran mérito, pero algunos casos han llamado la atención: Esteban Moctezuma en Educación; y Víctor Villalobos en Agricultura. El primero ha apoyado siempre la reforma educativa de Peña  Nieto y a la dirección del SNTE; el segundo ha sido denunciado por Greenpeace y diversos grupos ecologistas y campesinos por sus ligas con Monsanto, la gran empresa  multinacional, y su apoyo decidido, algunos agregan ilegal (como funcionario de SAGARPA),  al uso de transgénicos.

Con estas decisiones, MORENA se aleja de activistas, organizaciones y posibles electores simpatizantes de la comunidad LGBTTTI (lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero e intersexuales); de las feministas comprometidas con los derechos de las  mujeres a decidir sobre su cuerpo; de la disidencia magisterial agrupada en la CNTE; y de los defensores del medio ambiente.  Si estas comunidades, entre otras, no se ven representadas políticamente podrían optar por la abstención y la distancia entre la sociedad y los partidos se ahondaría aún más.

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Un candidato disfrazado de CEO

Saúl Escobar Toledo

Enrique Peña Nieto no pretendió designar a Meade candidato a la presidencia de la República. Quiere hacernos creer que nombró a un gerente o CEO (chief executive officer) para que se encargue del país como si fuera una corporación. La diferencia no es menor. Un candidato a la presidencia se supone que representa a un partido político y responde a un programa. Un gerente, supuestamente, no tiene ideología, ni pertenece a organización política alguna, ni defiende un proyecto de nación. Se encarga, simplemente, de hacer que el consorcio funcione, que sea rentable y no quiebre.

Las primeras palabras del Sr. Meade fueron reveladoras en este sentido. Dijo que su principal propósito sería convertir o hacer de México unas “potencia”. Es decir, la fortaleza económica es su principal interés y de ellos deriva la seguridad en las calles, mejores niveles de vida, la educación, la salud, etc. Tal como un patrón se dirige a sus empleados y les asegura que, si el negocio logra colocarse favorablemente en los mercados, todos, desde los accionistas hasta el más humilde trabajador seguramente prosperarán.

De igual manera, el que no pertenezca a ningún partido y haber fungido en altos cargos de administraciones del PAN y del PRI subraya su perfil gerencial. Cuando Meade pide que el Revolucionario Institucional lo “haga suyo”, también está diciendo que él nunca será como ellos. Se presenta como algo distinto, ajeno a la organización que lo postula y a sus vicios y comportamientos.

La última vez que el PRI eligió un tecnócrata con más perfil de CEO que de líder político fue cuando Salinas impuso a Zedillo quien tiempo después de abandonar el gobierno se convirtió en lo que siempre quiso: socio y consejero de compañías trasnacionales. Y así les fue a los priistas: la sana distancia terminó en una alegre entrega del poder al PAN. Lo que hoy llaman lealtad quizás represente una abyecta obediencia que puede llevarlos a su propio sacrificio en bien del consorcio “Gobierno de México S.A”.

Pero allá ellos, sus apoyadores incondicionales. Lo que nos debe importar es que la idea de que necesitamos un buen administrador y no un presidente es una moda y un engaño. En Argentina, Mauricio Macri, y en Francia Emmanuel Macron, han encarnado estas aparentes figuras de gerentes capaces, lejanos a los partidos y a los grupos políticos “tradicionales”. Han sido exitosos electoralmente, pero una calamidad como presidentes. Y es que en realidad se trata de una ficción.

Al pretender conducir un país como si se tratara de una empresa, el criterio tecnocrático se convierte en razón de Estado. Son por lo tanto insensibles al diálogo y a la crítica de sus opositores; y difícilmente tratan de encontrar soluciones concertadas pues todo lo miden según la respuesta de los mercados.

Son obvias las razones de Peña para la designación de un personaje con esta máscara.  Es más fácil de vender y así tratará de borrar la mancha de su origen: ser postulado por el PRI. Meade, gustoso con este papel, tratará de hacernos creer que no sabe de la corrupción imperante ni de las costumbres de los políticos.  Y con ello intentará diferenciarse de los propios priistas, pero también de los panistas, perredistas y sobre todo de AMLO y de su larga trayectoria en la vida pública del país.

A pesar de su disfraz, le será difícil ocultar su pasado.  Meade no fue un servidor público eficiente y aparentemente honrado de Fox, Calderón y Peña. En realidad, ha sido responsable directo y encubridor de manejos turbios de los recursos públicos, de lamentables decisiones de sus jefes, y obediente operador político para utilizar los programas sociales en la compra de votos.

Para esconder esas responsabilidades, dirá que sólo recibía órdenes, las cual obviamente tenía que cumplir de la mejor manera posible, como debe hacerlo cualquier empleado eficaz.

Defenderá la continuidad de las políticas económicas porque será, piensa, la clave de su éxito y es el tema que realmente ha ocupado su mente y su interés profesional. Es en realidad casi lo único en lo que cree que sabe.

Pero México no tiene sólo problemas económicos ni éstos se van a resolver a partir de una visión gerencial porque no vivimos tiempos “normales”. En nuestro vecino del norte gobierna un tipo que se comporta sin la mínima sensatez que se espera de cualquier persona a cargo de un puesto público. Y aquí en nuestras tierras, vivimos un desastre humanitario de grandes proporciones. Las instituciones del Estado están fracturadas por la impunidad, el encubrimiento y la complicidad con el crimen organizado.

No son pues situaciones manejables a partir de criterios gerenciales. Y en esas condiciones un administrador eficiente, o alguien que pretender serlo, puede ser tanto o más peligroso que un político corrupto que gobierna como tal y sin vergüenza, como es el caso en estos momentos.

El horizonte intelectual del candidato del PRI no le permite entender la realidad del país. Un director administrativo sabe que los mercados cambian a veces repentinamente, que hay muchas variables que afectan a los negocios, y que el entorno en que se desenvuelven es a veces muy complejo. Pero un gerente no puede entender más que de sumas o restas, pues éstas determinan la estabilidad y el éxito de una empresa.

México enfrenta y lo hará en el futuro inmediato problemas que exigen soluciones de otro tipo. Sobre todo, decisiones políticas, entendidas no como componendas o encubrimientos, sino como acciones de gran calado que rompan con el pasado y que abran nuevos rumbos.

Para un responsable de las finanzas públicas, abandonar el TLCAN es racional sólo si EU lo decide primero. Para un líder político que ve por su país, la decisión tiene que ver con el compromiso de elegir otra ruta de crecimiento para México. Para un encargado de negocios, los asesinatos, las ejecuciones extrajudiciales, los desaparecidos, los feminicidios y los crímenes políticos que ocurren diariamente son cifras que deben estabilizarse: no deben aumentar demasiado, pero se debe entender que resulta imposible acabar con la violencia. La seguridad, además, tiene que estar a cargo de las fuerzas militares porque es un asunto de armas y equipamiento. Para un reformador, un político reformador, estos no son sólo números sino síntomas de un problema de descomposición social y política.

En fin, el discurso del señor Meade, vacío y carente no sólo de ideas sino de emociones y símbolos, difícilmente va a cambiar porque él no quiere ser un “político” sino un gerente responsable que no desea prometer más de la cuenta. Sólo transmitir buenas intenciones porque el objetivo es mejorar los números de la empresa, dar buenos resultados. Los administradores se ocupan de eso, de que las cifras cuadren. Dejan a otros ocuparse de las tareas más ingratas y se desentienden de cosas tan intangibles como la vida cotidiana de la gente, o la dignidad y el respeto de una Nación.

Ya veremos si el perfil gerencial convence. Hasta ahora parece haber tenido buena respuesta de aquellos precisamente que entienden de negocios y no de otras cosas “raras” como los derechos humanos. De aquellos cansados de la política porque la ven como  encarnación de la corrupción y la mentira. De los que creen que ya no hay valores, y las izquierdas y las derechas son iguales. Para ellos se acabaron las utopías y las ilusiones. Por eso hay que conformarse con un buen técnico.

No entienden que, precisamente, tratar de administrar el desastre y controlar los daños, haciendo más de lo mismo mientras los damnificados aumentan todos los días, es una forma segura de propiciar que el techo se derrumbe sobre todos nosotros sin remedio.

Ojalá la campaña presidencial y las elecciones signifiquen el triunfo de una nueva política mediante la participación y vigilancia de la sociedad con sus gobiernos para construir caminos hasta hoy desconocidos. Y la derrota de aquellos que se asumen como gerentes para encubrir la violencia y la degradación del país y de sus instituciones que nos aquejan desde hace ya demasiado tiempo.

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Reforma y contrarreforma laboral

Saúl Escobar Toledo

En solidaridad con Indyra Sandoval, defensora de derechos humanos

En memoria de Ranferi Hernández, luchador social

Veinticuatro de febrero de 2017. ¿Quién se acuerda de esa fecha? Casi nadie y sin embargo ese día se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional más importante en materia laboral desde 1917. De manera sorpresiva, la iniciativa había sido enviada por el presidente de la República y aprobada por una amplia mayoría en el Senado, en la Cámara de Diputados y por los Congresos de las entidades del país entre abril de 2016 y enero de 2017.

Una reforma que cambia sustancialmente cuatro aspectos centrales: primero, la justicia laboral (aunque únicamente para los trabajadores del sector privado), eliminando las juntas de conciliación y arbitraje tripartitas que ahora estará a cargo de tribunales laborales locales y federales del Poder Judicial que deberán actuar bajo los principios de “legalidad, imparcialidad, trasparencia, autonomía e independencia”. También, separa las funciones de impartición de justicia de la conciliación entre trabajadores y patrones. En tercer lugar, se crea una nueva institución para hacerse cargo de esta tarea y, lo más sobresaliente, para el registro de todos los sindicatos y los contratos colectivos, un organismo descentralizado que tendrá  “plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión” y operará bajo los principios de “certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad”. En cuarto lugar, para la resolución de conflictos entre sindicatos, la elección de dirigentes y, muy importante, para solicitar la firma de un contrato colectivo, se requerirá el voto de los trabajadores “personal, libre y secreto” el cual será garantizado por la ley.

Esta reforma ataca directamente severos problemas que han padecido los trabajadores: la parcialidad, el burocratismo y la corrupción endémica de las Juntas;  el registro de sindicatos y contratos  bajo el  consentimiento y directriz de los gobiernos federal y estatales, anulando casi totalmente la posibilidad de formar sindicatos independientes;  la continuidad  de dirigentes electos antidemocráticamente en las organizaciones gremiales;  y, de manera destacada, la existencia  de los contratos de protección patronal, el cáncer mayor que corroe la vida laboral en México.

Se trataba, sin duda, de una reforma constitucional que avanzaba en el camino de la democracia y la libertad sindical, la justicia y la legitimidad de las representaciones sindicales y la titularidad de los contratos colectivos. Sin embargo, para que todo esto se volviera realidad y las reformas empezaran a funcionar, se requería completar la tarea y llevar a cabo una compleja reforma a las leyes de la materia, en especial a la Ley Federal del Trabajo (LFT). Para ello, se dio el plazo de un año, el cual está por vencerse si consideramos el calendario de sesiones del Congreso.

Debe señalarse que esta reforma constitucional se propuso en un contexto en el que el Estado mexicano estaba a punto de firmar el TPP (Tratado Transpacífico), un acuerdo comercial de grandes dimensiones en el que participarían doce países de Asia y América, incluyendo los Estados Unidos. Según la información disponible y las opiniones de diversos actores que participaron en el debate, la iniciativa presidencial fue resultado de una presión muy fuerte, a nivel internacional, que ejercieron organismos como la OIT, sindicatos y defensores de los derechos laborales de algunos de los países  socios del Transpacífico. Fue de alguna manera, una condición que plantearon antes sus gobiernos y parlamentos para aceptar la incorporación de México a ese gran acuerdo económico.

Pero, como se sabe, la vida da muchas vueltas. El TPP fue repudiado por el presidente Trump en los primeros meses de 2017. Después, se abrió la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y luego el país entró en la etapa electoral con vistas al 2018. Bajo estas nuevas condiciones, completamente distintas a las que había cuando Peña Nieto presentó la iniciativa, el gobierno y la representación de los grandes empresarios decidieron torcer la ruta original.

Debido a ello, los debates parlamentarios de las leyes reglamentarias se han venido posponiendo. Peor aún, según diversas fuentes, hay una negociación secreta entre la Secretaría del Trabajo y algunas organizaciones empresariales con el objetivo de presentar al Congreso una propuesta que pretenden echar para atrás el espíritu y la sustancia del nuevo mandato constitucional. Preparan una contrarreforma elaborada por los abogados más inescrupulosos del medio laboral, aquellos que siempre han defendidos los contratos de protección.  Los principales objetivos de esta confabulación son: que el organismo descentralizado encargado del registro de los sindicatos y los contratos sea tripartito, abriendo el espacio otra vez al viejo modelo de control: gobierno-empresarios-líderes sindicales del viejo corporativismo y ahora administradores de los contratos de protección. También pretenden colar, de contrabando, pues no tiene que ver con las nuevas disposiciones constitucionales, una reforma a la ley para facilitar (todavía más) la subcontratación, una de las prácticas más perjudiciales para los derechos de los trabajadores; y para colmo, se proponen también burlar el derecho al voto secreto establecido en la nueva redacción del artículo 123.

Frente a esta pretensión, un amplio grupo compuesto por los abogados laboralistas más destacados del país que no responden a los intereses del gobierno; la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), la Nueva Central de Trabajadores (NCT) y otros sindicatos independientes; académicos y especialistas connotados en cuestiones laborales; y organizaciones sociales y civiles diversas como el Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván AC, han formado un Observatorio Laboral que se ha pronunciado, en primer lugar,  para exigir  que se dé a conocer el proyecto de los abogados patronales y la Secretaría del Trabajo,  y que se organice  un amplio debate abierto y público para redactar la nueva LFT.

El Observatorio exige que las leyes secundarias sean congruentes con los principios   fundamentales de la reforma constitucional. Insistirá también en que el senado ratifique el Convenio 98 de la OIT, sobre negociación colectiva y libertad sindical que entró en vigor desde 1951 pero que el gobierno mexicano se ha negado a respaldar para proteger a los dirigentes sindicales “charros” que nunca han sido electos por los trabajadores.

Estamos a unos meses de que se venza el plazo previsto en la reforma constitucional para que el Congreso apruebe las nuevas leyes reglamentarias y aparentemente no hay nadie que se ocupe del asunto. ¿Se prepara un auténtico albazo legislativo y una aprobación al vapor de una nueva ley federal del trabajo cocinada en algún cuarto oscuro de la Secretaría del Trabajo? ¿O simplemente el gobierno y el Congreso han sido rebasados por los acontecimientos y la carga legislativa? Si es así, ¿buscarán el diálogo y ampliar los tiempos legales para redactar una iniciativa que refleje adecuadamente el texto constitucional aprobado? ¿Cuál es la posición de los partidos de oposición frente a este problema?

Veinticuatro de febrero de 2017: el Observatorio Laboral se ha propuesto que esa fecha se recuerde como el día en que se inició una verdadera transformación de la vida laboral y, en consecuencia,  se frene una de las maniobras gatopardistas más monstruosas del gobierno mexicano y sus aliados patronales: cambiar de fondo la Constitución para que todo, en la ley reglamentaria, siga igual. El Observatorio Laboral tiene como objetivos que  los diputados y senadores no  actúen solos, exigirá transparencia, un  trabajo legislativo incluyente,  rendición de cuentas, y que se atiendan las propuestas del  sector más representativo del mundo laboral. Seguiremos informando…

Twitter: #saulescoba