El caso Honduras
Saúl Escobar Toledo
Las elecciones presidenciales que
se llevaron a cabo en Honduras el 26 de noviembre del año pasado produjeron una
grave crisis política en ese país centroamericano. Recordemos que en esos
comicios se presentaron el actual presidente de la república, Orlando
Hernández, por el Partido Nacional en busca de su reelección, y el de la
Alianza opositora, Salvador Nasralla, que reunió a dos partidos, el PINU (Partido
Innovación y Unidad Social) y LIBRE, la agrupación encabezada por Juan Manuel
Zelaya, el expresidente que gobernó esa nación entre 2006 y 2009 y fue víctima
de un golpe de estado.
El mismo día de la jornada, el
Tribunal Supremo Electoral dio como virtual ganador a Nasralla con una
diferencia de 5% pero inmediatamente después, sin ninguna razón legal, el
cómputo se detuvo durante 48 horas y cuando se reanudó, la ventaja era ya para
Hernández.
La Alianza rechazó esta evidente
maniobra y se desataron grandes manifestaciones en varias ciudades,
particularmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula. El gobierno contestó con la
imposición de un toque de queda durante la noche y la represión indiscriminada.
A pesar de la protesta popular, el Tribunal declaró el triunfo de Hernández el
21 de diciembre por un margen muy estrecho. Las muestras de repudio siguieron
hasta finales del año pasado y también la violencia oficial y los asesinatos de
los opositores. Hasta el 28 de diciembre los organismos independientes de
derechos humanos de ese país (ver www.defensoresenlinea.com) habían
documentado, con nombre, apellido y fecha, 30 personas fallecidas como
resultado de la acción del ejército y la policía, y casi dos mil detenidos. A
pesar de ello, la oposición sigue dando la lucha: el 27 de diciembre presentó
un recurso de nulidad ante el Tribunal y anunció que las movilizaciones
seguirán durante este mes de enero de 2018.
De acuerdo con todos los indicios
recogidos por la prensa y los observadores internacionales, se perpetró un fraude
gracias al control del gobierno de los organismos electorales. Incluso un día
antes de la votación, la revista “The Economist” dio a conocer una serie de
grabaciones que evidenciaban que el Partido Nacional en complicidad con funcionarios
públicos afines, preparaban una
operación para alterar los resultados.
Antes de la declaratoria del Tribunal,
la OEA, con base en las observaciones de sus enviados, declaró que era
imposible determinar un ganador y que la única salida era llamar a nuevas
elecciones y reconoció la “poca calidad” del proceso. Diversas organizaciones
internacionales se sumaron a la condena y la denuncia del fraude.
A pesar de ello, el 20 de
diciembre, Colombia, Guatemala y desgraciadamente México reconocieron a
Hernández como presidente electo incluso antes del reconocimiento formal del
Departamento de Estado de Estados Unidos que lo hizo dos días después. Aunque el
gobierno de Trump admitió la existencia de “inquietudes de los observadores
internacionales y fuertes reacciones del pueblo hondureño”, felicitó a
Hernández por su triunfo.
Ante las continuas movilizaciones
callejeras y la violencia desatada por las policías y el ejército, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fines del año, en una declaración oficial, manifestó que “ha documentado graves hechos
de violencia, muertes, heridos y detenidos en los que estuvieron involucrados
fuerzas de seguridad y el Ejército, actos de tortura en instalaciones militares
y allanamientos de moradas ilegales” y cuestionó el decreto del toque de
queda y el uso ilegal y excesivo de la
fuerza para disolver las manifestaciones.
El fraude y la represión masiva
en Honduras ha recibido una atención menor por parte de la prensa internacional,
pero es de gran importancia para América Latina y el mundo. Desde el golpe de
estado contra Zelaya, en 2009, esa nación ha sido ocupado militarmente por
Estados Unidos, ejerciendo una influencia decisiva en el gobierno local y en
las políticas que éste instrumenta en seguridad pública y en materia económica
y social. Tanto presidentes demócratas como republicanos han decidido apoyar a
las administraciones extremadamente corruptas y la militarización del país. Han sido cómplices de las acciones para
aplacar la oposición política y social por medio de la fuerza. El caso ejemplar
fue el asesinato, en su propia casa y a sangre fría, de Berta Cáceres en marzo
de 2016.
Cáceres, de 44 años, era
reconocida a nivel internacional por encabezar a su comunidad indígena lenca en
contra de una presa que un consorcio, Desarrollos Energéticos, planeaba
construir en sus tierras. La evidencia, según los abogados defensores del caso,
apunta a una conspiración en contra de Cáceres que llevó meses de planeación y
provino de los altos ejecutivos de la empresa. En el asesinato de Berta
participaron, según las pruebas existentes, “numerosos agentes estatales y
altos directivos de Desa en la planeación, ejecución y encubrimiento del
asesinato”, dicen los abogados. “Sin embargo, el ministerio público no ha
realizado imputaciones respecto de estas personas”.
La injerencia de EU en Honduras
ha provocado resultados desastrosos. Sus gobernantes son extremadamente
corruptos y hay una enorme cantidad de pruebas que los ligan al tráfico de
drogas. Atacan sistemáticamente a la prensa independiente y agreden a todos los
sectores sociales inconformes, incluyendo los trabajadores de la maquila. El país registra una de las tasas más altas de
asesinatos en el mundo. Las estrategias diseñadas por Estados Unidos, Obama no
fue la excepción, para experimentar el combate al trasiego de estupefacientes
por medio de la militarización ha sido una tragedia. No sólo no ha tenido resultados positivos en
este aspecto, sino que se ha multiplicado la violencia y el asesinato de
civiles en ejecuciones extrajudiciales. Trump ha manifestado su interés en
detener el torrente de refugiados que salen de Centroamérica para dirigirse al norte,
pero con una violencia incesante, y ahora con la crisis política post electoral,
es de esperar que este flujo aumente todavía más.
En resumen, el apoyo de EU a los
gobiernos de esa nación aumentó la impunidad del crimen organizado y la
violación masiva de los derechos humanos. En buena medida, el responsable de
esta estrategia fue el General Kelly que hace años tenía a su cargo el Comando
Sur del Ejército y se convirtió en amigo personal del presidente Hernández. Hoy
es nada más y nada menos Jefe de Gabinete de Trump.
Estados Unidos ha insistido en
apoyar estos presidentes mafiosos porque considera son leales a sus intereses
en la región. En ese territorio hay una base militar que alberga a cientos de
militares estadounidenses. Han preferido sostener a un régimen político que
tiene a sus más de 9 millones de habitantes sumidos en el caos, la extrema
violencia y la plena impunidad del narcotráfico, con tal de que sea leal y se
pliegue completamente a sus dictados.
Todo lo anterior es destacable
porque revela los verdaderos intereses de EU en la región latinoamericana. En
2018 habrá elecciones en nueve países. En Costa Rica (febrero), Paraguay
(abril), Colombia (mayo), México (julio), Brasil (octubre) y Venezuela
(probablemente a fines de año) se elegirá un nuevo presidente de la república.
EU no será indiferente a estos
comicios. Si el esquema aplicado en Honduras se mantiene, apoyará a los
candidatos que le garanticen lealtad absoluta, sin importar sus resultados. No
importa que estén ligados con el narco, sean violadores de derechos humanos, o
provoquen migraciones masivas, con tal de que pongan, como estrategia central,
la militarización para controlar sus territorios y sus pueblos.
La lucha continua. La resistencia
popular hondureña seguirá tratando de defender el triunfo de su candidato. La
solidaridad y la denuncia internacional son indispensables para detener el
fraude y la represión. Pero también para evitar que el esquema se convierta en
el modelo a seguir por parte de EU y decida aplicarlo en toda América Latina en
este 2018. México está en la lista.
Twitter: #saulescoba
Publicado en El Sur 030118
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