Aquí podrán encontrar  el vínculo del libro editado por el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM titulado  "Consideraciones y propuestas sobre la estrategia de desarrollo para México" ( Avance de la edición) 

Contribuyo con el ensayo  El Desafío del Empleo Tendencias globales y perspectivas nacionales, pp. 271 y sigs.

Espero sea de su interés.

http://www.nuevocursodedesarrollo.unam.mx/docs/Consideraciones_y_propuestas_101218.pdf

Estas ruinas que ves

Para Paco Ignacio Taibo II, brillante novelista e historiador de nuestro tiempo.

Saúl Escobar Toledo

El presidente López Obrador anunció el 1º de diciembre el comienzo de un cambio de régimen político. Ello quiere decir, según sus palabras,  que se acabará con la corrupción y la impunidad pública y privada. Pero también con la política económica neoliberal que ha sido, dijo,  un desastre, una calamidad. Sus resultados están a la vista:  un crecimiento muy por debajo de las décadas anteriores, un poder adquisitivo del salario mínimo  deteriorado en 60 por ciento y que los ingresos laborales de los mexicanos sean hoy  de los más bajos del planeta

Para AMLO, ambas, la corrupción y las políticas neoliberales se han alimentado y nutrido mutuamente para robar los bienes del pueblo y las riquezas de la nación.  Resulta entonces necesario separar el poder económico del poder político con el objetivo prioritario de disminuir las desigualdades sociales y asegurar las funciones esenciales del Estado.

En cuanto a la inseguridad se atenderán las causas que originan la violencia, pero también se propone convertir al Ejército y a la Marina en las instituciones fundamentales para garantizar la seguridad nacional, la seguridad interior y la seguridad pública, previa preparación y capacitación para el respeto de los derechos humanos y mediante la aplicación de protocolos para el uso de la fuerza.

No hay duda en el discurso: la causa principal  de nuestros males se llama neoliberalismo. Ineficiente, concentrador del ingreso, empobrecedor de la mayoría de la población. Y aunque podríamos estar de acuerdo con Jorge Ibargüengoitia (cuya novela da pie al título de esta entrega), en que cada ruina tiene su historia, todos nuestras desgracias se han exacerbado bajo el esquema neoliberal.

El desastre que observa el nuevo mandatario y que muchos mexicanos  también vemos, obligará al Estado a tomar un nuevo papel: no seguirá siendo un comité al servicio de una minoría rapaz,  representará  a todos los mexicanos, se respetará la ley  y habrá una verdadera democracia. Se protegerán las inversiones privadas pero al mismo tiempo se incrementará la inversión pública y reducirán las desigualdades sociales.

La dificultad de reconstruir al país es complicada por varias razones: como lo muestra el caso de la Guardia nacional y las  nuevas funciones del ejército,  en algunos asuntos no habrá  otra opción más  que apoyarse en lo que existe. Y ello supone el peligro de  prolongar o agravar los males que se propone erradicar. En el otro extremo,  se puede generar  inestabilidad  echando atrás decisiones equivocadas, como en el caso de la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

Continuidad y ruptura suponen riesgos. El nuevo mandatario ha decidido que aplicará una combinación de ambas, según sea el caso.  En el discurso se hizo mayor énfasis en el saldo económico y social y menos en los resultados que han arrojado las medidas adoptadas en materia de seguridad pública. Ello podría reflejar que el presidente reconoce, sin decirlo,  que en el primer aspecto se puede avanzar más profundamente, mientras en lo segundo prevalecerán esquemas similares, aunque  no idénticos, a los aplicados en el pasado.

El gobierno se propone una transformación pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo profunda. Esta fórmula suena muy bien pero requiere que muchos factores se alineen positivamente. Entre ellos, un entorno internacional favorable; una acuerdo mínimo con los grupos de poder; una coordinación eficiente dentro del Estado; un impacto más o menos rápido de los proyectos. En fin, una labor muy compleja y que enfrentará factores que no están del todo en manos de la nueva administración.

Por ello, es probable que veamos no sólo aciertos y errores, como en cualquier otro ejercicio gubernamental, sino también una situación inédita en la que se reúnan al mismo tiempo mudanzas radicales y continuidades conservadoras o inercias no muy deseables.

Pero, más allá de los factores señalados, para conducir un cambio ordenado y radical, se requiere una participación ciudadana también pacífica, intensa y lo más organizada posible.

Y aquí hay todavía nos falta mucho. Resulta alentador que el presidente  se comprometa públicamente a no reprimir la protesta popular, a someterse a la revocación de su mandato en 2021, a dar cuenta de sus actos,  a insistir en consultar al pueblo (hasta ahora de manera informal), y amnistiar a los presos políticos,  pero ello no basta.

Al titular del poder Ejecutivo  se le acusa ya de concentrar el poder. Se adelanta que no respetará la división de poderes, el federalismo e incluso las libertades básicas de opinión y manifestación. No comparto estos temores. Más bien, considero que aquí también tenemos una falla institucional. No hay manera de que la voz de la ciudadanía se haga escuchar por los canales tradicionales de la democracia: los partidos políticos o las organizaciones sociales como los sindicatos. Otra calamidad exacerbada por el neoliberalismo, aunque su origen es más remoto, se refiere a la inexistencia de una interlocución entre la gente y los servidores públicos. Ésta no sólo se ha fracturado desde hace muchos años, también se han destruido puentes de entendimiento. La confianza en la política y los políticos es extremadamente baja.

Los avances de nuestra transición democrática, encarnados en la alternancia en la presidencia de la república, en un poder legislativo pluripartidista,  en mayor libertad de expresión, e incluso en elecciones más limpias, fueron adulterados por una descomposición muy acelerada de los organismos estatales. Pero también por la terca voluntad del PRI y el PAN  para impedir que esos avances democráticos se implantaran en las organizaciones sociales y en nuevas  formas de participación ciudadana. La libertad y la democracia sindical ha sido casi inexistente; otros sectores sociales como los campesinos o los trabajadores informales, o incluso los pequeños propietarios y empresarios, carecen de organizaciones legítimas y representativas reconocidas por el Estado. La consulta popular, el referéndum y la organización de consejos vecinales son prácticas muy escasas en nuestra vida política.

Así pues, el cambio de régimen político requiere la reconstrucción de los canales de participación popular que permitan una relación crítica y constructiva. Un conjunto de  reformas que se ocupen no sólo de las cuestiones electorales sino de ampliar y hacer accesibles, por medio de la ley, una mayor participación en la toma de las decisiones. El presidente ha pedido que se discutan en todas las plazas los avances de su gobierno. Pero en los cien puntos leídos en el Zócalo casi no hay ninguna propuesta sobre el fortalecimiento de la democracia participativa. Ello muestra una agenda pendiente en la que habrá que seguir insistiendo. La posibilidad de conjugar el cambio pacífico y ordenado dependerán en buena medida de ello y no sólo de la voluntad de los gobernantes.

Tal como están las cosas, el panorama no puede ofrecer, a corto plazo, más que una dosis combinada de dificultades y alivios. Una cierta incertidumbre junto a una esperanza que todavía perdurará un tiempo. A mediano plazo ya veremos si los efectos positivos se imponen sobre el necesario e inevitable costo de un cambio que pretende ser radical.

Dicen que hoy todavía los actores, cantantes, directores y todos los trabajadores que participan en un nuevo montaje de una obra de teatro o una ópera, para desearse suerte, se saludan pronunciando la palabra mierda. Ello, dicen, se originó desde el siglo XIX pues una parte del público llegaba en carruajes o vehículos movidos por caballos que inevitablemente regaban el suelo alrededor de los teatros de estiércol equino. Así, una mayor concentración de desechos quería decir que la asistencia sería más nutrida y por lo tanto exitosa.

Más allá de dudas y críticas, hoy podríamos saludar al nuevo presidente con esa misma frase,  la cual, dada la situación del país, adquiere un doble sentido:  mierda, Andrés, mucha mierda.

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Retrato de mujer con cartulina

Saúl Escobar Toledo

Después de la marcha del domingo 11 de noviembre que recorrió el Paseo de la Reforma para protestar contra la cancelación del aeropuerto de Texcoco, una fotografía circuló en las redes sociales y en algunos medios impresos y digitales. Una mujer, podríamos decir de alrededor de sesenta años, apoyada en un bastón, ve hacia la cámara. Su mirada no es ni de entusiasmo ni de enojo, parece tranquila pero convencida. Su gesto corporal tampoco dice mucho: muestra sin aspavientos una cartulina. No la han tomado por sorpresa ni trata de esconder su mensaje, lo muestra queriendo decirnos: es lo que pienso y no lo oculto. Una mujer que por su vestimenta no parece ni rica, ni pobre. No porta anillos, apenas un sencillo collar y  unos aretes que tampoco delatan ostentación. Una persona  como muchas con las que nos topamos en la calle cualquier día del año o que, por su apariencia,  podría ser nuestra vecina, un familiar, un amigo. La cartulina dice: “No + delincuencia, inseguridad, narcotráfico, usura, prostitución”. Y abajo, con letras de mayor tamaño, “¡INMIGRANTES INDESEABLES Nuestro pueblo primero! Movimiento Nacionalista Mexicano”.

La manifestación se organizó no tanto para mostrar su descontento con la cancelación de la obra, ello hubiera sido una razón poco atractiva para reunir a miles. Lo que querían era evidenciar su rechazo al próximo gobierno porque lo consideran una amenaza. El mensaje que aparece en la foto subraya ese peligro que ahora se agrava por la presencia de personas venidas del extranjero, de tal manera que los males que ya sufrimos van a empeorar. La asociación de los migrantes con todos esos vicios se reiteró después en Tijuana, donde un grupo de personas agredió un campamento de centroamericanos, seguramente con la complacencia o apoyo del alcalde de esa ciudad quien exigió que los derechos humanos (se apliquen solamente) “para los humanos derechos”.

Estas posturas las hemos visto en distintas partes del mundo. Pero en México hace tiempo que no se manifestaban tan abiertamente. La combinación es además reveladora: una oposición a AMLO cargada de prejuicios racistas, conservadores y pretendidamente nacionalistas. Son las señales de un sentir ciudadano que va a pelear contra el próximo gobierno no tanto por lo que ya hizo o lo que ha dicho, sino porque está apoyada en el miedo, la inseguridad y el odio a lo que consideran extraño, distinto a ellos, nuevo como una pesadilla acabada de soñar. Son resultado de tantos años de violencia, de corrupción y de impunidad, pero también de un prejuicio: hay que prepararse para lo peor porque de estos que nos van a gobernar no se pude esperar nada bueno ya que promulgan ideas dañinas para nuestras familias y nuestra patria. En más de un sentido, esa señora y muchos de los manifestantes que ese día se congregaron, son una expresión de un sentimiento que ha permeado a amplias capas de ciudadanos en diversas partes del mundo y que ha sido electoralmente exitoso en Estados Unidos, en diversas partes de Europa, en países como Filipinas y Brasil. Han surgido como respuesta a los errores  de los gobiernos pero, igualmente,  de un caos que no logran entender: el de un progreso desquiciante, desequilibrado, ruinoso y violento.

Otra cara de la oposición al futuro gobierno se ha expresado día con día, casi unánimemente,  en la prensa nacional. Se trata en este caso, de un rechazo más educado, proveniente de intelectuales, editorialistas, y expertos, cuya consigna puede sintetizarse, según sus propias palabras, de la siguiente manera: “Pelear con los mercados lleva al fracaso” (como encabezó Quintana en El Financiero su columna hace unos días).  Los mercados, en este caso, según lo aclara el mismo autor, son una entelequia. Se trata en realidad de un grupo personas que son grandes inversionistas, o  que trabajan como intermediarios de empresas financieras o están al frente de instituciones multilaterales. Forman sus opiniones no siempre basados en los hechos, pero son capaces de alterar la estabilidad  de un país con movimientos bruscos en las bolsas de valores, el tipo de cambio, los flujos de capitales. Y, aunque no nos guste, el mundo de hoy está acotado por los mercados, o, mejor dicho, por las manos visibles que los mueven.

Este punto de vista es parcial y olvidadizo. No recuerda que precisamente hace diez años, cuando la quiebra del Banco Lehman, esos agentes propiciaron la mayor recesión mundial de las últimas décadas provocando grandes daños a las economías y a las personas. Los representantes de los países más importantes del mundo coincidieron entonces que la causa de esa debacle radicó en la existencia de mercados muy poco y mal regulados. Algo se ha avanzado pero nuevos riesgos han aparecido y con ello la posibilidad de una nueva crisis, según el FMI (Informe sobre la estabilidad financiera mundial, octubre 2018). Las autoridades pueden tratar de ajustar sus políticas para evitar las sacudidas pero ello no basta: el mundo sigue a merced de un sistema financiero mundial que requiere más y nuevos controles, no menos. O, como dijera Jürgen Habermas en un reciente artículo (El País, 18 de noviembre de 2018): necesitamos que los gobiernos lleven a cabo una serie de políticas para contener y reducir los desequilibrios económicos  y se planteen objetivos de largo alcance como acabar con la evasión fiscal e imponer una regulación más estricta de los mercados financieros.

La existencia de los paraísos fiscales, la banca en la sombra (y sus instrumentos que operan sin ninguna supervisión), y su afán de lograr la máxima ganancia en el menor tiempo a costa de la estabilidad económica, propiciaron la explosión de 2018. No han cambiado mucho las cosas desde entonces. El mundo sigue siendo un lugar peligroso y lleno de amenazas debido a la existencia de ese comercio especulativo que muy pocos se atreven a cuestionar.

Cambiar esta situación requiere un esfuerzo concertado a nivel internacional. Poco pueden hacer los gobiernos nacionales aisladamente. Aun así,  no parece razonable calificar las acciones de la futura administración mexicana con base en las respuestas de esos agentes y grupos, ni renunciar definitivamente a poner en práctica nuevas políticas económicas para no pelearse con ellos. En el pasado ese temor y esa inacción simplemente han agravado las cosas.

Es probable que la señora de la foto no haya leído a ninguno de esos  escritores que basan sus opiniones en el comportamiento de los mercados. Y que éstos vean con repugnancia las frases de la cartulina que aquella ostentaba con un dejo de satisfacción. Por lo pronto, su única coincidencia es ver al próximo gobierno como una amenaza, aunque por diferentes razones.  En otras latitudes, sin embargo, han llegado a formar un frente común para derrocar gobiernos e imponer personajes dispuestos a violar los derechos humanos si al mismo tiempo se muestran muy amigables con ese grupo selecto de inversionistas e intermediarios financieros, como sucedió recientemente en Brasil. 

Nuestro personaje quizás no sepa ni le interese saber que su miedo y quizás su dolor, derivado de la situación del país, no es resultado del arribo de esas personas que ella llama indeseables, sino de los profundos desequilibrios causados, entre otras cosas, pero de manera muy importante, por el comportamiento de los mercados, por esas manos que manejan billones de dólares todos los días. Muchos mexicanos seguramente compartimos sentimientos parecidos y su repudio a los gobiernos y los actores políticos. Quizás resultaría muy difícil convencerla de que esos centroamericanos son también víctimas, como ella, del desorden y la injusticia que padece el mundo. Lo que si está dentro de nuestras posibilidades es fomentar un mensaje de solidaridad,  empatía y  reconocimiento de los otros, más allá de su raza, su condición social, y su origen nacional, como habitantes de este planeta que tienen los mismos derechos que nosotros. Y exigirle al próximo gobierno que haga lo mismo en sus declaraciones y en sus obras.

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México y Brasil: un tiempo bífido

Saúl Escobar Toledo

Dos realidades muy distintas se presentan hoy en América Latina después de las elecciones brasileñas. Mientras que en esa nación sudamericana eligieron un presidente que, como se ha comentado ampliamente, tiene un perfil ultraderechista, en México está a punto de tomar posesión un mandatario que ha anunciado la intención de poner en práctica un conjunto de políticas que se pueden caracterizar como progresistas o de izquierda.

En ambos casos se habla del fin de una etapa. En Brasil, el nacimiento de un régimen de mano dura que rompe con la secuela de los gobiernos de Lula y Rousseff. En nuestro país, en cambio, pronto iniciará una administración que trunca la continuidad de las opciones neoliberales representadas por el PRI y el PAN.

La opinión dominante, sobre todo en los medios, equipara de una manera abusiva ambos fenómenos como si se tratara de cosas parecidas, y se conforma con una fórmula simplista: ambos son una manifestación más del populismo que recorre buena parte del mundo.  Desde otro ángulo, hay quienes aseguran que México ha llegado tarde a la ola izquierdista y que Brasil es el ejemplo del fin de esa época. Por lo tanto, aducen, el proyecto de López Obrador tiene la suerte echada. Y desde luego, están los que sostienen que, a pesar de las adversidades y la derrotas en otras tierras, México será un ejemplo de que la izquierda puede gobernar exitosamente.

Para entender mejor el asunto, podría ser útil verlo desde una perspectiva más amplia. Desde la gran recesión mundial de 2007, se ha hablado, cada vez con mayor énfasis,  de una crisis de la democracia liberal, sistemas políticos basados en la democracia representativa. En consecuencia, se han propagado las llamadas democracias no liberales (illiberal democracies)[1], regímenes que son democráticos en la forma (porque son electos por sus ciudadanos) pero que ejercen el poder sin respetar las libertades básicas de los ciudadanos. Yascha Mounk[2], varios años después, consideró que en realidad deberíamos hablar de dos fenómenos distintos: democracias no liberales y liberalismo sin democracia. En este último caso estarían los gobiernos tecnocráticos neoliberales que dicen defender esas libertades, pero sin mecanismo reales de consulta con los ciudadanos. Las políticas económicas se deciden en las cúpulas y sus efectos sociales son resentidos por la mayoría de la población, pero sus quejas no son escuchadas.  La globalización de los mercados y el 1% más próspero deciden casi todo e imponen sus propios intereses sin cortapisas institucionales.

Siguiendo las líneas de este debate, podríamos decir que, frente al malestar de la globalización[3] ha surgido una respuesta bífida, dos caminos distintos para enfrentar esos daños y el descontento que han producido:  una democracia post neoliberal o un neoliberalismo tirano[4].

En el primer caso podríamos situar experiencias como las de Bolivia y Uruguay, aún en el gobierno, y las, por ahora desplazadas en Brasil, Argentina y Ecuador, entre otros, pero también a tendencias políticas como Podemos en España, Sanders en el Partido Demócrata de Estados Unidos, y Corbyn en el Laborista inglés. En la otra vía, se ubica la pandilla europea de los cuatro: Orbán, Kurz, Salvini y Kaczymski[5], además de partidos de oposición como el Frente Nacional de Francia. La elección de Trump en Estados Unidos representa uno de los ejemplos más destacados del avance de esta tendencia. En el caso de los países en desarrollo, habría que colocar en esta lista, de manera destacada, a Rodrigo Duterte en Filipinas. Ahora habría que agregar a López Obrador de un lado y a Bolsonaro del otro.

Los partidarios de una democracia post neoliberal se caracterizarían por sostener un ideario basado en cuatro temas fundamentales: 1)  una agenda económica y social redistributiva instrumentada  mediante diversos mecanismos: aumento de los salarios;  programas sociales de amplia cobertura para combatir la pobreza; y subsidios diversos, dirigidos a mejorar los niveles de bienestar de la población más vulnerable; 2) otorgar mayores derechos a la ciudadanía mediante reformas legales y constitucionales para fortalecer los llamados DESC (derechos económicos, sociales y culturales)[6];  3) mantienen una ideología tolerante y proactiva en asuntos como los derechos de las mujeres y el  respeto a la diversidad sexual, pero también en otras causas importantes:  la migración, los pueblos originarios, el cuidado del medio ambiente y el control de drogas; y 4) tratar de construir una diplomacia más distante de la órbita de Estados Unidos.

Los resultados obtenidos por los gobiernos nacionales, desde esta perspectiva, han estado plagados de errores, insuficiencias y excesos. Pero la vigencia y la intención de hacerlos realidad se mantiene en todas estas tendencias y, sobre todo, en la movilización social.

Los émulos del neoliberalismo tirano, en cambio, buscan coartar los derechos fundamentales e inhibir la capacidad de los ciudadanos para estar informados y tomar decisiones. Sostienen una agenda económica y social apegada al mandato las élites económicas[7].  Y, sobre todo, promulgan una ideología fuertemente conservadora, sostenida en un nacionalismo racista y violento de corte homofóbico, machista, y antiinmigrante. Creen que el consumo de estupefacientes debe perseguirse aplicando la máxima violencia. Desprecian las políticas destinadas a conservar el medio ambiente y los derechos de las minorías. Y, de manera sobresaliente, amenazan constantemente con el uso de la fuerza para perseguir a quien consideran sus enemigos: indigentes, migrantes, pueblos nativos, adictos, homosexuales, y en particular a los defensores de los derechos humanos.

Mientras tanto, los partidarios del actual estado de cosas, que se autoproclaman liberales, siguen sin entender dónde está el problema. Creen que la libertad irrestricta de los mercados ha sido beneficiosa para la mayoría y que la democracia representativa tal y como ha funcionado en los últimos años, no necesita ninguna reforma.

Mantienen todavía una gran influencia, pero sus argumentos están perdiendo fuerza. Hace unos meses, Barak Obama, el presidente que en su momento defendió a ultranza el libre comercio, advirtió que, si bien la globalización y la tecnología han abierto nuevas oportunidades, también:

“Han trastocado los sectores agrarios e industriales de muchos países. Han reducido enormemente la demanda de ciertos tipos de trabajadores y han contribuido a debilitar a los sindicatos y la capacidad de negociación de los trabajadores. Han permitido que al capital le resulte más fácil eludir las leyes y los reglamentos fiscales de las naciones-Estado y transferir millones, miles de millones de dólares con solo tocar una tecla de un ordenador”.

Remarcó que:

“La consecuencia de todas estas tendencias ha sido el estallido de las desigualdades económicas. Unas cuantas docenas de personas tienen tanta riqueza como la mitad más pobre de la humanidad”. Todo ello, agregó, empeoró “debido al devastador efecto de la crisis financiera de 2008… y el comportamiento irresponsable de unas élites que provocó años de dificultades para la gente corriente de todo el mundo”

 Y concluyó: “Por consiguiente, ahora que conmemoramos el 100 aniversario de Madiba, nos encontramos en una encrucijada, un momento en el que dos visiones muy distintas del futuro de la humanidad compiten para conquistar a los ciudadanos de todo el mundo. Dos relatos diferentes sobre quiénes somos y quiénes debemos ser”[8].

En efecto, Sr. Obama, hay dos imaginarios hoy y aquí, en este mundo, porque el neoliberalismo tal y como lo conocimos durante varias décadas está mostrando signos de agotamiento.

En esta narrativa bífida el asunto de fondo está en que no se puede fortalecer la democracia y mantener las políticas neoliberales: más tarde o más temprano el Estado acaba por liquidarse (Bauman[9]) y se abre el espacio más propicio para el despotismo.

Del otro lado, está claro que los intentos de construir una democracia post neoliberal están obligados a respetar los fundamentos de las economías de mercado; respetar las libertades de expresión y manifestación; la separación de poderes; a gobernar con transparencia y, ahora sabemos lo importante que resulta, a combatir la corrupción.

La administración de AMLO navegará sobre una delgada línea que tiene de un lado las reglas del mercado y la necesidad de conciliar intereses muy distintos, y por otro la urgencia de cambiar las cosas. El riesgo de tomar en sus manos un país sumido en una crisis histórica no sólo hace más difícil la tarea, sino que implica la posibilidad de provocar una reacción adversa que nos conduciría al otro extremo, el de la mano dura y el clamor por un gobierno despótico.

Y, sin embargo, volver atrás para repetir los esquemas fallidos de la ortodoxia neoliberal se antoja una posibilidad tanto o más remota. El mundo está cambiando: Brasil ha caído, quién sabe por cuánto tiempo. Pero los tiranos también cometen errores y son absolutamente inmorales y corruptos. Y, si observamos la situación en Estados Unidos, las elecciones del 4 de noviembre demostrarían que, con frecuencia, se desgatan rápidamente.  No hay pues, en estos momentos, nada que pueda indicarnos que la historia se ha inclinado claramente por alguno de las dos opciones. Mal haríamos en confiar ciegamente en el nuevo gobierno, peor sería creer que no nos queda otra opción más que las dictaduras, sean de los mercados, de los gobernantes en turno, o de ambos.

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[1] El término fue empleado por Fareed Zakaria desde 1997 en un artículo publicado en la revista  Foreign Affairs,  "The Rise of Illiberal Democracy".  Hay una traducción al español: “El surgimiento de la democracia iliberal” en una edición del BID y el Gobierno de Ecuador.

[2] “Illiberal Democracy or Undemocratic Liberalism?” (Project Syndicate, Junio 6, 2016).

[3] Para usar el término de Stglitz, J., en su libro, El malestar en la globalización. Ed. Taurus, Madrid, 2002.

[4] En su texto, Zakaria se refería a los gobiernos despóticos latinoamericanos de finales de los noventa, como el de Menen en Argentina y Fujimori en Perú. En los últimos años, las democracias no liberales han acentuado sus rasgos autoritarios ostentando, sin pudor, ideologías y políticas que expresamente niegan los derechos humanos. Su perfil los acerca más bien a lo que podría caracterizarse como tiranías, con rasgos semi fascistas.   

[5] Victor Orbán, primer ministro de Hungría; Sebastían Kurz, canciller de Austria; Mateo Salvini vicepresidente del gobierno de Italia; y Jarsolaw Kaczynski considerado líder en la sombra del gobierno polaco.

[6] La lista incluye entre otros, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación y el derecho a un nivel de vida adecuado, que deben ser reconocidos por los Estados y exigibles por los ciudadanos.

[7] Algunos de estos gobiernos propugnan un proteccionismo económico que ha tomado diversas variantes. En el gobierno de Trump, un proteccionismo comercial que no afecta la movilidad de los capitales financieros. En otros casos, como el Brexit, apoyado fundamentalmente por los grupos políticos del Partido Conservador, se trataba de un proteccionismo frente al gobierno de la Unión Europea.

[8] The Nelson Mandela Lecture. Barack Obama en Johannesburgo, Sudáfrica, en el Centenario del aniversario del nacimiento de Nelson Mandela, Julio 17, 2018.

[9] Ver, entre otros, Bauman, Zygmunt. Modernidad líquida. Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica. 1999. Dani Rodrik, profesor de la Universidad de Harvard propuso la tesis que, dicha en unas cuantas palabras, sostiene que la democracia, la soberanía de los estados nacionales y la integración económica global son incompatibles. Se pueden combinar dos de estos elementos, pero no se pueden tener los tres plena y simultáneamente. “The inescapable trilemma of the world economy”, disponible en: http://rodrik.typepad.com.

La caravana de todos

Saúl Escobar Toledo

La migración sigue siendo, en este siglo XXI, un problema que ni los gobiernos ni las sociedades han aprendido a resolver. Sabido es, o debería serlo, que todos somos multirraciales y por lo tanto descendientes de migrantes.  Sin embargo, a partir de la Gran Recesión que azotó al mundo hace diez años, los flujos de personas que transitan de un país a otro por razones humanitarias se han convertido, todavía más que en el pasado inmediato, en pieza de cambio, pretexto, o señal de alarma que se utiliza para beneficio político.  Pero también es cierto que esto es así porque hay sectores de la sociedad que creen que aquellas personas que llegan a instalarse en su país, su ciudad, su barrio, provenientes de otras latitudes, son extraños que representan un peligro. Se crean prejuicios según los cuales unos tienen fama de ladrones, otros de terroristas y aquellos de mal vivientes. En todo caso, vienen a quitarnos nuestros trabajos, nuestros beneficios, nuestra seguridad.

La caravana de migrantes centroamericanos, principalmente hondureños, que hoy recorren el territorio nacional para dirigirse a Estados Unidos ha puesto en jaque a Peña Nieto y éste no ha sabido atender la emergencia correctamente.  Primero optó por la represión, tratando de contener por la fuerza su entrada a territorio nacional, y ahora parece acompañarla bajo amenazas, sin saber bien a bien que hará en los próximos días.

El gobierno mexicano intentó detenerlos, no tanto por razones legales, sino sobre todo para seguir cumpliendo su papel de guardián fronterizo y así impedir su recorrido hacia el norte. De hecho, se han expulsado en los últimos años más centroamericanos de nuestro territorio que del suelo estadounidense según diversas fuentes oficiales. Es una estrategia insostenible que da pie a constantes agresiones e infamias de todo tipo.

El presidente Trump, por su parte, ha aprovechado este acontecimiento con fines electorales, ante la proximidad de los comicios de noviembre y la posibilidad de perder la mayoría en una o ambas cámaras del Congreso. No ha dudado en calificar a los marchistas de delincuentes, ni de culpar a sus rivales, los demócratas, de ser los verdaderos instigadores y organizadores de la caravana.

Sin embargo, todos los testimonios a la mano, recogidos de la prensa internacional y de las organizaciones humanitarias, coinciden en que estamos frente a una movilización genuina que en unos días logró reunir a miles de personas para enfrentar los malos tratos que reciben en nuestro territorio y debido a las condiciones cada vez más graves que ocurren en sus países: violencia, desempleo, hambre y miedo. Éste es el caso, sin duda y especialmente de Honduras donde existe una situación caótica, bajo un presidente rapaz y extremadamente represivo, impuesto a toda costa por Estados Unidos (recordemos el fraude electoral del año pasado).

De esta manera, la marcha que en estos momentos recorre Chiapas plantea un reto inmediato que sólo podrá resolverse con medidas de largo plazo. El flujo de personas provenientes de esos países va a continuar, pase lo que pase con esta marcha. Por ello, tocará a la administración de López Obrador definir un conjunto de políticas, indispensables para enfrentar distintos problemas.

En primer lugar, el respeto a los derechos humanos. Se tienen que reconocer que las causas de la migración son reales y por lo tanto atendibles. Y por lo tanto encontrar soluciones que de manera ordenada y bajo supervisión de las autoridades locales y de instancias internacionales, pueda proporcionarles oportunidades de estancia, tránsito, trabajo y apoyos básicos para cuidar su salud y su integridad física.

En segundo lugar, la migración forzada de mexicanos y centroamericanos ha sido motivo, desde hace años, de una tensión cada vez más aguda con el gobierno de Estados Unidos. Trátese de demócratas o republicanos, lo cierto es que las deportaciones masivas, la persecución, los malos tratos y el encubrimiento de la explotación laboral han sido permanentes. Es indudable que con Trump el discurso y las amenazas se han endurecido hasta convertirse en un motivo de discordia sin precedentes. Es posible que la situación pudiera cambiar si los próximos comicios en aquel país alteran el dominio absoluto de los republicanos, pero no hay que esperar demasiado. Por ello, se requerirá una posición firme que deje atrás la obediencia casi absoluta y se proponga poner en práctica un nuevo trato con los migrantes que vienen del sur. Ello tendrá que ser así, igualmente, en el caso de nuestros compatriotas que seguirán viajando hacia tierras estadounidenses. Si ello sucede, la confrontación será inevitable y habrá que pensar en un nuevo enfoque diplomático con nuestros vecinos del norte y del sur.

Dentro de México, adoptar una política humanitaria hacia los migrantes tendrá resistencias y costos políticos. No faltarán, desgraciadamente, campañas de odio y racismo. Y de ahí podrían desprenderse hechos de violencia. Pero todo esto se puede prevenir si se actúa con prontitud, con autoridades y agentes honestos y entrenados para atender a una población extremadamente vulnerable y fácil de caer presa, como hasta ahora, de chantajes y abusos. También tendrá que emprender una campaña que fortalezca la solidaridad y la empatía con los migrantes. Seguramente se requerirán recursos públicos, ya muy escasos en el presupuesto del próximo año, pero probablemente de una cuantía manejable si se administran con rectitud y destreza.

Afortunadamente, un gran parte de la sociedad mantendrá una actitud positiva. Procurará, sin duda, mostrar su solidaridad y apoyo. Resistirá la tentación de verlos como invasores no deseados y los recibirán como lo que son: parte de nuestra historia y nuestra cultura mesoamericana.

En resumen, la caravana de migrantes que hoy nos ocupa hará sonar muchas alarmas. Esperemos que se resuelva correctamente, poniendo en primer lugar los valores humanitarios. Pero habrá en el futuro otras expediciones más pequeñas o más grandes y un flujo de personas imparable que seguirán transitando por nuestro territorio huyendo de la inseguridad y la pobreza.

Étienne Balibar, el filósofo francés, muy conocido hace unas décadas por sus estudios sobre marxismo, ha publicado un breve ensayo traducido al español en El País que propone una revisión del derecho internacional para detener esta catástrofe cotidiana, la criminalización de los migrantes, que se presenta en varios lugares del mundo incluyendo Europa. Sugiere el reconocimiento de un nuevo derecho, el derecho de acogida a todas las personas errantes, como cree que deben ser calificadas. Ello significaría que la libre circulación de personas se convierta en un derecho inalienable que exija a los Estados poner los menores obstáculos posibles. Aplicar el concepto liberal de dejar hacer, dejar pasar, no sólo a las mercancías y a los capitales sino también a los seres humanos. Pero ello deberá ir acompañado de la obligación de los Estados soberanos de garantizar la dignidad y seguridad de las personas. Derecho que debe prevalecer en todo momento incluso frente a leyes y reglamentos de los Estados. Debe entonces quedar establecida la prohibición del rechazo o la expulsión de los migrantes; su maltrato; las listas negras por razones de país de origen, religión o raza. También las operaciones militares que los afecten. Y no debería permitirse tampoco la negociación con terceros países como refugios aparentemente seguros. En síntesis, no tratar a los extranjeros como enemigos pues son en realidad una parte de la población mundial, representativa, por su condición, de todas las desigualdades del mundo. Una propuesta, dice Balibar, para que, al fin, humanidad rime con igualdad. En el fondo, lo que está en cuestión es si las personas van a seguir expulsando de su seno a otras, o si se proponen integrarlas.

Bajo esta óptica, en esta caravana marcha una parte de nosotros mismos. Así hay que tratarla y entenderla.

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Vientos de cambio en las leyes y las instituciones laborales

Vientos de cambio

Saúl Escobar Toledo

En unas cuantas semanas, las leyes y las instituciones del trabajo mexicanas han sido sacudidas por dos acontecimientos distintos pero relacionados: primero, a fines de septiembre, el Senado de la República aprobó la ratificación del Convenio 98 de la OIT. Y poco después, a principios de octubre, se anunció un acuerdo final entre Canadá, Estados Unidos y México en materia de comercio (el United States-Mexico-Canada Agreement o USMCA, en lugar de TLCAN o NAFTA) que incluye un capítulo laboral y un anexo, ambos muy destacados.

El Convenio sobre el derecho de sindicalización y negociación colectiva data de 1949 y ha sido firmado por 165 países del mundo incluyendo América Latina. La importancia de la decisión senatorial reside en haber vencido, al fin, las resistencias del PRI y del PAN, del llamado sindicalismo oficial (charro o corporativo), y de algunos dirigentes empresariales que se han opuesto por razones estrictamente políticas y convenencieras: defender un modelo sindical corrupto, antidemocrático y servil. Un esquema que sirvió durante muchos años para controlar el descontento obrero y, desde 1982, para imponer topes salariales y otras políticas públicas contrarias a los intereses de los trabajadores.

La nueva composición del órgano legislativo (con mayoría de MORENA) sirvió sin duda para apresurar esta decisión pues coincidía con su plataforma electoral y su programa. Pero quizás también porque ya se tenía información de que el capítulo laboral del nuevo acuerdo comercial norteamericano traía un apartado especial sobre asuntos laborales que era plenamente congruente con el Convenio 98.

Hasta ahora, el texto completo del USMCA sólo está disponible en inglés, publicado en el portal de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement/united-states-mexico).  Aquí solo nos referiremos al capítulo laboral. Se trata de una versión mejorada de su similar pactado en el TPP (Acuerdo Transpacífico). Es más claro en algunos temas pues por ejemplo incluye explícitamente el derecho a huelga como parte de la libertad de asociación; y precisa las obligaciones de los gobiernos para la aplicación de las leyes laborales, incluyendo la inspección laboral.

Más importante aún, contiene varios apartados muy novedosos. Uno de ellos señala que ningún país dejará de atender los casos en que se ejerza violencia contra los trabajadores, relacionada con el ejercicio de sus derechos. Otros puntos destacables se refieren a la protección de los trabajadores migrantes y a la promoción de la igualdad de las mujeres en el lugar de trabajo.

En resumen, el capítulo laboral del Acuerdo busca elevar la protección laboral en los tres países de manera más precisa que otros pactos comerciales similares. Hay todavía algunas lagunas e imprecisiones, y la manera de hacer efectivos estos lineamientos dejan todavía mucho que desear.

A todo esto, hay que agregar el anexo 23-A que tiene como título, para no dejar ninguna duda, “La representación de los trabajadores en la negociación colectiva en México”. Se trata de un texto que plantea un combate a fondo a los contratos de protección patronal en nuestro país. Para ello, México se compromete a adoptar una legislación que comprenda, entre otras, las siguientes disposiciones:

Un conjunto de reglas para garantizar el derecho de los trabajadores a organizar, formar y adherirse al sindicato de su preferencia, y prohibir a los empleadores interferir en las actividades sindicales o ejercer coerción por su actividad sindical. Asimismo, que se establezcan órganos imparciales para el registro de las organizaciones gremiales. Igualmente, se deberá implementar un sistema efectivo que verifique que las elecciones de los dirigentes sean llevadas a cabo mediante el voto libre, personal y secreto de los socios.

Las leyes mexicanas deberán también contemplar que el registro de los contratos colectivos cuente con el apoyo mayoritario de los trabajadores mediante el ejercicio del voto personal, libre y secreto. Finalmente, señala que las partes (Estados Unidos y Canadá) esperan que México llevará a cabo estos cambios antes del 1º de enero de 2019, y se advierte que la entrada en vigor del acuerdo comercial puede ser pospuesta hasta que dicha legislación entre en vigor.

Tal profusión y claridad en el texto busca impedir que, en México, se sigan aplicando un modelo laboral apoyado en contratos y sindicatos ficticios.  Una práctica que, como lo explica un análisis elaborado por la Unión de Metalúrgicos de Estados Unidos, y como lo han advertido también aquí en México, desde hace tiempo,  las organizaciones sindicales independientes, los abogados democráticos y los especialistas en el tema, ha servido para imponer bajos salarios y malas condiciones de trabajo. Estas políticas, si bien han permitido atraer inversiones extranjeras a la industria manufacturera, particularmente en las últimas tres décadas, en realidad han aportado pocos beneficios para el país y su clase trabajadora.

Así, en esta ocasión, se han reunido diversos protagonistas e intereses: los sindicatos de Estados Unidos y Canadá; los gobiernos de estos países; y la futura administración de AMLO y las organizaciones independientes mexicanas, con el objetivo común de cambiar el modelo laboral vigente. Los primeros sienten que los contratos de protección son una manera deshonesta de quitarles plazas laborales y presionar negativamente los salarios en sus propios países; los segundos, sobre todo Trump, creen que de esta manera protegerán su planta industrial y mejorará su balanza comercial; y los terceros, es decir el próximo gobierno de López Obrador y los legisladores de MORENA, confían en que es posible construir un esquema de desarrollo menos dependiente de la exportaciones manufactureras y capaz de mejorar los salarios y las condiciones de vida de los mexicanos.

Hay que advertir que todo lo contenido en el capítulo laboral y su anexo, incluidos en el nuevo acuerdo comercial, no se riñe con las reformas constitucionales de febrero de 2017. Al contrario, se basan en ellas. Pero los representantes sindicales y los gobiernos del norte han creído necesario pactarlos expresamente en el USMCA ante la posibilidad de que esas reformas se reviertan, como en efecto se intentó a lo largo de este año por el PRI y el gobierno de Peña Nieto.

Se trata de una coincidencia un tanto sorprendente que sin embargo puede cambiar profundamente el modelo laboral mexicano. Ahora toca al poder legislativo de nuestro país dar el siguiente paso: reformar la Ley Federal del Trabajo para para adoptar nuevos lineamientos que permitan combatir los contratos de protección y abrir la puerta a una democratización de los sindicatos mexicanos. Aun así, después de que esto haya sucedido, vendrá el reto de su puesta en práctica.

La próxima administración tendrá que aplicar las nuevas disposiciones legales y ello significará una labor compleja. Lo será desde el punto de vista técnico y administrativo pues poner en marcha una   justicia laboral adscrita al Poder Judicial, eliminando las Juntas de Conciliación y Arbitraje, representa una tarea que exigirá recursos y un proceso de transición difícil, todavía indefinido.

Desde el punto de vista social y político, el cambio enfrentará muchas resistencias tanto de algunos empleadores como de las viejas organizaciones corporativas y, sobre todo, de la mafia que hoy se beneficia de los contratos de protección.

Pero, finalmente, serán los propios trabajadores los que, por primera vez en mucho tiempo, tendrán la posibilidad de decidir. Vientos provenientes del norte y de nuestra propia coyuntura política se han juntado para impulsar un cambio profundo de las instituciones y las leyes laborales. El camino para hacer realidad la democracia sindical y relaciones de trabajo más equilibradas es todavía muy largo, pero se ha abierto una brecha en un momento singular de la historia de México y del mundo.

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Una cuenta por cobrar: el salario

Saúl Escobar Toledo

De todos los saldos y pendientes   del sexenio de Peña Nieto, uno de las más graves se refiere al salario. En primer lugar, claro, el salario mínimo, el que, a pesar de un ligero aumento en los últimos dos años, sigue estando por debajo de la línea de la pobreza. Pero la situación no es mejor en el resto de la estructura salarial. Más de la mitad de las familias, según el VI Informe de gobierno, se sostiene con un nivel de percepciones menor a 5 SMD (salarios mínimos diarios) a pesar de que en ese hogar más de una persona puede estar aportando ingresos. Según el mismo informe, la población vulnerable por ingresos aumentó entre 2012 y 2016, lo que sólo puede explicarse por una disminución de sus remuneraciones y la informalidad laboral.

De la misma manera, el Informe muestra que el salario base de cotización de los trabajadores asegurados del IMSS apenas creció un poco por encima de la inflación general (INPC) pero por debajo del aumento de la canasta básica calculada por CONEVAL, perdiendo casi 2 puntos porcentuales en los últimos cinco años. Incluso en la industria de la transformación (en la que deberían situarse los trabajadores mejor pagados) el salario medio apenas representa alrededor de 4 SMD. Llama también la atención que en las grandes empresas los aumentos hayan sido menores que en las medianas y en las pequeñas, lo cual puede explicarse por un control salarial más estricto. Peor aún, en dólares estadounidenses por hora, los jornales de los trabajadores mexicanos en la industria de la manufactura disminuyeron entre 2012 y 2017 mientras que en EU aumentaron. La brecha salarial entre los dos países se hizo más profunda.

La agenda del próximo gobierno en esta materia es pues un asunto inevitable y urgente. Diversos integrantes del futuro equipo de gobierno han manifestado su voluntad para aumentar el salario mínimo a poco más de 100 pesos diarios para nivelarlo con el nivel de pobreza señalado por CONEVAL. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que dicho cálculo no toma en cuenta los hijos del trabajador. Si éste tiene, como sucede generalmente, un hogar formado por lo menos por cuatro personas y es el único que aporta ingresos, el salario mínimo vital (como lo marca la Constitución) debería ser de alrededor de seis mil pesos mensuales. De esta manera, aunque un aumento como el señalado es positivo, el problema no se resuelve del todo.

Habrá que agregar que un incremento al mínimo difícilmente repercutirá en el conjunto de la estructura salarial, es decir en aquellas que teóricamente se pactan entre el empleado y el empleador por medio de un contrato. Según diversos estudios, la relación entre los aumentos al SMD y a los salarios contractuales ha cambiado en el tiempo. Durante muchos años (entre principios de los años ochenta hasta el año 2000) el SMD sirvió como índice para topar los aumentos otorgados por las empresas. A principios del siglo XXI y hasta 2008, cuando estalló la crisis mundial, los salarios medios aumentaron mientras el mínimo se quedó congelado. Desde entonces, ambos, el mínimo y el medio casi no se han modificado. Parte del problema se explica por la escasa capacidad de negociación de los trabajadores y a la ausencia de sindicatos representativos. También hay que recordar que el salario mínimo lo obtiene un reducido número de trabajadores ubicados en los sectores más desprotegidos de la economía: en los micronegocios y en las áreas rurales donde predomina el trabajo informal (que no cuentan con seguridad social). Se trata de un conjunto de alrededor de 8 millones de trabajadores (de un total ocupado de aproximadamente 56 millones), es decir alrededor del 15%.

Además, después de la crisis de 2018, la estructura salarial se ha seguido comprimiendo hacia abajo:  el número de trabajadores que gana hasta 3 SMD ha venido aumentando mientras que los que perciben más de esa cantidad se reducen año tras año. Ello está ligado a los bajos índices de crecimiento de la economía y a la destrucción de empleos en los puestos más calificados en las ramas económicas más modernas.

Una medida que todavía no conocemos pero que tendrá igual o mayor importancia que el aumento a los mínimos se refiere a las percepciones de los trabajadores del sector público a nivel federal. Durante los gobiernos de Cárdenas, López Obrador y Ebrard (hasta 2010) se otorgaron aumentos a los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México en porcentajes promedio superiores no sólo no sólo al mínimo legal sino también a la inflación. Habrá que ver si esta política se aplicará bajo la presidencia de AMLO tanto a nivel local (en los estados que gobernará MORENA principalmente) y a nivel nacional.

Legisladores del partido mayoritario y  de otros grupos parlamentarios han manifestado su interés en cambiar la ley sobre los salarios mínimos. Un asunto central se refiere al organismo que toma esa decisión, la CONSAMI (Comisión Nacional de Salarios Mínimos). Sin duda, ha sido una entidad incondicional al mandatario en turno y bastante inútil.  Habrá que pensar en su reemplazo. Para ello, deberá tomarse en cuenta que, según estudios de la OIT, en los países donde existe un salario mínimo legal sólo hay tres modelos: en el primero, que es el método más frecuente a nivel mundial, la fijación de este ingreso mínimo se toma por una autoridad, usualmente el ministerio del trabajo, previa consulta con los interlocutores sociales, es decir los sindicatos y la representación patronal. En el segundo caso, la decisión se toma por una entidad tripartita, como la CONSAMI de México. Una instancia similar existe en otros países por ejemplo Corea (del Sur) y Costa Rica. En el tercer caso, el fallo recae en el órgano legislativo (Brasil, Estados Unidos).

La CONSAMI puede cambiar de nombre, pero eso no es lo importante. Lo relevante consiste en si se migra de un modelo tripartito a cualquiera de los otros dos. Según mi parecer, la decisión debería recaer en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados, previa consulta con los representantes de obreros y empleadores y auxiliado por una comisión técnica ad hoc que permita tomar una decisión acorde con las metas de política económica señaladas por el Ejecutivo y bajo la estrategia de una mejora gradual pero permanente. De esta manera, el aumento tendría un mayor impacto y serviría de base para las negociaciones contractuales. La idea sería que el conjunto de la economía se moviera en un mismo sentido, mejorando los ingresos reales de la mayoría de los trabajadores.

Para ello, las reformas a la LFT pendientes desde la reforma constitucional de 2017 que garantizan el voto secreto de los trabajadores en la elección de sus representantes y de su contrato colectivo, así como la creación de una institución independiente para el registro de los sindicatos, pueden efectivamente conducir a una negociación real en los centros de trabajo.

Estaríamos así frente a un andamiaje institucional distinto que recaería en cuatro patas: una política de aumento del salario mínimo propiciada y planeada por el gobierno, pero consultada con las representaciones obreras y patronales; una estrategia de aumento real de las retribuciones de los servidores públicos; un nuevo método para decidir el monto anual del SMD que recaería en la Cámara de Diputados; y una estructura legal que garantizaría una negociación efectiva entre obreros y patrones.

No faltará quien afirme que estos cambios podrían conducir a una espiral perversa inflación- salarios, lo que afectaría la competitividad internacional. Eso no sucederá si existe una conducción del Estado (principalmente del poder ejecutivo y el Congreso) responsable, apoyada en el diálogo social, que plantee un esquema de cambio previsto para varios años. El otro camino es el que ya conocemos: dejar que los ingresos laborales se reduzcan permanentemente, con el consecuente aumento de la pobreza y la desigualdad.  Tenemos más de 35 años bajo esta estrategia y sólo ha arrojado pérdidas para la inmensa mayoría de la población.

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