Utilidades y subcontratación: diálogo, negociación y posturas

Utilidades y subcontratación: la negociación en curso Saúl Escobar Toledo El jueves pasado tuvo lugar la quinta y última mesa de dialogo convocada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno de la república con el tema: “Posibles efectos o distorsiones en el Reparto de Utilidades una vez aprobada la reforma en materia de Subcontratación”. En dichas mesas, los participantes presentaron sus puntos de vista por medio de una plataforma digital, las cuales pueden revisarse en el portal que la Secretaría ha dispuesto en Facebook y You Tube. Acudieron a este diálogo representantes de los trabajadores y los empresarios y fueron encabezadas por la secretaria, Luisa María Alcalde. En la del día 28, dicha funcionaria invitó a algunos académicos y tuve la oportunidad de participar. Los voceros del sector privado expresaron reiteradamente dos argumentos: el primero, que la carga que tienen que soportar las empresas es demasiado alta, sobre todo por la elevada tasa impositiva y la participación de los trabajadores en el reparto de utilidades (PTU); y segundo, que México debe mantener su atractivo para la inversión extranjera en un mercado mundial altamente competitivo. Por ello, manifestaron su oposición a lo que ellos consideraron una “prohibición” de la subcontratación y, con más insistencia, propusieron la necesidad de cambiar la ley para que la PTU no se aplique de acuerdo con un porcentaje (10%), sino con un tope de (o se convierta en un bono equivalente a) treinta días de salario como máximo. Ambas razones son en cierta manera contradictorias pues si en México los impuestos a las empresas y la PTU son ya muy elevados, no se entiende porqué nuestro país es atractivo para la inversión extranjera. Por otro lado, algunos participantes insistieron en que la iniciativa de ley presentada por el presidente prohíbe cualquier forma de subcontratación cuando en realidad lo hace sólo en el caso de aquellos consorcios o empresas que “proporcionen o ponga disposición trabajadores propios en beneficio de otra”. Algunos llaman a esta modalidad “insourcing”, lo cual es inexacto ya que con este término se designa más bien la ejecución de tareas por una empresa que antes realizaba otra. En realidad, lo que se intenta prohibir es que haya una simulación y que una empresa (frecuentemente del mismos consorcio o dueño) maneje la nómina y la administración de personal que labora en otro establecimiento. De esta manera, el corporativo puede eludir el pago de algunas prestaciones, incluyendo el reparto de utilidades, pero también la negociación colectiva y la sindicalización. Se trata en realidad, como expresé en el turno de mi intervención, de una forma de contratación arreglada para omitir diversas obligaciones legales. Los empleados subcontratados bajo este esquema tienen los salarios más reducidos del mercado, muy pocos están inscritos en el IMSS, y, en su gran mayoría, no cuentan con un sindicato ni un contrato colectivo pactado. En cuanto al asunto de la PTU, me permití señalar que México es un país muy desigual: el decil más pobre de la población apenas recibe el 1.8% del ingreso total mientras que el diez por ciento más rico acapara casi el 34%. Incluso el ochenta por ciento de la población recibe el 50% del ingreso mientras que el veinte por ciento más afortunado concentra el 50 por ciento restante. Esto ha provocado un Índice de Gini de 0.469 que es uno de los más altos (y por lo tanto indica una mayor desigualdad) de los países de la OCDE. Lo anterior es en parte debido al desequilibrio entre salarios y ganancias en la producción. En el cuarto trimestre de 2019, según cifras del INEGI, la remuneración de los asalariados fue de 27.75% del PIB mientras que el excedente bruto de operación concentraba casi el 45%. Como se sabe, los salarios promedio (no sólo el mínimo) de México son también muy reducidos ocupando casi el último lugar de los países de la OCDE. En cuanto a la carga fiscal, destaca el hecho de que los impuestos a la propiedad son casi insignificantes, apenas 0.328 % del PIB, mientras que en otros países, por ejemplo, Chile o Colombia, representan entre el 1. 118 y el 1.787%. El promedio de la OCDE es de 1.856%, es decir, seis veces mayor. De esta manera puede afirmarse que hay un espacio muy amplio para mantener las disposiciones vigentes del reparto de utilidades y que las dificultades de las empresas no obedecen a un alto costo de la fuerza de trabajo. Hay que señalar, además, que esquemas similares, de “profit-sharing”, existen en varios países del mundo, entre ellos, Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, aunque con distintas particularidades. Sin duda, las bajas remuneraciones de la mano de obra han sido un atractivo para las inversiones externas pero este modelo se está agotando. El T-MEC formado con Estados Unidos y Canadá dedica todo un capítulo y un conjunto de previsiones dedicados a México, para impedir las empresas sigan abusando de estas condiciones. Insistir en esa ventaja comparativa y en reducir o cancelar la PTU, y mantener el artificio de esa modalidad de subcontratación, va en contra de la letra y el espíritu del Tratado y puede generar un malestar entre los gobiernos y parlamentos de nuestros socios comerciales. Y, sobre todo, hay que reiterarlo, la PTU es un mecanismo redistributivo que mal haríamos en suprimir dadas los niveles de desigualdad existentes y la porción tan reducida que corresponde al trabajo en el PIB total. Según mi apreciación, los representantes patronales, desafortunadamente, no mostraron voluntad para mejorar, de alguna manera, la situación deplorable de desigualdad y pobreza laboral existente en nuestro país y, en cambio, insistieron en sacar ventaja del diálogo abierto por el gobierno para mantener los esquemas de subcontratación fraudulentos, o para cambiar la ley y la naturaleza de la PTU si se aprueban las reformas a la LFT. Según su punto de vista, este mecanismo debe convertirse en una prestación de un monto fijo en lugar de una forma de compartir la bonanza de las empresas. Este intento de cambalache, catafixia o quid pro quo, es una mala señal de la llamada iniciativa privada; un intento oportunista y perverso para terminar con una conquista laboral que se obtuvo desde el Constituyente de 1917. Es cierto que ha faltado, por parte del gobierno, una política de recuperación económica que incluya mayores apoyos a las empresas, sobre todo a las micros y pequeñas. Sin embargo, en lugar de intentar formar un frente común con los sindicatos y la sociedad para construir un plan que ofreciera mejorías para todos, simplemente se decidieron por la táctica de la presión política basada en falsedades o hipótesis muy cuestionables, manifestando una falta de solidaridad con la población trabajadora y con la desgracia que ha sufrido la inmensa mayoría de los mexicanos debido a la pandemia. Si realmente quisieran discutir un plan de recuperación económica inclusiva, que abarcara ventajas o ayudas a las empresas y los asalariados, sería bueno, por ejemplo, poner en la mesa de diálogo, la posibilidad de mejorar la recaudación que grava la propiedad, no sólo de activos inmobiliarios sino también financieros en manos de personas físicas. Con ello mejorarían las finanzas públicas, habría mayores recursos para la recuperación económica y se afectaría sólo a una porción de la sociedad, la que posee grandes propiedades inmobiliarias e instrumentos financieros cuantiosos. A cambio de estas aportaciones a cargo de las personas más prósperas (acaso el 1%), las empresas podrían obtener mejores condiciones fiscales, los trabajadores podrían conservar sus empleos (hoy en riesgo por los cierres motivados por las medidas sanitarias), y negociar sus salarios y prestaciones en mejores condiciones. La negociación que escuché en esos diálogos, por voz de los representantes empresariales, va en sentido contrario: lo que algunos llaman un juego de suma cero. Ganar a costa de las pérdidas de los otros. saulescobar.blogspot.com

La agenda Biden y el caso de México

La agenda Biden y el caso de México Saúl Escobar Toledo Hoy miércoles 20 de enero, Joe Biden tomará posesión como presidente de los Estados Unidos. Según distintas publicaciones cercanas al partido demócrata (por ejemplo, Bloomberg), sus prioridades serán (o deberían ser), en primer lugar y de manera urgente, luchar contra la pandemia del COVID-19, mejorando la estrategia para evitar más contagios y muertes, con el diseño de un plan nacional que permitiría un ritmo de vacunación de un millón de dosis diarias y que pondría énfasis en las comunidades negras, latinas y nativas que han sufrido desproporcionadamente los efectos de la enfermedad. La segunda cuestión de la agenda consistiría en poner en marcha, con la aprobación del nuevo Congreso, un plan de estímulos económicos más ambicioso que el anterior (por un total de 1.9 billones de dólares). Incluiría nuevas transferencias monetarias por 1400 dólares a cada hogar de manera pareja y sin distinciones, lo que se agregaría a los 600 dólares ya aprobados en 2020; extender la ayuda para los desempleados hasta septiembre por un total de 350 mil millones de dólares y, se dice, decretar un aumento del salario mínimo que alcanzaría 15 dólares la hora. También habrá, se afirma, como parte de las acciones inmediatas, una propuesta para reformar el sistema migratorio. Posteriormente, se anunciarían otros proyectos que atenderían problemas de mediano y largo plazo como la construcción de infraestructura y el cambio hacia una economía más verde para combatir el cambio climático. Otra prioridad de mediano plazo sería el diseño de una nueva política exterior que recupere, dicen, el liderazgo mundial de Estados Unidos y que incluiría acercarse de nueva cuenta a los viejos aliados, sobre todo en Europa, y hacer frente de mejor manera a los retos que plantea el liderazgo económico de China. Según este punto de vista, México estaría involucrado, principalmente, en la definición de una nueva política migratoria. Habrá que ver si incluye y de qué manera la legalización de millones de indocumentados que ya trabajan en Estados Unidos y el problema de los refugiados, muchos de los cuales vienen de Centroamérica y se encuentran en nuestro país Otras cuestiones que tienen que ver con México, y que ya están o estarán pronto en la agenda del gobierno de Biden son: el asunto del trasiego de armas y drogas entre ambos países; y el enfoque que tendrá que darle al T-MEC. Este último asunto es complejo ya que la nueva versión del NAFTA o TLCAN es distinta en un asunto crucial: no se trata de un tratado de libre comercio sino de un acuerdo de comercio regulado. Según un estudio de Gustavo Vega y Francisco Campos, publicado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, el T-MEC es un acuerdo negociado bajo la visión proteccionista, nacionalista y de comercio administrado del gobierno Trump. A ello se agregó la preocupación de los asuntos laborales planteados por los demócratas. Por ello, este tema, el laboral, es probablemente el área en la que se han incorporado los cambios más sustanciales en el T-MEC. Y, en efecto, la Junta de Expertos Laborales Independientes sobre México, ya elaboró su primer informe ( provisional). Hay que recordar que esta Junta fue creada por la Ley de Implementación del T-MEC, y está integrada por 12 miembros nombrados por los líderes del Congreso de los EE. UU., con el fin de “monitorear y evaluar la implementación de la reforma laboral de México y el cumplimiento de sus obligaciones en materia laboral”. Aunque reconocen las dificultades causadas por la pandemia, afirman que “la Junta ha identificado una serie de preocupaciones graves con respecto al procedimiento de México para aplicar la legislación en materia laboral que consideramos se deben abordar de manera inmediata”. El informe subraya la existencia de contratos de protección cuyo objeto, dicen los expertos, es fijar salarios reducidos y condiciones deficientes de trabajo y “proteger” al patrón de tener que negociar con un sindicato independiente y democrático, el cual haría hincapié en mejores salarios y condiciones laborales. Exponen que los costos de la mano de obra por hora en la industria manufacturera es de 39 dólares en EU, 30 dólares en Canadá y 4 dólares en México. Después, hacen un resumen y una evaluación de la reforma laboral aprobada en 2019 y concluyen que, a pesar de los avances y el esfuerzo del gobierno mexicano, “el sistema de contratos de protección… permanece intacto”. De acuerdo con o anterior emiten una serie de recomendaciones. La primera de ellas consiste en: “El Comité Laboral Interinstitucional (del gobierno) y el Congreso de los EE. UU. deberán hacer todo lo posible para ayudar a México en poner fin a la vigilancia, el acoso, las amenazas, las detenciones, la violencia física y los asesinatos de trabajadores que ejercen sus derechos (legales), tanto a nivel federal como estatal.” Finalizan señalando que: El Gobierno estadounidense y su embajada deben enviar un mensaje contundente a las empresas que producen bienes y servicios en nuestro país para exportar al mercado estadounidense: no se regresará a las condiciones anteriores y las utilidades de esas empresas ya no se obtendrán con base en las violaciones a los derechos de los trabajadores. Es probable que la agenda del presidente Biden no aborde de inmediato estas recomendaciones. Sin embargo, tendrá que hacerlo más tarde o más temprano pues la mayoría demócrata en ambas cámaras seguramente ejercerán una mayor presión para que se aceleren los mecanismos previstos en el T-MEC en materia laboral. Esto último podría derivar en fuertes y constantes reclamos al gobierno de México. Sin embargo, el problema es más complejo si consideramos que las empresas estadounidenses no cambiarán rápidamente su modelo de negocios que incluye precisamente pagar salarios muy reducidos bajo el esquema de los contratos de protección. Además, el gobierno de EU ya ha anunciado mayores incentivos fiscales para que esas empresas regresen a territorio estadounidense. Por su parte, el gobierno mexicano ha afirmado que está convencido de la necesidad de democratizar la vida sindical, la contratación colectiva y el aumento de los salarios, pero no está preparado para enfrentar una salida de empresas, sobre todo en el sector automotriz, lo que afectaría el empleo, las exportaciones y, desde luego, el ritmo de crecimiento de la economía. De esta manera, ambos gobiernos tienen que definir, en un plazo que podría alargarse hasta 2025, un modelo de transición que dé como resultado una reorganización productiva y de las cadenas de valor establecidas entre ambos países que ofrezca mejores ingresos para los trabajadores y un mayor ritmo de desarrollo en ambos países. La otra alternativa es desatar una lluvia de denuncias de la parte estadounidense contra México, como ya lo hace el documento de los expertos. O bien, siempre hay esa posibilidad, dejar que todo siga igual. Pronto sabremos cuál será la política de Biden y la respuesta del gobierno mexicano. Pero no debería olvidarse que el fenómeno Trump y la insurrección del 6 de enero no son la enfermedad sino el síntoma de un malestar social: la caída del nivel de vida de amplios sectores de la clase obrera estadounidense. Y que una reactivación económica post pandémica en nuestro país requiere un plan estratégico que tendría que cambiar las condiciones anteriores a la aparición del COVID, sobre todo, la integración económica a EU. Se abre la oportunidad, en ambos lados de la frontera, para redefinir qué tipo de economía y sociedad deseamos para los próximos años. El proyecto de libre comercio de América del Norte no trajo los frutos esperados por sus gobiernos y sus pueblos. La nueva administración de Estados Unidos y el gobierno mexicano tendrán que revisar las lecciones que dejó el viejo TLCAN. Nos tocará discutir las conclusiones a las que lleguen. saulescobar.blogspot.com

¿Qué debemos entender por recuperación?

Recuperación ¿cómo entenderla? Saúl Escobar Toledo Llegó el nuevo año, pero seguimos igual o peor que en los últimos meses de 2020. La pandemia sigue desatada: las fiestas de fin de año, la permisividad oficial y la lentitud de la distribución de las vacunas parecen anunciar que la enfermedad seguirá causando estragos durante varios meses en casi todo el mundo, particularmente en América, Europa y partes de Asia como la India. Se ha requerido entonces redoblar las medidas preventivas: nuevos confinamientos y cese casi total de actividades económicas y escolares. Así las cosas, la recuperación se ve todavía incierta y lejana. Si en el frente sanitario podemos esperar que los contagios vayan descendiendo gracias a estas disrupciones y a un mayor número de personas vacunadas, en lo que toca a la economía la situación requerirá también de una acción más enérgica de los estados y gobiernos. Difícil que haya lugar para el optimismo sobre todo si se confía en que las cosas se van a arreglar por la pura inercia de las fuerzas del mercado. Por un lado, será necesario ampliar sustancialmente los fondos destinados a los programas de apoyo a las personas y empresas más necesitadas que ya se echaron a andar desde el año pasado. Además, diseñar nuevas medidas que puedan asegurar una recuperación más rápida y prevenir nuevas crisis. Entre estas últimas, diversas instituciones y especialistas ( por ejemplo el premio nobel Joseph Stiglitz), han señalado la necesidad de que se haga uso de una cantidad de al menos 500 mil millones de dólares de Derechos Especiales de Giro (DEGs) por parte del FMI para echar a andar un programa de ayuda para los países más pobres y en desarrollo que no abultaría las deudas soberanas y servirían para financiar las balanzas de pagos y las importaciones necesarias para la alimentación, la salud y el mejoramiento del medio ambiente. No puede haber lugar para la confusión. La recuperación debe medirse con base en estos indicadores: disminución de las personas enfermas; aumento del número y la calidad del empleo; y un sistema productivo más verde. Todo lo demás, como la deuda, la paridad de las monedas, los mercados bursátiles, los déficits públicos y hasta los puntos porcentuales del PIB, deben entenderse como asuntos secundarios o meros instrumentos para lograr la ansiada recuperación. De otra manera puede haber un regreso simulado a la normalidad, recuperarando aparentemente lo perdido cuando en realidad estaremos retrocediendo pues habrá mayor pobreza, desigualdad, contaminación y una menor capacidad para prevenir y enfrentar nuevas catástrofes. En el caso de México lo anterior se traduce en la necesidad de diseñar un programa de recuperación que hoy no existe. No basta con la campaña de vacunación anunciada si no se mejora la capacidad hospitalaria y la atención sanitaria de primer nivel. Una nueva economía debe conducirnos a la producción de energía más limpias y otras medidas que reduzcan la contaminación e inyecten vitalidad a nuevas ramas económicas. No se puede confiar en que el T-MEC y las obras de infraestructura en curso vayan a permitirnos recuperar los empleos perdidos si al mismo tiempo no se legisla en materia de seguro de desempleo, subcontratación, plataformas digitales y programas que apoyen a las familias especialmente a aquellas que viven de la economía informal. No es suficiente una política salarial progresista, como la que de manera atemperada se ha puesto en marcha, si no se reducen las brechas regionales, de género y etarias. Para abundar sobre el tema del empleo, fundamental para la recuperación, hemos consultado el informe que la OIT y la CEPAL publicaron a fines del año pasado, el cual reconoce que la pandemia provocará “la peor contracción del producto de la región de la historia…, lo que ha tenido y tendrá profundas consecuencias laborales y sociales” (disponible en https://www.cepal.org). Según este estudio, la existencia de un sector informal muy amplio, sin acceso a seguridad social y, por lo tanto, muy vulnerable, ha tenido y tendrá un fuerte impacto regresivo en los ingresos y la calidad de vida de millones de personas. Además, los empleos formales también fueron afectados ya que muchas personas fueron despedidas; otras conservaron su trabajo, pero sufrieron una importante merma en sus ingresos debido a la reducción de horas laboradas o a que fueron enviados a sus casas con la modalidad de vacaciones no pagadas o licencias con salarios menores. El efecto de estas medidas fue más grave en nuestro país debido a la ausencia de un seguro de desempleo Un fenómeno destacable que arrojó esta crisis fue la enorme cantidad de personas que se quedaron sin trabajo y dejaron de buscarlo. Técnicamente dejaron de formar parte de la PEA (Población Económicamente Activa) y se sumaron a la Población Económicamente Inactiva (PEI). Afectó particularmente a las mujeres debido a su mayor presencia en los sectores más impactados por la crisis sanitaria (servicio doméstico, restaurantes y hoteles, comercio) pero, igualmente, a la prevalencia de una cultura machista que las confinó, más que en el caso de los hombres, a cuidar a los enfermos, a los niños sin escuela, a los ancianos y a las tareas hogareñas. La crisis causó otra manifestación novedosa: el trabajo asalariado se contrajo menos que el que se realiza por cuenta propia debido a que estas labores implican, en su mayoría, un contacto presencial, sobre todo en el sector informal. En México los trabajadores asalariados se redujeron en casi 14% en el segundo trimestre de 2020 en tanto que los que laboraban por cuenta propia representaron una caída de 30.9%. Este descenso se ha revertido, pero a costa de una mayor exposición de estos trabajadores informales al contagio, lo que explicaría en parte el crecimiento del número de enfermos y fallecimientos. Por otro lado, el estudio subraya las consecuencias devastadoras entre los jóvenes: su tasa de ocupación se redujo en mayor medida que otros grupos etarios. Esta situación, señala el informe, ha sido un factor que ha acentuado “el cansancio y la soledad (por lo que) los sentimientos de tristeza, miedo y angustia son más frecuentes entre los hombres y las mujeres jóvenes”. Y advierte que: “cuanto mayor sea el tiempo fuera de la escuela y del mundo laboral, mayores serán los riesgos de precariedad y exclusión del mercado de trabajo a lo largo de (su) vida activa”. Para evitar estas tragedias, se requieren programas orientados a mejorar su capacitación; y mantener y mejorar políticas de transferencia de ingresos para los jóvenes que estudian y se capacitan; los trabajadores adultos; y los hogares. De lo contrario, es sumamente probable que los jóvenes se vean presionados a generar ingresos, principalmente en las actividades informales, lo que restringirá las posibilidades de invertir en su formación laboral. Los últimos datos, ofrecidos por el gobierno mexicano, muestran la lentitud de la recuperación: en noviembre 2020 la población ocupada fue de 52.93% (en relación con el total en edad de trabajar), un poco menor que en octubre e inferior a las de marzo (55.76%). Además, la mayoría de las personas que regresaron a trabajar lo hicieron en actividades informales. En lo que toca a los empleos formales, el saldo de once meses, de enero a noviembre, fue de 369 mil 890 plazas perdidas, a los que hay que sumar, según expuso el presidente de la república, las casi 278 mil que se esfumaron en diciembre. Con este panorama, la recuperación no se ve tan próxima ni tan segura. El estudio de la CEPAL-OIT subraya que: “La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la importancia de contar con un sector público fuerte y eficiente, con capacidad de reaccionar rápidamente ante choques que acarrean fuertes impactos económicos y sociales”. La situación que observamos en este inicio de año requiere que las instituciones del estado mexicano redoblen sus esfuerzos, lo hagan pronto y con un proyecto comprensible. saulescobar.blogspot.com

Noticias de fin de año : la agenda laboral de diciembre

Noticias de fin de año Saúl Escobar Toledo El último mes del 2020 trajo noticias buenas, regulares y malas para los trabajadores. Empecemos por la buena: la legislación del teletrabajo. Lo más importante fue la adición del capítulo XII bis que define a este tipo de labores como un trabajo subordinado, con obligaciones para el patrón que antes no se habían reconocido, siempre y cuando se lleve a cabo por medio de las tecnologías de la información y la comunicación en un lugar distinto al establecimiento del patrón y ocupe más del 40% de la jornada regular. Establece, mediante un contrato por escrito, la obligación del empleador para la entrega, instalación y mantenimiento de los equipos necesarios; el pago de los costos de los servicios de telecomunicación; la parte proporcional de electricidad que ésta consuma; y que se respetará el derecho a la desconexión al término de la jornada laboral. Aunque el problema va a residir en su cumplimiento, es un marco legal que ayudará a evitar abusos como el alargamiento de las jornadas de trabajo y que los costos del uso de las tecnologías recaigan solamente en los empleados. Regular, en cambio puede calificarse el aumento al salario mínimo propuesto por el presidente, un 15%, cuando en realidad debió haber sido de al menos 20% según diversos estudios. Si consideramos los tres incrementos conseguidos bajo la administración actual, da un total agregado de 60.3% nominal (sin considerar la inflación) de diciembre de 2018 a diciembre de 2020. Una cifra alentadora. Todavía no se llega a recuperar todo lo perdido desde 1977-78 pero se sigue en el camino ascendente, lo cual es muy positivo. Argumentando las dificultades económicas de este año, la COPARMEX propuso apenas un 10%. Esperemos, que, al menos, el monto sugerido por el presidente sea finalmente aceptado. También hubo malas noticias. Las reformas al sistema de pensiones es un error y tendrá que ser revisada muy pronto. Mantiene un sistema de administración privada con cuentas individuales que depende de los rendimientos y comisiones de las AFORES. Tal sistema ha demostrado ser insuficiente y costoso para los trabajadores y el gobierno y, en cambio, muy rentable para los grandes consorcios financieros. Los cambios positivos, la reducción de las semanas de cotización, se otorgaron gracias a aumentos considerables de las aportaciones patronales y del costo fiscal (entre 2023 y 2030). Ambos incrementos serán insostenibles en el mediano y largo plazo. Los empresarios muy probablemente pedirán una revisión más tarde o más temprano; y el gobierno no podrá sostener las erogaciones presupuestales. Esto último se confirmó en una nota elaborada por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) que, aunque sin muchas precisiones, da entender que el costo fiscal podría multiplicarse hasta 15 veces en el largo plazo. Se trata de una reforma que busca solucionar un problema mayúsculo. La transición de diez años y la aplicación de las nuevas tasas hasta 2023 puede dar la idea de que las reformas serán sustentables en ese futuro no muy lejano. Sin embargo, todos los estudios conocidos han planteado que la recuperación económica no va a llegar para entonces y que resarcir lo perdido ocupará un plazo mayor. Si, además, se sigue manteniendo la línea de cero deudas y cero impuestos, la presión a las finanzas públicas no será soportable. Las reformas carecieron de un estudio serio (al menos público) de los impactos que tendrán sobre los salarios, el empleo, el crecimiento y los presupuestos del gobierno. Este silencio puede deberse a que se trató de una reforma apoyada en una negociación política sin proyecciones confiables basadas en datos duros. Los administradores de las Afores aseguraron el manejo de un negocio de miles de millones de pesos y ofrecieron, a cambio, obligaciones muy difíciles de cumplir. El gobierno dejó que éstos elaboraran las reformas para deshacerse del problema y dejarlo a la próxima administración. Ninguna de las dos partes actuó responsablemente. Ya lo veremos. La otra mala noticia, aunque ésta podría tener solución, fue el anunció de que se postergará la aprobación de las reformas a la subcontratación. La presión patronal tuvo éxito y con la promesa de portarse bien en los próximos meses no sólo logaron evitar la votación del proyecto sino también meter en la agenda otro tema, completamente distinto, el reparto de utilidades. Fue una negociación favorable para los magnates. En cambio, para el gobierno, el aplazamiento puede ser el preludio de una derrota. Aun así, hubo organizaciones empresariales que se opusieron al acuerdo, sabiendo que no las compromete en realidad a nada y, más bien, con la intención de aumentar la presión para que definitivamente se olvide completamente el asunto. Es difícil que se llegue a este extremo, pero lo será más que los términos originales de la iniciativa presidencial se mantengan. Los empresarios insistieron en que los tiempos actuales no permiten “acabar con la subcontratación”: ello es falso porque la iniciativa del gobierno no propone semejante cosa. Tampoco es la verdadera razón. El fondo del problema es mantener un sistema que les permite eludir la formación de sindicatos, la contratación colectiva (con las prestaciones que pudieran pactarse) y lo que ellos llaman la flexibilidad laboral que en realidad se traduce en la posibilidad de contratar trabajadores por tiempo limitado y en jornadas discontinuas, ahorrándose costos como indemnizaciones, aguinaldos, vacaciones y otros beneficios. Todas las estadísticas conocidas o estudios avalados por una institución académica como el COLMEX, la Ibero o la UNAM coinciden en que el personal subcontratado forma parte del segmento más desprotegido de los asalariados. Son los que reciben los peores ingresos y prácticamente ninguno tiene un sindicato o un contrato colectivo. Son los trabajadores más excluidos de un mercado de trabajo altamente excluyente. Por ello, cuando hablan con la verdad, los empresarios nacionales y extranjeros defensores de la subcontratación, se refieren a ella como una “ventaja comparativa”, es decir, mano de obra muy barata para atraer capitales y empresas extranjeras. Así lo dijo, con esa franqueza, el Sr. Larry Rubin, desconociendo que el T-MEC contiene un marco regulatorio del trabajo en México que no se ajusta a esas condiciones y que fue uno de los motivos para que el Sr. Trump propusiera la revisión del viejo TLCAN. Quizás no debería sorprendernos la incongruencia, falta de responsabilidad y la ausencia de solidaridad de los empresarios principalmente de aquellos de mayor tamaño, que son los que hablan en las conferencias y boletines de prensa, con los trabajadores. Olvidan que éstos se llevan menos de un 30% del ingreso nacional mientras que las ganancias se quedan con el resto. Lo que puede llamar más la atención es la conducta del gobierno. Más allá de los méritos que pueden adjudicarse como el aumento sostenido de los salarios mínimos: ¿para qué elaborar una propuesta para regular la subcontratación, argumentarla contundentemente y después dejarla en el congelador navideño? ¿por qué regalarles a los grandes capitales financieros una reforma al sistema de pensiones cuando había otros caminos más responsables y menos costosos para las finanzas públicas? Si, efectivamente el plan consiste en otorgar toda la confianza en los mercados para salir de la crisis y lograr la recuperación económica; seguir achicando al gobierno federal; y reducir casi al mínimo la rectoría económica del Estado, quizás las cosas adquieran sentido. Pero no se ajustan a un discurso, a un compromiso y un origen que todavía se defiende. La distancia entre los hechos y una retórica que va por otro lado no podrá extenderse por mucho tiempo. Mientras tanto, dejamos a los lectores de El Sur nuestros mejores deseos para estas celebraciones navideñas y el próximo 2021, suplicando se respeten todas las medidas para evitar más contagios y enfermos por coronavirus. saulescobar.blogspot.com

Un Estado débil protege poco a la gente

Un Estado debilucho Saúl Escobar Toledo Según cifras publicadas recientemente por la OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo), México tiene un gasto público, destinado a proteger a sus habitantes de las inclemencias del mercado, muy reducido, muy pequeño. De ahí que la desigualdad, la pobreza y los daños causados por catástrofes como la que nos ha azotado todo este año, crezcan cada vez más. Mientras los países analizados por este organismo erogaron un promedio de 20% de su PIB en distintos renglones del gasto social, México apenas destinó el 7.5% (en 2019). Evidentemente estamos muy lejos de los países ricos como Francia (30%) o Alemania, Italia y Austria que presupuestaron un poco menos. México está incluso por debajo de Colombia (13.1%) Chile (11.4%) y Costa Rica (12.2%) Somos el último de la lista de la OECD. Dentro de este tipo de gasto, México ha realizado una inversión muy pequeña en servicios de salud. El año pasado le destinamos apenas un 2.8% del PIB mientras que Costa Rica, Colombia y Chile erogaron 5.4; 4.8 y 4.5% respectivamente. Para no mencionar a Francia o Alemania que pusieron más del 8%. Además, en las décadas anteriores, este gasto fue mal administrado, según nos han informado las autoridades actuales, lo que da una idea de la poca capacidad de respuesta que hemos observado frente a las enfermedades crónicas y las epidemias. Otro renglón en que México invierte poco es el destinado a beneficios en efectivo para dotar de ingresos a la población en edad de trabajar. Se trata de pagos por enfermedades e incapacidades; apoyos a familias con hijos pequeños; y también aquellas destinadas a políticas activas (promoción del empleo, capacitación, ayudas fiscales) y pasivas (seguro de desempleo). Mientras el promedio de los países de la OCDE gasta un 3.7% en estos renglones, nuestro país apenas le ha destinado un 0.5%. Y es que las políticas neoliberales se afianzaron en México crudamente. Los ajustes al gasto público que tuvieron como objetivos obtener presupuestos nivelados, contener la deuda y no elevar impuestos llevaron a que las partidas previstas para proteger a la gente se mantuvieran en niveles bajos y completamente insuficientes. Se trata de una política que ya lleva tiempo. El gasto social se ha mantenido prácticamente igual en los últimos diez años (7.4% en 2010, 7.2 en 2018 y 7.5 en 2019). La OCDE advierte que la pandemia del COVID-19 seguramente aumentará este tipo de erogaciones al presentarse un aumento de la demanda de servicios de salud y la necesidad de apoyar a la población, mediante distintas formas, por los daños económicos y los empleos perdidos. Por ejemplo, subsidios de corto plazo a trabajadores desempleados; ayudas a los padres y a sus niños y niñas que no pudieron asistir a las escuelas cerradas por razones sanitarias. Sin embargo, México parece ser otra vez una excepción como lo demuestra el presupuesto andrajoso aprobado por el Congreso para 2021. Comparado con casi todos los países del mundo, el gasto social de éste y el próximo año han observado aumentos raquíticos. Los renglones que componen este tipo de gasto son un reflejo bastante fiel de lo que hace un Estado nacional para proteger a sus ciudadanos de la pobreza, las enfermedades, el rezago educativo, la falta de vivienda, la carencia de empleos bien remunerados. Si estas erogaciones son pequeñas, eso quiere decir que las capacidades estatales son reducidas. El Consenso de Washington promovió el debilitamiento del Estado, alegando que de esta manera se abriría el horizonte para un crecimiento más rápido pues las empresas no tendrían que pagar más impuestos, la inflación estaría controlada, y no tendría la competencia “desventajosa” de la inversión estatal. Como ya comprobamos en casi todo el mundo, estas recetas no sólo no cumplieron con esta promesa, sino que además condujeron a una desigualdad de ingresos y de riqueza sin precedentes y alentaron la inestabilidad política y social. Desde luego, aún en los países ricos donde el gasto en salud ha sido históricamente alto, la pandemia vino a dejar en claro el costo en vidas humanas que dejaron las políticas neoliberales, ya que en estas naciones también se congelaron las inversiones o se privatizaron los servicios sanitarios. El ogro filantrópico; el Estado obeso; las economías mixtas burocráticas e ineficientes, fueron algunos de los términos que se utilizaron para restarle fuerza a la administración pública en aras de abrir el paso a una mayor libertad a los mercados. Incluso se ha llegado a pensar que un Estado débil equivale a un estado democrático y, por lo contrario, que uno fuerte, con crecientes capacidades para proteger a sus ciudadanos, llevan a las dictaduras, los populismos y otras formas despóticas de gobierno. Ahora que la pandemia ha mostrado los saldos adversos de los paradigmas neoliberales, sus defensores voltean a ver a otro lado y nos proponen reflexionar sobre la importancia de los contras pesos al poder presidencial para conservar el clima de libertades y los avances democráticos que, según ellos, hemos alcanzado. Olvidan que, en realidad, hemos vivido una pesadilla repleta de episodios de violencia, inseguridad, saqueos y bandidaje que han carcomido las instituciones públicas. No quieren reconocer que hemos transitado hacia un sistema político fácilmente vulnerable, abusado por las mafias, y acorde con una administración pública que ha sido sistemáticamente desmantelada. Y es que un Estado débil es incapaz de promover el respeto a los derechos humanos. O, dicho de otra manera, sólo un régimen con las capacidades necesarias en términos fiscales, administrativos y económicos puede garantizar que estos derechos sean exigibles y se traduzcan en mejores políticas púbicas para combatir las carencias y afectaciones de las personas. Un Estado fuerte puede ser más o menos democrático: o si se prefiere más o menos autoritario. Pero, un Estado flaco, irremediablemente dará lugar a que las minorías poderosas que juegan en el mercado se impongan sobre la mayoría de los ciudadanos. Una administración púbica robusta, sin duda, tendría que ser acompañada por una participación ciudadana exigente, para obligar a una rendición de cuentas y a la corrección de errores y desviaciones. Por ello, resulta extraño que la 4T piense, por ejemplo, que la corrupción se debe, como dice el dicho a que, en cofre abierto, hasta el más justo peca, cuando en realidad se trata de un sistema de complicidades que se aprovecha de las debilidades estatales para actuar impunemente. También sorprende la insistencia en aplicar una política de austeridad presupuestal cuando se necesita que el Estado responda de la mejor manera posible o, como dice la UNCTAD, con todo lo que sea necesario, para proteger a sus ciudadanos. O que la capacidad de endeudamiento del gobierno federal se entienda como un factor absoluto cuando en realidad depende de los ingresos fiscales, las necesidades presentes y futuras de la sociedad, y de una estrategia encaminada para fortalecer las instituciones públicas. Peor aún resulta pensar que la negativa a emprender una reforma fiscal puede formar parte de un plan destinado a mejorar el nivel de vida de la gente cuando lo que estamos observando es un resultado de un proyecto de adelgazamiento que lleva ya casi cuatro décadas, debido a la presión de los intereses de un estrato de ricos y super ricos que no quiere pagar más contribuciones, lo que ha llevado, entre otras muchas cosas, a tener un sistema de salud enano. En fin, en pleno siglo XXI, retomar el propósito de construir un Estado con mayores recursos fiscales; con una administración diestra y trabajando con un patrón laboral decente; con instituciones saneadas, pero igualmente aptas, humana y materialmente, para atender los reclamos ciudadanos; y con un plan multianual que dirija la inversión privada mediante una creciente inversión pública: en una palabra, levantar un Estado fuerte, debería ser la lección que nos ha dejado esta pandemia. Desafortunadamente, parece que no todos hemos entendido el mensaje de la misma manera. saulescobar.blogspot.com

Disgustos patronales: la iniciativa de ley para regular la subcontratación

Disgustos patronales

Saúl Escobar Toledo

El pasado 12 de noviembre, el presidente López Obrador presentó una iniciativa para regular algunas modalidades de un fenómeno complejo, la subcontratación laboral. De inmediato, los organismos empresariales cúpula y algunos de sus voceros oficiales y oficiosos protestaron acremente. La COPARMEX, en un documento público, señaló que el proyecto “representa una amenaza al crecimiento y a la creación del empleo formal”. De manera dolosa, aseguró que 4.6 millones de personas ocupadas bajo esta modalidad están en peligro inminente de ser despedidas. El documento patronal buscaba también confundir deliberadamente a la opinión pública proponiendo que la subcontratación se debe “regular, no prohibir”.

Una opinión casi idéntica se puede encontrar, por ejemplo, en el editorial de Enrique Quintana, director de El Financiero quien aventuró que, definitivamente, no se contratará directamente a los trabajadores que hoy están en esquemas de “outsourcing” (término que no están en la iniciativa ni en las leyes). Opiniones más ríspidas se han publicado estos días sin faltar alguno que las calificó de “recetas bolivarianas” es decir, supongo, propias de la Venezuela de Chávez, no del libertador Simón Bolívar.

Resulta curioso que todos admitan que se ha abusado de la subcontratación para defraudar a los trabajadores, a la hacienda pública y a la seguridad social. Sin embargo, Quintana llegó al extremo de afirmar que estos ilícitos tuvieron un efecto benéfico pues “permitieron una mayor flexibilidad laboral”. O sea que las leyes pueden violarse impunemente cuando arrojan un beneficio para las empresas.

 La idea de que las normas laborales siempre son, en general,  perjudiciales para la inversión privada es parte sustantiva de la ideología patronal y del liberalismo. Su paradigma es que, a mayor libertad de los mercados, incluyendo la compra de fuerza de trabajo, mayores los beneficios para las empresas y la creación de empleos. La realidad, no obstante, ha sido distinta. En las últimas décadas, cuando tal paradigma ha sido hegemónico, hemos observado una dinámica viciosa: la desregulación ha llevado a la creación de empleos cada vez más precarios y vulnerables, y a aumentar las ganancias en detrimento de los salarios. Los ingresos se han concentrado de manera más desigual, a niveles inusitados, mientras que las condiciones de vida de los trabajadores han decaído en casi todo el mundo incluyendo los países más desarrollados. Esta desigualdad creciente ha sido la causa -reconocida por académicos de renombre incluyendo varios premios Nobel de economía y la CEPAL- de un crecimiento económico inestable e insuficiente; un descontento social muy amplio; y una polarización política que incluso ha capitalizado la extrema derecha como en el caso de Trump en Estados Unidos.

 

Revisando con cuidado la propuesta del gobierno, que reforma distintas leyes, principalmente la del trabajo, se pude observar que busca impedir varias prácticas, aparentemente legales, que en realidad burlan derechos fundamentales. Primero, los intermediarios que contratan (y pagan a) trabajadores por una labor que se lleva a cabo en beneficio de una determinada empresa. Esto es especialmente visible en la industria de la construcción (que incluso lo destacan en letreros puesto en las obras) y en el reclutamiento de jornaleros agrícolas. Segundo, más importante, empresas que son filiales de un consorcio y que administran la nómina de los trabajadores, pero no realizan ninguna actividad productiva. Los consorcios bancarios, call centers, hoteles y restaurantes (que no son pequeños o micronegocios) han sido muy afectos a esta simulación. Tercero, empresas fantasmas que sólo existen en el papel porque fueron registradas ante notario público con un domicilio inexistente y que son fachadas para transferir recursos de un lado a otro y frecuentemente a paraísos fiscales.  Algunas de éstas manejan nóminas y pagos a la seguridad social en libros de contabilidad con información falsa. En todos estos casos, las empresas contratantes no se hacen responsables de las obligaciones patronales o las disminuyen para bajar los costos de las compañías beneficiarias.

En cambio, la iniciativa de ley permite la contratación de trabajadores por una empresa para que realice o ejecute servicios u obras especializadas en un establecimiento distinto. Por ejemplo, las tareas de limpieza y vigilancia; contabilidad y finanzas; mantenimiento, instalación o creación de equipo y programas digitales (software y hardware); etc. Ahora, sin embargo, para evitar las simulaciones antes descritas estas empresas tienen que registrarse ante la Secretaría del Trabajo para comprobar que realmente hacen lo que declaran. Y se incluye la “responsabilidad solidaria” que significa que, si la razón social contratante no cumple con sus obligaciones laborales, la beneficiaria tendrá que cubrir esas omisiones. Esto resulta muy importante sobre todo en materia de seguridad social pues es frecuente que los subcontratistas dejen de pagar esas cuotas y el trabajador y su familia quede sin servicio médico.

Como pude observarse, la reglamentación propuesta no tiene que afectar la creación de empleos ni aumentar la informalidad. Lo cierto y comprobable es que muchos de los puestos subcontratados actualmente son informales como hemos tratado de explicar. Así que las afirmaciones en este sentido pecan de cinismo y de falta de responsabilidad social.

El problema del empleo desde luego es un asunto que se ha vuelto más acuciante debido a la pandemia y las restricciones impuestas a los establecimientos comerciales y productivos. Para mejorar la situación actual y una recuperación más rápida, hay que crear y poner en práctica un conjunto de programas como el seguro de desempleo, una renta vital focalizada a los trabajadores afectados (sobre todo informales) y un presupuesto contra cíclico. Pero requiere, asimismo, que no se afecte a los empleados con salarios y prestaciones reducidas, propósitos que   han cumplido sobradamente las empresas que recurren a las prácticas de subcontratación.   Un mayor poder de compra de la población trabajadora ayudaría sin duda a una recuperación más rápida.

 

El paquete de reformas enviado al Congreso se puede perfeccionar para que cumplan mejor sus objetivos y se eviten malentendidos. Igualmente, requerirá de la voluntad política del gobierno, el cual deberá fortalecer la inspección del trabajo y poner de su parte, predicando con el ejemplo, para que las limitaciones que contiene el proyecto de ley se apliquen en los gobiernos municipales, estatales y el federal. La administración pública se ha vuelto también el reino de la subcontratación simulada y los contratos precarios.

 

Habría que agregar, finalmente, que los problemas derivados de esas prácticas nefastas:  los abusos de los patrones, la falta de mecanismos de defensa de los trabajadores y la tolerancia de la autoridad, no se van a resolver definitivamente con esta iniciativa. Queda pendiente, entre otros, el asunto de las plataformas digitales que contratan (o subcontratan) trabajadores y que ofrecen servicios de transporte, de paquetería o de provisión de alimentos a domicilio solicitados por el internet. Estas empresas no admiten ninguna responsabilidad laboral ya que no se reconocen como patrones.

 

COPARMEX y sus voceros sostienen que “tras la crisis provocada por el COVID-19 las condiciones en el mundo deberán de tender hacia la flexibilización…” y que, por lo tanto, “debe ser cada vez más fácil contratar y ser contratado”. Para ellos, los sindicatos, la negociación bilateral, los contratos colectivos, las leyes y los derechos de los trabajadores entorpecen el funcionamiento de las empresas y la creación de empleos. Ahora, como en otras ocasiones, la COPARMEX y sus voceros quieren resolver la crisis a costa de los trabajadores. La iniciativa propuesta por el gobierno no apunta en esa dirección. Esas es la verdadera razón de sus enojos.

 

  

 

Trabajadores rigurosamente vigilados

Saúl Escobar Toledo

 publicado en El Sur el miércoles 3 de noviembre de 2020

Estimado lector, usted, que ya tiene en sus manos una ejemplar de El Sur, es probable que conozca al triunfador de las elecciones presidenciales y cuál será la composición del Congreso de Estados Unidos.  Ello, a menos que surja un conflicto poselectoral, como en el año 2000, cuando se perpetró un fraude a manos de Jeff Bush, gobernador de Florida, en favor de su hermano George, lo que provocó un litigio que se resolvió varias semanas después de la fecha comicial.  

 

El mundo, no sólo Estados Unidos, están a la expectativa de unos comicios que tendrán un impacto histórico perdurable. Si Trump lograra reelegirse, la incertidumbre, ya de por sí enorme por la pandemia y sus efectos, pondría en peligro la recuperación económica a nivel mundial. Dentro de EU, la inestabilidad social también empeoraría como resultado de enfrentamientos cada vez más violentos entre las comunidades negras y los supremacistas blancos. Los esfuerzos por detener el deterioro ambiental y el cambio climático quedarían estancados, y, en fin, un conjunto de problemas domésticos y planetarios quedarían a merced de un personaje imprevisible, mentiroso e irremediablemente corrupto y corruptor. El triunfo de Biden, el demócrata, no garantiza grandes soluciones, pero al menos un poco más de transparencia, certeza y estabilidad.

 

Para México, el resultado podría impactar en distintos sentidos:  la política hacia América Latina; las presiones por detener la migración indocumentada; y los vínculos económicos y comerciales entre ambas naciones. Hay, sin embargo, un asunto especial que merece mayor atención porque ha sido menos conocido: las relaciones laborales en México.

 

Para entender el asunto, vale la pena recordar que la renegociación del TLCAN y la firma del T-MEC dieron lugar a un nuevo capítulo laboral. En dicho tratado se incluyó el llamado anexo 23-A que se titula “La representación de los trabajadores en la negociación colectiva en México”. No hay duda de que dicho anexo fue pactado para tratar de impedir que en nuestro país se siguieran aplicando los contratos de protección y el llamado dumping social, es decir, la caída permanente de los salarios y las condiciones de trabajo de los obreros mexicanos con el objeto de atraer inversiones y empresas de allá para acá.  En función de esos acuerdos, México se comprometió a reformar su legislación laboral, cosa que sucedió efectivamente en abril de 2019.

 

Las enmiendas dieron luz, legalmente, a un nuevo modelo.  El que estuvo vigente durante más de cien años se basaba en la justicia tripartita (gobierno, empresarios y trabajadores); éste se apoya ahora en tribunales judiciales. El viejo orden daba al gobierno la facultad de reconocimiento y control de los sindicatos; el nuevo se funda en una muy amplia libertad sindical. El esquema anterior construyó un sistema de negociación colectiva manejado por los empleadores y a veces por el gobierno en turno: el que se inaugura deja el poder de decisión a los trabajadores. Por primera vez en mucho tiempo, éstos tendrán la posibilidad de elegir mediante voto secreto, personal y directo a sus dirigentes y representantes; y adherirse a la organización que prefieran. 

 

A pesar de estas reformas, la votación del (nuevo) Tratado en el Congreso de EU fue un asunto complicado que finalmente se resolvió gracias a la Ley 5430 aprobada el 3 de enero de 2020 por los legisladores estadounidenses. Dicho ordenamiento incluyó la creación de una Comisión Interinstitucional de Asuntos Laborales que “evaluará semestralmente en qué medida México cumple sus obligaciones” relativas a las reformas del derecho laboral, y “especialmente, si los recursos asignados por México son consistentes con el compromiso asumido”. La comisión contará con el apoyo de un Comité Independiente de Expertos Laborales, cuyos 12 integrantes serán designados por ambos partidos representados en el Congreso (demócratas y republicanos) y por el gobierno. En el caso de incumplimiento, la comisión podrá recomendar sanciones de carácter comercial.  Se establecerá asimismo una línea directa (hot line) para los trabajadores mexicanos, y el gobierno de EU   deberá contratar cinco agregados laborales que se instalarán en la embajada de EU en México y que tendrán la tarea de asistir a la comisión para “monitorear y hacer cumplir” las obligaciones contenidas en el T-MEC y la ley mexicana.

 

En síntesis, el Tratado contempla un pesado aparato burocrático que vigilará las condiciones de los trabajadores mexicanos, especialmente en industrias como: ensamblado de automóviles; autoparte; aeroespacial; electrónica; call centers; minería y acero y aluminio. Esta inspección podrá realizarse in situ, en los centros de trabajo, y los agregados también estarán en condiciones de recibir quejas directas de los trabajadores mexicanos mediante una línea telefónica y un sitio de internet especialmente dispuestos para ello. En caso de encontrar violaciones que no sean subsanadas, las mercancías producidas en estas empresas serían detenidas en la frontera sin poder ingresar a EU y Canadá, o bien recibirían un arancel especial.

 

Esta maquinaria, legal e institucional, va a quedar en pie no obstante los cambios políticos que se produzcan en Washington por las elecciones del 3 de noviembre.

 

Mientras, en México las cosas cambiaron en más de un sentido:  los efectos de la pandemia y el freno económico tuvieron una respuesta del gobierno que consistió en mantener su programa original, previsto desde el año pasado y, además, llevar a cabo un ajuste al gasto público. Esta política de austeridad se confirmó en el proyecto de presupuesto enviado al Congreso para 2021.

 

De esta manera, el desplome de la ocupación, formal e informal, y de los ingresos de las familias, no han tenido una compensación, provocando una enorme deuda social que se reflejará en un aumento de los índices de pobreza y pobreza extrema.  Asimismo, es previsible que la recuperación económica sea mucho más lenta durante el resto del año y 2021.Esta situación, sin duda, hará más difícil la negociación colectiva pues las empresas buscarán (ya lo están haciendo), recortar personal, otorgar menos prestaciones o congelar los salarios. Además, mientras no se resuelva el problema sanitario, se corre el riesgo de que la reanudación de actividades provoque más contagios y muertes como parece que está sucediendo en la industria maquiladora en la frontera norte del país. Los brotes de inconformidad social dentro y fuera de los centros de trabajo pueden surgir y extenderse a diversas ramas económicas.

En estas condiciones, la implementación de la reforma laboral, con la vigilancia y en algunos casos la inspección directa de personal estadounidense podría ser causa de disputas y controversias. Aunque el tinglado armado por demócratas y republicanos no se va a modificar, gane quien gane la presidencia, probablemente habría una diferencia notable en la manera de aplicarse. Si el triunfador fuera Trump, es probable que la supervisión pudiera ser más tolerante con las empresas o utilizarse como mecanismo de chantaje para obtener otras ventajas. Y si ganan los demócratas, la presión de los sindicatos de ese país podría ser mayor para que el “monitoreo” de nuestro país se cumpla eficaz y puntualmente.

De cualquier manera, es evidente que urge una acción decidida del gobierno de la república y el poder legislativo mexicanos para frenar la pobreza y el desempleo, proteger a los trabajadores y reanimar la economía con los menores peligros sanitarios posibles. Sólo de esta manera se podrá fortalecer la capacidad de negociación de los trabajadores.

El futuro de la reforma laboral no puede depender de la presión de Estados Unidos sobre México. Aún si admitiéramos que las intenciones son loables, los trabajadores mexicanos no pueden convertirse en piezas de un mecanismo al servicio de un país extranjero: nada más y nada menos que la nación más poderosa del mundo.

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