Trabajadores rigurosamente vigilados
Saúl Escobar Toledo
Estimado lector, usted, que ya tiene
en sus manos una ejemplar de El Sur, es probable que conozca al triunfador de
las elecciones presidenciales y cuál será la composición del Congreso de
Estados Unidos. Ello, a menos que surja
un conflicto poselectoral, como en el año 2000, cuando se perpetró un fraude a
manos de Jeff Bush, gobernador de Florida, en favor de su hermano George, lo
que provocó un litigio que se resolvió varias semanas después de la fecha
comicial.
El mundo, no sólo Estados Unidos,
están a la expectativa de unos comicios que tendrán un impacto histórico
perdurable. Si Trump lograra reelegirse, la incertidumbre, ya de por sí enorme
por la pandemia y sus efectos, pondría en peligro la recuperación económica a
nivel mundial. Dentro de EU, la inestabilidad social también empeoraría como
resultado de enfrentamientos cada vez más violentos entre las comunidades
negras y los supremacistas blancos. Los esfuerzos por detener el deterioro
ambiental y el cambio climático quedarían estancados, y, en fin, un conjunto de
problemas domésticos y planetarios quedarían a merced de un personaje
imprevisible, mentiroso e irremediablemente corrupto y corruptor. El triunfo de
Biden, el demócrata, no garantiza grandes soluciones, pero al menos un poco más
de transparencia, certeza y estabilidad.
Para México, el resultado podría
impactar en distintos sentidos: la
política hacia América Latina; las presiones por detener la migración
indocumentada; y los vínculos económicos y comerciales entre ambas naciones. Hay,
sin embargo, un asunto especial que merece mayor atención porque ha sido menos
conocido: las relaciones laborales en México.
Para entender el asunto, vale la pena
recordar que la renegociación del TLCAN y la firma del T-MEC dieron lugar a un
nuevo capítulo laboral. En dicho tratado se incluyó el llamado anexo 23-A que
se titula “La representación de los trabajadores en la negociación colectiva en
México”. No hay duda de que dicho anexo fue pactado para tratar de impedir que
en nuestro país se siguieran aplicando los contratos de protección y el llamado
dumping social, es decir, la caída permanente de los salarios y las condiciones
de trabajo de los obreros mexicanos con el objeto de atraer inversiones y
empresas de allá para acá. En función de
esos acuerdos, México se comprometió a reformar su legislación laboral, cosa
que sucedió efectivamente en abril de 2019.
Las enmiendas dieron luz, legalmente,
a un nuevo modelo. El que estuvo vigente
durante más de cien años se basaba en la justicia tripartita (gobierno,
empresarios y trabajadores); éste se apoya ahora en tribunales judiciales. El
viejo orden daba al gobierno la facultad de reconocimiento y control de los
sindicatos; el nuevo se funda en una muy amplia libertad sindical. El esquema anterior
construyó un sistema de negociación colectiva manejado por los empleadores y a
veces por el gobierno en turno: el que se inaugura deja el poder de decisión a
los trabajadores. Por primera vez en mucho tiempo, éstos tendrán la posibilidad
de elegir mediante voto secreto, personal y directo a sus dirigentes y
representantes; y adherirse a la organización que prefieran.
A pesar de estas reformas, la votación del (nuevo) Tratado en
el Congreso de EU fue un asunto complicado que finalmente se resolvió gracias a
la Ley 5430 aprobada el 3 de enero de 2020 por los legisladores
estadounidenses. Dicho ordenamiento incluyó la creación de una Comisión
Interinstitucional de Asuntos Laborales que “evaluará semestralmente en qué
medida México cumple sus obligaciones” relativas a las reformas del derecho
laboral, y “especialmente, si los recursos asignados por México son
consistentes con el compromiso asumido”. La comisión contará con el apoyo de un
Comité Independiente de Expertos Laborales, cuyos 12 integrantes serán
designados por ambos partidos representados en el Congreso (demócratas y
republicanos) y por el gobierno. En el caso de incumplimiento, la comisión podrá
recomendar sanciones de carácter comercial. Se establecerá asimismo una línea directa (hot
line) para los trabajadores mexicanos, y el gobierno de EU deberá
contratar cinco agregados laborales que se instalarán en la embajada de EU en
México y que tendrán la tarea de asistir a la comisión para “monitorear y hacer
cumplir” las obligaciones contenidas en el T-MEC y la ley mexicana.
En síntesis, el Tratado contempla un pesado aparato
burocrático que vigilará las condiciones de los trabajadores mexicanos,
especialmente en industrias como: ensamblado de automóviles; autoparte;
aeroespacial; electrónica; call centers; minería y acero y aluminio.
Esta inspección podrá realizarse in situ, en los centros de trabajo, y
los agregados también estarán en condiciones de recibir quejas directas de los
trabajadores mexicanos mediante una línea telefónica y un sitio de internet
especialmente dispuestos para ello. En caso de encontrar violaciones que no
sean subsanadas, las mercancías producidas en estas empresas serían detenidas
en la frontera sin poder ingresar a EU y Canadá, o bien recibirían un arancel
especial.
Esta maquinaria, legal e
institucional, va a quedar en pie no obstante los cambios políticos que se
produzcan en Washington por las elecciones del 3 de noviembre.
Mientras, en México las cosas cambiaron en más de un sentido:
los efectos de la pandemia y el freno
económico tuvieron una respuesta del gobierno que consistió en mantener su programa
original, previsto desde el año pasado y, además, llevar a cabo un ajuste al
gasto público. Esta política de austeridad se confirmó en el proyecto de
presupuesto enviado al Congreso para 2021.
De esta
manera, el desplome de la ocupación, formal e informal, y de los ingresos de
las familias, no han tenido una compensación, provocando una enorme deuda
social que se reflejará en un aumento de los índices de pobreza y pobreza
extrema. Asimismo, es previsible que la
recuperación económica sea mucho más lenta durante el resto del año y 2021.Esta
situación, sin duda, hará más difícil la negociación colectiva pues
las empresas buscarán (ya lo están haciendo), recortar personal, otorgar menos
prestaciones o congelar los salarios. Además, mientras no se resuelva el problema
sanitario, se corre el riesgo de que la reanudación de actividades provoque más
contagios y muertes como parece que está sucediendo en la industria maquiladora
en la frontera norte del país. Los brotes de inconformidad social dentro y
fuera de los centros de trabajo pueden surgir y extenderse a diversas ramas
económicas.
En estas condiciones, la implementación de la reforma laboral, con la vigilancia
y en algunos casos la inspección directa de personal estadounidense podría ser
causa de disputas y controversias. Aunque el tinglado armado por demócratas y
republicanos no se va a modificar, gane quien gane la presidencia, probablemente
habría una diferencia notable en la manera de aplicarse. Si el triunfador fuera
Trump, es probable que la supervisión pudiera ser más tolerante con las
empresas o utilizarse como mecanismo de chantaje para obtener otras ventajas. Y
si ganan los demócratas, la presión de los sindicatos de ese país podría ser
mayor para que el “monitoreo” de nuestro país se cumpla eficaz y puntualmente.
De cualquier manera, es evidente que urge una acción decidida del gobierno de la
república y el poder legislativo mexicanos para frenar la pobreza y el
desempleo, proteger a los trabajadores y reanimar la economía con los menores
peligros sanitarios posibles. Sólo de esta manera se
podrá fortalecer la capacidad de negociación de los trabajadores.
El futuro de la reforma laboral no puede depender
de la presión de Estados Unidos sobre México. Aún si admitiéramos que las
intenciones son loables, los trabajadores mexicanos no pueden convertirse en
piezas de un mecanismo al servicio de un país extranjero: nada más y nada menos
que la nación más poderosa del mundo.
saulescobar.blogspot.com
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