México y Brasil: un tiempo bífido

Saúl Escobar Toledo

Dos realidades muy distintas se presentan hoy en América Latina después de las elecciones brasileñas. Mientras que en esa nación sudamericana eligieron un presidente que, como se ha comentado ampliamente, tiene un perfil ultraderechista, en México está a punto de tomar posesión un mandatario que ha anunciado la intención de poner en práctica un conjunto de políticas que se pueden caracterizar como progresistas o de izquierda.

En ambos casos se habla del fin de una etapa. En Brasil, el nacimiento de un régimen de mano dura que rompe con la secuela de los gobiernos de Lula y Rousseff. En nuestro país, en cambio, pronto iniciará una administración que trunca la continuidad de las opciones neoliberales representadas por el PRI y el PAN.

La opinión dominante, sobre todo en los medios, equipara de una manera abusiva ambos fenómenos como si se tratara de cosas parecidas, y se conforma con una fórmula simplista: ambos son una manifestación más del populismo que recorre buena parte del mundo.  Desde otro ángulo, hay quienes aseguran que México ha llegado tarde a la ola izquierdista y que Brasil es el ejemplo del fin de esa época. Por lo tanto, aducen, el proyecto de López Obrador tiene la suerte echada. Y desde luego, están los que sostienen que, a pesar de las adversidades y la derrotas en otras tierras, México será un ejemplo de que la izquierda puede gobernar exitosamente.

Para entender mejor el asunto, podría ser útil verlo desde una perspectiva más amplia. Desde la gran recesión mundial de 2007, se ha hablado, cada vez con mayor énfasis,  de una crisis de la democracia liberal, sistemas políticos basados en la democracia representativa. En consecuencia, se han propagado las llamadas democracias no liberales (illiberal democracies)[1], regímenes que son democráticos en la forma (porque son electos por sus ciudadanos) pero que ejercen el poder sin respetar las libertades básicas de los ciudadanos. Yascha Mounk[2], varios años después, consideró que en realidad deberíamos hablar de dos fenómenos distintos: democracias no liberales y liberalismo sin democracia. En este último caso estarían los gobiernos tecnocráticos neoliberales que dicen defender esas libertades, pero sin mecanismo reales de consulta con los ciudadanos. Las políticas económicas se deciden en las cúpulas y sus efectos sociales son resentidos por la mayoría de la población, pero sus quejas no son escuchadas.  La globalización de los mercados y el 1% más próspero deciden casi todo e imponen sus propios intereses sin cortapisas institucionales.

Siguiendo las líneas de este debate, podríamos decir que, frente al malestar de la globalización[3] ha surgido una respuesta bífida, dos caminos distintos para enfrentar esos daños y el descontento que han producido:  una democracia post neoliberal o un neoliberalismo tirano[4].

En el primer caso podríamos situar experiencias como las de Bolivia y Uruguay, aún en el gobierno, y las, por ahora desplazadas en Brasil, Argentina y Ecuador, entre otros, pero también a tendencias políticas como Podemos en España, Sanders en el Partido Demócrata de Estados Unidos, y Corbyn en el Laborista inglés. En la otra vía, se ubica la pandilla europea de los cuatro: Orbán, Kurz, Salvini y Kaczymski[5], además de partidos de oposición como el Frente Nacional de Francia. La elección de Trump en Estados Unidos representa uno de los ejemplos más destacados del avance de esta tendencia. En el caso de los países en desarrollo, habría que colocar en esta lista, de manera destacada, a Rodrigo Duterte en Filipinas. Ahora habría que agregar a López Obrador de un lado y a Bolsonaro del otro.

Los partidarios de una democracia post neoliberal se caracterizarían por sostener un ideario basado en cuatro temas fundamentales: 1)  una agenda económica y social redistributiva instrumentada  mediante diversos mecanismos: aumento de los salarios;  programas sociales de amplia cobertura para combatir la pobreza; y subsidios diversos, dirigidos a mejorar los niveles de bienestar de la población más vulnerable; 2) otorgar mayores derechos a la ciudadanía mediante reformas legales y constitucionales para fortalecer los llamados DESC (derechos económicos, sociales y culturales)[6];  3) mantienen una ideología tolerante y proactiva en asuntos como los derechos de las mujeres y el  respeto a la diversidad sexual, pero también en otras causas importantes:  la migración, los pueblos originarios, el cuidado del medio ambiente y el control de drogas; y 4) tratar de construir una diplomacia más distante de la órbita de Estados Unidos.

Los resultados obtenidos por los gobiernos nacionales, desde esta perspectiva, han estado plagados de errores, insuficiencias y excesos. Pero la vigencia y la intención de hacerlos realidad se mantiene en todas estas tendencias y, sobre todo, en la movilización social.

Los émulos del neoliberalismo tirano, en cambio, buscan coartar los derechos fundamentales e inhibir la capacidad de los ciudadanos para estar informados y tomar decisiones. Sostienen una agenda económica y social apegada al mandato las élites económicas[7].  Y, sobre todo, promulgan una ideología fuertemente conservadora, sostenida en un nacionalismo racista y violento de corte homofóbico, machista, y antiinmigrante. Creen que el consumo de estupefacientes debe perseguirse aplicando la máxima violencia. Desprecian las políticas destinadas a conservar el medio ambiente y los derechos de las minorías. Y, de manera sobresaliente, amenazan constantemente con el uso de la fuerza para perseguir a quien consideran sus enemigos: indigentes, migrantes, pueblos nativos, adictos, homosexuales, y en particular a los defensores de los derechos humanos.

Mientras tanto, los partidarios del actual estado de cosas, que se autoproclaman liberales, siguen sin entender dónde está el problema. Creen que la libertad irrestricta de los mercados ha sido beneficiosa para la mayoría y que la democracia representativa tal y como ha funcionado en los últimos años, no necesita ninguna reforma.

Mantienen todavía una gran influencia, pero sus argumentos están perdiendo fuerza. Hace unos meses, Barak Obama, el presidente que en su momento defendió a ultranza el libre comercio, advirtió que, si bien la globalización y la tecnología han abierto nuevas oportunidades, también:

“Han trastocado los sectores agrarios e industriales de muchos países. Han reducido enormemente la demanda de ciertos tipos de trabajadores y han contribuido a debilitar a los sindicatos y la capacidad de negociación de los trabajadores. Han permitido que al capital le resulte más fácil eludir las leyes y los reglamentos fiscales de las naciones-Estado y transferir millones, miles de millones de dólares con solo tocar una tecla de un ordenador”.

Remarcó que:

“La consecuencia de todas estas tendencias ha sido el estallido de las desigualdades económicas. Unas cuantas docenas de personas tienen tanta riqueza como la mitad más pobre de la humanidad”. Todo ello, agregó, empeoró “debido al devastador efecto de la crisis financiera de 2008… y el comportamiento irresponsable de unas élites que provocó años de dificultades para la gente corriente de todo el mundo”

 Y concluyó: “Por consiguiente, ahora que conmemoramos el 100 aniversario de Madiba, nos encontramos en una encrucijada, un momento en el que dos visiones muy distintas del futuro de la humanidad compiten para conquistar a los ciudadanos de todo el mundo. Dos relatos diferentes sobre quiénes somos y quiénes debemos ser”[8].

En efecto, Sr. Obama, hay dos imaginarios hoy y aquí, en este mundo, porque el neoliberalismo tal y como lo conocimos durante varias décadas está mostrando signos de agotamiento.

En esta narrativa bífida el asunto de fondo está en que no se puede fortalecer la democracia y mantener las políticas neoliberales: más tarde o más temprano el Estado acaba por liquidarse (Bauman[9]) y se abre el espacio más propicio para el despotismo.

Del otro lado, está claro que los intentos de construir una democracia post neoliberal están obligados a respetar los fundamentos de las economías de mercado; respetar las libertades de expresión y manifestación; la separación de poderes; a gobernar con transparencia y, ahora sabemos lo importante que resulta, a combatir la corrupción.

La administración de AMLO navegará sobre una delgada línea que tiene de un lado las reglas del mercado y la necesidad de conciliar intereses muy distintos, y por otro la urgencia de cambiar las cosas. El riesgo de tomar en sus manos un país sumido en una crisis histórica no sólo hace más difícil la tarea, sino que implica la posibilidad de provocar una reacción adversa que nos conduciría al otro extremo, el de la mano dura y el clamor por un gobierno despótico.

Y, sin embargo, volver atrás para repetir los esquemas fallidos de la ortodoxia neoliberal se antoja una posibilidad tanto o más remota. El mundo está cambiando: Brasil ha caído, quién sabe por cuánto tiempo. Pero los tiranos también cometen errores y son absolutamente inmorales y corruptos. Y, si observamos la situación en Estados Unidos, las elecciones del 4 de noviembre demostrarían que, con frecuencia, se desgatan rápidamente.  No hay pues, en estos momentos, nada que pueda indicarnos que la historia se ha inclinado claramente por alguno de las dos opciones. Mal haríamos en confiar ciegamente en el nuevo gobierno, peor sería creer que no nos queda otra opción más que las dictaduras, sean de los mercados, de los gobernantes en turno, o de ambos.

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[1] El término fue empleado por Fareed Zakaria desde 1997 en un artículo publicado en la revista  Foreign Affairs,  "The Rise of Illiberal Democracy".  Hay una traducción al español: “El surgimiento de la democracia iliberal” en una edición del BID y el Gobierno de Ecuador.

[2] “Illiberal Democracy or Undemocratic Liberalism?” (Project Syndicate, Junio 6, 2016).

[3] Para usar el término de Stglitz, J., en su libro, El malestar en la globalización. Ed. Taurus, Madrid, 2002.

[4] En su texto, Zakaria se refería a los gobiernos despóticos latinoamericanos de finales de los noventa, como el de Menen en Argentina y Fujimori en Perú. En los últimos años, las democracias no liberales han acentuado sus rasgos autoritarios ostentando, sin pudor, ideologías y políticas que expresamente niegan los derechos humanos. Su perfil los acerca más bien a lo que podría caracterizarse como tiranías, con rasgos semi fascistas.   

[5] Victor Orbán, primer ministro de Hungría; Sebastían Kurz, canciller de Austria; Mateo Salvini vicepresidente del gobierno de Italia; y Jarsolaw Kaczynski considerado líder en la sombra del gobierno polaco.

[6] La lista incluye entre otros, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación y el derecho a un nivel de vida adecuado, que deben ser reconocidos por los Estados y exigibles por los ciudadanos.

[7] Algunos de estos gobiernos propugnan un proteccionismo económico que ha tomado diversas variantes. En el gobierno de Trump, un proteccionismo comercial que no afecta la movilidad de los capitales financieros. En otros casos, como el Brexit, apoyado fundamentalmente por los grupos políticos del Partido Conservador, se trataba de un proteccionismo frente al gobierno de la Unión Europea.

[8] The Nelson Mandela Lecture. Barack Obama en Johannesburgo, Sudáfrica, en el Centenario del aniversario del nacimiento de Nelson Mandela, Julio 17, 2018.

[9] Ver, entre otros, Bauman, Zygmunt. Modernidad líquida. Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica. 1999. Dani Rodrik, profesor de la Universidad de Harvard propuso la tesis que, dicha en unas cuantas palabras, sostiene que la democracia, la soberanía de los estados nacionales y la integración económica global son incompatibles. Se pueden combinar dos de estos elementos, pero no se pueden tener los tres plena y simultáneamente. “The inescapable trilemma of the world economy”, disponible en: http://rodrik.typepad.com.

La caravana de todos

Saúl Escobar Toledo

La migración sigue siendo, en este siglo XXI, un problema que ni los gobiernos ni las sociedades han aprendido a resolver. Sabido es, o debería serlo, que todos somos multirraciales y por lo tanto descendientes de migrantes.  Sin embargo, a partir de la Gran Recesión que azotó al mundo hace diez años, los flujos de personas que transitan de un país a otro por razones humanitarias se han convertido, todavía más que en el pasado inmediato, en pieza de cambio, pretexto, o señal de alarma que se utiliza para beneficio político.  Pero también es cierto que esto es así porque hay sectores de la sociedad que creen que aquellas personas que llegan a instalarse en su país, su ciudad, su barrio, provenientes de otras latitudes, son extraños que representan un peligro. Se crean prejuicios según los cuales unos tienen fama de ladrones, otros de terroristas y aquellos de mal vivientes. En todo caso, vienen a quitarnos nuestros trabajos, nuestros beneficios, nuestra seguridad.

La caravana de migrantes centroamericanos, principalmente hondureños, que hoy recorren el territorio nacional para dirigirse a Estados Unidos ha puesto en jaque a Peña Nieto y éste no ha sabido atender la emergencia correctamente.  Primero optó por la represión, tratando de contener por la fuerza su entrada a territorio nacional, y ahora parece acompañarla bajo amenazas, sin saber bien a bien que hará en los próximos días.

El gobierno mexicano intentó detenerlos, no tanto por razones legales, sino sobre todo para seguir cumpliendo su papel de guardián fronterizo y así impedir su recorrido hacia el norte. De hecho, se han expulsado en los últimos años más centroamericanos de nuestro territorio que del suelo estadounidense según diversas fuentes oficiales. Es una estrategia insostenible que da pie a constantes agresiones e infamias de todo tipo.

El presidente Trump, por su parte, ha aprovechado este acontecimiento con fines electorales, ante la proximidad de los comicios de noviembre y la posibilidad de perder la mayoría en una o ambas cámaras del Congreso. No ha dudado en calificar a los marchistas de delincuentes, ni de culpar a sus rivales, los demócratas, de ser los verdaderos instigadores y organizadores de la caravana.

Sin embargo, todos los testimonios a la mano, recogidos de la prensa internacional y de las organizaciones humanitarias, coinciden en que estamos frente a una movilización genuina que en unos días logró reunir a miles de personas para enfrentar los malos tratos que reciben en nuestro territorio y debido a las condiciones cada vez más graves que ocurren en sus países: violencia, desempleo, hambre y miedo. Éste es el caso, sin duda y especialmente de Honduras donde existe una situación caótica, bajo un presidente rapaz y extremadamente represivo, impuesto a toda costa por Estados Unidos (recordemos el fraude electoral del año pasado).

De esta manera, la marcha que en estos momentos recorre Chiapas plantea un reto inmediato que sólo podrá resolverse con medidas de largo plazo. El flujo de personas provenientes de esos países va a continuar, pase lo que pase con esta marcha. Por ello, tocará a la administración de López Obrador definir un conjunto de políticas, indispensables para enfrentar distintos problemas.

En primer lugar, el respeto a los derechos humanos. Se tienen que reconocer que las causas de la migración son reales y por lo tanto atendibles. Y por lo tanto encontrar soluciones que de manera ordenada y bajo supervisión de las autoridades locales y de instancias internacionales, pueda proporcionarles oportunidades de estancia, tránsito, trabajo y apoyos básicos para cuidar su salud y su integridad física.

En segundo lugar, la migración forzada de mexicanos y centroamericanos ha sido motivo, desde hace años, de una tensión cada vez más aguda con el gobierno de Estados Unidos. Trátese de demócratas o republicanos, lo cierto es que las deportaciones masivas, la persecución, los malos tratos y el encubrimiento de la explotación laboral han sido permanentes. Es indudable que con Trump el discurso y las amenazas se han endurecido hasta convertirse en un motivo de discordia sin precedentes. Es posible que la situación pudiera cambiar si los próximos comicios en aquel país alteran el dominio absoluto de los republicanos, pero no hay que esperar demasiado. Por ello, se requerirá una posición firme que deje atrás la obediencia casi absoluta y se proponga poner en práctica un nuevo trato con los migrantes que vienen del sur. Ello tendrá que ser así, igualmente, en el caso de nuestros compatriotas que seguirán viajando hacia tierras estadounidenses. Si ello sucede, la confrontación será inevitable y habrá que pensar en un nuevo enfoque diplomático con nuestros vecinos del norte y del sur.

Dentro de México, adoptar una política humanitaria hacia los migrantes tendrá resistencias y costos políticos. No faltarán, desgraciadamente, campañas de odio y racismo. Y de ahí podrían desprenderse hechos de violencia. Pero todo esto se puede prevenir si se actúa con prontitud, con autoridades y agentes honestos y entrenados para atender a una población extremadamente vulnerable y fácil de caer presa, como hasta ahora, de chantajes y abusos. También tendrá que emprender una campaña que fortalezca la solidaridad y la empatía con los migrantes. Seguramente se requerirán recursos públicos, ya muy escasos en el presupuesto del próximo año, pero probablemente de una cuantía manejable si se administran con rectitud y destreza.

Afortunadamente, un gran parte de la sociedad mantendrá una actitud positiva. Procurará, sin duda, mostrar su solidaridad y apoyo. Resistirá la tentación de verlos como invasores no deseados y los recibirán como lo que son: parte de nuestra historia y nuestra cultura mesoamericana.

En resumen, la caravana de migrantes que hoy nos ocupa hará sonar muchas alarmas. Esperemos que se resuelva correctamente, poniendo en primer lugar los valores humanitarios. Pero habrá en el futuro otras expediciones más pequeñas o más grandes y un flujo de personas imparable que seguirán transitando por nuestro territorio huyendo de la inseguridad y la pobreza.

Étienne Balibar, el filósofo francés, muy conocido hace unas décadas por sus estudios sobre marxismo, ha publicado un breve ensayo traducido al español en El País que propone una revisión del derecho internacional para detener esta catástrofe cotidiana, la criminalización de los migrantes, que se presenta en varios lugares del mundo incluyendo Europa. Sugiere el reconocimiento de un nuevo derecho, el derecho de acogida a todas las personas errantes, como cree que deben ser calificadas. Ello significaría que la libre circulación de personas se convierta en un derecho inalienable que exija a los Estados poner los menores obstáculos posibles. Aplicar el concepto liberal de dejar hacer, dejar pasar, no sólo a las mercancías y a los capitales sino también a los seres humanos. Pero ello deberá ir acompañado de la obligación de los Estados soberanos de garantizar la dignidad y seguridad de las personas. Derecho que debe prevalecer en todo momento incluso frente a leyes y reglamentos de los Estados. Debe entonces quedar establecida la prohibición del rechazo o la expulsión de los migrantes; su maltrato; las listas negras por razones de país de origen, religión o raza. También las operaciones militares que los afecten. Y no debería permitirse tampoco la negociación con terceros países como refugios aparentemente seguros. En síntesis, no tratar a los extranjeros como enemigos pues son en realidad una parte de la población mundial, representativa, por su condición, de todas las desigualdades del mundo. Una propuesta, dice Balibar, para que, al fin, humanidad rime con igualdad. En el fondo, lo que está en cuestión es si las personas van a seguir expulsando de su seno a otras, o si se proponen integrarlas.

Bajo esta óptica, en esta caravana marcha una parte de nosotros mismos. Así hay que tratarla y entenderla.

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Vientos de cambio en las leyes y las instituciones laborales

Vientos de cambio

Saúl Escobar Toledo

En unas cuantas semanas, las leyes y las instituciones del trabajo mexicanas han sido sacudidas por dos acontecimientos distintos pero relacionados: primero, a fines de septiembre, el Senado de la República aprobó la ratificación del Convenio 98 de la OIT. Y poco después, a principios de octubre, se anunció un acuerdo final entre Canadá, Estados Unidos y México en materia de comercio (el United States-Mexico-Canada Agreement o USMCA, en lugar de TLCAN o NAFTA) que incluye un capítulo laboral y un anexo, ambos muy destacados.

El Convenio sobre el derecho de sindicalización y negociación colectiva data de 1949 y ha sido firmado por 165 países del mundo incluyendo América Latina. La importancia de la decisión senatorial reside en haber vencido, al fin, las resistencias del PRI y del PAN, del llamado sindicalismo oficial (charro o corporativo), y de algunos dirigentes empresariales que se han opuesto por razones estrictamente políticas y convenencieras: defender un modelo sindical corrupto, antidemocrático y servil. Un esquema que sirvió durante muchos años para controlar el descontento obrero y, desde 1982, para imponer topes salariales y otras políticas públicas contrarias a los intereses de los trabajadores.

La nueva composición del órgano legislativo (con mayoría de MORENA) sirvió sin duda para apresurar esta decisión pues coincidía con su plataforma electoral y su programa. Pero quizás también porque ya se tenía información de que el capítulo laboral del nuevo acuerdo comercial norteamericano traía un apartado especial sobre asuntos laborales que era plenamente congruente con el Convenio 98.

Hasta ahora, el texto completo del USMCA sólo está disponible en inglés, publicado en el portal de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement/united-states-mexico).  Aquí solo nos referiremos al capítulo laboral. Se trata de una versión mejorada de su similar pactado en el TPP (Acuerdo Transpacífico). Es más claro en algunos temas pues por ejemplo incluye explícitamente el derecho a huelga como parte de la libertad de asociación; y precisa las obligaciones de los gobiernos para la aplicación de las leyes laborales, incluyendo la inspección laboral.

Más importante aún, contiene varios apartados muy novedosos. Uno de ellos señala que ningún país dejará de atender los casos en que se ejerza violencia contra los trabajadores, relacionada con el ejercicio de sus derechos. Otros puntos destacables se refieren a la protección de los trabajadores migrantes y a la promoción de la igualdad de las mujeres en el lugar de trabajo.

En resumen, el capítulo laboral del Acuerdo busca elevar la protección laboral en los tres países de manera más precisa que otros pactos comerciales similares. Hay todavía algunas lagunas e imprecisiones, y la manera de hacer efectivos estos lineamientos dejan todavía mucho que desear.

A todo esto, hay que agregar el anexo 23-A que tiene como título, para no dejar ninguna duda, “La representación de los trabajadores en la negociación colectiva en México”. Se trata de un texto que plantea un combate a fondo a los contratos de protección patronal en nuestro país. Para ello, México se compromete a adoptar una legislación que comprenda, entre otras, las siguientes disposiciones:

Un conjunto de reglas para garantizar el derecho de los trabajadores a organizar, formar y adherirse al sindicato de su preferencia, y prohibir a los empleadores interferir en las actividades sindicales o ejercer coerción por su actividad sindical. Asimismo, que se establezcan órganos imparciales para el registro de las organizaciones gremiales. Igualmente, se deberá implementar un sistema efectivo que verifique que las elecciones de los dirigentes sean llevadas a cabo mediante el voto libre, personal y secreto de los socios.

Las leyes mexicanas deberán también contemplar que el registro de los contratos colectivos cuente con el apoyo mayoritario de los trabajadores mediante el ejercicio del voto personal, libre y secreto. Finalmente, señala que las partes (Estados Unidos y Canadá) esperan que México llevará a cabo estos cambios antes del 1º de enero de 2019, y se advierte que la entrada en vigor del acuerdo comercial puede ser pospuesta hasta que dicha legislación entre en vigor.

Tal profusión y claridad en el texto busca impedir que, en México, se sigan aplicando un modelo laboral apoyado en contratos y sindicatos ficticios.  Una práctica que, como lo explica un análisis elaborado por la Unión de Metalúrgicos de Estados Unidos, y como lo han advertido también aquí en México, desde hace tiempo,  las organizaciones sindicales independientes, los abogados democráticos y los especialistas en el tema, ha servido para imponer bajos salarios y malas condiciones de trabajo. Estas políticas, si bien han permitido atraer inversiones extranjeras a la industria manufacturera, particularmente en las últimas tres décadas, en realidad han aportado pocos beneficios para el país y su clase trabajadora.

Así, en esta ocasión, se han reunido diversos protagonistas e intereses: los sindicatos de Estados Unidos y Canadá; los gobiernos de estos países; y la futura administración de AMLO y las organizaciones independientes mexicanas, con el objetivo común de cambiar el modelo laboral vigente. Los primeros sienten que los contratos de protección son una manera deshonesta de quitarles plazas laborales y presionar negativamente los salarios en sus propios países; los segundos, sobre todo Trump, creen que de esta manera protegerán su planta industrial y mejorará su balanza comercial; y los terceros, es decir el próximo gobierno de López Obrador y los legisladores de MORENA, confían en que es posible construir un esquema de desarrollo menos dependiente de la exportaciones manufactureras y capaz de mejorar los salarios y las condiciones de vida de los mexicanos.

Hay que advertir que todo lo contenido en el capítulo laboral y su anexo, incluidos en el nuevo acuerdo comercial, no se riñe con las reformas constitucionales de febrero de 2017. Al contrario, se basan en ellas. Pero los representantes sindicales y los gobiernos del norte han creído necesario pactarlos expresamente en el USMCA ante la posibilidad de que esas reformas se reviertan, como en efecto se intentó a lo largo de este año por el PRI y el gobierno de Peña Nieto.

Se trata de una coincidencia un tanto sorprendente que sin embargo puede cambiar profundamente el modelo laboral mexicano. Ahora toca al poder legislativo de nuestro país dar el siguiente paso: reformar la Ley Federal del Trabajo para para adoptar nuevos lineamientos que permitan combatir los contratos de protección y abrir la puerta a una democratización de los sindicatos mexicanos. Aun así, después de que esto haya sucedido, vendrá el reto de su puesta en práctica.

La próxima administración tendrá que aplicar las nuevas disposiciones legales y ello significará una labor compleja. Lo será desde el punto de vista técnico y administrativo pues poner en marcha una   justicia laboral adscrita al Poder Judicial, eliminando las Juntas de Conciliación y Arbitraje, representa una tarea que exigirá recursos y un proceso de transición difícil, todavía indefinido.

Desde el punto de vista social y político, el cambio enfrentará muchas resistencias tanto de algunos empleadores como de las viejas organizaciones corporativas y, sobre todo, de la mafia que hoy se beneficia de los contratos de protección.

Pero, finalmente, serán los propios trabajadores los que, por primera vez en mucho tiempo, tendrán la posibilidad de decidir. Vientos provenientes del norte y de nuestra propia coyuntura política se han juntado para impulsar un cambio profundo de las instituciones y las leyes laborales. El camino para hacer realidad la democracia sindical y relaciones de trabajo más equilibradas es todavía muy largo, pero se ha abierto una brecha en un momento singular de la historia de México y del mundo.

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Una cuenta por cobrar: el salario

Saúl Escobar Toledo

De todos los saldos y pendientes   del sexenio de Peña Nieto, uno de las más graves se refiere al salario. En primer lugar, claro, el salario mínimo, el que, a pesar de un ligero aumento en los últimos dos años, sigue estando por debajo de la línea de la pobreza. Pero la situación no es mejor en el resto de la estructura salarial. Más de la mitad de las familias, según el VI Informe de gobierno, se sostiene con un nivel de percepciones menor a 5 SMD (salarios mínimos diarios) a pesar de que en ese hogar más de una persona puede estar aportando ingresos. Según el mismo informe, la población vulnerable por ingresos aumentó entre 2012 y 2016, lo que sólo puede explicarse por una disminución de sus remuneraciones y la informalidad laboral.

De la misma manera, el Informe muestra que el salario base de cotización de los trabajadores asegurados del IMSS apenas creció un poco por encima de la inflación general (INPC) pero por debajo del aumento de la canasta básica calculada por CONEVAL, perdiendo casi 2 puntos porcentuales en los últimos cinco años. Incluso en la industria de la transformación (en la que deberían situarse los trabajadores mejor pagados) el salario medio apenas representa alrededor de 4 SMD. Llama también la atención que en las grandes empresas los aumentos hayan sido menores que en las medianas y en las pequeñas, lo cual puede explicarse por un control salarial más estricto. Peor aún, en dólares estadounidenses por hora, los jornales de los trabajadores mexicanos en la industria de la manufactura disminuyeron entre 2012 y 2017 mientras que en EU aumentaron. La brecha salarial entre los dos países se hizo más profunda.

La agenda del próximo gobierno en esta materia es pues un asunto inevitable y urgente. Diversos integrantes del futuro equipo de gobierno han manifestado su voluntad para aumentar el salario mínimo a poco más de 100 pesos diarios para nivelarlo con el nivel de pobreza señalado por CONEVAL. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que dicho cálculo no toma en cuenta los hijos del trabajador. Si éste tiene, como sucede generalmente, un hogar formado por lo menos por cuatro personas y es el único que aporta ingresos, el salario mínimo vital (como lo marca la Constitución) debería ser de alrededor de seis mil pesos mensuales. De esta manera, aunque un aumento como el señalado es positivo, el problema no se resuelve del todo.

Habrá que agregar que un incremento al mínimo difícilmente repercutirá en el conjunto de la estructura salarial, es decir en aquellas que teóricamente se pactan entre el empleado y el empleador por medio de un contrato. Según diversos estudios, la relación entre los aumentos al SMD y a los salarios contractuales ha cambiado en el tiempo. Durante muchos años (entre principios de los años ochenta hasta el año 2000) el SMD sirvió como índice para topar los aumentos otorgados por las empresas. A principios del siglo XXI y hasta 2008, cuando estalló la crisis mundial, los salarios medios aumentaron mientras el mínimo se quedó congelado. Desde entonces, ambos, el mínimo y el medio casi no se han modificado. Parte del problema se explica por la escasa capacidad de negociación de los trabajadores y a la ausencia de sindicatos representativos. También hay que recordar que el salario mínimo lo obtiene un reducido número de trabajadores ubicados en los sectores más desprotegidos de la economía: en los micronegocios y en las áreas rurales donde predomina el trabajo informal (que no cuentan con seguridad social). Se trata de un conjunto de alrededor de 8 millones de trabajadores (de un total ocupado de aproximadamente 56 millones), es decir alrededor del 15%.

Además, después de la crisis de 2018, la estructura salarial se ha seguido comprimiendo hacia abajo:  el número de trabajadores que gana hasta 3 SMD ha venido aumentando mientras que los que perciben más de esa cantidad se reducen año tras año. Ello está ligado a los bajos índices de crecimiento de la economía y a la destrucción de empleos en los puestos más calificados en las ramas económicas más modernas.

Una medida que todavía no conocemos pero que tendrá igual o mayor importancia que el aumento a los mínimos se refiere a las percepciones de los trabajadores del sector público a nivel federal. Durante los gobiernos de Cárdenas, López Obrador y Ebrard (hasta 2010) se otorgaron aumentos a los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México en porcentajes promedio superiores no sólo no sólo al mínimo legal sino también a la inflación. Habrá que ver si esta política se aplicará bajo la presidencia de AMLO tanto a nivel local (en los estados que gobernará MORENA principalmente) y a nivel nacional.

Legisladores del partido mayoritario y  de otros grupos parlamentarios han manifestado su interés en cambiar la ley sobre los salarios mínimos. Un asunto central se refiere al organismo que toma esa decisión, la CONSAMI (Comisión Nacional de Salarios Mínimos). Sin duda, ha sido una entidad incondicional al mandatario en turno y bastante inútil.  Habrá que pensar en su reemplazo. Para ello, deberá tomarse en cuenta que, según estudios de la OIT, en los países donde existe un salario mínimo legal sólo hay tres modelos: en el primero, que es el método más frecuente a nivel mundial, la fijación de este ingreso mínimo se toma por una autoridad, usualmente el ministerio del trabajo, previa consulta con los interlocutores sociales, es decir los sindicatos y la representación patronal. En el segundo caso, la decisión se toma por una entidad tripartita, como la CONSAMI de México. Una instancia similar existe en otros países por ejemplo Corea (del Sur) y Costa Rica. En el tercer caso, el fallo recae en el órgano legislativo (Brasil, Estados Unidos).

La CONSAMI puede cambiar de nombre, pero eso no es lo importante. Lo relevante consiste en si se migra de un modelo tripartito a cualquiera de los otros dos. Según mi parecer, la decisión debería recaer en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados, previa consulta con los representantes de obreros y empleadores y auxiliado por una comisión técnica ad hoc que permita tomar una decisión acorde con las metas de política económica señaladas por el Ejecutivo y bajo la estrategia de una mejora gradual pero permanente. De esta manera, el aumento tendría un mayor impacto y serviría de base para las negociaciones contractuales. La idea sería que el conjunto de la economía se moviera en un mismo sentido, mejorando los ingresos reales de la mayoría de los trabajadores.

Para ello, las reformas a la LFT pendientes desde la reforma constitucional de 2017 que garantizan el voto secreto de los trabajadores en la elección de sus representantes y de su contrato colectivo, así como la creación de una institución independiente para el registro de los sindicatos, pueden efectivamente conducir a una negociación real en los centros de trabajo.

Estaríamos así frente a un andamiaje institucional distinto que recaería en cuatro patas: una política de aumento del salario mínimo propiciada y planeada por el gobierno, pero consultada con las representaciones obreras y patronales; una estrategia de aumento real de las retribuciones de los servidores públicos; un nuevo método para decidir el monto anual del SMD que recaería en la Cámara de Diputados; y una estructura legal que garantizaría una negociación efectiva entre obreros y patrones.

No faltará quien afirme que estos cambios podrían conducir a una espiral perversa inflación- salarios, lo que afectaría la competitividad internacional. Eso no sucederá si existe una conducción del Estado (principalmente del poder ejecutivo y el Congreso) responsable, apoyada en el diálogo social, que plantee un esquema de cambio previsto para varios años. El otro camino es el que ya conocemos: dejar que los ingresos laborales se reduzcan permanentemente, con el consecuente aumento de la pobreza y la desigualdad.  Tenemos más de 35 años bajo esta estrategia y sólo ha arrojado pérdidas para la inmensa mayoría de la población.

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Las coordenadas de la historia: elecciones 2018 en México

2018: las coordenadas de la historia

Saúl Escobar Toledo

Stefan Zweig, en su extraordinaria biografía de Fouché, cuenta que  Napoleón Bonaparte se quejaba  de la política, a la que se refiere como la “nueva fatalidad”, la “fatalité moderne”. Pensaba, seguramente,  en la política realmente existente, la  que no ha cambiado tanto desde hace 200 años, la que se apoya en la demagogia, las intrigas, los acuerdos bajo la mesa y las especulaciones.

Los acontecimientos posteriores a las elecciones del pasado 1º de julio han sido vistas, con frecuencia, desde el punto de vista de la fatalité moderne: resaltan la personalidad política de los hombres y mujeres del futuro equipo de gobierno; y los dichos, promesas, pifias, aciertos discursivos y contradicciones del presidente electo.

Es cierto, prácticamente todos los días hay nuevos anuncios de nombramientos, programas y definiciones. Parecería que hay demasiadas promesas, pero también poca claridad en su instrumentación. Desde este punto de vista, el cambio parece incierto. Se presta por tanto a interpretaciones extremas: o bien presagian su fracaso;  o estamos frente a un futuro gobierno que podrá realizar cambios de fondo y construir un nuevo país.

En el primer sentido se destacan los compromisos de López Obrador con los empresarios;  medidas como la reubicación de las secretarías de Estado, que se consideran irrealizable; sus programas sociales, que parecen insuficientes; su posición conservadora  en materia fiscal; y su aparente deseo de concentrar el poder a través de las llamadas coordinaciones estatales. Algunos de plano lo pintan como un priista de viejo cuño.

Por el otro lado, quienes tienen una visión más optimistas, subrayan su resolución para cancelar la reforma educativa; algunos rasgos de su programa frente a la violencia y la pacificación, como la posible legalización de algunas drogas y la importancia que le ha conferido al tema de las víctimas y los desaparecidos;  su determinación para de no permitir ningún acto de corrupción;  el anunció de una política salarial distinta; y, en fin, sus intenciones  de echar a andar la economía con nuevos proyectos, por ejemplo reactivando la agricultura en el sureste del país.

Ese optimismo se basa también en  la determinación del próximo presidente; en la fuerza otorgada por 30 millones de votos; y en la debilidad de sus adversarios, principalmente los partidos políticos, que llegan muy disminuidos, con poca fuerza y sobre todo envueltos en una crisis severa de identidad y rumbo.

Frente al escepticismo y la confianza en las personas, hay que encontrar lugar para otra visión, una visión histórica, menos anecdótica, para entender los acontecimientos actuales y futuros. Esta forma de ver las cosas se basaría en una perspectiva de más largo plazo que tome en cuenta no sólo lo que ha pasado desde el 1º de julio sino mucho más atrás: un panorama, por lo menos, de varias décadas.

Creo que este enfoque de larga duración está haciendo falta para no perdernos en los recovecos de la fatalité moderne, de la política entendida como especulación y yerros o aciertos personales.

Así, para tratar de comprender a dónde vamos o a dónde podemos ir, quizás sea necesario reflexionar en qué situación nos encontramos ahora y cuáles son los orígenes de la catástrofe actual, nuestro presente.

Para empezar, habría que tomar en cuenta que el país está en una situación extrema. En una crisis que no se había observado desde los primeros años del siglo XX. En primer lugar, la violencia cotidiana que parece perder  significado y trascendencia y que, sin embargo, representa una tragedia humana de grandes dimensiones y una amenaza a la viabilidad de la nación y a su soberanía.

En segundo lugar, y ligado a lo anterior, la extrema debilidad de las instituciones del Estado. Corroídas por la corrupción, infiltradas por el crimen organizado y ahora parte integrante de las mafias que se disputan el control de los territorios, las vidas y las ganancias ilícitas.

En tercer lugar, la rendición del Estado a la globalización, a los dictados de los mercados, sobre todo mediante la integración al TLCAN. Conocemos sus resultados: un crecimiento económico débil; enormes desigualdades regionales; una transferencia brutal de valor y riqueza del trabajo al capital; pobreza crónica en amplios sectores de la población; y el saqueo persistente de los recursos naturales  de las comunidades.

Detengámonos aquí, en estos tres rasgos. Y quizás veamos que no sólo nos explican los resultados electorales del 1º de julio sino sobre todo el perfil de una sociedad y un país que apenas sobrevive.

Las razones de este desastre apenas las hemos entendido. Todavía no está muy claro el tamaño y la profundidad del fenómeno de la violencia y la impunidad. Nos hemos quedado en los superficial, las pugnas de las bandas del narco, las inmensas ganancias que deja ese comercio ilícito. Pero hay todavía muchas cosas qué explicar. Tantas que ni siquiera la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa se ha aclarado, como un ejemplo de lo muchos que desconocemos sobre este asunto.

Lo mismo sucede con la debilidad de nuestras instituciones. ¿Cómo pasamos de un Estado fuerte, autoritario, déspota pero capaz de mantener una paz social como la que observamos durante varias décadas, a un régimen que no puede ni siquiera ponen un mínimo orden en amplias zonas del país?

En el caso de la subordinación a la globalización, sabemos quizás un poco más, pero hemos discutido poco sus efectos sobre la democracia,  el sentir de la sociedad y la liquidación de las instituciones.

Si tomamos esta perspectiva,  tendremos que recodar que: “Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado” (Marx, 18 Brumario)

Por ello, si no entendemos cabalmente ese pasado, difícilmente podremos advertir las coordenadas  de la  historia que ubican estos momentos de grandes incertidumbres.

En las próximas semanas y meses  veremos cómo las palabras se convierten en hechos. Lo deseable sería que se avanzara en la búsqueda de una mayor soberanía nacional; en  una democracia basada en el respeto de los derechos humanos; y en una amplia libertad de expresión y manifestación.

Para ello, se requeriría poner cierta distancia con el  esquema de integración con Estados Unidos, no sólo en materia económica y financiera sino también en lo que se refiere a la seguridad hemisférica, la lucha contra las drogas y el crimen organizado. Una política de seguridad independiente de EU podría sentar las bases de una reconstrucción de las instituciones públicas.

Por su parte, una estrategia basada en el reconocimiento, aplicación y ensanchamiento de los derechos de la gente podría traer un poco, al menos un poco, de mayor tranquilidad.  Con base en ello, tendría sentido una política redistributiva que acelerara el crecimiento económico mediante un aumento de la demanda interna.

En una sociedad de mercado y bajo un sistema político de democracia representativa que está en crisis en el mundo pero que sigue vigente, éstos podrían ser los límites y posibilidades del cambio que puede encabezar el nuevo gobierno.

En resumen, si atendemos el curso más amplio de la historia, quizás lo que esté en juego sea un proyecto más modesto desde el punto de vista ideológico, pero de una gran trascendencia para la vida de los mexicanos pues  podría darle un poco de oxígeno a un país que se ahoga en la inseguridad, las carencias y el desgobierno.

De ahí también la dimensión de un posible fracaso: significaría no  sólo la vuelta de los neoliberales sino también  el agravamiento de una crisis que ya no tendría salidas democráticas y pacíficas.

A final de cuentas, cualquiera que sea el futuro, la crítica y la movilización popular son los recursos que nos quedan. El próximo gobierno puede abrir una oportunidad mayor para que corra libremente  la insurgencia ciudadana. Habría  que aprovecharla.

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En este artículo discuto el tema de globalización y democracia con base en un escrito de Dani Rodrik. Comenta también el caso del TLCAN

Integración económica y democracia
Saúl Escobar Toledo

Según las últimas informaciones divulgadas por la prensa, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) está avanzando aunque no sabemos si concluirá pronto y cuáles serán sus resultados. Vale la pena entonces adelantar algunas reflexiones sobre la relación entre la integración económica del país a la economía mundial y los avances de nuestra democracia. ¿Hay alguna relación? Esa inserción ¿puede servir para alentar el cambio político o, al contrario, para inhibirlo?
Para discutir este asunto recurrimos a un breve escrito del economista turco y profesor de la Universidad de Harvard, Dani Rodrik, quien en 2007 propuso lo que llamó un trilema, una encrucijada con tres opciones que se convierte, según sus propias palabras, en un teorema sin solución (disponible en http://rodrik.typepad.com). Lo que plantea, en síntesis, es   que la democracia, la soberanía nacional y la integración económica global son incompatibles. Se pueden combinar dos de estos elementos, pero no se pueden tener los tres plena y simultáneamente.
Una de las razones más importantes es que las políticas y las regulaciones de los estados nacionales se riñen con una adhesión plena a la economía global. Frente a ello, una opción consistiría en que los gobiernos de cada país respondan sólo o principalmente a la globalización, pero ello supone sacrificar los objetivos o metas domésticos. Por ello, esta opción es incompatible con la democracia. En realidad, este camino, con diversos matices es el que ha predominado en casi todas las naciones durante las últimas décadas. Su costo político ahora, sobre todo después de la crisis mundial de 2008,  es evidente.
Otra posibilidad sería tratar de construir un sistema democrático basado en un federalismo global que permita alinear las decisiones políticas con las necesidades de la integración a los mercados internacionales. Esta opción, sin embargo, ha resultado muy difícil de hacerse realidad incluso en el caso de países similares. Tal es el caso de la Unión Europea. Existe un Parlamento  y varios órganos de gobierno comunes, pero sus decisiones y acuerdos han sido criticados por que no representan el sentir y las necesidades  de todos sus ciudadanos. Frecuentemente, se imponen los intereses de los países más fuertes.
El tercer camino consiste en atemperar la relación con la económica global como sucedió con el régimen de Bretton Woods que estuvo vigente desde la segunda posguerra hasta los años setentas y que impuso controles a los flujos de capital y al comercio mundial. Se alcanzó una globalización menor, pero las naciones gozaban de  una soberanía nacional más amplia.
En conclusión, dice Rodrik, si queremos mayor globalización debemos o bien sacrificar la democracia o la soberanía nacional. Pretender que las tres cosas se pueden lograr simultáneamente no lleva a ningún lado.
Por su parte, en un ensayo publicado recientemente  en Project Syndicate, Kemal Davies y Caroline Conroy (disponible en www.project-syunidcate.org), retomando la encrucijada de Rodrik, propusieron explorar el tema de una política global. Según ellos, el avance de la integración económica mundial ha sido implacable a través del comercio y la migración de personas. Sin embrago, el sistema internacional sigue siendo una colección de economías nacionales que responde a las políticas domésticas en materia de tributación, gasto público y regulación.
Para resolver esta contradicción se requieren entonces instituciones  y regulaciones globales como las que ya existen a cargo del FMI (Fondo Monetario Internacional) y la OMC (Organización Mundial de Comercio) así como del Banco Mundial y los organismos de Naciones Unidas.
Sin embargo, hasta ahora, las contradicciones entre las políticas y regulaciones domésticas y las que dictan los organismos multilaterales no sólo no han conciliado los propósitos de unos y otros. También han generado una amplia insatisfacción ciudadana. De este malestar surgen respuestas como las de Trump, proponiendo un nacionalismo de nuevo tipo que lejos de intentar fortalecer las instituciones internacionales pretende  desmantelarlas con la intención de eliminar cualquier tipo de  regulación.  La UE sigue una línea opuesta, tratando de alentar sus propias normas,  pero también se ha quedado corta en algunos asuntos que tienen que ver con la fijación de estándares que afectan a diversas naciones.
Un ejemplo de esas fallas consiste por ejemplo en permitir que las empresas multinacionales paguen pocos impuestos, lo que exacerba la desigualdad y debilita los presupuestos públicos. Sólo una cooperación y regulación internacional permitiría atacar este problema. Lo mismos sucede con el cambio climático.
Se requiere entonces fortalecer y sobre todo crear nuevas instituciones mundiales. Ello mediante un debate que lleve a un acuerdo que permita el ejercicio de una política global bajo un nuevo concepto de democracia. Por otro lado, una regulación mundial sin instituciones internacionales legítimas implicaría el fortalecimiento de sistemas políticos autoritarios, lo que resulta inaceptable.
En síntesis, según este último artículo, Rodrik propone menos globalización y más democracia, mientras que Trump desea fortalecer el nacionalismo debilitando tanto los valores democráticos  como  la globalización. Por ello, concluyen, el desafío del siglo XXI es construir una nueva política global que reciba un amplio consenso democrático.
Transportemos este debate a la situación de México. Durante los últimos 35 años nuestra incorporación a la economía mundial (vía TLCAN) ha sacrificado los intereses del estado nacional y de los mexicanos en materia sobre todo de trabajo, salarios y condiciones laborales, pero también en lo que toca a su diversificación comercial y en su potencial de crecimiento. Incluso ha influido en la estrategia contra el crimen organizado. De esta manera, también se afectaron las instituciones democráticas. Se logró un régimen de alternancia, pero se debilitó la capacidad del Estado para atender el bienestar y el mantenimiento de la paz. Nuestro caso es ejemplar para ilustrar la encrucijada de Rodrik: de las tres cosas, soberanía nacional, democracia e integración económica, se escogió darle prioridad a la última en detrimento de las dos primeras.
¿Cuáles podrían ser las opciones ahora?  La estrategia Davies-Conroy significaría fortalecer al TLCAN creando instituciones trilaterales más fuertes, pero ello parece casi imposible con el gobierno de Trump, sobre todo el en el caso de problemas fronterizos como la migración y el tráfico de drogas y armas.
En nuestro caso, aquí y ahora, la opción Rodrik parece más adecuada: modular la anexión que nos ata al  TLCAN, tratando de ganar cierta margen de soberanía nacional con el objetivo de atender mejor los objetivos del estado nacional y de los mexicanos. Ello, a su vez, fortalecería el consenso político y la posibilidad de un cambio para abatir la desigualdad, la pobreza y la violencia que azotan a nuestro país.
Una tercera opción consistiría en  construir un gobierno nacional más fuerte y soberano, pero menos democrático y casi completamente aislado de la economía mundial. Creo es otra opción debería descartarse.
La posibilidad de modular nuestra integración  económica significaría una renegociación del TLCAN exitosa que elevara, entre otras cosas, los estándares en materia laboral. Sin embargo, quedarían pendientes  los otros temas de la agenda bilateral: migración y regulación de enervantes.
Esta opción, por lo tanto, aunque sea la más recomendable, deja abierta la posibilidad de  un conflicto con el gobierno actual de Estados Unidos, con o sin un TLCAN renegociado.
El tamaño y complejidad de la querella lo veremos en los próximos  meses, quizás semanas. En cualquier caso, estaremos mejor preparados para ello si contamos con un gobierno dispuesto a defender la democracia antes que la integración económica a toda costa, y que cuente, por lo tanto, con el respaldo de los mexicanos.
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El azote del mundo contemporáneo: los paraísos fiscales

Saúl Escobar Toledo

Uno de los problemas más graves que enfrentan los gobiernos hoy en día, es la falta de recursos públicos para impulsar el crecimiento económico y otorgar mejores niveles de vida a su población. Esta deficiencia ocurre por diversas razones, pero hay una muy importante de la que poco se habla: los paraísos o refugios fiscales (en inglés tax havens). 

En estos lugares, los bancos reciben depósitos de personas de todo el mundo por los cuales no pagan impuestos y, sobre todo, se dedican a esconder dinero y diversos activos financieros de sus clientes, con el objeto de evadir las obligaciones señaladas por la ley en sus países de origen.

En torno a este asunto, hace unos años, un investigador de la Universidad de Berkeley, California, Estados Unidos, Gabriel Zucman, publicó un libro titulado “La riqueza escondida de las Naciones: el azote de los refugios fiscales” (Universidad de Chicago, 2015), considerado por Thomas Piketty, el prestigiado economista francés, el mejor libro que se haya escrito sobre el tema.

En el prólogo del libro citado, Piketty subraya que esos paraísos son una de las causas más poderosas de la desigualdad mundial y representan, así mismo, una amenaza para las democracias contemporáneas.   Ello se debe a que rompen el contrato social básico de las sociedades de mercado: que todo mundo debe pagar impuestos de manera equitativa y justa para tener acceso a los bienes y servicios públicos. Si los individuos más ricos y las corporaciones más poderosas evaden el pago de sus contribuciones, entonces ese contrato pierde sentido. La inmensa mayoría de la población y los empresarios pequeños y medianos observan que están pagando más que los de arriba, lo que los lleva a poner en duda la viabilidad de un estado social sostenido entre todos. Surgen entonces otras tentaciones: las soluciones ultranacionalistas, las divisiones étnicas y las políticas de odio. Esto, sobre todo, en el caso de los países desarrollados.

En lo que tocas a los países en desarrollo, el problema es más dramático pues esa riqueza oculta acentúa la falta de recursos públicos ahí donde las necesidades son mayores y la dependencia del financiamiento externo es más angustiosa. En México, por ejemplo, la recaudación es todavía muy baja en comparación a otros países, tanto de desarrollo similar como de mayor tamaño económico.  Ello ha repercutido en una caída de la inversión pública en infraestructura y por lo tanto en las tasas de crecimiento. Asimismo, el dinero destinado al educación y salud, escasea constantemente.  Con lo poco que se obtiene mediante el fisco, al gobierno sólo le queda recurrir al endeudamiento público, pero esta opción tiene un límite y hace más vulnerable las finanzas públicas frente a las amenazas externas e internas. Estas últimas provienen, además, frecuentemente de los mismos beneficiarios de los refugios fiscales: los superricos y los grandes consorcios que amenazan constantemente con fugar sus capitales si ven signos de inestabilidad, o como una forma de presión para obtener mayores privilegios. Así, las élites pueden ahorcar a los gobiernos jalando ambas puntas: de un lado contribuyen menos a las finanzas públicas y del otro llevan parte de sus inmensas fortunas a lugares donde nadie o casi nadie puede detectarlos.

De ahí la importancia de conocer cómo operan, cuánta riqueza albergan y qué se puede hacer para combatir estas malas prácticas. Se trata además de un fenómeno que sigue creciendo aceleradamente a pesar de que fue reconocido públicamente como una de las causas de la crisis mundial de 2008.  

Según el libro, el monto global de los activos financieros en manos de personas físicas (sin tomar en cuenta a las empresas) alcanza actualmente 95.5 billones de dólares; el 8%, es decir 7.6 billones, está en cuentas localizadas en paraísos fiscales.

La suma total escondida, esos 7.6 billones, varía según la región de origen. La mayor parte   proviene de residentes de Europa y en segundo lugar de Estados Unidos. América Latina se encuentra en cuarto lugar después de Asia. En el caso de nuestra región, el autor calcula que por lo menos 700 mil millones de dólares están depositados en los refugios y representan el 22% del total de la riqueza financiera de esta parte del mundo, provocando un considerable daño al erario.

El esquema de operación es sencillo: los bancos ubicados en los refugios fiscales reciben depósitos de personas que residen fuera ese territorio. Para facilitar la evasión, crean empresas fantasmas (compañías inventadas con el único propósito de ocultar el nombre de los socios); facturas falsas; y cuentas con nombres ficticios que sólo existen en esas filiales. De esta manera, se desconecta la propiedad legal de los beneficiarios de esos instrumentos financieros. Los verdaderos poseedores no son conocidos pues disfrazan su verdadera identidad.

Por otra parte, según el autor, las corporaciones también se benefician de los paraísos fiscales. Las multinacionales mueven libremente sus ganancias de un territorio a otro, según su conveniencia, buscando pagar menores gravámenes.  Para ello, una primera estrategia consiste en realizar préstamos de una filial a la otra, con el objetivo de que las ganancias aparezcan registradas en lugares como Luxemburgo o las Bermudas donde no se cobran impuestos. La segunda técnica, más importante, consiste en manipular los precios de transferencia, es decir los precios por los cuales una filial compra de otra sus propios insumos. Y claro, los vendedores se ubican en aquellos lugares donde las ganancias no se gravan mientras las pérdidas se ubican en los libros de contabilidad de las empresas ubicadas en países como Estados Unidos o Europa. Es lo que hacen usualmente empresas gigantes como Google, Apple y Microsoft.

Las maniobras de las empresas se han vuelto cada vez más sofisticadas a pesar de que la tasa impositiva ha disminuido constantemente desde los años setenta del siglo pasado. Se ha llegado a pensar que los países no tienen más remedio  que competir entre si bajando los impuestos pues el dinero se mueve libremente y sin vigilancia,  de un lado al otro, buscando siempre un lugar más seguro y rentable.

Los refugios fiscales más importantes son: Suiza, el país pionero en esta materia y todavía el corazón del sistema, que alberga un monto calculado en 2.3 billones de dólares; le siguen Luxemburgo, el otro gran refugio sobre todo de fondos de inversión, y las Islas Vírgenes, que se distingue por la existencia de una gran cantidad de empresas de papel. Estos países formarían, según Zucman, el trío siniestro de la evasión. Pero también habría que mencionar a las Islas Caimán, Irlanda y, por supuesto, a Panamá, entre otros.

La manera más eficaz de terminar con la opacidad, propone el autor, consiste en crear un registro mundial de la riqueza financiera, una cuenta central concentradora coordinada por los gobiernos y las organizaciones internacionales que permita transparentar la propiedad y los movimientos de esos capitales. En realidad, abunda Zucman, ya existen diversas cuentas concentradoras tanto en EU como en Europa, pero no abarcan a todo el mundo ni se comunican entre sí y, sobre todo, son de administración privada.

Mientras eso sucede, lo que exigiría una mayor voluntad política de los principales gobiernos del mundo, cada país tendrá que lidiar con el problema con mecanismos de colaboración internacional muy deficientes y con sus propios sistemas de administración frecuentemente contaminadas por la corrupción y la complicidad política. El gobierno de López Obrador tiene aquí otro reto de grandes dimensiones: disminuir la evasión fiscal evitando, hasta donde se pueda, la fuga impune de capitales a los paraísos fiscales. Ello requerirá firmeza para resistir las presiones de los más poderosos. El problema es que, si no está dispuesto a aumentar impuestos, la única manera de hacerse de más recursos es detectando las trampas de los grandes evasores.

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