Perspectivas y balance economía mexicana

Los pre-criterios de la SHCP 2025: balance y perspectivas Saúl Escobar Toledo De acuerdo con el mandato de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Secretaría de Hacienda (SHCP) presentó hace unos días los llamados “pre-criterios” para 2025. Se trata de un documento que se elabora anualmente en el que las autoridades del ramo repasan la situación económica internacional y de México durante el año en curso y plantean algunas estimaciones para el siguiente, en este caso, 2025. Puesto que se trata del último año de esta administración y el primero del próximo sexenio, el documento puede servir para llevar a cabo un balance, todavía provisional, del gobierno de AMLO en materia económica y el esbozo, a trazos muy gruesos, de la situación que enfrentará el gobierno que surja de las elecciones de junio. En cuanto a lo primero, destaca el hecho de que el crecimiento del PIB, visto en su conjunto, es decir de 2019 a 2024, será de aproximadamente 1.1 % anual. En el sexenio de Peña Nieto (2013 -2018) fue de 1.9%, calculado ambos periodos a pesos constantes de 2018. Desde luego, en la evaluación de la actual administración hay que tomar en cuenta la fuerte caída del producto por los efectos del COVID en 2020, pero también una política fiscal conservadora que empezó antes de la catástrofe y se prolongó desde 2019 hasta 2022. En 2023, en cambio, informa la SHCP, la economía creció más aceleradamente que en los años anteriores, básicamente por tres factores: a)los aumentos a los salarios y el empleo; b) el aumento de la inversión privada, sobre todo externa, debido a la “reconfiguración” del comercio mundial, el llamado “nearshoring”; y c) una mayor inversión pública en las obras prioritarias de infraestructura del gobierno: el AIFA, la refinería en Tabasco, el Tren Maya, y el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Para 2024, en cambio se prevé un crecimiento un tanto menor y, para 2025, un panorama todavía más pesimista, debido a que la economía de Estados Unidos conocerá una desaceleración, lo que implicará una caída de las remesas hacia nuestro país, de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos, y del turismo extranjero. El crecimiento de 2023 se distingue, asimismo, del ocurrido en los años anteriores porque hubo un aumento de la deuda pública de casi dos puntos del PIB: alcanzó en ese año un 46.8% frente a un aproximado de poco más el 45% en que se encontraba en 2019. Para el cierre de 2024, se calcula que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) se elevarán a 5.9% del PIB, un porcentaje superior a lo aprobado por el Congreso (5.4%), y bastante mayor al ocurrido en el sexenio de Peña Nieto (alrededor de 2.5%). El aumento de la deuda para cubrir el déficit de las finanzas públicas ocurre a pesar de que, dicen los pre-criterios, “los ingresos presupuestarios aumentarán al cierre del año en 0.6% del PIB sobre lo aprobado, debido a mayores ingresos petroleros (0.3% del PIB) relacionados con un mayor precio del petróleo. Asimismo, por un aumento en los tributarios no petroleros (0.2%) por un mejor desempeño de la recaudación de ISR, así como por mayores ingresos de organismos y empresas (por 0.1%.)” Sin embargo, si comparamos los ingresos presupuestarios del sector público en 2018 con los estimados para 2023, se observa que aumentaron en 1 punto del PIB, significativo pero insuficiente como lo muestran los datos mencionados anteriormente. En materia de inflación, los resultados de la administración han sido relativamente exitosos pues Hacienda afirma que se logrará bajarla hasta 3.8% en 2024, lo que la pone muy cerca de los niveles del final del sexenio anterior. Además, se comprobó que los incrementos al salario mínimo no han exacerbado la inflación. Por su parte el tipo de cambio (en pesos por dólar nominal), como se ha presumido varias veces, se ha revaluado sensiblemente: andaba en 19.5 pesos a principios del sexenio y en 2024 será, se estima, de 17.6 pesos por un dólar promedio (en estos momentos anda en 16.56 pesos). El aumento del costo de la deuda y la revaluación del peso, se explican, en buena medida, por las altas tasas de interés tanto a nivel internacional como en México. En 2023 los CETES llegaron a más del 11%; luego, hace unas semanas, bajaron un poco y se espera que disminuyan a 10.3% al terminar 2024. En 2019 esa tasa era de 7.65%. Hubo pues un aumento sustancial y muy rápido de este indicador durante el sexenio. Este incremento encareció la deuda, pero al mismo tiempo atrajo divisas y abarató el dólar. En materia de petróleo, las cosas no han mejorado mucho: aunque los precios internacionales aumentaron en más del 25% desde 2019, la plataforma de exportación del crudo bajará a alrededor de 45% a final del sexenio. Lo anterior, acompañado de una caída de la plataforma de producción de más de 9%. Por su lado, los salarios reales, tanto el salario medio de cotización del IMSS como los mínimos, aumentaron en el sexenio de AMLO. Los últimos en más del 100%. En cambio, en el sexenio de Peña se deterioraron hasta 2018, año en que tuvieron un ligero repunte. En resumen: la economía tendrá, entre 2019 y 2024, un crecimiento promedio menor al observado en el sexenio anterior porque tuvo dos fuertes obstáculos de carácter mundial: la epidemia del COVID y las altas tasas de interés. Estos dos factores explican el casi nulo crecimiento entre 2019 y 2022. En cambio, en 2023, la mejora de los salarios y una mayor inversión, extranjera y pública, cambiaron la dinámica de crecimiento. A partir de este año, además, el gobierno gasta más y abandona la política restrictiva: el déficit de las finanzas públicas es mayor y el endeudamiento también crece. De esta manera, a pesar del aumento de las tasas de interés, la economía logra un mejor dinamismo, y al mismo tiempo, bajar la inflación. La afortunada coincidencia que se produjo entre los incrementos salariales y una mayor inversión privada y pública explica entonces, fundamentalmente, los buenos resultados en 2023 y, en menor medida, los de 2024. No obstante, para el próximo año, aunque esto dos factores, los salarios y la inversión, probablemente sigan aumentando, lo harán a un ritmo menor. El comportamiento de la economía estadounidense se traducirá en menores exportaciones de México a ese país. Igualmente, es previsible que disminuya la inversión pública y el gasto corriente (hacienda calcula un recorte de más de 800 mil millones de pesos). Todo ello provocará una menor tasa de crecimiento del PIB para 2025, respecto a los dos años anteriores. La próxima administración tendrá entonces que remar contra la corriente o dejarse llevar por la inercia. La primera opción debería traducirse en un aumento de los ingresos presupuestales del sector público que difícilmente pueden venir de la exportación de petróleo dado que los precios internacionales tienden a la baja y la plataforma de producción ha venido cayendo. Surge entonces la necesidad de aumentar los ingresos tributarios para que el gasto y la inversión públicas se recuperen pronto y sirvan de palanca para el crecimiento y el bienestar de la población. La segunda opción, la inercial, significaría dejar que, principalmente, la inversión privada, sobre todo la extranjera directa, impulsen la economía. Sin embargo, debido al posible comportamiento de la economía de EU, ya señalado, ésta podría ser menos cuantiosa que en 2023 y 2024. En esas condiciones, el crecimiento económico del país navegaría entre el 1 y 2% anual durante los próximos años (Hacienda, de manera optimista, calcula 2.5% para 2025). En resumen, el gobierno que tomará las riendas el 1º de octubre tendrá que enfrentar una situación más adversa que la que vivimos en estos momentos. Esperemos que, más allá de las promesas de campaña, se esté trabajando en un proyecto realista que tome en cuenta los vientos en contra que ya empiezan a soplar pero que se harán sentir con mayor fuerza en los años por venir. saulescobar.blogspot.com (01042024)

México y América Latina: algunas comparaciones

El lugar de México en América Latina Saúl Escobar Toledo Ciudad de México, 19 de marzo de 2024. Dicen que las comparaciones son odiosas. Puede ser, pero muchas veces son útiles. La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) publicó hace unas semanas su “Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2023”. Con base en los números ahí publicados, se puede observar que los cinco países más poblados son, en ese orden, Brasil, México, Colombia, Argentina y Perú. Los cinco, en su conjunto, representan el 72 % de la población total de la región. Sin embargo, si tomamos en cuenta su producción, medida por el PIB de 2022 a precios constantes de 2018, las cosas cambian un poco. Brasil y México ocupan los primeros dos lugares y en el tercer sitio está Argentina, luego Colombia y enseguida Chile, dejando a Perú en el sexto lugar. Los cinco más importantes representan casi el 80 por ciento del total de la región. Esto último indica que la producción está más concentrada que el número de habitantes, lo que es un indicador de las desigualdades de América Latina y el Caribe (ALC). Como quiera, está claro que México es el segundo país más poblado y la segunda economía más importante de la región. Si bien Brasil tiene 1.7 veces más habitantes que México, el tamaño de su economía es, comparativamente, un poco menor: 1.6 veces más grande que la nuestra. Si bien la importancia de México es notoria por el tamaño de su población y de su economía, esa condición no se refleja en otros indicadores. En primer lugar, la población urbana de nuestro país (79%) es relativamente menor que la de Argentina (la más urbanizada, 93.2%), Brasil, Colombia y Perú. Incluso, inferior a la del promedio de la región en su conjunto (82.4%). Ello se traduce en una mayor dispersión de un segmento de la población en pequeños núcleos rurales, lo que dificulta el acceso a servicios de salud, educación, dotación de agua y vivienda. Y también, frecuentemente, a ocupaciones mejor remuneradas y más productivas. Por otro lado, la esperanza de vida al nacer, medida por años promedio, en 2023, era inferior en México (75 años) en comparación con Argentina, 78; Brasil, 76.2; Colombia 77,5; y Perú 77, e igualmente, menor que el promedio de ALC en su conjunto, 75.8 años. La tasa de mortalidad de menores de 5 años por 1000 nacidos vivos también es más alta en México que en Argentina, Brasil, y casi igual que en Colombia e inferior a la de Perú. En el caso de las tasas de mortalidad neonatal, México está también ligeramente por encima de Argentina, Colombia y Perú, aunque por debajo de Brasil. Sin embargo, en lo que se refiere a malnutrición infantil de menores de cinco años que se observó en infantes con retraso moderado o grave, el porcentaje en 2022 era claramente más alto en México (12.6%) que en Argentina (9,5%); Brasil (7,2%); Colombia (11.2%) y Perú (10.1%) e incluso Bolivia (11.1%). Muchos factores pueden explicar estos datos comparativos: no obstante, si se toma en cuenta el gasto total como porcentaje del PIB en salud, los datos son, igualmente, preocupantes: nuestro país gasta muchos menos, entre 3 y 4 puntos del PIB, que Argentina, Brasil, Chile y Colombia (en los que el gasto se ubica en el 10%), y casi igual que Perú. Menos, incluso, que el promedio de América Latina y el Caribe en su conjunto: 6.2% en México frente a 8% para ALC. En materia de educación, las cosas no son mucho mejor. Si bien las matrículas en educación pre-primaria; primara y secundaria “baja”, son similares a las de los países ya mencionados y se acercan al 100%, la que corresponde a la secundaria “alta” (suponemos equivalente a lo que aquí llamamos preparatoria) se cae dramáticamente: la tasa de la matrícula en este nivel es de 70.3% para México y 96% para Argentina, 88,5% para Brasil; 86.2 para Colombia; y de 83.6% para Perú. Lo anterior debe evaluarse con el dato de gasto público en educación como porcentaje del PIB para 2022: México gastó apenas el 4.6% mientras que Brasil erogó el 5.8%, Colombia el 5.3%, Chile el 5.6% y Bolivia el 8.4%. Estos datos, acerca de la salud y la educación, basadas en cifras proporcionadas por la OMS y la UNESCO, reflejan carencias muy graves de nuestro país y también algunos de los obstáculos más importantes para el bienestar y el desarrollo económico. Por otra parte, las cifras de empleo y ocupación presentan claroscuros. Destaca la baja tasa de participación de la población en actividades económicas (no incluye las no remuneradas en tareas del hogar como veremos más adelante). Esa tasa es menor al 60% mientras que en otros países como Argentina, Brasil, Colombia y Perú es superior a ese porcentaje, al igual que el promedio de la región (62.6%). Esto último debe relacionarse con la proporción de tiempo dedicado a quehaceres domésticos y cuidados no remunerados entre hombres y mujeres: en México, las mujeres dedican casi 2.8 veces más tiempo a estas labores. En cambio, en los países mencionados, aunque la desigualdad entre los géneros persiste, esa proporción es menor: alrededor del doble en Argentina y Brasil; y menos horas que en Colombia y Perú. Puede concluirse entonces que la baja participación de la población en el mercado de trabajo se debe, entre otros factores, a la desigualdad entre los géneros en el reparto del tiempo en las tareas no remuneradas del hogar y los cuidados. Ahora bien, la tasa de desocupación abierta de México es una de las más reducidas de América Latina: el promedio de la región alcanza el 7% en 2022 mientras que en nuestro país era apenas de 3.3%. Ese dato puede explicarse por diversas razones, por ejemplo, el tamaño de las actividades informales. Asimismo, debe considerarse la baja participación de la población en las actividades económicas, es decir, el porcentaje más pequeño que representa la Población Económicamente Activa (PEA). Un análisis más detallado muestra que existe una cantidad muy importante de personas, sobre todo mujeres jóvenes, que desean y necesitan una ocupación remunerada, pero no la buscan debido a la carga de las tareas del hogar y de cuidados, lo cual las ubica, según las estadísticas del INEGI, como Población Económicamente No Activa. De esta manera, si se incorpora a esas personas, la cifra de desocupación oculta o disfrazada en México se elevaría al 17%. Además, como se mencionó, la baja participación en el mercado de trabajo se ubica, principalmente, en el caso de las mujeres. Para 2023, la tasa de participación femenina en México fue de 46.1% mientras que el promedio para ALC fue de 50.9%; en países como Argentina, Brasil, Colombia y Perú fue también mayor al 50%. (Cf. Samaniego y Escobar, ECONOMIAunam NO. 61, disponible en http://revistaeconomia.unam.mx/) De esta manera, queda claro que la desigualdad de géneros es un obstáculo para el desarrollo y una injusticia que no debe tolerarse. El Anuario de la CEPAL tiene información acerca de otros temas, como la desigualdad regional al interior de cada país, de los cuales no es posible dar cuenta en esta nota. Sólo podemos señalar que esa brecha, en México, es muy profunda y agudiza y hace más compleja la tarea de superar los rezagos sociales y laborales. Por otra parte, pueden cuestionarse las cifras y encontrar algunos sesgos debido a las fuentes consultadas. Sin embargo, por lo menos en los asuntos descritos, la comparación es notoria y exhibe algunos de los problemas más importantes del país. Las disparidades en materia de educación, salud y trabajo femenino en tareas no remuneradas, en comparación con los otros cinco países más importantes de América Latina (por su población y tamaño de la economía), requieren ser tomadas en cuenta para una agenda de políticas públicas urgente. Una mayor inversión en los sistemas públicos de salud, educación y de cuidados debe ser prioritaria si se quiere construir una nación más justa, igualitaria y con mejores condiciones para un desarrollo más acelerado. México ocupa un papel muy destacado en América Latina y el Caribe: tiene el potencial para que sus indicadores sociales se emparejen, por lo menos, con esa relevancia. saulescobar.blogspot.com 19032024

¿Estan surgiendo nuevas políticas laborales y un auge sindical?

¿Cambio de marea? Saúl Escobar Toledo Hace cuarenta y cinco años, en 1979, el partido Conservador de la Gran Bretaña ganaba las elecciones. Margaret Thatcher asumía el cargo de primera ministra. Al celebrar su triunfo, la futura gobernante aseguró que “se había producido un cambio de marea en la sensibilidad política del pueblo británico. Habían renunciado al socialismo, el experimento de treinta años había fracasado plenamente, y estaban dispuestos a probar otra cosa. Ese cambio de marea era nuestro mandato…” La referencia al socialismo tenía que ver, más bien, con las políticas públicas que habían dominado en Inglaterra y buena parte de Europa (y a su modo en Estados Unidos) a partir de la posguerra, y que dieron lugar a lo que se llamó el Estado Benefactor (Welfare State), protegiendo al trabajador con seguro del desempleo, salarios reales al alza, prestaciones diversas, y salud y educación públicas. Junto a ello, un poder sindical que se manifestaba tanto en el control de los contratos en los centros de trabajo como en su influencia en las políticas gubernamentales. El cambio de gobierno en el Reino Unido no se limitó a una alternancia en el poder entre dos partidos: fue, en realidad, el inicio de las políticas neoliberales que en los años siguientes se aplicarían en casi todo el mundo, incluyendo los países en desarrollo y particularmente en América Latina. Una parte sustancial de estas políticas consistió en la desregulación de las relaciones laborales, debilitando la contratación colectiva, imponiendo contratos inseguros, por tiempo determinado y de manera individual, y restando poder de negociación a los sindicatos, lo que llevó a rebajas de los salarios reales y la pérdida de prestaciones. En los años recientes, sin embargo, hay indicios de un nuevo “cambio de marea” en materia laboral. Un documento publicado por Fundar, un centro de estudios argentino, elaborado por Etchemendy, Ottaviano y Vezzato, disponible en www.fuind.ar, asegura que en cinco naciones: España, México, Chile Estados Unidos y Colombia, se han propuesto diversas reformas y políticas que van en sentido contrario a las que dominaron los últimos lustros. Se proponen fomentar la generación de empleo de calidad, fortalecer las protecciones laborales, a los sindicatos y la negociación contractual. Algunas, particularmente en el caso de Colombia, están discutiéndose en el parlamento, pero otras ya se han aplicado con éxito. Además, se ocupan de nuevos problemas como los derechos de los trabajadores de plataformas digitales. En los cinco países considerados han ocurrido incrementos salariales de los mínimos legales; en España, México, Colombia y Estados Unidos se ha buscado proteger al personal subcontratado y fortalecer la negociación de los sindicatos. Destaca el caso de España que, en 2021, aprobó una reforma laboral para limitar los contratos temporales; así, el número de empleados que laboran bajo esta modalidad se redujo de 24 al 17 % del total; adicionalmente, se logró un aumento de los mínimos de 30% entre 2019 y 2023. En Chile, el año pasado se aprobó una reducción de la jornada laboral y un “reajuste” del salario mínimo. En Estados Unidos la aprobación de la PRO Act protege los derechos a la sindicalización y fortalece la contratación colectiva; también se aumentó el salario mínimo de los empleados federales aunque no de aquellos que laboran en empresas privadas; asimismo la Ley FLSA que regirá a partir de abril de este año, 2024, establece nuevos criterios para determinar si se trata de un trabajador asalariado o independiente, lo que permitirá ampliar los derechos de muchos trabajadores y regulará mejor la subcontratación. El estudio resalta las reformas laborales en México, destacando los aumentos al salario mínimo, los cambios a la LFT que propusieron un nuevo sistema de justicia laboral, impulsar la democracia, la libertad sindical y la negociación colectiva, e impedir la subcontratación disfrazada. En fin, dice el estudio, las tendencias más importantes de las corrientes reguladoras contemporáneas se ubican en el terreno de la negociación colectiva, incluyendo los salarios, la estabilidad en el empleo, el fortalecimiento de los sindicatos, y nuevos derechos individuales para los asalariados. En lo que se refiere a México, las reformas laborales han sido impulsadas no sólo por actores nacionales, el gobierno y las organizaciones sindicales, también por los acuerdos del T-MEC con Estados Unidos y Canadá, lo cual podría verse como parte de una tendencia mundial de mejoramiento de las relaciones laborales. De la misma manera, la aprobación en Alemania de la Ley Federal sobre Debida Diligencia Corporativa en la Cadenas de Suministro (LkSG) que entró en vigor en 2023, obliga a las empresas de ese país a que evalúen y tomen las medidas adecuadas para prevenir riesgos de violación de los derechos humanos, particularmente en el ámbito laboral y ambiental. Esta ley aplica en el territorio alemán, pero ha propiciado la implementación de un plan piloto con un Mecanismo de Reclamación de Derechos Humanos para la industria automotriz alemana en México, el cual pronto se pondrá en práctica. De manera similar al T-MEC, las empresas alemanas y sus proveedoras podrán ser sujetas de reclamaciones por violaciones a los derechos laborales, según información proporcionada por la Fundación Ebert de México y la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (giz). Por otro lado, la solidaridad sindical parece, igualmente, tomar nuevos aires: de acuerdo con una información publicado en el periódico El Economista, “el sindicato estadounidense United Auto Workers (UAW) informó hace unos días que aprobó la creación de un nuevo proyecto solidario para apoyar a los trabajadores automotrices en México en su lucha por lograr mejores condiciones laborales. La UAW, que representa a alrededor de 400 mil obreros afirmó en un comunicado que “El proyecto proporcionará recursos a los trabajadores mexicanos y a los sindicatos independientes en México, y apunta a fortalecer la solidaridad transfronteriza entre los trabajadores estadounidenses y mexicanos" Recordemos que la UAW estalló una huelga que abarcó varias plantas de producción de Estados Unidos pertenecientes a General Motors, Ford, y Stellantis. Su duración fue distinta en cada una de estas empresas, pero en conjunto duró mes y medio, del 15 de septiembre al 30 de octubre de 2023. Terminó con importantes logros para los trabajadores. En el caso de México, los obreros de la empresa automotriz Audi también se fueron a la huelga este año, y tras 25 días de huelga lograron un aumento de 7.2% directo al salario y 3.2% en prestaciones. Las reformas laborales nacionales, un marco internacional más sensible a la problemática de los derechos de los trabajadores, y un mayor activismo de los sindicatos, incluso con muestras de solidaridad internacional, pueden tomarse como indicios de un cambio de marea, ahora en un sentido contrario a las políticas que surgieron con el mandato de Thatcher hace más de cuarenta años. Son los primeros pasos hacia un nuevo esquema de políticas públicas que, sin embargo, no están plenamente asentadas. Las tensiones geopolíticas y los riesgos económicos que enfrenta el mundo, así como la posibilidad de cambios políticos bruscos en algunos países como Estados Unidos, no permiten asegurar que el capitalismo ha entrado en una nueva etapa caracterizada por una prosperidad compartida que ponga en el centro los derechos laborales. No obstante, tampoco puede decirse que todo sigue igual. Una larga y tortuosa transición está ocurriendo. Por lo pronto, parece claro que aún hay espacio para nuevas reformas legales que protejan a los trabajadores. Sin embargo, puede ocurrir que lo alcanzado se revierta o no alcance a transformar, en los hechos, la situación de la mayoría de los asalariados. Por ello, la acción sindical tendrá que ser un actor fundamental en los próximos años, después de varias décadas de repliegue. saulescobar.blogspot.com (06032024)

Incertidumbre mundial

El mundo cambia, pero con rumbo incierto Saúl Escobar Toledo Ciudad de México, 22 de febrero de 2024. En distintas publicaciones, tanto académicas como de amplia circulación, se comentan los cambios que están ocurriendo a nivel internacional. Desde luego, han surgido serias preocupaciones por los conflictos armados, particularmente la guerra en Ucrania y la ocupación de Palestina por Israel, pero también otros ubicados en distintas regiones del planeta: Sudán del Sur, la República Democrática del Congo y Nagorno-Karabaj (que involucra a Armenia y Azerbaiyán). En todos estos conflictos hay fuerzas armadas de distintas potencias (del G20) cuyo número no es muy grande; sin embargo, han afectado a cientos de miles de personas (Cf. Armed Conflict Survey). Por otro lado, el panorama económico, igualmente, está cambiando sobre todo en los que se refiere a las tendencias comerciales. Un estudio del Instituto MacKinsey (mckinsey.com/mgi) da cuenta de que, en 2023, México se convirtió en el mayor socio comercial de Estados Unidos; el comercio de Vietnam con China y Estados Unidos ha ido aumentando; las importaciones de energía de las economías europeas se alejaron drásticamente de Rusia, mientras que las importaciones de algunos productos de China, como los vehículos eléctricos han aumentado. Estos cambios han tenido una razón geopolítica. Es decir, obedecen a las guerras desatadas y a la rivalidad entre las dos grandes potencias económicas, China y Estados Unidos. Sólo así puede entenderse que “los aranceles promedio sobre el comercio de bienes entre ambas potencias se hayan multiplicado entre tres y seis veces desde 2017” y que, “tras la invasión rusa de Ucrania, la Unión Europea (UE), Estados Unidos y otras naciones impusieron sanciones comerciales a Moscú”. Posteriormente, el desvío de las rutas marítimas debido a la crisis del Mar Rojo que comenzó en diciembre de 2023 alteraron los flujos comerciales. El estudio señala que, “en términos más generales, el número de nuevas restricciones al comercio mundial… ha aumentado constantemente, de unas 650 en 2017 a más de 3.000 en 2023”. Para tratar de caracterizar estos cambios se han adoptado términos en inglés como “decoupling”, “derisking”, “reshoring”, “nearshoring” y “friendshoring”, aunque estos vocablos se refieren, especialmente, al caso de Estados Unidos, país que intenta alejarse de China y busca otros territorios para sus inversiones y proveedores de bienes de consumo final y refacciones. Por su lado, Beijing ha adoptado otra estrategia y ha ido aumentando su participación en el comercio mundial, particularmente pero no sólo , con las economías en desarrollo de todo el mundo. Así, por ejemplo, Alemania disminuyó su comercio con Rusia y al mismo tiempo lo aumentó con China. El gigante asiático, “la mayor potencia comercial del mundo”, dice el estudio, se destaca por sus intercambios de mercancías con más socios geopolíticamente distantes que cualquier otra economía”. El pretendido divorcio (“decoupling”) de Estados Unidos de China ha llevado a incrementar sus importaciones de bienes manufactureros de otros países. Sobre todo, Vietnam y otras economías asiáticas, y México. En estos casos se puede aplicar más claramente el término ““friendshoring”, al tratarse de naciones que, según la óptica de Washington, parecen socios más confiables. El estudio señala que “si bien la geometría del comercio mundial se ha ido reconfigurando gradualmente, su forma futura sigue siendo incierta…” Y avizora distintos escenarios: “una posibilidad podría consistir en un mundo desglobalizado, cada vez más fragmentado en el que el comercio se reoriente hacia el flujo entre economías geopolíticamente alineadas, tal como se ha observado con la disminución de la participación del comercio entre Estados Unidos y China o la reducción del comercio entre la UE y Rusia. Otra forma de reconfiguración podría llevar a la diversificación de las relaciones comerciales de tal manera que ninguna economía dependa demasiado de otra para los productos que importa, lo que implicaría una mayor inversión en nuevas instalaciones localizadas en diversas economías en desarrollo”. Podría decirse que la primera es la vía estadounidense y la segunda la que intenta China. En el futuro cercano, el estudio considera que lo más probable es “el fortalecimiento de las agrupaciones comerciales regionales en América del Norte, la Unión Europea y la ASEAN”. En lo que atañe a México, “el T-MEC (tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá) será y está siendo clave para sortear su confrontación con China”. Un ejemplo de “nearshoring”. El estudio da cuenta de que nuestro país ha ganado mayor participación en el mercado de Estados Unidos, destacadamente, en los sectores agrícolas y de equipos de transporte. En esta última rama, la participación de México aumentó del 26 al 32 por ciento entre 2017 y 2023. México está exportando una gran cantidad de automóviles terminados a Estados Unidos y también muchas autopartes. Estas últimas, incluso, han crecido más rápidamente que las ventas de vehículos ensamblados. Sin embargo, otro informe considera que América Latina en su conjunto está jugando un papel cada vez más importante en el comercio con China, en especial por su demanda de materias primas. Entre el año 2000 y 2022 el intercambio comercial entre ambas regiones multiplicó 35 veces su valor. La potencia asiática desplazó ya a la Unión Europea como segundo socio comercial de la región, según datos de la CEPAL. Ahora bien, el comercio entre América Latina y el Caribe y China tiene una estructura claramente definida: en 2022, el 95% de las exportaciones de la región correspondió a materias primas y manufacturas basadas en recursos naturales, mientras que los envíos desde Oriente correspondieron en un 88% a manufacturas de tecnología baja, media y alta. Es decir, parecería que México está adoptando un patrón distinto al de América Latina en su conjunto. Nuestro país ha captado y se espera que lo hará más en los próximos años, inversiones provenientes de Estados Unidos en empresas manufactureras orientadas hacia el mercado interno de su socio estratégico, mientras que AL en su conjunto ha tenido un mayor acercamiento comercial con China basado en la exportación de materias primas y la importación de productos manufacturados. Si estas tendencias se confirman, cabe interrogar: ¿podría México diversificar su comercio y sus inversiones para no depender casi exclusivamente de Estados Unidos? La respuesta a esta pregunta no depende sólo de la voluntad de nuestro gobierno sino también de la evolución de los conflictos a nivel internacional y de otras mudanzas políticas. Si en las próximas elecciones en Estados Unidos resultara electo Donald Trump no hay seguridad de que la relación con México evolucione en los términos señalados. El gobierno de EU podría cerrarse más al exterior, para reducir su déficit comercial, y castigar a México, con el pretexto de la migración, con sanciones comerciales tal como sucedió en el pasado reciente. Así las cosas, los cambios a nivel mundial muestran distintas tendencias sin estar completamente claro que rumbo tomarán, influenciados por fenómenos políticos internos y el desenlace de los conflictos internacionales que son difíciles de vislumbrar. En estas condiciones, el próximo gobierno tendrá que tomar distintas medidas, según evolucionen los acontecimientos en el plano internacional. En todo caso, se requerirá una política de Estado capaz de reaccionar oportunamente y tratar de aprovechar las circunstancias en beneficio de los mexicanos. Sobre todo, la próxima administración deberá contar con una política industrial que amplíe la infraestructura productiva pero también proteja a los trabajadores mexicanos. Vivienda, salud, educación, cuidados familiares y condiciones de trabajo dignas acompañadas de un sindicalismo democrático y más vigoroso. Otros caminos ya los hemos visto: un país maquilador con trabajadores sumidos en la miseria, o exportador de materias primas sin beneficios tangibles para la mayoría de la población. saulescobar.blogspot.com (22022024)

Las reformas a las pensiones y los salarios anunciados el 5 de febrero de 2024: un comentario inicial

Las reformas del 5F: pensiones y salarios Saúl Escobar Toledo Las iniciativas anunciadas por el presidente a principios de enero fueron, por fin, entregadas al Congreso el pasado 5 de febrero. Se trata de un paquete de 20 propuestas acerca de una gran variedad de temas. En esta nota comentaremos solamente los que se refieren a las pensiones y a los salarios. En primer lugar, hay que señalar que la iniciativa que se refiere a la pensión no contributiva, el programa de adultos mayores busca modificar la Constitución, pero sólo para alinearla a lo que ya sucede en los hechos. Así, la edad se reduce de 68 a 65 años, enmendando el artículo cuarto de la carta magna. Ahora bien, en lo que toca a las pensiones contributivas y a los trabajadores inscritos en una AFORE, el asunto es más complejo. La aprobación de las iniciativas afectaría tanto a los trabajadores que cotizan en el IMSS como a los que aportan al ISSSTE. El texto presidencial hace una crítica severa de las reformas de 1997 y 2007 y las califica como una “regresión histórica” y “una transgresión a los derechos laborales”, debido a que “contempló un nuevo régimen de aportaciones definidas, en la capitalización individual y la administración privada de los recursos de los trabajadores”. Sin embargo, la iniciativa se propone sólo “reducir los daños”, es decir no cambia el modelo que tan duramente condena. Reconoce que en la actualidad “lastimosamente” los jubilados reciben una pensión que equivale a menos de la mitad de su salario. El ”remedio” consiste en modificar el artículo 123 constitucional para que la “pensión de retiro por vejez sea igual a su último salario hasta por un monto equivalente al salario promedio registrado en el IMSS, cuando la pensión que obtengan en términos de la ley sea menor a dicho promedio”. Es decir, la tasa de reemplazo (la proporción entre el último salario devengado y el monto de la pensión que recibirá) no será del 100% como se había dicho. Más bien se trata de aumentar la pensión mínima garantizada, la cual alcanzaría la cantidad de $16 777. 68, monto que se “actualizará anualmente el 1° de enero… de acuerdo con la inflación estimada para ese año”. Debe subrayarse que este aumento sólo se aplicará a “aquellas personas trabajadoras que se pensionen con posterioridad a la fecha en que… se constituya el Fondo de Pensiones para el Bienestar”. Tal Fondo estaría listo noventa días después de publicado el Decreto, es decir con posterioridad a que haya sido aprobado por el Congreso de la Unión y las dos terceras partes de los estatales y sancionada por el Ejecutivo. El Fondo que proporcionará los recursos para el aumento de las pensiones se integrará inicialmente, en gran parte, con aportaciones del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP). También menciona otras aportaciones iniciales y complementarias que, para esta nota, no cabe enumerar. Hay que destacar solamente que, con excepción de aquellos que proporcionaría el INDEP, todos los demás recursos no se tienen y dependen de un complejo y probablemente largo proceso de litigio y arreglos administrativos. El presidente mencionó la disposición de “un capital semilla” de 64 mil millones de pesos. Esta cantidad representa apenas el 5 por ciento del gasto que está presupuestado este año para financiar las pensiones del IMSS e ISSSTE. Una cantidad que “no alcanza para nada” según ex funcionarios de CONSAR. Además, las fuentes de los recursos mencionadas no son recurrentes es decir no aportarán más fondos en el futuro, precisamente cuando más se necesitarán. Queda la interrogante acerca del financiamiento de estos aumentos, sobre todo en los próximos años. Dado que el presupuesto está muy presionado por el gasto que ya absorben el pago de las pensiones (un 30 por ciento del gasto total), la cosa es bastante seria y merece una explicación detallada y cálculos actuariales que no se presentaron. Hay que subrayar que la iniciativa supone afectar los recursos del IMSS y, en particular, del ISSSTE, ya que se propone alimentar el Fondo con “las enajenaciones” de los inmuebles propiedad o en posesión del ISSSTE y “reducir los adeudos por concepto de cuotas y aportaciones no enteradas al Instituto, con el propósito de facilitar su cobro”. Según el texto de la iniciativa, al cierre de diciembre de 2023, esos adeudos, a cargo de las entidades federativas, municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad México alcanzaban un monto de $88,528 millones de pesos. Pagar esas obligaciones representará, sin duda, un problema presupuestal para esas administraciones. Puesto que se trata de una reforma constitucional, el Congreso de la Unión deberá reformar las leyes correspondientes, dice la Iniciativa, en un plazo que no excederá de noventa días naturales a partir de su entrada en vigor. Lo anterior significa que el aumento de la pensión mínima seguramente no será aplicable este año y que las enmiendas a las leyes secundarias pueden aportar medidas adicionales no contempladas en la propuesta presidencial. En resumen, el aumento de las pensiones no beneficiaría a todas las personas trabajadoras jubiladas, sólo a aquellas que lo hagan en un futuro todavía incierto, aunque seguramente a los trabajadores de menores ingresos; y sobre todo no quedan claras tanto la viabilidad del financiamiento de este aumento en el largo plazo como su aplicación. En el caso de los salarios mínimo, el texto de la iniciativa reconoce que, a pesar de los aumentos ocurridos en los últimos años, “al cierre de 2024”, todavía no es suficiente para cumplir con el mandato constitucional y para que la familia del trabajador supere la línea de la pobreza. Por ello, considera que “los incrementos a los salarios mínimos superiores a la inflación deben mantenerse, si bien moderando el ritmo respecto a los años recientes”. La reforma presidencial propone una enmienda al artículo 123, fracción sexta, para que diga: “La fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales, o la revisión de los mismos, nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia”. Habrá que recordar que la LFT ya incluye ese texto. Así, la iniciativa presidencial no aporta nada nuevo. Como señalamos en una entrega reciente para El Sur, la enmienda constitucional debería precisar también la necesidad de revisar los salarios mínimos si la inflación ocurrida después de la fijación que se realiza cada fin de año rebasa con mucho el aumento decretado. Es decir, establecer claramente la posibilidad y los términos de su actualización durante el año de su vigencia. Finalmente, el aspecto más relevante de la iniciativa y quizás el más beneficioso para los trabajadores, se refiere a los trabajadores del apartado B. Plantea que: “El ingreso promedio mensual de las personas trabajadoras afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se situó en 16,152 pesos mensuales durante 2023. No obstante, el salario de las ocupaciones de la salud, educación y seguridad consideradas es inferior”. Por ello, la iniciativa propone “establecer a nivel constitucional que las maestras y los maestros de tiempo completo de educación pública del nivel básico, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada permanente, y médicos y enfermeros, perciban un salario mensual que no debe ser inferior al salario promedio de los trabajadores registrados ante el IMSS ($16 777.68)” Se trata entonces de fijar, para los trabajadores señalados, un salario mínimo profesional. En otro transitorio se señala que los aumentos tendrían efecto de inmediato, una vez finalizado el trámite legislativo. Vale la pena señala que el presupuesto para 2024 contempla un gasto por servicios personales equivalente a 1.75 billones de pesos, un aumento de 5.4% en términos reales respecto a 2023. No se informa cuanto será el impacto de estos aumentos en el presupuesto de la Federación. Tampoco encontramos un cálculo para los años siguientes, es decir para la próxima administración presidencial. Además, hay que aclarar que dichos aumentos beneficiarían a los trabajadores que laboran en dependencias a cargo de la Federación y deja fuera a aquellos que lo hacen al servicio de los estados y municipios. En resumen, las iniciativas contienen propuestas de naturaleza y alcances muy distintos: algunas buscan elevar a rango constitucional programas y medidas que ya existen; otras, las más importantes, presentan problemas de financiamiento que no se aclaran ni se cuantifican; y finalmente, hay aspectos preocupantes que requerirán más información o precisiones que tendrán que plasmarse en las leyes reglamentarias. saulescobar.blogspot.com (15022024)

El peso de las deudas públicas externas

El peso de la deuda Saúl Escobar Toledo A fines del año pasado, el Banco Mundial publicó su “Informe sobre la deuda Internacional”, el cual advierte que, debido al aumento de las tasas de interés a nivel mundial, el mayor en cuatro décadas, los países en desarrollo destinaron una cifra récord equivalente a más de 443 mil millones de dólares al pago de su deuda pública externa. Ese incremento trajo como consecuencia que desviaran recursos de rubros tan indispensables, como salud, educación y medio ambiente. El estudio precisa que, debido al aumento de las tasas de interés, el servicio de la deuda (amortizaciones al capital e intereses) aumentó 5% respecto al año anterior en todos los países en desarrollo. Aún más, las 24 naciones más pobres, según proyecciones del Banco, tendrán un alza considerable de los costos del servicio de la deuda, los cuales podrían alcanzar hasta un 39% del PIB entre 2023 y 2024, lo que plantea un escenario crítico para los próximos años. El encarecimiento del crédito ya ha provocado que, en los últimos tres años, 10 países en desarrollo hayan cesado los pagos de sus deudas y se calcula que el 60% de las naciones más pobres corren el riesgo de caer en una situación de sobreendeudamiento , es decir, que no puedan pagar o reduzcan drásticamente sus gastos para el desarrollo social y económico. Y es que muchos de los países más pobres contrataron una parte de su deuda a tasas variables, lo que resultó en aumentos de los pagos de un año a otro, a veces de manera muy elevada. Además, aquellos que no pagaron su deuda en el marco de la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda diseñada por el Grupo de los 20 (conformado en su mayoría por las naciones más ricas del planeta), acumularon capital, intereses y comisiones que hacen más pesadas ahora sus obligaciones. En otras palabras, sólo se les otorgó tiempo, pero no se redujeron las deudas ni los costos de sus servicios. El documento aprecia que los problemas se están agudizando ya que, además de tener que pagar más por su deuda, al mismo tiempo, han disminuido las opciones de financiamiento para los países en desarrollo. Los préstamos de entidades públicas disminuyeron alrededor de un 23%. En el caso de las instituciones privadas las cosas fueron más negativas; según el BM, “Es la primera vez desde 2015 que los acreedores privados recibieron más fondos que los que destinaron a los países en desarrollo”. El informe apunta que en 2022 las instituciones multilaterales prestaron 115 mil millones de dólares a bajo costo para los países en desarrollo, de los cuales la mitad fue proporcionada por el Banco Mundial. Sin embargo, como puede deducirse de las cifras que el propio Banco expone, el esfuerzo ha sido insuficiente. También lo han sido los esquemas diseñados por las naciones más poderosas. Desde mediados de 2023, la ONU había advertido que la deuda pública mundial se había elevado notablemente y que los países en desarrollo acumulaban el 30% del total, unos 28 billones de dólares. Y destacaba igualmente que “La mitad de la humanidad vive en naciones que se ven obligadas a gastar más en el servicio de su deuda que en salud y educación, lo que significa nada menos que un desastre para el desarrollo”. Así mismo, precisaba que 52 países que representan el 40% del mundo en desarrollo están en “graves problemas “. Por ello, consideraba indispensable “un mecanismo de reestructuración, suspensiones de pagos, plazos más largos y tasas más bajas para los países más pobres y de renta media que estén en una situación vulnerable”. En enero de este año, 2024, en su reporte anual, “La situación económica mundial y sus perspectivas”, la ONU abundaba: Para los países desarrollados, debido a las políticas monetarios restrictivas (y en especial la persistencia de tasas de interés elevadas) el riesgo de una recesión en 2024 aún es posible; aún si no sucede, la mayoría de esas naciones tendrán un crecimiento más débil. En los casos de los países en desarrollo, esas políticas “exacerbarán los riesgos de sustentabilidad de sus deudas e impedirán las muy necesarias inversiones que se requieren en alcanzar las metas de desarrollo sustentable” De esta manera, el panorama económico, al menos en el corto plazo, es pesimista: el PIB mundial será más lento y caerá de un estimado 2.7% en 2023 a 2.4% para este año. Por su lado, el FMI, en septiembre del año pasado, reportó que en 2022 “la carga de la deuda mundial… se mantuvo por encima del nivel anterior a la pandemia, nivel que ya era elevado, y alcanzó el 238% del PIB mundial”. A pesar de todas estas advertencias y proyecciones, casi nada se ha hecho, especialmente en lo que toca a los países más pobres. Si algunos de los problemas señalados en el panorama mundial se agravaran sensiblemente, los efectos adversos para México podrían ser varios. En primer lugar, porque una caída del PIB en los países más desarrollados ( y una recesión, especialmente en Estados Unidos) reduciría el comercio y las inversiones. Por otra parte, si la crisis de la deuda en los países en desarrollo se extiende, ello puede afectar también al nuestro debido a que los acreedores, sobre todo privados, pueden restringir el refinanciamiento de las deudas, reducir los plazos de pago, y encarecer los créditos. En un extremo, incluso los fondos de los organismos multilaterales podrían volverse aún más escasos. Mientras no se construyan mecanismos realistas y efectivos para resolver el problema de sobreendeudamiento de muchos países que ya lo padecen, estos riegos serán cada vez más acuciantes. Medidas de alivio de las deudas suponen un mayor desembolso de las naciones más acaudaladas en recursos disponibles para los organismos multilaterales y obligar a los acreedores privados a restringir sus ganancias para tomar medidas como las que recomienda la ONU. Sin embargo, en momentos de tensiones políticas internas y externas; guerras regionales como las que observamos en Medio Oriente y en Ucrania; y expectativas económicas poco favorables, los gobiernos de los países ricos parecen prestar poca atención a los sufrimientos de las regiones menos desarrollados. México, según documentos de la SHCP, está en mejores condiciones que otras naciones. La deuda pública total es relativamente menor que la de otros países (48.8% del PIB para 2024 en el caso de México y 51.6% para América Latina); la proporción entre la deuda externa e interna tiene niveles aceptables; y los apoyos, sobre todo del FMI, han sido exitosos. Aun así, los requerimientos financieros del sector público han aumentado del 15.3% en 2022 al 16.2% del PIB calculado para 2024. Ello se debe a que las necesidades del gobierno federal alcanzarán para este año los 4.25 billones de pesos, un 12.4% del PIB, frente al 11% de 2022. Esto último debido en buena medida a que el financiamiento del déficit público aumentará de 3.2% del PIB en 2022, al 5.5% para este año. Es decir, aunque no estamos en riesgo de caer en suspensión de pagos o en alcanzar un nivel de sobreendeudamiento crítico de acuerdo con los parámetros del BM, el peso de la deuda en el presupuesto es ya oneroso. A tal punto que el gobierno ha anunciado, discretamente, la posibilidad de recortes al gasto y medidas de austeridad mayores para este año. Para la próxima administración, lidiar con un escenario como el descrito será un reto fundamental y muy complejo. En un contexto internacional sombrío y cargado de incertidumbres, y un presupuesto con requerimientos financieros relativamente elevados, aumentar el déficit público y pedir más préstamos no parece recomendable. De esta manera, tendrá que abrir otras opciones: una restructuración del gasto para atender las necesidades más importantes y, al mismo tiempo, aumentar los ingresos fiscales. Ambas cosas exigirán, a su vez, consensos, legitimidad y una reconsideración de la política económica seguida hasta ahora. Esperemos que lo anterior fortalezca y no debilite los esfuerzos por construir un país más justo y sustentable. saulescobar.blogspot.com

Salarios y pensiones: nuevas reformas

Salarios mínimos y pensiones: ¿nuevas reformas? Saúl Escobar Toledo El presidente López Obrador, en un discurso que pronunció para evocar la represión masiva de la protesta obrera en la fábrica textil de Río Blanco ocurrida entre el 7 y el 9 de enero de 1907, anunció dos propuestas en materia laboral. La primera, “una iniciativa de reforma al artículo 123 de la Constitución para que se establezca que nunca, jamás, va a aumentar el salario menos que la inflación”. La segunda, la formuló de la siguiente manera: “Me lo plantearon del sindicato de maestros y otros trabajadores. Vamos a revisar la contrarreforma laboral de Zedillo, la de las pensiones, y vamos a hacer una propuesta porque es completamente inhumano, injusto que un trabajador que después de 30 años de estar laborando, cuando termina ni siquiera recibe —porque así está esa reforma— su salario cuando estaba en activo, sino la mitad si le va a bien, de ese salario…”. Ambas propuestas parecen muy plausibles. Sin embargo, el presidente no precisó su contenido. Conviene entonces plantear una serie de asuntos para avanzar en el debate que necesariamente se tendrá que profundizar cuando se defina el contenido de dichas reformas. En lo que toca al salario, debe entenderse que se refiere a los salarios mínimos y no al conjunto de ellos, incluyendo los contractuales. Ahora bien, en lo que toca a los mínimos, el texto vigente de la Constitución señala que “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.”. Esta obligación constitucional aún no se ha cumplido a pesar de los considerables incrementos de los últimos años, incluyendo el 20 por ciento decretado para 2024. De acuerdo con los cálculos de CONEVAL, que determinan la cuantía de la canasta básica alimentaria y no alimentaria, y suponiendo que laboran dos miembros de la familia compuesta por cuatro personas, todavía se requiere por lo menos un 16% más para cumplir con ese objetivo. Si, como señala la Carta Magna, sólo aporta ingresos el “jefe de familia”, el esfuerzo tendría que ser del doble, un 32% más de incremento a los mínimos. De esta manera, lo que se aprecia como más urgente y necesario es que el próximo gobierno mantenga el esfuerzo y se cumpla con el mandato constitucional. Para ello, por supuesto, se tendría que aumentar el mínimo por encima de la inflación, pero de tal manera que el objetivo que señala nuestras Carta Magna se alcance lo más pronto posible. Por su parte, la Ley Federal del Trabajo señala, gracias a una reforma de marzo del 2021, que “La fijación anual de los salarios mínimos, o la revisión de los mismos, nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia transcurrido”. Ambos textos son desde luego perfectibles, sobre todo, para que se precise la necesidad de revisar los salarios mínimos si la inflación ocurrida después de la fijación que se realiza cada fin de año rebasa con mucho el aumento decretado. Es decir, que se establezca claramente los términos de su revisión durante el año de su vigencia. Para ello, no se requería una reforma constitucional, que políticamente es más compleja y tardada: bastaría una nueva enmienda a la LFT. Por su parte, la reforma de las pensiones es un asunto de mayor envergadura. En primer lugar, se requiere precisar si dicha reforma apunta hacia los trabajadores que se rigen por la Ley del ISSSTE pues la mención del presidente a los “maestros” pareciera involucrar a este sector. Dicha ley, hay que precisarlo, no fue iniciada por el presidente Zedillo sino por Calderón en 2007. Además, no ha sufrido ninguna enmienda. Por ello, debería tener prioridad en el esfuerzo legislativo. Habrá que revisar todos los artículos que establecen los requisitos para obtener una pensión (años de cotización, edad del trabajador, fecha de ingreso); y aquellos que obligan al trabajador a someterse al régimen de cuentas individuales, todo lo cual ha dado los malos resultados a los que aludió el presidente. Hay que reiterar que, a diferencia del sistema de reparto, en el de capitalización individual, el monto de la pensión se define por el ahorro que se logre acumular en la cuenta de cada trabajador. Conviene aclarar que la ley señala que, si el trabajador afiliado al ISSSTE cumple con la edad y los años cotizados para obtener una pensión de cesantía en edad avanzada y vejez, pero no tiene recursos suficientes en su cuenta individual, el gobierno federal aportará los montos necesarios para el pago de la pensión garantizada. Sin embargo, ese monto aumenta de acuerdo con el índice de precios (artículo 92 y 93) lo que ha provocado que esa pensión garantizada sea cada vez menor e insuficiente. Por ello, incrementar el monto de la pensión, para que sea superior al 50% del salario que recibía el trabajador cuando estaba activo, requeriría un aumento sustancial de los recursos aportados por el gobierno. Por su parte, el régimen pensionario aprobado en la administración del presidente Zedillo en 1997, incluyó solamente a los trabajadores del apartado A, asegurados en el IMSS. Además, dicha ley ya fue reformada en esta administración en 2021 y se pactó un plazo para su implementación entre 20223 y 2030. Cabe preguntarse entonces si el presidente propondrá reformas a los dos sistemas o sólo a uno de ellos. Desde luego, si incluyera a quienes cotizan en ambos, el asunto tendría que sortear grandes dificultades: no sólo el aumento de la pensión garantizada para los afiliados al ISSTE; también, en el caso de aquellos inscritos en el IMSS, otro tipo de problemas: en primer lugar, el poder de las AFOREs privadas, las cuales han concentrado una enorme cantidad de recursos, equivalentes a casi el 20% del PIB. Enseguida, justificar las causas de una nueva reforma en vista de que la anterior no ha funcionado a pesar de su corta vida. Desde nuestro punto de vista, la reforma de 2021 permitirá que más mexicanos reciban una pensión a cargo de las administradoras privadas y mejorará el monto de esa prestación ya que habrá mayores aportaciones de los empleadores y el gobierno; también reduce las comisiones cobradas por las Afores. No obstante, a pesar de sus bondades, dicha reforma mantuvo la estructura fundamental del sistema privatizado y en el mediano plazo no resolverá los problemas fundamentales: la reducida cuantía de las pensiones; la baja densidad de cotización que resulta de la relación entre el tiempo cotizado al sistema y el tiempo total trabajado en el mercado laboral (debido a la existencia de empleos precarios y a que muchos trabajadores pasan frecuentemente de ocupaciones formales a las informales);su escasa cobertura; y las minusvalías que sufre ocasionalmente el ahorro de los trabajadores por el comportamiento del mercado financiero. Además, las reforma de 2021 requerirá de mayores aportaciones del gobierno (lo cual significa en una carga adicional para el presupuesto de la federación) y de los empleadores (que en unos años puede afectar el empleo y los salarios). De acuerdo con lo anterior, el sistema de pensiones privatizado requiere una nueva y más profunda revisión, lo que debería incluir la creación de un sistema público de reparto solidario, tal como lo recomienda la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este nuevo sistema puede tener diversas variantes, pero terminaría con el monopolio de las AFOREs, empresas privadas que manejan el ahorro de los trabajadores afiliados al IMSS. El presidente ha planteado asuntos muy importantes. Esperemos que el debate público alimente y dé contenido a las propuestas del gobierno. saulescobar.blogspot.com