El nuevo sistema de pensiones propuesto en Chile y algunas reflexiones para México

El nuevo sistema de pensiones propuesto en Chile y algunas reflexiones para el caso de México Saúl Escobar Toledo El 7 de noviembre de este año, el flamante presidente chileno entregó a la Cámara de Diputados de esa nación sudamericana un proyecto de ley que crea “un nuevo sistema de pensiones”. El documento contiene una exposición de motivos de 39 páginas, y más de 350 artículos, incluyendo una gran cantidad de transitorios destinados a garantizar la adopción del modelo propuesto en un plazo de 25 meses. La iniciativa considera que el sistema de pensiones está en crisis y que “nadie lo pone en duda”. Esta reflexión se basa en los antecedentes de este complejo asunto: las reformas de la presidenta Bachelet en 2008 y 2017; las que se aprobaron durante el mandato de Piñeira en 2019; pero también las movilizaciones sociales que se han desatado en aquel país desde hace décadas, así como diversas aportaciones de especialistas y organizaciones sindicales, y los “diálogos sociales” que se realizaron a principios de este año. La crítica del modelo actual se apoya en el hecho de que el monto de las pensiones sigue siendo insuficiente: el 23% de los pensionados recibe un monto inferior a la línea de la pobreza, y el 72% por debajo del salario mínimo vigente. Además, hay una brecha de género, ya que los hombres reciben una pensión 4.5 veces mayor que las mujeres. Asimismo, se ha apoyado en una cotización inferior al promedio de los países de la OCDE y a cargo únicamente de los trabajadores. Según el documento presidencial, la estructura del sistema de pensiones, basada en aportaciones individuales y administrado por empresas privadas, reproduce las desigualdades del mercado de trabajo, sobre todo, por la existencia de número importante de trabajadores informales. Tampoco ha sido capaz de responder a las consecuencias de una mayor longevidad de la población debido a que no redistribuye la carga entre las generaciones. El documento subraya que es notoria (y escandalosa) la diferencia considerable que existe entre el reducido monto de las pensiones y las enormes utilidades de las administradoras privadas (en Chile se llaman Administradora de Fondo de Pensiones, AFP, y en México, Administradoras de Fondos para el Retiro, AFOREs) Este diagnóstico puede aplicarse a todos los países que han adoptado un sistema de pensiones privatizado basado en cuentas individuales como es el caso de Chile, de México y otros países de la región (cf., por ejemplo, El Trimestre Económico no. 355). Hay que recordar, por otro lado, que, en aquel país sudamericano, desde hace casi quince años, existe una “pensión garantizada universal” de carácter no contributivo y, por lo tanto, financiada enteramente con recursos públicos, lo que ha significado un enorme esfuerzo fiscal. Al igual que en México, la existencia de ese programa es revelador de la incapacidad del sistema contributivo privatizado para asegurar una vejez digna para las personas. Las novedades más importantes de la reforma del presidente chileno, las cuales propician una reflexión para evaluar el modelo vigente en México, pueden resumirse, de manera apretada, en los siguientes puntos: Primero, la creación de un sistema mixto, basado en un nuevo pilar contributivo, financiado por una cuota obligatoria de 6 por ciento a cargo de los empleadores y el ahorro colectivo de los trabajadores, denominado Seguro Social Previsional. El otro pilar será, como sucede actualmente, basado en cuentas individuales y la aportación de los asegurados. El proyecto hace notar que, actualmente, el 83% de los países de la OCDE ya disponen de un pilar público contributivo con mecanismos solidarios que ha permitido mejorar los resultados del sistema. Es decir, se ha abandonado, por lo menos parcialmente, el modelo controlado exclusivamente por empresas privadas, impuesto desde hace décadas. En segundo lugar, se separan las funciones de administración de aquellas que tienen que ver con el manejo de las inversiones de los fondos. En México, supondría desprender a las AFOREs de las SIEFORE, Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro. Se crean, para ello, nuevas entidades: un gestor público y los gestores privados de inversión. Los afiliados al sistema tendrán, entonces, dos opciones: destinar su ahorro acumulado y las cotizaciones que realicen en el futuro, ya sea al organismo público, o bien, a los privados. Por otra parte, al desvincular la administración de la inversión, se crea también un nuevo organismo, el Administrador Público y Autónomo (APA) que tendrá a su cargo la afiliación, la recaudación de las cotizaciones del trabajador y del empleador, la gestión de las cuentas de los dos pilares, y la atención al público. Por otra parte, el proyecto contempla aumentar el monto (con un incremento gradual de 77.5%) y cobertura (que ya es del 90%) de la pensión garantizada universal (PGU), semejante a la pensión para adultos mayores mexicana. De este modo, las personas podrán recibir una pensión no contributiva mínima por encima del nivel de pobreza, y la pensión contributiva bajo la modalidad que elijan. La reforma aprobada a finales del 2020 en México, a pesar de sus bondades, como aumentar la cuota patronal, disminuir las semanas de cotización, y topar las comisiones de las administradoras, no alteró tres cuestiones fundamentales como lo propone la reforma chilena: omitió la creación de un pilar de carácter público, dejando a la AFORES, empresas privadas, seguir administrando los cuantiosos recursos de las aportaciones del empleador, el asegurado y el gobierno. Por otro lado, dejó intacto el contenido de los artículos de la Ley del SAR que disponen que las sociedades de inversión (SIEFORES) serán administradas y operadas por las administradoras (AFORES); y tampoco modificó la naturaleza de la CONSAR, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, institución que tiene a su cargo la regulación, supervisión y vigilancia del sistema, pero no puede recaudar las cotizaciones del trabajador y del empleador, ni gestionar sus cuentas, como propone el proyecto chileno, ya que éstas quedan a cargo de las AFOREs. De esta manera, el modelo mexicano permanece, en lo fundamental, regulados por las mismas condiciones y, como señala el proyecto chileno, reproduciendo las desigualdades del mercado de trabajo. Por ello, si la médula del sistema no cambia, es de esperar que los resultados sean similares a los del pasado y que, tarde o temprano, se presenten nuevas crisis, ya sea por el lado de la presión fiscal o por el número reducido de personas que logran una pensión digna. En el corto plazo, además, observaremos si la reforma mexicana de 2020 no produce otros efectos, no calculados, debido a la situación inflacionaria que se desató a principios de este año, ya que el aumento de la cuota patronal, aunque pequeño en estos primeros años, puede servir de pretexto para otorgar incrementos salariales menores a la inflación. En fin, según puede desprenderse de la experiencias chilena y mexicana, la privatización de las pensiones sólo ha dejado saldos negativos: una elevada carga fiscal; bajas pensiones; un sistema injusto e inequitativo; dudosa sustentabilidad en el largo plazo; y mucha insatisfacción social. Una pesada herencia de los tiempos neoliberales que, dado el enorme poder político y económico de los administradores privados, se ha prestado a reformas parciales y complejas que no terminan de componer los desfiguros. Es, desde luego, muy temprano para hacer una evaluación de la reforma mexicana del 2020, aunque el próximo año podremos ver las primeras reacciones de los empresarios. Por su parte, la iniciativa del presidente Boric tiene un largo camino legislativo y político por recorrer. Lo que es indudable es que la gran mayoría de los adultos mayores siguen desprotegidos y las futuras generaciones tampoco tienen asegurada, cuando llegue el momento de su retiro, una vejez digna y una pensión justa. saulescobar.blogspot.com

La exclusión laboral femenina

La exclusión laboral femenina, otra forma de violencia Saúl Escobar Toledo La Organización de las Naciones Unidas (ONU), señaló el día 25 de noviembre como la fecha de inicio de una campaña para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, misma que terminará el 10 de diciembre. Se trata de un llamamiento que tiene como “objetivo movilizar a todos los miembros de la sociedad para que se conviertan en activistas, se solidaricen con las defensoras de los derechos de las mujeres y apoyen a los movimientos feministas del planeta para evitar el retroceso de los derechos de las mujeres y conseguir un mundo libre de violencia de género”. Una iniciativa que busca poner “sobre las mesas de las agendas gubernamentales, leyes y políticas, servicios esenciales y estrategias de prevención” para este flagelo. En coincidencia con lo anterior, la CEPAL publicó un informe acerca del panorama social de América Latina y el Caribe 2022, en el que se refiere extensamente a la situación de las mujeres en el ámbito de la educación y el trabajo (disponible en https://www.cepal.org/es/publicaciones/ps). Dicho informe señala que la pandemia profundizó las desigualdades que han caracterizado históricamente a la región, en la que hay altos niveles de informalidad y desprotección social. En particular, apunta la desigualdad de género. Explica que la región latinoamericana enfrenta una crisis social que se ha agravado como consecuencia de las crisis internacionales, pero subraya que a lo anterior hay que sumar la “la crisis de los cuidados y la denominada pandemia en la sombra: la violencia contra las mujeres y las niñas que se intensificó durante la pandemia de COVID-19”. El confinamiento obligado por la propagación del virus llevó a un “retroceso histórico” la autonomía económica de las mujeres de América Latina y el Caribe, ya que se presentaron notorias caídas de la ocupación y la participación laboral femenina. En la región, en 2019, antes de la pandemia, la participación de las mujeres era del 51,8%; luego, cayó al 47.7%, lo que “supuso un retroceso de 18 años”. El estudio detalla que la salida extraordinaria de las mujeres del mercado laboral se vincula en particular con dos situaciones: por un lado, la marcada segregación de género, dado que varios de los sectores productivos más afectados por la pandemia han sido justamente aquellos en que hay una gran sobrerrepresentación femenina; y, por otro, la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, la cual se vio incrementada por las medidas de confinamiento, el cierre de los establecimientos educativos y otras medidas destinadas a afrontar la crisis sanitaria, en un contexto en que esa carga ya era desigual y representaba el triple de la de los hombres de la región antes de la pandemia. Según las encuestas, las mujeres de América Latina dedican entre el doble y el triple de tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. En el caso de México, la situación es la siguiente: mientras el género femenino dedica 45 horas semanales a esas labores, los hombres sólo poco más de 15. Comparado con otros países de la región, se aprecia que, en el caso de las mujeres, el tiempo que aplican al trabajo no remunerado es similar al de Argentina y Chile, pero mayor que en los casos de Colombia y Brasil. En lo que respecta a los hombres, éstos dedican un tiempo muy por debajo de los argentinos (casi 25 horas) y chilenos (20 horas) aunque similares a los colombianos y brasileños. El país más igualitario en este aspecto es Cuba: en la isla, las mujeres dedican 35 horas y los hombres poco más de 20. De manera similar a otros países de la región, en México, también constatamos que las mujeres resultaron más afectadas por la pandemia. Tuvieron que dejar sus ocupaciones remuneradas y se multiplicaron sus tareas domésticas: fueron maestras de los niños; cuidadoras de enfermos y ancianos; y se hicieron cargo, más que los hombres, de las tareas del hogar (limpieza, preparación de comida, arreglos de la casa). Según cifras del INEGI, en el cuarto trimestre de 2019, las mujeres de quince años y más reportaron destinar un promedio de 22 horas semanales a una de esas ocupaciones, el cuidado no remunerado de personas dependientes, en tanto que sus pares masculinos dedicaron sólo 13 horas. Así las cosas, la desigualdad y la exclusión femenina se refleja, en nuestro país, en que, con cifras de septiembre de este año, la población de 15 años y más estaba compuesta por 47% de hombres y 53% de mujeres. Sin embargo, la población económica activa (PEA) no refleja esa proporción ya que el 60% eran hombres y el 40% mujeres. En cambio, en lo que se refiere a la población económicamente no activa, la situación se invierte: 72% son mujeres y 28% hombres. Abundando, la población no económicamente activa disponible, es decir, aquellas personas que no reciben ingresos por trabajar ni estaban buscando un empleo, pero manifestaron que necesitaban uno y que lo aceptarían si se les ofreciera, fueron 67% mujeres y 33% hombres. Lo anterior indicaría que las personas del género femenino, en mucho mayor proporción que sus contrapartes, están impedidas para salir a trabajar o a buscar un empleo, aunque lo necesitan, debido a que han decidido quedarse en casa, muy probablemente por la carga de las tareas del hogar. Esto último también se refleja en la composición de la población no económicamente activa no disponible, es decir aquellas personas que no reciben ingresos ni aceptarían un empleo aunque se los ofrecieran, es decir, que han decidido quedarse en el hogar y han renunciado a emplearse en un trabajo remunerado: 73% fueron mujeres y apenas 27% hombres. Ahora bien, en el caso de las mujeres que laboran para obtener un ingreso, en América Latina, “la segregación laboral en la región da cuenta de una gran concentración de mujeres en los sectores del comercio, el turismo y el servicio doméstico, así como en los asociados al cuidado (enseñanza, salud, asistencia social y empleo doméstico), sectores están vinculados con una elevada incidencia de trabajo a tiempo parcial y salarios relativamente bajos. Esta situación se agravó con la pandemia ya que el cierre de empresas impactó, de manera significativa, estos sectores económicos. Por otra parte, en los sectores de la salud y la enseñanza, hubo que afrontar una intensificación de la jornada laboral, con nuevas demandas y una gran exposición al contagio. En México, añado, con cifras actualizadas al segundo trimestre de 2022 de INEGI, se aprecia que en el caso de las personas con empleos vulnerables, las mujeres sobresalieron: la población desocupada u ocupada femenina que trabajó menos de 15 horas a la semana fue casi el doble que los hombres (12.9 contra 6.8%) y por su parte, la tasa de informalidad, aquellas personas que son vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan o a las que no se les reconoce una dependencia laboral (y por lo tanto están desprotegidas), fue más alta en las mujeres (55%) que en los hombres (49 %) a pesar de que, como vimos, ellas participan proporcionalmente menos que sus pares masculinos en el mercado de trabajo. Dicho en otras palabras, las personas del género femenino logran obtener un empleo remunerado en menor medida que los hombres y cuando lo consiguen, se trata, en su mayoría, de ocupaciones en muy malas condiciones. En síntesis, la situación de las mujeres en el trabajo es producto de una cultura machista, la cual asigna principalmente a los hombres la búsqueda de los ingresos necesarios para mantener el hogar, y a ellas llevar a cabo las labores domésticas. También se debe a la ausencia de inversión, por parte de los estados nacionales, en establecimientos de cuidados para los infantes, los enfermos y los adultos mayores; y a los problemas derivados de una economía que se basa en buena medida en sectores de baja productividad, de muy poco valor agregado y uso intensivos de una mano de obra barata. Ello, sin considerar la violencia en los centros de trabajo, lo cual ameritaría un comentario aparte. Finalmente, con todo respeto y sin demérito de las acciones y logros anunciados el 27 de noviembre, de manera destacada en el área laboral, sorprende que el presidente López Obrador no haya mencionado casi ninguna medida para remediar la desigualdad entre los géneros. De las 110 señaladas, sólo una tiene que ver con este asunto: la “ayuda” a 283 mil 335 madres solteras de 800 pesos mensuales “para que tengan a sus hijos en estancias infantiles mientras ellas trabajan fuera del hogar”. Las palabras mujer o femenina no aparecieron en su discurso y cuando definió el humanismo mexicano dijo: “estamos ganando la batalla contra el racismo, el clasismo y la discriminación en todas sus expresiones”. Ojalá que en esas expresiones se tome en cuenta, cada vez más, a las mujeres y, en especial, la violencia y discriminación en todas sus formas, incluyendo las que se ejercen en las labores remuneradas y no remunerada.

La confrontación Estados Unidos - China : el control de la tecnología

La Guerra (tecnológica) entre China y EU ya empezó; y México está involucrado. Saúl Escobar Toledo Hace unas cuantas semanas, en el mes de octubre, el gobierno de Estados Unidos decidió tomar un conjunto de medidas que, según diversos analistas, busca “aniquilar” la industria china de alta tecnología: 1) Prohibir las exportaciones al país asiático de chips especializados para la inteligencia artificial; o de equipo para fabricar esas piezas; 2) Restringir la exportación de equipos para manufacturar semiconductores; 3) Prohibir, con base en una nueva lista, a las compañías chinas que no tenga una licencia especial otorgada por el gobierno, comprar productos elaborados en EU. Hay que advertir, además, como señala Matthew Iglesias, un periodista especializado en asuntos económicos egresado de Harvard (https://www.slowboring.com) que para fabricar chips de tecnología avanzada se requiere el conocimiento (know how) y el equipo especializado para ello. El conocimiento descansa sobre todo en las cabezas de los ingenieros que laboran para las compañías que fabrican esas refacciones. Ahora, los nuevos controles a la exportación contienen también una regla específica que prohíbe a ciudadanos estadounidense trabajar en la industria de semiconductores de China. Noah Smith, profesor de economía de la Universidad de Michigan, al comentar estas medidas, (https://noahpinion.substack.com) destaca que se trata de un cambio radical en la estrategia de la potencia norteamericana. Las administraciones de Clinton, Bush y Obama (este último hasta cierto momento), apostaron a que el comercio abierto con China sería mutuamente beneficioso. En el año 2000, el Congreso de EU aprobó un conjunto de leyes para normalizar las relaciones comerciales entre ambos países y abrió el camino para que el gigante asiático ingresara a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y se integrara al sistema económico mundial dominado, plenamente en esas décadas, por Washington. En ese momento, se pensaba que las relaciones comerciales servirían para intercambiar “ideas, valores y cultura”. El presidente Clinton avaló la legislación con optimismo afirmando que: la apertura de los mercados de China “acelerará la revolución de la información en ese país, dándole a su pueblo un mayor acceso al conocimiento. Ello, fortalecerá a aquellos que, en esa nación, luchan por estándares laborales decentes, un medio ambiente más sano, los derechos humanos, y el imperio de la ley”. Durante varias décadas, las compañías estadounidenses volcaron sus inversiones y su comercio hacia ese país y fueron un factor determinante para engrandecer su poder económico y geoestratégico. China se convirtió en la “fábrica mundial”. Su producción industrial ya es equivalente a la de EU y Europa juntos. Sin embargo, todavía importa una gran cantidad de chips de computadora, provenientes de EU, Corea del Sur, Taiwán y Japón. Por ello ha dedicado ingentes esfuerzos durante los últimos años para construir una industria doméstica de estos componentes. Y parece que están avanzando rápidamente. El gobierno de Biden, al observar el progreso de China, se apresuró a poner en práctica una estrategia más dura, la guerra de los chips, negando el acceso a su gran competidor, de bienes alta tecnología producidos en EU. Según Yglesias, tratar de frenar el crecimiento de China, “estrangulando” un segmento muy importante de la industria tecnológica, propiciará una dura reacción del gobierno de ese país. Un “peligroso conflicto” es, por lo tanto, inevitable. Además, las medidas tomadas por Biden pueden resultar poco efectivas por lo que sugiere que una estrategia distinta pude ser más recomendable: fortalecer la economía y el nivel de vida de los estadunidenses (incluyendo, principalmente, su educación), y abrir las puertas a los migrantes para tener una fuerza de trabajo más joven y fuerte. Por lo pronto, dice Noah, se trata de una “guerra económica”, y no es una exageración o una frase retórica. El objetivo de EU consiste en derrumbar la industria china de semiconductores para obstaculizar su autosuficiencia tecnológica. Estamos hablando, agrega, de un verdadero cambio del orden económico global. Un regreso a las estrategias de la Guerra Fría, cuando EU y sus aliados trataron de limitar sus exportaciones al bloque soviético. La guerra de los chips ya llegó a México. Según un reportaje del Washington Post, del 21 de octubre, el gobierno de EU descubrió “una amenaza a su seguridad nacional al otro lado de la frontera sur” al encontrar que el gobierno mexicano se preparaba para comprar cientos de millones de dólares de equipos chinos para escanear los productos que pasan por las aduanas fronterizas. Según este reportaje, las autoridades aduaneras de México pretenden instalar escáneres de la marca Nuctech en diversos aeropuertos, puertos marítimos y puntos de entrada en la frontera con EU, incluyendo el Felipe Ángeles y el de la Ciudad de México, así como en la refinería Dos Bocas en Tabasco. Estos dispositivos sirven para inspeccionar vehículos y contenedores de carga marítima y terrestre, tratando de encontrar droga, explosivos y mercancía ilícita. Washington cree que los escáneres Nuctech, una compañía que, afirman, tiene fuertes lazos con el gobierno chino, darían acceso a ese país asiático de información acerca de las mercancías que entran a EU. La oficina de Seguridad Interior de EU (Department of Homeland Security) publicó un reporte en 2020 en el que señalaba que Nuctech trabajaba para el gobierno chino fabricando sistemas de monitoreo (screening and detection). En mayo de este año, el embajador de EU en México escribió una carta al secretario de relaciones exteriores de nuestro país para persuadirlo de no comprar esos aparatos. Salazar afirmaba, en esa misiva, que la cooperación bilateral entre ambas naciones “podría ponerse en riesgo por el uso de equipos no confiables”. Por su parte, funcionarios del gobierno mexicano afirmaron que esos equipos benefician a México, se ajustan a las leyes mexicanas, y un precio más bajo que las de sus competidoras estadounidenses. Hay que advertir, que toda esta información, publicada por el Post, se obtuvo de las filtraciones de documentos de la SEDENA, realizadas, presuntamente, por el colectivo Guacamaya. Hasta ahora, no ha habido ninguna declaración oficial por parte de ambos gobiernos en torno a este asunto. No sabemos si México, ha aceptado o no, las objeciones de Estados Unuidos. Lo cierto es que la guerra tecnológica está declarada y México ya está involucrado. Mientras esta confrontación entre China y EU no pase de sanciones comerciales, todavía hay lugar para la esperanza de que se pueda llegar a acuerdos que satisfagan a ambas partes, o por lo menos impidan choques militares directos o indirectos (guerras proxy). Sin embargo, el conflicto armado en Europa y el panorama económico mundial, no abonan a la creación de un contexto favorable para la cooperación mundial. Aún así, la sociedad y los gobiernos no involucrados deben seguir llamado a la paz y el diálogo. La tecnología ha sido, desde hace siglos, pero marcadamente desde la Revolución Industrial, un factor determinante para la hegemonía de las potencias a nivel planetario. Hoy, con mayor razón, en vista de los rápidos avances de las últimas décadas, los cuales han aumentado la productividad de las empresas; han integrado con mayor fuerza al mundo en redes comerciales y financieras; y han dado lugar a la expansión de un puñado de corporaciones, extraordinariamente poderosas e influyentes en todo el orbe, como Alphabet, Google y Microsoft. En estas condiciones, México requiere, independientemente del conflicto entre las dos grandes potencias, aunque aprovechando las condiciones disponibles, diseñar su futuro tomando en cuentan la necesidad de incorporar creativamente las nuevas tecnologías. Ello requiere pensar en una nueva política industrial; una estrategia de educación y capacitación de la fuerza de trabajo; y un desarrollo propio en materia de investigación científica y técnica. saulescobar.blogspot.com

¿Recesión inminente en Estados Unidos?

¿Habrá una recesión en Estados Unidos? Saúl Escobar Toledo Hace un poco más de una semana, en una entrevista por televisión, le preguntaron al presidente de Estados Unidos si pensaba que su país se enfilaba hacia una recesión. Biden contestó: a lo mejor una chiquita. Bueno, en realidad dijo: “no creo que vaya a ocurrir una recesión. Si la hay, será… muy pequeña. Es decir, nos moveremos hacia abajo poco a poco. Es posible. Mira, es posible. No la anticipo.” La declaración muestra, por un lado, una gran incertidumbre, y por otro, la opinión de muchos inversionistas, economistas y banqueros que han advertido que la posibilidad de una recesión en EU es altamente probable en los próximos meses (Cf. CNN, 11 de octubre). Acerca del primer asunto, en efecto, en estos momentos, hay signos confusos o contradictorios en la economía estadounidense: por ejemplo, dicen, el mercado laboral todavía está muy robusto. La tasa de desempleo es la más baja desde los años sesenta, aunque, advierten, la creación de nuevos empleos se debilitó en septiembre. Al mismo tiempo, sin embargo, no hay señales de despidos masivos que muestren que la recesión ya haya comenzado. Por su parte, la Bolsa de Valores ha sufrido bajas considerables y los grandes consorcios financieros como JP Morgan y el Banco de América creen que es altamente probable que se caiga en recesión “en los próximo seis o nueve meses”. Esta incertidumbre se ha estado disipando; cada vez hay más pronósticos que anuncian esa caída a fines de este año o durante 2023 y se basan, sobre todo, en la insistencia del Banco Central en continuar aumentando las tasas de interés. Algunos creen que en noviembre y diciembre habrá dos alzas muy fuertes, un paquete “jumbo” que podrían llegar a 150 puntos base. Y es que, lo que más le preocupa a la Fed, es precisamente que el mercado laboral de EU se mantenga robusto; de lo que se trata, entonces, es de enfriarlo hasta que se dejen de generar empleos y las empresas despidan algunos de sus empleados y, por lo tanto, los aumentos salariales empiecen a ceder y colocarse por debajo de la inflación. Es decir, lo que más le importa al banco central de EU es bajar los salarios reales. Y, de paso, tratar de hacer más difícil el renacimiento de un poder sindical en EU que se estaba manifestando en los últimos años. Al punto que, empresas como Amazon, que habían prohibido siempre a sus trabajadores formar un sindicato, han tenido que aceptar el surgimiento de varias organizaciones gremiales en sus diversas filiales. A nivel mundial, las cosas no se ven tampoco bien. El informe más reciente del FMI acaba de anunciar que “lo peor está, por venir y que, para mucha gente, 2023 se sentirá como un año recesivo”. Todas las economías más importantes del mundo están cayendo. Sus pronósticos para el próximo año empeoraron: de 3.8 % que calcularon a principios de este año a 2.7% apenas hace unos días. En el caso de EU, este país crecería apenas 1% en 2023 (en un escenario optimista). La empresa Bloomberg tiene un panorama más sombrío: 2.5% de crecimiento mundial para 2023 y, además, dan por segura la recesión en Estados Unidos. Por cierto, el informe del FMI explica por qué, en un entorno inflacionario, usualmente los salarios pierden la carrera frente a los precios. Aseguran que, desde 2021, los ingresos laborales se han deteriorado en los países desarrollados mientras que en los de desarrollo medio y más pobres no han recuperado su nivel prepandémico. Calculan que para 2022 y los años siguientes, los salarios perderán aún más terreno. La razón principal es que estas caídas son resultado de una menor capacidad de producción y de generación de empleo, motivadas por diferentes factores: disrupciones del comercio internacional; aumento mundial de los precios de los alimentos y la energía; y los incrementos de las tasas de interés. Estas últimas seguirán al alza hasta lograr controlar la inflación, provocando aún más daño a la capacidad de producción, al empleo y a los salarios. Es decir, en lugar de una espiral en la que los salarios tratan de alcanzar a los precios, lo que observamos es una política que busca reprimir la inflación a costa de la expansión productiva. En resumen, aunque EU no haya caído todavía en una recesión, hay muchas probabilidades de que ello suceda. Se presentan, así, dos escenarios para fines de este año y 2023: el malo y el peor. En el primer caso observaremos un periodo de “estanflación”, estancamiento con inflación: tasas de crecimiento muy bajas con aumento de precios significativas. En el segundo, una caída de la producción de EU, lo que podría llevar a una disminución significativa de los precios si otros factores no lo impiden, como la guerra en Europa y la pugna económica entre EU y China. Tampoco se puede asegurar la duración de cualquiera de los dos escenarios. Es posible que el periodo de estanflación pudiera ser más prolongado que el de la recesión, pero menos doloroso para los trabajadores y la mayor parte de la sociedad. En ambos supuestos, la vuelta a la estabilidad y el crecimiento podría tomar un año o varios. En México, un periodo de estanflación prolongado produciría un aumento sustantivo de la pobreza laboral debido a que casi un 60% de los trabajadores son informales, de tal manera que difícilmente podrán elevar sus ingresos por encima de la inflación. Según cifras de CONEVAL, la canasta alimentaria aumentó a un ritmo anual (de junio de 2021 al mismo mes de 2022) de entre 12 y 13%. Al final del año, aunque el índice general podría situarse en 8.5%, ligeramente menor a la registrada en septiembre, los alimentos difícilmente cederán y es probable que los precios en este rubro se mantengan en niveles cercanos al 15%. El porcentaje de mexicanos en pobreza laboral bajó desde finales de 2021 en comparación con los tiempos pandémicos que se vivieron en 2020. En el segundo trimestre de 2022 fue de 38.3% (frente a un máximo de 46% en el tercer trimestre de 2020); sin embargo, ello se debió a una expansión de la ocupación más que de los ingresos. En el segundo semestre de este año, es probable que el número de pobres y extremadamente pobres aumente debido a la persistencia de la inflación, sobre todo en alimentos, y a un freno de las ocupaciones por el clima recesivo que impera a nivel mundial. Los trabajadore formales, por su parte, también verán disminuir sus salarios reales en 2022. Este año, las revisiones contractuales raramente han superado el 8%, lo que indicaría una caída de, al menos 2%, si tomamos en cuenta los datos de CONEVAL: la canasta alimentaria y no alimentaria aumentó a un ritmo anual cercano al 10%. Ahora bien, si EU cayera en recesión, el problema más grave, para México, sería el desplome del empleo, ya que bajarían las exportaciones manufactureras a ese país y ello podría causar, como en otros casos similares que se presentaron en las últimas décadas, diversos problemas a nivel productivo y financiero. El resultado ha sido una caída del producto porcentualmente más grave que en EU; y lamentablemente despidos masivos en muchas empresas y un retroceso de los salarios reales. Ahora, la situación podría ser peor si el Banco de México decide seguir aumentando las tasas de interés en un ambiente global tan negativo. En cualquiera de los dos escenarios, la pobreza aumentaría mes tras mes, día tras día, como ya se puede ver en estos momentos. Un incremento sustancial de los salarios mínimos a finales de este año puede ayudar a detener esta tendencia, pero no será suficiente. Habrá que pensar, además, en apoyos en efectivo y en especie para paliar el hambre de los más pobres, especialmente de los hogares que dependen del trabajo informal por cuenta propia. No obstante, si los peores augurios se hacen realidad, se tendrá que revisar el proyecto económico pensado para 2023, es decir, habrá que volver a colocar el tablero, poner otra vez las fichas y proponer una nueva estrategia para evitar un sufrimiento mayor de la inmensa mayoría de los mexicanos. saulescobar.blogspot.com

El aumento de las tasas de interés en el mundo y algunas repercusiones en México

Una plaga de halcones atormenta al mundo Saúl Escobar Toledo Un conjunto de factores, entre ellos la pandemia, la interrupción de las cadenas de suministro y la guerra en Europa, desató este año un proceso inflacionario en el mundo. La respuesta a este fenómeno provocó una subida de las tasas de interés del Banco Central de Estados Unidos (oficialmente, el Sistema de la Reserva Federal, también conocido informalmente como la Fed). Esta medida fue seguida por muchos otros bancos centrales del planeta, incluyendo México. En los análisis y reportes económicos es común señalar a las políticas alcistas de tasas de interés como propias de “halcones” (hawkish) a diferencias de aquellas que buscan mantener bajas esas mismas tasas a los que se les denomina como “palomas” (dovish). En estos últimos meses, particularmente desde septiembre, los halcones se han impuesto en muchos países. Con ello, según diversos estudios, se corre el riesgo de una recesión global que puede ser de largo plazo. Ésta puede iniciarse en Estados Unidos, o en otras latitudes, principalmente en Europa. En cualquier caso, economistas prestigiados como Bradford De Long advierten que: “La economía puede sufrir una pérdida de al menos media década de crecimiento, y la desigualdades sociales y políticas serán más pronunciadas”. Otros, más enfáticos, como Nouriel Rubini, ya dan como un hecho el estallido de una crisis financiera (Project Syndicate, 03102022). Sin embargo, las autoridades monetarias de casi toda América Latina y Europa, y de algunas naciones de África y Asia, han aumentado notablemente las tasas de interés. Las únicas excepciones, hasta ahora, han sido Japón y China. Todos coinciden en que lo que desató esta plaga fue la decisión de la Reserva Federal, la cual no sólo incrementó sensiblemente esas tasas, sino que anunció que lo seguirá haciendo en el futuro cercano. Esta ola de incrementos ha provocado ya varias conmociones: de manera inmediata, se ha fortalecido el dólar y, consecuentemente, se han debilitado el resto de las monedas, ya que los flujos de capital se han movido, sobre todo, para comprar bonos del tesoro de Estados Unidos. Ha sido el caso, entre otras, de la libra esterlina, el euro, el yuan chino y el yen japonés. En lo que toca a Estados Unidos, la política de la Fed aumenta el riesgo de que la economía de ese país se detenga o por lo menos se vuelva mucho más lenta. Ello debido a una caída del consumo y un alza de las hipotecas. También, porque las empresas pueden quebrar o reducir sus actividades y su expansión, debido a que sus deudas se encarecen, sus ventas disminuyen y sus ganancias se pueden achicar. Incluso las bolsas de valores salen afectadas pues los inversionistas prefieren ganancias más seguras comprando bonos del gobierno, en lugar de comprar acciones de empresas que corren riesgos de ver caer sus utilidades. En tono con lo anterior, los economistas Jomo K. Sundaram y Anis Chowdhury, han escrito: “La fobia a la inflación entre los bancos centrales está arrastrando a las economías a la recesión y crisis de deuda”. La subida de las tasas, en todo el mundo, como respuesta a las decisiones de la Fed, son una "carrera hacia el abismo" contraccionista. Destacan que, incluso el Banco Mundial, ha señalado estos riesgos advirtiendo un “daño duradero” principalmente para “las economías emergentes y en desarrollo". Agregan que las subidas de las tasas tampoco lograrán reducir los precios en el corto plazo. Y es que, en efecto, la medida supone que hay que elevar los precios para bajarlos, lo que parece incongruente. Por ello, el Banco Mundial ha sugerido que "los formuladores de políticas podrían cambiar su enfoque de reducir el consumo y, en cambio, impulsar la producción... generar inversiones adicionales y mejorar la productividad… fundamental para el crecimiento y la reducción de la pobreza". ¿Por qué entonces esta plaga mundial de halcones? La explicación no reside tanto en el control de la inflación sino en otros factores: en primer lugar, tratar de impedir la fuga de capitales y las devaluaciones, lo que provoca, entre otras cosas, que sea más costoso importar artículos esenciales como alimentos y combustible. Por su parte, las razones de la Fed pueden explicarse, por un lado, como sugieren diversos autores, debido a la ausencia de un pensamiento no dogmático, innovador y políticamente desafiante que pueda poner en práctica otras medidas. Prefieren dar respuestas habituales a problemas nuevos. No se atreven a pensar “fuera de la caja”. Esta rendición intelectual obedece también a intereses políticos y económicos: para muchos estadounidenses, la inflación refleja el fracaso político del gobierno que han “gastado demasiado” y ha optado por una “intervención excesiva del Estado en la economía”. Son dogmas arraigados en la mente de políticos, intelectuales y ciudadanos comunes y corrientes. Asimismo, responden a otro cálculo: los jefes de la Fed creen que la economía de EU podrá resistir una recesión, aunque el resto del mundo sufra mucho más. De esta manera, se proponen fortalecer la hegemonía estadounidense en la economía mundial. Sobre todo, en estos momentos en que la guerra en Ucrania y las rivalidades con Rusia y China se han agudizado. En México, nuestro Banco Central también ha aumentado las tasas. La última vez a fines de septiembre, pero ya ha declarado que, si la Fed vuelve a subirlas, ellos harán lo mismo. En su informe Banxico reconoce que “…se prevé que el ritmo de crecimiento de la actividad económica en el tercer trimestre de 2022 se desacelere respecto del crecimiento observado en la primera mitad del año”. El Banco ha advertido, igualmente, que la inflación puede seguir subiendo aún con las alzas de las tasas de interés si aquella persiste a nivel mundial o si México sufre una devaluación severa. Además, señalan que puede ocurrir “una desaceleración de la actividad económica mundial mayor a la anticipada”. A pesar de los riesgos, consideran que la medida es necesaria para evitar, como en otras partes del mundo, una fuga de capitales y el aumento del costo de las deudas públicas y privadas en dólares. Afortunadamente, México no ha sufrido una devaluación de su moneda como otros países. Tampoco la deuda externa pública es demasiado elevada en comparación a otras naciones. No obstante, si Estados Unidos, a diferencia de lo que piensa la Fed, cae en una severa recesión, México será arrastrado. Entonces, todas las medidas cautelosas que se han tomado para mantener la estabilidad no servirán de mucho. Por otra parte, el fin del sexenio exigirá, como ya se pude ver en el presupuesto para 2023, una política más expansionista que naturalmente choca con la política “halcona” de Banxico. El secretario de Hacienda declaró apenas ayer, 3 de octubre, que “a diferencia de Estados Unidos, en donde la inflación es de demanda, en México es de oferta”, sugiriendo una política más “dovish”. No está claro qué efectos puede tener esta contradicción. Ya veremos, por ejemplo, el caso de los aumentos al salario mínimo. Calculamos que un aumento cercano al 20 por ciento estaría más alineado con las políticas de contención de precios, y que un incremento de alrededor del 30 por ciento indicaría que se busca una restitución del poder adquisitivo, y más cerca de que, por fin, alcance para adquirir la canasta básica (suponiendo que, en una familia de cuatro miembros, dos de ellos trabajan). Es innegable que el fenómeno de la inflación y los riesgos de recesión tienen una dimensión que rebasa las políticas domésticas. Algunos expertos e instituciones han sugerido que la mejor solución consistiría en un gran acuerdo mundial para controlar la inflación, la fuga de capitales y las crisis de las deudas. Y, desde luego, para tratar de detener la guerra en Ucrania. Sin embargo, aquí en México, no podemos resignarnos a que nuestro destino se decida en la Fed de EU. También requerimos una renovación intelectual que nos lleva a soluciones y pactos novedosos que involucren a la sociedad y el gobierno para enfrentar los negros presagios. saulescobar.blogspot.com

Las pensiones: un problema crítico

Las pensiones: economía y política Saúl Escobar Toledo Ha llamado la atención, en diversos medios de comunicación, que en el Proyecto de presupuesto para 2023 el gobierno piense destinar una cantidad sustancial de recursos para el rubro de pensiones: alrededor de 1.6 billones de pesos. Esta cantidad representa más de la cuarta parte del gasto programable (que no incluye el pago de la deuda pública ni las participaciones a estados y municipios) calculado para el próximo año. Es decir, uno de cuatro pesos del gasto federal se destinará al pago de pensiones y el resto a salarios y programas de educación, salud, infraestructura, etc. Para entender más claramente este asunto, hay que señalar que las pensiones se clasifican en dos categorías: las que se pagan, principalmente, por medio del sistema privado manejado por las Afores (pensiones contributivas) y las que se entregan con recursos provenientes únicamente del gobierno, el programa de adultos mayores (pensiones no contributivas.) La partida para las primeras asciende a 1.3 billones, la segunda a 335 mil millones de pesos; en otras palabras, el sistema privatizado requiere del 80% del presupuesto destinado a este renglón y el público, el 20%. Lo anterior puede resultar extraño ya que las pensiones contributivas, como su nombre lo indica, se financian con aportaciones de los trabajadores, los patrones y el gobierno mientras que las no contributivas sólo con dinero púbico. ¿Cómo es posible entonces que las pensiones que reciben aportaciones de empleados y empleadores salgan mucho más caras que las que no reciben estas aportaciones? Además, las pensiones contributivas incluyen a un sector de la población mucho menor: se ha calculado que la cobertura alcanza a menos del 50% de la población de 65 años y más mientras que, según cifras del gobierno, el programa de adultos mayores (no contributivo) está cerca de alcanzar al 100% de la población de ese rango etario. Esto se debe a que el sistema Afores sólo protege a los trabajadores inscritos en la seguridad social mientras que el Programa gubernamental es universal, sus beneficiarios son todas las personas: ocupadas y no ocupadas, trabajadores activos o no, formales e informales. El enorme desembolso público destinado a las pensiones se explica, fundamentalmente, por el fracaso del sistema manejado por las administradoras privadas (Afores). Éste, no ha cumplido con las metas prometidas: su cobertura es muy limitada y el monto de las pensiones han sido exiguas para la inmensa mayoría de los trabajadores inscritos en ese programa. Además, las erogaciones que ha tenido que realizar el gobierno han aumentado cada año y mucho más de lo calculado debido al cambio de sistema y para que los trabajadores reciban la pensión mínima garantizada. En fin, que la privatización de las pensiones ha resultado excesivamente cara e injusta. Estudios detallados acerca del sistema, sus falencias y costos para el erario y para la población, pueden encontrarse en diversas ediciones de la revista El Trimestre Económico (nos. 343, 2019; 344, 2019 y no. 355, 2022). De ahí que los gobiernos de varios países de América Latina, en la última década, hayan decidido establecer un segundo pilar o programa de pensiones, no contributivo, para ampliar la cobertura y mejorar los ingresos de los adultos mayores. En algunos países, este programa es focalizado, pero en México, desde la reforma constitucional de 2020, es universal. Según el último informe de la Secretaría de Bienestar 10.5 millones de personas recibirán, en los próximos días, un pago bimestral de tres mil 850 pesos. Desde el punto de vista político, hay que recordar que se puso en marcha, por primera vez, en los primeros años de la administración de López Obrador cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (2000-2006). El programa tuvo tanta aceptación que puede considerarse que fue uno de los factores que le permitió postularse a la presidencia de la república en las elecciones de 2006. Como sabemos, los resultados oficiales no le reconocieron el triunfo por unas cuantas décimas y muchos alegaron un fraude electoral que documentaron con diversas pruebas. Se desató, además, una movilización social de gran envergadura. El éxito político del programa también puede constatarse por el hecho de que los gobiernos del PAN y el PRI lo adoptaron, aunque de manera focalizada, posteriormente, primero en 2007 y luego en 2013. Asimismo, fue recomendado por los organismos internacionales que reconocieron las insuficiencias del sistema privatizado. Convertir este programa en un derecho universal y dotarlo de los recursos necesarios, desde el principio de su gobierno, ha sido también un elemento que explica el alto nivel de aceptación del presidente entre los mexicanos durante estos años. Puede afirmarse entonces que el fracaso del sistema privatizado, una de las reformas fundamentales del neoliberalismo, fue la justificación, oportuna y acertada, para construir otro sistema paralelo, que incluye a todos los mexicanos adultos mayores. Y, con ello, adquirir un gran apoyo político. Así, para el presupuesto de 2023, el gobierno ha decidido aumentar los recursos en más del 40 por ciento (de 238 a 333 miles de millones de pesos) con relación a lo de lo aprobado el año pasado, lo que representa el 82 por ciento del total de los recursos asignados a la Secretaría del Bienestar. Lo anterior, principalmente, para aumentar el monto de la pensión que recibirán los adultos mayores. El objetivo, aseguró Hacienda, es que para 2024, el último de esta administración, alcance 6 mil pesos bimestrales. Esta estrategia tiene, sin duda, un propósito de justicia social pero, al mismo tiempo, una clara intención político electoral. Sin embargo, aunque este programa resulte más barato y justo, el naufragio del otro sistema, el de las Afores, sigue siendo un asunto muy problemático. El presidente López Obrador además de impulsar el derecho constitucional a la pensión no contributiva, logró que el Congreso aprobara una reforma al sistema privatizado. Esta reforma permitirá que más mexicanos reciban una pensión de las administradoras privadas y mejorará el monto de esa prestación ya que habrá mayores aportaciones de los empleadores y el gobierno, y reduce las comisiones cobradas por las Afores. Así que ahora tendremos, en 2023 y en los siguientes años, mayores recursos públicos destinados para las pensiones contributivas y no contributivas. El problema es que el aumento de esas erogaciones, sobre todo para el sistema de las Afores, representan un serio riesgo para las finanzas públicas. Varios analistas consideran que, en unos cuantos años, se presentará una crisis de tal magnitud que requerirá medidas drásticas. Éstas pueden consistir en varias opciones: algunos han propuesto aumentar la edad de retiro para los sistemas contributivos; otros señalan la necesidad de una reforma fiscal de una magnitud considerable ya que tendría que alcanzar para financiar las pensiones y otros gastos en materia de salud, educación, infraestructura productiva, etc. Hay otra opción: cambiar el sistema privatizado. Otras naciones lo han hecho. De acuerdo con la información de la OIT, 18 países ya revirtieron la privatización de las pensiones: entre 2000 y 2010, la República Bolivariana de Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bulgaria, Argentina, Eslovaquia, Estonia, Letonia y Lituania, Estado Plurinacional de Bolivia, y Hungría. Posteriormente, Croacia y Macedonia, Polonia, Federación de Rusia, Kazajistán, República Checa y, por último, Rumania (2017). Según Berenice Ramírez, estos países crearon un administrador público de pensiones, aumentaron la cobertura, extendieron los beneficios no contributivos e incrementaron la tasa de remplazo (el monto de la pensión que reciben los beneficiarios). Desde nuestra perspectiva, lo deseable es que, esta opción se considere como una de las prioridades reformistas de los próximos gobiernos. La política y la economía no parecen admitir otro camino.

Trabajadores de plataformas digitales o "gig workers"

Trabajadores de plataformas digitales, unidos por el reconocimiento de sus derechos laborales Saúl Escobar Toledo Antes de la crisis sanitaria desatada por la pandemia en 2020, pero con mayor intensidad en los años recientes, se ha multiplicado el reparto a domicilio de diversas mercancías como alimentos, medicinas y bienes de consumo final, así como el servicio de conductores de pasajeros que el cliente solicita a diversas plataformas tecnológicas o digitales por medio, frecuentemente, de su teléfono celular. Por lo anterior, el número de personas que se dedican a esta actividad también ha aumentado notablemente. Ahora, vemos en las calles de varias ciudades, estos repartidores o choferes, transitar, casi siempre muy apurados, en motocicletas, bicicletas, autos y camionetas de distinto tamaño. Lo más grave es que sus condiciones de trabajo son deplorables. Por ello, ha sido una buena noticia que hayan dado a conocer que se han organizado para defender sus derechos. Hace unas semanas, difundieron un Manifiesto en el que señalan el “piso mínimo” que reclaman para superar esta precariedad laboral. El punto central de su reclamo es que se admita la existencia de una relación subordinada a un patrón, es decir que son empleados de una compañía y por lo tanto que se deben reconocer sus derechos como tales. Asimismo, hacen notar que, en estas labores, hay una notable vulnerabilidad de las mujeres como repartidoras y conductoras debido a la violencia de género que sufren por un desproporcionado acoso sexual. Algunas propuestas expuestas en el Manifiesto son: Que se reconozca la existencia de un patrón, que puntualizan como “aquellas personas físicas o morales que, a través de plataformas digitales y similares, definen los mecanismos para el reclutamiento de los trabajadores; establecen el precio de los servicios a los clientes; vinculan en forma automática a los trabajadores con los clientes; hacen uso de la gestión algorítmica para la organización, asignación y evaluación del trabajo, y supervisan el trabajo mediante diferentes herramientas digitales”. Apuntan, igualmente, que el patrón deberá dotar a los trabajadores de los materiales y herramientas necesarias para sus labores. Proponen también la fijación de un salario que pude establecerse “por día, por orden de trabajo, por tiempo de conexión, por boletos vendidos o por kilómetros recorridos y que consistirá en una cantidad mínima, o en una prima sobre los ingresos, o en dos o más de estas modalidades sin que en ningún caso pueda ser inferior al salario mínimo diario”. Asimismo, que las propinas no formen parte del salario ni sean retenidas bajo ninguna causa y entregadas de manera íntegra y exenta del pago de impuestos. Hacen notar que debe reconocerse que el “acoso sexual” puede ser ejercido por el patrón, proveedores, usuarios o clientes del servicio o cualquier persona con motivo de la relación laboral. Y que las personas repartidoras han sido discriminadas por su vestimenta, aspecto físico, discapacidad, etnia, o instrumentos de trabajo. Un aspecto relevante se refiere a los accidentes y enfermedades laborales, que definen como aquellas que atentan contra la integridad física o moral, que pongan en peligro la vida, libertad sexual e integridad de las personas por las labores que realizan durante el tiempo de conexión y hasta el regreso a casa después de su última orden de trabajo, o por desconexión voluntaria. Por ello, agregan, los pedidos deberán entregarse a pie de calle e incluyen como riesgos además de atropellamiento, “las nalgadas, manoseos y cerrar el camino con la finalidad de amedrentar, asustar, o burlarse de la persona trabajadora”. Todas estas propuestas tienen como finalidad, incluirse en un capítulo especial de la Ley Federal del Trabajo y fueron ya entregadas a legisladores y a la Secretaría del ramo. Esta última, según afirman las organizaciones de estos trabajadores, les respondió que tomará en cuenta sus propuestas y que ya prepara un proyecto que dará a conocer próximamente y que incluye “la construcción de un esquema que permita la inscripción tanto de conductores como repartidores en el IMSS”. Hay que subrayar que el asunto de los trabajadores de plataformas digitales ya ha recibido atención por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que en otros países existen legislaciones para protegerlos. Sin embargo, en otros, como en Estados Unidos, todavía no se ha concluido exitosamente una reglamentación legal en esta materia. De lo anterior da cuenta un estudio basado en una encuesta dada a conocer por el Instituto de Política Económica con sede en Washington y que será publicado próximamente por la revista El Trimestre Económico. En ese país se les conoce como trabajadores “gig”. El texto aclara que, si bien el concepto de trabajo no tradicional, temporal y contratado ha existido antes de la era digital, no fue sino hasta 2010 que las empresas de plataforma digital como Uber (y otras como las que operan en México: Didi, Rappi o Beat), comenzaron a darle relevancia y forma a las labores que hoy se definen como “gig”. Y agregan: El trabajo “gig” puede definirse como aquel que realizan individuos clasificados como trabajadores por cuenta propia, autónomos, o contratados de manera independiente. No obstante, en años recientes, el término “gig work” se ha convertido en sinónimo de trabajar para plataformas digitales, incluyendo manejar un auto para aplicaciones que ofrecen viajes, hacer entregas de comida, y llevar a cabo mandados o tareas del hogar. Sin embargo, recalcan, el trabajo “gig” es una denominación equivocada que le permite a las empresas difundir el mito de que estos trabajadores gozan de independencia y control de sus labores, lo que no ocurre en la realidad. Y precisan que las empresas de plataforma digital tratan a los trabajadores que proveen sus servicios no como empleados, sino como contratistas independientes. De esta manera, privan a los trabajadores de derechos fundamentales, incluyendo protecciones al salario, la jornada laboral, la discriminación, compensaciones, beneficios de desempleo y a la organización y negociación colectiva. Los resultados más significativos de la encuesta revelan que estos empleos brindaban malas condiciones laborales. Obtienen muy bajos ingresos, a tal punto que un 20% declaró que “pasó hambre porque no podía pagar lo suficiente para comer.” Y casi un tercio que no pagaron el monto total de sus recibos de los servicios públicos de sus hogares (luz, gas, agua) en el mes anterior a la encuesta. Adicionalmente, un 62% de los encuestados declaró que perdió parte de sus ingresos debido a “dificultades técnicas para marcar la entrada o la salida de sus labores”. La propuesta más importante del estudio citado consiste, como señala el Manifiesto de los trabajadores mexicanos, en ser reconocidos por las leyes laborales y dejar de clasificarlos, erróneamente, como trabajadores independientes. De esta manera, deberán tener acceso a las protecciones laborales fundamentales que les garantiza la ley federal del trabajo. De manera, central, el derecho a sindicalizarse. La investigación concluye afirmando que las empresas de plataformas digitales han establecido un modelo de negocios basado en negar a los trabajadores protecciones fundamentales y gastan cientos de millones de dólares cada año en campañas o litigios para negar la representación sindical de su fuerza de trabajo. Sin duda, los trabajadores de las plataformas digitales requieren de manera urgente de una legislación adecuada. En México, esperamos que las reformas legales incluyan las propuestas del Manifiesto y otras derivadas de las experiencias internacionales. Seguramente encontrarán una dura oposición de las compañías, muchas de ellas con presencia en varias partes del mundo. Sin embargo, las organizaciones de los trabajadores ya han avanzado en un frente común. Los legisladores y el gobierno deben responder, sin vacilaciones, a este llamado justiciero. saulescobar.blogspot.com