Una nueva estrategia de desarrollo para Brasil

Frente “Vamos juntos por Brasil”: por una nueva estrategia de desarrollo Saúl Escobar Toledo

En un documento publicado hace unos días, el Frente que contendrá en las elecciones generales de Brasil el próximo mes de octubre y que tiene como candidato a la presidencia a Lula Da Silva, se plantean, de manera muy general, algunas propuestas para lo que será el programa de gobierno de esta coalición formada por diversos partidos y organizaciones, incluyendo, desde luego al Partido de los Trabajadores (PT). El documento contiene 121 puntos y será sometido a debate público por medio de las plataformas digitales, señalaron los autores. Para ello está disponible en la página https://www.programajuntospelobrasil.com.br. De esta manera, podemos pensar que se trata de un conjunto de bases programáticas que han logrado la unidad de las izquierdas brasileñas para apoyar a sus candidatos y, sobre todo, para ofrecer a la sociedad brasileña un nuevo proyecto “para la reconstrucción y transformación” de ese país. Lo interesante, para el resto de los latinoamericanos, consiste en saber si este proyecto aporta cosas nuevas: en relación con las pasadas administraciones de los gobiernos de Lula y Dilma entre 2003 y 2016, y frente a otros agrupamientos de la izquierda de nuestra región que han logrado ganar la conducción del Estado. Desde este punto de vista, podríamos adelantar que en el proyecto hay, en efecto, nuevas orientaciones, continuidades y, también, ideas que parecen obsoletas o, por lo menos, poco interesantes. El documento señala en primer lugar, como era de esperarse, que “el primer y más urgente compromiso que asumimos es la restauración de las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población brasileña… combatiendo el hambre, la pobreza, el desempleo, la precarización del trabajo y del empleo, y la desigualdad y la concentración de los ingresos y la riqueza”. Estos objetivos son y han sido banderas de las izquierdas y reflejan las principales críticas a los gobiernos neoliberales. Son planteamientos indispensables quede deben ser incluidos en cualquier programa de izquierda. Las novedades surgen cuando señalan que estos propósitos se lograrán mediante “la sustentabilidad social, ambiental, y económica para enfrentar el cambio climático…” Ello, afirman, “requiere cuidar nuestras riquezas naturales y producir y consumir de forma sustentable…”. Es decir, avanzar en la “transición ecológica y energética propiciando el surgimiento de una economía verde incluyente”. Para ello el documento plantea el financiamiento y apoyo a la producción de alimentos de los pequeños agricultores y a la agricultura orgánica. Asimismo, se comprometen a la protección de los derechos y los territorios de los pueblos indígenas. Tenemos, dicen, “el deber de asegurar la posesión de sus tierras, y, al mismo tiempo, combatir la depredación de los recursos naturales y estimular las actividades económicas con menor impacto ecológico”. Para ello, agregan, será necesaria una reforma agraria que propicie una economía verde e incluyente basada en la conservación, restauración y el uso sustentable de la biodiversidad. Estas medidas servirán para alcanzar la soberanía alimentaria apoyando sobre todo la agricultura familiar y a las agroindustrias que agreguen valor a la producción y tengan una alta competitividad mundial. En esta misma dimensión proponen una reforma urbana que reduzca las desigualdades territoriales y fomente la transición ecológica de las ciudades por medio de inversiones en infraestructura del transporte público, vivienda, y equipamiento social. Para ello consideran, se requerirá “un vigoroso programa de inversiones públicas”. Por otro lado, plantean la necesidad de una nueva legislación laboral. Aquí, lo más interesante, es que se trata de extender la protección social para “todas las formas de ocupación, de empleo y de relaciones de trabajo, con especial atención a los trabajadores autónomos, a los que trabajan por cuenta propia, trabajadores domésticos, teletrabajo, home office, y por medio de plataformas y aplicaciones digitales…” Para ello sugieren la necesidad de un nuevo modelo de pensiones y de renta básica ciudadana que transite gradualmente hacia un sistema universal con un financiamiento sustentable. Otro punto destacable consiste en su propósito de fortalecer y modernizar la estructura productiva por medio de la reindustrialización basada en el estímulo a los sectores y proyectos innovadores. Una reindustrialización de nuevo tipo basada en nuevos sectores asociados a la economía digital y verde. Ello, añaden, requerirá un gran proceso de transformación tecnológica. Para financiar estas metas consideran la necesidad de una reforma tributaria solidaria, justa y sustentable, en la que los pobres paguen menos y los ricos más, reduciendo los impuestos al consumo y combatiendo la evasión. Finalmente, hay que señalar que en los puntos que se refieren a la seguridad pública, 31 a 35, lamentablemente no hay nada nuevo. Sin duda es un tema que deberá ser objeto de un debate más profundo. Desde mi punto de vista, el documento propone algunas ideas que reflejan un cambio de estrategia que podemos resumir en varios aspectos: Primero, la insistencia, en todo el documento, de que el desarrollo deberá basarse en una economía verde e incluyente. Segundo, en el señalamiento de que las políticas públicas se enfoquen en la protección de los trabajadores más desprotegidos, especialmente aquellos que laboran por cuenta propia, y en las nuevas formas de contratación que utilizan las redes digitales. Tercero, en la propuesta de una nueva política industrial que no sólo fortalezca el crecimiento de este sector, sino que también lo haga fomentando, mediante la inversión pública, una producción basada en el cambio tecnológico y la transición ecológica. Y cuarto, la mención de una reforma tributaria que combata la corrupción, fomente la transparencia del gasto, propicien el consumo interno y grave a los sectores más opulentos. Si recordamos, las administraciones del PT se basaron en la exportación de bienes de consumo primarios, lo que llevó a descuidar la sustentabilidad ecológica del desarrollo. A pesar de algunos avances legales, se consideraba que “la lógica económica no es compatible con la lógica de la ecología”. Ahora, según el documento, se trata de cambiar completamente este paradigma y se propone que la sustentabilidad ecológica es la mejor vía para el desarrollo económico. Por otra parte, aunque aumentó el consumo interno, se propició un retraso en la industrialización del país y a una pérdida de su competitividad internacional. Al mismo tiempo, se dejó de lado cualquier intento de llevar a cabo una reforma fiscal progresista. Asimismo, se avanzó poco en los propósitos de establecer medidas como la pensión no contributiva y el ingreso básico con cobertura universal. Las políticas redistributivas se basaron en los aumentos del salario mínimo y las transferencias de ingresos a las familias, en especial, las que se encontraban en extrema pobreza. No hubo un programa para proteger, específicamente, a los trabajadores no asalariados más vulnerables. Indiscutiblemente, los gobiernos del PT sacaron de la pobreza a millones de brasileños, se redistribuyó el ingreso y hubo un crecimiento económico importante. Este esquema, sin embargo, se basó en un modelo primario-exportador muy vulnerable a los cambios de los mercados internacionales lo cual se manifestó en el gobierno de Dilma a partir de 2012 El “programa de reconstrucción de Brasil” parece haber aprendido las lecciones del pasado y proponer, en trazos gruesos, un nuevo esquema de desarrollo. Esperemos que se profundice y, por supuesto, que se haga realidad. Significaría un nuevo comienzo de la izquierda brasileña: no sólo al lograr, otra vez, un triunfo electoral y la asunción de Lula a la presidencia de la república; también, ofreciendo una nueva ruta programática de cambio para América Latina. saulescobar.blogspot.com

Estados Unidos y México: una relación económica tóxica

Estados Unidos y México: ¿Una relación económica tóxica? Saúl Escobar Toledo Casi al mismo tiempo, el Banco Mundial y la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) publicaron sendos estudios acerca de la situación económica del mundo y, en particular, de México. El primero, bajó la estimación del crecimiento de nuestro país de 2.1% a 1.7% mientras que la segunda lo hizo de 2.3 a 1.9%. Se trata, desde luego, de malas noticias que se distancian mucho del optimismo gubernamental. Sin embargo, lo más notable es que ambos documentos coinciden en una cuestión de gran relevancia : una de las causas más importantes de nuestra caída tiene como origen Estados Unidos. Dice el Banco Mundial : “Los altos niveles de inflación, la incertidumbre política, la política monetaria más restrictiva y la desaceleración del crecimiento de Estados Unidos, el principal socio comercial del país, pasarán factura al Producto Interno Bruto (PIB) de México”. De esta manera, asegura, nuestra economía crecerá de manera más lenta que el conjunto de América Latina. Por su parte, la OCDE señala que “La turbulencia geopolítica, producto de la guerra en Ucrania, ha generado una nueva fuente de incertidumbre para la economía mexicana. Si bien los lazos comerciales y financieros con los países en conflicto son débiles, las exportaciones mexicanas se verán afectadas indirectamente, principalmente a través de la economía estadounidense” De esta manera, se cuestiona seriamente el fundamento más importante de la estrategia de crecimiento seguida por todos los gobiernos desde Salinas de Gortari (1988-1994) a la fecha. La confianza en que las exportaciones manufactureras de México a Estados Unidos serían el motor de nuestro desarrollo. Ahora resulta que esa integración económica se convierte en una fuente deletérea o, si no queremos exagerar, al menos, perjudicial. Por su parte, la CEPAL ha señalado, también en una publicación reciente, que “El impacto del alza de precios… será diferente de un país al otro. En Colombia, México, Paraguay y Brasil tendrá lugar un fuerte retroceso de la lucha contra la pobreza”. Considera que nuestro país “cerrará el año con un porcentaje de 36.2%, mayor a la tasa de pobreza de 34.9% que se observó el año pasado”. Advierte, además, que el fenómeno puede ser peor: “si se llega a un nivel aún mayor de inflación de lo estimado, la pobreza en territorio mexicano podría llegar a 37.2 por ciento” afectando a entre 1.6 y 2.5 millones más de personas. El trabajo de la CEPAL considera que este aumento de la pobreza se deberá a que México presenta “una de las mayores inflaciones en los precios de los alimentos y bebidas de América Latina” y señala que, en marzo, estos productos se encarecieron 12.1% a tasa anual. De esta manera, un fuerte encarecimiento de estos bienes de primera necesidad, junto con un crecimiento económico muy lento, dan como resultado una mezcla fatal que propiciará un incremento significativo de la pobreza en México. Algunos países podrán ser afectados por la inflación, pero conocerán una mayor expansión económica, lo que se traduciría en un impacto menor en los niveles de pobreza. En cambio, nosotros, en buena medida, según las instituciones señaladas, por nuestros lazos comerciales con EU, tendremos una inflación más elevada y un crecimiento más lento. Esta situación se refleja en nuestro mercado laboral. Sin duda las cosas han mejorado, y en algunos casos hemos llegado a niveles similares a la prepandemia, allá por principios de 2020. Por ejemplo, la tasa de desocupación era de 3.5% en el primer trimestre de 2020 y en abril de este año había bajado a 3%. No obstante, si consideramos los tres indicadores de la llamada brecha laboral (desocupación, subocupación y población inactiva disponible para trabajar) tenemos que a principios de 2020 era de 12.5 millones, un 21.8% de la PEA. En cambio, en el cuarto mes de 2022, agrupaba ya a 14.7 millones y el 24.7% de la PEA. Estas cifras indicarían que no hemos recuperado lo perdido y que de seguir así, al menos 2,2 millones de personas trabajadoras y sus familias, podrían caer en pobreza por la falta de un empleo que les ofrezca un ingreso suficiente.. De otro lado, se advierte que el sector secundario, es decir, la industria y en especial las manufacturas no han tenido un crecimiento notable y representan, al igual que antes de la pandemia, el 25% de la población ocupada. El resto está ubicado en el sector primario (12%) y sobre todo en el terciario, los servicios (63%). No ha habido un cambio sustantivo en la estructura del empleo. Y es que por ejemplo, la industria automotriz, una de las ramas de exportación más importantes, no ha recuperado los niveles de producción y envíos al exterior (principalmente a EU) que tenía antes de la pandemia: a pesar de haber crecido un 15% en mayo de este año, están todavía 22.4% debajo de 2019. Tan mal se ve la posibilidad de que la economía de EU jale a la mexicana que la OCDE considera que uno de los factores que podrían impulsar el crecimiento en México podría ser el gasto social. El otro, por supuesto, como en cualquier economía, tendría que ser la inversión. Sin embargo, esta última no despega en parte porque la inversión pública no lo hace. Y, por su parte, el gasto social, aunque aumentó 1.5% a tasa anual, resulta insuficiente para hacer crecer la economía a ritmos más elevados. Apostarle al aumento del consumo interno, como sugiere la OCDE, en lugar de las exportaciones, significa un cambio de paradigma obligado por las circunstancias. Una reorientación acertada y necesaria. Lastimosamente, lo que hemos escuchado en estos días por parte del gobierno, han sido definiciones que van en sentido contrario: mientras que el presidente López Obrador habla de “pasar de la austeridad a la pobreza franciscana” en lo que toca al presupuesto público, el Secretario de Hacienda peca de optimismo y confía, de nueva cuenta, en los mercados externos. Hace poco aseguró (El Economista, 8 de junio): “los países de las economías desarrolladas, cuyas inversiones se hacían en regiones con mano de obra barata, ahora se enfrentan a costos de transporte elevados ante la interrupción de las cadenas de suministro, así como los recientes incrementos en los precios de los energéticos, fertilizantes y alimentos”. Ello podría dar a México una “oportunidad única”, aprovechando la cercanía geográfica con EU, para convertirse “en un polo de producción en la región”. A largo plazo, el secretario podría tener razón. Ello depende de muchas cosas que hoy se ven inciertas: la guerra en Ucrania, la inflación mundial, las relaciones entre China y Estados Unidos, y los tiempos y ritmos de la economía de este país. Pero la gente necesita comer y tener empleos a tiempo completo hoy. Por eso es importante contar con un proyecto de desarrollo alternativo que no se apoye, exclusivamente, en las exportaciones manufactureras a nuestro vecino del norte. Si aumentar el gasto público y, en especial, la inversión, puede hacer que los precios crezcan aún más, ello podría ser un fenómeno reversible o transitorio si el crecimiento económico se acelera gracias a una expansión de la producción y el consumo interno y, por lo tanto, del empleo. Y, sobre todo, sería más justo y sentaría las bases para un desarrollo más independiente. ¿No son ésas las metas a las qué deberíamos aspirar? saulescobar.blogspot.com

El rezago en infraestructura, la gran falla de las políticas neoliberales

Infraestructura: la gran falla estructural de las políticas neoliberales Saúl Escobar Toledo Podría decirse que hay una opinión unánime acerca de la importancia de la inversión en infraestructura ya que se considera una de las palancas más importantes para el desarrollo económico y el bienestar de las personas. Por ejemplo, el CIEP ha señalado que: “La infraestructura, entendida como estructuras, equipo e instalaciones creadas mediante ingeniería y de larga duración, es uno de los aspectos que contribuye a que una ciudad, región o país se desarrolle económica y socialmente.” (CIEP, 2020) Se ha afirmado incluso que las diferencias en los ritmos y calidades del crecimiento económico entre distintos países se puede explicar por los recursos que se destinan a este rubro. La inversión en infraestructura tiene efectos a corto plazo debido a la contratación de trabajadores y al aumento de la demanda final de bienes de consumo. También, por el llamado efecto multiplicador, debido a requiere de insumos de un amplio número de empresas que, a su vez, emplean a más personas y requieren de otros bienes intermedios. A más largo plazo, el gasto en este renglón aumenta la productividad de las economías pues las mercancías se fabrican, distribuyen y venden más rápido y de manera más eficiente. Finalmente, este tipo de inversiones frecuentemente alienta el desarrollo tecnológico y la capacitación de los trabajadores en diferentes niveles. Sin embargo, diversos países, desarrollados y en desarrollo vieron disminuir sus erogaciones en infraestructura en las últimas décadas. Por ejemplo, un estudio (Fair, 2021) afirma que en Estados Unidos el gobierno de ese país empezó a invertir cada vez menos en este renglón, como porcentaje del PIB, desde los años setenta, tendencia que se mantuvo hasta hace poco tiempo, cuando el presidente Biden anunció un plan de inversiones muy cuantiosas. Según este ensayo, la inversión se sostuvo entre 1950 y 1970 de manera constante y luego empezó a caer de manera persistente tanto en los renglones relacionados con la defensa (industria militar) como en la civil. Tomando en cuenta el volumen total, se sostuvo en un rango de 1.1 – 1.2 % del PIB y luego cayó al 1% en 1980 y posteriormente hasta 0.7% en 2019. En el caso de la inversión no militar, ésta cayó de 0.85% en 1970 a alrededor del 0.63% en 2019. En conjunto, la declinación más acelerada y profunda ocurrió después de 1985. El autor incluye gastos como equipamiento y productos de propiedad intelectual; la educación; el transporte; la energía; carreteras y avenidas; sistemas de drenaje; sistemas de agua; y otras estructuras o construcciones. No todas estas categorías conocieron la misma tendencia. Las más castigadas fueron: energía; drenaje; y agua. Educación tuvo una ligera alza en 2010 pero no ha logrado remontar los niveles de los años setenta. Además, el análisis da cuenta de que no todos los países del mundo siguieron esta tendencia pues algunos elevaron su inversión en relación con el PIB en las últimas décadas. De manera notable, China y algunos otros países asiáticos como Japón Y Corea. En cambio, los países más avanzados en su conjunto vieron caer el gasto público en infraestructura desde 1985, la elevaron un poco a fines del siglo pasado y luego volvió a caer notablemente entre 2005 y 2017. Estas cifras son interesantes porque podrían explicar que la caída de la inversión pública, en diversos países, incluyendo México, como veremos más adelante, se debió a factores políticos y económicos. La crisis de las décadas de los setenta y ochenta llevó a los gobiernos a imponer restricciones del gasto en muchas áreas, particularmente en infraestructura. Los gobiernos supusieron que esos huecos serían llenados por el sector privado y que la inversión pública era un factor negativo para que ello sucediera. Durante estos años, la postura neoliberal ha proclamado la libertad de los mercados y de los flujos de capitales. Sin embargo, los resultados mostrarían que la caída del gasto público más bien llevó a varios países a un retraso en la productividad y la caída del bienestar de las personas. Otro estudio afirma que: “está claro que cuando el gobierno invierte en infraestructura, hay muchas oportunidades para que se aliente la colaboración pública-privada y las ganancias de las empresas…. Y que, sin inversión pública, la infraestructura se abandona con efectos devastadores en cascada en toda la economía” (Childs, 2016) Tal cosa se mostró en la propuesta del presidente Biden de fines de 2021, la cual, según fuentes oficiales “reconstruirá carreteras y puentes en ruinas, remplazará tuberías, ayudará a proporcionar Internet de alta velocidad a todas las familias de EU…” además de otras acciones, relacionadas con la modernización de aeropuertos, ferrocarriles y puertos, equipamiento urbano, provisión de agua, fomentar el uso de autos eléctricos, y mayor abastecimiento de energía limpia (White House, 2022) Las cantidades anunciadas suman alrededor de un billón de dólares. Si atendemos las cifras del estudio de Fair, esta cantidad representaría una ruptura con el pasado inmediato, pero sería inferior a la tendencia de los años cincuenta y ochenta ya que para alcanzar esos niveles se requerirían al menos 2.1 billones de dólares. (p. 27) En México, sucedió una cosa similar: “La inversión pública federal empezó a caer en 1982 como resultado de la crisis de la deuda. Tuvo su punto más alto en 1981 con más de 10% del PIB y cayó a su punto más bajo en 1999 con el 1.8% del PIB. Se recuperó en el siglo XXI hasta llegar al 3.1 en 2008 y 4.5% en 2009”. Esta caída no fue reemplazada por la inversión privada, tal cosa se reflejó en que la “formación bruta de capital fijo en México cayó de más del 20% en los primeros años de los ochenta a poco más del 10% en 1995 para recuperase parcialmente hasta 15% a principios del siglo XXI.” (CIEP, 2020:15) Por ejemplo, la inversión en energía, en términos absolutos, sufrió uno de los. recortes más importantes. Entre 1980 y 2006, el total destinado pasó de 3.5% a 0.5% del PIB. No obstante, a partir de ese año, la tendencia se revirtió y el gasto creció de forma acelerada hasta el final del periodo. Así, la inversión en este rubro alcanzó 2.3% del PIB en 2009. Sin embargo, los niveles alcanzados al final del periodo de análisis representaron el 57% del nivel máximo ocurrido en 1981. Según este estudio, durante los últimos 10 años, la inversión pública ha representado, en promedio, 5% del PIB. El año con más recursos fue 2016, con 5.9%, mientras que en los últimos tres años de la década se reportan los índices más bajos, con 3.1% del PIB en cada uno de ellos. De esta manera, del 2013 a 2020, el gasto en infraestructura presenta una caída de 40% en términos reales Por otra parte, según cifras de Banobras y Hacienda (2021), la inversión pública en infraestructura cayó hasta un 2% del PIB en 2001, se elevó a casi 5% en 2014, y luego declinó a poco menos del 3% en 2019-2020. La inversión en energía declinó entre 2009 y 2020 del 2.3 al 1 %; comunicaciones y transportes, del 0.5% en 2014 al 0.2% en 2020; salud, del 0.2% en 2010 al 0.1 % en 2020; abastecimiento de agua y alcantarillado, del 0.3% en 2010 al 0.1% en 2020. Estas cifras mostrarían algunos matices de las prioridades de los distintos gobiernos, pero en su conjunto, dejan ver, al igual que en la administración de AMLO, que la tendencia general ha sido hacia la baja. Veamos más detenidamente las cifras del gobierno actual. A pesar de los grandes proyectos anunciados y del debate que han generado, sobre todo en los medios de comunicación, se puede observar que, de acuerdo con la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022, hay un crecimiento real importante de la inversión pública (14.1%) lo que llevaría este renglón a su nivel más alto desde 2017. Sin embargo, resultaría inferior en más de 2 puntos porcentuales al que se obtuvo en 2014. (SHCP, 2021). De acuerdo con ese mismo documento, el presupuesto 2022 incluiría alrededor de 128 mil millones de pesos (de un total de 982 mmp) para los proyectos prioritarios en infraestructura, entre otros: Conectividad del AIFA, 1.7 mmp; Tren México Toluca 7 mmp; Tren Maya 63 mmp; Istmo de Tehuantepec 10 mmp. Por su parte, los proyectos sociales (transferencias de dinero a familias), suman 392 mmp. El más importante el de adultos mayores (con 238 mmp, es decir el 60% del total). De lo anterior, podríamos sacar algunas observaciones: Primero, que la administración de AMLO produjo un cambio positivo en la inversión pública en materia de infraestructura. Sin embargo, fue insuficiente no sólo respecto a las cifras históricas, sino también en función de la caída de la economía como resultado, principalmente, de la pandemia. Segundo, los proyectos más importantes se han concentrado en el sureste del país, particularmente la refinería, el Tren Maya y el proyecto del Istmo. Ello significa un gran acierto dado que se trata de la región más atrasada del país. No obstante, hay que señalar que el más discutible ha sido el Tren Maya. Como hemos visto, la inversión en infraestructura tiene dos funciones: aumentar el empleo y el consumo y, además, incrementar la productividad. El Tren Maya, sin duda, cumplirá con el primer objetivo, pero no está clara su utilidad en el segundo caso ya que se ha afirmado que servirá principalmente para el turismo. Es decir, como un medio de atracción de divisas. La duda acerca de los beneficios a la economía de la región en materia, por ejemplo, de transporte de carga, no ha quedado plenamente demostrado y dependerá de otras acciones que promuevan el surgimiento y desarrollo de nuevas actividades productivas. (Escudero, 2020) Por otro lado, las quejas de algunas comunidades y ambientalistas han causado diversas inquietudes. Y finalmente, hay que recordar que el turismo aporta beneficios económicos y, al mismo tiempo, empleos precarios y otras calamidades. El caso de la Rivera Maya es, en este sentido, ejemplar (cf. Norio, 2020). Por su parte, el AIFA si bien fue terminado en los plazos establecidos, ha carecido de conectividad y de una adecuada planeación del espacio aéreo. Ambas cosas son superables, pero en un plazo más largo del deseado y muestran una planeación deficiente. En lo que se refiere a Dos Bocas los especialistas nos invitan a no confundir soberanía con eficiencia energética. Para superar este último aspecto habría que dar prioridad al programa de rehabilitación de refinería, especialmente Salina Cruz y Salamanca, cuya operación genera una gran proporción de combustóleo y gas: éste último se quema afectando al medio ambiente (Ruiz, 2020) Tercero. El gasto social presupuestado para 2022, por ejemplo, en salud, es de 824 mmp, superior al de los últimos años; sin embargo, el de educación disminuye como porcentaje del PIB. En cambio, las transferencias en efectivo, particularmente a los adultos mayores, han aumentado y se han convertido en una prioridad. Cuarto. En síntesis, ante las restricciones presupuestarias, las opciones del régimen dan cuenta de acciones que resultan insuficientes para alcanzar metas claras. Hay diversos esfuerzos y al mismo tiempo grandes rezagos. En conjunto, las fallas dejadas por el neoliberalismo no se superan, tomando en cuenta, incluso, los nuevos proyectos. Es así en lo que toca al gasto social y, también, en materia de inversión púbica e infraestructura. Ello tiene un origen: la política económica conservadora (o procíclica) del gobierno de AMLO. Sin contratar mayor deuda (a pesar de que ha aumentado la magnitud de su financiamiento por la situación económica mundial) y sin reforma fiscal, el gobierno ha tenido que mantener un bajo perfil de gasto. Los nuevos proyectos, distintivos de esta administración, quizás verán sus impactos y su conveniencia en el largo plazo. En el corto plazo, las insuficiencias señaladas están pesando, negativamente, en los ritmos crecimiento y por lo tanto en la recuperación de la economía y el empleo. Bibliografía Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, y Secretaría de Hacienda (2021), Inversión Histórica en Infraestructura, disponible en proyectosmexico.gob.mx Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (2020), Infraestructura en México, Prioridades y deficiencias del gasto público. Disponible en ciep.mx Childs, William R., (2016) “How public and private Enterprise have built American infrastructure” (disponible en: origins.osu.ed.) Escudero, Erik, (2020) El Tren Maya y las expectativas para el transporte intermodal, disponible en https://thelogisticsworld.com. Fair Ray C. (2021), U.S. Infraestructure: 1929 – 2019, (disponible en fairmodel.econ.yale.edu) Norio, Elisa, 2020. “Why are tourist resorts attractive for transnational crime? The case of the Mayan Riviera” Disponible en: www.emerald.com Ruiz, Flavio e Iván Garza Moreno (2020). Pemex: el necesario ajuste ante la nueva realidad (manuscrito) Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2021). Paquete Económico 2022. Criterios Generales de Política Económica. White House (2022), Hoja informativa: enero 14, 2022, (disponible en whitehouse.gov.) (fin de las notas: 24052022)

La política comercial del gobierno de EU: confusa y contradictoria

Las contradicciones del gobierno Biden y sus posibles repercusiones en México Saúl Escobar Toledo Hace pocos días el presidente de EU visitó Japón y en ese país anunció la posible creación de un nuevo bloque económico para, afirmó, contrarrestar la hegemonía de China y reafirmar la influencia de su país en la región. Este anuncio se hace cinco años después de que su predecesor, Trump, retiró a EU de un tratado comercial que había sido impulsado por otro presidente, Barak Obama, el TPP o Acuerdo Trans-Pacífico. El nuevo bloque reuniría a países como Japón, Corea del Sur, y la India y se propone establecer nuevas reglas comerciales: se la bautizó como “Indo-Pacific Economic Framework” (IPEF), que podría traducirse como Marco Económico Indo-Pacífico. En total serían 13 miembros, incluyendo además de EU, a Australia, Brunéi, Indonesia, Malasia, Nueva Zelandia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. Juntos, representan el 40 por ciento de la economía mundial, una población de 2 mil quinientos millones de personas y el 40 por ciento del producto bruto global. Se trata de una zona que ha tenido los ritmos de crecimiento más elevados del mundo. Con el IPEF, según el gobierno demócrata, se están construyendo las nuevas reglas del comercio del siglo XXI y una pieza central para restaurar el liderazgo económico de EU en la región. Estas nuevas reglas, sin embargo, no contemplan la apertura de los mercados, como lo hacen los acuerdos comerciales, lo que pone en duda su importancia. En realidad, hay muchas dudas acerca de lo que el IPEF realmente representa a pesar del optimismo del gobierno Biden. Hay que recordar que hace pocos meses China logró un pacto comercial con 15 países de Asia Pacífico. La mayoría de las naciones que se aliaron con China ahora también aceptaron formar parte del IPEF con Estados Unidos. De esta manera, algunos países podrían pertenecer a tres acuerdos distintos: el que encabeza China, el TPP, y el que recientemente proclamó EU. Otros países como México y Canadá, que forman ya parte del TPP, además son socios en el T-MEC y no estarían en el IPEF recién anunciado. Esta sopa de letras puede parecer confusa. Y lo es, no sólo por la diversidad de membretes sino también porque, particularmente en el caso de Asia, la competencia entre China y EU pasa por una feroz disputa de los socios comerciales. Lo poco que se sabe hasta ahora del IPEF es que está basado en dos ideas, aparentemente contradictorias: disputarle a China su hegemonía en la región y establecer acuerdos con diversos países, pero sin negociar una reducción de aranceles o abrir sus fronteras a los socios del bloque. De lo que se trata, dicen los estadounidenses, es de elevar los niveles laborales y del medio ambiente. Y, afirman, se enfocará en cuatro metas sustantivas: coordinar esfuerzos para asegurar las cadenas de abastecimiento; expandir la producción de energías limpias; luchar contra la corrupción; y ensanchar el comercio digital. El IPEF se presenta además como un mecanismo flexible en el que cada país puede escoger en cuáles de estas cuatro áreas establecerá sus compromisos, y no obligatoriamente en todas. Se espera iniciar las negociaciones en junio o julio y tener listos los primeros resultados entre 12 y 18 meses para someterlo a la ratificación de cada gobierno. Los ambientalistas y los grupos sindicales tendrán un lugar prominente en la mesa de negociación, dijeron los convocantes, aunque algunos de estos grupos, en EU, ya mostraron su escepticismo: consideran que el comercio digital acelerará la contratación de servicios (y empleos) fuera de EU en especialidades como medicinas y otros servicios industriales. Muchos analistas, después de conocer el anuncio de Tokio, se preguntaron si el IPEF es viable ya que no ofrece ventajas comerciales a sus integrantes y, al mismo tiempo, los obligaría a someterse a las reglas que EU exige en materia laboral y de medio ambiente. Para algunos medios empresariales de EU, como Bloomberg, el IPEF debe ser el peldaño para llegar a un acuerdo de libre comercio. Por lo tanto, aseguran, sus términos deben ser replanteados y Estados Unidos debería unirse al TPP despreciado por Trump y no andar inventando nuevos mecanismos poco comprensibles. En otras palabras: EU, en su afán de “frenar a China y sus agresiones” como dijo el secretario de Estado Blinken, está buscando aliados o, por lo menos socios, para cercar al gigante asiático. Sin embargo, sus esfuerzos se riñen con su necesidad de asegurarle a sus clientelas políticas internas, sobre todo al interior del Partido Demócrata, que no regresará a los viejos acuerdos de libre comercio que han auspiciado la salida de empleos a otras partes del mundo. ¿Por qué es importante entender este escenario tan complejo y qué efectos podría tener para México? Por lo pronto, habría que destacar que la posición contradictoria del gobierno Biden quizás esté mostrando que se encuentra en una situación muy frágil: el IPEF anunciado en Tokio no sólo tiene objetivos externos, también busca fortalecer su posición frente a las próximas elecciones de noviembre. Para ello, quiere mantener un difícil equilibrio entre los sectores de votantes, especialmente de la clase obrera industrial que simpatizaron con Trump y los republicanos, los cuales ya no quieren más libre comercio; y otro sector, beneficiado por la globalización, que reclama nuevos acuerdos que sigan abriendo las fronteras nacionales en diversas partes del mundo. Los primeros exigen, como en el caso de México, acciones de represalia y vigilancia cercana para que las empresas no abandonen EU aprovechando fuerza de trabajo más barata y menores costos ambientales; los segundos, creen que la libre movilidad de capitales y mercancías de seguir siendo la base de la prosperidad de EU. Esta ambigüedad puede resultar catastrófica para la administración demócrata si los electores y los grandes consorcios advierten que Biden no queda bien con nadie. De esta manera, podrían retirarle su apoyo. Un vuelco electoral severo, en EU, tendría consecuencias para México ya que podría orillar a un nuevo replanteamiento de su política con nuestro país en varios aspectos, algunos incluidos en el T-MEC. Un congreso controlado por los republicanos podría endurecer las reglas de este acuerdo y frenar el comercio entre ambos países Sin embargo, por otro lado, hay quien asegura que estamos observando una nueva ola de inversiones externas en nuestro país para tratar de sustituir la producción que hoy se elabora en China. Según un reportaje del New York Times, de diciembre de 2021, varias empresas se han dado cuenta de que es mejor que las cadenas de abastecimiento estén cerca geográficamente: una cadena más corta, es más fuerte, dicen ahora, después de sentir los efectos de la pandemia y el bloqueo de los puertos. Ello implica cambiar de lugar las fábricas de China a México, de preferencia al norte de nuestro país, donde la fuerza de trabajo es barata, hay muchos terrenos disponibles y la frontera está a muy poco tiempo por carretera. Estamos hablando, dicen, de Ciudad Juárez, Tijuana, Reynosa, Matamoros y Piedras Negras. A esta transformación, los inversionistas la llaman “near-shoring” y afirman, según el NYT, que se trata de una ola que apenas está comenzando pero que será “de largo plazo”. Si lo anterior se confirma, habrá fuertes presiones para hacer más flexible el T-MEC, sobre todo en la parte laboral. En resumen, en EU se libra una lucha interna cuyos resultados son difíciles de prever. México es una pieza de este complejo escenario. Lo que está en juego, sin embargo, afectará al mundo. Por ello, en vista de las contradicciones e incertidumbres que afectan al gobierno de Biden y a sus políticas comerciales, tendríamos que pensar en que nuestra integración económica a EU, tal cual está planteada hoy, no puede ser la única vía para nuestro desarrollo. Otras alternativas son posibles, pero requieren imaginación, consensos y decisión política. saulescobar.blogspot.com

Pobreza laboral y desamparo en México durante la pandemia 2020-2021

Pobreza y desamparo Saúl Escobar Toledo Hace unos días se dieron a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2021 que realizaron la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en colaboración con el INEGI (disponible en https://www.cnbv.gob.mx). Es la cuarta vez que se realiza un ejercicio similar; esta vez se llevó a cabo entre junio y agosto de 2021 en viviendas y a personas entre 18 y 70 años, e incluyó “las afectaciones económicas ocasionadas por la enfermedad COVID-19”. De toda la información disponible, vale la pena resaltar, en esta ocasión, tres aspectos: la mala situación de los trabajadores mexicanos; la vulnerabilidad de las familias; y la debilidad institucional para atender ambas cuestiones. En lo que se refiere al estado deplorable del mercado laboral, hay un indicador interesante: se preguntó a los entrevistados si “posee o tuvo posesión de una cuenta de ahorro para el retiro”. Independientemente de las fallas de este sistema de pensiones, individual y privado, el que un trabajador sepa que está inscrito en una AFORE y que sus patrones aporten a esa cuenta, es un indicio de que su empleo está protegido por la seguridad social y de que tiene cierta estabilidad (por lo menos en comparación a los que no tienen o no saben que tienen una cuenta para su retiro). Los resultados muestran que sólo el 39% tiene una prestación de este tipo; el 7.4% que alguna vez tuvo; y el 53.5% que nunca ha tenido una cuenta en una Afore. La brecha de género es notable pues mientras que casi la mitad de los hombres respondieron afirmativamente, sólo el 31% de las mujeres lo hicieron. Lo anterior, creo, refleja, que más del 60% de los mexicanos en edad de trabajar no lo hacen o laboran en condiciones precarias e informales. También revela que la exclusión y discriminación de las mujeres es muy grande: un número reducido cuenta con un empleo formal y la diferencia con sus pares masculinos es ancha, casi 20 puntos porcentuales. La desigualdad regional también es muy acusada: mientras el Noroeste (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora) y la Ciudad de México tienen niveles cercanos al 50% de trabajadores inscritos en una cuenta para el retiro, en el Sur, Centro Sur y Oriente del país (Campeche, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Oaxaca. Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz), los porcentajes apenas llegan al 30-32%. Por otro lado, se preguntó si “de julio de 2020 a la fecha (mediados de 2021), ¿lo que ganó o recibió cada mes fue suficiente para cubrir sus gastos?”, el 52% respondió que no, seguramente debido a los efectos de la pandemia y a las condiciones estructurales de vulnerabilidad de sus empleos. Luego se les preguntó qué hicieron en este último caso, es decir, si no pudieron llevar a casa los bienes indispensables. Las respuestas fueron: el 54% “pidió prestado a familiares o personas conocidas”; el 56% “utilizó el dinero que tenía ahorrado”; el 20% “vendió o empeñó algún bien” y, algo tan lamentable como previsible, el 80% de las personas “redujo sus gastos”. La magnitud del daño causado durante los años 2020 y 2021 alcanzó a cuatro quintas partes de los mexicanos quienes tuvieron que reducir su consumo, suponemos que fundamentalmente de alimentos, mercancías como ropa y calzado, o servicios (transporte, educación, salud). Se entiende que los entrevistados pudieron elegir varias respuestas y respondido afirmativamente a las cuatro preguntas. Sin embargo, podemos asumir que las redes familiares o deshacerse una parte de su patrimonio, o ambas, sirvieron en parte, pero no totalmente, para detener la caída del consumo normal de las familias. Resulta entonces evidente, la ausencia de la ayuda o protección del Estado. Debido a esta falla, la inmensa mayoría de los mexicanos sufrieron, al mismo tiempo, una reducción de sus compras más esenciales y, además, tuvieron que deshacerse de una parte de su patrimonio (sacando su dinero del “colchón” o vendiendo o llevando algunos de sus bienes a las casas de empeño). La pobreza se manifestó entonces en dos sentidos: una reducción de su gasto, y una pérdida de su patrimonio. La condición precaria de los trabajadores mexicanos y sus familias también quedó en evidencia cuando se les preguntó “Si usted dejará de recibir ingresos, ¿Por cuánto tiempo podría cubrir sus gastos con sus ahorros?”. De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 32% de los mexicanos sólo puede aguantar “menos de una semana o no tiene ahorros”; otro 21% apenas podría cubrir sus gastos “al menos una semana, pero menos de un mes”; y el 26 % “al menos un mes y menos de tres meses”. Es decir, el 80% de los mexicanos en edad de trabajar, si fueran despedidos de sus empleos, dejaran de laborar, o recibir algún pago por alguna otra razón (y no estuvieran asegurados), aguantarían a los sumo tres meses para cubrir sus gastos. Aquí se revela otra falla institucional, la inexistencia de un seguro de desempleo, pues éste podría dar respiro por lo menos por seis meses al trabajador que perdió su trabajo. Esto puede resultar vital para impedir que esa persona caiga en la economía informal (incluyendo actividades ilícitas), o en un desempleo demasiado prolongado que puede llevar a su familia a la pobreza extrema. En el caso de los trabajadores que no cuenta con un empleo asalariado o remunerado, se podrían pensar en otros mecanismos de protección que se pondrían en marcha en situaciones especiales, por ejemplo, una renta o ingreso focalizado por tiempo determinado. O, siendo más optimistas, por un fondo especial, con recursos públicos que podría existir de manera permanente y recibir aportaciones de los trabajadores cuando cese la emergencia. El dato más sorprendente de la encuesta que nos ocupa la encontramos cuando se les preguntó: “¿Usted recibe algún apoyo económico o programa de gobierno como personas adultas mayores, Becas Benito Juárez, Jóvenes construyendo el futuro, entre otros?”. Sólo el 9.5% contestó que sí: 11.5% en el caso de las mujeres y 7.2% en el caso de los hombres. En cifras absolutas, ello se traduce, según el estudio, en 8 millones de personas, 5 millones de mujeres y casi 3 millones de hombres (esta diferencia podría deberse a que las madres de familia cobran las becas escolares para sus hijos más que los hombres). En cambio, se puede suponer que casi el 91% de los mexicanos en los rangos de edad señalados, carece de apoyos gubernamentales: casi 76 millones de personas. Estas cifras pueden tener algún error o desviación. Los autores del estudio advierten una confianza del 90% y que su estimación tiene un “coeficiente de variación menor o igual al 15%”. Es decir, como toda encuesta, no puede ser un reflejo exacto de la realidad. En este último asunto, hay que subrayar que el gobierno afirma que tan sólo el programa “pensión para el bienestar de las personas adultas mayores” abarca casi 8 millones de beneficiarios. De cualquier manera, las cifras son dignas de un estudio más detallado y revelarían que los apoyos del gobierno llegan a un número muy reducido de la población. A pesar de las imprecisiones que puede tener la encuesta que comentamos, sus resultados muestran crudamente la ausencia de protección del Estado para la inmensa mayoría de los mexicanos en materia de ingresos. Es decir, sin tomar cuenta las carencias en materia de servicios de salud, educación, vivienda, infraestructura urbana, agua, etc. Ahora que, a los perjuicios de la pandemia se ha sumado la inflación, el desamparo de los mexicanos se revelará aún mayor, desafortunadamente. Sume usted a lo anterior, la política de Hacienda y el Banco de México, austeridad y elevación de las tasas de interés, y el resultado será un agravamiento de la situación de las familias en los próximos meses. Además, el mensaje del 15 de mayo, acerca de los aumentos salariales a los maestros no parece anunciar tampoco buenas noticias: ¿estamos, otra vez, como en los mejores tiempos neoliberales, ante una política de topes salariales? saulescobar.blogspot.com

Los y las trabajadoras del hogar: víctimas de violaciones a la LFT, el racismo y el abuso

Trabajadores del hogar: nuestra escasa cultura laboral Saúl Escobar Toledo El pasado primero de mayo miles de trabajadores salieron a marchar por las calles de México después de dos años de reclusión debido a la pandemia. Durante ese lapso muchas cosas han cambiado. La situación económica del mundo y de México no presenta un panorama optimista para los trabajadores. Sin embargo, no sólo ha habido malas noticias: en el aspecto legal, poco antes de la irrupción del COVID, se aprobaron reformas a la Ley Federal del Trabajo para garantizar la libertad y la democracia sindicales. Pocos meses después se aprobó el capítulo XIII de la LFT que norma a las “Personas Trabajadoras del Hogar” con doce artículos nuevos. En 2021, se aprobaron otras reformas, en este caso acerca de la subcontratación; la fijación anual de los salarios mínimos que “nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia transcurrido”; y, en ese mismo año, se aprobó también otro capítulo nuevo acerca del “Teletrabajo” (art. 330 A-K). Estos cambios legales enfrentan ahora el reto de su implementación. Algunas están avanzando, aunque quizás más lentamente de lo que se esperaba; otras están en una fase muy inicial, por ejemplo, la del trabajo a distancia y la que se refiere a los y las trabajadores del hogar. En este último asunto, debe recordarse que se reformó la LFT para prohibir la contratación de adolescentes menores de quince años de edad; fijar las condiciones de trabajo mediante contrato por escrito; la regulación de la jornada diaria; las prestaciones a las que tienen derecho: vacaciones, prima vacacional, pago de días de descanso y aguinaldo; su incorporación al régimen obligatorio del seguro social; y el goce de un salario mínimo profesional que deberá fijar cada año la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Era de esperarse que todas estas disposiciones, en especial, la contratación por escrito y el pago de prestaciones no serían fácilmente aceptadas por los patrones. No obstante, hay dos cuestiones que deberían estar más avanzadas en su cumplimiento: su incorporación a la seguridad social y el pago, por lo menos, del salario mínimo profesional. Este último se fijó, para el año 2022, en 260.34 pesos diarios para la Zona Norte y de 187.92 pesos para el resto del país. Es apenas, 8.7 % superior al mínimo. No está claro por qué se llegó a esta cantidad. Es ligeramente superior al de un cantinero (a) preparador de bebidas (183.01 pesos); un velador (179.08 pesos); un recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje (175.77); y casi igual al de un chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos (187.34 pesos). Estas diferencias parecen tener poca justificación, sobre todo cuando se trata de unos cuantos pesos. De cualquier manera, no significan una cantidad fuera de la realidad o imposible de cumplir por los empleadores. No hay duda de que, quienes ganan estos salarios, se sitúan en el la parte inferior de los ingresos laborales. Según el IMSS, a finales de enero, el salario promedio diario del conjunto los trabajadores era de 466.8 pesos, pero los del hogar, afiliados a esta institución, ganaron 230.5 pesos promedio, aunque calcula que el resto de los que laboran en esta actividad recibieron apenas 155.1 pesos. Por otro lado, como señaló la misma institución, hasta febrero de 2022 únicamente 43 mil 823 trabajadores del hogar habían sido afiliados al IMSS. Esa cifra representa apenas 1.8% del total, 2 millones 336 mil 518 personas, según INEGI. Y eso, a pesar de que las cuotas son razonables: por ejemplo, si se contrata a una persona, tres días a la semana con un salario mínimo profesional, se pagaría al IMSS una cuota obrera de 66.95 pesos, más la aportación patronal de 581.77: en total 648.72 pesos mensuales. Así pues, los trabajadores del hogar siguen siendo, a pesar de las modificaciones legales, los que reciben los ingresos más bajos y los más desprotegidos. Las razones de esta situación pueden ser varias. Como en el caso de muchos otros trabajadores, hay una fuerte resistencia de los empleadores para cumplir con la ley. Además, la posibilidad de que la autoridad pueda inspeccionar sus centros de trabajo (hogares) es muy compleja y se antoja casi imposible. Hay que tomar en cuenta que México tiene actualmente una legislación muy avanzada en la materia. Sin embargo, llegó tarde. El Convenio 189 de la OIT “Trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos”, fue aprobada en 2011. Y pocos años después, varios países latinoamericanos se adhirieron: Argentina y Brasil en 2013, lo que incluyó la aprobación de leyes nacionales ad hoc; Bolivia y Ecuador, en ese mismo año; Chile en 2014; y especialmente Uruguay, primer país en el mundo en ratificar el Convenio y que cuenta con una de las legislaciones más avanzadas de trabajo doméstico en la región La situación de México, tanto por la tardanza en legislar al respecto como por las condiciones pandémicas, es todavía bastante mala en los hechos. Pero, igualmente, parecería mostrar la existencia de una cultura laboral muy atrasada, lo que tampoco es ajeno a la gran mayoría de los patrones y trabajadores de este país. En este caso, además, las resistencias o rechazos son aún mayores debido a otros fenómenos lamentables. En primer lugar, una cultura racista que considera a estos trabajadores indignos del derecho laboral por su apariencia o pertenencia étnica. También, a una cultura patriarcal que considera su contratación como un servicio y hasta un “favor”, y al salario como una dádiva o ayuda. Los empleadores no admiten ser patrones obligados a tratar a sus trabajadores como tales debido a que esas tareas se realizan en su propio hogar, en el cual, según esta creencia, “no hay leyes ni autoridad gubernamental que valga”. Y, finalmente, la presencia de una cultura machista. Dado que la mayoría de los empleados en el hogar son mujeres, éstas son, muchas veces, víctimas de ultrajes laborales y de hostigamiento sexual. Toda esta suma de prejuicios y atavismos proviene, desde luego, de hace muchos años. No obstante, por lo que se aprecia, muy pocos jefes y jefas de familia los han superado a pesar de que, probablemente, en esos hogares, las personas tienen una educación profesional; un empleo que requiere cierta especialización; y un nivel y estilo de vida conectado a los avances tecnológicos y la “vida moderna”. Podría decirse, entonces, que los trabajadores del hogar son el ejemplo más extremo de la supervivencia de una cultura de exclusión, discriminación y falta de respeto a los derechos humanos, en especial los laborales. ¿Cómo romper con estas visiones y fomentar un nuevo trato a las personas que laboran a domicilio? Diversas organizaciones de la sociedad civil han propuesto realizar campañas de comunicación a cargo del conjunto de las instituciones del Estado a nivel municipal, estatal y federal. Pero, quizás, la principal responsabilidad, recaiga en los sindicatos. Las organizaciones gremiales nuevas o ya existentes deberían reforzar su labor de convencimiento. Sólo cuando un trabajador se asocia a otros que sufren condiciones similares, se atreve a hablar, conocer y exigir respeto a sus derechos. Valgan estas notas, unos días después del primero de mayo, para subrayar la importancia de las organizaciones de los trabajadores. Pueden ser portadoras de un nuevo proyecto de país, más justo e igualitario, y también, como en el caso de las y los trabajadores del hogar, un frente de lucha contra la discriminación, el machismo, el abuso y la impunidad. Si estas batallas prosperaran, cada día (el portal del IMSS para la inscripción está abierto permanentemente y es de fácil acceso), tendríamos un país con una calidad de vida mejor y una convivencia más armoniosa. Una familia que acepta y promueve la dignidad de otras personas, en primer lugar, de aquellas que los apoyan en las tareas hogareñas más indispensables, estará más propensa a respetar a sus propios miembros. saulescobar.blogspot.com

La Tormenta perfecta según la ONU

La “tormenta perfecta” Saúl Escobar Toledo Hace pocos días, el secretario general de la ONU afirmó en una conferencia de prensa que el mundo está al borde de una “tormenta perfecta”. Se refería a una triple crisis que amenaza al planeta: de alimentos, de energía y financiera. Esa “tormenta”, agregó, podría “trastocar miles de millones de vidas” arrojándolos al hambre, la pobreza y el desempleo. Y es que, como se dice, llueve sobre mojado pues la economía mundial ya está muy golpeada por el COVID-19 y el cambio climático. Ahora, con la guerra de Ucrania, las cosas están empeorando. Los funcionarios de esa institución con sede en Nueva York agregaron que alrededor de 1 700 millones de personas que viven y laboran en 107 economías ubicadas principalmente en África, Asia-Pacífico, y América Latina y el Caribe, están expuestas al menos a uno de los tres riesgos señalados, La secretaria general de la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) agregó, en esa misma sesión, que están calculando una disminución del crecimiento económico mundial de un punto porcentual para 2022, del 3.6 previsto, al 2.6%. La alarma de Naciones Unidas proviene de varios indicadores. Primero, los precios de las materias primas se han disparado a niveles sin precedentes. Éstas incluyen alimentos y energéticos, especialmente petróleo, gas, trigo y cebada, además de fertilizantes. Pero en segundo lugar y sobre esto es necesario llamar la atención, es que, en el caso de los asuntos financieros, se proyecta que los países en desarrollo requerirán 310 mil millones de dólares para cubrir sus obligaciones del servicio de la deuda pública externa en 2022. Hay que recordar que los niveles de deuda, debido a la pandemia, se elevaron sustancialmente. Con la nueva situación, se pueden, afirmó la UNCTAD, “generar ondas de choque financieras que puedan empujar a algunos países a una espiral de insolvencia, recesión y detención del desarrollo”. Es decir, una ola de moratorias de pagos que contagiarían a todo el mundo y afectaría sus economías. Las posibilidades de una crisis financiera se agravan en la medida en que se están endureciendo las políticas macroeconómicas. Tal cosa se ha visto reflejada en el alza de las tasas de interés y en la terminación de las compras de activos por parte de los bancos centrales en las economías avanzadas (lo que se ha llamado quantitative easing o flexibilización cuantitativa). La UNCTAD afirma que los aumentos ya se han visto reflejados en los rendimientos de los bonos de los países en desarrollo, los cuales venían aumentado desde septiembre de 2021. Luego, desde el estallido del conflicto en Ucrania, las tasas han aumentado en otros 36 puntos básicos, por término medio. Además, los países que dependen en gran medida de las importaciones de alimentos han experimentado incrementos mayores. El organismo de la ONU subraya que los países ricos están cancelando los programas de apoyo al desempleo, las transferencias y las ayudas a las empresas y los hogares. Esto está ocurriendo a pesar de que la inflación aún no ha provocado un crecimiento salarial sostenido, lo que deja sin fundamento el supuesto peligro inminente de un aumento descontrolado de salarios y precios. Es decir, están aplicando una política equivocada que sólo va a empeorar las cosas; alegan combatir la inflación principalmente con el freno de la oferta productiva, lo que solo conduce a mayor desempleo y a un crecimiento más lento. Sin embargo, ante la presión de las corporaciones (sobre todo financieras) y una parte de la opinión pública que ve en peligro sus ahorros, los gobiernos no ven otra alternativa. Por otra parte, afirma también la UNCTAD, se están observando movimientos desordenados de los mercados financieros mundiales. “La fuga de capitales y la volatilidad en los mercados de materias primas, divisas y bonos, se propician debido a que los inversores buscan refugios seguros”. Los grandes inversionistas, como siempre, van a depositar sus cuantiosas fortunas en paraísos fiscales o en inversiones seguras como los Bonos del Tesoro de E.U, retirándolos de las economías de los países menos desarrollados. Lo anterior se traduce en inestabilidad de los tipos de cambio y por lo tanto en un incremento del costo de los préstamos que normalmente están contratados en dólares, lo que en particular afecta a los países de renta media (como México), con el riesgo de graves dificultades de pago de la deuda externa. Todo esto podría resultar, según la ONU en una “combinación devastadora para las economías en desarrollo”. Por ello, el informe señala que las obligaciones del servicio de la deuda pública a corto plazo son una preocupación creciente. Se prevé, insiste, en que los países menos desarrollados necesitarán 310 mil millones de dólares para cubrir el servicio de la deuda pública externa en 2022, lo que equivale al 9,2% del saldo de la deuda pública externa a finales de 2020. ¿De dónde van a salir ese dinero? La UNCTAD hizo recomendaciones como: un mayor apoyo financiero multilateral, “más concesional y menos condicionado”, para que los países en desarrollo puedan resistir los choques financieros y económicos y puedan aumentar la inversión para apoyar el crecimiento económico. También, un mayor uso de los Derechos Especiales de Giro para complementar las reservas oficiales y proporcionar liquidez de forma oportuna para evitar graves ajustes deflacionarios. Lo anterior requeriría dotar de más fondos al FMI y al BM, una responsabilidad que deberían asumir los países más ricos. Finalmente, la ONU recomienda echar a andar políticas sectoriales, incluidos los controles de precios y las subvenciones, para hacer frente a las presiones de la oferta y el aumento de la inflación. Según esta recomendación los estados deberían diseñar una política industrial, agraria, minera. etc. mediante una mayor regulación estatal y otorgando subsidios para la producción. La UNCTAD no dice de dónde podría venir el dinero para fortalecer la oferta productiva, pero se supone que de la ayuda internacional o de nuevos impuestos. En síntesis, tenemos encima el riesgo de una crisis financiera a menos que se consigan varios cientos de miles de millones de dólares para apoyar el pago de las deudas públicas y una cantidad desconocida pero igualmente, de grandes magnitudes, para financiar la reactivación en los países menos desarrollados. Sin embargo, la guerra en Ucrania está complicando enormemente las cosas y haciendo que la cooperación internacional se dificulte aún más. Por ello, detener la guerra es crucial para evitar o reducir el riesgo de estas amenazas. Si ésta se alarga, cualquier solución se ve difícil de alcanzar y será casi imposible detener la falta de alimentos, las sequías e inundaciones, el desempleo, los desarreglos financieros y, consecuentemente, la devastación de la vida de miles de millones de gentes. El panorama suena alarmista pero los datos y diagnósticos de Naciones Unidas suelen ser confiables. Por ello, en México, deberíamos prepararnos para estos escenarios. Sin embargo, no se observa esta discusión en ninguna de las instituciones. El Banco de México sigue pensando en aumentar las tasas de interés a lo largo del año mientras que Hacienda afirma que la estabilidad está garantizada. Por su parte, el Congreso parece tener otras prioridades. La reforma a la Ley Minera aprobada el martes 18 (en la Cámara de Diputados) fue sin duda un acierto. Sin embargo, afecta casi exclusivamente al litio y deja intocada la explotación de otros minerales. Además, no se ha presentado un plan de inversiones para su explotación. Sin esto último, la reforma puede quedar en puros buenos deseos. Frente a las advertencias de las Naciones Unidas, como dice la película (Don´t look up, del director Adam McKay), los responsables de las instituciones estatales no quieren “mirar arriba”. Y, sin embargo, los cielos anuncian una tormenta de época. Prefieren pensar en la próxima elección y no en la siguiente crisis. saulescoba.blosgspot.com