Outsourcing o subcontratación: ¿hay diferencias?

¿Outsourcing?

Saúl Escobar Toledo

Como parte del debate sobre las reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que están a punto de culminar en el Senado, esperemos que con buenos resultados a pesar de la enorme presión empresarial para cambiar el sentido del dictamen aprobado en la Cámara de Diputados, han surgido otros temas importantes. Uno de ellos es el del llamado outsourcing.

Tanto los medios de comunicación como los diputados y senadores utilizan ahora este término como si su significado estuviera perfectamente claro. Sin embargo, como veremos, las cosas no son tan sencillas. En primer lugar, habría que decir que se trata de un neologismo que se empezó a utilizar en las últimas décadas del siglo pasado y que no tiene una traducción precisa en español. Podría interpretarse como abastecimiento externo, en referencia a las empresas que adquieren un insumo (refacciones, maquinaria, tecnología, servicios o fuerza de trabajo) de otra empresa asociada para producir un bien final. 

Al principio se usaba sobre todo para aludir a la contratación   de mano de obra por fuera de la empresa. De esta manera, la responsabilidad legal, su administración y reclutamiento queda en manos de una tercera empresa, aunque el personal trabaja en las instalaciones que recurre al outsourcing. En este sentido, equivale en español a la palabra subcontratación. De hecho, en la literatura escrita en inglés subcontracting y outsourcing se usan como sinónimos.

Posteriormente, sin embargo, el significado de este vocablo se amplió para referirse a otros fenómenos, sobre todo al desplazamiento de procesos productivos de un país desarrollado a otro menos desarrollado.  Es el caso de las automotrices: Ford, por ejemplo, tienen fábricas de motores en México, pero el resto de los componentes y el ensamble final se realiza en otros países. Otro ejemplo, son las maquiladoras que producen algunas refacciones o componentes para la elaboración de teléfonos celulares, computadoras y otros productos electrónicos.  China se convirtió desde hace varias décadas en el destino favorito de esta modalidad del outsourcing. Posteriormente, el outosurcing se extendió a servicios y tareas como el telemarketing y a otras más sofisticadas, como el diseño de software o programas de ingeniería. En este último caso, India se distinguió como un caso muy exitoso. Sin embargo, hay que recalcar en todas estas modalidades, el diseño, la producción y la distribución de los bienes y servicios adquiridos permanecen bajo el control de los administradores de la empresa matriz.

Así, el outsorcing puede ocurrir dentro o fuera del país inversor (en este último caso también se usa la palabra offshoring) y referirse a, por lo menos, tres modalidades distintas:  1) la subcontratación de fuerza de trabajo, 2) al desplazamiento de fragmentos del proceso de producción a varias empresas localizadas en diversas partes del mundo, o 3) la adquisición de servicios especializados a proveedores diversos. 

En los medios de comunicación, la literatura académica e incluso en los documentos oficiales que circulan en Estados Unidos y otros países de habla inglesa, el término outsourcing se utiliza, casi siempre, para describir los casos 2 y 3. Y es que estos fenómenos han traído, como una de sus consecuencias más importantes, la redistribución de los empleos a nivel mundial ya que las cadenas de valor se han fracturado entre un gran número de empresas localizadas globalmente.  Un reparto que, sin embargo, no es parejo pues las matrices se quedan con la parte más sustanciosa y cara del proceso productivo y por lo tanto con los trabajadores más calificados y mejor pagados.

Destacados investigadores han afirmado que éste es uno de los rasgos más importante de la globalización actual. Los grandes consorcios navegan alrededor del mundo buscando costos más bajos, sobre todo salarios y ventajas fiscales, para elevar rápidamente sus ganancias.  Es sin duda uno de los temas más debatidos en la opinión pública y la academia sobre todo en EU y Europa. Hay un amplio consenso en que ello ha redundado en el desplazamiento o cancelación de puestos de trabajo en los países más desarrollados. Precisamente, el malestar que ha provocado este fenómeno fue una de las causas que propició el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. De ahí sus consignas como América Primero y su preocupación por reducir el déficit comercial, sus críticas al viejo TLCAN, y sus promesas de regresas los empleos a Estados Unidos.

Así pues, es importante no confundir estos tres fenómenos que frecuentemente se engloban bajo el término outsourcing. Hay que subrayar, además, que el offshore outsourcing, es decir la fragmentación, descolocación, externalización, terciarización, o como quiera llamarse en castellano al fenómeno de producir y adquirir insumos de capital o servicios en distintos países para la producción de un bien final, es un fenómeno que surge gracias a los avances de la tecnología (principalmente el internet y las llamadas tecnologías de la información) y la liberalización de los mercados de capitales y mercancías. En cambio, el otro fenómeno, el outsourcing local, entendido como la subcontratación de mano de obra para que labore en las instalaciones de una empresa a cargo de una tercera, tiene que ver más bien con la naturaleza de las instituciones de ese país, sus leyes laborales, sus políticas, la fuerza de sus sindicatos.

Dicho esto, hay que subrayar que, para este último caso, no hay mejor palabra en español que subcontratación. Además, se encuentra ya en nuestra legislación (como régimen de subcontratación) y parecería completamente inconveniente sustituirlo por otro vocablo, en este caso, de un idioma extranjero.

 Diferenciar la subcontratación de los otros fenómenos a los que alude el outsourcing es importante pues de esta manera podremos entender mejor sus causas y consecuencias. Las leyes, las políticas públicas y las acciones que deberían promoverse para enfrentar estos fenómenos no pueden ser iguales. El outsourcing entendido como la instalación en México de empresas que producen refacciones o servicios especializados para la producción de un bien final, como en el caso de las maquiladoras, las automotrices o la aeronáutica, requieren de políticas públicas que alienten la producción de infraestructura, la sustitución de insumos importados, una mayor capacitación de la mano de obra, el fomento de tecnologías producidas localmente, y una mayor protección del trabajo y de los salarios.

En cambio, la subcontratación, es decir la compra de fuerza de trabajo a una empresa externa para evadir la responsabilidad laboral, requiere sobre todo de la aplicación de la ley. En las últimas décadas, las autoridades fomentaron esta práctica que ahora es común en oficinas públicas, negocios de todo tipo, pequeños, medianos y grandes, incluyendo cafeterías, hoteles y reparto de comida rápida, en la industria de la construcción, y hasta en las instalaciones de poderosas empresas e instituciones financieras (Bancomer). Aquí no se trata, en lo fundamental, de una fragmentación de los procesos productivos, producto de la globalización, sino de una política laboral abusiva que se aprovecha de la permisividad gubernamental y de la debilidad de las organizaciones de los trabajadores.

Por ello, ahora que se ha agendado para su discusión, convendría dejar a un lado la palabra outsourcing para referirse a la subcontratación de la fuerza de trabajo. No se necesita ese disfraz idiomático. Tampoco se trata de cuidar la pureza del lenguaje.  El propósito consiste, más bien, en hablar claro y enfrentar el problema en sus justas dimensiones. De otra manera, se puede convocar a un debate en el que se hable de muchas cosas distintas sin llegar a conclusiones que realmente sirvan para corregir las flagrantes violaciones a los derechos laborales.

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Pensiones: la reforma de la reforma

Saúl Escobar Toledo

Una de las llamadas reformas estructurales más importantes que se impuso en diversas partes del mundo en plena ola neoliberal consistió en el cambio del sistema de pensiones, de un esquema basado en la solidaridad intergeneracional y administrado por el Estado, a otro privatizado, de cuentas individuales, y rendimientos inciertos. 

Esta gran reforma, según un estudio reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha resultado un fracaso (el texto completo se pude consultar en:  https://socialprotection-humanrights.org/wp-content/uploads/2018/10/Reversing-Pension-Privatizations.pdf). El libro llega a esta conclusión, documentada y sin ambages, a partir de un análisis pormenorizado de 15 países, entre otros, Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela (desafortunadamente no incluye a México).

Anunciada hace ya más de tres décadas, como la gran solución para enfrentar el envejecimiento de la población y asegurar la sustentabilidad de las pensiones, los resultados han sido, en general, adversos. El análisis ofrece 12 argumentos contundentes, entre ellos, que las tasas de cobertura, es decir el número de trabajadores participantes en el sistema pensionario, se estancó o disminuyó; la tasa de remplazo, o sea el ingreso que recibe el trabajador al retirarse, como porcentaje de su salario cuando estaba en activo, se redujo, provocando una mayor pobreza de los adultos mayores. No se cumplió así con uno de los principales propósitos de la reforma, proveer un pago seguro y digno para los jubilados.  Además, los costos de transición del viejo modelo al nuevo fueron demasiado altos y provocaron fuertes presiones fiscales. Lo mismo sucedió con los servicios de administración, lo que afectó las cuentas de los trabajadores, obviamente reduciendo la cuantía de sus pensiones y aumentando las ganancias de administradoras privadas (en México, las AFORES). El estudio también señala otro problema mayor: la regulación de estos agentes fue laxa, cayendo en manos de grupos de interés pues los órganos encargados de vigilar y administrar el sistema fueron ocupados por miembros del sector financiero privado. Así, se establecieron vínculos entre las autoridades políticas y las empresas con el objetivo de cuidar los intereses de estas últimas, no de los trabajadores. No resulta sorprendente entonces que, al paso de los años, se haya formado un mercado oligopólico, con una baja competencia, dominado por un puñado de grupos multinacionales.

Todavía más, los fondos provenientes del ahorro forzoso de los trabajadores y de las contribuciones patronales (cuando las hubo) no se invirtieron en proyectos de desarrollo nacional sino en los mercados de capitales, alimentando la especulación. Y, cuando se convirtieron en deuda pública, ésta sirvió para financiar los costos de transición, generando un círculo vicioso. Peor aún, en momentos de crisis (como en los años posteriores a 2008), los rendimientos de los fondos se desplomaron y las pérdidas se transfirieron a las cuentas de los trabajadores. De esta manera, según el estudio de la OIT, los principales beneficiarios fueron las grandes empresas financieras.

Esta reforma neoliberal fue apoyada decididamente por los organismos internacionales, el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y se impuso, muchas veces sin consulta ni diálogo suficiente. Entre finales del siglo XX y principios del XXI, treinta países privatizaron parcial o totalmente sus sistemas de pensiones contributivas. De ellos, catorce fueron latinoamericanos, incluyendo México, otros catorce europeos (sobre todo del Este), Rusia, y dos naciones más ubicadas en África.

En varios casos, cuando se empezaron a ver los resultados de la reforma en los bolsillos de los jubilados, se produjo un amplio malestar social y fuertes protestas obreras, destacadamente en Chile y Argentina por mencionar los más conocidos para nosotros. En otras naciones, los costos fiscales hicieron reflexionar a los gobiernos sobre la viabilidad de la reforma. El estudio da cuenta de que, hasta el año pasado, dieciocho países, es decir la mayoría, habían revertido la privatización total o parcialmente: Bolivia, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bulgaria, Argentina, Eslovaquia, Estonia, Letonia, y Lituania, Hungría, Croacia, Macedonia, Polonia, Rusia, Kazajistán, la República Checa, y Rumanía. 

Llevar a cabo  la reforma de la reforma, según el estudio de la OIT, arrojó resultados positivos: los beneficios de los trabajadores mejoraron en la mayoría de los casos, aumentaron las tasas de remplazo, se crearon administraciones públicas más eficientes y menos costosas reduciendo los cargos a las cuentas de los trabajadores. El cambio benefició sobre todo a las mujeres. E incluso ha tenido impactos fiscales alentadores,  mejorando las finanzas públicas, por lo menos en el corto plazo, lo que permitió invertir parte de los fondos nacionalizados en proyectos de beneficio general.

En la reforma de la reforma que llevaron a cabo algunos de estos países, se logró también incluir una pensión solidaria no contributiva (es decir financiada con impuestos generales y no mediante cuotas obrero-patronales) de carácter universal. Con ello, el sistema se amplió y los beneficios se extendieron a sectores de la población no ocupados, informales o que no cubrieron los requisitos de años trabajados.

En México, prácticamente todos los problemas señalados como producto de la privatización, también ocurrieron. La generación de trabajadores que se jubilará bajo este esquema en los próximos años recibirá un ingreso muy reducido. La tasa de remplazo será muy baja, incluso más que en los casos estudiados por la OIT; muchos de ellos recibirán una pensión garantizada por el Estado, lo que significará un enorme esfuerzo fiscal. Y otros no recibirán ni un centavo.  La pobreza acecha a millones de adultos mayores que laboraron muchos años y esperan una pensión digna. En nuestro caso, también puede afirmarse que los grandes beneficiarios han sido las compañías financieras, a costa del deterioro de las instituciones, el IMSS y el ISSSTE, y de su capacidad de mejorar sus servicios y cobertura.

Para nadie escapa, incluyendo los representantes de las empresas privadas (AFORES), organismos como el Banco Mundial y la OCDE, y las autoridades hacendarias del nuevo gobierno, que es indispensable llevar a cabo un conjunto de reformas. El problema es que los interesados y ganones de este experimento, con el aparente consenso de personeros del gobierno de AMLO, creen que el mismo modelo pude corregirse con algunas enmiendas, a pesar de que el mundo, como hemos visto, va en sentido contrario. Un proyecto de ley que anda circulando en el Congreso confirma esta creencia. Afortunadamente, no ha sido dictaminado.

La cuantía de lo que está en juego, un mercado financiero de aproximadamente 15% del PIB, según datos oficiales, puede hacer creer a nuestras autoridades que volver a un esquema de administración pública sería una tarea extremadamente riesgosa. Pero el estudio de la OIT ofrece una visión más optimista y tranquilizadora. Además, el malestar social y la extensión de la pobreza y la desigualdad, como resultado del experimento neoliberal, ya están aquí. Es necesario entonces que, una vez resueltas la reforma educativa y la laboral, se abra un gran diálogo social que permita discutir las opciones que tenemos realmente, no sólo aquellas que seguirían engordado a las grandes empresas, casi todas multinacionales. Si dieciocho naciones (incluyendo la Federación Rusa, más poblada y más rica), con el apoyo de sus trabajadores, pudieron llevar a cabo una verdadera reforma de la reforma y reconstruir un sistema público, solidario y más justo, debemos tomarlo en cuenta y actuar en consecuencia.  Corregir el rumbo es posible y necesario. Si se puede, aseguran los expertos de la OIT.

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Aquí pueden consultar el ejemplar correspondiente al segundo trimestre 

Ruego su atención a la nota “Un nuevo Trimestre Económico “ PP. 229-232.

El resto del contenido fue preparado por la dirección saliente.

http://www.eltrimestreeconomico.com.mx/index.php/te/article/view/875/1057

Reforma laboral: el intento de un gran engaño

Saúl Escobar Toledo

La reforma laboral parece llegar a su etapa final: según se ha anunciado, terminadas las audiencias públicas, a partir de abril comenzará a elaborarse el dictamen correspondiente en la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados. Su aprobación se daría a mediados de ese mes para, después de semana santa, pasar a la de Senadores. De esta manera, unos días antes del primero de mayo, ésta última la votaría en el pleno. Tenderemos entonces una nuevo marco legal en materia de trabajo.

Sin embargo, las presiones para que esta reforma se convierta en una simulación se han dejado sentir desde el principio. Recordemos que en 2017 se decretaron las enmiendas constitucionales al artículo 123. Sin embargo, los cambios a la Ley federal del Trabajo (LFT) se congelaron durante la administración anterior. Fue hasta que se instaló el nuevo Congreso cuando realmente empezó a elaborarse una propuesta congruente con las nuevas disposiciones adoptadas en la carta magna. Éstas, se pueden resumir en tres: crear Tribunales Laborales adscritos al Poder Judicial, desapareciendo así las Juntas de Conciliación y Arbitraje; crear una instancia de conciliación prejudicial y, además, responsable de los registros de sindicatos y contratos colectivos; y garantizar el ejercicio del voto personal, libre y secreto de los trabajadores en la elección de sus dirigentes y de sus  comisiones encargadas de negociar las cláusulas contractuales.

La oposición se ha concentrado en la instancia de conciliación, que según la Constitución debe ser un organismo descentralizado que contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Y que se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad.

Pues bien, los representantes del capital, como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la COPARMEX (con matices), y por su parte, las viejas centrales sindicales, en particular la CTM, han manifestado su deseo de que esta instancia sea tripartita, en la que participen, dicen, trabajadores, empresas y empresarios (sic) y la autoridad como gran mediadora.

Sus razones: respetar la tradición del derecho laboral mexicano y sobre todo, afirman, mantener la paz y la competitividad internacional de las relaciones obrero-patronales pues ello ha sido determinante para las inversiones nacionales y la atracción del capital internacional. Los representantes del sindicalismo de viejo cuño agregan que sería una intromisión gubernamental que el Centro se propusiera exigir constancias o verificaciones que demuestren la voluntad mayoritaria de los agremiados para la elección de sus dirigentes, para pertenecer a un sindicato, o para aprobar la firma de un contrato colectivo.

A estos argumentos jurídicos se suman rumores políticos no comprobados, una campaña insidiosa e incoherente que supone la existencia de un plan del gobierno actual para apropiarse del control de las organizaciones sindicales (nuevas o existentes) y para permitir la injerencia de asociaciones extranjeras en nuestra vida laboral.

Lo que se intenta, en realidad, es fraguar un gran engaño: convertir el organismo de conciliación y registro en un aparato bajo el control de las dirigencias patronales y los vetustos personeros del sindicalismo para que nada cambie. Es decir, para que la democracia y la libertad de asociación no se conviertan en una opción legal. Conservar el manejo de los registros de asociaciones en manos de quienes lo han manipulado durante los últimos setenta años, mantendría sometidos a los trabajadores a prácticas como los contratos de protección que se negocian a sus espaldas.

Sus intenciones encuentran, sin embargo, dos obstáculos: el primero, la voluntad expresa del gobierno actual incluyendo la Secretaría del Trabajo; del grupo parlamentario de MORENA, que mantiene la mayoría en ambas cámaras; y de  agrupaciones  independientes. La cúpula empresarial cree que puede cambiar esta situación mediante amenazas de cancelar inversiones y fugas de capitales. Pero el segundo escollo es más complicado, pues se trataría de engañar a la OIT y, sobre todo, a los gobiernos, parlamentos y sindicatos de Estados Unidos y Canadá, firmantes del llamado T-MEC, el nuevo Acuerdo de Libre Comercio entre los tres países, que en sus cláusulas laborales y en un anexo especial han comprometido al Estado mexicano a realizar los cambios en la LFT de acuerdo a los señalado en el 123 constitucional.

Con el fraude que intentan cometer, se arriesgan a que el Acuerdo trinacional sea rechazado por los legislativos de los países socios de México. Particularmente en Estados Unidos, donde la nueva mayoría demócrata en la Asamblea de Representantes de ese país votaría, seguramente,  en contra de la ratificación del Acuerdo. Además, las representaciones obreras de esas naciones, que han estudiado el tema a profundidad, difícilmente se tragarían la pifia, ejerciendo una presión adicional sobre sus gobiernos y parlamentos.

Así pues, los empresarios que precisamente hablan de atraer inversiones a México parecen actuar de manera irrazonable pretendiendo boicotear un acuerdo que resulta indispensable para el flujo de capital extranjero a nuestro país. Parecen no darse cuenta de que, en las actuales circunstancias, muy excepcionales pero realmente existentes, el esquema de vender a México mediante salarios de hambre   y pobres condiciones de trabajo, no puede seguir vigente, al menos bajo las mismas condiciones.

La posición del viejo sindicalismo no sorprende pues desean seguir usurpando la voluntad de los trabajadores. Se equivocan, además, en sus argumentos legales: el organismo de conciliación y registro, tal como dice la Constitución, no sería un instrumento del gobierno sino del Estado mexicano. Tal como otras entidades de este tipo, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral. En este caso se trataría de garantizar el cumplimiento de la democracia sindical mediante la verificación del voto mayoritario de los agremiados. Y el respeto a la libertad de asociación, incluyendo la opción de no pertenecer a sindicato alguno.

Las huelgas de Matamoros deben ser entendidas como un llamado de atención en este sentido. Pensar que forman parte de un plan deliberado para el surgimiento de un nuevo corporativismo o para amenazar a la clase empresarial nacional y extranjera, es completamente equivocado. Al contrario, esos movimientos son una señal de que, si no se abren los canales legales, los trabajadores tendrán que actuar fuera de las instituciones para plantear sus reclamos.

La oposición del sindicalismo, ayer corporativo ahora de protección patronal, no representa gran cosa. La posición empresarial en cambio es un factor más importante. Su reacción ha sido dominada más bien por el miedo que por la razón. Acostumbrados, como ellos mismos afirman, a que en este país no haya huelgas, creen que cualquier protesta obrera se convertirá en una sublevación generalizada. Que abrir un resquicio legal para la democracia y la libertad sindical significa desatar un movimiento que necesariamente llevaría a exigir aumentos inmoderados de salarios que afectarían la estabilidad económica del país. Se equivocan también porque, al contrario de lo que suponen, fortalecer las instituciones laborales puede encauzar, en paz y ordenadamente, el descontento acumulado de tantos años de exclusión y abuso.

Apoyar el cambio mediante la ley siempre será mejor opción que apostar por la trampa, la simulación, y el ocultamiento. Por ello, las reformas a la LFT que hoy prepara el Congreso de la Unión y, en particular, el asunto de la composición y funcionamiento del organismo de conciliación y registro de sindicatos y contratos es un punto vital. Adulterar la Constitución de la República para volverlo tripartito es la ruta equivocada: equivale a engañar al mundo y a los mexicanos, y renunciar a construir una nueva relación, más equilibrada y dentro de los cauces legales, entre empleados y empleadores. Esto último no sólo beneficiaría a la parte obrera, también podría servir para mejorar la productividad, el diálogo y la concertación entre los factores de la producción.

En este momento culminante, los legisladores tendrán que elegir entre esas dos opciones: una institución verdaderamente autónoma e independiente, o una de corte tripartito. El primer camino es el de un cambio, que implica riesgos y probablemente algunos costos, pero que al final significa ampliar la vida democrática del país. El segundo, es simplemente cometer un atraco que no pasaría inadvertido ni aquí ni fuera del país.

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El mundo en 2019 : rupturas, desorden y confusión

La situación mundial: rupturas, desorden y confusión

Por Saúl Escobar Toledo

¿Cómo pinta el mundo en 2019? Según los editores de la revista Project Syndicate (PS) atravesamos por un momento peligroso de la historia. Para entender los riesgos del presente, publicaron en papel (sus ediciones son siempre digitales y pueden encontrarse en https://www.project-syndicate.org)  un número especial con un título provocador: La Gran Disrupción, el cual reunió colaboraciones de más de veinte autores que aportaron diversas visiones. Los responsables de la revista consideran que a un siglo de haber terminado la primera guerra mundial hay muchas similitudes entre el momento actual y el periodo que se vivió alrededor de 1918, cuando una ola nacionalista cambió a Europa. Su preocupación se centra en los líderes políticos demagogos de EU y de aquella región que, con un discurso nacionalista, racista y de culto a la personalidad pretenden obtener ganancias políticas para atraer el voto de los inconformes y excluidos. Por ello, dicen, podemos cometer los errores del pasado, los cuales como se sabe condujeron a la consolidación de gobiernos fascistas y a la segunda guerra mundial.

Los editores advierten que los economistas de la corriente dominante (mainstream) podrían creer que estos peligros son simplemente una hipérbole, una exageración, pues el crecimiento económico se mantiene, aunque de manera desigual, y la inflación está controlada. Pero estos indicadores no deben ocultarnos el hecho de que la macroeconomía es eminentemente política pues los distintos grupos de la sociedad experimentan su propia situación de diversas maneras. En realidad, afirman, hay una polarización creciente.  La gente siente que los beneficios de la globalización y las nuevas tecnologías no están siendo compartidas de manera justa o pareja. Las divisiones entre ricos y pobres, entre viejos y jóvenes, entre los rural y lo urbano (y agregaríamos nosotros entre hombres y mujeres) se están ampliando y ese sentimiento se origina en la realidad, pero también ha sido amplificada por las redes sociales. Las tecnologías digitales, incontroladas, se han convertido también en un factor de polarización pues han concentrado las ganancias de manera desproporcionada en unas cuantas compañías beneficiando a los más ricos, inflando los valores de los activos financieros. La lucha por el control de la tecnología entre Estados Unidos y China a su vez, está polarizando el planeta entre las dos potencias económicas.  A lo anterior hay que agregar la situación crítica en materia de seguridad, migración y el clima. Todo ello, señalan, deberían hacer pensar a los expertos que la ruptura y el desorden que vivimos, es decir la Gran Disrupción, es algo más que un exceso retórico y que debe tomarse en serio.

Hay que recordar que la inestabilidad actual viene de la Gran Recesión de hace diez años, la cual causó una severa caída de la economía global y fuertes tensiones políticas y sociales. Crisis que, por cierto, no fue advertida por los economistas ortodoxos.

Para entender el momento que vivimos, la nota introductoria de esta edición especial acude a Antonio Gramsci, el intelectual y dirigente comunista italiano, quien afirmó que: las crisis consisten precisamente en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer, en este interregno ocurren los fenómenos morbosos más variados.

Si entendemos por morbosos, en este caso, aquellos fenómenos que están relacionados con una enfermedad, podríamos decir que el mundo vive una situación especial caracterizada por acontecimientos, sobre todo en la política, en la que aparecen personajes, organizaciones y movimientos anormales, en el sentido de que rompen con el pasado y con las conductas y posiciones dominantes, reflejando así las condiciones de  un sistema mundial defectuoso, enfermo: la globalización neoliberal de las últimas décadas.

La peligrosidad de la situación actual es compartida por diversos especialistas de otras partes del mundo. Los economistas Jomo K. Sundaram y Valdimir Popov, el primero residente en Kuala Lumpur, Malasia, y el segundo en Berlín, advierten también que la situación económica puede desatar una guerra mundial. Los temores, cada vez mayores, de una nueva crisis financiera, afirman, se alinean con una preocupación creciente de que ocurra un conflicto militar a gran escala.

Ello se debe a la desigualdad económica que se combina con las posiciones ultranacionalistas de algunos gobiernos, sobre todo el de Trump. A pesar de la crisis económica que estalló hace más de diez años, no se ha avanzado en corregir las debilidades económicas debido fundamentalmente al ascenso del capital financiero a costa de la economía real. De esta manera, no se han llevado a cabo las reformas necesarias para resolver la creciente informalidad del trabajo ni para estimular la producción. En cambio, los precios de los activos financieros se han elevado incluso por encima del nivel que tenían antes de 2008. Así, el desorden económico, tan prolongado, está fomentando el conflicto y la intranquilidad entre las naciones y al interior de ellas.

La polarización que vive el mundo también se está dando en el plano intelectual. Frente al desorden que describe PS, el pensamiento dominante ha tratado de poner las cosas bajo la disyuntiva de mantener el orden actual o caer bajo las garras de políticas populistas. No hay más opciones.

Sin embargo, como dice Dani Rodrik en uno de los ensayos del ejemplar de la revista, después de la Gran Recesión y ante las medidas proteccionistas que tomó Donald Trump, inéditas en la historia del comercio internacional desde la segunda posguerra, se reconoció que la hiper globalización había dejado fuera a mucha gente. Se admitió la necesidad de buscar mecanismos compensatorios más robustos. Pero estas inquietudes han desaparecido. En estos días se escucha mucho de las virtudes del sistema de comercio libre y multilateral pero casi nada del severo desequilibrio que ha creado. Sin embargo, dice Rodrik, necesitamos desesperadamente una nueva visión del comercio mundial. Los gestos grotescos de Trump nos han llevado a una falsa elección entre apoyar sus medidas o defender las viejas reglas. Si de veras pensamos que la globalización puede beneficiar a todos, no debemos caer en esta trampa.

El discurso de nosotros los neoliberales o ustedes los populistas es una falsa disyuntiva que no reconoce opciones nuevas al poner bajo el mismo sello a fenómenos tan disímbolos como, por ejemplo, las nuevas corrientes socialistas en el Partido Demócrata de Estados Unidos y al mismo presidente Trump tan sólo porque ambas disienten y pretenden romper con el consenso dominante. La diferencia ideológica, teórica y política en este caso es profunda y reconocerlo abre precisamente la posibilidad de sortear los peligros actuales, incluyendo una conflagración.

El premio Nobel de economía Joseph Stiglitz, en este número de PS, hace una dura crítica de las políticas de Trump y concluye que, a pesar de sus promesas de romper con las élites y sus políticas, en realidad se ha provocado una congelación de los salarios y se ha abandonado a los trabajadores desplazados por la globalización y los avances tecnológicos. Todavía peor, agrega, la marca Trump, caracterizada por el racismo, la misoginia y la excitación nacionalista ha tenido seguidores en Brasil, Hungría, Italia, Turquía y otras partes del mundo.

El mundo vive hechos insólitos, fenómenos sobre todo políticos, inusuales, distintos, singulares y que rompen, cada uno a su manera, las normas o moldes del pasado. Para entender lo que está sucediendo y prevenir los riesgos no se puede aplicar un mismo rasero porque entonces se impide la búsqueda de soluciones frente a un sistema mundial decadente. Entender esto puede resultar vital para el futuro del mundo y la preservación de la paz.  No son frases retóricas y los intelectuales del pensamiento dominante deberían tomárselo en serio, como dicen los editores de Project Syndicate.

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Cómo (tratar de) salir del atraso…y no morir en el intento

Saúl Escobar Toledo

El Grupo Nuevo Curso de Desarrollo (http://www.nuevocursodedesarrollo.unam.mx) con sede en la UNAM ha publicado recientemente un documento titulado “Hacia una nueva política económica y social 2019-2024” que pretende contribuir al debate nacional  con la mira puesta, particularmente,  en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Hay que recordar que el gobierno tendrá que entregar una propuesta a la Cámara de Diputados el 30 de abril y ésta deberá proceder entonces a una serie de consultas antes de su aprobación.

El documento del Grupo considera, como punto de partida, que la estrategia nacional de desarrollo y la política económica de las últimas tres décadas han dejado un saldo inaceptable por los elevados niveles de pobreza, concentración del ingreso, desintegración social, deterioro ambiental, debilidad institucional y bajo crecimiento económico, entre otros de sus resultados negativos.

El Grupo ha planteado, desde hace una década, sus puntos de vista en diversas publicaciones. Esta vez ha decidido exponer un conjunto de lineamientos estratégicos precisamente en el arranque de un sexenio que se propone una transformación de gran calado.

De acuerdo con el documento, esta transformación debe incluir una reforma fiscal, misma que el nuevo Gobierno ha pospuesto, de manera no muy clara, para la segunda mitad del sexenio. Sin embargo, la contracción del gasto público, particularmente en infraestructura, que se ha observado desde hace varios años ha mermado el crecimiento potencial de la economía. La inversión pública se ha ido recortando para cuadrar el presupuesto ante la renuencia a elevar la carga tributaria.

Resulta necesario entonces considerar nuevas medidas para incrementar los ingresos presupuestarios –con una orientación progresiva- más allá de reducir la evasión y la elusión. Si se piensa que aumentar los impuestos más importantes, Renta e IVA, no es posible en lo inmediato, el GNCD sugiere que, en una primera etapa, podría establecerse una tasa, inferior a 1%, sobre transacciones financieras. También podría negociarse, como parte de un Acuerdo Social, una sobretasa temporal sobre ingresos “multimillonarios” y canalizar esos recursos a un Fondo Nacional de Inversiones. Adicionalmente, se plantea la necesidad de un nuevo Pacto de Coordinación Fiscal con Estados y municipios que permita aumentar el impuesto predial con base en un catastro universal actualizado. Por su parte, los gobiernos de los estados deberán comprometerse a que una parte de las participaciones y aportaciones que obtienen se canalice a inversiones, calificadas y evaluadas por la Federación, como parte de un sistema nacional integrado.

Las propuestas no se limitan al aspecto fiscal. El documento contiene un conjunto de medidas que tienen como meta lograr un crecimiento del 4% anual y un aumento en la inversión pública, en particular en infraestructura, equivalente al menos al 5% del PIB.

Para ello, se considera necesario impulsar una política de financiamiento apoyada en la banca de desarrollo y en particular en cinco organismos: NAFIN, Banobras y Bancomext, y en dos bancos dedicados específicamente a la vivienda y a la agricultura los cuales podrían crearse con base en los organismos ya existentes.

Con base en estas nuevas palancas, se podrá activar una estrategia industrial, tecnológica y educativa moderna que nos lleve a una ampliación de las cadenas productivas y a la generación de mayor valor agregado a nivel nacional. El país, dice el documento, debe dejar de ser una “gran maquiladora”.  De la misma manera se propone instrumentar una nueva política energética que convierta este sector en un motor de la economía a nivel nacional y regional. Ello implica la reconstrucción financiera y productiva de PEMEX, cuidando la sustentabilidad de los proyectos de inversión y eliminando la desproporcionada exacción fiscal de que ha sido objeto.

Igualmente se deberá impulsar al campo como parte de una estrategia de seguridad alimentaria y lucha contra la pobreza. El objetivo debe ser, a la vez, recuperar la seguridad alimentaria en productos básicos para el consumo interno y preservar la agricultura de exportación competitiva.

Será, asimismo, indispensable, favorecer, con todo lo que ello implica, un crecimiento incluyente y ecológicamente sustentable. Cumplir las metas ambientales del Acuerdo de París y desarrollar una política verde de sustitución de energías fósiles.

Se requerirá también una nueva visión en materia de comercio internacional. Debe corregirse la visión dogmática sustentada en el abandono de la política industrial. El caso del viejo TLCAN es ilustrativo pues no generó el crecimiento esperado.   Por ello, las estrategias comerciales tendrán que alinearse con la planeación industrial, tecnológica, y regional con el fin de avanzar hacia una política moderna de “comercio administrado”. Al mismo tiempo, deberá revisarse la cooperación internacional y entenderse como un instrumento de política exterior que permita promover a las empresas mexicanas públicas y privadas y, además, otorgar asistencia económica y humanitaria, particularmente en Centroamérica y el Caribe.

La nueva estrategia de desarrollo se conjugará con la construcción de un Estado de Bienestar Social. Esto último debe incluir, entre otras cosas, un plan de salud y seguridad social universal, y un Banco del Bienestar para apoyar a los grupos excluidos de los circuitos bancarios mediante mecanismos como el crédito a la palabra.

Un apartado especial del texto se refiere a la necesidad de una nueva política laboral que fomente y proteja la creación de empleos de calidad. Para ello se requerirá un plan de gran escala en materia de educación, capacitación y readaptación continua de la fuerza de trabajo; el fortalecimiento sostenido del salario mínimo a fin de que, a corto plazo, pueda llegar a cumplir con el mandato constitucional y, con ello, detonar una mejoría del nivel general en las percepciones de los trabajadores. Es decir, se propone dejar de utilizar el salario como el principal instrumento de contención inflacionaria, y crear las condiciones para que las ganancias obtenidas gracias a una mayor productividad se reflejen en las remuneraciones al trabajo. En el muy corto plazo, será necesario: cumplir con la incorporación de los trabajadores domésticos al régimen obligatorio de seguridad social; facilitar la incorporación de los trabajadores independientes; e intensificar los programas de inspección, para que los trabajadores asalariados que laboran en empresas formales queden debidamente registrados en el IMSS.  El Congreso deberá, también, incorporar en la Ley Federal del Trabajo los cambios que se derivan de la reforma de2017 al artículo 123 constitucional; los compromisos asumidos en el convenio 98 de la OIT; y las cláusulas laborales pactadas en el T-MEC.

Hasta aquí las líneas generales del documento. No se trata por supuesto de un mero listado de propuestas ni de un planteamiento exhaustivo. La intención es proponer un esquema básico para ordenar la discusión y evaluar los resultados de la transformación que el gobierno pretende llevar a cabo. Los más importante, creo, es que se ofrecen medidas y estrategias para salir de la postración en que se encuentra el país. Demuestra que hay opciones diferentes a lo que ya conocemos y se han puesto en práctica bajo lo que se ha llamado genéricamente el modelo neoliberal. Éstas requieren, sin embargo, una amplia discusión y la voluntad política de los diversos actores: gobierno, empresarios, trabajadores, centros de estudio. Exige también un clima de mayor democracia, sobre todo en el terreno de la organización social. Y un esfuerzo para la concertación y el diálogo entre todos. La elaboración del Plan Nacional de Desarrollo es una oportunidad para ello. No puede, no debe, convertirse en un mero trámite, como ha sucedido en otras ocasiones.

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Los trabajadores de la maquila en Matamoros, México

Matamoros: rebeldes con causa

Saúl Escobar Toledo

Apenas el domingo pasado, 10 de febrero, se anunció, por parte del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora (SJOIM), el fin del conflicto laboral en 48 plantas maquiladoras de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Según el dirigente de este gremio, en todos los establecimientos en los que había paros o emplazamientos a huelga, se logró un acuerdo favorable para los trabajadores.  De confirmarse esta noticia, y esperando se resuelva positivamente el caso de los trabajadores despedidos, estaríamos frente a una situación inédita y, por supuesto, plausible.

La movilización había comenzado a principios de este año con el reclamo de un aumento de salarios. La suspensión de actividades paralizó casi por completo la producción de piezas para la industria automotriz, eléctrica, de maquinaria pesada y metalmecánica. Seis días después, 39 empresas habían accedido a las peticiones obreras.

La inconformidad de los trabajadores de la maquila adoptó como petición fundamental el 20/32, es decir un aumento de 20% en los salarios y un bono anual de 32 mil pesos. Esta demanda se basaba en el hecho de que, en los últimos años, los empleadores habían decidido otorgar un bono anual en lugar de aplicar un incremento directo a los salarios contractuales. De esta manera, los obreros recibían durante la primera quincena de enero, por única vez, una prestación en efectivo que aumentaba anualmente en la proporción que decretaba la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Cuando el año pasado esta Comisión decidió otorgar un aumento de 100% a las remuneraciones en la franja de la frontera norte, el esquema tradicional se derrumbó. Habría que recordar, sin embargo, que esta disposición fue acompañada por una rebaja sustancial del impuesto sobre la renta y del IVA, lo cual daba a las empresas un subsidio extraordinario y mayor capacidad para responder a las demandas de sus empleados.

El movimiento fue casi total pues involucró a cuarenta y cinco mil operarios. Según cifras de INEGI, en la industria catalogada como programa IMMEX (industrias manufactureras de exportación, sobre todo maquiladoras), en Matamoros laboran 52 500 obreros.

Para entender mejor las causas del descontento, debe señalarse que, según esa misma fuente, las remuneraciones reales por persona ocupada (incluyendo obreros, técnicos y personal administrativo) en noviembre del año pasado eran, en Tamaulipas, 11% menores que el promedio nacional. Las prestaciones, con todo y los bonos, era todavía más bajas pues el personal empleado en Matamoros obtenía una cantidad equivalente en pesos, 34 % más reducidas que el promedio nacional.  Tomando en cuenta sólo a los obreros y técnicos, el salario diario promedio a nivel nacional era de 314 pesos diarios, pero en Matamoros sólo alcanzaba 286 pesos.  Por su parte, la jornada de trabajo promedio es en esta misma ciudad, es 5% más larga que el promedio nacional.

Como puede observarse, el panorama local presentaba cifras desventajosas que explican el enojo de los trabajadores. La rebelión no fue sólo contra los patrones sino también contra los dirigentes formales de los sindicatos. Ello se debe a la existencia de un sindicalismo de protección patronal, cuyos representantes no gozan del apoyo de sus agremiados y que desde hace años han ignorado el descontento obrero. La protesta se organizó, en esta ocasión, según diversas fuentes, por las redes sociales: mensajes digitales y videos que pronto se esparcieron por todas las fábricas por medio de los teléfonos celulares.

Hay que destacar, por otra parte, el papel jugados por una asesora independientes, Susana Prieto, quien pudo darle confianza y orientación a miles de trabajadores descontentos y ayudarlos a superar la presión de los supuestos líderes, los empleadores y la prensa local.  Este fenómeno ha sido interpretado sobre todo por las organizaciones patronales y sus voceros, como prueba de una conjura de origen oscuro. La verdad, sin embargo, es que nos revela la ausencia de una organización sindical auténtica y de canales institucionales capaces de recoger la inconformidad laboral. Despojados de una verdadera representación, no es inusual que los trabajadores acudan a un abogado, en este caso a una mujer prestigiada localmente por su desempeño profesional, dispuesta a aportar su experiencia en un contexto desfavorable y hasta riesgoso para su seguridad personal.

Cuando se habla de la industria maquiladora, hay que destacar la participación femenina. Según cifras de INEGI, aunque ésta ha venido declinando en términos relativos, todavía es mayoritaria en las ciudades fronterizas del norte. En el caso de Matamoros, por cada cien mujeres laboran alrededor de 80 hombres según datos de hace unos años. Los más grave es que, de acuerdo con otras fuentes, el 42% de ellas ha sufrido algún tipo de violencia por parte de sus patrones y recibe salarios inferiores a los hombres

Además, la maquila, impulsada como política de estado desde mediados de los años sesenta, desató un tipo de crecimiento urbano salvaje y desordenado. En unos cuantos años, las ciudades crecieron rápidamente sin planeación ni recursos para ofrecer habitaciones y servicios dignos. Dado que al principio la participación femenina en la ocupación era abrumadora, ello generó otro tipo de fenómenos sociales. A partir de los años noventa se produjo una grave crisis de feminicidios en diversas ciudades de la frontera norte, particularmente en Ciudad Juárez. En pocas palabras, las obreras de la maquila han sido, desde hace décadas, víctimas de un trato indigno y peligroso dentro y fuera de su centro de trabajo.

El profesor Enrique De la Garza ha dedicado varios estudios al tema de la industria maquiladora. En ellos, muestra la importancia de esta rama en el conjunto de las exportaciones manufactureras. Generan actualmente, según estadísticas del Consejo respectivo, un superávit comercial de más de 60 mil millones de dólares al año y dan ocupación a 3 millones de personas en más de 6 mil establecimientos. Se trata por lo general de fábricas donde laboran más de 500 trabajadores que son, en su gran mayoría, subcontratistas de grandes corporaciones multinacionales. Sin embargo, dice el especialista, compran la mayoría de sus insumos en Estados Unidos y ahí también venden sus productos terminados. Cifras recientes señalan que, como promedio nacional, importan el 74% de las materias primas y refacciones que procesan, aunque en el caso de Matamoros, el índice es del 94%.  Las maquiladoras tampoco han logrado altos niveles de automatización y el equipo básico es manual o herramental. No sorprende entonces que la calificación de la mano de obra sea, en más el 70% de los casos, la que corresponde a obreros generales, sin especialidad ni capacitación mayor. La maquila es, en resumen, una industria intensiva en mano de obra y su competitividad se ha recargado en bajos salarios y en jornadas de trabajo sin descansos y frecuentemente más largas. Sin tecnología de punta y condiciones de trabajo precarias, enfrenta desde hace años, serios problemas de productividad.  

La nueva situación laboral y el programa de estímulos gubernamentales para la frontera deberían conjugarse virtuosamente para generan un tipo de industrialización alternativa, basada en la producción y adquisición de insumos locales y de nuevas tecnologías, aumentando así su valor agregado. Podrían orientarse más hacia el mercado interno y dejar de depender tanto del externo. Ser materia de una política industrial ordenada, con el apoyo de la banca de desarrollo. Y basarse en un aumento gradual y sostenido de los salarios y la democratización de los sindicatos. En conclusión, la rebelión obrera de Matamoros no solo ha sido justificada desde el punto de vista de las precarias condiciones salariales: dada la situación de la industria maquiladora, también deberían servir para impulsar un nuevo esquema de desarrollo más productivo y beneficioso para el país y su gente.

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