Una cuenta por cobrar: el salario

Saúl Escobar Toledo

De todos los saldos y pendientes   del sexenio de Peña Nieto, uno de las más graves se refiere al salario. En primer lugar, claro, el salario mínimo, el que, a pesar de un ligero aumento en los últimos dos años, sigue estando por debajo de la línea de la pobreza. Pero la situación no es mejor en el resto de la estructura salarial. Más de la mitad de las familias, según el VI Informe de gobierno, se sostiene con un nivel de percepciones menor a 5 SMD (salarios mínimos diarios) a pesar de que en ese hogar más de una persona puede estar aportando ingresos. Según el mismo informe, la población vulnerable por ingresos aumentó entre 2012 y 2016, lo que sólo puede explicarse por una disminución de sus remuneraciones y la informalidad laboral.

De la misma manera, el Informe muestra que el salario base de cotización de los trabajadores asegurados del IMSS apenas creció un poco por encima de la inflación general (INPC) pero por debajo del aumento de la canasta básica calculada por CONEVAL, perdiendo casi 2 puntos porcentuales en los últimos cinco años. Incluso en la industria de la transformación (en la que deberían situarse los trabajadores mejor pagados) el salario medio apenas representa alrededor de 4 SMD. Llama también la atención que en las grandes empresas los aumentos hayan sido menores que en las medianas y en las pequeñas, lo cual puede explicarse por un control salarial más estricto. Peor aún, en dólares estadounidenses por hora, los jornales de los trabajadores mexicanos en la industria de la manufactura disminuyeron entre 2012 y 2017 mientras que en EU aumentaron. La brecha salarial entre los dos países se hizo más profunda.

La agenda del próximo gobierno en esta materia es pues un asunto inevitable y urgente. Diversos integrantes del futuro equipo de gobierno han manifestado su voluntad para aumentar el salario mínimo a poco más de 100 pesos diarios para nivelarlo con el nivel de pobreza señalado por CONEVAL. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que dicho cálculo no toma en cuenta los hijos del trabajador. Si éste tiene, como sucede generalmente, un hogar formado por lo menos por cuatro personas y es el único que aporta ingresos, el salario mínimo vital (como lo marca la Constitución) debería ser de alrededor de seis mil pesos mensuales. De esta manera, aunque un aumento como el señalado es positivo, el problema no se resuelve del todo.

Habrá que agregar que un incremento al mínimo difícilmente repercutirá en el conjunto de la estructura salarial, es decir en aquellas que teóricamente se pactan entre el empleado y el empleador por medio de un contrato. Según diversos estudios, la relación entre los aumentos al SMD y a los salarios contractuales ha cambiado en el tiempo. Durante muchos años (entre principios de los años ochenta hasta el año 2000) el SMD sirvió como índice para topar los aumentos otorgados por las empresas. A principios del siglo XXI y hasta 2008, cuando estalló la crisis mundial, los salarios medios aumentaron mientras el mínimo se quedó congelado. Desde entonces, ambos, el mínimo y el medio casi no se han modificado. Parte del problema se explica por la escasa capacidad de negociación de los trabajadores y a la ausencia de sindicatos representativos. También hay que recordar que el salario mínimo lo obtiene un reducido número de trabajadores ubicados en los sectores más desprotegidos de la economía: en los micronegocios y en las áreas rurales donde predomina el trabajo informal (que no cuentan con seguridad social). Se trata de un conjunto de alrededor de 8 millones de trabajadores (de un total ocupado de aproximadamente 56 millones), es decir alrededor del 15%.

Además, después de la crisis de 2018, la estructura salarial se ha seguido comprimiendo hacia abajo:  el número de trabajadores que gana hasta 3 SMD ha venido aumentando mientras que los que perciben más de esa cantidad se reducen año tras año. Ello está ligado a los bajos índices de crecimiento de la economía y a la destrucción de empleos en los puestos más calificados en las ramas económicas más modernas.

Una medida que todavía no conocemos pero que tendrá igual o mayor importancia que el aumento a los mínimos se refiere a las percepciones de los trabajadores del sector público a nivel federal. Durante los gobiernos de Cárdenas, López Obrador y Ebrard (hasta 2010) se otorgaron aumentos a los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México en porcentajes promedio superiores no sólo no sólo al mínimo legal sino también a la inflación. Habrá que ver si esta política se aplicará bajo la presidencia de AMLO tanto a nivel local (en los estados que gobernará MORENA principalmente) y a nivel nacional.

Legisladores del partido mayoritario y  de otros grupos parlamentarios han manifestado su interés en cambiar la ley sobre los salarios mínimos. Un asunto central se refiere al organismo que toma esa decisión, la CONSAMI (Comisión Nacional de Salarios Mínimos). Sin duda, ha sido una entidad incondicional al mandatario en turno y bastante inútil.  Habrá que pensar en su reemplazo. Para ello, deberá tomarse en cuenta que, según estudios de la OIT, en los países donde existe un salario mínimo legal sólo hay tres modelos: en el primero, que es el método más frecuente a nivel mundial, la fijación de este ingreso mínimo se toma por una autoridad, usualmente el ministerio del trabajo, previa consulta con los interlocutores sociales, es decir los sindicatos y la representación patronal. En el segundo caso, la decisión se toma por una entidad tripartita, como la CONSAMI de México. Una instancia similar existe en otros países por ejemplo Corea (del Sur) y Costa Rica. En el tercer caso, el fallo recae en el órgano legislativo (Brasil, Estados Unidos).

La CONSAMI puede cambiar de nombre, pero eso no es lo importante. Lo relevante consiste en si se migra de un modelo tripartito a cualquiera de los otros dos. Según mi parecer, la decisión debería recaer en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados, previa consulta con los representantes de obreros y empleadores y auxiliado por una comisión técnica ad hoc que permita tomar una decisión acorde con las metas de política económica señaladas por el Ejecutivo y bajo la estrategia de una mejora gradual pero permanente. De esta manera, el aumento tendría un mayor impacto y serviría de base para las negociaciones contractuales. La idea sería que el conjunto de la economía se moviera en un mismo sentido, mejorando los ingresos reales de la mayoría de los trabajadores.

Para ello, las reformas a la LFT pendientes desde la reforma constitucional de 2017 que garantizan el voto secreto de los trabajadores en la elección de sus representantes y de su contrato colectivo, así como la creación de una institución independiente para el registro de los sindicatos, pueden efectivamente conducir a una negociación real en los centros de trabajo.

Estaríamos así frente a un andamiaje institucional distinto que recaería en cuatro patas: una política de aumento del salario mínimo propiciada y planeada por el gobierno, pero consultada con las representaciones obreras y patronales; una estrategia de aumento real de las retribuciones de los servidores públicos; un nuevo método para decidir el monto anual del SMD que recaería en la Cámara de Diputados; y una estructura legal que garantizaría una negociación efectiva entre obreros y patrones.

No faltará quien afirme que estos cambios podrían conducir a una espiral perversa inflación- salarios, lo que afectaría la competitividad internacional. Eso no sucederá si existe una conducción del Estado (principalmente del poder ejecutivo y el Congreso) responsable, apoyada en el diálogo social, que plantee un esquema de cambio previsto para varios años. El otro camino es el que ya conocemos: dejar que los ingresos laborales se reduzcan permanentemente, con el consecuente aumento de la pobreza y la desigualdad.  Tenemos más de 35 años bajo esta estrategia y sólo ha arrojado pérdidas para la inmensa mayoría de la población.

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Las coordenadas de la historia: elecciones 2018 en México

2018: las coordenadas de la historia

Saúl Escobar Toledo

Stefan Zweig, en su extraordinaria biografía de Fouché, cuenta que  Napoleón Bonaparte se quejaba  de la política, a la que se refiere como la “nueva fatalidad”, la “fatalité moderne”. Pensaba, seguramente,  en la política realmente existente, la  que no ha cambiado tanto desde hace 200 años, la que se apoya en la demagogia, las intrigas, los acuerdos bajo la mesa y las especulaciones.

Los acontecimientos posteriores a las elecciones del pasado 1º de julio han sido vistas, con frecuencia, desde el punto de vista de la fatalité moderne: resaltan la personalidad política de los hombres y mujeres del futuro equipo de gobierno; y los dichos, promesas, pifias, aciertos discursivos y contradicciones del presidente electo.

Es cierto, prácticamente todos los días hay nuevos anuncios de nombramientos, programas y definiciones. Parecería que hay demasiadas promesas, pero también poca claridad en su instrumentación. Desde este punto de vista, el cambio parece incierto. Se presta por tanto a interpretaciones extremas: o bien presagian su fracaso;  o estamos frente a un futuro gobierno que podrá realizar cambios de fondo y construir un nuevo país.

En el primer sentido se destacan los compromisos de López Obrador con los empresarios;  medidas como la reubicación de las secretarías de Estado, que se consideran irrealizable; sus programas sociales, que parecen insuficientes; su posición conservadora  en materia fiscal; y su aparente deseo de concentrar el poder a través de las llamadas coordinaciones estatales. Algunos de plano lo pintan como un priista de viejo cuño.

Por el otro lado, quienes tienen una visión más optimistas, subrayan su resolución para cancelar la reforma educativa; algunos rasgos de su programa frente a la violencia y la pacificación, como la posible legalización de algunas drogas y la importancia que le ha conferido al tema de las víctimas y los desaparecidos;  su determinación para de no permitir ningún acto de corrupción;  el anunció de una política salarial distinta; y, en fin, sus intenciones  de echar a andar la economía con nuevos proyectos, por ejemplo reactivando la agricultura en el sureste del país.

Ese optimismo se basa también en  la determinación del próximo presidente; en la fuerza otorgada por 30 millones de votos; y en la debilidad de sus adversarios, principalmente los partidos políticos, que llegan muy disminuidos, con poca fuerza y sobre todo envueltos en una crisis severa de identidad y rumbo.

Frente al escepticismo y la confianza en las personas, hay que encontrar lugar para otra visión, una visión histórica, menos anecdótica, para entender los acontecimientos actuales y futuros. Esta forma de ver las cosas se basaría en una perspectiva de más largo plazo que tome en cuenta no sólo lo que ha pasado desde el 1º de julio sino mucho más atrás: un panorama, por lo menos, de varias décadas.

Creo que este enfoque de larga duración está haciendo falta para no perdernos en los recovecos de la fatalité moderne, de la política entendida como especulación y yerros o aciertos personales.

Así, para tratar de comprender a dónde vamos o a dónde podemos ir, quizás sea necesario reflexionar en qué situación nos encontramos ahora y cuáles son los orígenes de la catástrofe actual, nuestro presente.

Para empezar, habría que tomar en cuenta que el país está en una situación extrema. En una crisis que no se había observado desde los primeros años del siglo XX. En primer lugar, la violencia cotidiana que parece perder  significado y trascendencia y que, sin embargo, representa una tragedia humana de grandes dimensiones y una amenaza a la viabilidad de la nación y a su soberanía.

En segundo lugar, y ligado a lo anterior, la extrema debilidad de las instituciones del Estado. Corroídas por la corrupción, infiltradas por el crimen organizado y ahora parte integrante de las mafias que se disputan el control de los territorios, las vidas y las ganancias ilícitas.

En tercer lugar, la rendición del Estado a la globalización, a los dictados de los mercados, sobre todo mediante la integración al TLCAN. Conocemos sus resultados: un crecimiento económico débil; enormes desigualdades regionales; una transferencia brutal de valor y riqueza del trabajo al capital; pobreza crónica en amplios sectores de la población; y el saqueo persistente de los recursos naturales  de las comunidades.

Detengámonos aquí, en estos tres rasgos. Y quizás veamos que no sólo nos explican los resultados electorales del 1º de julio sino sobre todo el perfil de una sociedad y un país que apenas sobrevive.

Las razones de este desastre apenas las hemos entendido. Todavía no está muy claro el tamaño y la profundidad del fenómeno de la violencia y la impunidad. Nos hemos quedado en los superficial, las pugnas de las bandas del narco, las inmensas ganancias que deja ese comercio ilícito. Pero hay todavía muchas cosas qué explicar. Tantas que ni siquiera la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa se ha aclarado, como un ejemplo de lo muchos que desconocemos sobre este asunto.

Lo mismo sucede con la debilidad de nuestras instituciones. ¿Cómo pasamos de un Estado fuerte, autoritario, déspota pero capaz de mantener una paz social como la que observamos durante varias décadas, a un régimen que no puede ni siquiera ponen un mínimo orden en amplias zonas del país?

En el caso de la subordinación a la globalización, sabemos quizás un poco más, pero hemos discutido poco sus efectos sobre la democracia,  el sentir de la sociedad y la liquidación de las instituciones.

Si tomamos esta perspectiva,  tendremos que recodar que: “Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado” (Marx, 18 Brumario)

Por ello, si no entendemos cabalmente ese pasado, difícilmente podremos advertir las coordenadas  de la  historia que ubican estos momentos de grandes incertidumbres.

En las próximas semanas y meses  veremos cómo las palabras se convierten en hechos. Lo deseable sería que se avanzara en la búsqueda de una mayor soberanía nacional; en  una democracia basada en el respeto de los derechos humanos; y en una amplia libertad de expresión y manifestación.

Para ello, se requeriría poner cierta distancia con el  esquema de integración con Estados Unidos, no sólo en materia económica y financiera sino también en lo que se refiere a la seguridad hemisférica, la lucha contra las drogas y el crimen organizado. Una política de seguridad independiente de EU podría sentar las bases de una reconstrucción de las instituciones públicas.

Por su parte, una estrategia basada en el reconocimiento, aplicación y ensanchamiento de los derechos de la gente podría traer un poco, al menos un poco, de mayor tranquilidad.  Con base en ello, tendría sentido una política redistributiva que acelerara el crecimiento económico mediante un aumento de la demanda interna.

En una sociedad de mercado y bajo un sistema político de democracia representativa que está en crisis en el mundo pero que sigue vigente, éstos podrían ser los límites y posibilidades del cambio que puede encabezar el nuevo gobierno.

En resumen, si atendemos el curso más amplio de la historia, quizás lo que esté en juego sea un proyecto más modesto desde el punto de vista ideológico, pero de una gran trascendencia para la vida de los mexicanos pues  podría darle un poco de oxígeno a un país que se ahoga en la inseguridad, las carencias y el desgobierno.

De ahí también la dimensión de un posible fracaso: significaría no  sólo la vuelta de los neoliberales sino también  el agravamiento de una crisis que ya no tendría salidas democráticas y pacíficas.

A final de cuentas, cualquiera que sea el futuro, la crítica y la movilización popular son los recursos que nos quedan. El próximo gobierno puede abrir una oportunidad mayor para que corra libremente  la insurgencia ciudadana. Habría  que aprovecharla.

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En este artículo discuto el tema de globalización y democracia con base en un escrito de Dani Rodrik. Comenta también el caso del TLCAN

Integración económica y democracia
Saúl Escobar Toledo

Según las últimas informaciones divulgadas por la prensa, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) está avanzando aunque no sabemos si concluirá pronto y cuáles serán sus resultados. Vale la pena entonces adelantar algunas reflexiones sobre la relación entre la integración económica del país a la economía mundial y los avances de nuestra democracia. ¿Hay alguna relación? Esa inserción ¿puede servir para alentar el cambio político o, al contrario, para inhibirlo?
Para discutir este asunto recurrimos a un breve escrito del economista turco y profesor de la Universidad de Harvard, Dani Rodrik, quien en 2007 propuso lo que llamó un trilema, una encrucijada con tres opciones que se convierte, según sus propias palabras, en un teorema sin solución (disponible en http://rodrik.typepad.com). Lo que plantea, en síntesis, es   que la democracia, la soberanía nacional y la integración económica global son incompatibles. Se pueden combinar dos de estos elementos, pero no se pueden tener los tres plena y simultáneamente.
Una de las razones más importantes es que las políticas y las regulaciones de los estados nacionales se riñen con una adhesión plena a la economía global. Frente a ello, una opción consistiría en que los gobiernos de cada país respondan sólo o principalmente a la globalización, pero ello supone sacrificar los objetivos o metas domésticos. Por ello, esta opción es incompatible con la democracia. En realidad, este camino, con diversos matices es el que ha predominado en casi todas las naciones durante las últimas décadas. Su costo político ahora, sobre todo después de la crisis mundial de 2008,  es evidente.
Otra posibilidad sería tratar de construir un sistema democrático basado en un federalismo global que permita alinear las decisiones políticas con las necesidades de la integración a los mercados internacionales. Esta opción, sin embargo, ha resultado muy difícil de hacerse realidad incluso en el caso de países similares. Tal es el caso de la Unión Europea. Existe un Parlamento  y varios órganos de gobierno comunes, pero sus decisiones y acuerdos han sido criticados por que no representan el sentir y las necesidades  de todos sus ciudadanos. Frecuentemente, se imponen los intereses de los países más fuertes.
El tercer camino consiste en atemperar la relación con la económica global como sucedió con el régimen de Bretton Woods que estuvo vigente desde la segunda posguerra hasta los años setentas y que impuso controles a los flujos de capital y al comercio mundial. Se alcanzó una globalización menor, pero las naciones gozaban de  una soberanía nacional más amplia.
En conclusión, dice Rodrik, si queremos mayor globalización debemos o bien sacrificar la democracia o la soberanía nacional. Pretender que las tres cosas se pueden lograr simultáneamente no lleva a ningún lado.
Por su parte, en un ensayo publicado recientemente  en Project Syndicate, Kemal Davies y Caroline Conroy (disponible en www.project-syunidcate.org), retomando la encrucijada de Rodrik, propusieron explorar el tema de una política global. Según ellos, el avance de la integración económica mundial ha sido implacable a través del comercio y la migración de personas. Sin embrago, el sistema internacional sigue siendo una colección de economías nacionales que responde a las políticas domésticas en materia de tributación, gasto público y regulación.
Para resolver esta contradicción se requieren entonces instituciones  y regulaciones globales como las que ya existen a cargo del FMI (Fondo Monetario Internacional) y la OMC (Organización Mundial de Comercio) así como del Banco Mundial y los organismos de Naciones Unidas.
Sin embargo, hasta ahora, las contradicciones entre las políticas y regulaciones domésticas y las que dictan los organismos multilaterales no sólo no han conciliado los propósitos de unos y otros. También han generado una amplia insatisfacción ciudadana. De este malestar surgen respuestas como las de Trump, proponiendo un nacionalismo de nuevo tipo que lejos de intentar fortalecer las instituciones internacionales pretende  desmantelarlas con la intención de eliminar cualquier tipo de  regulación.  La UE sigue una línea opuesta, tratando de alentar sus propias normas,  pero también se ha quedado corta en algunos asuntos que tienen que ver con la fijación de estándares que afectan a diversas naciones.
Un ejemplo de esas fallas consiste por ejemplo en permitir que las empresas multinacionales paguen pocos impuestos, lo que exacerba la desigualdad y debilita los presupuestos públicos. Sólo una cooperación y regulación internacional permitiría atacar este problema. Lo mismos sucede con el cambio climático.
Se requiere entonces fortalecer y sobre todo crear nuevas instituciones mundiales. Ello mediante un debate que lleve a un acuerdo que permita el ejercicio de una política global bajo un nuevo concepto de democracia. Por otro lado, una regulación mundial sin instituciones internacionales legítimas implicaría el fortalecimiento de sistemas políticos autoritarios, lo que resulta inaceptable.
En síntesis, según este último artículo, Rodrik propone menos globalización y más democracia, mientras que Trump desea fortalecer el nacionalismo debilitando tanto los valores democráticos  como  la globalización. Por ello, concluyen, el desafío del siglo XXI es construir una nueva política global que reciba un amplio consenso democrático.
Transportemos este debate a la situación de México. Durante los últimos 35 años nuestra incorporación a la economía mundial (vía TLCAN) ha sacrificado los intereses del estado nacional y de los mexicanos en materia sobre todo de trabajo, salarios y condiciones laborales, pero también en lo que toca a su diversificación comercial y en su potencial de crecimiento. Incluso ha influido en la estrategia contra el crimen organizado. De esta manera, también se afectaron las instituciones democráticas. Se logró un régimen de alternancia, pero se debilitó la capacidad del Estado para atender el bienestar y el mantenimiento de la paz. Nuestro caso es ejemplar para ilustrar la encrucijada de Rodrik: de las tres cosas, soberanía nacional, democracia e integración económica, se escogió darle prioridad a la última en detrimento de las dos primeras.
¿Cuáles podrían ser las opciones ahora?  La estrategia Davies-Conroy significaría fortalecer al TLCAN creando instituciones trilaterales más fuertes, pero ello parece casi imposible con el gobierno de Trump, sobre todo el en el caso de problemas fronterizos como la migración y el tráfico de drogas y armas.
En nuestro caso, aquí y ahora, la opción Rodrik parece más adecuada: modular la anexión que nos ata al  TLCAN, tratando de ganar cierta margen de soberanía nacional con el objetivo de atender mejor los objetivos del estado nacional y de los mexicanos. Ello, a su vez, fortalecería el consenso político y la posibilidad de un cambio para abatir la desigualdad, la pobreza y la violencia que azotan a nuestro país.
Una tercera opción consistiría en  construir un gobierno nacional más fuerte y soberano, pero menos democrático y casi completamente aislado de la economía mundial. Creo es otra opción debería descartarse.
La posibilidad de modular nuestra integración  económica significaría una renegociación del TLCAN exitosa que elevara, entre otras cosas, los estándares en materia laboral. Sin embargo, quedarían pendientes  los otros temas de la agenda bilateral: migración y regulación de enervantes.
Esta opción, por lo tanto, aunque sea la más recomendable, deja abierta la posibilidad de  un conflicto con el gobierno actual de Estados Unidos, con o sin un TLCAN renegociado.
El tamaño y complejidad de la querella lo veremos en los próximos  meses, quizás semanas. En cualquier caso, estaremos mejor preparados para ello si contamos con un gobierno dispuesto a defender la democracia antes que la integración económica a toda costa, y que cuente, por lo tanto, con el respaldo de los mexicanos.
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El azote del mundo contemporáneo: los paraísos fiscales

Saúl Escobar Toledo

Uno de los problemas más graves que enfrentan los gobiernos hoy en día, es la falta de recursos públicos para impulsar el crecimiento económico y otorgar mejores niveles de vida a su población. Esta deficiencia ocurre por diversas razones, pero hay una muy importante de la que poco se habla: los paraísos o refugios fiscales (en inglés tax havens). 

En estos lugares, los bancos reciben depósitos de personas de todo el mundo por los cuales no pagan impuestos y, sobre todo, se dedican a esconder dinero y diversos activos financieros de sus clientes, con el objeto de evadir las obligaciones señaladas por la ley en sus países de origen.

En torno a este asunto, hace unos años, un investigador de la Universidad de Berkeley, California, Estados Unidos, Gabriel Zucman, publicó un libro titulado “La riqueza escondida de las Naciones: el azote de los refugios fiscales” (Universidad de Chicago, 2015), considerado por Thomas Piketty, el prestigiado economista francés, el mejor libro que se haya escrito sobre el tema.

En el prólogo del libro citado, Piketty subraya que esos paraísos son una de las causas más poderosas de la desigualdad mundial y representan, así mismo, una amenaza para las democracias contemporáneas.   Ello se debe a que rompen el contrato social básico de las sociedades de mercado: que todo mundo debe pagar impuestos de manera equitativa y justa para tener acceso a los bienes y servicios públicos. Si los individuos más ricos y las corporaciones más poderosas evaden el pago de sus contribuciones, entonces ese contrato pierde sentido. La inmensa mayoría de la población y los empresarios pequeños y medianos observan que están pagando más que los de arriba, lo que los lleva a poner en duda la viabilidad de un estado social sostenido entre todos. Surgen entonces otras tentaciones: las soluciones ultranacionalistas, las divisiones étnicas y las políticas de odio. Esto, sobre todo, en el caso de los países desarrollados.

En lo que tocas a los países en desarrollo, el problema es más dramático pues esa riqueza oculta acentúa la falta de recursos públicos ahí donde las necesidades son mayores y la dependencia del financiamiento externo es más angustiosa. En México, por ejemplo, la recaudación es todavía muy baja en comparación a otros países, tanto de desarrollo similar como de mayor tamaño económico.  Ello ha repercutido en una caída de la inversión pública en infraestructura y por lo tanto en las tasas de crecimiento. Asimismo, el dinero destinado al educación y salud, escasea constantemente.  Con lo poco que se obtiene mediante el fisco, al gobierno sólo le queda recurrir al endeudamiento público, pero esta opción tiene un límite y hace más vulnerable las finanzas públicas frente a las amenazas externas e internas. Estas últimas provienen, además, frecuentemente de los mismos beneficiarios de los refugios fiscales: los superricos y los grandes consorcios que amenazan constantemente con fugar sus capitales si ven signos de inestabilidad, o como una forma de presión para obtener mayores privilegios. Así, las élites pueden ahorcar a los gobiernos jalando ambas puntas: de un lado contribuyen menos a las finanzas públicas y del otro llevan parte de sus inmensas fortunas a lugares donde nadie o casi nadie puede detectarlos.

De ahí la importancia de conocer cómo operan, cuánta riqueza albergan y qué se puede hacer para combatir estas malas prácticas. Se trata además de un fenómeno que sigue creciendo aceleradamente a pesar de que fue reconocido públicamente como una de las causas de la crisis mundial de 2008.  

Según el libro, el monto global de los activos financieros en manos de personas físicas (sin tomar en cuenta a las empresas) alcanza actualmente 95.5 billones de dólares; el 8%, es decir 7.6 billones, está en cuentas localizadas en paraísos fiscales.

La suma total escondida, esos 7.6 billones, varía según la región de origen. La mayor parte   proviene de residentes de Europa y en segundo lugar de Estados Unidos. América Latina se encuentra en cuarto lugar después de Asia. En el caso de nuestra región, el autor calcula que por lo menos 700 mil millones de dólares están depositados en los refugios y representan el 22% del total de la riqueza financiera de esta parte del mundo, provocando un considerable daño al erario.

El esquema de operación es sencillo: los bancos ubicados en los refugios fiscales reciben depósitos de personas que residen fuera ese territorio. Para facilitar la evasión, crean empresas fantasmas (compañías inventadas con el único propósito de ocultar el nombre de los socios); facturas falsas; y cuentas con nombres ficticios que sólo existen en esas filiales. De esta manera, se desconecta la propiedad legal de los beneficiarios de esos instrumentos financieros. Los verdaderos poseedores no son conocidos pues disfrazan su verdadera identidad.

Por otra parte, según el autor, las corporaciones también se benefician de los paraísos fiscales. Las multinacionales mueven libremente sus ganancias de un territorio a otro, según su conveniencia, buscando pagar menores gravámenes.  Para ello, una primera estrategia consiste en realizar préstamos de una filial a la otra, con el objetivo de que las ganancias aparezcan registradas en lugares como Luxemburgo o las Bermudas donde no se cobran impuestos. La segunda técnica, más importante, consiste en manipular los precios de transferencia, es decir los precios por los cuales una filial compra de otra sus propios insumos. Y claro, los vendedores se ubican en aquellos lugares donde las ganancias no se gravan mientras las pérdidas se ubican en los libros de contabilidad de las empresas ubicadas en países como Estados Unidos o Europa. Es lo que hacen usualmente empresas gigantes como Google, Apple y Microsoft.

Las maniobras de las empresas se han vuelto cada vez más sofisticadas a pesar de que la tasa impositiva ha disminuido constantemente desde los años setenta del siglo pasado. Se ha llegado a pensar que los países no tienen más remedio  que competir entre si bajando los impuestos pues el dinero se mueve libremente y sin vigilancia,  de un lado al otro, buscando siempre un lugar más seguro y rentable.

Los refugios fiscales más importantes son: Suiza, el país pionero en esta materia y todavía el corazón del sistema, que alberga un monto calculado en 2.3 billones de dólares; le siguen Luxemburgo, el otro gran refugio sobre todo de fondos de inversión, y las Islas Vírgenes, que se distingue por la existencia de una gran cantidad de empresas de papel. Estos países formarían, según Zucman, el trío siniestro de la evasión. Pero también habría que mencionar a las Islas Caimán, Irlanda y, por supuesto, a Panamá, entre otros.

La manera más eficaz de terminar con la opacidad, propone el autor, consiste en crear un registro mundial de la riqueza financiera, una cuenta central concentradora coordinada por los gobiernos y las organizaciones internacionales que permita transparentar la propiedad y los movimientos de esos capitales. En realidad, abunda Zucman, ya existen diversas cuentas concentradoras tanto en EU como en Europa, pero no abarcan a todo el mundo ni se comunican entre sí y, sobre todo, son de administración privada.

Mientras eso sucede, lo que exigiría una mayor voluntad política de los principales gobiernos del mundo, cada país tendrá que lidiar con el problema con mecanismos de colaboración internacional muy deficientes y con sus propios sistemas de administración frecuentemente contaminadas por la corrupción y la complicidad política. El gobierno de López Obrador tiene aquí otro reto de grandes dimensiones: disminuir la evasión fiscal evitando, hasta donde se pueda, la fuga impune de capitales a los paraísos fiscales. Ello requerirá firmeza para resistir las presiones de los más poderosos. El problema es que, si no está dispuesto a aumentar impuestos, la única manera de hacerse de más recursos es detectando las trampas de los grandes evasores.

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Dialogar con la sociedad ultrajada

Saúl Escobar Toledo

Durante los primeros quince días que han transcurrido desde el 1º de julio, Andrés Manuel López Obrador y su futuro equipo de gobierno han tenido una actividad muy intensa. Sus primeros encuentros se llevaron a cabo con el presidente Peña Nieto y luego con las organizaciones empresariales, el CCE y la CONCAMIN. Posteriormente, AMLO convocó a los dirigentes de MORENA y más tarde a los diputados, senadores, gobernadores y alcaldes electos bajo las siglas de ese partido para presentar su agenda legislativa. Un día después, lo hizo con la CONAGO. Finalmente, el viernes 13, tuvo lugar una entrevista con el Secretario de Estado y otros altos funcionarios gubernamentales de nuestro vecino del norte. Es entendible que las primeras reuniones del próximo mandatario se hayan realizado con representantes del poder económico y político y así tratar de asegurar una transición sin sobresaltos.

Por otra parte, según la prensa nacional, el 11 de julio se llevó a cabo una reunión entre Josefa González, la futura Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y las   organizaciones campesinas agrupadas en el Plan de Ayala Siglo XXI. Acordaron mesas de trabajo y citas con otros miembros el futuro gabinete. Al otro día, diversos colectivos que defienden la propuesta de un fiscal autónomo se encontraron con representantes del presidente electo y acordaron discutir sus puntos de vista, próximamente, con Tatiana Clouthier y Zoé Robledo, quienes ocuparán las subsecretarías de Gobernación.

También se dio a conocer que el próximo 7 de agosto iniciarán los foros de consulta para la estrategia de paz, en los que participarán diversos actores, incluyendo personalidades y organizaciones vinculadas al tema de la seguridad y la defensa de las personas desaparecidas o asesinadas, y las propias víctimas y sus familiares, objeto de estas ofensas.

A pesar de estas noticias, queda abierta una interrogante: ¿cómo entablar el diálogo con ese otro sector de la sociedad, el más indignado e inconforme, que tiene propuestas, reclamos, demandas y mucho interés por ser escuchado?

Se trata de actores de muy diverso tipo: activistas sociales y grupos con distinta representatividad que han mantenido un intenso trabajo en torno a los derechos humanos, el cese a la violencia y a la corrupción, mejores condiciones de vida y de trabajo, la resistencia de las comunidades saqueadas de sus recursos naturales, y la defensa del medio ambiente, principalmente la tierra y el agua.

Buena parte de este activismo social probablemente   votó por Andrés Manuel. Otros se abstuvieron. Es difícil creer que lo hayan hecho por otros partidos y candidatos. Lo importante, sin embargo, es que representan una inconformidad extendida, que están activos y se han manifestado en todo el territorio nacional. Si bien su nivel de organización es muy variado, representan a una sociedad constantemente movilizada que ha sido víctima, en muchos casos, de las peores injusticias. Por ello, sentarse con ellas a dialogar no sólo es una forma elemental de reconocer los atracos que han sufrido, sino que resulta indispensable para construir una nueva forma de gobernar. Su participación en la definición e instrumentación de políticas públicas y leyes puede ser vital para el éxito de esas reformas y para evitar errores y desviaciones. ¿Cómo entonces, establecer una comunicación que no se reduzca a consultas ocasionales y, en cambio, se convierta en una relación permanente y beneficiosa?

Debemos esperar, sería al menos lo deseable, que los futuros secretarios del gabinete se reúnan con diversos grupos de activistas, lo que debe llevar a encuentros directos con el presidente electo. Es igualmente necesario que MORENA, sus dirigentes y futuros legisladores, procuren atender y escuchar a esos colectivos inconformes.  En cambio, no se observan condiciones para que los otros partidos, ahora minoritarios, se propongan servir como intermediarios debido a su desprestigio y la desconfianza que obviamente provocan en estos agrupamientos. Tal es el caso en particular del PRD el cual anunció que se propone convertirse en una “oposición de izquierda, democrática, progresista, responsable, crítica y transformadora”. Lo hizo en un resolutivo de su Comité Ejecutivo Nacional, hace unos días que, curiosamente, no menciona en ningún lado el nombre de Andrés Manuel ni las siglas de MORENA y apenas se refiere a su triunfo como “el resultado electoral expresado en las urnas”. Esta mezquindad apenas esconde un rencor irracional y demuestra una enorme inmadurez. Tampoco hay una autocrítica seria:  el PRI y el PAN lo han hecho de manera más clara y contundente. Anuncia,  de pasada, un “proceso de transformación” pero, en cambio, deja claro que se propone tomar medidas disciplinarias para “quienes tomaron decisiones contrarias a nuestro partido”. Define varios ejes programáticos, algunos de los cuales coinciden con los anuncios hechos por el presidente electo, pero no lo reconocen. Tal parece que los interese personales se impusieron otra vez. Bajo estos lineamientos, el PRD no tiene futuro.

El caso de MORENA es distinto. Curiosamente es el único partido que no se ha pronunciado sobre su propio triunfo ni ha hecho un balance de las elecciones. Por lo que se sabe, ni siquiera se han reunido sus órganos de dirección. Ha habido, desde luego, declaraciones de algunas personalidades, pero sobre todo se han dedicado a seguir la pista del presidente electo y, desde luego, a refrendar su apoyo. Como era de esperarse, muchos de sus principales cuadros asumirán puestos relevantes en la próxima administración federal o local, y en los parlamentos.

Si el PRD ni quiere ni puede convertirse en intermediario de este activismo social y MORENA aún no se lo ha propuesto, tendrá que ser, principalmente, el futuro gobierno, quien se encargue de construir puentes permanentes con esa parte de la sociedad agraviada.

Sin embargo, ante la inoperancia del sistema de partidos para retomar la voz de estos ciudadanos   y frente a la posibilidad de que MORENA se mantenga sólo como acompañante del presidente, el activismo social puede quedar sujeto a la buena voluntad y el tiempo de los funcionarios del nuevo régimen.

Se requiere, por lo tanto, construir un diálogo social con instrumentos distintos. Para ello, resulta indispensable fortalecer recursos legales como la revocación del mandato, el referéndum y la consulta popular. Igualmente, todas aquellas medidas que sirvan para la transparencia y la rendición de cuentas de las administraciones públicas.

Aun así, puede que todo ello no sea suficiente. Será necesario entonces pensar en un entramado institucional y político que aliente la organización de la sociedad de manera autónoma y democrática. Una reforma del Estado que abra nuevos canales de consulta, de participación y de reconocimiento a diversos sujetos sociales que han sido ignorados, reprimidos y perseguidos. Las consultas por la pacificación muestran una buena voluntad del presidente y su equipo para escuchar a los agraviados, pero de ahí debe desprenderse un mecanismo de participación permanente. Puede servir, además, como un ensayo para diseñar instrumentos de diálogo con otros sectores de esa población ultrajada.

Ello exigirá también que esa inconformidad social se reorganice y se proponga establecer una interlocución crítica y libre con el gobierno que entrará en funciones el 1º de diciembre.

Ambos, gobernantes y gobernados, tendrán que repensar su papel en el cambio y sus formas de relación. Parece una tarea compleja, pero, de otra manera, más tarde o temprano, se alimentaría el conflicto con diversos grupos sociales que han sido ninguneados. Las élites económicas, y los grupos de poder político desplazados, encontrarán la forma de acomodarse ante la nueva situación. No será tan fácil, en cambio, para los sectores más inconformes, encontrar su lugar en la mesa, a menos que el ejercicio de la política cambie en la forma y en el fondo.

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Andrés Manuel y su circunstancia

Saúl Escobar Toledo

Para entender el triunfo de López Obrador resulta necesario tomar en cuenta no sólo las razones que llevaron a millones de votantes a sufragar por él, sino también la incapacidad del régimen dominante para sabotear esa victoria. Es indiscutible, a estas alturas, que los ciudadanos optaron por una ruptura con el poder:  el gobierno actual; los partidos políticos que han encabezado las últimas administraciones, el PRI y el PAN y sus satélites; la casta plutocrática que disfrutó de los beneficios de un modelo económico brutalmente injusto; y los voceros de todos éstos que trataron de espantar con el petate del populismo.

Ese quiebre debe apreciarse y festejarse cabalmente. Tuvo lugar en prácticamente todo el país y conquistó a diversas clases sociales, géneros y creencias ideológicas y políticas. Más del 50% de los votos emitidos en favor de una coalición de partidos no es una cifra común y corriente en una elección presidencial. Su excepcionalidad refleja no sólo hartazgo y molestia, sino también valentía y temeridad. Millones de mexicanos decidieron rechazar tajantemente lo que algunos llaman el “establishment”, el poder establecido desde el triunfo del neoliberalismo, o quizás más atrás, el despotismo que desafió la rebelión de 1968.

Sin duda la personalidad de Andrés Manuel y su trayectoria política fue una pieza clave. Pero también la historia que lo acompaña, la que surgió en 1988 con la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. AMLO logró encarnar y hacer viable esa ruta que entonces como ahora se propuso construir una nueva democracia en México.

Creo que, igualmente, resultaron derrotados los profetas del peligro del populismo, entendido, según ellos mismos lo publicitaron, como el engaño de un líder carismático cuyo verdadero fin consiste en hacerse del poder para destruir las instituciones y la libertad de expresión. El candidato de MORENA no logró convencer a 25 millones de mexicanos con una prédica de odio ni de violencia, sino justamente lo contrario: la promesa de paz, de acabar con el saqueo de los recursos públicos y la impunidad de los actores políticos, y de una mayor justicia social.

Ese caudal fue también la causa principal que detuvo la posibilidad de un fraude masivo. Una empresa descomunal que tendría que haberse llevado a cabo en todo el territorio nacional adulterando decenas de millones de sufragios. También fue determinante la acérrima pugna entre los dos partidos antaño mayoritarios, la cual permeó también a las élites políticas y económicas. El resultado de los comicios demostró que la gente ya no quiere vivir como ahora pero también que los de arriba no pueden gobernar como lo han hecho hasta hoy. La crisis de violencia y los signos de un estado fallido, incapaz asegurar la vida y la seguridad de las personas, hicieron imposible un frente común entre los principales representantes del sistema.

La fractura del 1º de julio se convirtió sin embargo y con cierta sorpresa, debido a las circunstancias imperantes, en una transición pactada. Con ello no quiero decir que la elección se arregló en alguna conversación personal o en una oficina. Simplemente que el gobierno de Peña decidió aceptar, sin mayores resistencias, el resultado de la elección; llevó a su candidato y al aparato del PRI, a anunciar su derrota muy temprano; y asumió que ello implicaba una debacle de su propio partido. Esta conducta llevó también al PAN y su abanderado, a tomar una conducta similar, el cual, por cierto, enderezó sus quejas contra Peña Nieto y dio todo el crédito de la victoria al esfuerzo de su principal contrincante. Esta transición pactada explicaría el por qué observamos un proceso electoral sin sobresaltos.

Pero si las circunstancias derivadas de la crisis política podrían explicar la aceptación del triunfo de MORENA en toda su dimensión y con todas sus implicaciones, ese mismo contexto influirá en las opciones del nuevo gobierno. Los retos inmediatos y el largo intervalo entre el día de la elección y la instalación del nuevo Congreso, y luego la toma de posesión, serán muy complejos de resolver para el presidente electo. Destaco dos en particular: la relación con Estados Unidos y la posibilidad de que se reinicien las negociaciones del TLCAN; y la preparación del Presupuesto para 2019. En ambos casos, sobre todo en el primero, será difícil que López Obrador y sus equipos puedan actuar con suficiente libertad. La posibilidad de que se impongan condiciones adversas es un riesgo latente.

Más allá de estas complicaciones, es innegable que otras circunstancias acecharán a la nueva administración. Desde luego, la violencia y la presencia del crimen organizado. La búsqueda de la paz y los resultados de una nueva estrategia tomarán tiempo. Pero los ciudadanos no están en condiciones de otorgarlo.

La mayoría de los votantes se inclinaron por el cambio, y el poder establecido aceptó, por lo pronto, cederlo a un personaje ajeno y enfrentado a ese régimen. Esta situación, inédita en nuestro país, despierta al mismo tiempo, esperanzas y dudas. Intentar repetir las mismas políticas no puede ser el camino porque la crisis es demasiado profunda; pero hay muchas interrogantes sobre las opciones reales para llevar a cabo las mudanzas urgentes que reclamaron los mexicanos en las urnas.

Creo que podrían resumirse los objetivos fundamentales del futuro mandatario en tres o cuatro ideas: un combate eficaz a la corrupción; la separación del poder político del económico, es decir, un gobierno para todos; nuevos programas sociales financiados sin aumentar la deuda ni un incremento en los impuestos; y, la más general, una relación con los países del mundo, especialmente con Estados Unidos, basada en el respeto y la cooperación para el desarrollo.

¿Demasiado o demasiado poco? A diferencia de los proyectos desarrollistas y redistributivos de los gobiernos de izquierda de América Latina, por ejemplo, en Brasil con Lula y Dilma, el de AMLO buscará sanear el manejo de los recursos del Estado y a partir de ahí, todo lo demás. Más allá de la retórica, me parece que dibuja un proyecto con distintas prioridades. Y a diferencia de los neoliberales, que ponen el acento en las reformas estructurales y la privatización de la ganancia y la socialización de las pérdidas, Andrés Manuel buscará ajustar esas reformas poniendo por delante la transparencia, la austeridad y el interés nacional.

Si lo anterior es cierto y el próximo presidente de México busca  una transformación basada en esos lineamientos, estaremos ante un experimento inédito. No pretendamos, ahora, condenarlo al fracaso, ni asegurar su éxito.

Para encarar estos desafíos y otros muchos, el gobierno electo tendrá que incluir a esta transición pactada a otros actores que nunca fueron tomados en cuenta, o sólo lo hicieron pasivamente con su voto. Las comunidades indígenas y aquellas azotadas por la expoliación de las transnacionales mineras; los jóvenes y los trabajadores; las mujeres y las organizaciones de derechos humanos; los campesinos y los defensores del medio ambiente. Una sociedad movilizada que no ha sido tomada en cuenta a veces ni siquiera en el discurso. Una estrategia política basada en la inclusión y el diálogo con los protagonistas sociales y políticos, comprometidos con el cambio, debería ser el principio del camino del futuro presidente.  

Las circunstancias en que Andrés Manuel ha triunfado junto con su amplio y heterogéneo grupo que formará parte del Congreso y tomará las principales posiciones en la administración pública, los obligarán a conciliar con las élites y, al mismo tiempo, abrir espacios y definir acciones en favor de los actores sociales excluidos. Todo esto requerirá una compleja negociación política. El resultado será, seguramente una mezcla de ruptura y continuidad. Si este experimento abre cauces a la participación social, se abrirá un nuevo horizonte para México. De otro modo, las circunstancias adversas se impondrán por encima de los buenos propósitos.

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La libertad sindical en México cuestionada en la OIT

Tarjeta roja para México

Saúl Escobar Toledo

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) celebró su 107a reunión en su sede de Ginebra, Suiza, apenas hace unos días. Como parte de sus actividades, la Comisión de Aplicación de Normas, una de las más importantes de este organismo, pues ahí se discuten y califican las posibles violaciones a los derechos de los trabajadores, analizó el caso de México en relación con el Convenio 87. Este documento obliga a los países a respetar la libertad sindical que faculta a los trabajadores a constituir las organizaciones que estimen convenientes y a afiliarse a ellas sin ninguna distinción y sin autorización previa; también exige a los gobiernos a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el libre ejercicio de estas prerrogativas.   

Desde hace algunos años se considera que en nuestro país persisten graves prácticas y disposiciones legales que contravienen dicho Convenio.  México forma parte de una lista negra de naciones donde la libertad sindical, en realidad, no existe.

Las razones para estar bajo la lupa de la OIT se hicieron más apremiantes en los últimos años debido a las denuncias de actos de violencia contra sindicalistas ocurridos en nuestro país, entre otras, el asesinato de cuatro miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros el estado de Guerrero; las detenciones de 14 trabajadores agrícolas en Baja California; y los muertos, numerosos heridos y el arresto de sindicalistas en el contexto del conflicto magisterial en Oaxaca.

Una de las acusaciones más persistentes y añejas contra el gobierno se refiere a la violación constante a la libertad sindical debido a la práctica generalizada de los contratos de protección. También se ha observado que el Estado mexicano no ha ratificado el Convenio sobre el derecho a la sindicación y la negociación colectiva (núm. 98), complemento indispensable del 87.

En respuesta a estos señalamientos, las autoridades mexicanas adujeron que dichas violaciones están en vías de resolverse gracias, principalmente, a la reforma constitucional aprobada el año pasado. Sin embargo, no se han aprobado los cambios a la Ley Federal del Trabajo, indispensables para que puedan llevarse a la realidad los nuevos preceptos de nuestra Carta Magna. La representación oficial aseguró que se han llevado a cabo numerosas reuniones con trabajadores, empleadores, académicos, y abogados, a fin de encontrar el consenso requerido para la aprobación esas modificaciones. Asimismo, informó que las Comisiones del Senado de la República acordaron la celebración de audiencias públicas para conocer las sugerencias, observaciones y propuestas de los interesados en torno al anteproyecto de dictamen de la legislación secundaria.

Sobre los contratos de protección patronal, simplemente respondió que las denuncias hechas son observaciones “genéricas” que no aluden a casos concretos ni aportan elementos objetivos para presumir la existencia de una práctica “habitual” que menoscabe la libertad sindical y la negociación colectiva, mucho menos para presumir que existe complicidad del gobierno para fomentarla. También dio cuenta de un nuevo protocolo de inspección que tiene como propósito detectar prácticas de simulación y verificar que los trabajadores realmente conozcan del contrato colectivo en sus centros de trabajo.

Los argumentos esgrimidos por la representación oficial serían risibles si no se tratara de un asunto tan delicado, pues las audiencias del Senado fueron definitivamente canceladas casi al mismo tiempo que se celebraba la comparecencia en Ginebra.

Para responder a los argumentos gubernamentales, por parte de los trabajadores mexicanos, destacaron los alegatos de Héctor Barba y José Olvera de la UNT. Este último insistió que desde 2015 el gobierno mexicano ha manifestado su compromiso de solucionar los reclamos de la Comisión, sin que hasta la fecha haya ocurrido algún avance. También denunció que las autoridades se han negado a recoger las opiniones de su organización gremial y del sindicalismo independiente. Por su parte, Barba explicó detalladamente la forma amañada bajo la cual algunos legisladores vinculados al sindicalismo oficial, protegidos por las autoridades del ramo, trataron de simular una consulta sobre las adecuaciones a la LFT, con la verdadera intención de imponer una contrarreforma que haga nugatoria la Constitución. 

Al revisar las actas de la sesión que analizó el caso de México, destaca la participación de los representantes de los trabajadores de diversas partes del mundo. Los obreros de Alemania, por ejemplo, afirmaron que sólo ha habido progresos en el papel, pero no en la práctica; que no hay libertad sindical por el procedimiento arbitrario de registro de los sindicatos y la prevalencia de contratos de protección; y que las Juntas de Conciliación no son tribunales independientes ni imparciales. Pusieron varios ejemplos que demuestran que diversos convenios laborales se han negociado sin el conocimiento de los trabajadores en algunas industrias de capital germánico instaladas en México pertenecientes al sector automotriz, mismos que se firmaron incluso antes de que la planta haya sido construida.

Representantes de trabajadores de Estados Unidos y Canadá reiteraron este punto de vista de manera enfática. Advirtieron, además, que los cambios constitucionales acordados desde febrero de 2007 deben ponerse en práctica antes de que termine la renegociación del Tratado de Libre Comercio.

De manera similar se pronunciaron los comisionados obreros de Argentina y Colombia quienes señalaron que la reincidencia de las violaciones a los derechos laborales en nuestro país requiere medidas drásticas por parte de la OIT. Por su parte, los observadores que hablaron en nombre de IndustriALL Global Union, una de las centrales sindicales más numerosa del mundo, aseguraron que los contratos de protección se han extendido a todos los sectores de la economía ya que garantizan bajos costos para los empleadores al impedir que los trabajadores tengan una representación legítima para negociar sus salarios y prestaciones.

En fin, y en pocas palabras, las audiencias de la OIT demostraron que el mundo sindical conoce bien la situación mexicana y que coincide en que la principal calamidad son los contratos de protección y la ausencia de libertad sindical.

El resultado final fue negativo para el gobierno mexicano, le sacaron tarjeta roja, pues la Comisión de Aplicación de Normas exigió formalmente a nuestras autoridades que:

Asegure que el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva libre y voluntaria queden protegidos debidamente en las reformas a la Ley Federal del Trabajo, ajustándose a la letra del Convenio 89. Para ello el gobierno debe incluir y procurar que se incluya en las consultas y deliberaciones a todos los interlocutores sociales, incluyendo los sindicatos independientes. Todo esto para que en los hechos y no sólo en el papel se hagan los cambios necesarios que pongan fin a todas las prácticas viciosas que afectan directamente la negociación contractual, la elección de los representantes de los trabajadores y la formación de sindicatos autónomos.

La resolución señaló, finalmente, que el gobierno mexicano debe proporcionar información detallada sobre el cumplimiento de estas medidas antes de la Reunión de Expertos que tendrá lugar en noviembre de 2018.

Para entonces el Congreso electo en julio estará ya instalado. Esperemos que retome el camino legislativo señalado por la OIT y que, posteriormente, el nuevo gobierno haga suyos los Convenios 89 y 98 como parte de una nueva política laboral. Es indispensable acabar con la corrupción en la vida sindical y la contratación colectiva. De eso dependerá que México pueda transitar a un orden social más justo y democrático. La comunidad internacional y las expresiones más representativas de los trabajadores mexicanos estarán, seguramente, pendientes de los avances o retrocesos que ocurran en esta materia.

Twitter: #saulescoba