Dialogar con la sociedad ultrajada

Saúl Escobar Toledo

Durante los primeros quince días que han transcurrido desde el 1º de julio, Andrés Manuel López Obrador y su futuro equipo de gobierno han tenido una actividad muy intensa. Sus primeros encuentros se llevaron a cabo con el presidente Peña Nieto y luego con las organizaciones empresariales, el CCE y la CONCAMIN. Posteriormente, AMLO convocó a los dirigentes de MORENA y más tarde a los diputados, senadores, gobernadores y alcaldes electos bajo las siglas de ese partido para presentar su agenda legislativa. Un día después, lo hizo con la CONAGO. Finalmente, el viernes 13, tuvo lugar una entrevista con el Secretario de Estado y otros altos funcionarios gubernamentales de nuestro vecino del norte. Es entendible que las primeras reuniones del próximo mandatario se hayan realizado con representantes del poder económico y político y así tratar de asegurar una transición sin sobresaltos.

Por otra parte, según la prensa nacional, el 11 de julio se llevó a cabo una reunión entre Josefa González, la futura Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y las   organizaciones campesinas agrupadas en el Plan de Ayala Siglo XXI. Acordaron mesas de trabajo y citas con otros miembros el futuro gabinete. Al otro día, diversos colectivos que defienden la propuesta de un fiscal autónomo se encontraron con representantes del presidente electo y acordaron discutir sus puntos de vista, próximamente, con Tatiana Clouthier y Zoé Robledo, quienes ocuparán las subsecretarías de Gobernación.

También se dio a conocer que el próximo 7 de agosto iniciarán los foros de consulta para la estrategia de paz, en los que participarán diversos actores, incluyendo personalidades y organizaciones vinculadas al tema de la seguridad y la defensa de las personas desaparecidas o asesinadas, y las propias víctimas y sus familiares, objeto de estas ofensas.

A pesar de estas noticias, queda abierta una interrogante: ¿cómo entablar el diálogo con ese otro sector de la sociedad, el más indignado e inconforme, que tiene propuestas, reclamos, demandas y mucho interés por ser escuchado?

Se trata de actores de muy diverso tipo: activistas sociales y grupos con distinta representatividad que han mantenido un intenso trabajo en torno a los derechos humanos, el cese a la violencia y a la corrupción, mejores condiciones de vida y de trabajo, la resistencia de las comunidades saqueadas de sus recursos naturales, y la defensa del medio ambiente, principalmente la tierra y el agua.

Buena parte de este activismo social probablemente   votó por Andrés Manuel. Otros se abstuvieron. Es difícil creer que lo hayan hecho por otros partidos y candidatos. Lo importante, sin embargo, es que representan una inconformidad extendida, que están activos y se han manifestado en todo el territorio nacional. Si bien su nivel de organización es muy variado, representan a una sociedad constantemente movilizada que ha sido víctima, en muchos casos, de las peores injusticias. Por ello, sentarse con ellas a dialogar no sólo es una forma elemental de reconocer los atracos que han sufrido, sino que resulta indispensable para construir una nueva forma de gobernar. Su participación en la definición e instrumentación de políticas públicas y leyes puede ser vital para el éxito de esas reformas y para evitar errores y desviaciones. ¿Cómo entonces, establecer una comunicación que no se reduzca a consultas ocasionales y, en cambio, se convierta en una relación permanente y beneficiosa?

Debemos esperar, sería al menos lo deseable, que los futuros secretarios del gabinete se reúnan con diversos grupos de activistas, lo que debe llevar a encuentros directos con el presidente electo. Es igualmente necesario que MORENA, sus dirigentes y futuros legisladores, procuren atender y escuchar a esos colectivos inconformes.  En cambio, no se observan condiciones para que los otros partidos, ahora minoritarios, se propongan servir como intermediarios debido a su desprestigio y la desconfianza que obviamente provocan en estos agrupamientos. Tal es el caso en particular del PRD el cual anunció que se propone convertirse en una “oposición de izquierda, democrática, progresista, responsable, crítica y transformadora”. Lo hizo en un resolutivo de su Comité Ejecutivo Nacional, hace unos días que, curiosamente, no menciona en ningún lado el nombre de Andrés Manuel ni las siglas de MORENA y apenas se refiere a su triunfo como “el resultado electoral expresado en las urnas”. Esta mezquindad apenas esconde un rencor irracional y demuestra una enorme inmadurez. Tampoco hay una autocrítica seria:  el PRI y el PAN lo han hecho de manera más clara y contundente. Anuncia,  de pasada, un “proceso de transformación” pero, en cambio, deja claro que se propone tomar medidas disciplinarias para “quienes tomaron decisiones contrarias a nuestro partido”. Define varios ejes programáticos, algunos de los cuales coinciden con los anuncios hechos por el presidente electo, pero no lo reconocen. Tal parece que los interese personales se impusieron otra vez. Bajo estos lineamientos, el PRD no tiene futuro.

El caso de MORENA es distinto. Curiosamente es el único partido que no se ha pronunciado sobre su propio triunfo ni ha hecho un balance de las elecciones. Por lo que se sabe, ni siquiera se han reunido sus órganos de dirección. Ha habido, desde luego, declaraciones de algunas personalidades, pero sobre todo se han dedicado a seguir la pista del presidente electo y, desde luego, a refrendar su apoyo. Como era de esperarse, muchos de sus principales cuadros asumirán puestos relevantes en la próxima administración federal o local, y en los parlamentos.

Si el PRD ni quiere ni puede convertirse en intermediario de este activismo social y MORENA aún no se lo ha propuesto, tendrá que ser, principalmente, el futuro gobierno, quien se encargue de construir puentes permanentes con esa parte de la sociedad agraviada.

Sin embargo, ante la inoperancia del sistema de partidos para retomar la voz de estos ciudadanos   y frente a la posibilidad de que MORENA se mantenga sólo como acompañante del presidente, el activismo social puede quedar sujeto a la buena voluntad y el tiempo de los funcionarios del nuevo régimen.

Se requiere, por lo tanto, construir un diálogo social con instrumentos distintos. Para ello, resulta indispensable fortalecer recursos legales como la revocación del mandato, el referéndum y la consulta popular. Igualmente, todas aquellas medidas que sirvan para la transparencia y la rendición de cuentas de las administraciones públicas.

Aun así, puede que todo ello no sea suficiente. Será necesario entonces pensar en un entramado institucional y político que aliente la organización de la sociedad de manera autónoma y democrática. Una reforma del Estado que abra nuevos canales de consulta, de participación y de reconocimiento a diversos sujetos sociales que han sido ignorados, reprimidos y perseguidos. Las consultas por la pacificación muestran una buena voluntad del presidente y su equipo para escuchar a los agraviados, pero de ahí debe desprenderse un mecanismo de participación permanente. Puede servir, además, como un ensayo para diseñar instrumentos de diálogo con otros sectores de esa población ultrajada.

Ello exigirá también que esa inconformidad social se reorganice y se proponga establecer una interlocución crítica y libre con el gobierno que entrará en funciones el 1º de diciembre.

Ambos, gobernantes y gobernados, tendrán que repensar su papel en el cambio y sus formas de relación. Parece una tarea compleja, pero, de otra manera, más tarde o temprano, se alimentaría el conflicto con diversos grupos sociales que han sido ninguneados. Las élites económicas, y los grupos de poder político desplazados, encontrarán la forma de acomodarse ante la nueva situación. No será tan fácil, en cambio, para los sectores más inconformes, encontrar su lugar en la mesa, a menos que el ejercicio de la política cambie en la forma y en el fondo.

Twitter: #saulescoba