Sobre el debate de los candidatos a la Presidencia de la República del día 22 y los escenarios electorales 

https://suracapulco.mx/2018/04/25/despues-del-primer-round/

Tropas en la frontera

Saúl Escobar Toledo

A fines de la semana pasada, el Presidente de Estados Unidos ordenó desplegar  la Guardia Nacional en la frontera con México. Trump afirmó que lo hacía para apoyar a las autoridades de inmigración y que esta medida duraría hasta que el Congreso decidiera una ley menos permisiva y se terminara de construir el muro.

De acuerdo con la información oficial (disponible en www.nationalguard.mil), el Secretario de Defensa acató la instrucción presidencial y ordenó el despliegue de hasta 4 mil elementos. De inmediato, 500 guardias fueron movilizados a la ciudad de McAllen, Texas. Las tropas deberán apoyar a la patrulla fronteriza por medio de la aviación, ingeniería, vigilancia, comunicaciones, mantenimiento de vehículos y apoyo logístico y “deberán usar todo su poder para apoyar a los hombres y mujeres que están haciendo cumplir la ley”. El Jefe del pentágono reiteró que las órdenes del presidente se debieron a “un brote drástico de actividades ilegales en la frontera sur que amenaza nuestra seguridad nacional”.

La amenaza a la que se refirieron el secretario y el presidente  apunta a una a Caravana de migrantes centroamericanos que recorre México, formada por unas 1,200 personas, para llamar la atención sobre las graves violaciones a sus derechos humanos que sufren en su trayecto hacia Estados Unidos y en ese país.

Trump también ordenó que los indocumentados detenidos  no fueran puestos en libertad  mientras siguen el proceso de deportación. Para entender esta instrucción debe recordarse que, normalmente, cuando una persona  es detenida por la Patrulla Fronteriza se le  pone  un brazalete para monitorearlo y se le asigna una cita en un juzgado;  posteriormente  se les deja en la estación de autobuses donde son apoyados por activistas de derechos humanos  para llevarlos a algún centro de ayuda cercano donde reciben alimentos y se les proporciona alguna ropa y pañales para sus hijos mientras se define su situación jurídica.  

Aunque la guardia nacional (National Guard) es una fuerza de reserva constituida por voluntarios, sus miembros están entrenados para cumplir con un objetivo principal: combatir a quien se les ordene. No es la primera vez que se militariza la frontera: en 1997, un joven de 18 años, Ezequiel Hernández, ciudadano estadounidense, fue asesinado injustificadamente a tiros por soldados enviados por Washington.  Clinton decidió suspender el programa. Luego, el presidente Bush ordenó el despliegue de 6 mil elementos de la Guardia en 2006 cuando el gobierno mexicano declaró la guerra al crimen organizado. Y hace unos siete años, Obama envió otros  1 200 militares. En 2014, el gobernador Perry, despachó por su cuenta mil guardias texanos cuando se produjo la crisis de los menores centroamericanos

¿Cuál es la diferencia entonces entre la decisión de Trump y las que se tomaron en otros tiempos? Todas han sido repudiables pero el rasgo distintivo está en la retórica y en la diplomacia pues, en esta ocasión el envío de la Guardia fue acompañado de discursos amenazantes y denigratorios contra México y los migrantes. Sin embargo, todo parece indicar que se trata de un truco político montado junto con los medios de comunicación de derecha supremacistas y nacionalistas.

Varias cadenas noticiosas, sobre todo Fox, difundieron días antes de la orden presidencial que “había una multitud tratando de llegar a EU que nadie estaba deteniendo y que entre ellos había criminales y terroristas”. Las Caravana, según ellos, era un “plan organizado y deliberado para atacar la soberanía de los Estados Unidos… “. Se trataba de un relato sensacionalista sin fundamentos veraces y Trump reaccionó de inmediato a esta campaña de histeria.

El objetivo, preparado entre la prensa derechista y el gobierno, era crear un clima de miedo para reavivar la simpatía por el actual inquilino de la Casa Blanca. Además de una medida para ganar apoyo político interno, la decisión tiene otros fines: presionar a México para concluir las negociaciones del TLCAN lo más pronto posible, imponiendo sus condiciones.

Convertir a México y a los migrantes en piezas de una estrategia de terror para obtener ganancias políticas es una acción peligrosa porque pone en peligro la vida y los derechos humanos de estos últimos. Se trata de una acción de fuerza brutal para tratar de complacer a su base de apoyo más dura y una nueva versión de la diplomacia del gran garrote contra México.

La reacción interna por parte del presidente Peña y las fuerzas políticas ha sido acertada discursivamente, pero falta saber si lo será en lo de fondo: las negociaciones del TLCAN; la colaboración de las autoridades mexicanas para detener, vigilar y compartir la información de los flujos de  centroamericanos y mexicanos que transitan hacia el norte; y el conjunto de acuerdos de colaboración militar y de inteligencia en materia de drogas y supuestas amenazas terroristas. Es la hora y el momento de mostrar firmeza y revisar nuestra relación con la potencia del norte. La agresión debe tener consecuencias diplomáticas.

Según el semanario The Nation, a largo plazo, las decisiones del presidente podrían resultar contraproducentes. Las comunidades de migrantes están aterrorizadas cada vez más por los agentes de ICE (Immigration and Customs Enforcement). Los detienen en el camino a su trabajo o cuando dejan a los niños en la escuela y cada vez más están poniendo atención en los activistas que defienden esta causa. Pero Trump, además de endurecer la persecución, ha cometido el error utilizar prejuicios raciales. Debido a ello, los estadounidenses parecen estar cambiando de opinión. Por 20 años, el Centro Pew ha preguntado si los migrantes “fortalecen al país con su trabajo y su talento” o si son “una carga para el país ocupando empleos y  viviendas y aprovechando los beneficios de atención sanitaria”.   En 2015, cuando tomó posesión, el 51% dijo que fortalecían al país  y 41 por ciento que representaban una carga.  Poco más de dos años después, la encuesta encontró que hubo un cambio en la opinión pública: ahora los que tenían una opinión favorable a los migrantes representaban  el 65%  y los negativos el 26 por ciento.

Trump ha propiciado, sin querer, que los derechos de los indocumentados se conviertan en un asunto central del movimiento progresista. Sus posiciones racistas están creando, según algunos activistas destacados, una alianza horizontal entre grupos afroamericanos como Black Lives Matter y las comunidades de migrantes que vienen del sur. Esto puede tener efectos político-electorales y hacer que el tema sea retomado por una mayoría más amplia que el voto latino que solo representó 9% en la última elección.

Madeleine Albright (Secretaria de Estado con Clinton entre 1997 y 2001), acaba de publicar un artículo en el que señala que:  

“La retórica de Trump ha consistido en insultar a sus vecinos y aliados. En lugar de desplegar una diplomacia creativa y defender los derechos humanos y las libertades civiles, se ha dedicado a difamar a los migrantes y a los países de los que proceden y exacerbar las divisiones religiosas, sociales y raciales. ¿Qué hacer? Hay que detenerlo antes de que sea demasiado tarde”.

Albright está tratando de decirnos que enfrentar a este mandatario ya no es un asunto que concierne sólo a los estadounidenses, se trata de una causa mundial. El gobierno mexicano debe entender que apoyarlo  puede ser una causa perdida y sobre todo una estrategia peligrosa para la paz en la región y en todo el orbe. Podemos ser aliados estratégicos de EU pero no de su administración actual.  En consecuencia, la causa de los migrantes, mexicanos y centroamericanos,  debe ponerse por encima de todos las demás y orientar las relaciones de nuestro país con Estados Unidos. A este personaje, un aprendiz de dictador y autócrata, y simpatizante de ellos, como dice la señora Albright, se le tiene que responder con la fuerza de la verdad y la defensa de la democracia y los derechos humanos como base de la diplomacia y la cooperación internacional. Ahora, antes de que un nuevo fascismo se consolide en el mundo.

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Un país de pobres pero distintos

Saúl Escobar Toledo

Al principio de su famosa novela, Ana Karenina, León Tolstoi escribió: “Las familias felices son todas iguales; las infelices lo son cada una a su manera”.

Revisando el estudio de CONEVAL (Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social) publicado recientemente, podría decirse de manera similar que México es un país compuesto, en su mayoría, de familias pobres, pero que éstas son distintas unas de otras pues las condiciones y razones de su exclusión social son diferentes.  

Según este organismo, sólo el 22.6% de la población es no pobre y no vulnerable, lo que haría a este grupo más o menos homogéneo con la excepción de un pequeño porcentaje de familias ricas y muy ricas. El resto está compuesto por personas pobres (43.6%) o vulnerables (26.8%). Esto quiere decir que hay familias que no tienen acceso suficiente, al menos, a una de estas carencias:  alimentación, vivienda, seguridad social o servicios de salud. Otras, en cambio, están privadas de todas ellas. Asimismo, algunas familias pueden recibir ingresos por debajo del bienestar mínimo (y por lo tanto no les alcanza para comprar los alimentos de la canasta básica) y otras reciben ingresos inferiores a la línea de bienestar (es decir, no ganan lo suficiente para adquirir los bienes y servicios básicos en los rubros antes señalados).

No sólo se trata de diferentes tipos de carencias y niveles de ingreso. También padecen exclusión en mayor o menor medida debido a su género, su edad, si se trabajan en el campo o en las ciudades, si son indígenas o no, y a la región en la que habitan.

Así, una persona tiene mayores posibilidades de ser pobre si es mujer, adulta mayor, realiza labores agrícolas, es indígena y vive en una región donde se concentran todas esas privaciones. Peor aún, si éste es el caso, también le será más difícil superar esas condiciones adversas y acceder a un mejor nivel de vida.

Concentremos la atención, por esta vez, en el nivel regional. Según CONEVAL, con datos actualizados hasta 2016, el porcentaje de personas que vivían en pobreza era mayor a la media nacional (43.6%) en 15 entidades.  Con base en lo anterior y tomando como criterio la proximidad geográfica, podemos dibujar una franja que abarca los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, y Campeche abarcando la costa del Pacifico y el Golfo, así como el centro sur.  Un territorio compuesto por 9 entidades.

Por su parte, el Programa Regional de Desarrollo Sursureste 2014-2018 del gobierno de Peña Nieto incluyó a todas estas entidades con la excepción de Michoacán y Morelos, pero sumó a Quintana Roo y Yucatán.

Si consideramos el conjunto de esos once estados, observamos que suman 25.5 millones de personas en pobreza, es decir el 48% del total nacional. Tomando en cuenta sólo las personas en extrema pobreza sumarían el 67% de todos los mexicanos que padecen esta condición.

Hay desde luego otras entidades donde los niveles de pobreza son elevados, sobre todo en el centro norte, pero podemos decir que las once entidades mencionadas forman una porción maciza y consistente del territorio nacional donde se concentra la exclusión social. No es la única, pero si la más importante. Dentro de esta franja hay ciudades prósperas y ramas industriales dinámicas y de exportación. Pero en su conjunto la población padece elevados índices de marginación y grandes carencias sociales.

Las diferencias se hacen más visibles si revisamos otras regiones. Los estados donde el número de pobres es, según los datos, proporcionalmente menor incluyen a:  Baja California Sur, Baja California, Sonora, Sinaloa Chihuahua, Nuevo León Aguascalientes, la Ciudad de México, Jalisco, y Querétaro: otras once entidades en donde podría decirse que se concentra la modernización y los niveles de vida más altos. Aquí también hay pobres, pero en un porcentaje relativamente menor que va del 14 al 31% según la entidad de que se trate.

El diagnóstico publicado en el Plan Sur Sureste puede aplicarse al conjunto de esta franja de la pobreza. A diferencia del resto del país, en estas entidades sus habitantes se encuentran dispersos en zonas rurales pues casi la mitad vive en localidades menores a 2,500 habitantes, mientras que a nivel nacional sólo lo hace el 28%. Salvo excepciones, aquí se presenta una insuficiente y deteriorada red carretera, ferroviaria, marítima y aeroportuaria. En una palabra, la infraestructura productiva es atrasada e insuficiente

Asimismo, existen pocos motores económicos o polos de desarrollo y éstos se reducen básicamente a la industria petrolera y el turismo. La agricultura, salvo algunas excepciones, también padece en general, de bajos niveles de desarrollo, compuesta por pequeños productores de baja rentabilidad. Predominan, en cambio, las ocupaciones de baja productividad. Los servicios financieros y el acceso al crédito son muy limitado.   No es entonces sorprendente que este conjunto de entidades tenga una baja participación en el PIB nacional: poco más del 20%, y que no existan suficientes empleos formales. De acuerdo con el IMSS, estos apenas representan el 17% del total nacional.

A todos los problemas mencionados, debe agregarse un acceso deficiente a las instituciones públicas sanitarias, así como bajos niveles de escolaridad. Lo mismo sucede con la vivienda y los servicios esenciales que requieren las familias.   En cobertura de agua y drenaje, por ejemplo, esta región se encuentra por debajo de la media nacional.

En síntesis, hay un patrón de desarrollo que ha convertido a esta región  en la menos productiva y la de mayor atraso:  de los 125 municipios de México con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH), 123 se encuentran en estas entidades. Y, sin embargo, cuentan con recursos naturales muy abundantes pues concentran más del 70% de la biodiversidad de América Septentrional. Pero ello no ha sido aprovechado para crear un mayor bienestar de la población residente y en cambio ha servido para financiar el desarrollo de otras regiones.

La franja de la pobreza, compuesta por esas once entidades, que abarca desde Michoacán hasta la península yucateca es el territorio más amplio y consistente del atraso económico y la exclusión social. El país, en su conjunto, no podrá alcanzar mejores niveles de desarrollo si esta situación persiste.  Aquí radica quizás el desafío mayor de nuestro presente. Hasta ahora, el modelo de crecimiento imperante ha favorecido principalmente a las industrias exportadoras de manufacturas, marginando al resto de las actividades productivas. Cambiar este patrón,  exigirá mayor inversión, sobre todo pública, en infraestructura, vivienda, educación y salud. Ello no puede reducirse a programas focalizados.  Se requiere un gran esfuerzo, planeado para varios años. Perpetuar la pobreza y el atraso de una franja tan vasta es ya insostenible. El próximo gobierno de la república tendrá que hacerse cargo de ello, o seguiremos viviendo en la ficción del crecimiento desigual, una apariencia que esconde el hecho de que millones de mexicanos no tengan posibilidades reales de acceder a una mejor calidad de vida debido, entre otras cosas, pero destacadamente, a que les tocó fincar su hogar, su familia y su trabajo, en este espacio de la geografía mexicana.

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El regreso del TPP
Saúl Escobar Toledo

Mientras cientos de miles de mujeres se manifestaban en el mundo para exigir igualdad y el fin de la violencia machista, ese mismo día,  8 de marzo, en Santiago de Chile, se firmaba el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés). En la foto oficial del acto, divulgada en todos los medios,  aparecen los representantes de los gobiernos participantes, once hombres, ni una sola mujer, sonrientes y tomados de las manos. Una desafortunada  coincidencia que mostraba que, en asuntos como el manejo de las economías y las negociaciones globales, las mujeres no participan o lo hacen todavía de manera muy escasa. Triste realidad que se confirmaba en el caso de la  anfitriona, la  presidenta de Chile, la única que quedaba en América Latina,  quien entregaría el poder a su sucesor, el señor Piñeira, pocos días después.
Aquel jueves, bajo un nuevo y pomposo nombre, se revivía el acuerdo de libre comercio llamado   TPP (Acuerdo Transpacífico o Trans-Pacific Partnership) pactado en febrero de 2016, pero ahora sin Estados Unidos. De esta manera, si antes había 12 socios, en esta ocasión sólo lo refrendaron Nueva Zelandia, Singapur, Chile, Brunei, Australia, Canadá, Japón, Malasia, México, Perú y Vietnam, por lo que también se le ha llamado el TPP 11. El Transpacífico entonces, no estaba muerto, andaba de parranda como dice la canción, y regresó a la vida sobe todo por el activismo diplomático del gobierno de Japón.
El Pacto se refrendaba además mientras el presidente Trump ordenaba la imposición de  nuevos aranceles a la importación de acero y aluminio a los EU, lo que puede desatar una guerra comercial mundial o al menos consolidar un fuerte giro proteccionista. No deja de resultar curioso, por decirlo de alguna manera, que si el gobierno de ese país, con Obama, impulsó el TPP original para contrarrestar el poder económico de China, apenas unos años después se pactaba otro similar para combatir la visión proteccionista del nuevo ocupante de la Casa Blanca (la de Washington, por supuesto).
Sin embargo, hoy como ayer, con o sin EU, el debate sobre este nuevo TPP tiene que ver con los beneficios del libre comercio sobre todo en materia laboral. Los apoyadores de estos pactos se basan en la teoría de que quitarle barreras a la circulación de mercancías y capitales destruye, pero también crea nuevas plazas de trabajo por lo que el nivel general de ocupación no resulta afectado. Pero para otros estudiosos del tema, entre los cuales destaca Jomo Sundaram, ex subsecretario general de las Naciones Unidas para el desarrollo económico, la expansión irrestricta de los mercados ha repercutido negativamente sobre los salarios y el empleo pues privilegia a los inversionistas e impone costos muy altos a los países, lo que repercute en muy dudosos beneficios para la población.
 El texto del TPP 11 es casi igual al anterior excepto en el caso de  20 cláusulas que quedan suspendidas, no abrogadas. Dentro de éstas, una de las más agresivas, protegía la propiedad intelectual de las industrias farmacéuticas bajo condiciones tales que se afectaban seriamente la producción local de medicamentos genéricos. También hubo cambios en lo que se refiere al mecanismo de solución de diferencias inversionista (como se le llama en la traducción oficial, poco clara, al español, del término ISDS, investor-state-dispute settlement) que tiene que ver con la posibilidad de que las empresas puedan demandar  a un gobierno en un tribunal extranjero si alegan que las regulaciones de ese país reducen sus ganancias esperadas.
En cambio, el capítulo laboral, quedó intacto. Expresamente, el texto señala que
“Cada Parte (es decir, cada país) adoptará y mantendrá en sus leyes y regulaciones, y en las prácticas que deriven de éstas, los siguientes derechos tal y como se establecen en la Declaración de la OIT:
(a) libertad de asociación y reconocimiento efectivo al derecho de contratación colectiva;
(b) la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;
(c) la abolición efectiva del trabajo infantil y la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y otras protecciones laborales para niños y menores de edad.
(d) la eliminación de la discriminación en materia de  empleo y  ocupación; y
(e) el establecimiento de condiciones aceptables en el trabajo en lo que respecta a salario mínimo, jornada de trabajo y seguridad y salud en el trabajo.
En otro apartado de este capítulo se expresa el compromiso de que cada país cuente con “tribunales imparciales e independientes para la aplicación de las leyes laborales” bajo  procedimientos que   deberán ser justos, equitativos y transparentes.
Hay un inciso sobre cooperación, entendida como el “mecanismo para la implementación efectiva” de los compromisos en materia laboral, que incluye a los sindicatos. Se establece, asimismo, la formación de un Consejo Laboral, a nivel ministerial, designado por  cada uno de los gobiernos participantes. Las funciones de este Consejo son, entre otras: orientar la cooperación laboral y revisar las quejas que se hagan llegar de un país a otro. De la misma manera, se llamará a formar, en cada país, un órgano “consultivo o asesor” para que los interesados “incluyendo representantes de las organizaciones laborales y empresariales”, puedan ofrecer sus puntos de vista sobre los asuntos relativos a este Capítulo.
Se prevé igualmente un mecanismo para tramitar quejas por violaciones a los derechos laborales que pasa por consultas  entre los países miembros  y que al final, en caso de que prevalezca el desacuerdo, podría terminar en el establecimiento de un panel que se regirá por las normas contenidas en el apartado sobre solución de controversias.
Una primera lectura puede dar  la impresión de que el TPP contiene fuertes mecanismos de protección para los trabajadores. En el caso mexicano, es imposible desligar la adhesión al viejo TPP cuando parecía cien por ciento segura la participación de EU, hace dos años, con las reformas constitucionales de febrero de 2017. En especial con la creación de tribunales laborales locales y federales adscritos al Poder Judicial, desapareciendo las Juntas de Conciliación y Arbitraje,  y la formación  de un órgano independiente encargado del registro de contratos y sindicatos.
Sin embargo, la experiencia derivada de otros tratados comerciales no ha sido tan buena como los postulados y promesas que están escritas en ellos. En los hechos ha sido muy difícil obtener resultados significativos. Las quejas y controversias tardan mucho en resolverse y al final no hay sanciones o medidas correctivas.
Con el nuevo TPP las cosas cambian, pero no mucho. Permanecen los riesgos de que se afecten a pequeños productores de diversos sectores económicos de México; de que más libre comercio no se traduzca en mejores condiciones de trabajo, salarios y empleos; y de que se trate de un acuerdo para beneficiar a las grandes corporaciones (ahora básicamente asiáticas y canadienses). Las cláusulas suspendidas y la ausencia de EU son, sin embargo, significativas. La presión es ahora mayor dada la posible ruptura del TLCAN y la necesidad de que nuestro país busque nuevos mercados en otros lugares del planeta.
En fin, que la resurrección del TTP, sólo con 11, será  un asunto muy complejo  que tendrá que discutirse en nuestro país. Una aprobación al vapor sería inaceptable. En medio de la campaña electoral, el tema parece  inoportuno, pero según lo firmado, el CPTTP entrará en vigor 60 días después de que al menos seis de los países signatarios notifiquen su ratificación. Los candidatos y partidos tendrán que manifestarse sobre el tema. Hacerse guajes no ayudará. Pero, sobre todo, las organizaciones de los trabajadores y la sociedad tienen que tomar en sus manos este debate. A pesar de la poca importancia que se le ha dado en los medios, no se trata de un asunto menor. Por el contrario, puede marcar el futuro de las relaciones laborales en nuestro país.
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Los trabajadores de EU y Canadá inconformes

Aquí un breve recuento de las posiciones tomadas por las principales centrales sindicales de EU y Canadá sobre la situación de los trabajadores mexicanos.



https://suracapulco.mx/2018/02/28/proletarios-del-tlcan-unios/

Artículo publicado el 14 de febrero de 2018 en El Sur

El “palomazo” de Isaías y Tereso, y la contrarreforma laboral

Saúl Escobar Toledo

El tema del empleo se ha convertido en una de las preocupaciones más acuciantes del mundo actual. Tanto en los países más desarrollados como en el resto del mundo hay signos evidentes de que las cosas no funcionan bien, sobre todo desde la crisis mundial de 2007-8. Y que ello ha dado lugar a una mayor irritación social y a reacciones políticas indeseables como en el caso de la elección de Donald Trump en Estados Unidos.

En los países menos desarrollados el problema es más agudo en la medida en que enfrentamos factores estructurales de muchos años y nuevos desafíos producto del avance de la tecnología.

Dentro de las voces que se han pronunciado permanentemente en este debate está, naturalmente, la de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que cada año publica un informe sobre el empleo en el mundo.

Para esta organización no hay duda de que el trabajo decente es una condición necesaria para poner fin a la pobreza en todo el orbe. No basta, asegura, el crecimiento económico, por sí solo, para que ello ocurra. Por trabajo decente (o podría decirse también trabajo digno) se entiende aquel que obtiene una remuneración adecuada; estabilidad; seguridad social para las familias; libertad para organizarse; e igualdad de oportunidades y de trato para hombres y mujeres.

Su enfoque se basa en el respeto a los derechos laborales de cada país y en las normas internacionales más importantes discutidas y aprobadas en la OIT por sindicatos y empleadores, y después ratificadas por los estados nacionales. Para asegurar la creación de empleos dignos se requiere de un marco institucional fuerte y por tanto la revisión y ampliación permanente de la legislación correspondiente; asegurarse de que se cumpla la ley sobre todo mediante la inspección y un mejor acceso a la justicia; y ampliar la cobertura a un número cada vez mayor de la población trabajadora. También es indispensable garantizar la democracia y la transparencia sindical.

La OIT recomienda, asimismo, cambiar el modelo económico y diversificar la base productiva de las naciones. Para ello, advierte, se requiere una base fiscal más amplia y una inversión pública cada vez mayor en infraestructura. Considera indispensable, finalmente, instrumentar políticas de fomento al empleo basadas en la mejora constante de los niveles de calificación de los trabajadores y en facilitar la transición a la formalidad mediante diversos estímulos y políticas públicas.

Desgraciadamente, el paradigma que propone la OIT enfrenta una realidad cada vez más compleja. En los últimos años se ha extendido lo que varios empiezan a llamar la “gig economy”. Un término polémico que se utiliza de manera descriptiva y que no tiene todavía una traducción al español. La palabra gig se utiliza de manera coloquial en Estados Unidos cuando un ejecutante o un grupo musical toca ocasionalmente por invitación o para sustituir algún faltista. Podría decirse, en México, que se echa un “palomazo”.

Recientemente se habla de economía gig para describir un mercado laboral que se caracteriza por: 1) estar controlado por una plataforma digital, es decir se requiere necesariamente el intenet para contratar los servicios de un trabajador; 2) se trata de trabajos temporales; 3) no se les reconoce como trabajadores asalariados, sino por su cuenta o “freelance”, pues ofrecen sus servicios a una compañía por medio de un contrato mercantil; y 4) por lo tanto, el trabajador no tienen ninguna prestación, ni seguridad social, y puede ser despedido cuando le parezca al empleador sin ninguna obligación legal.

El ejemplo clásico de la economía gig es Uber, la empresa de taxis que se contrata por medio de un teléfono celular. Bajo las órdenes de ese consorcio, un trabajador cumple con la tarea de transportar al cliente de un lugar a otro por un precio establecido de antemano.

Pero también se habla de economía de plataformas digitales (que se distingue de la economía gig) cuando se trata de profesionales de alto nivel que se contratan bajo las mismas características, pero con una diferencia sustancial: el pago es mucho mayor pues el tipo de labores que desempeñan es sustancialmente más calificado. Por ejemplo, diseñar programas (de contabilidad, de servicios legales, de mercadotecnia o de diseño industrial) para una compañía.

Las virtudes de este modelo laboral (de plataformas digitales o gig) radican, según algunos estudios, en que ofrece flexibilidad en el horario de trabajo y que a veces el servicio o tarea se puede hacer desde el hogar u oficina del trabajador contratado sin tener que desplazarse a la sede de la compañía. Se asegura también que las plataformas digitales son un mecanismo de intermediación muy eficiente pues se crean mercados regionales, nacionales e internacionales, lo que permite a los empleadores un mejor acceso al tipo de trabajador que requieren y a éstos últimos acceder a una ocupación más rápidamente y escoger las mejores opciones.

Sin embargo, es evidente que las mayores ventajas son para el patrón que puede utilizar los servicios del trabajador cuando lo necesita, sin ninguna responsabilidad legal, y que paga solo por la tarea realizada. Otro problema es que, bajo este esquema, ni los patrones ni los empleados pagan impuestos ni contribuciones a la seguridad social, lo que ha despertado también la inquietud de los gobiernos, pues facilita la evasión fiscal. 

El crecimiento de las economías gig y de plataforma digital han sido muy acelerados. Según algunos estudios de McKinsey, el 27% de los trabajadores de EU y Europa forman parte de este tipo de mercado de trabajo. De acuerdo a  otra investigación, del Pew Research Center, en la mayoría de los casos se trata de trabajadores de cuello azul, es decir, son el nuevo proletariado manual que ahora es contratado bajo condiciones de incertidumbre, inestabilidad y muy bajos ingresos. Además, afirma, la mayoría de ellos opta por esta modalidad de contratación no tanto para obtener un dinero extra, sino porque está desempleado.

En el caso de Uber, el modelo gig ha causado ya la oposición decidida de sindicatos y trabajadores por los bajos salarios y la inexistencia de cualquier derecho laboral. En el Reino Unido, el año pasado, después de un largo litigio en tribunales, se les reconoció como trabajadores al servicio de la empresa, lo que fue considerado un gran triunfo para los sindicatos.

En resumen, la economía gig es una realidad que está creciendo gracias al uso cada vez más extendido de las tecnologías digitales y, sobre todo, por la falta de puestos de trabajo fijos y bien remunerados. El reto es lograr el reconocimiento de sus derechos. Convertir el modelo gig en un sistema de empleos dignos, según los criterios de la OIT. No será fácil, pero la obligación de los gobiernos y los legisladores es procurar que así sea.

En cambio, en México, a un par de senadores que dicen representar a los trabajadores, Tereso Medina e Isaías González, del PRI, se les ocurrió hacer exactamente lo contrario: proponer una reforma laboral que quitaba todas las normas legales a la llamada subcontratación para que ésta pueda extenderse sin cortapisas. Y con ello, alentar, incluso a las empresas que no están basadas en plataformas digitales, a formar parte también   de la economía gig. Es decir, convertir todas las relaciones de trabajo en un “palomazo”.

Parece que esta intención se ha detenido por el momento. Pero no basta. Hay que insistir en una ley (y en su aplicación) que no sólo impida la generalización de   la subcontratación y el freelance, sino que además fomente la creación de un mayor número de empleos decentes.

Según la OIT éste el camino para una sociedad prospera y con menor pobreza y desigualdad. El de la economía gig, que defienden Isaías y Tereso, nos conduce, en cambio, a un futuro sin desarrollo ni paz social.  Eso es lo que están en juego en el debate sobre las reformas a la Ley Federal del Trabajo que están hoy en manos de los legisladores.

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Publicado en El Sur 310/01/2018

Aniversarios

Saúl Escobar Toledo

Este año celebramos tres aniversarios significativos de la historia del siglo XX mexicano: 80 años de la expropiación petrolera; 50 del movimiento estudiantil; y 30 de la elección presidencial que, según muchos observadores, estudiosos y testigos, ganó Cuauhtémoc Cárdenas.

El primero acontecimiento fue resultado de una decisión tomada por el presidente de la república; el segundo, una rebelión social; y el tercero, un sismo que fracturó al sistema político. Los tres, por diversas razones, cambiaron el curso de México. Todos ellos, más que una continuidad, marcaron una ruptura y pueden entenderse como episodios sobresalientes de las distintas etapas históricas que caracterizaron el siglo pasado.

Los aniversarios son ocasiones propicias para recuperar la memoria. El número de años que cumple algún evento destacado no significa, por sí mismo, nada importante. Podemos celebrar o condolernos de ellos en una fecha cualquiera.  Ha habido, desde luego, otros acontecimientos importantes. Podríamos, por ejemplo, incluir en los recordatorios de este año la huelga ferrocarrilera de 1958.  Pero la memoria es siempre selectiva: no podemos recordar todo, todo el tiempo. Por ello, vale la pena aprovechar la coincidencia de estos aniversarios para hacer un ejercicio que nos lleve a encontrar algunas claves de nuestro presente. Buscar en esos hechos,  algunas “señas de identidad” para entender la situación actual.

La medida adoptada por el presidente Lázaro Cárdenas, anunciada el 18 de marzo de 1938, fue uno de los momentos culminantes de la revolución mexicana. Sus bases legales e ideológicas se encuentran en la Constitución de 1917 pero se hizo realidad gracias a la movilización popular que se desató desde el estallido del movimiento armado. Puede explicarse también como parte de la reconstrucción del estado nacional que se emprendió desde la caída del régimen porfirista. Gracias a ello, se llevó a cabo un acto soberano que sorprendió al mundo (sobre todo a Estados Unidos y Europa) y a muchos mexicanos. Como lo han señalado diversos historiadores, la coyuntura internacional, particularmente la Segunda Guerra mundial que ya estaba en curso, fue aprovechada magistralmente por Cárdenas para decretar la expropiación. Pero lo más importante es que le dio al Estado mexicano una enorme fuerza: legitimidad frente a sus ciudadanos, respeto frente a las potencias extranjeras, y nuevos instrumentos para conducir la economía nacional. Los años de estabilidad política, el crecimiento productivo y el papel que jugó México en el contexto internacional en las décadas posteriores, hasta principios de los años ochenta, difícilmente se pueden entender sin la expropiación de marzo de 1938. A pesar de sus dificultades y costos, la industria petrolera fue uno de los principales activos de los gobiernos del PRI ya que PEMEX se convirtió en la  palanca estatal más importante  para financiar el desarrollo.

En 1968, el movimiento estudiantil fue la expresión de un profundo descontento popular. Los gobiernos revolucionarios presumían de haber logrado la modernización del país y la tranquilidad social y política, aunque estas últimas en realidad se apoyaban en un autoritarismo feroz que no admitía disensos. Diez años antes, las huelgas ferrocarrileras y magisteriales habían sido reprimidas duramente por el ejército y la policía, y sus dirigentes eran presos políticos. No existía, en los hechos, libertad de expresión, ni de manifestación, ni de asociación. Tampoco competencia electoral. De esta manera, el movimiento se convirtió (como abundamos en un artículo previo), en una lucha por la democracia y la justicia social. La matanza del 2 de octubre fue la evidencia del agotamiento de un régimen político. A lo largo de los años siguientes, se desatarían grandes movilizaciones obreras y campesinas y surgirían oposiciones armadas y civiles y nuevas alternativas políticas.

Por su parte, en julio de 1988, el PRI tuvo que enfrentar una oposición capaz de desplazarlo de la presidencia de la república, después de varias décadas de ejercer el monopolio de la vida política. Como se recordará, la ruptura de Cuauhtémoc Cárdenas logró la adhesión de un conjunto de partidos y sobre todo una enorme simpatía popular. Por primera vez en muchos años, se presentaba un candidato que representaba la legitimidad perdida de la revolución mexicana, la posibilidad de un cambio progresista, y el fin de la corrupción y el despotismo. Su candidatura conmovió arriba y abajo: a los grupos enquistados en el poder y a los ciudadanos de a pie. Se entendió como la oportunidad de retomar el programa de la revolución y al mismo tiempo iniciar un camino indédito.  Ambas cosas hicieron de Cuauhtémoc el candidato de la esperanza de millones de personas. Los mexicanos volvieron a creer en una opción política y en una salida pacífica, institucional y ordenada frente a los desastres de las crisis de 1976 y sobre todo de 1982, misma que se había prolongado todos esos años con un elevadísimo costo social.

El fraude electoral impidió el arribo de un gobierno encabezado por la oposición, pero abrió una etapa de mayor pluralismo político y la reconstrucción de un sistema electoral que dio lugar a la alternancia, primero en los municipios y gubernaturas de varios estados, luego una mayoría opositora en la Cámara de Diputados y el triunfo en la  Ciudad de México que por primera vez elegía a un gobierno propio  y, finalmente, la presidencia de la república.

Si entre 1938 y 1968 el Estado mexicano pasa de su momento de mayor fuerza y reconocimiento a sus días de peor desempeño y mayor deslegitimación, entre 1968 y 1988 el país transita de la rebelión social a la oposición política organizada. Dicho de otra manera, se pasa del protagonismo del estado y en particular del presidente (1938), a los episodios del 68 en el que el actor central fue la movilización callejera, y luego al cisma de 1988, encabezado un candidato opositor y un proyecto de reformas dentro del marco de la legalidad. Se iniciaba, parecía entonces, una transición pacífica hacia un nuevo estadio del país.

Ello, sin embargo, no sucedió. La zaga de este relato no tiene un final feliz. La deriva del Estado fuerte y despótico terminó, pero no fue sustituida por un régimen que promoviera un mejor reparto de la riqueza y una democracia sustantiva. Los principales centros de poder fueron secuestrados por una élite tecnocrática al servicio de los grandes capitales nacionales e internacionales. El descontento popular siguió extendiéndose, pero si al principio parecía que los partidos, especialmente el PRD, serían el vehículo para convertir las demandas sociales en nuevas leyes y acciones de gobierno, la vida política pronto se degradó en un sistema de reparto y encubrimiento que cobijó la corrupción y la impunidad. La alternancia ocurrida en el año 2000 no fue el inicio de una renovación sino la puerta de entrada al desastre. Así, en este sexenio, hemos visto cómo las instituciones se han deteriorado profundamente, cooptadas por la delincuencia organizada, la arbitrariedad de los organismos de seguridad pública (denunciados repetidamente por actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales), y la incapacidad de gobernar en amplias zonas del territorio nacional.  Su resultado inmediato ha sido una violencia extendida e imparable que amenaza cualquier expectativa de progreso y convivencia en nuestra patria. 

Si a fines del siglo XX, el paso de 1938 a 1968 y luego a 1988, con todas sus implicaciones dramáticas y sus significados múltiples, se perfilaba como una serie histórica que avizoraba mejores tiempos, el siglo XXI nos ha traído casi puras malas noticias. Se ha desmantelado en unos cuantos años casi todo lo que parecía servir de base para levantar un nuevo país.

Las elecciones de este año, 2018, tendrán que resolver esta encrucijada: ¿estaremos ante la oportunidad de una ruptura con el pasado inmediato para retomar lo mejor de nuestra historia, o ante la continuidad de estos años oscuros?

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