Incertidumbre mundial

El mundo cambia, pero con rumbo incierto Saúl Escobar Toledo Ciudad de México, 22 de febrero de 2024. En distintas publicaciones, tanto académicas como de amplia circulación, se comentan los cambios que están ocurriendo a nivel internacional. Desde luego, han surgido serias preocupaciones por los conflictos armados, particularmente la guerra en Ucrania y la ocupación de Palestina por Israel, pero también otros ubicados en distintas regiones del planeta: Sudán del Sur, la República Democrática del Congo y Nagorno-Karabaj (que involucra a Armenia y Azerbaiyán). En todos estos conflictos hay fuerzas armadas de distintas potencias (del G20) cuyo número no es muy grande; sin embargo, han afectado a cientos de miles de personas (Cf. Armed Conflict Survey). Por otro lado, el panorama económico, igualmente, está cambiando sobre todo en los que se refiere a las tendencias comerciales. Un estudio del Instituto MacKinsey (mckinsey.com/mgi) da cuenta de que, en 2023, México se convirtió en el mayor socio comercial de Estados Unidos; el comercio de Vietnam con China y Estados Unidos ha ido aumentando; las importaciones de energía de las economías europeas se alejaron drásticamente de Rusia, mientras que las importaciones de algunos productos de China, como los vehículos eléctricos han aumentado. Estos cambios han tenido una razón geopolítica. Es decir, obedecen a las guerras desatadas y a la rivalidad entre las dos grandes potencias económicas, China y Estados Unidos. Sólo así puede entenderse que “los aranceles promedio sobre el comercio de bienes entre ambas potencias se hayan multiplicado entre tres y seis veces desde 2017” y que, “tras la invasión rusa de Ucrania, la Unión Europea (UE), Estados Unidos y otras naciones impusieron sanciones comerciales a Moscú”. Posteriormente, el desvío de las rutas marítimas debido a la crisis del Mar Rojo que comenzó en diciembre de 2023 alteraron los flujos comerciales. El estudio señala que, “en términos más generales, el número de nuevas restricciones al comercio mundial… ha aumentado constantemente, de unas 650 en 2017 a más de 3.000 en 2023”. Para tratar de caracterizar estos cambios se han adoptado términos en inglés como “decoupling”, “derisking”, “reshoring”, “nearshoring” y “friendshoring”, aunque estos vocablos se refieren, especialmente, al caso de Estados Unidos, país que intenta alejarse de China y busca otros territorios para sus inversiones y proveedores de bienes de consumo final y refacciones. Por su lado, Beijing ha adoptado otra estrategia y ha ido aumentando su participación en el comercio mundial, particularmente pero no sólo , con las economías en desarrollo de todo el mundo. Así, por ejemplo, Alemania disminuyó su comercio con Rusia y al mismo tiempo lo aumentó con China. El gigante asiático, “la mayor potencia comercial del mundo”, dice el estudio, se destaca por sus intercambios de mercancías con más socios geopolíticamente distantes que cualquier otra economía”. El pretendido divorcio (“decoupling”) de Estados Unidos de China ha llevado a incrementar sus importaciones de bienes manufactureros de otros países. Sobre todo, Vietnam y otras economías asiáticas, y México. En estos casos se puede aplicar más claramente el término ““friendshoring”, al tratarse de naciones que, según la óptica de Washington, parecen socios más confiables. El estudio señala que “si bien la geometría del comercio mundial se ha ido reconfigurando gradualmente, su forma futura sigue siendo incierta…” Y avizora distintos escenarios: “una posibilidad podría consistir en un mundo desglobalizado, cada vez más fragmentado en el que el comercio se reoriente hacia el flujo entre economías geopolíticamente alineadas, tal como se ha observado con la disminución de la participación del comercio entre Estados Unidos y China o la reducción del comercio entre la UE y Rusia. Otra forma de reconfiguración podría llevar a la diversificación de las relaciones comerciales de tal manera que ninguna economía dependa demasiado de otra para los productos que importa, lo que implicaría una mayor inversión en nuevas instalaciones localizadas en diversas economías en desarrollo”. Podría decirse que la primera es la vía estadounidense y la segunda la que intenta China. En el futuro cercano, el estudio considera que lo más probable es “el fortalecimiento de las agrupaciones comerciales regionales en América del Norte, la Unión Europea y la ASEAN”. En lo que atañe a México, “el T-MEC (tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá) será y está siendo clave para sortear su confrontación con China”. Un ejemplo de “nearshoring”. El estudio da cuenta de que nuestro país ha ganado mayor participación en el mercado de Estados Unidos, destacadamente, en los sectores agrícolas y de equipos de transporte. En esta última rama, la participación de México aumentó del 26 al 32 por ciento entre 2017 y 2023. México está exportando una gran cantidad de automóviles terminados a Estados Unidos y también muchas autopartes. Estas últimas, incluso, han crecido más rápidamente que las ventas de vehículos ensamblados. Sin embargo, otro informe considera que América Latina en su conjunto está jugando un papel cada vez más importante en el comercio con China, en especial por su demanda de materias primas. Entre el año 2000 y 2022 el intercambio comercial entre ambas regiones multiplicó 35 veces su valor. La potencia asiática desplazó ya a la Unión Europea como segundo socio comercial de la región, según datos de la CEPAL. Ahora bien, el comercio entre América Latina y el Caribe y China tiene una estructura claramente definida: en 2022, el 95% de las exportaciones de la región correspondió a materias primas y manufacturas basadas en recursos naturales, mientras que los envíos desde Oriente correspondieron en un 88% a manufacturas de tecnología baja, media y alta. Es decir, parecería que México está adoptando un patrón distinto al de América Latina en su conjunto. Nuestro país ha captado y se espera que lo hará más en los próximos años, inversiones provenientes de Estados Unidos en empresas manufactureras orientadas hacia el mercado interno de su socio estratégico, mientras que AL en su conjunto ha tenido un mayor acercamiento comercial con China basado en la exportación de materias primas y la importación de productos manufacturados. Si estas tendencias se confirman, cabe interrogar: ¿podría México diversificar su comercio y sus inversiones para no depender casi exclusivamente de Estados Unidos? La respuesta a esta pregunta no depende sólo de la voluntad de nuestro gobierno sino también de la evolución de los conflictos a nivel internacional y de otras mudanzas políticas. Si en las próximas elecciones en Estados Unidos resultara electo Donald Trump no hay seguridad de que la relación con México evolucione en los términos señalados. El gobierno de EU podría cerrarse más al exterior, para reducir su déficit comercial, y castigar a México, con el pretexto de la migración, con sanciones comerciales tal como sucedió en el pasado reciente. Así las cosas, los cambios a nivel mundial muestran distintas tendencias sin estar completamente claro que rumbo tomarán, influenciados por fenómenos políticos internos y el desenlace de los conflictos internacionales que son difíciles de vislumbrar. En estas condiciones, el próximo gobierno tendrá que tomar distintas medidas, según evolucionen los acontecimientos en el plano internacional. En todo caso, se requerirá una política de Estado capaz de reaccionar oportunamente y tratar de aprovechar las circunstancias en beneficio de los mexicanos. Sobre todo, la próxima administración deberá contar con una política industrial que amplíe la infraestructura productiva pero también proteja a los trabajadores mexicanos. Vivienda, salud, educación, cuidados familiares y condiciones de trabajo dignas acompañadas de un sindicalismo democrático y más vigoroso. Otros caminos ya los hemos visto: un país maquilador con trabajadores sumidos en la miseria, o exportador de materias primas sin beneficios tangibles para la mayoría de la población. saulescobar.blogspot.com (22022024)

Las reformas a las pensiones y los salarios anunciados el 5 de febrero de 2024: un comentario inicial

Las reformas del 5F: pensiones y salarios Saúl Escobar Toledo Las iniciativas anunciadas por el presidente a principios de enero fueron, por fin, entregadas al Congreso el pasado 5 de febrero. Se trata de un paquete de 20 propuestas acerca de una gran variedad de temas. En esta nota comentaremos solamente los que se refieren a las pensiones y a los salarios. En primer lugar, hay que señalar que la iniciativa que se refiere a la pensión no contributiva, el programa de adultos mayores busca modificar la Constitución, pero sólo para alinearla a lo que ya sucede en los hechos. Así, la edad se reduce de 68 a 65 años, enmendando el artículo cuarto de la carta magna. Ahora bien, en lo que toca a las pensiones contributivas y a los trabajadores inscritos en una AFORE, el asunto es más complejo. La aprobación de las iniciativas afectaría tanto a los trabajadores que cotizan en el IMSS como a los que aportan al ISSSTE. El texto presidencial hace una crítica severa de las reformas de 1997 y 2007 y las califica como una “regresión histórica” y “una transgresión a los derechos laborales”, debido a que “contempló un nuevo régimen de aportaciones definidas, en la capitalización individual y la administración privada de los recursos de los trabajadores”. Sin embargo, la iniciativa se propone sólo “reducir los daños”, es decir no cambia el modelo que tan duramente condena. Reconoce que en la actualidad “lastimosamente” los jubilados reciben una pensión que equivale a menos de la mitad de su salario. El ”remedio” consiste en modificar el artículo 123 constitucional para que la “pensión de retiro por vejez sea igual a su último salario hasta por un monto equivalente al salario promedio registrado en el IMSS, cuando la pensión que obtengan en términos de la ley sea menor a dicho promedio”. Es decir, la tasa de reemplazo (la proporción entre el último salario devengado y el monto de la pensión que recibirá) no será del 100% como se había dicho. Más bien se trata de aumentar la pensión mínima garantizada, la cual alcanzaría la cantidad de $16 777. 68, monto que se “actualizará anualmente el 1° de enero… de acuerdo con la inflación estimada para ese año”. Debe subrayarse que este aumento sólo se aplicará a “aquellas personas trabajadoras que se pensionen con posterioridad a la fecha en que… se constituya el Fondo de Pensiones para el Bienestar”. Tal Fondo estaría listo noventa días después de publicado el Decreto, es decir con posterioridad a que haya sido aprobado por el Congreso de la Unión y las dos terceras partes de los estatales y sancionada por el Ejecutivo. El Fondo que proporcionará los recursos para el aumento de las pensiones se integrará inicialmente, en gran parte, con aportaciones del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP). También menciona otras aportaciones iniciales y complementarias que, para esta nota, no cabe enumerar. Hay que destacar solamente que, con excepción de aquellos que proporcionaría el INDEP, todos los demás recursos no se tienen y dependen de un complejo y probablemente largo proceso de litigio y arreglos administrativos. El presidente mencionó la disposición de “un capital semilla” de 64 mil millones de pesos. Esta cantidad representa apenas el 5 por ciento del gasto que está presupuestado este año para financiar las pensiones del IMSS e ISSSTE. Una cantidad que “no alcanza para nada” según ex funcionarios de CONSAR. Además, las fuentes de los recursos mencionadas no son recurrentes es decir no aportarán más fondos en el futuro, precisamente cuando más se necesitarán. Queda la interrogante acerca del financiamiento de estos aumentos, sobre todo en los próximos años. Dado que el presupuesto está muy presionado por el gasto que ya absorben el pago de las pensiones (un 30 por ciento del gasto total), la cosa es bastante seria y merece una explicación detallada y cálculos actuariales que no se presentaron. Hay que subrayar que la iniciativa supone afectar los recursos del IMSS y, en particular, del ISSSTE, ya que se propone alimentar el Fondo con “las enajenaciones” de los inmuebles propiedad o en posesión del ISSSTE y “reducir los adeudos por concepto de cuotas y aportaciones no enteradas al Instituto, con el propósito de facilitar su cobro”. Según el texto de la iniciativa, al cierre de diciembre de 2023, esos adeudos, a cargo de las entidades federativas, municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad México alcanzaban un monto de $88,528 millones de pesos. Pagar esas obligaciones representará, sin duda, un problema presupuestal para esas administraciones. Puesto que se trata de una reforma constitucional, el Congreso de la Unión deberá reformar las leyes correspondientes, dice la Iniciativa, en un plazo que no excederá de noventa días naturales a partir de su entrada en vigor. Lo anterior significa que el aumento de la pensión mínima seguramente no será aplicable este año y que las enmiendas a las leyes secundarias pueden aportar medidas adicionales no contempladas en la propuesta presidencial. En resumen, el aumento de las pensiones no beneficiaría a todas las personas trabajadoras jubiladas, sólo a aquellas que lo hagan en un futuro todavía incierto, aunque seguramente a los trabajadores de menores ingresos; y sobre todo no quedan claras tanto la viabilidad del financiamiento de este aumento en el largo plazo como su aplicación. En el caso de los salarios mínimo, el texto de la iniciativa reconoce que, a pesar de los aumentos ocurridos en los últimos años, “al cierre de 2024”, todavía no es suficiente para cumplir con el mandato constitucional y para que la familia del trabajador supere la línea de la pobreza. Por ello, considera que “los incrementos a los salarios mínimos superiores a la inflación deben mantenerse, si bien moderando el ritmo respecto a los años recientes”. La reforma presidencial propone una enmienda al artículo 123, fracción sexta, para que diga: “La fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales, o la revisión de los mismos, nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia”. Habrá que recordar que la LFT ya incluye ese texto. Así, la iniciativa presidencial no aporta nada nuevo. Como señalamos en una entrega reciente para El Sur, la enmienda constitucional debería precisar también la necesidad de revisar los salarios mínimos si la inflación ocurrida después de la fijación que se realiza cada fin de año rebasa con mucho el aumento decretado. Es decir, establecer claramente la posibilidad y los términos de su actualización durante el año de su vigencia. Finalmente, el aspecto más relevante de la iniciativa y quizás el más beneficioso para los trabajadores, se refiere a los trabajadores del apartado B. Plantea que: “El ingreso promedio mensual de las personas trabajadoras afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se situó en 16,152 pesos mensuales durante 2023. No obstante, el salario de las ocupaciones de la salud, educación y seguridad consideradas es inferior”. Por ello, la iniciativa propone “establecer a nivel constitucional que las maestras y los maestros de tiempo completo de educación pública del nivel básico, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada permanente, y médicos y enfermeros, perciban un salario mensual que no debe ser inferior al salario promedio de los trabajadores registrados ante el IMSS ($16 777.68)” Se trata entonces de fijar, para los trabajadores señalados, un salario mínimo profesional. En otro transitorio se señala que los aumentos tendrían efecto de inmediato, una vez finalizado el trámite legislativo. Vale la pena señala que el presupuesto para 2024 contempla un gasto por servicios personales equivalente a 1.75 billones de pesos, un aumento de 5.4% en términos reales respecto a 2023. No se informa cuanto será el impacto de estos aumentos en el presupuesto de la Federación. Tampoco encontramos un cálculo para los años siguientes, es decir para la próxima administración presidencial. Además, hay que aclarar que dichos aumentos beneficiarían a los trabajadores que laboran en dependencias a cargo de la Federación y deja fuera a aquellos que lo hacen al servicio de los estados y municipios. En resumen, las iniciativas contienen propuestas de naturaleza y alcances muy distintos: algunas buscan elevar a rango constitucional programas y medidas que ya existen; otras, las más importantes, presentan problemas de financiamiento que no se aclaran ni se cuantifican; y finalmente, hay aspectos preocupantes que requerirán más información o precisiones que tendrán que plasmarse en las leyes reglamentarias. saulescobar.blogspot.com (15022024)

El peso de las deudas públicas externas

El peso de la deuda Saúl Escobar Toledo A fines del año pasado, el Banco Mundial publicó su “Informe sobre la deuda Internacional”, el cual advierte que, debido al aumento de las tasas de interés a nivel mundial, el mayor en cuatro décadas, los países en desarrollo destinaron una cifra récord equivalente a más de 443 mil millones de dólares al pago de su deuda pública externa. Ese incremento trajo como consecuencia que desviaran recursos de rubros tan indispensables, como salud, educación y medio ambiente. El estudio precisa que, debido al aumento de las tasas de interés, el servicio de la deuda (amortizaciones al capital e intereses) aumentó 5% respecto al año anterior en todos los países en desarrollo. Aún más, las 24 naciones más pobres, según proyecciones del Banco, tendrán un alza considerable de los costos del servicio de la deuda, los cuales podrían alcanzar hasta un 39% del PIB entre 2023 y 2024, lo que plantea un escenario crítico para los próximos años. El encarecimiento del crédito ya ha provocado que, en los últimos tres años, 10 países en desarrollo hayan cesado los pagos de sus deudas y se calcula que el 60% de las naciones más pobres corren el riesgo de caer en una situación de sobreendeudamiento , es decir, que no puedan pagar o reduzcan drásticamente sus gastos para el desarrollo social y económico. Y es que muchos de los países más pobres contrataron una parte de su deuda a tasas variables, lo que resultó en aumentos de los pagos de un año a otro, a veces de manera muy elevada. Además, aquellos que no pagaron su deuda en el marco de la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda diseñada por el Grupo de los 20 (conformado en su mayoría por las naciones más ricas del planeta), acumularon capital, intereses y comisiones que hacen más pesadas ahora sus obligaciones. En otras palabras, sólo se les otorgó tiempo, pero no se redujeron las deudas ni los costos de sus servicios. El documento aprecia que los problemas se están agudizando ya que, además de tener que pagar más por su deuda, al mismo tiempo, han disminuido las opciones de financiamiento para los países en desarrollo. Los préstamos de entidades públicas disminuyeron alrededor de un 23%. En el caso de las instituciones privadas las cosas fueron más negativas; según el BM, “Es la primera vez desde 2015 que los acreedores privados recibieron más fondos que los que destinaron a los países en desarrollo”. El informe apunta que en 2022 las instituciones multilaterales prestaron 115 mil millones de dólares a bajo costo para los países en desarrollo, de los cuales la mitad fue proporcionada por el Banco Mundial. Sin embargo, como puede deducirse de las cifras que el propio Banco expone, el esfuerzo ha sido insuficiente. También lo han sido los esquemas diseñados por las naciones más poderosas. Desde mediados de 2023, la ONU había advertido que la deuda pública mundial se había elevado notablemente y que los países en desarrollo acumulaban el 30% del total, unos 28 billones de dólares. Y destacaba igualmente que “La mitad de la humanidad vive en naciones que se ven obligadas a gastar más en el servicio de su deuda que en salud y educación, lo que significa nada menos que un desastre para el desarrollo”. Así mismo, precisaba que 52 países que representan el 40% del mundo en desarrollo están en “graves problemas “. Por ello, consideraba indispensable “un mecanismo de reestructuración, suspensiones de pagos, plazos más largos y tasas más bajas para los países más pobres y de renta media que estén en una situación vulnerable”. En enero de este año, 2024, en su reporte anual, “La situación económica mundial y sus perspectivas”, la ONU abundaba: Para los países desarrollados, debido a las políticas monetarios restrictivas (y en especial la persistencia de tasas de interés elevadas) el riesgo de una recesión en 2024 aún es posible; aún si no sucede, la mayoría de esas naciones tendrán un crecimiento más débil. En los casos de los países en desarrollo, esas políticas “exacerbarán los riesgos de sustentabilidad de sus deudas e impedirán las muy necesarias inversiones que se requieren en alcanzar las metas de desarrollo sustentable” De esta manera, el panorama económico, al menos en el corto plazo, es pesimista: el PIB mundial será más lento y caerá de un estimado 2.7% en 2023 a 2.4% para este año. Por su lado, el FMI, en septiembre del año pasado, reportó que en 2022 “la carga de la deuda mundial… se mantuvo por encima del nivel anterior a la pandemia, nivel que ya era elevado, y alcanzó el 238% del PIB mundial”. A pesar de todas estas advertencias y proyecciones, casi nada se ha hecho, especialmente en lo que toca a los países más pobres. Si algunos de los problemas señalados en el panorama mundial se agravaran sensiblemente, los efectos adversos para México podrían ser varios. En primer lugar, porque una caída del PIB en los países más desarrollados ( y una recesión, especialmente en Estados Unidos) reduciría el comercio y las inversiones. Por otra parte, si la crisis de la deuda en los países en desarrollo se extiende, ello puede afectar también al nuestro debido a que los acreedores, sobre todo privados, pueden restringir el refinanciamiento de las deudas, reducir los plazos de pago, y encarecer los créditos. En un extremo, incluso los fondos de los organismos multilaterales podrían volverse aún más escasos. Mientras no se construyan mecanismos realistas y efectivos para resolver el problema de sobreendeudamiento de muchos países que ya lo padecen, estos riegos serán cada vez más acuciantes. Medidas de alivio de las deudas suponen un mayor desembolso de las naciones más acaudaladas en recursos disponibles para los organismos multilaterales y obligar a los acreedores privados a restringir sus ganancias para tomar medidas como las que recomienda la ONU. Sin embargo, en momentos de tensiones políticas internas y externas; guerras regionales como las que observamos en Medio Oriente y en Ucrania; y expectativas económicas poco favorables, los gobiernos de los países ricos parecen prestar poca atención a los sufrimientos de las regiones menos desarrollados. México, según documentos de la SHCP, está en mejores condiciones que otras naciones. La deuda pública total es relativamente menor que la de otros países (48.8% del PIB para 2024 en el caso de México y 51.6% para América Latina); la proporción entre la deuda externa e interna tiene niveles aceptables; y los apoyos, sobre todo del FMI, han sido exitosos. Aun así, los requerimientos financieros del sector público han aumentado del 15.3% en 2022 al 16.2% del PIB calculado para 2024. Ello se debe a que las necesidades del gobierno federal alcanzarán para este año los 4.25 billones de pesos, un 12.4% del PIB, frente al 11% de 2022. Esto último debido en buena medida a que el financiamiento del déficit público aumentará de 3.2% del PIB en 2022, al 5.5% para este año. Es decir, aunque no estamos en riesgo de caer en suspensión de pagos o en alcanzar un nivel de sobreendeudamiento crítico de acuerdo con los parámetros del BM, el peso de la deuda en el presupuesto es ya oneroso. A tal punto que el gobierno ha anunciado, discretamente, la posibilidad de recortes al gasto y medidas de austeridad mayores para este año. Para la próxima administración, lidiar con un escenario como el descrito será un reto fundamental y muy complejo. En un contexto internacional sombrío y cargado de incertidumbres, y un presupuesto con requerimientos financieros relativamente elevados, aumentar el déficit público y pedir más préstamos no parece recomendable. De esta manera, tendrá que abrir otras opciones: una restructuración del gasto para atender las necesidades más importantes y, al mismo tiempo, aumentar los ingresos fiscales. Ambas cosas exigirán, a su vez, consensos, legitimidad y una reconsideración de la política económica seguida hasta ahora. Esperemos que lo anterior fortalezca y no debilite los esfuerzos por construir un país más justo y sustentable. saulescobar.blogspot.com

Salarios y pensiones: nuevas reformas

Salarios mínimos y pensiones: ¿nuevas reformas? Saúl Escobar Toledo El presidente López Obrador, en un discurso que pronunció para evocar la represión masiva de la protesta obrera en la fábrica textil de Río Blanco ocurrida entre el 7 y el 9 de enero de 1907, anunció dos propuestas en materia laboral. La primera, “una iniciativa de reforma al artículo 123 de la Constitución para que se establezca que nunca, jamás, va a aumentar el salario menos que la inflación”. La segunda, la formuló de la siguiente manera: “Me lo plantearon del sindicato de maestros y otros trabajadores. Vamos a revisar la contrarreforma laboral de Zedillo, la de las pensiones, y vamos a hacer una propuesta porque es completamente inhumano, injusto que un trabajador que después de 30 años de estar laborando, cuando termina ni siquiera recibe —porque así está esa reforma— su salario cuando estaba en activo, sino la mitad si le va a bien, de ese salario…”. Ambas propuestas parecen muy plausibles. Sin embargo, el presidente no precisó su contenido. Conviene entonces plantear una serie de asuntos para avanzar en el debate que necesariamente se tendrá que profundizar cuando se defina el contenido de dichas reformas. En lo que toca al salario, debe entenderse que se refiere a los salarios mínimos y no al conjunto de ellos, incluyendo los contractuales. Ahora bien, en lo que toca a los mínimos, el texto vigente de la Constitución señala que “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.”. Esta obligación constitucional aún no se ha cumplido a pesar de los considerables incrementos de los últimos años, incluyendo el 20 por ciento decretado para 2024. De acuerdo con los cálculos de CONEVAL, que determinan la cuantía de la canasta básica alimentaria y no alimentaria, y suponiendo que laboran dos miembros de la familia compuesta por cuatro personas, todavía se requiere por lo menos un 16% más para cumplir con ese objetivo. Si, como señala la Carta Magna, sólo aporta ingresos el “jefe de familia”, el esfuerzo tendría que ser del doble, un 32% más de incremento a los mínimos. De esta manera, lo que se aprecia como más urgente y necesario es que el próximo gobierno mantenga el esfuerzo y se cumpla con el mandato constitucional. Para ello, por supuesto, se tendría que aumentar el mínimo por encima de la inflación, pero de tal manera que el objetivo que señala nuestras Carta Magna se alcance lo más pronto posible. Por su parte, la Ley Federal del Trabajo señala, gracias a una reforma de marzo del 2021, que “La fijación anual de los salarios mínimos, o la revisión de los mismos, nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia transcurrido”. Ambos textos son desde luego perfectibles, sobre todo, para que se precise la necesidad de revisar los salarios mínimos si la inflación ocurrida después de la fijación que se realiza cada fin de año rebasa con mucho el aumento decretado. Es decir, que se establezca claramente los términos de su revisión durante el año de su vigencia. Para ello, no se requería una reforma constitucional, que políticamente es más compleja y tardada: bastaría una nueva enmienda a la LFT. Por su parte, la reforma de las pensiones es un asunto de mayor envergadura. En primer lugar, se requiere precisar si dicha reforma apunta hacia los trabajadores que se rigen por la Ley del ISSSTE pues la mención del presidente a los “maestros” pareciera involucrar a este sector. Dicha ley, hay que precisarlo, no fue iniciada por el presidente Zedillo sino por Calderón en 2007. Además, no ha sufrido ninguna enmienda. Por ello, debería tener prioridad en el esfuerzo legislativo. Habrá que revisar todos los artículos que establecen los requisitos para obtener una pensión (años de cotización, edad del trabajador, fecha de ingreso); y aquellos que obligan al trabajador a someterse al régimen de cuentas individuales, todo lo cual ha dado los malos resultados a los que aludió el presidente. Hay que reiterar que, a diferencia del sistema de reparto, en el de capitalización individual, el monto de la pensión se define por el ahorro que se logre acumular en la cuenta de cada trabajador. Conviene aclarar que la ley señala que, si el trabajador afiliado al ISSSTE cumple con la edad y los años cotizados para obtener una pensión de cesantía en edad avanzada y vejez, pero no tiene recursos suficientes en su cuenta individual, el gobierno federal aportará los montos necesarios para el pago de la pensión garantizada. Sin embargo, ese monto aumenta de acuerdo con el índice de precios (artículo 92 y 93) lo que ha provocado que esa pensión garantizada sea cada vez menor e insuficiente. Por ello, incrementar el monto de la pensión, para que sea superior al 50% del salario que recibía el trabajador cuando estaba activo, requeriría un aumento sustancial de los recursos aportados por el gobierno. Por su parte, el régimen pensionario aprobado en la administración del presidente Zedillo en 1997, incluyó solamente a los trabajadores del apartado A, asegurados en el IMSS. Además, dicha ley ya fue reformada en esta administración en 2021 y se pactó un plazo para su implementación entre 20223 y 2030. Cabe preguntarse entonces si el presidente propondrá reformas a los dos sistemas o sólo a uno de ellos. Desde luego, si incluyera a quienes cotizan en ambos, el asunto tendría que sortear grandes dificultades: no sólo el aumento de la pensión garantizada para los afiliados al ISSTE; también, en el caso de aquellos inscritos en el IMSS, otro tipo de problemas: en primer lugar, el poder de las AFOREs privadas, las cuales han concentrado una enorme cantidad de recursos, equivalentes a casi el 20% del PIB. Enseguida, justificar las causas de una nueva reforma en vista de que la anterior no ha funcionado a pesar de su corta vida. Desde nuestro punto de vista, la reforma de 2021 permitirá que más mexicanos reciban una pensión a cargo de las administradoras privadas y mejorará el monto de esa prestación ya que habrá mayores aportaciones de los empleadores y el gobierno; también reduce las comisiones cobradas por las Afores. No obstante, a pesar de sus bondades, dicha reforma mantuvo la estructura fundamental del sistema privatizado y en el mediano plazo no resolverá los problemas fundamentales: la reducida cuantía de las pensiones; la baja densidad de cotización que resulta de la relación entre el tiempo cotizado al sistema y el tiempo total trabajado en el mercado laboral (debido a la existencia de empleos precarios y a que muchos trabajadores pasan frecuentemente de ocupaciones formales a las informales);su escasa cobertura; y las minusvalías que sufre ocasionalmente el ahorro de los trabajadores por el comportamiento del mercado financiero. Además, las reforma de 2021 requerirá de mayores aportaciones del gobierno (lo cual significa en una carga adicional para el presupuesto de la federación) y de los empleadores (que en unos años puede afectar el empleo y los salarios). De acuerdo con lo anterior, el sistema de pensiones privatizado requiere una nueva y más profunda revisión, lo que debería incluir la creación de un sistema público de reparto solidario, tal como lo recomienda la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este nuevo sistema puede tener diversas variantes, pero terminaría con el monopolio de las AFOREs, empresas privadas que manejan el ahorro de los trabajadores afiliados al IMSS. El presidente ha planteado asuntos muy importantes. Esperemos que el debate público alimente y dé contenido a las propuestas del gobierno. saulescobar.blogspot.com

Propuestas para el diálogo y transformación del país ; trabajo, ingresos y protección social

Propuestas para el diálogo y la transformación del país Saúl Escobar Toledo Un grupo de académicos amplio, plural e interdisciplinario publicó recientemente un documento “Propuestas para los próximos años” (disponible en www.nuevocursodedesarrollo.unam.mx). Abarca distintos temas incluyendo las relaciones internacionales de México; la democracia; la política social; el trabajo; la seguridad y la paz; la cultura; la política económica; la energía; la infraestructura; el desarrollo sustentable; la gestión del agua; el México rural; y el territorio. No se trata de un “compendio enciclopédico de los grandes problemas nacionales” y por lo tanto no están incluidos todos los temas que dificultan a México. El documento es, más bien, un conjunto de propuestas desde distintos campos del conocimiento para abrir un diálogo amplio con actores políticos, sociales y académicos. Un resumen que fue resultado de un intercambio de puntos de vista y ponencias que se presentaron durante varios meses auspiciados por el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM y como respuesta a una convocatoria del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. El propósito consiste en promover “cambios estructurales que permitan consolidar la recuperación tras la crisis de la pandemia de la Covid-19, y que, a la vez, nos encaminen a la superación de los rezagos que históricamente han marcado nuestra realidad, algunos de los cuales se agravaron después de la recesión de 2008-2009”. La introducción agrega: “A las consecuencias de un largo periodo de bajo dinamismo económico, elevados niveles de pobreza y desigualdad, precariedad hacendaria, degradación ambiental, inseguridad y violencia generalizadas, incumplimiento de los derechos reconocidos y otros rasgos que caracterizan desde hace tiempo nuestra condición nacional, se suman ahora las incertidumbres globales caracterizadas por fluctuaciones económicas muy marcadas, las nuevas tensiones generadas por la guerra en Ucrania (y ahora la que ocurre en Palestina), el agravamiento del cambio climático y otros referentes planetarios”. El tema 5 “Trabajo, ingreso y protección social ante un nuevo entorno mundial”, estuvo a cargo de Norma Samaniego, Claudia Schatan y el autor de estas líneas. Consideramos que el trabajo es un elemento central para definir la estrategia de desarrollo para México ya que es un factor de crecimiento y la fuente de ingresos más importante de los hogares mexicanos. Por ello, el objetivo primordial de dicha estrategia debe consistir en la generación de empleos de calidad. Las oportunidades que ofrece el T-MEC y las tensiones geopolíticas (el nearshoring) pueden ser aprovechadas si se adopta una mayor intervención del Estado para orientar esas inversiones tanto a nivel regional como en actividades productivas específicas. Advertimos, sin embargo, que hay factores que pueden dificultar la creación de empleos de calidad en México: “en el plano externo… el bajo crecimiento esperado en la economía mundial, y en el plano interno la restricción del gasto social en aspectos esenciales como la educación y la salud, y la limitada expansión de la inversión pública”. Frente a estos riesgos, México necesita hacer cambios estructurales que son impostergables; proponemos varios ejes de una nueva estrategia del mundo del trabajo en México: Se requerirá en primer lugar impulsar una estructura productiva “generadora de mayor valor agregado y de empleos de mayor nivel de calificación e ingreso, con una distribución territorial más equilibrada de la actividad productiva y del empleo, y que favorezca a los jóvenes y las mujeres de manera prioritaria…” En segundo lugar, mejorar constantemente los ingresos y las condiciones de trabajo lo que incluye, entre otras cosas, continuar incrementando el salario mínimo y reducir la jornada laboral. De esta manera se promovería un aumento de la productividad y, al mismo tiempo, una mejoría de la calidad de vida de los trabajadores. También se propone evolucionar hacia un régimen de protección social universal lo que implica construir un sistema público universal de salud, financiado por medio de impuestos generales; fortalecer los actuales sistemas de protección frente a los riesgos de enfermedades profesionales, incapacidad, y edad avanzada; en particular y de manera destacada, un seguro de desempleo orientado a mitigar el impacto negativo de la pérdida del trabajo y del ingreso laboral ante situaciones críticas. Igualmente, establecer las bases legales e institucionales para un ingreso vital como mecanismo de apoyo focalizado y temporal en momentos de crisis para trabajadores no asalariados que impida que caigan en la pobreza extrema (como en el caso de Acapulco debido a los estragos del huracán Otis, agrego, tal como lo expuse en un artículo previo publicado en estas mismas páginas de El Sur). En el capítulo respectivo del documento, advertimos que “El cambio tecnológico ha dado lugar a nuevas modalidades laborales que cobraron presencia y se multiplicaron desde el inicio de la pandemia, por ejemplo, el trabajo a distancia, el trabajo híbrido y el trabajo asociado a las plataformas digitales”. Por ello, resulta indispensable brindar protección a quienes laboran de estas maneras ya que en muchos casos han quedado fuera de los esquemas de protección social vigentes. En lo que concierne por ejemplo a los empleados por plataformas digitales ni siquiera son reconocidos como trabajadores subordinados lo que los deja completamente indefensos y sin seguridad social. Otro eje se refiere al sistema de pensiones contributivas, el cual requiere atención urgente: es necesario definir un esquema incluyente y sustentable que no represente, como el actual, una creciente carga fiscal y que, además, ayude a solucionar el grave problema estructural que ha impedido que una gran parte de los adultos mayores gocen de una pensión digna o suficiente para su retiro. Asimismo, proponemos “repensar la educación y la formación continua ante la presencia de la cuarta revolución industrial”, lo que implica superar problemas ancestrales como el analfabetismo y encontrar respuestas oportunas a la brecha digital y nuevas formas de extender el aprendizaje y su actualización durante toda la vida laboral. También se propone consolidar las nuevas instituciones en materia de impartición de justicia laboral, libertad y democracia sindical con base en la reforma laboral de 2019. Y asegurar el cumplimiento de las reformas en materia de trabajo doméstico y de subcontratación fortaleciendo la inspección y la difusión intensiva y lo más amplia posible, de los nuevos ordenamientos para orientar a los trabajadores y patrones. Igualmente, se requiere atender la condición de la mujer en el trabajo y las brechas de género, las cuales se traducen en baja participación en el mercado laboral; menores salarios que sus pares masculinos; hostigamiento laboral y sexual en el centro de trabajo; y mayor proporción que los hombres en ocupaciones informales o vulnerables. Se necesitará también poner atención al fuerte déficit de instituciones del cuidado, lo que ha implicado mayores cargas para las mujeres. Finalmente, consideramos que se requiere una atención especial a los jóvenes, ya que son los más afectados durante los periodos de crisis; tienen altos índices de desempleo y, para la gran mayoría de ellos, la informalidad constituye la puerta de entrada a una ocupación remunerada. El documento completo trata un conjunto de asuntos que se enumeran y explican de manera sucinta pero que, consideramos, deben formar parte de una agenda más amplia para la transformación del país. Ahora que las campañas electorales están comenzando, deseamos que sirva para que la competencia enriquezca sus contenidos y no sea un mero concurso de siglas y personas. Sabemos que existen otros espacios similares. Nuestra contribución, entonces, puede ser un puente de entendimiento para impulsar una causa común: un México más democrático, justo e incluyente. saulescobar.blogspot.com

La concentración del ingreso y la riqueza en México. Algunas tendencias recientes

Concentración del ingreso y de la riqueza en México Saúl Escobar Toledo Ciudad de México, México, 5 de diciembre de 2023. El “Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023”, un estudio de la CEPAL publicado recientemente (www.cepal.org/es/publicaciones/ps) da cuenta de los graves problema de desigualdad que sufre la región. En primer lugar, señala que “a fines de 2023 se cumple en la región una década que se inició en 2014 en que el crecimiento promedio ha sido extremadamente bajo, de solo un 0,8%, menos de la mitad del crecimiento promedio durante la denominada década perdida de los años ochenta”. Lo anterior, advierte, ha propiciado altos niveles de desigualdad. Sin embargo, agrega el informe, a partir del año pasado se pueden advertir algunas tendencias positivas: una caída en la incidencia de la pobreza y la pobreza extrema, una reducción de la desigualdad de ingresos medida por el índice de Gini, un incremento en las tasas de participación laboral y el empleo y una caída de la desocupación en 2022. Esta mejoría relativa no debe ocultarnos otro problema de enorme importancia: la distribución personal de la riqueza, la cual alcanza niveles de concentración mucho mayores que el ingreso. Algunos estudios muestran que en 2021 “el decil superior concentraba bastante más riqueza que ingreso, y que la diferencia en cuanto a la participación en cada uno de ellos oscilaba entre 15 y 21 puntos porcentuales”. Por ello dice el estudio de la CEPAL, “la extrema concentración del patrimonio es una de las expresiones más evidentes de la desigualdad… A diferencia del ingreso, la riqueza… tiende a perdurar de una manera más sólida a lo largo del tiempo”, debido a que “suele transmitirse entre generaciones (sobre todo por medio de las herencias y los negocios controlados por las mismas familias). De esta manera, se puede afirmar , con base en evidencias, que hay una correlación negativa entre la desigualdad de la riqueza y la movilidad social intergeneracional y que esa concentración de riqueza persiste sobre todo en los sectores más ricos. La concentración de la riqueza, agrega el estudio de la CEPAL, tiene efectos negativos en el desarrollo económico pero también en la política ya que puede aumentar la desconfianza de la ciudadanía hacia las élites y las instituciones, particularmente cuando “el origen o el aumento de la riqueza de los multimillonarios se explica por sus conexiones políticas o por sus vínculos con el aparato estatal, lo que puede llevar a cuestionar la legitimidad de su patrimonio y fomentar las tensiones sociales” Ahora bien, la CEPAL advierte que no hay fuentes oficiales para medir la extrema riqueza en los países de América Latina y el Caribe por lo que el estudio decidió recurrir a la información recopilada en la lista anual de multimillonarios de Forbes. En esa lista figuran todas las personas del mundo cuyo patrimonio personal neto es igual o superior a 1, 000 millones de dólares (excluyendo a las personas que obtuvieron ingresos en actividades ilegales). Ese patrimonio es la suma de activos financiero y no financieros menos las deudas. En 2022 el patrimonio de ese puñado de “milmillonarios” de la región llegó a 453 mil millones de dólares corrientes lo que significó un aumento de 4, 600 millones respecto a 2021. Sin embargo, descontando la inflación (particularmente aguda en 2021 y 2022) , la riqueza real de esos milmillonarios cayó 6.6%, a un nivel casi igual a la que detentaban un año antes de la pandemia. Oxfam 2023 = 1% más rico del mundo 45.6% riqueza mundial; 50% = 0.75% El estudio señala que “el mayor nivel de concentración de la riqueza extrema en 2021 tuvo lugar en el Brasil, donde los milmillonarios poseían el 6,4% de la riqueza nacional, seguido por Chile (5,4%) y la Argentina (4,7%)… En el caso de México se observó que en los últimos tres años la concentración de la extrema riqueza cayó en comparación con los años previos a 2019, lo que se explica porque entre 2012 y 2021 el patrimonio de los milmillonarios creció a un ritmo menor que la riqueza de la población general. En 2018 representaba un 4.5% de la riqueza de la población total y cayó al 2.7% en 2020 aunque volvió a elevarse en 2021 a 3.3%. Así, en este último año, la riqueza de los mil millonarios aumentó alrededor de 3 veces más que el patrimonio del resto de la población. Los sectores de actividad en los cuales se concentró el patrimonio real de los milmillonarios latinoamericanos fueron los siguientes: finanzas e inversiones, telecomunicaciones, alimentos y bebidas, y minería y metales, en ese orden. El estudio de la CEPAL, como se advierte, no da cuenta de la estructura de la distribución de la riqueza en la región. Tan sólo la que existe en unos cuantos milmillonarios. Sin embargo, hay razones para considerar que la concentración de la riqueza en México, a pesar de la mejoría den la distribución del ingreso, se acentuó en los últimos años en los niveles más acomodados de la población. Según el portal Wealth Inequality (Wid.World) que ofrece datos acerca de la concentración de la riqueza en diversos países del mundo, en el caso de México, el 50 por ciento de la población más pobre tenía una cifra negativa (-0.4%), es decir sus deudas eran mayores a los bienes que poseía; el 10 por ciento más acomodado acumulaba el 78.8 por ciento y (como parte de este segmento) el 1 por ciento más rico, el 47.1 por ciento de la riqueza nacional. Por otro lado, con base en la Encuesta de Inclusión Financiera 2021 (www.gob.mx/cnbv) que llevó a cabo la Comisión Nacional de Bolsa y Valores y el INEGI, se advierte que “el 56% de la población adulta del país reportó haber sufrido afectaciones económicas derivadas de la pandemia de la COVID-19”. Y que las afectaciones fueron más graves en las regiones Sur (58%) y Centro Oriente (67%). La encuesta también señala que “la población afectada se vio obligada a recurrir a diversas medidas para enfrentar el choque económico. Casi la totalidad de la población que sufrió alguna clase de afectación económica reportó haber reducido sus gastos para enfrentarla (el 95%)” Y agrega que “alrededor de 8 de cada 10 personas afectadas recurrió a sus ahorros”. Además, el 18% declaró haber empeñado o vendido bienes . Por lo que, señalan, “parte importante de la población vio reducido su nivel de bienestar al tener que limitarse en su consumo y reducir sus ahorros, además, de que posiblemente sus redes familiares de soporte se vieron también afectadas, lo que pudo haber generado una situación de mayor vulnerabilidad financiera”. Es decir, la mayoría de la población tuvo una pérdida de su patrimonio que fue resultado tanto de la disminución del ahorro personal y de los bienes que poseían (y que tuvieron que vender o empeñar). Ello, independientemente de que, al reducir su consumo se privaron de la compra de inmuebles u otros enseres que hubieran formado parte de su patrimonio futuro. La encuesta señala, adicionalmente, que apenas un 21% de la población tenía un seguro en 2021, el cual pudo haber utilizado para remediar sus pérdidas. Y acusa de una notable desigualdad entre género, pues apenas el 16% de las mujeres contaba con un seguro mientras que el 26% de los hombres lo tenía. Asimismo, encontró que un 40% de la población adulta carecía de cualquier instrumento de ahorro y que aquellos que tenían alguno o algunos, éstos consistían en cuentas de ahorro, de cheques o de nómina, instrumentos que proporcionan una muy baja o nula tasa de rendimiento. En cambio, apenas el 2% de la población adulta en México tenía una cuenta en inversiones y depósitos a plazo, las cuales ofrecen tasas mucho más altas. Finalmente hay que advertir que sólo el 33% de la población adulta tenía un crédito, principalmente una tarjeta de una tienda departamental (20%) o de una tarjeta de crédito bancaria (11%). Lo anterior da cuenta de que una gran parte de la población no puede ahorrar y quienes lo hacen, en su enorme mayoría, no reciben beneficios o son muy exiguos. En cambio, aquellos que se endeudaron han tenido que pagar intereses muy elevados. Esta situación seguramente se agravó para la gran mayoría de los mexicanos cuando el Banco de México decidió aumentar las tasas de interés. Recordemos que esos aumentos escalaron rápidamente del 4% en junio de 2021 al 11.25% en mayo de 2023. En resumen, hay razones y evidencias para suponer que la tendencia en la concentración de la riqueza no fue la misma que en el caso de los ingresos. En un primer momento debido a los daños ocasionados por la pandemia (pérdida de ahorros y bienes) y luego por la subida de las tasas de interés que afectaron los créditos contratados, particularmente en tarjetas departamentales y de crédito (aunque también los hipotecarios), todo lo cual afectó seguramente a la mayoría de las familias mexicanas. En cambio, la elevación de las tasas, en los últimos dos años, ha rendido ganancias por encima de la inflación a aquellas personas que poseen cuentas de inversión y a plazo, las cuales forman minoría muy reducida. La concentración de la riqueza, como dice la CEPAL, afecta la economía y acentúa el malestar social y político. Sin embargo, al mismo tiempo, podría verse como una “oportunidad” para “obtener ingresos fiscales permanentes y progresivos que se pueden usar para aplicar políticas públicas que permitan garantizar los derechos sociales”. Es decir, pone sobre la mesa, con carácter prioritario, la necesidad de una reforma fiscal que grave más, de manera proporcional, el ingreso y el patrimonio de los más acomodados, quizás menos del 10% de la población. Un asunto que tendrá que ser tomado en cuenta por el próximo gobierno. saulescobar.blogspot.com

Un Ingreso Mínimo Vital para los trabajadores de Acapulco, México, 2023.

Un Ingreso Mínimo Vital para los trabajadores de Acapulco Saúl Escobar Toledo El miércoles 1º de noviembre, el gobierno anunció un plan de 61 mil millones de pesos para la reconstrucción de Acapulco y otras zonas devastadas por el huracán Otis, incluyendo Coyuca de Benítez. El presidente señaló que, si son insuficientes, se podrían ampliar. Así que conviene pensar que aún hay espacio para nuevas propuestas. De los 20 puntos anunciados, las transferencias monetarias a la población recaerían, fundamentalmente, en “adelantar” dos meses los programas de bienestar que ya se conocen y están presupuestados. Para entendernos mejor, conviene señalar que según la SHCP, para el presupuesto 2024, los programas sociales prioritarios son: el de Adultos Mayores (62.7% del total); el de becas para los niños (11.9%); Sembrando Vida (5.3%); la Escuela es Nuestra (3.8%); Pensión para personas con discapacidad (3.8%) Jóvenes Construyendo el Futuro (3.2%); Fertilizantes(2.4%); Producción para el Bienestar (2.2%); Precios de Garantía (1.7%); Adquisición de Leche y Abasto Rural (1%); Programa de Vivienda Social (0.6%); Programas de Mejoramiento Urbano(0.6%); Niñas y Niños (0.4%); Pesca (0.2%); Universidades para el Bienestar (0.2%), con un total de 742 mil millones de pesos. Como puede observarse, el más importante y el que aporta mayores ingresos a los beneficiarios es el de adultos mayores. Aunque también se anunció incorporar a 10 mil jóvenes más al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, tomando en cuenta que la población de Acapulco que tiene entre 15 y 24 años es de aproximadamente 120 mil jóvenes, la ampliación anunciada no parece muy significativa. Además, poner a trabajar a estos becarios en labores de limpieza y construcción de viviendas no va acorde con las finalidades del programa que se diseñó para capacitar a los jóvenes en oficios y profesiones especializadas. La medida anunciada parece más bien un programa muy limitado de empleo temporal. Para los empresarios se anunciaron otras medidas, básicamente, exenciones fiscales y créditos a bajo costo con especial atención a los hoteles, las cuales sin duda resultan necesarias para levantar la industria turística del puerto. Sin embargo, destaca que las medidas anunciadas por el presidente no contemplen apoyos extraordinarios a los agricultores y campesinos, adicionales a los ya señalados (fertilizantes, Sembrando vida, etc.). No hay tampoco una partida extraordinaria para salud y educación (rehabilitación de hospitales y escuelas). Hay una ausencia también de gran importancia: falta un programa diseñado especialmente para beneficiar directamente a los trabajadores. Hay que partir del hecho de que, en estos momentos, hay un desempleo masivo, cercano al 100% de la población económicamente activa. Por lo anterior, conviene en pensar en un programa especial, el cual puede consistir en un ingreso vital destinado a todas las personas trabajadoras de Acapulco sean formales o informales; por cuenta propia o asalariados; e incluso con ingresos laborales (antes de la catástrofe) o sin ellos (como, sobre todo, es el caso de las mujeres que realizan solamente trabajos no pagados en tareas del hogar). Una medida similar se tomó en Brasil durante varios meses durante la pandemia y tuvo buenos resultados tanto para paliar la pobreza como para reanimar la economía. La mecánica que se siguió, en aquel país de Sudamérica, en resumen, fue la siguiente: los trabajadores se inscriben voluntariamente en el programa, de preferencia por medio de un teléfono celular (o personalmente en alguna oficina); los datos que se requiere son mínimos y fáciles de llenar con base (en nuestro caso) en la credencial del INE, aunque también se requirió un registro fiscal (para México, la Constancia que otorga el SAT). Ésta, sin embargo, igualmente, sería sencilla de tramitar mediante un programa especial. Las transferencias monetarias se harían por medio del sistema bancario y podrían retirarse mediante un código QR instalado en el mismo teléfono (según datos de la Secretaría de Economía, el 88% de los acapulqueños cuenta con un teléfono celular, aunque, desde luego, tendría que estar reparadas la infraestructura de internet). Para Acapulco, el apoyo monetario podría consistir en un salario mínimo diario por entre tres y seis meses. El monto total del gasto, para el gobierno, podría llegar, en el extremo, a beneficiar a unos 500 – 600 mil personas (el 75% de la población total, compuesta por los mayores de 18 años, según datos de INEGI) lo que equivaldría a un gasto diario de 120 millones y a 10 mil millones por 90 días o 20 mil millones por 180 días. Estas cantidades pueden parecer cuantiosas. No obstante, de acuerdo con la palabra del presidente, se cuenta con recursos “ilimitados”, por lo que conviene más bien destacar los beneficios de una medida semejante que en reparar en sus impactos fiscales: Dado que la ocupación tanto formal como informal en Acapulco tardará en retornar a los niveles previos a la catástrofe, es indispensable garantizar que las familias tengan un ingreso fijo que les impida caer en alguna dimensión de la pobreza o en la pobreza extrema. Sin esta ayuda, los trabajadores tendrían que migrar a otros municipios o estados del país; pasar de la formalidad a la informalidad; y los que ya están en esa situación, aceptar ocupaciones extremadamente insalubres o riesgosas. Ayudarían también a que los cuidados de niños, enfermos, y adultos mayores y el trabajo del hogar se realice de manera más compartida (entre los miembros de la familia) y menos angustiosa para las mujeres (como fue el caso, lamentablemente, para la mayoría de las mujeres mexicanas durante la pandemia). Los apoyos en especie, que se anunciaron el día 1º de noviembre, en particular las despensas con alimentos, y los paquetes de enseres básicos, serán indispensables. Sin embargo, tardan en llegar y su frecuencia no es siempre oportuna; además, el censo de beneficiados es complicado y no muy exacto. Se sabe y es frecuente que varias familias vivan en un mismo domicilio o que una familia lo haga en varios domicilios. La experiencia del terremoto de 2017 en Oaxaca y Chiapas y otros estados mostró ya las complicaciones de repartir estas ayudas. En cambio, las ayudas monetarias enfocadas a una persona trabajadora ayudan a reanimar el comercio y la producción locales y tienen destinarios claramente definidos que evitan la exclusión involuntaria o la duplicación de beneficios. Adicionalmente, el registro de beneficiarios permite tener una información mucho más exacta que los censos casa por casa y ofrece a las autoridades datos valiosos para implementa programas fiscales, laborales y de beneficio social. En realidad, un programa semejante tiene puntos en común con lo que se entiende por un seguro de desempleo. Las catástrofes revelan, casi siempre, las fallas institucionales de un país en un momento dado. En este caso, la ausencia de un Seguro de Desempleo a nivel nacional. Aunque se cuenta ya con la experiencia del seguro de desempleo en la Ciudad de México, los intentos por crear este Seguro a nivel nacional (el más reciente en 2013) se han quedado en la “congeladora” legislativa debido a los desacuerdos acerca de su financiamiento. Por ello, en el corto plazo, resultaría muy complicada y azarosa su aprobación, incluso a nivel del estado de Guerrero. En cambio, una medida como el Ingreso Vital, especialmente dirigida a los trabajadores del puerto de Acapulco, dictada por el Ejecutivo Federal e incluso sancionada por el Legislativo con el objeto de autorizar una ampliación presupuestal, sería más sencilla de poner en práctica. Si se estudia con cuidado y con base en la experiencia internacional, seguramente podría concluirse que una medida semejante ayudaría a levantar más rápidamente y en mejores condiciones una nueva economía acapulqueña, basada en el turismo, pero con mejores niveles salariales y menores porcentajes de informalidad. Todos saldrían ganando. saulescobar.blogspot.com