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Crecimiento, empleo y salarios: México en los años del TLCAN
Saúl Escobar Toledo
Publicado en REVISTA ESTADO Y POLÍTICAS
PÚBLICAS
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
SEDE ARGENTINA
TUCUMÁN 1966 (C1026AAC)
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
REVISTA
Nº 9, Año V, octubre de 2017-abril de 2018
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
ISSN (versión electrónica): 2310-550X | ISSN (versión impresa): 2413-8274
Resumen: Después
de la crisis de la deuda y de la llamada “década perdida” de los años ochenta
del siglo pasado, México intentó recuperar gradualmente la estabilidad
económica, adoptando severas medidas de austeridad y reformas de corte
neoliberal. En 1994 entró en vigor el
TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) o NAFTA (North American
Free Trade Agreement) después varios años de negociación entre los tres países
involucrados: Canadá, Estados Unidos y México. Con ello, se esperaba que el
país iniciaría una nueva senda de expansión económica. En las siguientes
páginas se hará un balance de cuales fueron los resultados durante este periodo
en materia de crecimiento del PIB, empleos, y salarios. Se analizará también el
papel de la política laboral y su debilidad institucional, lo que ha propiciado
una mayor vulnerabilidad de los trabajadores y la proliferación de contratos y
sindicatos que no representan a los trabajadores. Se concluye con un conjunto
de datos que muestran el crecimiento de la desigualdad, en particular en la
distribución factorial del ingreso, y la magnitud de la pobreza, derivada de
los bajos ingresos de los trabajadores, lo que explica su persistencia crónica
a lo largo de las últimas décadas en México.
Palabras clave:
TLCAN, México, Crecimiento, Empleo y Salarios.
Abstract: After the debt crisis and the so called
“lost decade” originated in the early 1980s, México made strong austerity plans
and adopted neoliberal reforms to regain economic stability. In 1994, the North
American Free Trade Agreement (NAFTA) or Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) went into effect after several years of negotiations among
Canada, US and Mexico. It was expected that NAFTA would pave the way for a new
stage of economic growth and employment. In the following pages an outcome of this
period is provided covering the last years and emphasizing the trends found in
GDP, employment and wages. Labor policy will also be studied underlining its
institutional weakness and explaining why it has inflicted a stronger
vulnerability of the working class and the proliferation of unions and labor
contracts that are not representative of the will and even the knowledge of the
workers. At the end, a set of data will show the growth of inequality,
especially in the distribution of income between labor and capital. It will
describe also the size of poverty, over all originated in the low income of the
workers. This last issue explains why poverty has become chronical in the last
decades in Mexico.
Keywords: NAFTA,
Mexico, Growth, Employment and Wages.
El crecimiento económico
Las reformas no se limitaron a la implementación de
políticas públicas. Desde fines de la década de los ochenta del siglo pasado
hasta ahora, se han aprobado un conjunto de cambios constitucionales, muchas de
ellos de gran trascendencia, con el objetivo de modificar la relación entre el
Estado y el mercado e insertar al país en la globalización[1].
“La crisis de la deuda externa en 1982 fue vista como
la prueba eficiente del final de una etapa en la historia del desarrollo
mexicano a partir de la cual se empezó a gestar en el Estado y en poderosos
grupos del capital la convicción de que la industrialización dirigida por el
Estado debería ser cambiada por una ruta que promoviera una economía abierta y
de mercado” (Cordera, 2016:19)
Las reformas iniciaron una nueva perspectiva de
desarrollo para México y, en particular con Estados Unidos, se abrió una etapa
de mayor integración. Los resultados fueron “espectaculares” (Cárdenas, 2015:
285).
El volumen del comercio internacional aumentó de
alrededor del 30% del PIB al 70% entre 1994 y 2007. En tan solo seis años, de
1994 a 2000, las exportaciones mexicanas se triplicaron. Representaban el 10%
del PIB y al final del siglo ya habían alcanzado casi el 25%; para el 2014
rozaban el 35% del PIB (Cordera, 2016: 27). El índice de actividad industrial aumentó en
un promedio anual de 7.2% entre 1996 y 2000, una vez superada la crisis financiera
de 1994.
Una parte significativa de estos bienes han sido
producidas con tecnologías complejas. Según la clasificación de la OCDE, se
trata de manufacturas “basadas en recursos no naturales”. De acuerdo a los
datos del Banco Mundial, casi el 19% del total de exportaciones manufactureras
pueden ser clasificadas como de “alta tecnología” (Moreno Brid y Ros, 2010: 248).
A pesar del
entusiasmo de los gobiernos que anunciaban un “proceso de convergencia en el
ingreso per cápita similar… al de la Unión Europea” gracias al TLCAN (Moreno
Brid-Ros: 2010: 293), el crecimiento del PIB no fue tan acelerado como el de las
exportaciones manufactureras e incluso fue inferior al que se registró en las
décadas pasadas.
Cuadro 1
PIB, PIB per
cápita y crecimiento de la población
|
|
1940/1970
|
1970/1981
|
1981/2000
|
2000/2015
|
|
PIB
|
6.2
|
6.8
|
2.1
|
2.0
|
|
PIB per cápita
|
2.9
|
4.1
|
0.4
|
0.8
|
|
Población
|
3.2
|
2.6
|
1.9
|
1.1
|
Fuente: (Cordera,
2016: 8)
¿Cómo fue posible que
el boom de las exportaciones no jalara al conjunto de la economía? ¿Por qué el
país entró desde la firma del TLCAN en una senda de crecimiento lento?
“…en vez de elevar
el ritmo de expansión, la economía entró en una senda de lento crecimiento,
sujeta a recurrentes crisis de balanza de pagos. En este lapso el PIB per
cápita real bajó su crecimiento del 3,2% anual al 1%, con lo que se abrió más
su rezago frente al PIB per cápita de los Estados Unidos. En 1980, medido en
dólares constantes, éste fue cuatro veces el de México, en 1994 era casi cinco
veces más grande. Hoy es cerca de 5,6 veces superior, una brecha similar a la
que prevalecía en los años cincuenta”.
El factor decisivo
en México, para explicar este ritmo de crecimiento se encuentra en el débil
comportamiento de la inversión, en particular de la inversión fija :
En 1988-2015 su
ritmo de expansión fue la mitad del que tuvo en 1961-1981(Moreno-Brid et al,
2016:44). Ros, por su parte, coincide en
que la tasa de acumulación de capital (tasa de crecimiento del acervo neto de
capital que incluye solo maquinaria y equipo y construcción no residencial) cayó a menos de la mitad entre 1970-1981 y
1982-2012 de alrededor de 8% al año a menos de 4%. (Ros, 2013: Cuadro 7.2)
Hay que destacar
que la inversión pública tuvo una caída
más drástica : de 11 al 4.4% del PIB, es decir 7 puntos porcentuales, en ese mismo periodo, arrastrando con ella la
inversión fija total. Para 2010-2012 la situación no había mejorado mucho:
aunque la inversión privada se recuperó
y superó los niveles de 1979-1981, la inversión pública seguía 5.5 puntos porcentuales por debajo de los
niveles previos al ajuste de la deuda ocurrido en los años ochenta (Ros, 2013:36).
La caída de la inversión pública jugó un
papel determinante pues ésta ocurrió principalmente en la infraestructura. Cayó
como porcentaje del PIB del 2.4 en la década de los ochenta a la mitad (1.2%)
entre 2001 y 2006. La economía mexicana era, entre las mayores economías
latinoamericanas, la que menos invertía en infraestructura (Ros: 2013).
Con ello se ha
desalentado la inversión en otras regiones y ramas productivas que no se
vincularon al sector exportador manufacturero. También le ha restado ventajas a
la inversión privada, disminuyendo su
impacto en el crecimiento. Para tener una idea de la omisión y del esfuerzo que
se requiere para generar un mayor desarrollo, según la CEPAL, una economía
requiere invertir en infraestructura el 6. 2% del PIB. (Larde y Sánchez, 2014
cit. por Moreno-Brid, et al, 2017: 46)
La inversión en infraestructura
por su parte ha sido particularmente baja en el sur, la región más atrasada
económicamente. Por ello la estructura
industrial de esta región es considerablemente diferente del resto del país y
sus niveles de productividad son mucho menores. (Ros: 2015:46).
La caída de la
inversión pública en infraestructura deriva en buena medida de la baja carga
fiscal lo que a su vez impide gastar en otros
renglones destinados a los servicios públicos (agua, salud, educación seguridad
pública), necesarios para crecer más rápido” (Ross, 2016:159) La recaudación
total representaba alrededor del 10% del PIB en 2012; la reforma fiscal de
finales del 2013 aportó poco más del 1% del PIB pero sigue siendo insuficiente
y de poca cuantía en comparación a otros países de desarrollo similar.
Al mismo tiempo, el
crecimiento de las exportaciones trajo consigo también un aumento sin
precedentes de las importaciones llegando a representar el 45% del PIB en 2006
(Moreno Brid-Ros, 2010: 250). Muchas de las cosas que se producían en México
dejaron de fabricarse y desde entonces se compraron en el exterior, arruinando
a miles de empresas y dejando sin empleo a
muchos trabajadores.
Las repercusiones
de lo anterior se reflejaron sobre todo en el campo: aquí la ocupación sufrió
un “desastre” ya que “el empleo agropecuario estuvo marcado por un proceso
sostenido de desalojo de mano de obra que entre 1997 y 2010 representó la
cancelación masiva de 2.7 millones de empleos en este sector (según datos de
INEGI-ENE-ENOE) (Samaniego, 2016: 288)
Además, “La
intensa y sostenida penetración de las importaciones en el mercado interno
debilitó la capacidad de arrastre del sector exportador al resto de la
economía” (Moreno Brid y Ros, 2010:251) pues se trata en buena medida de bienes
intermedios que sirven de insumos a las empresas productivas (De la Garza:2010:
62).
Otra razón que se
ha planteado para explicar la caída en la inversión y el bajo crecimiento tiene que ver con el financiamiento bancario a
las actividades productivas. En México después de la crisis de 1994, el crédito
al sector privado ha sido de apenas de 26% del PIB. Ello se debe en buena
medida al reducido financiamiento de los bancos privados: su cartera como
proporción del PIB pasó de 17.14% en 2000 a sólo el 18.85% en 2013 y el crédito
al sector privado en relación con los activos de los bancos fue de 43%, un índice
muy bajo según los parámetros internacionales. Por su parte la aportación de la
banca de desarrollo alcanza apenas equivalente al 2.9% del PIB. (Delgado, 2016:
321)
Un factor se
refiere a la política monetaria y en particular al manejo de la paridad del
peso con el dólar: Según Ros, la apreciación del tipo de cambio real desde 1990 ha tenido un efecto negativo en el crecimiento de la economía
mexicana desde la liberalización comercial y especialmente desde la puesta en
marcha del TLCAN, ya que “al modificar los precios relativos en favor de los
bienes no comerciables, un tipo de cambio real apreciado reduce la rentabilidad
de la inversión privada en sectores comerciables y promueve la reasignación de
recursos en contra de esos sectores” (Ross, 2013: 26)
Dado el lento
crecimiento del conjunto de la economía y de la inversión, no resulta sorprendente
que la estructura del PIB cambiara poco en estas últimas décadas y que incluso
las manufacturas hayan perdido importancia relativa y, en cambio, hayan ganado
terreno el comercio y los servicios.
Cuadro 2
Composición del
PIB por ramas económicas (en %)
|
|
1990
|
2014
|
|
Agropecuarios
|
4.2
|
3.2
|
|
Minería
|
12.2
|
7.6
|
|
Energía
|
1.4
|
2.4
|
|
Construcción
|
9.5
|
7.5
|
|
Manufactura
|
18.7
|
17.2
|
|
Comercio
|
11.3
|
15.8
|
|
Transportes
|
6.0
|
5.9
|
|
Comunicaciones
|
1.0
|
3.4
|
|
Servicios generales
|
35.7
|
37.0
|
Fuente:
Moreno-Brid et al (2016: 35) con datos de INEGI, Sistema de cuentas nacionales.
La transformación
estructural de la economía mexicana ha tenido como uno de sus rasgos más
notables la concentración de la inversión productiva: dentro de la manufactura
sólo unas cuantas ramas aumentaron su importancia relativa tanto en su
aportación al valor agregado bruto total como al acervo neto de capital.
Cuadro 3
Composición % de
las manufacturas, ramas seleccionadas
|
|
1990 valor agregado bruto
|
1990 acervo neto de capital
|
2014 valor agregado bruto
|
2014 acervo neto de capital
|
|
Equipo de cómputo, comunicaciones y
medición
|
2.6
|
9.9
|
4.5
|
21.1
|
|
Fabricación de maquinaria y equipo
|
2.5
|
4.6
|
4.0
|
7.7
|
|
Fabricación de equipo de transporte
|
7.7
|
17.9
|
18.3
|
19.0
|
Fuente: Moreno-Brid,
et al (2016: 37) con base en INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales, Productividad
total de los factores, modelo KLEMS, 2016.
Estas ramas
industriales han competido exitosamente en los mercados mundiales. Sin embargo,
sus renovados procesos de producción conllevan menores y más bien bajos
encadenamientos con el resto del aparato productivo local. Con ello, sus
capacidades de innovación, de potenciar su crecimiento y productividad, ya no
se diga su acceso a cadenas globales de valor, es pobre. El panorama resultante
ha sido “una industria manufacturera polarizada y fragmentada, con un lento
crecimiento de su actividad productiva y con debilitada capacidad de arrastre
al resto de la economía mexicana a una senda de elevado crecimiento”.
(Moreno-Brid et al, 2016: 40)
Ros ha llamado a este modelo, la “trampa del
lento crecimiento”: un esquema basado en la expansión del sector exportador,
principalmente manufacturero, pero acompañado por bajas tasas de recaudación
fiscal, escaso crédito bancario, y una política cambiaria que busca sostener el
valor del peso. Todo ello con el fin de lograr la estabilidad de precios y el
control de la balanza de pagos. Para ello, otro ingrediente central ha sido
mantener un riguroso control de la demanda agregada. Se trata de un patrón de
crecimiento que depende casi totalmente del ciclo económico de Estados Unidos y
que, deliberadamente o no, ha conseguido modestos avances en la expansión
productiva, a cambio de la estabilidad macroeconómica.
Si el patrón de
crecimiento había sido lento desde finales del siglo pasado, la crisis mundial
de 2008-2009, la “gran recesión”, hizo más acusada esta tendencia: en México, la
caída del producto 2009 fue de casi 7%. Posteriormente las exportaciones
crecieron de nueva cuenta y alcanzaron un ritmo de 8.5% promedio anual entre
2010 y 2014, pero el PIB creció a una tasa mucho menor y todavía no alcanzaba en términos reales, el
nivel previo a la crisis. Por su parte, el producto per cápita apenas aumento al
1% promedio anual en ese mismo periodo (Grupo, 2016: 53).
El mercado laboral
La “trampa del lento
crecimiento” nos ayuda a explicar
también la dinámica del mercado laboral en México. La insuficiente tasa de
acumulación de capital y su
concentración en algunas ramas económicas y áreas geográficas se ha reflejado. en primer lugar, en la escasez de empleos
remunerados y formales. Un rezago que se originó en los años ochenta pero que
ha continuado hasta el presente.
Cuadro 4
PEA y personal
ocupado. Tasa de crecimiento anual (%)
|
Periodo
|
PEA
|
Personal ocupado remunerado
|
|
1970-1982
|
3.7
|
4.1
|
|
1983-1995
|
3.5
|
1.9
|
|
1994-2010
|
1.9
|
1.7
|
Fuente: Ruiz Nápoles y Ordaz Díaz (2011: 98) con datos
de CONAPO e INEGI.
Cuadro 5
Crecimiento de la
PEA, empleos asalariados y afiliados al IMSS
(en miles de
personas)
|
|
1998
|
2015
|
Diferencia
|
|
PEA
|
39 562
|
53 809
|
14 247
|
|
Total empleos asalariados
|
20 199
|
35 143
|
14 944
|
|
Total afiliados IMSS
|
11,073
|
17 724
|
6 651
|
|
Déficit empleos formales
|
|
|
8 293
|
Fuente INEGI, 2017. Las cifras del 2015
son del cuarto trimestre.
Nota: Existen
otros institutos, además del IMSS, que atienden a los trabajadores asalariados
y a sus familias, pero esta institución absorbe a más del 90% de los
trabajadores formales.
La escasez de
empleos remunerados y formales propició la ocupación informal, como ha sucedido
en casi todos los países de América Latina. Para medir la magnitud de este
fenómeno, en México contamos con nuevas cifras sobre el trabajo informal a
partir de 2012. El INEGI adoptó a partir
de ese año la medición de la informalidad de acuerdo con las normas de la OIT que agrega
a la definición tradicional ( fundamentalmente los trabajadores por su cuenta),
los trabajadores subordinados no registrados en el IMSS, los trabajadores
domésticos y los trabajadores informales agropecuarios.
En el IV 2016, la
situación era la siguiente:
Cuadro 6
Tasas de trabajo
informal de acuerdo a diversos indicadores (% sobre el total de ocupados)
(Cuarto trimestre
-2016)
|
Tasa de ocupación en el sector informal a
|
27.2
|
|
Tasa de informalidad laboral b
|
57.2
|
|
Tasa de ocupación en el sector informal
2 c
|
31.4
|
|
Tasa de informalidad laboral 2 d
|
52.4
|
a
Se refiere a los trabajadores que laboran por su cuenta; b Se refiere a los trabajadores
por su cuenta y a los subordinados y asalariados; c Se refiere a los
trabajadores por su cuenta no agropecuarios; d Se refiere a los trabajadores
por su cuenta y subordinados y asalariados no agropecuarios
Fuente: INEGI,
2017
Según estas
cifras, la mayor parte de los trabajadores informales laboran por cuenta propia
pero alrededor del 30% y un poco más del 20% de los trabajadores no agropecuarios
(del total de trabajadores ocupados a nivel nacional) son personas asalariadas
que laboran en una empresa, pero no están inscritos en el Seguro Social. Estas
tasas de informalidad se han sostenido en los últimos años con pequeñas
variaciones.
La informalidad
entre los asalariados predomina en la industria de la construcción, el comercio
y los servicios diversos, y es más bajo en la industria manufacturera,
extractiva y de electricidad. Aun así, en estas ramas la tasa de informalidad
es alta, 43%. (Ross, 2013:cuadro2.2)
La situación es
distinta también si tomamos en cuenta la geografía del país: la ocupación y el
empleo informal rebasa el 80% en Chiapas y Oaxaca, y apenas alcanza el 40% en
Nuevo León y Chihuahua.
La magnitud de la
precariedad de las condiciones laborales que privan entre los trabajadores
asalariados, se puede observar con más detalles en los datos que proporciona la
ENOE-INEGI. En el cuarto trimestre de 2016, alrededor del 45% de los trabajadores
asalariados carecía de servicios de salud lo cual quiere decir que no está
afiliado al IMSS ni a ninguna otra institución pública (ISSSTE; Fuerzas
Armadas, Institutos estatales, etc.); alrededor del 37% no tenía prestaciones
como vacaciones, aguinaldo, pago de séptimo día, etc.; y casi el 45% carecía de
un contrato escrito por lo que las prestaciones y el salario se pactan
verbalmente
Otro indicador que
resulta muy importante es la tasa de rotación laboral que en México es
mucho más elevada que en otros países. Según la STPS
existe una “alta rotación laboral”, ya que menos del 15% permanecen más
de 25 meses en su empleo. Seis millones de personas entran y salen del IMSS al
año, aunque un 65% se reincorpora aun trabajo antes de 8 semanas. De éstas, 50%
son renuncias voluntarias, por lo que no reciben ninguna indemnización, y sólo
20% acuden a la justicia de los tribunales laborales (Martínez, P, 2016:190)
El número de
trabajadores eventuales también ha ido en aumento según cifras del Seguro
Social: en diciembre de 1997 representaban el 4% del total y en diciembre de
2016 ya alcanzaban el 14% (STPS:2017)
¿Existe una
relación directa entre el grupo de trabajadores que labora en condiciones más
precarias y el tamaño de las unidades productivas? Las cifras parecen confirmar que en efecto el grupo de
trabajadores asalariados que no
tiene acceso a las instituciones de salud, carece de contrato escrito y de
prestaciones laborales se concentra en
los micro y pequeños negocios. Según la ENOE-INEGI (2017 con datos del IV
trimestre de 2016), el 49% de los trabajadores asalariados laboraban en una
micro o pequeña empresa y sólo el 14% lo hacían en grandes establecimientos.
De acuerdo a un
estudio de la CEPAL: “La característica distintiva de las economías de la
región (América Latina y el Caribe) es la alta heterogeneidad de su estructura
productiva que se manifiesta en grandes diferencias en la productividad de los
trabajadores. Estas diferencias en productividad se traducen en brechas
salariales y…determinan las desigualdades del ingreso de los hogares… “(CEPAL, 2014:
147-148)
Otro estudio
afirma que en México: “…se ha ampliado el cisma entre un grupo de empresas
grandes, que invierten masivamente, se modernizan y exportan exitosamente, y el
resto de empresas que, con mínima capacidad de invertir, ven erosionarse su
productividad y cerrarse su posibilidad de incorporación a cadenas globales de
valor y atienden a un mercado local con escaso dinamismo de la demanda interna”
(Moreno-Brid et al, 2016: 19).
Las brechas de
productividad se han ensanchado también a nivel regional: entre 2005 y 2014 el
índice de productividad laboral aumentó en más del 2% en algunos estados
mientras que se redujo en 3.1 % en otras entidades (CEPAL, 2016: 5). Ello ha
originado la concentración del sector manufacturero, en especial de la
industria automotriz, en algunas localidades del país desde la puesta en marcha
del TLCAN (Carbajal, Y. et al, 2016: 46).
La heterogeneidad
productiva de las empresas se ha reflejado en los ingresos de los trabajadores,
pero también, cada vez más, en las condiciones de trabajo. Según un estudio de
McKinsey (Bolio, E. et al 2014), esta situación se refleja en la existencia de “dos
Méxicos” compuesto por “un sector económico altamente productivo y moderno, y
otro de baja productividad y de economía tradicional.”
Basados en el
enfoque de la heterogeneidad estructural con base en el tamaño de las empresas los autores del estudio coinciden en que muchas de
las empresas del sector tradicional (donde laboran 10 trabajadores o menos) pueden
ser catalogadas como empresas informales que trabajan sin registro y por lo
tanto no pagan impuestos, seguridad social ni cumplen con la ley… Alrededor del
54% de los trabajadores mexicanos no agrícolas están empleados en el sector
informal…” (Bolio, E., et al, 2014: 22)
Uno de los aspectos más interesantes del estudio es el
reconocimiento de que el México tradicional está creando más empleos que el
moderno por lo que los puestos de trabajo de alta productividad se están
moviendo hacia empleos de baja productividad. “El empleo en las empresas tradicionales está creciendo: en 1999
representaba el 39 por ciento y en 2009 el 42 por ciento” Por su parte, “las empresas grandes más modernas se están
expandiendo también pero no están creando los empleos a una velocidad
suficiente para elevar su porcentaje de 20% del total”
El crecimiento del empleo en el sector tradicional ha
elevado por lo tanto el número de trabajadores que labora en condiciones
precarias pero el estudio reconoce que también las grandes compañías están optando
por subcontratar para evadir el pago de las prestaciones que marca la ley
(incluyendo los de la seguridad social). Todo ello a pesar de que la
productividad de las empresas más grandes y modernas se ha elevado en 5.8%
anualmente desde 1999”. (Bolio,
E., et al, 2014: 18-22)
En resumen, el
empleo en México está creciendo en las pequeñas o micro empresas que contratan
trabajadores bajo condiciones precarias y que pagan los salarios más bajos. Al
mismo tiempo, sin embargo, las empresas más productivas también están precarizando
los empleos. Como veremos más adelante, esta tendencia se ha agravado después
de la crisis de 2008-09 lo que ha resultado en situación más adversa para los
trabajadores en materia de condiciones de trabajo y salarios.
La incapacidad de
absorber a los nuevos demandantes de empleo en los sectores de alta
productividad llevó también a que la fuerza de trabajo en expansión se
refugiara en las actividades de baja productividad de los sectores de
servicios, mientras que la caída en la tasa de acumulación de capital limitaba
la absorción de nuevas tecnologías. Todo ello redujo el crecimiento de la productividad
y del empleo en el sector industrial al mismo tiempo que incrementó la
participación en el empleo del sector servicios…” (Ros, 2013: 42)
Estas tendencias
explican los cambios en la estructura de la ocupación ocurridos en los últimos
años.
Cuadro 7
Estructura de la
ocupación (incluye trabajadores asalariados y no asalariados) en %.
|
Rama de actividad económica
|
2000-IV %
|
2016-IV %
|
|
Actividades agropecuarias
|
18
|
13
|
|
Industria Manufacturera
|
20
|
16
|
|
Construcción
|
8
|
8
|
|
Comercio
|
18
|
19
|
|
Servicios y gobierno
|
32
|
37
|
|
Transportes y comunicaciones
|
5
|
5
|
|
No especificado
|
0.0
|
0.1
|
|
Industria extractiva y de la
electricidad
|
1
|
1
|
|
Total
|
100
|
100
|
Fuente: Perfil
Nacional, Información laboral, Subsecretaría de empleo y productividad laboral.
(STPS, 2017:11),
Ante este
panorama, llama la atención el comportamiento de un indicador del mercado
laboral, la tasa de desocupación abierta (TDA) (calculada de acuerdo a los criterios
de la OIT y la OECD con base en la PEA, incluyendo a personas de 14 años o más,
que están buscando activamente una ocupación remunerada[2]), la cual se ha mantenido en
tasas muy bajas incluso en comparación a otros países de América Latina. Por ejemplo,
en 2009, el año más duro de la crisis, llegó a 5.5%, y actualmente alcanza el 3.5%.
El INEGI publica
diversos indicadores, además de la TDA, pero la
más adecuada para los fines de este estudio es la Tasa de presión general (TPRG)
que se refiere al segmento de los trabajadores ocupados que buscan un empleo,
ya sea para cambiarse de trabajo o para tener una fuente de ingresos
adicionales. Se calcula, como la tasa de desocupación abierta, como porcentaje
de la PEA y obedece a razones del mercado laboral. En el cuarto trimestre de
2016, la TDA representó el 3.5% y la TPRG 6.5%, lo que daría un total de 10%,
una cifra que se acerca más a la realidad de México y de los países de América
Latina.
Por otra parte, debe tomarse en cuenta que en “México hay menores
tasas de desempleo, pero menores tasas de participación en actividad económica”
(Uhtoff. A. 2016:206-210). Ello quiere decir que hay una cantidad significativa
de personas que han renunciado a seguir buscando trabajo, pero desearían tener
uno, quedando como una fuerza de trabajo “disponible” que se refugia
ocasionalmente en la economía informal.
Aunque estos
indicadores dan una idea más completa del problema, no se podría entender cabalmente el comportamiento del mercado de
trabajo y en particular las bajas tasas de desempleo abierto, si no incluimos
el fenómeno de la migración. El flujo de trabajadores a los Estados Unidos, junto
con el trabajo informal, han sido una importantísima “válvula de escape” frente
a la escasez de empleos bien remunerados.
La Migración
Según
datos de CONAPO (2012) la población nacida en México que se fue a radicar a
Estados Unidos aumentó en 4.9 millones de personas entre 1990 -2000 y en 2.6
millones entre 2000 y 2010, lo que hace un total, en estos veinte años, de 7.5
millones con un promedio anual de 375 mil mexicanos migrantes.
En lo que toca más
precisamente al mercado laboral, las cifras muestran que en 2010 habían
emigrado a Estados Unidos un total acumulado de 11.1 millones de personas
mayores de 15 años. De ellos, residían en 2010, (no habían sido deportados ni
habían regresado voluntariamente a México) alrededor de 8 millones[3].
El
enganche económico de México a la economía de Estados Unidos vía el TLCAN ha
estimulado la migración laboral en lugar de desalentarla. Una de las razones principales, quizá la más
importante, que explica la salida de mexicanos hacia el Norte radica en las
diferencias en los salarios, reflejo de las asimetrías en el aparato productivo
de ambos países, mismas que se han acentuado no disminuido con el TLC. El
diferencial de salarios entre Estados Unidos y México es de más del 340%. Un
salario bajo en EU es significativamente más alto que en México[4].
Por ello, desde
los noventas, se observa una “transformación en el patrón migratorio: de
un patrón con predominio del migrante circular se pasa a uno con preeminencia
del migrante establecido, incluidas algunas variantes como la mayor
participación de mujeres y familias enteras” (Delgado, T y Márquez, H., 2006: 86).
Sin
embargo, debido al hecho de que en el TLC se liberaron los mercados de
mercancías, servicios y capitales, pero no de la fuerza de trabajo, la
migración hacia Estados Unidos se realizó sobre todo de manera indocumentada.
La magnitud e importancia de esta población laboral a lo largo de los años ha
fortalecido la existencia de un mundo laboral underground, en la sombra, que sirve a la economía legal, tanto a
grandes empresas como a pequeños negocios. Estos trabajadores, en su mayoría,
pagan impuestos y contribuciones a la seguridad social, pero por su condición
se ven obligados a aceptar puestos de trabajo inestables, inseguros con baja
protección y donde hay frecuentemente violaciones a la ley en el pago del
salario mínimo y las horas extras[5]. A
pesar de que los mexicanos migrantes se han ocupado en empleos con salarios y
prestaciones por abajo del promedio existente en el país receptor, la magnitud
del flujo observado en los últimos 25 años, sobre todo antes de la crisis de 2008,
refleja dramáticamente la existencia de un mercado laboral en su país de origen
que no ha podido ofrecer, sobre todo a la población más joven, opciones para un
trabajo bien remunerado.
Finalmente, cabe preguntarse, si esos 8
millones de trabajadores mexicanos que residían en Estados Unidos y que estaban
trabajando o buscando un empleo se hubieran quedado en el país o regresaran a
él, ¿cómo impactaría al mercado de
trabajo en México?
Salarios
La estructura del
mercado laboral está sustentada también en un esquema de salarios bajos que ha
imperado desde la crisis de 1982. El primer indicador de lo anterior se refleja
en el comportamiento del salario mínimo legal[6].
De acuerdo a la
serie oficial más larga de evolución de los salarios mínimos para este periodo,
publicados por el Banco de México e INEGI se pude observar claramente los
siguientes periodos:
De 1969 a 1977, el salario mínimo real creció
al 5.7% anual llegando a su punto más alto en este último año. Luego seguirá un
periodo más corto, de 1977 a 1982 en que el salario mínimo tiene un ligero
decrecimiento de 1.3% anual. En cambio, entre 1982 y 1992 se presentó la peor
caída del salario mínimo en la historia del país: 6.36% anual acumulando una
baja del -63.6%.
Posteriormente
entre 1992 y 1995 la caída es un poco más suave, de 2% anual para luego volver
a incrementarse entre 1995 y 2003 a un ritmo negativo de 2.5% anual.
Finalmente, entre 2003 y 2014 el salario mínimo se ha mantenido constante, ni crece
ni decrece.
Cuadro 8
Salario mínimo
real 1969 -2014
|
Periodo
|
Acumulado %
|
Crecimiento/decrecimiento anual
|
|
1969 - 1977
|
45.8
|
5.7
|
|
1977 - 1982
|
-6.5
|
-1.3
|
|
1982 – 1992
|
-63.6
|
-6.36
|
|
1992 – 1995
|
-6.2
|
-2.0
|
|
1995 - 2003
|
-20.2
|
-2.5
|
|
2003- 2014
|
0
|
0
|
|
1977 - 2014
|
-74.5
|
-2.0
|
Elaboración propia
con datos de INEGI/Banco de México (2015)
Diversos
estudiosos del tema y los organismos internacionales como la CEPAL (2014) y la
OIT (2013) han llamado la atención sobre la persistencia de un salario mínimo
tan reducido[7].
Por su parte, las autoridades mexicanas, en especial el Banco de México, han
argumentado que un aumento en términos reales del salario mínimo legal tendría
efectos adversos sobre el empleo y la inflación (Cf. Capraro: 2015: 95).
Este punto de vista
ha sido rebatido en distintos estudios. Las consecuencias de un aumento del salario
mínimo sobre el empleo y la inflación, sobre todo tomando en cuenta el “efecto
faro” (lighthouse effect) han sido estudiados por diversos autores en el caso
de México. Kaplan y Pérez Arce (2006) y por su parte, Campos, Esquivel y
Santillán, encontraron “que en ningún caso se evidencian efectos negativos en
el empleo o en los ingresos derivados de (un aumento) del salario mínimo y en
cambio sí se elevó significativamente la propensión a transitar hacia la
formalidad…” (2015: 27). Similares conclusiones se
encuentran en el estudio de Cunningham, W. et al (2016). Por su lado, unos
conjuntos de expertos publicaron un libro coordinado por Miguel Ángel Mancera
(2015) en el que concluyeron en la necesidad aumentar el salario mínimo para
combatir la pobreza dado que el monto de este salario está por debajo de los
precios de la canasta básica. Y que, dado su nivel tan bajo, un aumento
moderado no tendría repercusiones negativas en el ámbito laboral ni en materia
de empleo ni de los precios.
El caso del
salario mínimo mexicano es notable porque muestra la extrema rigidez de los
principales responsables de la política económica (la Secretaria de Hacienda,
pero sobre todo el Banco de México) para controlar (y reprimir) la demanda
interna y las variaciones en la distribución del ingreso, en especial mediante
la contención de los salarios, con el objeto de mantener la estabilidad
macroeconómica (Capraro, S. 2016: 131). De manera reiterada, han declarado a
los medios de comunicación, que un aumento del salario mínimo provocaría un
aumento de los salarios contractuales (un “efecto dominó” o ripple effect)
generalizado y, con ello, una espiral inflacionaria
Esta hipótesis no
parece razonable. Es cierto que poco después de la crisis de 1982, los aumentos
decretados al salario mínimo se usaron como un instrumento para poner un tope a
los salarios contractuales. Pero ello empezó a perder eficacia, después de la
crisis de 94 cuando los efectos del TLCAN empezaron a sentirse y ello permitió
un aumento muy lento pero palpable de los salarios contractuales. A pesar de
estas alzas, como vimos, desde 2003 las autoridades han decidido mantener
congelado el salario mínimo en términos reales. La relación entre salario mínimo
y los contractuales, en consecuencia, ha venido cayendo a tal punto que
actualmente los montos decretados legalmente al primero, “influyen cada vez
menos en la determinación del salario medio real” (Ros, J. (2013: 65).
Para entender
mejor este asunto, vale la pena detenerse un momento en las características de
los trabajadores que ganan hasta un salario mínimo diario (SMD). En los últimos
años, los trabajadores asalariados (no el total de ocupados) que ganan hasta un
SMD han representado entre el 11 % (en 2005) y el 10.2 % (en 2016).
Cuadro 9
Trabajadores
ocupados y remunerados que ganan hasta 1 SMD
(en miles de
personas 2016-IV)
|
Total
|
Total
|
Hombres
|
Mujeres
|
Hombres/total %
|
Mujeres/total %
|
|
Hasta 1 SMD
|
3 623
|
1 786
|
1 837
|
49.3
|
50.7
|
|
Total
remunerados
|
35 665
|
22 161
|
13 505
|
62.1
|
37.9
|
|
%
|
10.16
|
8.1
|
13.6
|
|
|
Fuente: ENOE-INEGI
(2017)
Observando con más
detalle las estadísticas disponibles se puede afirmar que estos trabajadores se
ubican principalmente en las áreas menos urbanizadas y sobre todo en el área
rural donde casi el 20% del total de los asalariados recibe este nivel de
ingresos. En la Ciudad de México, en
cambio, el número de trabajadores que recibía un SMD representaba el 6.4% en
ese mismo año. Además, el número de mujeres
(respecto al total) que recibe un salario mínimo es superior al de los
hombres a pesar de que la participación de las mujeres en el mercado de trabajo
está muy por debajo de la de sus congéneres. Ello indica que la precarización
del empleo tiene, sobre todo, un rostro femenino. Se trata, en resumen, de
trabajadores sin contrato colectivo, sin prestaciones y sin seguridad social que
laboran en micro y pequeñas empresas. Por
ello, la hipótesis de que un aumento del SMD pueda impactar al conjunto de los
salarios parece tener poco sustento.
En cambio, lo que
se ha logrado y quizás lo que en realidad ha sido el verdadero objetivo, es convertir
el salario mínimo en un instrumento sin utilidad alguna para la política
laboral, dado que el número de trabajadores asalariados que lo obtienen tiende,
aunque lentamente, a reducirse.
Lo más grave, sin
embargo, es que, bajo esta estrategia, la política salarial del estado mexicano
ha llevado a la “irrelevancia del salario mínimo como instrumento efectivo y
digno en el mercado de trabajo para prevenir que los trabajadores con menor
calificación y más vulnerable caigan en la pobreza” (Bensusán: 2015: 211).
Salarios medios y contractuales
Los salarios
medios no han tenido la misma suerte que los mínimos. Según datos de la CEPAL, los salarios medios
sufrieron una caída muy severa en los años ochenta y noventa, pero luego
tuvieron una recuperación a finales de esa última década y sobre todo en los
primeros años del siglo XXI. Aunque se trató de una recuperación muy limitada,
al menos no disminuyeron en términos reales como sucedió con el salario mínimo
legal.
En el siguiente cuadro se puede observar que la
relación entre el salario base del IMSS y el salario medio en la industria
manufacturera, respecto del mínimo, ha aumentado en los últimos años.
Cuadro 10
Salarios nominales
1996 -2013 (pesos corrientes)
|
Año
|
Salario base
IMSS
|
Sal medio ind.
transf.
|
Salario mínimo
nominal
(promedio)
|
Relación
IMSS/SMD
|
Relación
Ind. Transf/ SMD
Min.
|
|
1996
|
67.63
|
66.04
|
21.13
|
3.2
|
3.1
|
|
2013
|
270.18
|
283.33
|
63.07
|
4.3
|
4.5
|
Fuente:
elaboración propia con datos de INEGI y Banco de México
La recuperación de
los salarios medios y de la industria de la transformación sin embargo no llegó
a los niveles previos a la crisis de 1994 (De la Garza, 2010:63). Peor aún, los avances obtenidos a principios del
siglo XXI se revertieron después de la crisis de 2008. Además, se perdieron los puestos de trabajo
mejor pagados que fueron sustituidos por empleos con una menor remuneración. En
el siguiente cuadro se puede observar que los salarios más bajos (hasta 3 SMD)
crecieron mientras que lo más elevados se redujeron proporcionalmente (más de 3
SMD y sobre todo de más de 5 SMD) Ello supone además una reducción de la masa
salarial.
Actualmente, dos
terceras partes de los asalariados ganan hasta 3 SMD lo que los coloca en el
límite de la pobreza, como veremos más adelante. En el otro extremo, menos del
7% del total de los asalariados ganan más de 5 SMD.
Cuadro 11
Trabajadores
remunerados por nivel de ingresos (salarios mínimo diario)
2005-2016
en %
|
|
I -2005
|
IV - 2016
|
|
Nivel de ingresos
|
100
|
100
|
|
Hasta 3 SMD
|
64.0
|
65.9
|
|
Más de 3 hasta 5 SMD
|
20.2
|
15.2
|
|
Más de 5 SMD
|
10.8
|
6.7
|
|
No especificado
|
5.1
|
12.3
|
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI: El
número de personas bajo el rubro “no especificado” ha venido aumentando debido,
probablemente, a que se niegan a contestar al encuestador en razón de la
situación de violencia e inseguridad que priva en varias regiones del país. Aun
tomando en cuenta este problema, los resultados muestran la predominancia de
los bajos salarios y la tendencia que han adquirido los cambios en la
estructura de los salarios.
Incluso en las
empresas más productivas y volcadas a la exportación como la automotriz, los
trabajadores gozan de salarios bajos y éstos no tienden a no aumentar, como los
señala Bloomberg (2017). Según este reporte, en 2014,
la empresa BMW logró negociar un contrato colectivo, incluso antes de que
empezara a operar la fábrica con un salario inicial de un 1.10 dólares por
hora y un salario máximo de 2.53 dólares
para los trabajadores de la línea de
ensamblado. Esta cantidad representaba poco más de la mitad de los 2.04 dólares la hora, que es el promedio que
se paga en las plantas automotrices mexicanas. El reportaje agrega que los
obreros mexicanos de la línea de ensamblado de los automóviles ganan alrededor
de una décima parte de lo que ganan sus homólogos estadounidenses y no les
alcanza para el sostenimiento de sus familias. Reciben entre dos y tres
veces el SMD que, como veremos está muy cerca de la línea de la pobreza.
Debilidad institucional
Los bajos salarios
y la precarización del empleo en México se han generalizado tanto en las
industrias grandes como pequeñas, en las grandes corporaciones como en las
informales. En las primeras, como hemos visto, por su atraso tecnológico y
escasa inversión en acervos de capital, mientras que en las segundas se impuso vía
la flexibilidad de las relaciones laborales “implícita en el cambio tecnológico
y explícita en las nuevas formas de organización (del trabajo)” (De la Garza,
2010: 61) desde finales de los años ochenta. De esta manera, existe un mercado de trabajo
que permite una amplia movilidad entre los puestos laborales con distintos
niveles salariales y entre diversos sectores y ramas económicas (De la Garza,
E. y Bouzas, A. 1998). Además, desde mediados de la primera década del nuevo
siglo la subcontratación, no ha dejado de extenderse en todo el mercado laboral
(De la Garza:2010: 70).
Sin embargo, para entender cabalmente cómo y por qué se ha generalizado la
precarización del trabajo y el comportamiento negativo de los salarios no basta analizar el funcionamiento de los mercados, las razones puramente económicas o los cambios
tecnológicos. A ello hay que agregar lo que algunos han llamado una profunda
debilidad de las instituciones
laborales.
Desde
de la crisis de la deuda de principios de los ochenta y el drástico ajuste que
sufrió el país, y luego con más fuerza a
partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los
gobiernos nacionales promovieron la flexibilización de las relaciones laborales.
Dejaron también a un lado la mediación y promoción de los derechos de los
trabajadores, lo cual encajaban bien en el esquema neoliberal que se ha
sustentado la contención de los salarios como condición básica para mantener la
estabilidad macroeconómica.
La
política laboral que se aplicó contradecía diversas disposiciones de la Ley
Federal del Trabajo (LFT), la cual tuvo como origen el artículo 123 de la
Constitución de 1917 y que luego fortaleció su espíritu proteccionista, muy a
tono con el modelo de crecimiento de los años cincuenta y sesenta del siglo
pasado. Durante más de treinta años, a pesar de las presiones de los grupos de
empleadores y de los organismos internacionales como el FMI, la ley no se reformó,
pero ello no fue obstáculo para que la flexibilización se extendiera en la vida
real de las empresas y las relaciones laborales. Para remediar esta incongruencia
se llevó a cabo una reforma a la LFT en 2012[8] que pretendió legalizar lo
que ya era una práctica generalizada particularmente en el llamado salario por
horas y en la intermediación laboral. Sin embargo, esta reforma no ha logrado poner
orden en las relaciones laborales.
La gran distancia
que desde hace décadas existe entre la ley y la vida real se mantiene
inalterada y ello ha provocado una marcada debilidad de las instituciones.
Esta debilidad
institucional se manifiesta en una nula vigilancia y aplicación de la ley por
las autoridades del ramo (inspección del trabajo) y en la ausencia de
sindicatos legítimos y la proliferación de contratos de protección[9].
La
existencia de estos contratos de protección y de sindicatos de papel puede
explicarse debido al control del gobierno sobre el registro y vigencia legal de
los sindicatos, prerrogativas que se originaron desde principios de los años
treinta. Desde entonces, de manera casuística, según de quién se trate, se
otorgan registros a las organizaciones sindicales y reconocimiento a los
dirigentes afines al gobierno en turno. Lo mismo sucede con el derecho a la
contratación colectiva, la cual también depende de las decisiones políticas del
gobierno.
Los
contratos de protección ocultan la ausencia de un estado de derecho en el ámbito
laboral. Las mafias sindicales han convertido la contratación colectiva y la
representación simulada de los trabajadores en negocios rentables, con base en
el chantaje a los empleadores y las
cuotas que cobran a los trabajadores. Esta simulación reproduce y fortalece la corrupción.
Mantener
un régimen de ficción en el mundo laboral está provocando un alto costo social
y representa un importante déficit democrático. La inexistencia de sindicatos
representativos acentúa la asimetría del poder entre empleadores y empleados y provoca
una ausencia de interlocución entre el mundo del trabajo y el Estado. Ni las
autoridades, ni las organizaciones de empresas y empresarios pueden entablar un
diálogo con los trabajadores simplemente porque la representación de estos
últimos es muy débil o de dudosa calidad. En estas condiciones, el dialogo
social se vuelve muy difícil para entablar negociaciones en beneficio de los
trabajadores y no sólo de las empresas.
Desigualdad y Pobreza laboral
El bajo
crecimiento económico, la debilidad de la oferta laboral, sobre todo en los sectores
más dinámicos, la precarización general del empleo, la caída de la masa
salarial y la debilidad institucional han propiciado una mayor desigualdad.
Esta se puede
observar , como se señaló antes en la desigualdad entre regiones, entre los
géneros (por una mayor precarización del empleo en el caso de las mujeres) y
desde luego en la relación entre capital y trabajo.
Antes de la crisis
de 1982, la participación de los salarios en el PIB había llegado a poco más
del 40% según Samaniego (2016: gráfica XI.25: 315) para luego caer en los
ochenta a menos del 30%. Se elevó poco
más de esta cifra entre finales del siglo XX y principios del XXI para luego
caer otra vez por la crisis mundial hasta alrededor del 27%.
Esta desigualdad creciente
ha ido acompañada también por una pobreza laboral crónica que ha empeorado en
los últimos años. En el informe trimestral de CONEVAL sobre Pobreza Laboral se
señala que: “El poder adquisitivo del ingreso laboral de los hogares (ingreso
real) cayó 16.4% entre el tercer trimestre de 2007 y el tercer trimestre de
2014, lo que significó que en estos años aumentó el porcentaje de personas que
no podían adquirir la canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo” (CONEVAL,
2017).
Por su parte el
ITLP-IS (Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza) aumentó de 0.85 antes de la
crisis a más 1.10 para luego caer moderadamente hasta poco menos de 1.05 a
finales de 2016[10].
Según el mismo estudio, y para mayor precisión, el ingreso laboral per cápita
registró una pérdida real, con base en los precios de la canasta alimentaria,
de 26% entre principios de 2007 y el segundo semestre de 2016
En 2014, el
panorama de la pobreza en México registraba las siguientes cifras:
Cuadro 12
Porcentaje y
número de personas por indicador de pobreza
|
Indicadores
|
Porcentaje
|
Millones de personas
|
|
Pobreza
|
|
|
|
Población en situación de pobreza
|
46.2
|
55.3
|
|
Población en situación de pobreza moderada
|
36.6
|
43.9
|
|
Población en situación de pobreza
extrema
|
9.5
|
11.4
|
|
Población vulnerable por carencias
sociales
|
26.3
|
31.5
|
|
Población vulnerable por ingresos
|
7.1
|
8.5
|
|
Población no pobre y no vulnerable
|
20.5
|
24.6
|
|
Bienestar
|
|
|
|
Población con ingreso inferior al
bienestar mínimo
|
20.6
|
24.6
|
|
Población con ingreso inferior a la
línea de bienestar
|
53.2
|
63.8
|
Fuente: CONEVAL, 2017
Como puede
observarse, si sumamos las personas en situación de pobreza con las que son
vulnerables por los ingresos que reciben (es decir que pueden entrar o salir de
la pobreza por algún problema relacionado con el mercado de trabajo), tenemos
un total de 53.3% o 63.6 millones de personas. De la misma manera, el total de
la población que recibe un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo
(porque no les alcanza a adquirir la canasta alimentaria y sufren hambre) y la
que recibe ingresos inferiores a la línea de bienestar (pues no puede adquirir otros
bienes básicos como vivienda, educación, salud, etc.) suma 53.2%, un total de
63.8 millones de personas. Ello quiere decir que la razón fundamental de la
pobreza reside en los ingresos insuficientes que recibe la población por las
ocupaciones que desempeña. Sólo un poco más del 20% del total de la población
mexicana puede ser considerada que no es
pobre ni vulnerable y que lo es porque
no tiene carencias sociales y recibe ingresos suficientes para cubrir sus
gastos más elementales.
Conclusiones
La integración de
México a la globalización capitalista de finales del siglo pasado se construyó,
de manera prioritaria, sobre la base del TLCAN. Para ello, las élites
gubernamentales y del poder económico abrieron los mercados de bienes y
capitales y centraron su atención en el fomento a las exportaciones, principalmente de
manufactureras, lo que resultó muy exitoso. Los pilares de esta integración
fueron, por un lado, la estabilidad de precios y del tipo de cambio, con el
objetivo de atraer la inversión extranjera y nacional en aquellos bienes que
resultaran atractivos para el mercado internacional, cuidando que los saldos
comerciales y de la balanza de pagos no se convirtieran en un riesgo para la estabilidad
macroeconómica del país. Ello requirió un control sobre la demanda interna y del
gasto público, sin alterar el régimen fiscal. Bajo estas condiciones, la
inversión pública disminuyo, sobre todo en el ramo de la infraestructura. Al
mismo tiempo, se aplicó una política de contención de los salarios y se otorgó
una amplia flexibilidad laboral a los empleadores. El resultado, sin embargo,
no fue tan exitoso desde el punto de vista del crecimiento del conjunto de la
economía debido a que la inversión se concentró en un sector reducido de ramas industriales
y empresas. No hubo, paralelamente, una política industrial que permitiera
generar los eslabonamientos productivos con otras ramas económicas y tampoco
una política de inversión pública que alentara la apertura de nuevos campos de
inversión (De Maria, 2016). Tampoco se diseñaron mecanismos para ampliar el
crédito a las empresas.
El costo de este
esquema de crecimiento y de conducción de la política económica consistió en
una ampliación de las desigualdades en la estructura productiva, lo que
propició también una desigualdad creciente entre regiones, entre el trabajo y
el capital, en la distribución del ingreso de los hogares, entre hombres y
mujeres, y una pobreza crónica que no ha podido atenuarse significativamente
debido a los bajos salarios y a la precarización del empleo.
La política
laboral ha ido acompañada también de una debilidad institucional muy marcada,
lo que ha dado lugar a una distancia muy grande entre la ley y la realidad que
impera en las relaciones laborales. Esta debilidad se ha traducido en una mayor
asimetría de poder entre los empleadores y los trabajadores que, en el caso de
las grandes empresas, ha sido aprovechada para mantener artificialmente bajos
salarios, al margen de los aumentos de la productividad y de su modernización y
crecimiento, y de prácticas laborales que han puesto a los asalariados en una
situación de vulnerabilidad extrema no sólo en lo que toca a la defensa de sus derechos
laborales en las empresas (prestaciones, riesgos de trabajo, estabilidad en el
empleo) sino también en el disfrute de otras provisiones de bienes sociales
como la salud, las pensiones y la vivienda.
De esta manera, el
mercado interno se ha adelgazado, y no ha sido un factor determinante para
alentar el crecimiento económico. Por el contrario, la idea dominante en los círculos
gobernantes y empresariales es que la contención de la demanda interna es
indispensable para mantener la competitividad y la estabilidad económica del
país.
Bajo esta
orientación se han subestimado o de plano descartado los costos sociales de
este esquema de crecimiento, lo que ha sido favorecido por la ausencia de
sindicatos representativos que pudieran reclamar o hacer visibles estos costos.
En momentos de
crisis, como la que se ha vivido desde 2008, los costos sociales tienden a
aumentar en detrimento de la calidad de vida de los trabajadores. A pesar de
ello, y de los cambios que se han
observado en el panorama mundial, incluyendo el triunfo del Presidente Trump,
con un visión más proteccionista que sus antecesores, el gobierno mexicano sigue
convencido de que el camino seguido hasta ahora debe mantenerse. De esta
manera, el gobierno carece de alternativas frente a las crisis internas y
externas, en el ámbito económico, político o social, confiado en que éstas podrán controlarse de alguna manera o que serán
transitorias. Con ello condenan al país a seguir un patrón de crecimiento
lento, sujeto a los vaivenes de la economía norteamericana y de las decisiones
que allá se tomen, y a un riesgo cada vez mayor de agudización de las contradicciones
sociales y sus efectos en la vida democrática del país. Las fracturas cada vez
más visibles del país debido a las desigualdades que lo aquejan y la
consolidación de la pobreza como un fenómeno crónico que afecta de una u otra
manera al 80% de la de la población, debería llevar a un replanteamiento del
curso del desarrollo del país y a la búsqueda de nuevas prioridades e
instrumentos para acelerar el crecimiento y mejorar la distribución de la
riqueza y del ingreso. Para ello, el
balance de los últimos años, sobre todo desde la vigencia del TLCAN, forma
parte de una reflexión indispensable.
Bibliografía
Libros
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Bouzas, A. (1998) Contratación colectiva
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[1] Un estudio de algunas de esas reformas, sobre todo
las que se aprobaron en los últimos años, se puede encontrar en (Hernández, T. et al, 2016).
[3] Una
reflexión más amplia sobre el tema se puede encontrar en (Escobar, S. 2012:
159-169)
[4] En
2012 el salario mínimo federal en EU (aunque hay variantes estatales) era
alrededor de 12 veces más el salario mínimo promedio de México (Pew Center,
2012)
[5] Sobre
esta cuestión véase (Traub, A. y Major, D. 2009) donde se habla de un” two-tiered labor market”, un mercado de
trabajo de dos pisos en Estados Unidos donde, en uno de ellos se cumple la ley
y en el otro, el de los inmigrantes, no se cumple. “En Estados Unidos opera un sistema de explotación laboral por la vía
de la flexibilización y precarización del trabajador migrante, que le confiere,
en el mayor de los casos, un estatus indocumentado y propicia su
desvalorización acentuada”. (Delgado. R. y Márquez, H. 2006: 88).
[6] Una
revisión histórica de la evolución de los salarios mínimos y contractuales
desde principios del siglo XX se ofrece en (Escobar, S. 2016: 317-350)
[7] El
caso fue analizado incluso por la Comisión de Derechos Humanos de México que
concluyó que la insuficiencia de los salarios mínimos viola la Constitución y
los Derechos Humanos y recomendó su “recuperación gradual y sostenida”. (CNDH
2016: 24-27). Disponible en línea.
[8] Cf. Escobar, S. (2016 b: 197-203)
[9] Los contratos colectivos
de protección patronal son instrumentos jurídicos que se pactan sin el
conocimiento de los trabajadores entre un sindicato legalmente registrado y el
patrón o representante de la empresa. Contienen las prestaciones y derechos
mínimos que marca la ley y nunca son negociados con los representantes
legítimos de los trabajadores. Estos contratos simulan cumplir la ley, bajo la
apariencia de que existe una organización representativa de los trabajadores.
Según algunos investigadores, 90 por ciento de los trabajadores están contratados
bajo este esquema ficticio (Bouzas y Gaitán: 2001). Diversas organizaciones nacionales
e internacionales han mostrado su preocupación y repudio a estas negociaciones
simuladas, como la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias
Metalúrgicas, la IndustriALL Global Union, y la Organización Regional
Interamericana de Trabajadores (orit).
La OIT analizó las quejas (caso 2694 México) e informó que “en agosto de 2013 se llevó a cabo una
reunión entre la Confederación Sindical Internacional (CSI) y el Gobierno, en
las que el Gobierno reconoció que existen los contratos de protección, pero
señaló que no tienen el carácter de un instrumento legítimo dentro de la ley.
El Gobierno se comprometió a dialogar con los sindicatos para buscar una
solución al respecto y para tomar medidas para ratificar el Convenio sobre el
derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98)”. Esto último no ha sucedido y las prácticas de
negociación laboral simuladas continúan afectando a la mayoría de los
trabajadores.
[10]
Según CONEVAL, el ITLP refleja el poder
adquisitivo del ingreso laboral de los hogares en relación a la canasta
alimentaria. Si el ingreso laboral aumenta más que el valor de la canasta
alimentaria, el poder adquisitivo del hogar mejora y el ITLP-IS tiende a bajar.
De forma inversa, si el precio de los alimentos de la canasta alimentaria
aumenta más que el ingreso laboral, el poder adquisitivo empeora y el ITLP
tiende a subir.
(CONEVAL, IV-2016, versión electrónica)
