Integración económica y soberanía nacional: el caso del T-MEC

La integración de América del Norte y la soberanía nacional Saúl Escobar Toledo La participación del presidente López Obrador en la Cumbre de Líderes de América del Norte hace unos días consistió, en general, en una ratificación de su visión política acerca de la integración económica en este bloque. Recodemos que, a principios de julio de 2020, AMLO viajó a Washington a ratificar el T-MEC con el entonces mandatario Donald Trump. En esa ocasión, el presidente mexicano enfatizó que la región “es inexplicablemente deficitaria en términos comerciales… lo cual se traduce en fuga de divisas, menores oportunidades para las empresas y pérdida de fuentes de empleos”. Y añadió que América del Norte ha perdido presencia económica en el mundo durante las últimas cinco décadas. Por ello, según AMLO, el nuevo Tratado debe “buscar una mayor integración de nuestras economías y mejoras en el funcionamiento de las cadenas productivas… ya que las importaciones que realizan nuestros países del resto del mundo pueden producirse en América del Norte”. Luego vino la parte más debatible al agradecer a Trump su “comprensión y respeto” tanto a su gobierno como a “nuestros paisanos mexicanos”. Y recalcó que “nunca ha buscado imponernos nada que viole o vulnere nuestra soberanía”. Nos ha tratado “como lo que somos: un país y un pueblo digno, libre, democrático y soberano”. Más de un año después, en la reunión de la CELAC, ante los gobernantes de América Latina y el Caribe, y después de invitar al presidente de Cuba a participar en los festejos de nuestra independencia, amplió su idea. Propuso, una integración económica de los países de esta región con Estados Unidos y Canadá: “construir en el continente americano algo parecido a lo que fue la Comunidad Económica que dio origen a la actual Unión Europea”. Lo anterior estaría basado en “la no intervención y la autodeterminación de los pueblos; la cooperación para el desarrollo y la ayuda mutua para combatir la desigualdad y la discriminación”. Abundó: “propongo que construyamos un acuerdo y firmemos un Tratado para fortalecer el mercado interno en nuestro continente…”. En su intervención en el Consejo de Seguridad de la ONU a principios de noviembre de este año, fue más allá. Denunció la “corrupción” de “los poderes transnacionales, la opulencia y la frivolidad como formas de vida de las élites; el modelo neoliberal que socializa pérdidas, privatiza ganancias y alienta el saqueo de los recursos naturales y de los bienes de pueblos”. También acusó a las grandes corporaciones empresariales que roban al erario o no pagan impuestos; la impunidad de quienes solapan y esconden fondos ilícitos en paraísos fiscales; y la usura que practican accionistas y administradores de los llamados fondos buitres”. Resumió: “Estamos en decadencia porque nunca antes en la historia del mundo se había acumulado tanta riqueza en tan pocas manos”. Específicamente, propuso un Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar para garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de dos dólares diarios, el cual podría financiarse con un fondo procedente de al menos tres fuentes: el cobro de una contribución voluntaria anual del 4 por ciento de sus fortunas a las mil personas más ricas del planeta; una aportación similar por parte de las mil corporaciones privadas más importantes; y una cooperación del 0.2 por ciento del PIB de cada uno de los países integrantes del Grupo de los 20. Con estas aportaciones, el fondo podría disponer anualmente de alrededor de un billón de dólares. En la reunión en Washington, con el primer ministro de Canadá y el presidente de EU, AMLO reiteró, como lo hizo frente a Trump, la importancia de la integración económica frente al crecimiento de otras regiones del mundo y la decadencia de Norteamérica. En esta ocasión, su intervención fue más agresiva en el caso de China, al señalar que si se mantienen las tendencias que reflejan el creciente dominio de esa potencia asiática del mercado mundial, se “mantendría viva la tentación de apostar a resolver esa disparidad con el uso de la fuerza”. Insistió en la necesidad de impulsar un programa de inversión productiva en América del Norte para la sustitución de importaciones. Y puso en la mesa el asunto de la migración: ya no habló del respeto que supuestamente tuvo Trump con ellos. Ahora señaló: dado que, para crecer se necesita de fuerza de trabajo que, en realidad, no se tiene con suficiencia ni en EU ni en Canadá, se debería “abrir ordenadamente el flujo migratorio”. ¿Cómo interpretar este activismo internacional del presidente? Sobre todo, queda claro que, para AMLO, la integración económica norteamericana es un tema vital. Pensar en la posibilidad de adoptar un rumbo distinto está descartado. A diferencia de lo que esperarían sus simpatizantes y opositores, el presidente mexicano es el más convencido de seguir el camino abierto por el TLCAN en 1994, aunque con un discurso diferente que plantea algunas condiciones y exigencias nuevas, como en el plan de ayuda a Centroamérica. Integración económica y soberanía nacional son asuntos que, por su propia naturaleza, se contraponen. El ejemplo más evidente es, precisamente, la Unión Europea. La clave, como han afirmado diversos especialistas, consiste en regular esa integración de tal manera que no se sacrifiquen, sobre todo en una relación tan desigual, las prioridades nacionales y se pueda aspirar a una prosperidad compartida. La condición principal para evitar ese riesgo, según ha afirmado nuestro mandatario, reside en su liderazgo y su oposición a una eventual injerencia indebida de la potencia norteña. De ahí el valor simbólico de su posición frente a Cuba y la presencia del presidente Diaz Canel en México. O su discurso en la ONU. Sin embargo, esa independencia política no se ha reflejado, por ejemplo, en el tema de la migración. Ya veremos qué efectos tiene en la cuestión de la reforma energética. Por otro lado, es importante destacar que, por lo pronto, la política de Biden y Trudeau en materia de derechos laborales permitiría suponer que estamos hablando de una asociación que incluye un mejoramiento de las condiciones de los trabajadores, según lo pactado en el T-MEC. Sin embargo, la situación política en EU y una eventual derrota de los demócratas el próximo año podría debilitar la presión sobre las grandes compañías estadounidenses instaladas en México para respetar los derechos laborales. La retórica del presidente en materia internacional se ha vuelto más audaz que en los inicios de su administración. Ya no se afirma que “la mejor política exterior es una buena política interior”. Más bien se observa lo contrario: la política exterior es indispensable para gobernar al país e impulsar el desarrollo económico. Este cambio de estrategia ha dado lugar a algunos excesos retóricos (por ejemplo, contra China); a un poco de demagogia (en el tema de la migración indocumentada); de incongruencias (si en la ONU propone nuevos impuestos debería hacerlo en México); y de malabares geopolíticos (como proponer un Tratado, al estilo europeo, que incluya a Cuba, Venezuela y Nicaragua, con Estados Unidos). Podría admitirse que la integración de América del Norte es inevitable. Pero cabría también señalar que la diplomacia y la política exterior del gobierno mexicano no tienen que ser cuestiones ajenas y a veces opuestas a las políticas internas. Esa integración ofrece ventajas y riesgos. Para el gobierno mexicano parecen estar claros los beneficios, no los inconvenientes. Una regulación ventajosa para México sigue siendo un desafío que, en estos momentos, depende en buena medida de la voluntad del gobierno estadounidense. Ha faltado, de este lado, una estrategia de desarrollo nacional que, en el marco de la asociación norteamericana, realice las transformaciones necesarias para construir una economía más sustentable e incluyente. saulescobar.blogspot.com

La Disrupción de las cadenas de abastecimiento mundial

El Gran Atasco Global Saúl Escobar Toledo Desde 2020, el cierre de los establecimientos manufactureros debido a la pandemia afectó la producción de todo tipo de bienes, tanto de consumo final como intermedio (refacciones). La oferta se paralizó. Una de las manifestaciones más evidente de este fenómeno se observó en el embotellamiento de barcos cargados de contenedores en los grandes puertos ubicados en diversas partes del planeta. No había personal que los descargara, ni empresas que los requirieran, particularmente, entre marzo y septiembre de 2020. Cuando las empresas empezaron a abrir sus puertas, el problema no se resolvió porque las mercancías seguían atoradas en el mar. Se creó lo que se ha llamado la gran Disrupción de las Cadenas de Abastecimiento (según la agencia Bloomberg: “The great Supply Chain Disruption”), es decir, un atasco mayúsculo del flujo del comercio internacional. Debido a ello, los consumidores sufren demoras en las entregas de sus pedidos, y las fábricas están enfrentando serias dificultades para conseguir refacciones y productos terminados. Según Otaviano Canuto del Centro de Estudios de Macroeconomía y Desarrollo (www.policycenter.ma), el tiempo de entrega aumentó más del 50% en 2021 mientras que la tasa de envíos marítimos por contenedores (container shipping rates) subió de 100 a 250 puntos en este mismo año. Para Michael Spence, premio Nobel en esta disciplina, las alteraciones de las cadenas de suministro están perjudicando seriamente la recuperación económica global (Project Syndicate 03/11/2021). Las ramas afectadas por las demoras y la escasez –incluido un amplio rango de bienes intermedios, desde materias primas hasta semiconductores, y los productos finales que dependen de ellos- dan una impresión semejante a una economía de guerra. Y, agrega, las alteraciones nos tomaron en gran medida por sorpresa. En el primer trimestre de este año, se proyectaba de manera contundente que la expansión económica mundial iba a acelerarse y no se esperaba que la oferta fuera a resultar un problema que atorara el crecimiento. Señala que, según diversos observadores, este fenómeno persistirá hasta bien entrado el 2022. El autor ofrece varias razones del atorón: Una, es que la demanda reprimida se liberó antes de que la pandemia hubiera terminado. Cuando el consumo aumentó, las alteraciones provocadas por el COVID siguieron afectando a los principales puertos e instalaciones manufactureras, lo que sofocó la oferta. Otro factor es que la demanda parece haber aumentado más allá de la capacidad de carga máxima del sistema. Expandir esa capacidad exigirá inversiones y, sobre todo, tiempo. Canuto asegura, por su parte que, del lado de la oferta, la complejidad y distribución geográfica de las cadenas de valor hacen que la entrega final sea muy vulnerable a los bloqueos. Del lado de la demanda ha habido cambios significativos en su composición y volumen desde 2020. Por ejemplo, la sustitución del consumo, de manera personal, por compras electrónicas de bienes de consumo de los hogares. En los países desarrollados, los apoyos fiscales han permitido a las familias mantener su nivel de ingresos y seguir adquiriendo mercancías y servicios. El problema de fondo concluye Spence, es que las redes de suministro globales, como están constituidas actualmente, son rígidas y descentralizadas. El sistema pudo funcionar bien en tiempos normales, pero no fue capaz de enfrentar las perturbaciones que aparecieron súbitamente. Además, resulta muy difícil tomar medidas precautorias: “No hay manera de saber, por ejemplo, dónde se producirán los nuevos cuellos de botella, mucho menos de qué manera los participantes del mercado pueden adaptarse a estas dificultades”. Y agrega: “El sistema es esencialmente miope: descubre los bloqueos sólo cuando ya ocurrieron”. México ya está sufriendo este problema: El FMI, en su reporte de noviembre acerca de la situación en nuestro país asegura que la dinámica de las manufacturas está siendo contenida por la escasez de suministros, principalmente de semiconductores. El organismo internacional destaca que el 95 por ciento de estos insumos, que se utilizan en la producción de vehículos motorizados en México, fueron importados. En 2018, estas piezas fueron valuadas en 75 mil millones de dólares. Además, la oferta doméstica de semiconductores decreció del 20% en 2003 al 8% en 2014. Por ello, el atasco internacional se ha convertido en un factor negativo para la producción de manufacturas y de las exportaciones, especialmente de vehículos. Se calcula que puede haber una caída del 11% en esta rama industrial entre el último trimestre de 2020 y el primero de 2021. El impacto puede alcanzar casi un punto porcentual del PIB, según el Banco de México. En un reportaje de Villalpando, publicado en Las Jornada el 8 de noviembre, se señala que, según el IMSS, entre enero y agosto de este año se perdieron en el estado de Chihuahua 6 mil 846 puestos laborales en las industrias automotriz y electrónica, así como en el sector de servicios técnicos profesionales, debido al desabasto de insumos. La presidenta del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) de Ciudad Juárez, señaló que el impacto de la falta de chips afecta a unas 200 maquiladoras, la mayoría de ellas instaladas en esa ciudad fronteriza. Y agregó que “ya se están llevando a cabo recortes de contrataciones de personal pues las plantas no requieren tanta mano de obra”. En resumen, el Gran Atasco de las cadenas de abastecimiento de refacciones y productos terminados está afectando al comercio y a la producción global de una manera no prevista y, al parecer, sin un remedio a la mano. Lo único que queda, a nivel mundial, es esperar que el problema se vaya resolviendo con el tiempo. Sin embargo, mientras eso sucede, las fábricas volcadas a la exportación, tendrán que reducir su ritmo de producción y por lo tanto sus plantillas de trabajadores. La globalización capitalista de la era neoliberal se ha vuelto poco menos que caótica. Este desorden se ha convertido en un serio obstáculo para aumentar la producción y el empleo, Si a ello sumamos las posibilidades de una cuarta ola de COVID que puede estar presentándose ya en algunos países de Europa, y otros problemas como la posibilidad de una crisis financiera y un aumento de la inflación, el panorama general no pinta tan bien como parecía al inicio de este año. México, como exportador de manufacturas y altamente dependiente de la oferta y la demanda de EU, sufrirá este gran atasco probablemente más que otros países de América Latina. Si a nivel internacional no hay mucho que hacer, en el ámbito nacional sentarse a esperar no puede ser una estrategia recomendable. Los pactos contenidos en el TMEC, de manera destacada en la industria automotriz, se encuentran en riesgo. Una mejor opción consistiría en diseñar una política activa de corto y mediano plazo que amplie la infraestructura marítima y de transporte, los apoyos a las pequeñas y medianas empresas, y a los trabajadores que ya están siendo despedidos, con una visión de mediano y largo plazo, como parte de un plan industrial de sustitución de importaciones. Ello tendría que ser acompañado de una mayor inversión en tecnología, ya que, como lo señala un experto en innovación industrial “somos aun un país con niveles de inversión en I+D por debajo de Brasil y de Chile. México destina menos de 1% del PIB en Transformación Digital o Inversión en Digitalización y Automatización” (cf. Carlos Escobar en linkedin; logistics digital industry) No se trata de un asunto sencillo. Sin embargo, los costos de este embrollo pueden ser cada vez más elevados en la medida en que transcurre el tiempo. Una intervención planeada del Estado mexicano sería muy conveniente. saulescobar.blogspot.com

Los sistemas privados de pensiones en América Latina y la reforma del sistema en México

Los sistemas privados de pensiones en América Latina: un balance negativo Saúl Escobar Toledo ¿Cuáles han sido los resultados de la privatización de las pensiones en América Latina? ¿Por qué ocurrió y qué ventajas y desventajas aporta la reforma de ese sistema en México aprobado el año pasado? Estas son algunas de las preguntas a las que responde un estudio muy detallado del doctor Carmelo Mesa-Lago, “Evaluación de cuatro décadas de privatización de pensiones en América Latina (1980-2020): promesas y realidades” publicado recientemente por la Fundación Ebert, disponible en www.fes.mexico.org. El tema de las pensiones, a pesar de su enorme importancia, no recibe la atención que merece en los medios de difusión debido entre otras cosas a sus complejidades técnicas y conceptuales. Sin embargo, es un asunto vital para las sociedades contemporáneas. El futuro de millones de personas que han trabajado toda su vida está en juego. Una vejez que no recibe los ingresos necesarios para su sostenimiento empobrece a toda la familia y se convierte en un problema social que refleja la desigualdad, la exclusión y el abandono que distingue al capitalismo actual. Representa, también un desafío ante las tendencias demográficas de muchos países en los que se observa un aumento relativo de la población mayor de 65 años que no se compensa, al ritmo de las tendencias de décadas anteriores, con la incorporación de una mayor cantidad de jóvenes al mercado laboral. El autor de este libro, un especialista que ha reflexionado en torno a estos asuntos desde hace muchos años, ha sido reconocido ampliamente por diversos organismos internacionales como la OIT y la CEPAL. Se ha convertido en una referencia obligada de los estudios acerca de la seguridad social y las pensiones. El autor señala que “en esta obra integro, profundizo y actualizo toda mi obra anterior sobre el tema por casi 30 años, a la par de revisar la principal bibliografía existente, y evalúo las promesas de la privatización en los aspectos fundamentales de la seguridad social”. En sus páginas encontraremos una evaluación de los nueve sistemas privados de pensiones latinoamericanos todavía en funcionamiento que se enfoca en cinco aspectos: 1) la cobertura, es decir, el número de personas que trabajan o trabajaron y que cotizan en el sistema privado; 2) la solidaridad social, en especial en lo que toca a la igualdad de género; 3) si el sistema ha otorgado a los jubilados un ingreso suficiente y las perspectivas inmediatas; 4) la eficiencia y el costo que significa para los trabajadores la operación de las administradoras privadas; y 5) su “sostenibilidad financiera y actuarial”, tratando de averiguar si estos esquemas y las reformas que se han llevado a cabo son viables dado el gasto público que representan. Los organismos internacionales como el FMI y el BM, y diversos voceros de los consorcios financieros privados, cuando recomendaron sustituir el sistema público por el privado, hicieron un conjunto de promesas y cálculos que lamentablemente no se han cumplido en ninguno de los rubros observados. Hay que recordar que el primer país que fue obligado a adoptar este cambio fue Chile bajo la dictadura de Pinochet. Desde entonces, la presión política y económica llevó a que la receta se extendiera por casi toda América Latina, incluyendo a México. No hay duda de que se trató de una de las medidas más relevantes del ideario neoliberal. Su fracaso refleja la arbitrariedad, las mentiras, la demagogia, y el oportunismo político del que se hizo gala para “convencer” a partidos políticos y gobiernos de las bondades de la privatización. Por ejemplo, tanto la cobertura del sistema como el monto de la pensión, la llamada Tasa de Reemplazo (TR), han sido inferiores a los calculados. Por ello, los gobiernos han tenido que recurrir a una pensión no contributiva, pagada enteramente con recursos del erario, para “completar” un poco el ingreso de los jubilados o adultos mayores que ya no trabajan y ofrecer un apoyo a los excluidos, sobre todos los trabajadores informales. Por otro lado, se formó un mercado oligopólico, controlado por unas cuantas AFORES que ha resultado en costos muy altos, pagados por los trabajadores por el manejo de sus cuentas, y que ha rendido substánciales utilidades para esas empresas. El poder que han adquirido las administradoras tanto por el volumen de recursos que manejan como por sus rendimientos, las han convertido en un factor de gran influencia política. Un penoso reflejo de esta situación se ha observado en el funcionamiento de la “puerta giratoria”: los funcionarios de alto nivel de las administradoras privadas ocupan puesto clave en los gobiernos y los parlamentos y luego regresan a sus funciones anteriores, en un ir y venir constante del sector privado al público y viceversa. Otro grave problema consiste en los costos fiscales de la privatización, a cargo de los presupuestos públicos y pagados por los contribuyentes. Fundamentalmente, consisten en el pago de las pensiones de aquellas personas que todavía se están jubilando o se van a jubilar con el sistema público (costo de “transición”); la aportación que se hace para que los jubilados alcancen una pensión mínima garantizada que no les puede otorgar el sistema privado; las pensiones no contributivas que se han implementado; y para cubrir el déficit de algunos sistemas que no fueron privatizados, como el de las Fuerzas Armadas. Todo ello ha provocado que estos costos hayan sido mayores a los proyectados originalmente por el BM y que sigan aumentando. Finalmente, Mesa-Lago hace un repaso de la reforma que se aprobó al sistema privado el año pasado. Dicha reforma parte del reconocimiento, manifestado en la iniciativa presidencial, de las fallas que ha presentado la privatización. Una TR promedio inferior a 30%; una cantidad equivalente al 64% de asegurados que no recibiría una pensión por no haber cumplido las semanas de cotización requeridas; la expectativa de que apenas un 6% del total de asegurados alcanzará una pensión mayor a la mínima; y una caída de los afiliados que cotizan de 60,2% a 31,5% entre 1999 y 2019, el segundo descenso mayor entre los nueve países. La reforma de AMLO, aprobada por el Congreso, incluye una reducción de los años de cotización; un incremento de la pensión mínima garantizada; una TR promedio de 40% (mayor a la actual pero inferior al mínimo de la OIT de 45%); ajustes a las comisiones de las AFORES; aumento de la contribución de los empleadores del 5,15% al 13,875% en ocho años; y un reacomodo de las contribución públicas para concentrase en los salarios más bajos para mejorar el ingreso de las pensiones. Todos estos cambios mejoran la mayoría de los principios de la seguridad social, dice Mesa-Lago. El problema, agrega, es que no se conoce un estudio actuarial que valide el cálculo de la nueva TR; la sustentabilidad del incremento de las contribuciones de los empleadores y de la cuota social del Estado; y el costo y la garantía del pago de la pensión no contributiva. No se encuentra ni en la propuesta presidencial ni en el dictamen de las cámaras del Congreso. El documento de Meza-Lago es una aportación de gran valor para el estudio del sistema de pensiones en América Latina. Coincide con otros análisis de la OIT (El Trimestre Económico, núm. 343, julio-septiembre de 2019) que abarca varios países del mundo; y el de Berenice Ramírez (El Trimestre, no 344, octubre-diciembre de 2019) dedicado especialmente al caso de México. De acuerdo a estos trabajos y otros similares, puede afirmarse que la privatización de los sistemas de pensiones fue un esquema dogmático impuesto a nuestros países basado en supuestos y cálculos irreales. Su razón más íntima, y no declarada, consistió en imponer, a toda costa, de un empoderamiento del sistema financiero a cargo de los salarios y los recursos públicos. En eso han tenido éxito. Lamentablemente, ello no se ha traducido ni en mayor crecimiento económico ni una disminución de la pobreza. saulescobar.blogspot.com

Los Papeles de Pandora: la impunidad del poder

Los “Papeles de Pandora”: la impunidad del poder Saúl Escobar Toledo La filtración de documentos confidenciales pertenecientes a 14 entidades especializadas en la creación de sociedades en paraísos fiscales ha revelado la existencia de una industria enfocada a ocultar la riqueza de un grupo de personas: ofrecen anonimato y baja o nula tributación. Los documentos retratan también a los clientes de esta industria y a los intermediarios que les sirven de puente para acceder a estos servicios. Como ha señalado El País (05112021), el desvío de beneficios por parte de empresas y la ocultación de grandes fortunas generan agujeros millonarios en las haciendas públicas. La lista de nombres relevantes que aparecen como clientes de estos proveedores en los documentos filtrados en los “Papeles de Pandora” (PdeP) es larga. Hay 35 jefes y exjefes de Estado de los cuales 14 son de América Latina, 46 oligarcas rusos, millonarios, personalidades del mundo de la cultura e incluso congregaciones religiosas. Como lo demuestran diversas investigaciones, estos paraísos o refugios (havens en inglés), son parte de la maquinaria de un mundo más desigual. Al evitar el pago de impuestos, contribuyen a aumentar la disparidad de ingresos, la riqueza y el poder. Brooke Harrington, autor del libro “Capital Without Borders: Wealth Managers and the One Percent.” (Capital sin fronteras: los administradores de la riqueza y el uno por ciento), afirmó recientemente (NYT, 08102021): para que las reglas fiscales puedan cumplirse hay que atacar el problema de la secrecía: solo se puede gravar al propietario legal de los bienes, quien no es necesariamente la persona que se beneficia de ellos. Los trusts (fideicomisos) dividen la propiedad legal del beneficiario de tal manera que un fideicomiso en las Islas Caimán puede ser el propietario de un Castillo en Francia, pero la persona que vive en él y lo disfruta plenamente no necesariamente es el dueño legal de ese inmueble. Los fideicomisos o sociedades registradas en esos refugios producen esa ambigüedad. Se requiere entonces que las leyes exijan el registro de los verdaderos beneficiarios, para atacar este problema. Hay más. La novedad de los Pandora, en comparación con otras filtraciones previas, como los “Papeles de Panamá”, revela que los Estados Unidos se han convertido en un refugio fiscal y destino global de riqueza ilícitas (The Nation, 05102021). Albergan muchos fideicomisos (trusts) secretos u opacos. De esta manera se desmiente la idea tradicional de que esos paraísos están localizados únicamente “offshore” es decir, fuera de EU. Estados como Dakota del Sur, Delaware, Texas, Florida y Nevada rivalizan con naciones del caribe y protectorados europeos. En Dakota del Sur, por ejemplo, hay sociedades de este tipo que tienen fondos de, al menos, 367 mil millones de dólares. Por su parte, Nicholas Shaxson autor de varios libros, entre otros, “Las islas del tesoro” publicado en español por el FCE, señala (NYT, 08102021) que el corazón del sistema de los refugios fiscales es la Gran Bretaña. La ciudad de Londres se convirtió en “la capital del lavado de dinero”. Se trata, dice, Shaxson, de un sistema complejo, con instrumentos opacos y enredados que incluyen trusts registrados en distintos territorios, lagunas fiscales y compañías fantasmas o de fachada. Además, el secreto bancario, y una regulación financiera laxa que da cobertura a la riqueza escondida mediante coberturas aparentemente legales. Un papel central lo juegan los centros financieros que se encuentran en las Islas Cook, la Vírgenes Británicas, y Jersey (una de las pequeñas islas situadas en el Canal de la Mancha). Hay también países europeos como Suiza, Luxemburgo, Irlanda que ofrecen varias rutas para esconder las riquezas. En Asía, por supuesto, están Hong Kong y Singapur. Sin embargo, agrega, la red británica es la más grande. El Índice de Opacidad Financiera (Financial Secrecy Index, disponible en https://fsi.taxjustice.net) muestra que la Gran Bretaña (GB) y sus satélites se colocan en el primer lugar. Más de dos tercios de las 956 compañías que los PdeP vinculan con funcionarios públicos, fueron establecidas en las Islas Vírgenes. La City es el nervio central del sistema global de los paraísos fiscales, un conducto crucial para que transiten capitales internacionales de todo tipo. Un momento clave para entender cómo llegó a ocupar este papel, fue cuando el Banco de Inglaterra permitió al país jugar el papel de huésped del nuevo mercado de los eurodólares. Londres se convirtió en un espacio financiero casi sin regulaciones y altamente rentable, separado de la economía británica, en el cual los bancos extranjeros, la mayoría estadounidenses, podrían realizar operaciones prohibidas en su país. La riqueza escondida en estos refugios es sorprendente. Las estimaciones van de los 6 a los 36 billones de dólares. En el caso de la red que incluye a la City de Londres y sus oficinas de ultramar, representa una pérdida fiscal, solo para las empresas, sin tomar en cuenta a las personas físicas, de aproximadamente entre 245 y 600 mil millones de dólares. La exposición pública de algunos personajes políticos ha dado ya algunos resultados: en Ecuador, el Congreso votó el domingo pasado en favor de abrir una investigación del presidente Lasso para averiguar si violó la ley al depositar parte de su riqueza en un paraíso fiscal. En Chile, la Fiscalía de la nación abrió una investigación contra el presidente Piñera por la venta de la empresa Minera Dominga. Hay la sospecha de que esta operación implicó sobornos y evasión fiscal. En el caso de nuestro país, como ya se ha publicado, hay más de 3.000 mexicanos que figuran en los PdeP. Figuran (hasta ahora) Julio Scherer; Jorge Arganis; el senador Armando Guadiana; y Julia Abdala, pareja de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad. Incluye también a antiguos aliados del expresidente Enrique Peña Nieto, Enrique Martínez y Martínez, exgobernador de Coahuila y ex secretario de Agricultura; Ricardo Pierdant, el empresario que en 2014 pagó el predial de un departamento en Miami propiedad de la entonces esposa de Peña Nieto, la actriz Angélica Rivera; Francisco Labastida Gómez de la Torre, hijo del candidato presidencial del PRI en el 2000, Francisco Labastida Ochoa. Hay, asimismo, celebridades y sobre todo multimillonarios como Germán Larrea y María Asunción Aramburuzabala. Y, qué causalidad, las Islas Vírgenes Británicas fue el destino predilecto de estos mexicanos. En síntesis, los PP revelan la existencia de cuentas de los superricos del mundo, incluyendo ciudadanos mexicanos que, por lo pronto, no han recibido ninguna sanción a pesar de su posible involucramiento en crímenes tan graves como: la fuga de capitales, la evasión fiscal, el ocultamiento de patrimonios mal habidos, el registro de empresas fantasma, y el abuso de poder. Cometer un crimen puede ser "legal", dependiendo de la legislación que resulte conveniente para el delincuente. Sin embargo, en todos los casos, las personas que se aprovechan de los refugios fiscales lo hacen para depositar sus cuantiosas fortunas personales fuera del territorio en el que residen; evitar el pago de impuestos; esconder su riqueza; y atentar contra sus propios gobiernos y sociedades. Lastiman y agravian, principalmente, a los más pobres e indefensos. No deben justificarse, atenuarse, o perdonarse estas conductas. Investigar y actuar legalmente contra estas personas es indispensable. También fortalecer la coordinación internacional para acopiar información. Hay que cerrar todos los paraísos fiscales. Son una plaga contra la humanidad. Mientras tanto, a sus beneficiarios, hay que denunciarlos ante los ciudadanos del mundo como lo que son: violadores del derecho a una vida digna de la gran mayoría de las personas que no tienen ni los ingresos ni la capacidad para hacer uso de los "tax havens". La impunidad no puede seguir dominado al mundo. saulescoba.blogspot.com

COVID: Daños en el mercado laboral de México

Mercado laboral: El tamaño del boquete Saúl Escobar Toledo Conforme van pasando los meses, va apareciendo con mayor claridad el daño causado por la pandemia en nuestras sociedades, gracias a las investigaciones y recopilación de datos estadísticos que se han llevado a cabo. En México, en particular en el caso del mercado laboral, los resultados de la encuesta nacional de ocupación y empleo del segundo trimestre de este año realizada por el INEGI, y los que ofrece el Boletín de movilidad social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, arrojan datos relevantes. De acuerdo con estos documentos (y otros estudios que no citamos) puede decirse que, entre el segundo trimestre del año pasado (cuando pegó más fuerte la pandemia en el empleo) y el mismo periodo de 2021, casi 11 millones de personas dejaron de formar parte de la Población Económicamente Activa, es decir se retiraron del mercado laboral: quedaron desocupadas y renunciaron a buscar un empleo. Más claramente, 10.5 millones de personas dejaron de trabajar, suspendieron sus actividades cotidianas. La recuperación de éstas fue paulatina. No todos volvieron al trabajo al mismo tiempo. Lo que hay que subrayar, sin embargo, es que, por alrededor de tres meses, una gran cantidad de familias dejaron de percibir ingresos debido a esta disrupción. Ahora bien, no todos han regresado: la tasa de desempleo abierto sigue siendo más alta que antes: 4.2%. Más significativo, la incorporación al mercado laboral ha sido más lenta para las mujeres que para los hombres, lo que ha acentuado la desigualdad entre los géneros. Además, todavía este año, una cantidad muy importante, casi 8 millones de personas, declararon que necesitaban trabajar pero, al mismo tiempo, no estaban buscando un empleo ni se encontraban ocupadas, debido a que no veían ninguna oportunidad para ello o a que su situación familiar (cuidado de otras personas en el hogar) o personal (enfermedades o percepción de un alto riesgo de contagio) se los impedía. Muchos de los que lograron volver a trabajar no regresaron a sus ocupaciones anteriores. Algunos pasaron de un empleo asalariado a convertirse en trabajadores por cuenta propia. Otros, se refugiaron, principalmente, en micronegocios (6.4 millones) y los menos en grandes establecimientos en el sector industrial o de servicios (1.1 millones). Debido a lo primero, las modalidades del empleo informal (por cuenta propia, empleo en empresas familiares o en puestos laborales sin seguridad social) se expandieron y en el segundo trimestre de este año representaron el 56.2% de la población ocupada (frente a un 51% que se registró en ese mismo periodo del año pasado). Por su parte, el Centro Yglesias, señaló: “La pandemia por COVID-19 afectó particularmente el mercado de trabajo… y sus efectos fueron asimétricos entre hombres y mujeres, entre grupos etarios, entre quienes tienen bajo y alto nivel educativo, entre zonas y regiones del país, entre trabajadores formales e informales, y entre sectores económicos. Todo lo anterior empeoró la situación de grupos tradicionalmente más vulnerables…”. Y es que se presentaron varios fenómenos: por un lado, la exclusión del mercado laboral que afecto a los 8 millones de personas mencionadas más arriba se debió principalmente a dos factores: residir en una zona de alta marginalidad (donde la demanda de empleos es débil o no es constante o uniforme a lo largo del año), y la falta de educación y capacitación (o, dicho de otra manera, aquello que la persona sabe y se refleja en sus habilidades, conocimientos o experiencia). Por otro lado, las razones por las cuales las personas fueron despedidas de su trabajo, pueden asociarse principalmente a tres factores: salud; edad; y formación. Según el reporte, las mujeres resultaron más afectadas que los hombres. Además, estos despidos y la persistencia del desempleo tienen que ver con “las adecuaciones que las empresas han hecho en sus métodos de operación y comercialización a través de plataformas digitales o tecnologías de teletrabajo”. Aclaran, sin embargo, que la salud fue el factor de despido más importante entre las mujeres (35.6 %) y el segundo más relevante entre los hombres (43.5 %). Ello da cuenta de la persistencia tan extendida de la informalidad laboral que por esa condición no cuenta con una protección adecuada, y a la ausencia de un sistema de salud universal accesible y de calidad. El estudio anota que la exclusión, las renuncias y los despidos, por razones de género, han tenido mucho peso en el mercado laboral incluso antes de la pandemia. Sin embargo, debido a la interrupción de muchas actividades económicas, particularmente en el caso de la cesantía forzada, han adquirido mayor relevancia. De lo anterior, el estudio desprende la necesidad “prioritaria” de fortalecer las políticas laborales enfocadas, por una parte, a la formación, las habilidades y los conocimientos; y, por otra, sobre todo para aliviar la situación de las mujeres y fomentar su inclusión, a mejorar los sistemas de cuidado y combatir la exclusión, la discriminación y el maltrato que sufren en los centros de trabajo. En resumen, los daños causados por la pandemia en el mercado laboral agudizaron viejos problemas y crearon nuevos. Provocaron un deterioro, hasta ahora irreparable, de los ingresos de millones de personas y sus familias, debido a despidos, exclusiones, crecimiento de ocupaciones precarias y mal pagadas; y aumentaron las desigualdades por razones de género, ubicación geográfica, educación, edades, condiciones de salud. Por ello, el gobierno debe reforzar y renovar sus estrategias. Hay una realidad distinta. La situación es más difícil y, además, se produjeron cambios que probablemente sean irreversibles en la organización del trabajo, el perfil de las labores formales e informales, las dinámicas de la oferta y la demanda, y las relaciones entre empleados y empleadores. Permitir que estas viejas y nuevas tendencias persistan, fluyan sin cortapisa, solo puede llevar a un desplome generalizado de las condiciones de vida de la inmensa mayoría de los mexicanos. Debilitaría la obra social del gobierno y en especial, la reforma laboral que se está implementando. Una visión de largo plazo es indispensable no sólo para tratar de resarcir lo perdido y abatir el crecimiento de la pobreza, sino también para responder a los desafíos que han surgido. El empleo y las condiciones de trabajo son uno de los fundamentos de las economías, el bienestar y la convivencia ciudadana. Están influyendo, cada vez más, en las preferencias políticas de los votantes. Quizás no lo parezca, sobre todo porque en el pasado, estas cuestiones carecieron de importancia para los gobiernos y los partidos. Sin embargo, ahora, es posible que la evolución de los mercados laborales y las políticas públicas relacionadas con el empleo, los salarios y, en general, la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, retomen una gran importancia tanto arriba como en el sentimiento popular. Prepararnos para un mejor futuro en el ámbito del trabajo adquiere un sentido estratégico desde todos los puntos de vista. saulescobar.blogspot.com saulescobar.blogspot.com

Paquete económico 2022: ¿dejar que nos lleve la corriente o navegar hacia otro lado?

Paquete 2022: que nos lleve la corriente Saúl Escobar Toledo El flamante secretario de Hacienda del gobierno federal entregó hace unos días a la Cámara de Diputados el “paquete económico” para 2022 que, como se sabe, incluye los Criterios Generales de Política Económica (CGPE); la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF); y el Proyecto de Presupuesto. Dicho paquete tiene algunos cambios significativos, con relación a los años previos de esta administración, que vale la pena mencionar. Del lado de la LIF, encontramos un aumento de los ingresos tributarios. No obstante, debe hacerse notar que el ISR (impuesto sobre la renta), a pesar de los esfuerzos del gobierno para combatir la evasión fiscal, se incrementará en apenas 4.9%. De esta manera, los ingresos totales del gobierno aumentarán sólo en un 1.3% en comparación a lo estimado para este año. En estas condiciones, se calcula que el déficit público llegaría a 3.1% (similar al esperado para 2021 aunque superior al presentado en las administraciones anteriores). Además, se propone contratar un mayor endeudamiento interno por 850 mil millones de pesos y 3 800 millones de dólares en los mercados internacionales. El incremento se dará, según la iniciativa, sobre todo en la local, que aumentaría en casi un punto del PIB (0.7%) respecto a 2021. Se advierte, asimismo, un manejo más flexible de estos instrumentos, lo que se refleja en que el llamado “saldo histórico de la deuda bruta del sector público no financiero” pasará del 51 al 58.6% del PIB. Por su parte, el gasto también aumenta. Destacan el renglón de la salud (15.2% en términos reales) y el financiamiento a los programas sociales. Dentro de estos últimos, de manera relevante, la pensión para adultos mayores y en seguida, las becas escolares. El gasto de inversión, después de varios años, muestra por fin una expansión (14.3% en términos reales). El proyecto que recibirá una mayor cantidad de recursos será el Tren Maya. Habrá, igualmente, asignaciones importantes para “vías de comunicación y trasporte” lo que incluye al nuevo aeropuerto internacional. Por otra parte, se prevé un mayor gasto para estados y municipios (4.7 por ciento). Estos números, en comparación con 2020 y 2021, representan un avance: se trata de un paquete menos conservador, más flexible y atinado. Sin embargo, no debemos olvidar que la disrupción de las actividades económicas en todos estos meses de pandemia ha dejado en la pobreza a millones de familias. Éstas vieron reducirse sus ingresos laborales a tal punto que, en el momento más agudo (el segundo y tercer trimestre de 2020), no pudieron comprar la canasta básica alimentaria casi 9 millones más de mexicanos. El porcentaje de la población total que padeció estas condiciones pasó del 35.6 a 44.3% del total. Esa pérdida no ha sido compensada ni está contemplada ninguna medida para ello en el presupuesto 2022. Ante la merma de sus ingresos, muchas familias tuvieron que sacrificar parte de su patrimonio para poder comer. Es probable que hayan vendido algunos bienes (o dejado de adquirirlos) e incluso se hayan mudado de domicilio a un lugar más modesto. En cambio, los estratos más acomodados, que no fueron afectados severamente por la caída de sus ingresos, vieron aumentar su riqueza patrimonial debido a que se incrementó el valor de los activos financieros (bonos, acciones bursátiles, etc.) y en muchos casos, sus propiedades inmobiliarias. Durante estos meses, en México y en el mundo, los ricos, especialmente los más prósperos, se beneficiaron debido al aumento del valor de sus patrimonios mientras que una gran proporción de los habitantes de este planeta perdieron ingresos y bienes materiales. Por otro lado, hay que hacer notar que el paquete económico presentado tiene, sobre todo, una orientación redistributiva y en mucho menor medida se enfoca en una modernización del aparato productivo. Tal cosa puede verse, de acuerdo con la información de Hacienda, en que los programas sociales prioritarios concentran un gasto equivalente a 1.44% del PIB mientras que los programas de infraestructura más destacados alcanzan un 0.5%. Desde luego que es loable la intención de repartir mejor el pastel, pero no se debe relegar el esfuerzo a hacerlo más grande. La administración del presidente López Obrador ha insistido en que ambas cosas no son posibles y que se tiene que escoger sólo por una de ellas. Considera, equivocadamente, que el postulado neoliberal consiste fundamentalmente en crecer sin distribuir. En realidad, bajo este esquema, las economías se han vuelto más inestables y propicias a las crisis, afectando a la mayoría de la población. En cambio, los estudios y propuestas de organismos como CEPAL y de diversas universidades de México y el mundo, han planteado que una mejor distribución del ingreso y un mayor crecimiento económico no sólo son posibles, sino que deben marchar juntos. Amarrarse al esquema que ha defendido la administración actual lleva a un futuro poco promisorio: según las proyecciones de Hacienda, el PIB crecería 4.1% en 2022, apenas para alcanzar los niveles pre pandémicos; sin embargo, entre 2023 y 2027 se crecería a un promedio de 2.7%, similar al de los tiempos neoliberales. Un crecimiento más elevado con mayor igualdad y un efectivo combate a la pobreza requeriría un esfuerzo mayor en materia de inversión pública. De acuerdo con los CGPE, la formación bruta de capital fijo en el sector público cayó a un ritmo anual de (-) 6.2% con un acumulado de casi 25% negativo entre 2015 y 2018. Entre 2019 y 2021 (con datos al primer trimestre de este último año), fue de (-) 28.3% acumulado, una disminución promedio anual de 9.4%. Si a ello agregamos que el consumo interno ha crecido (al 3,3% anual entre 20125 y 2018) menos que las exportaciones (5.55%), podemos ver que la marcha de la economía mexicana ha dependido de dos variables: la inversión privada y la venta de mercancías en el exterior. Este patrón de desarrollo económico ha dado por resultado un ritmo muy lento de incremento del PIB. También ha propiciado mayores desigualdades; ingresos laborales reducidos; niveles de pobreza crónicos; finanzas públicas que acusan una significativa falta de recursos para atender las necesidades de los mexicanos; y una mayor dependencia de los mercados internacionales, particularmente de Estados Unidos. Aun tomando en cuenta los nuevos programas sociales, la administración de AMLO no busca una transformación de las bases fundamentales del modelo económico. Se basa, principalmente, como el propio presidente ha dicho, en el impulso de la economía de EU. En otras palabras, confía en que nos lleve la corriente en lugar de remar hacia otro lado. Ese otro lado tendría que ser un proyecto no sólo basado en mayores subsidios monetarios a la población sino en un esfuerzo mucho mayor en materia de inversión pública y en atender otros rubros tan importantes como la educación (que en el paquete 2022 recibe un incremento muy menor). De esta manera, se impulsaría el empleo con un aumento sostenido de los salarios mínimos y contractuales (estos últimos han caído ligeramente en términos reales durante este año según el Banco de México). Se pondrían los cimientos de una economía con una mejor distribución del ingreso y con mayores capacidades para competir mejor en los mercados globales. Hay que insistir en que una reforma fiscal progresiva que grave con tasas mayores al segmento más rico de las personas (se ha calculado que bastaría afectar al 3% que se sitúa en la cúspide) y reduzca las aportaciones de los más pobres e incluso de fragmentos de las clases medias, además de otras enmiendas pendientes, no sólo podrían corregir los efectos devastadores de la pandemia. También arrojarían mayores recursos para cambiar el rumbo de la economía y lograr un país más justo. De otra manera, seguiremos viendo la misma película de hace varias décadas. El paquete 2022, a pesar de sus méritos, es un ejemplo de esa continuidad. saulescobar.blogspot.com

Buenos trabajos, la mejor solución para combatir la desigualdad

Buenos trabajos, la mejor solución Saúl Escobar Toledo Una comisión de académicos de distintas nacionalidades, convocada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dio a conocer recientemente un estudio acerca de los problemas económicos del mundo. El grupo de expertos decidió enfocarse sólo en tres aspectos, ya que consideraron que son los problemas fundamentales del presente y del futuro; representan “bombas de tiempo” que tendrán efectos sobre todo a largo plazo: calentamiento global, desigualdad y envejecimiento de la población. Aquí nos limitaremos a comentar el capítulo que se refiere a la desigualdad, elaborado por Dani Rodrik y Stefanie Stantcheva, profesores de la Universidad de Harvard. Para empezar, los autores consideran que la desigualdad tiene muchas dimensiones pero que una de las principales es “el grado de acceso a buenos trabajos y una vida laboral satisfactoria”. Sus recomendaciones para fomentar buenos empleos consideran tres tipos de medidas: 1) En la etapa de preproducción (para una mejor inserción de las personas en el mercado de trabajo) 2) En la etapa de producción (para que las empresas y los trabajadores puedan construir mejores condiciones laborales). 3) En la etapa de postproducción (para que los trabajadores más vulnerables reciban mayor protección). En cuanto a las medidas de la etapa de preproducción, sugieren que es necesario un acceso más igualitario a la educación y, al mismo tiempo, mejorar su calidad. También, un proceso de certificación de habilidades más transparente. En lo que se refiere a la tercera etapa, la posproducción, será necesario revisar las leyes fiscales para aumentar los gastos en educación y a la protección y fomento del empleo. En particular, se concentran en el tratamiento de los ingresos de capital. Argumentan que: Los gobiernos descubrieron que, cuando intentaron gravar el capital, las inversiones huyeron, lo que condujo a una caída generalizada de los ingresos fiscales. Para corregir esta situación es indispensable revisar las leyes de cada país y entablar acuerdos internacionales como el que tomaron los países del G-20 recientemente para gravar a las multinacionales que optan por declarar beneficios en países con bajos impuestos, sin importar dónde venden realmente sus productos. En lo que toca a la segunda etapa, argumentan que, tanto el progreso tecnológico como el comercio internacional tienen efectos profundos y complejos sobre la estructura de la producción y, por ende, sobre el empleo. A veces, el progreso tecnológico sustituye el trabajo por capital, lo que lleva a la eliminación de puestos de baja calificación o incluso de calificación media. En otras, permite que los trabajadores de baja o media calificación realicen tareas más complejas. Sin embargo, la desaparición de buenos empleos ha llevado a muchas comunidades a experimentar graves problemas de salud (adicciones) y delincuencia, generando malestar social y un aliento a las posiciones políticas extremistas, sobre todo de derecha, poniendo a los inmigrantes como causantes del deterioro laboral. Por su parte, el comercio internacional crea plazas de trabajo en las industrias de exportación, pero también conduce al cierre de empresas en los sectores afectados por las importaciones. Además, la creación de empleos no ocurre necesariamente ahí donde los puestos de trabajo han sido destruidos. De acuerdo con lo anterior, Rodrik y Stantcheva, sugieren poner más atención en lo que se puede hacer en la producción y elaborar políticas que induzcan a las empresas a ofrecer mejores puestos laborales. Para ello será necesario que los subsidios a la inversión consideren la calidad del trabajo y que se puedan evaluar sus resultados. Así mismo, proponen aplicar una “prueba de empleo prospectivo” para determinar las prioridades del gasto en investigación científica y el desarrollo tecnológico (I+D). Actualmente, estas inversiones no toman en cuenta su impacto en la ocupación, lo que deberá tenerse en cuenta. De esta manera, por ejemplo, se deberían aumentar los gravámenes a los equipos y las innovaciones que destruyen empleos. Por otro lado, alegan que es necesario poner restricciones al comercio internacional, para evitar el “dumping social” (es decir la reducción de salarios y condiciones de trabajo para atraer nuevas inversiones foráneas). Los autores sugieren que el trabajo infantil, el trabajo forzoso, las condiciones de trabajo peligrosas e insalubres, o la represión violenta de los derechos laborales, deben ser considerados. El estudio admite que, aún si estas medidas tuvieran éxito, muchas ocupaciones no podrían convertirse en "buenos trabajos", lo que plantea la cuestión de qué se puede hacer por los "malos". Para estos últimos, se deben realizar compensaciones en efectivo, de tal manera que esos trabajadores puedan ganar un ingreso suficiente por lo menos para cubrir sus necesidades más elementales. El estudio es pertinente para reflexionar sobre la realidad mexicana por dos razones. La primera, debido a que los efectos de la pandemia, sumados a la trayectoria de las últimas décadas, han profundizado la desigualdad y la pobreza, principalmente por la caída de los ingresos laborales. Segundo, porque el T-MEC y la presión interna propiciaron una reforma laboral y algunas medidas (como el aumento al salario mínimo y la regulación de la subcontratación), que buscan mejorar la calidad del empleo. Para resolver lo primero y profundizar en lo segundo, hay que implementar nuevas políticas. En el caso de México, lo que los autores del estudio citado llaman medidas preproducción (o políticas activas de empleo, según la terminología más usada en Latinoamérica), se requiere mejorar el acceso a la educación; elevar su calidad; y destinar recursos suficientes para los programas de calificación de los trabajadores. El programa “Jóvenes construyendo el futuro” podría aprovecharse para darle un enfoque más bien orientado a elevar los niveles de adiestramiento y hacer una certificación de sus nuevas habilidades, no sólo para transferir recursos en efectivo. En cuanto a la posproducción (o políticas pasivas), urge legislar sobre un seguro de desempleo y adoptar programa de transferencias monetarias para los trabajadores informales (asalariados y por cuenta propia). En cuanto a las políticas de producción, podríamos decir que la reforma laboral apunta indirectamente a una reorganización de las empresas ya que, si se forman sindicatos legítimos y representativos, sería natural que los trabajadores presionaran y en algunos casos accedieran a mejorar sus salarios y sus condiciones de trabajo. Aún más en los casos de las empresas incluidas en el T-MEC, debido a que el gobierno de EU ha desplegado acciones para que se cumpla la reforma laboral. El caso de General Motors y otros podrían multiplicarse. Sin embargo, esta reorganización empresarial puede tener resultados negativos: frente a la presión obrera, los gerentes y/o accionistas podrían endurecer las negociaciones y propiciar conflictos laborales y huelgas; crear menos plazas, acelerando la sustitución del trabajo humano por máquinas; o bien disminuir sus inversiones e, incluso, mudarse del país. Para crear más y mejores empleos “buenos”, se requiere la intervención del Estado, con el propósito de que la reorganización de las empresas lleve a un mejoramiento de la productividad, de la tecnología, y al mismo tiempo de las condiciones laborales. Para ello, las políticas activas y pasivas resultan vitales, pero a la larga no serían suficientes. De ahí que las reflexiones de Rodrik y Stancheva resulten útiles. Nos muestran la complejidad del problema, algunas propuestas de solución y la necesidad de innovar las políticas aún en un marco de incertidumbre. Lo más importante consiste en reconocer que, principalmente, elevando la calidad del trabajo se pueden construir sociedades más justas; más armoniosas; y evitar la polarización política, capitalizada sobre todo por la derecha. saulescobar.blogspot.com