Una democracia progresista: descifrando a CCS Saúl Escobar Toledo Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano (CCS) publicó recientemente un libro titulado “Por una democracia progresista” (Penguin Random House Grupo Editorial, noviembre de 2021). Su punto de partida radica en una tesis: la Revolución Mexicana (RM) se propuso edificar una nación democrática. Por ello, las ideas de este movimiento siguen vivas y forman parte de las corrientes libertarias y progresistas que se han manifestado a lo largo de nuestra historia. El texto de CCS es, en primer lugar, una historia de las ideas que se forjaron al calor del movimiento revolucionario. A ello dedica buena parte de la obra, los primeros 15 capítulos. Podemos encontrar un repaso de las ideas de Flores Magón, Madero, Zapata, Carranza, los movimientos campesinos y obreros, los constituyentes de 1917, Salvador Alvarado, Felipe Carrillo Puerto, y Lázaro Cárdenas. Luego, el análisis se extiende hasta la fundación del MLN (1961) y la CD y el FDN (1986-89). Son ideas distintas y a veces encontradas acerca de temas diversos que se van expresando al calor de los acontecimientos. No se trata de una ideología compacta inspirada en una escuela de pensamiento, sino de un conjunto muy amplio de análisis y propuestas que se expresan en libros, folletos, proclamas, manifiestos colectivos y planes de gobierno y de partidos políticos. A pesar de esta diversidad, hay una línea fundamental que los une, según CCS, la “democracia progresista”. En segundo lugar, el libro apunta una definición de ese tipo de democracia: “Quienes participaron en la RM no concebían la implantación de una democracia sin adjetivos … no plantearon la democracia en abstracto… esa democracia sin contenidos, de lengua para fuera, se practicó en el porfiriato y es la misma que se practica en el neoliberalismo… Esos intereses tienen en mente sólo la democracia electoral… excluyen otras formas de expresión de la democracia, sobre todo en las cuestiones sociales y en la equitativa distribución del ingreso” El tercer plano se refiere a la relación entre las ideas de la RM y el socialismo. Nos recuerda que el General compartía la idea de que “cumplidas las metas de la RM, la nación y la sociedad empezarían a moverse hacia un sistema socialista…” Sin embargo, agrega CCS, “ni Cárdenas ni sus contemporáneos, ni estudiosos de la Revolución de tiempos más recientes nos han dejado una reflexión sobre qué tipo y qué características principales tendría el socialismo…”. CCS se arriesga a proponer una “ aproximación” de ese concepto: respeto absoluto a los derechos de la gente, a sus libertades de expresión; amplia intervención del Estado en la economía para garantizar crecimiento, distribución equitativa de beneficios entre trabajo y capital; equilibrio y desarrollo regionales, mercados competitivos, organizaciones autónomas de los trabajadores; consumación de la reforma agraria impulsando la organización ejidal colectiva; y en el plano internacional, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y la no intervención. Y aclara, para no dejar duda: “El socialismo que imaginaba LC y yo interpreto, no consideraba la intervención del Estado como propietario de todos los medios de producción; se inclinaba por la autogestión… (y por lo tanto que) la dirección, organización del trabajo y los beneficios fueran compartidos por los trabajadores y la empresa (privada o pública)” En todo caso, dice CCS, sea cual sea nuestra definición de socialismo, lo más urgente es ponernos de acuerdo en la construcción de una democracia progresista. Otro eje del libro es propiamente histórico: señala que el devenir de México llegó entre 1934-1940 “al punto más alto de las realizaciones revolucionarias”; luego vino “el declive” entre 1941-1982; y posteriormente el vuelco neoliberal. El capítulo XVI aborda el periodo que corresponde a los gobiernos previos a 1982. Ahí se afirma que “los actores de la RM tenían e impulsaban un proyecto de nación (pero) en administraciones que se declararon revolucionarias tuvieron lugar hechos evidentemente contrarios a las causas de la Revolución” y las enumera: desde el asesinato de Zapata hasta la guerra sucia de 1974-1982. Su crítica más severa apunta a la última etapa, la que aún estamos viviendo: “Los tiempos neoliberales han sido de entreguismo y destrucción para México y los mexicanos: se perdió el control de los recursos del subsuelo y se privatizaron industrias fundamentales para el desarrollo del país… (tuvo lugar) una gran desigualdad social, crecimiento de la pobreza, caída de la economía, deterioro sistema de salud y la seguridad social; aumentó la delincuencia, la violencia y la inseguridad, así como la corrupción…” En este mismo plano, como parte de la resistencia y la oposición al neoliberalismo apunta, de manera destacada, las aportaciones de los movimientos sociales contemporáneos en el capítulo XVIII, y se detiene en la experiencia de los “caracoles chiapanecos” y la que ha vivido el municipio autónomo de Cherán, ubicado en su estado natal. El texto no deja completamente de lado a la administración actual. Considera, en particular, “un grave error y un retroceso la iniciativa para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional y deje de ser formalmente un cuerpo con mando civil”. E insiste en que “no corresponde y no debiera corresponder a los cuerpos militares realizar funciones policiacas” Con estos antecedentes teóricos, CCS elabora un listado de temas, problemas y propuestas a discutir. Señalo algunos: El poder financiero o económico no debe ser el que continue marcando el rumbo del país, hay que romper cualquier dependencia del exterior y dar impulso a la industrialización y a la expansión del mercado interno. Acerca del “mundo laboral” propone reducir la jornada de trabajo, un sistema de protección integral de ingresos y prestaciones no vinculadas al trabajo formal y sustentadas en impuestos generales. Respalda también “una Reforma fiscal basada en un sistema de impuestos solidario, progresivo y redistributivo”. Llama la atención, ahora que se ha abierto el debate de la reforma eléctrica, el punto de vista de CCS: propone revisar los contratos emanados de la contrarreforma de 2013-14 y revertir las enmiendas constitucionales de los artículos 27,25 y 28 aprobados en esos mismos años. Más precisamente, afirma que el servicio público de electricidad debería encomendarse en exclusiva al Estado. Hay otras propuestas acerca de una gran variedad de temas. Todas estas reflexiones deben servir, dice en su libro, para abrir un debate que permita construir un proyecto que cuente con la participación y el respaldo de una mayoría política y social. CCS nos ha obsequiado un libro pleno de ideas. Nos queda a deber algunas reflexiones, por ejemplo, su opinión acerca de los programas que se elaboraron en el PRD hasta 2014 y antes de la extraña conversión de este partido en un socio menor de las derechas. O su punto de vista en torno a la plataforma de Morena y del gobierno de López Obrador, independientemente de que, en todos estos casos, la teoría y la práctica no siempre han coincidido. Sin duda, el propósito central de su texto es muy importante: pasar, de nuevo, a discutir, centralmente, a qué sociedad aspiramos. Nos invita, creo, a que no nos limitemos a comentar los errores y aciertos del discurso mañanero del presidente; y la reacción oportunista de la derecha y del poder económico. Resulta indispensable, en cambio, poner la mirada en la revisión y reconstrucción de los fundamentos ideológicos de nuestras aspiraciones políticas de transformación de México. En resumen, en estos momentos, en que domina el reclamo de estar a favor o en contra del gobierno de AMLO o de la oposición, CCS nos propone ponernos del lado de una democracia progresista. Por ello, vale la pena leer este libro y llevar el debate a un plano quizás más conceptual pero indispensable ya que, sin ideas claras, la política se convierte en un marasmo intelectual. En un juego de dimes y diretes lleno de calificativos y anémico de sustancia.

Una deuda mundial abultada y sus posibles consecuencias Saúl Escobar Toledo Según los datos más recientes del FMI, en 2020 se produjo “el mayor aumento de la deuda en un año desde la Segunda Guerra Mundial”. Tomada en su conjunto, las deudas de los gobiernos, los hogares y las empresas, en todo el orbe, ascendieron a 226 billones de dólares. Antes de la pandemia, los niveles de endeudamiento ya eran altos, pero se elevaron 28 puntos porcentuales hasta llegar a 256 por ciento del PIB. Tan sólo la deuda pública llegó a 99% del producto bruto mundial. Por su parte, la privada, de empresas no financieras y los hogares, también alcanzó niveles muy elevados, aunque a un ritmo más moderado. Sin embargo, la situación no evolucionó de manera pareja. La deuda pública de las economías avanzadas subió del 70 al 124% del PIB entre 2007 y 2020. Si agregamos a China, estos países fueron los principales responsables del aumento general. Este fenómeno fue resultado de la sucesión de dos crisis: la de 2007-2008 y luego de provocada por el COVID-19. En el primer caso, los recursos se utilizaron para apoyar a bancos y empresas; en el segundo, los déficits fiscales se dispararon por el desplome de los ingresos de los gobiernos y al mismo tiempo la necesidad de aumentar el gasto ante la propagación del virus. En cambio, la mayoría de las economías en desarrollo (como México, excluyendo a China) se endeudaron mucho menos debido a un acceso más limitado de los fondos y a tasas de interés más altas. Enfrentaron dice el Fondo, “restricciones financieras mucho más severas”. Las deudas de esos países sólo aumentaron de 1 a 1.2 billones de dólares y recayeron mayormente en el sector público. A pesar de ello, representan una carga pesada pues al caer la economía, su peso relativo aumentó. Así, en el futuro inmediato, tendrán mayores problemas para apoyar la recuperación de la economía y atender las necesidades de su población. A lo anterior hay que agregar el incremento de la inflación y las expectativas en este rubro para 2022. Como respuesta a los aumentos de precios, el costo del dinero se está elevando por decisiones tomadas por los bancos centrales. Una medida que responde, según algunos especialistas, a un temor excesivo y a los intereses del capital financiero. De cualquier forma, provocará que los pagos por los préstamos adquiridos aumenten y los gobiernos tendrán que destinar más recursos públicos, mismos que deberán retirarse de otras partidas indispensables como salud y educación. De esta manera, los riesgos de una caída de la economía y los empleos se acrecientan e incluso la posibilidad de que algunos países caigan en moratoria. Si las tasas de interés aumentan demasiado rápido, se agudizaría la presión sobre los gobiernos, los hogares y las empresas más endeudados. El FMI advierte que “los sectores público y privado podrían verse obligados a desapalancarse simultáneamente”, es decir dejar de pagar, cerrar empresas o rematarlas, lo que llevaría a una recesión y/o a una crisis financiera de alcances planetarios. En síntesis, debido al monto tan alto de las deudas a nivel mundial, principalmente en los países en desarrollo, y a la concurrencia del aumento de la inflación y de las tasas de interés, muchas naciones, incluyendo la nuestra, enfrentarán este año serios problemas. En el caso de México, la política conservadora en materia de endeudamiento (entre otros factores) ha llevado a un ritmo de crecimiento lento o casi estacionario. Según todos los pronósticos, y tomando en cuenta los datos de los últimos meses del año pasado, no habremos recuperado el nivel de 2019 en 2021 y difícilmente los haremos durante buena parte de este año. Caímos 8.2 por ciento en 2020 y crecimos apenas un 5 por ciento en 2021; según la tendencia de diciembre, la tasa es apenas de 1% anual, aunque se espera una aceleración en los próximos meses. En materia de deuda pública bruta, a pesar de la moderación del gobierno, ésta aumentó con relación al PIB del 53.6 al 59.8 por ciento entre 2018 y 2021. Comparada con otros países similares (llamados mercados emergentes), la elevación fue menor ya que éstos, en conjunto, aumentaron sus empréstitos en esos mismos años de 51.8 al 63.4 por ciento. Nuestro endeudamiento era más elevado, comparativamente, antes de la pandemia y ahora es menor. Ello confirma la cautela del gobierno de AMLO. Sin embargo, al mismo tiempo, México se rezagó. El producto per cápita de nuestro país representaba el 2.01% del PIB mundial en 2018 y en 2021 había bajado al 1.86. Es decir, la moderación del endeudamiento tuvo una consecuencia: un crecimiento más lento de la economía, situación que, como se dijo, puede prolongarse o hacerse más profunda este año. Desde otro ángulo, podría afirmarse que los riesgos financieros son menores que para el resto de los países “emergentes”. Sin embargo, esta “ventaja” puede disiparse debido al aumento de las tasas de interés y la inflación. Y, si se produce una crisis financiera mundial, la situación nos afectaría debido a la escasez de fondos para lograr mejores condiciones de pago, la fuga de capitales, y la recesión mundial que podría causarse. No debemos olvidar tampoco que las deudas del sector privado mexicano también aumentaron: del 41.8 en 2018 al 44.8 por ciento del PIB en 2020, lo que, en una situación internacional adversa, dificultaría el crecimiento y la situación financiera del país. Dice el Fondo que, ante los problemas de la deuda mundial de los países emergentes y más pobres, la inflación, la continuidad de la pandemia, y los riesgos financieros, es indispensable “una cooperación internacional sólida y eficaz y apoyo a los países en desarrollo”. Suena bien pero no se ha avanzado mucho en esta dirección. Como lo han indicado otras instituciones y académicos muy reconocidos, se necesitan acciones tales como la condonación o recorte de las deudas de algunos países; mayores financiamientos a tasas muy bajas o por medio de una emisión más abundante de DEGs; y ayudas sin condiciones para dotarlos de vacunas y alimentos. Para México, además, se requeriría replantear la política económica. En términos gruesos parece que no hay muchas opciones: mantener la estabilidad del peso con las subidas de las tasas de interés dictadas por el Banco de México, y seguir tratando de contener la deuda pública; o estimular el crecimiento y un posible incremento de precios que podría ser transitorio y, al mismo tiempo, diseñar un blindaje preventivo ante posibles turbulencias en los mercados financieros internacionales. En ambos escenarios hay riesgos; no obstante, siempre será mejor enfrentar la realidad que ignorarla. Quizás haya que tomar decisiones muy duras o “radicales” como ha dicho el presidente. Ojalá éstas se hagan pensando en los intereses de la mayoría de los mexicanos y con el apoyo y el diálogo social que se requieran. saulescobar.blogspot.com

Una panorama oscuro para 2022

Nubes en el horizonte del 2022 Saúl Escobar Toledo Este año está cargado de incertidumbres: así lo aseguran numerosos estudios y publicaciones como la del Banco Mundial en su Informe anual 2022. La economía enfrenta retos complejos: en primer lugar, hay una nueva ola de contagios del COVID en diversas partes del mundo. Mientras ello suceda, las actividades económicas seguirán en riesgo; en una dinámica de freno y arranque particularmente en aquellas áreas (EU, Europa y China) que son decisivas para imprimirle vigor a la recuperación global. A finales de 2021, otro escollo se hizo patente: la gran disrupción de las cadenas de abastecimiento lo que ha provocado demoras en las entregas de los pedidos de consumo final y serias dificultades para las empresas que no pueden disponer de un amplio rango de bienes intermedios. Según diversos observadores, este fenómeno persistirá hasta bien entrado el 2022. Por su parte, el aumento de la inflación se ha convertido en un asunto de gran importancia. En el plano académico, la discusión consiste en quienes argumentan que el incremento de precios obedece a un “exceso de demanda” y los que sostienen que se trata de un problema transitorio, resultado de la dislocación del comercio internacional y las cadenas de valor. En el fondo, se trata de una pugna entre quienes defienden la recuperación económica con base en una expansión del gasto y la inversión pública, y aquellos que consideran que ésta ha sido la causa de una ola inflacionaria peligrosa. Bradford Delong, un economista prestigiado de la Universidad de California en Berekley, afirmaba en un artículo reciente que: “Es sumamente probable que el repunte actual de la inflación de Estados Unidos simplemente sea un bache en el camino, resultado de la recuperación postpandemia. No hay ninguna señal de que las expectativas de inflación se hayan desatado…”. Lo cierto es que este fenómeno se ha convertido en un asunto que preocupa al mundo entero y pone en peligro el crecimiento económico. En Estados Unidos el índice de precios al consumidor alcanzó 7% (anual) en diciembre, la más alta desde 1982. En nuestro país, la inflación fue de 7.36 por ciento, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía a principios de enero de este año, lejos del objetivo del Banco de México. Por otra parte, el mundo en desarrollo enfrenta la posibilidad de una crisis financiera desatada por la acumulación de deudas soberanas. Según un grupo de expertos “Hoy en día, 120 países de ingresos bajos y medios deben en conjunto 3.1 billones de dólares de deuda externa; pagar el servicio de ésta va a constituir un impedimento mayor para la recuperación de los países endeudados y la economía mundial… (Por ello) una forma de ampliar el espacio fiscal de los países en desarrollo y los mercados emergentes es una suspensión total del servicio de deuda. No obstante, algunos países van a requerir más que eso: se necesita una reestructuración integral de la deuda, una que no cometa el mismo error de hacer demasiado poco, demasiado tarde y que sólo conduzca a otra crisis dentro de unos años” Los indicadores del crecimiento se han vuelto más pesimistas: según el reporte citado del BM, a nivel mundial, “después de un rebote de un estimado 5.5% del PIB en 2021, habrá una desaceleración al 4.1 por ciento en 2022”. En América Latina la expectativa es caer al 4.1 por ciento. En México pasaremos del -8.2 en 2020, al 5.7 en 2021 al 3.0 por ciento en 2022. Los efectos de la crisis afectaron, en todos lados a los trabajadores y sus familias. En nuestro país, además, se mostró la insuficiencia de las políticas públicas. De acuerdo con los resultados de INEGI correspondientes a noviembre de 2021, las personas subocupadas, es decir, que declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, sumaron 5.9 millones; la población desocupada fue de 2.1 millones de personas. Además, la población económicamente no activa disponible fue de 7.5 millones, de los cuales 2.8 millones eran hombres y 4.7 mujeres. Se trata de personas que se declararon disponibles para trabajar, pero no buscaron un empleo. Este último dato muestra que las mujeres han sufrido los efectos disruptivos más que los hombres. Los datos señalados dan cuenta, también de lo que algunos especialistas llaman la “brecha laboral”. Según la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en el primer trimestre de 2020 este indicador se encontraba en 19.7%, en mayo de ese mismo año se elevó hasta 50% y en el tercer trimestre de 2021 se redujo al 26.4%, todavía muy elevado. Además, las diversas modalidades de la ocupación informal (por cuenta propia, en empresas familiares, o asalariados sin seguridad social) en noviembre representaron el 55.6% del total de ocupados (31.5 millones de personas). En estas condiciones, las políticas del gobierno mexicano tienen que fortalecerse, para acelerar la recuperación y la creación de puestos de trabajo, lo que significa aumentar las partidas (por ejemplo en salud); replantear las prioridades (la inversión pública en infraestructura más que los apoyos al consumo final); y proponer nuevos programas en: ciencia y tecnología; protección al empleo; apoyos a los trabajadores (desempleados o subocupados) y a las personas encargadas del cuidado de los hogares; y mejoramiento del medio ambiente. Todo lo anterior requeriría mayores recursos y nuevas leyes e instituciones. Lo que conduce al tema de la necesidad de una reforma fiscal progresiva que grave menos a los ingresos más reducidos y aumente la carga a las personas ubicadas en los percentiles más prósperos. En un ambiente inflacionario, bajo presiones financieras que pueden agravarse, y con tantas incertidumbres, aumentar impuestos, así sea a un porcentaje muy reducido de la población, puede parecer muy arriesgado. Algunos dirán que haría aumentar aún más los precios, la fuga de capitales y reduciría las expectativas de crecimiento. Sin embargo, dejar de hacerlo implica peligros mayores: una recuperación muy lenta y un crecimiento mayor de la pobreza y la desigualdad. A corto plazo, una actitud conservadora suena razonable; no obstante, pensar en el futuro mediato exige medidas mucho más ambiciosas que las planteadas por el gobierno actual. El asunto es principalmente de carácter político: el gobierno tendría que proponer un plan de corto y mediano plazo a la sociedad que, razonablemente, permita fijar objetivos, instrumentos y plazos para combatir la crisis y lograr una mejoría de la calidad de vida de la mayoría de la población. Y requeriría enfrentar la muy probable oposición, principalmente, de las oligarquías. ¿Es posible? En un editorial del NYT (Krugman, 2021) (04/11/2021) Paul Krugman afirmaba que “el dinero de los multimillonarios les da mucha influencia política, la suficiente para que, en este país (EU), logre bloquear los planes…(para) financiar un muy necesario gasto social con un gravamen que sólo afectaría a unos cuantos cientos de personas…”.Por su lado, Miguel Ángel García Vega en nota publicada en El País afirmaba que hay una guerra entre los grandes consorcios y el Estado. Aquellas no aceptan pagar impuestos, una regulación más estrecha, ni proteger a sus empleados. En esta confrontación entre el poder público y el privado, no debemos olvidarlo, hay un tercer actor: los trabajadores o, más generalmente, la sociedad civil organizada. Entonces, el problema es convencer primero a esa sociedad y, con ella, atreverse a innovar y romper con los tabúes (como el de la reforma fiscal). Alicia Bárcena y Cimoli, M. de la CEPAL afirman en un artículo aparecido recientemente en el número 353 de El Trimestre Económico: “… el nuevo papel que el Estado deberá desempeñar en este proceso de recuperación transformadora… exige fortalecerlo institucionalmente, potenciar sus capacidades y definir sus acciones en torno a consensos sobre las políticas de largo plazo”. En un momento de incertidumbres, tomar decisiones es difícil pero indispensable. No hacerlo, resulta imposible. El asunto es: ¿para favorecer a quienes? saulescobar.blogspot.com

La desigualdad en el mundo: comentario a un estudio.

La desigualdad en el mundo Saúl Escobar Toledo Los medios de comunicación y las redes sociales nos saturan todos los días de información. Una parte de ella es veraz y necesaria. Forma parte de nuestra vida cotidiana y la requerimos para tratar de entender lo que pasa en nuestras comunidades, en México y en el mundo. Otra, sin embargo, está sesgada de acuerdo con los intereses políticos de los dueños de las empresas que controlan las cadenas informativas, o de los emisores de los mensajes que recibimos a través de los medios digitales. Frecuentemente, este acervo se acompaña de cifras y números que tratan de dar sustento a sus opiniones. No podemos quejarnos de una escasez de datos. Y, sin embargo, hay temas que frecuentemente se omiten o de los que se habla muy poco. Uno de ellos, afirma un estudio reciente, es el de la desigualdad. Según los autores del “Reporte de la desigualdad en el mundo 2022” (disponible en wir2022.wid.world), los datos acerca de la economía que nos ofrecen los gobiernos y los medios no nos dicen mucho de cómo se distribuye el crecimiento entre la población y de quiénes ganan y quiénes pierden como resultado de las políticas públicas que se llevan a cabo. Sin embargo, esa información es fundamental para la vida democrática de las naciones. Requerimos entonces, mejorar nuestra capacidad para medir y observar las disparidades socioeconómicas. Esta obra fue elaborada por distinguidos académicos, como Thomas Piketty, y se basa en el trabajo realizado en los últimos cuatro años por más de cien autores ubicados en todos los continentes. Recibió también el respaldo científico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Sus resultados muestran que la desigualdad de ingresos y de la riqueza en el mundo contemporáneo es enorme: El 10 por ciento más rico de la población global se apropia del 52 por ciento de los ingresos mundiales mientras que la mitad más pobre de la población apena se queda con el 8.5% (clase media =40%= 40% ingresos). El ingreso promedio de una persona de ese 10 por ciento más favorecido es de 122 mil 100 dólares al año, y el del 50 por ciento más pobre es de 3 920 dólares. Sin embargo, la desigualdad de la riqueza es más pronunciada que la de los ingresos. La mitad más pobre de la población del mundo apenas posee alguna riqueza, un 2 por ciento del total. En contraste, el 10 por ciento más acaudalado es propietario del 76 por ciento de la riqueza mundial. Los primeros, en promedio, poseen en activos financieros o materiales, unos 4 100 dólares por adulto. Los segundos, un promedio por persona equivalente a 771 mil 300 dólares. (clase media = 40% = 22% riqueza) Las desigualdades varían significativamente en las diferentes regiones del mundo. Europa es la menos desigual, y el Medio Oriente y Norte de África la que muestra mayores disparidades. América Latina está mucho más cerca de los niveles de esta última región. Allá, el 10 por ciento más rico se queda con el 58% de los ingresos; en nuestra región, con el 55 por ciento. Las desigualdades de los ingresos y la riqueza han aumentado en todos lados desde la década de los ochenta después de que se llevaron a cabo una serie de programas de desregulación y liberalización económicas. Sin embargo, estas medidas tomaron diferentes formas y ritmos de aplicación, lo que provocó que la disparidad aumentara espectacularmente en algunos países como en los Estados Unidos, Rusia y la India. Estas diferencias confirman una cuestión muy importante: la desigualdad no es inevitable, es una opción política. El reporte muestra, por otro lado, que la desigualdad ha disminuido entre los distintos países del mundo, pero, al mismo tiempo, ha aumentado al interior de cada nación. En promedio, la distancia entre el 10 por ciento más rico y el 50 por ciento más pobre dentro de los países, casi se ha duplicado: de 8 a 15 veces. Por otra parte, el reporte señala que una manera de entender cómo se han disparado las desigualdades reside en observar la brecha entre la riqueza neta de los gobiernos y la del sector privado. En los últimos cuarenta años, los países han acumulado mayores riquezas; no obstante, sus gobiernos se han vuelto más pobres. La porción a cargo del sector público es casi cero o negativa en los países más desarrollados, lo que significa que toda la riqueza está en manos privadas. Esta tendencia se aceleró durante la pandemia pues muchos gobiernos aumentaron su deuda entre un 10 y un 20 por ciento del PIB, misma que contrajeron fundamentalmente con el sector privado. Esta austeridad gubernamental tiene implicaciones muy importantes para enfrentar problemas tan graves como las carencias sociales y el cambio climático. Desde luego, la desigualdad, cada vez mayor, ha ido acompañada de una concentración de la riqueza en unas cuantas personas. Si nos enfocamos únicamente en el 0.01 por ciento de la población más acaudalada, alrededor de 520 mil adultos en 2021, su porción aumentó del 7 al 11 por ciento en las últimas décadas. Este fenómeno se exacerbó también durante la pandemia. El estudio subraya que estas tendencias pueden ser revertidas. Hay instrumentos para redistribuir la riqueza: por ejemplo, un impuesto progresivo al patrimonio de los multimillonarios; otra solución es similar a la que fue acordada recientemente por los países del G-20 para cobrar un impuesto global a las grandes compañías multinacionales que tienen su domicilio legal en paraísos fiscales. El reporte incluye un conjunto de datos para distinto países, incluyendo México. Observan que nuestro país es uno de los más desiguales del mundo: el 50 por ciento menos favorecido gana 42 mil 700 pesos al año, lo que equivale a un 9% del total. El 10 por ciento más próspero, por su parte, obtiene 30 veces más: 1 millón 335 mil pesos, es decir el 57% de los ingresos totales. (clase media = 40% = 33.5%) La distribución de la riqueza en nuestro país es aún peor: la mitad más pobre carece de ella, sus cifras son negativas pues tiene más deudas que propiedades. El 10 por ciento más rico, en cambio, posee una riqueza promedio equivalente a más de 6 millones y medio de pesos, lo que equivale al 62% - 78% hogares del total. (40% = 22% ¿?) A estas desigualdades hay que sumar la de género. Las mujeres mexicanas obtienen un 33 por ciento del ingreso total. Menos que el promedio latinoamericano (35%) y de países como Brasil (38%) y Argentina (37%). Nuestro machismo traducido en pesos contantes y sonantes es escandaloso. Finalmente, la desigualdad se traduce en contaminación, en este caso, producida por las fuentes emisoras de dióxido de carbono. Mientras que el 50 por ciento menos favorecido emite algo menos que 2 toneladas de CO2 per cápita, el 10 por ciento más rico lo hace diez veces más, 20 toneladas. Las desigualdades mostradas en este estudio deberán ser examinadas y puestas al día permanentemente. La pandemia, como hemos visto, ha disparado los números. Los multimillonarios han acrecentado su patrimonio debido al auge de los activos financieros (valores en bolsa, bonos y fondos de inversión) y el encarecimiento de las propiedades inmobiliarias. Pero de todo esto, poco se habla en los medios e incluso en los discursos políticos. Mayor atención se ha prestado al “combate a la pobreza” aunque sus resultados hayan sido casi nulos en las últimas décadas. Sin embargo, la distinción entre ambos fenómenos es de gran importancia. Para decirlo en unas cuantas palabras, la pobreza nos habla de la exclusión mientras que la desigualdad nos describe el poder de los ganadores y la debilidad de la mayoría de la población. Una correlación de fuerzas que debe ser vista con la mayor claridad posible para entender muchas cosas: no sólo la dinámica económica sino también las obediencias del poder político; las limitaciones de los estados nacionales; y, de otro lado, las formas de sobrevivencia de una inmensa mayoría que, hasta ahora, va perdiendo día con día su patrimonio y, con ello, la posibilidad de una vida mejor. saulescobar.blogspot.com

El aumento a los salarios mínimos 2022: trayectoria histórica y efectos en el presente

22 por ciento Saúl Escobar Toledo El incremento de los salarios mínimos anunciado la semana pasada puede leerse de distintas maneras: en primer lugar, desde el punto de vista histórico, viendo el largo plazo, se trata de un esfuerzo significativo. Después de una caída vertical entre 1982 y 2003, hubo una etapa de congelamiento que duró hasta el 2017. En la administración del presidente López Obrador, el aumento ha sido de 96 % en términos nominales y alrededor de 75% en términos reales (sin tomar en cuenta la inflación de 2022 y exceptuando a la franja fronteriza del norte). Desde este ángulo, han alcanzado el nivel que tenían en 1988, pero todavía la mitad de su punto más elevado ocurrido en 1977. Esta trayectoria muestra una recuperación acelerada. Un crecimiento promedio anual real de casi 19% (frente a un 5.5 % del periodo 1953-1970 cuando se observó el periodo más prolongado de crecimiento de los salarios). Representa sin duda un punto de inflexión que debe ser sostenido no sólo en el sexenio actual sino durante varios años más. Un cambio de fondo que debe reconocerse como un punto de partida para un mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores. Rompió con tesis supuestamente basadas en criterios científicos propagadas por la administraciones anteriores que aseguraban que aumentar los mínimos por encima de la inflación afectarían la creación de empleos y serían un factor que dispararía los salarios y los precios en su conjunto. Se puede entender como una derrota, en el terreno político e ideológico, de las ideas neoliberales más rígidas y de aquellos personajes que de manera sistemática y planeada decidieron mantener estos ingresos laborales en niveles mundialmente muy reducidos para “atraer la inversión”, creyendo que esa “ventaja comparativa” impulsaría el crecimiento económico. Desde el punto de vista del combate a la pobreza, esos casi 173 pesos o poco más de 5 mil pesos mensuales, son todavía inferiores a la línea calculada por CONEVAL para definir la pobreza urbana por familia, la cual sería de al menos 7 840 pesos, presumiblemente, en enero de 2022. Sin embargo, sería suficiente para comprar la canasta alimentaria en las zonas urbanas de alrededor de 4 mil pesos mensuales (suponiendo en ambos casos que esa familia necesite al menos dos salarios mínimos para sostener a todos sus miembros). Ayudará por lo tanto a reducir, en una medida por ahora incuantificable, el número de personas que en el tercer trimestre de 2021 tenían un ingreso laboral que los ubicaba por debajo de la línea de la pobreza, y que representaban el 41% de la población ocupada: principalmente al 20% menos favorecido y más lastimado por la crisis causada por la pandemia. La secretaria del trabajo aseguró que beneficiará a 6.3 millones de trabajadores, según cifras del IMSS. No obstante, debe tomarse en cuenta que la informalidad laboral alcanza al 56% de todas las personas ocupadas. Éstos, que no tienen un contrato, prestaciones, ni seguridad social, se benefician poco de los aumentos decretados por CONASAMI. Se trata de 31 millones y medio de trabajadores con un ingreso laboral promedio de 4 400 pesos mensuales. Una porción muy significativa gana menos de un salario mínimo; según CONEVAL, en total, hay 16 millones de trabajadores en esta condición. Un tercer enfoque tiene que ver con las revisiones contractuales. Durante este año, según el Banco de México, éstas han logrado incrementos entre agosto y octubre entre 5.7 y 4.1 % en términos nominales. Calculando la inflación de los últimos doce meses, resultan cifras negativas en términos reales de (-) 1.2 y (-) 1.6 %. Por su parte, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), señaló que, entre enero y octubre, el aumento promedio de los salarios fue de 4.5% en términos nominales; descontando la inflación, retrocedieron 0.94%. La cosa se va a complicar el próximo año debido a que la inflación ha venido al alza y puede seguir esta tendencia en 2022. De acuerdo con CONASAMI, el factor que debe guiar las negociaciones colectivas sería de aproximadamente 9% ya que el llamado MIR (monto Independiente de Recuperación) tiene, dijeron, “como única finalidad la recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos, y es una cantidad absoluta en pesos (en esta ocasión $16.90), que no debe ser utilizada como referente para fijar otros salarios vigentes como los contractuales, federales, estatales, ni municipales” . Suponen quizás que el aumento general de precios de este año será cercano al 8 % por lo que la recuperación real sería apena un punto o menos. Esta indicación tiene varios problemas: el primero, que la CONSAMI no debería hacer recomendaciones de este tipo. No está en sus facultades legales y se trata de una práctica heredada del sexenio anterior. Se supone que las revisiones contractuales se deben llevar a cabo por los empleados y empleadores sin ninguna influencia externa incluyendo, desde luego, cualquier instancia oficial. El segundo, que las empresas serán muy renuentes a otorgar este margen de aumento debido a los problemas e incertidumbres que asolan el panorama económico. Recordemos que nivel mundial se enfrenta también un proceso inflacionario agravado por la interrupción de las cadenas de abastecimiento y los posibles efectos de la nueva ola de la pandemia. Y que, a nivel nacional, la recuperación económica ha sido más lenta en los últimos meses. Por su parte, las familias han visto aumentar el precio de su canasta alimentaria de manera más acentuada que el promedio nacional. Desgracidamente, la reforma laboral apenas está en un momento de transición y la inmensa mayoría de los trabajadores no cuentan todavía con sindicatos, contratos o dirigentes representativos que garanticen una negociación de sus salarios apegada a sus requerimientos presentes y futuros. En resumen, los incrementos a los mínimos han roto con una tendencia de varias décadas y pueden amortiguar el crecimiento de la pobreza. Sin embargo, sus efectos serán limitados por la magnitud del trabajo informal; la inflación; y la respuesta de los empleadores en un entorno que arrastra todavía el peso de una estructura sindical muy poco representativa y de una base obrera desmovilizada que, al mismo tiempo, siente que sus ingresos alcanzan cada vez menos para sostener a sus familias. Lo anterior puede crear un panorama difícil para el próximo año. Por un lado, nos encontraríamos con una inconformidad social que no encuentre solución, con los costos políticos que ello representa. En algunos casos, se producirían conflictos laborales en un entorno más bien desfavorable para los trabajadores. El esfuerzo gubernamental requiere entonces complementarse con más reformas laborales (seguro de desempleo; combate a la informalidad; protección a los puestos de trabajo más vulnerables como los jornaleros rurales y los que laboran en plataformas digitales); la continuidad de la implementación de la reforma laboral (sin las restricciones presupuestales que la amenazan); y una estrategia económica renovada que amplíe los programas sociales para beneficiar a los trabajadores en activo y al mismo tiempo fortalezca la oferta mediante una nueva política industrial (mayor inversión pública en infraestructura; en investigación y desarrollo científico y tecnológico; y en apoyos a las micros y pequeñas empresas). Vivimos un proceso de transición : los aumentos a los mínimos son una base, indispensable, para fincar una sociedad más justa y productiva. Sería una lástima que el resto de la obra quedara inconclusa. saulescobar.blogspot.com

Integración económica y soberanía nacional: el caso del T-MEC

La integración de América del Norte y la soberanía nacional Saúl Escobar Toledo La participación del presidente López Obrador en la Cumbre de Líderes de América del Norte hace unos días consistió, en general, en una ratificación de su visión política acerca de la integración económica en este bloque. Recodemos que, a principios de julio de 2020, AMLO viajó a Washington a ratificar el T-MEC con el entonces mandatario Donald Trump. En esa ocasión, el presidente mexicano enfatizó que la región “es inexplicablemente deficitaria en términos comerciales… lo cual se traduce en fuga de divisas, menores oportunidades para las empresas y pérdida de fuentes de empleos”. Y añadió que América del Norte ha perdido presencia económica en el mundo durante las últimas cinco décadas. Por ello, según AMLO, el nuevo Tratado debe “buscar una mayor integración de nuestras economías y mejoras en el funcionamiento de las cadenas productivas… ya que las importaciones que realizan nuestros países del resto del mundo pueden producirse en América del Norte”. Luego vino la parte más debatible al agradecer a Trump su “comprensión y respeto” tanto a su gobierno como a “nuestros paisanos mexicanos”. Y recalcó que “nunca ha buscado imponernos nada que viole o vulnere nuestra soberanía”. Nos ha tratado “como lo que somos: un país y un pueblo digno, libre, democrático y soberano”. Más de un año después, en la reunión de la CELAC, ante los gobernantes de América Latina y el Caribe, y después de invitar al presidente de Cuba a participar en los festejos de nuestra independencia, amplió su idea. Propuso, una integración económica de los países de esta región con Estados Unidos y Canadá: “construir en el continente americano algo parecido a lo que fue la Comunidad Económica que dio origen a la actual Unión Europea”. Lo anterior estaría basado en “la no intervención y la autodeterminación de los pueblos; la cooperación para el desarrollo y la ayuda mutua para combatir la desigualdad y la discriminación”. Abundó: “propongo que construyamos un acuerdo y firmemos un Tratado para fortalecer el mercado interno en nuestro continente…”. En su intervención en el Consejo de Seguridad de la ONU a principios de noviembre de este año, fue más allá. Denunció la “corrupción” de “los poderes transnacionales, la opulencia y la frivolidad como formas de vida de las élites; el modelo neoliberal que socializa pérdidas, privatiza ganancias y alienta el saqueo de los recursos naturales y de los bienes de pueblos”. También acusó a las grandes corporaciones empresariales que roban al erario o no pagan impuestos; la impunidad de quienes solapan y esconden fondos ilícitos en paraísos fiscales; y la usura que practican accionistas y administradores de los llamados fondos buitres”. Resumió: “Estamos en decadencia porque nunca antes en la historia del mundo se había acumulado tanta riqueza en tan pocas manos”. Específicamente, propuso un Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar para garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de dos dólares diarios, el cual podría financiarse con un fondo procedente de al menos tres fuentes: el cobro de una contribución voluntaria anual del 4 por ciento de sus fortunas a las mil personas más ricas del planeta; una aportación similar por parte de las mil corporaciones privadas más importantes; y una cooperación del 0.2 por ciento del PIB de cada uno de los países integrantes del Grupo de los 20. Con estas aportaciones, el fondo podría disponer anualmente de alrededor de un billón de dólares. En la reunión en Washington, con el primer ministro de Canadá y el presidente de EU, AMLO reiteró, como lo hizo frente a Trump, la importancia de la integración económica frente al crecimiento de otras regiones del mundo y la decadencia de Norteamérica. En esta ocasión, su intervención fue más agresiva en el caso de China, al señalar que si se mantienen las tendencias que reflejan el creciente dominio de esa potencia asiática del mercado mundial, se “mantendría viva la tentación de apostar a resolver esa disparidad con el uso de la fuerza”. Insistió en la necesidad de impulsar un programa de inversión productiva en América del Norte para la sustitución de importaciones. Y puso en la mesa el asunto de la migración: ya no habló del respeto que supuestamente tuvo Trump con ellos. Ahora señaló: dado que, para crecer se necesita de fuerza de trabajo que, en realidad, no se tiene con suficiencia ni en EU ni en Canadá, se debería “abrir ordenadamente el flujo migratorio”. ¿Cómo interpretar este activismo internacional del presidente? Sobre todo, queda claro que, para AMLO, la integración económica norteamericana es un tema vital. Pensar en la posibilidad de adoptar un rumbo distinto está descartado. A diferencia de lo que esperarían sus simpatizantes y opositores, el presidente mexicano es el más convencido de seguir el camino abierto por el TLCAN en 1994, aunque con un discurso diferente que plantea algunas condiciones y exigencias nuevas, como en el plan de ayuda a Centroamérica. Integración económica y soberanía nacional son asuntos que, por su propia naturaleza, se contraponen. El ejemplo más evidente es, precisamente, la Unión Europea. La clave, como han afirmado diversos especialistas, consiste en regular esa integración de tal manera que no se sacrifiquen, sobre todo en una relación tan desigual, las prioridades nacionales y se pueda aspirar a una prosperidad compartida. La condición principal para evitar ese riesgo, según ha afirmado nuestro mandatario, reside en su liderazgo y su oposición a una eventual injerencia indebida de la potencia norteña. De ahí el valor simbólico de su posición frente a Cuba y la presencia del presidente Diaz Canel en México. O su discurso en la ONU. Sin embargo, esa independencia política no se ha reflejado, por ejemplo, en el tema de la migración. Ya veremos qué efectos tiene en la cuestión de la reforma energética. Por otro lado, es importante destacar que, por lo pronto, la política de Biden y Trudeau en materia de derechos laborales permitiría suponer que estamos hablando de una asociación que incluye un mejoramiento de las condiciones de los trabajadores, según lo pactado en el T-MEC. Sin embargo, la situación política en EU y una eventual derrota de los demócratas el próximo año podría debilitar la presión sobre las grandes compañías estadounidenses instaladas en México para respetar los derechos laborales. La retórica del presidente en materia internacional se ha vuelto más audaz que en los inicios de su administración. Ya no se afirma que “la mejor política exterior es una buena política interior”. Más bien se observa lo contrario: la política exterior es indispensable para gobernar al país e impulsar el desarrollo económico. Este cambio de estrategia ha dado lugar a algunos excesos retóricos (por ejemplo, contra China); a un poco de demagogia (en el tema de la migración indocumentada); de incongruencias (si en la ONU propone nuevos impuestos debería hacerlo en México); y de malabares geopolíticos (como proponer un Tratado, al estilo europeo, que incluya a Cuba, Venezuela y Nicaragua, con Estados Unidos). Podría admitirse que la integración de América del Norte es inevitable. Pero cabría también señalar que la diplomacia y la política exterior del gobierno mexicano no tienen que ser cuestiones ajenas y a veces opuestas a las políticas internas. Esa integración ofrece ventajas y riesgos. Para el gobierno mexicano parecen estar claros los beneficios, no los inconvenientes. Una regulación ventajosa para México sigue siendo un desafío que, en estos momentos, depende en buena medida de la voluntad del gobierno estadounidense. Ha faltado, de este lado, una estrategia de desarrollo nacional que, en el marco de la asociación norteamericana, realice las transformaciones necesarias para construir una economía más sustentable e incluyente. saulescobar.blogspot.com

La Disrupción de las cadenas de abastecimiento mundial

El Gran Atasco Global Saúl Escobar Toledo Desde 2020, el cierre de los establecimientos manufactureros debido a la pandemia afectó la producción de todo tipo de bienes, tanto de consumo final como intermedio (refacciones). La oferta se paralizó. Una de las manifestaciones más evidente de este fenómeno se observó en el embotellamiento de barcos cargados de contenedores en los grandes puertos ubicados en diversas partes del planeta. No había personal que los descargara, ni empresas que los requirieran, particularmente, entre marzo y septiembre de 2020. Cuando las empresas empezaron a abrir sus puertas, el problema no se resolvió porque las mercancías seguían atoradas en el mar. Se creó lo que se ha llamado la gran Disrupción de las Cadenas de Abastecimiento (según la agencia Bloomberg: “The great Supply Chain Disruption”), es decir, un atasco mayúsculo del flujo del comercio internacional. Debido a ello, los consumidores sufren demoras en las entregas de sus pedidos, y las fábricas están enfrentando serias dificultades para conseguir refacciones y productos terminados. Según Otaviano Canuto del Centro de Estudios de Macroeconomía y Desarrollo (www.policycenter.ma), el tiempo de entrega aumentó más del 50% en 2021 mientras que la tasa de envíos marítimos por contenedores (container shipping rates) subió de 100 a 250 puntos en este mismo año. Para Michael Spence, premio Nobel en esta disciplina, las alteraciones de las cadenas de suministro están perjudicando seriamente la recuperación económica global (Project Syndicate 03/11/2021). Las ramas afectadas por las demoras y la escasez –incluido un amplio rango de bienes intermedios, desde materias primas hasta semiconductores, y los productos finales que dependen de ellos- dan una impresión semejante a una economía de guerra. Y, agrega, las alteraciones nos tomaron en gran medida por sorpresa. En el primer trimestre de este año, se proyectaba de manera contundente que la expansión económica mundial iba a acelerarse y no se esperaba que la oferta fuera a resultar un problema que atorara el crecimiento. Señala que, según diversos observadores, este fenómeno persistirá hasta bien entrado el 2022. El autor ofrece varias razones del atorón: Una, es que la demanda reprimida se liberó antes de que la pandemia hubiera terminado. Cuando el consumo aumentó, las alteraciones provocadas por el COVID siguieron afectando a los principales puertos e instalaciones manufactureras, lo que sofocó la oferta. Otro factor es que la demanda parece haber aumentado más allá de la capacidad de carga máxima del sistema. Expandir esa capacidad exigirá inversiones y, sobre todo, tiempo. Canuto asegura, por su parte que, del lado de la oferta, la complejidad y distribución geográfica de las cadenas de valor hacen que la entrega final sea muy vulnerable a los bloqueos. Del lado de la demanda ha habido cambios significativos en su composición y volumen desde 2020. Por ejemplo, la sustitución del consumo, de manera personal, por compras electrónicas de bienes de consumo de los hogares. En los países desarrollados, los apoyos fiscales han permitido a las familias mantener su nivel de ingresos y seguir adquiriendo mercancías y servicios. El problema de fondo concluye Spence, es que las redes de suministro globales, como están constituidas actualmente, son rígidas y descentralizadas. El sistema pudo funcionar bien en tiempos normales, pero no fue capaz de enfrentar las perturbaciones que aparecieron súbitamente. Además, resulta muy difícil tomar medidas precautorias: “No hay manera de saber, por ejemplo, dónde se producirán los nuevos cuellos de botella, mucho menos de qué manera los participantes del mercado pueden adaptarse a estas dificultades”. Y agrega: “El sistema es esencialmente miope: descubre los bloqueos sólo cuando ya ocurrieron”. México ya está sufriendo este problema: El FMI, en su reporte de noviembre acerca de la situación en nuestro país asegura que la dinámica de las manufacturas está siendo contenida por la escasez de suministros, principalmente de semiconductores. El organismo internacional destaca que el 95 por ciento de estos insumos, que se utilizan en la producción de vehículos motorizados en México, fueron importados. En 2018, estas piezas fueron valuadas en 75 mil millones de dólares. Además, la oferta doméstica de semiconductores decreció del 20% en 2003 al 8% en 2014. Por ello, el atasco internacional se ha convertido en un factor negativo para la producción de manufacturas y de las exportaciones, especialmente de vehículos. Se calcula que puede haber una caída del 11% en esta rama industrial entre el último trimestre de 2020 y el primero de 2021. El impacto puede alcanzar casi un punto porcentual del PIB, según el Banco de México. En un reportaje de Villalpando, publicado en Las Jornada el 8 de noviembre, se señala que, según el IMSS, entre enero y agosto de este año se perdieron en el estado de Chihuahua 6 mil 846 puestos laborales en las industrias automotriz y electrónica, así como en el sector de servicios técnicos profesionales, debido al desabasto de insumos. La presidenta del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) de Ciudad Juárez, señaló que el impacto de la falta de chips afecta a unas 200 maquiladoras, la mayoría de ellas instaladas en esa ciudad fronteriza. Y agregó que “ya se están llevando a cabo recortes de contrataciones de personal pues las plantas no requieren tanta mano de obra”. En resumen, el Gran Atasco de las cadenas de abastecimiento de refacciones y productos terminados está afectando al comercio y a la producción global de una manera no prevista y, al parecer, sin un remedio a la mano. Lo único que queda, a nivel mundial, es esperar que el problema se vaya resolviendo con el tiempo. Sin embargo, mientras eso sucede, las fábricas volcadas a la exportación, tendrán que reducir su ritmo de producción y por lo tanto sus plantillas de trabajadores. La globalización capitalista de la era neoliberal se ha vuelto poco menos que caótica. Este desorden se ha convertido en un serio obstáculo para aumentar la producción y el empleo, Si a ello sumamos las posibilidades de una cuarta ola de COVID que puede estar presentándose ya en algunos países de Europa, y otros problemas como la posibilidad de una crisis financiera y un aumento de la inflación, el panorama general no pinta tan bien como parecía al inicio de este año. México, como exportador de manufacturas y altamente dependiente de la oferta y la demanda de EU, sufrirá este gran atasco probablemente más que otros países de América Latina. Si a nivel internacional no hay mucho que hacer, en el ámbito nacional sentarse a esperar no puede ser una estrategia recomendable. Los pactos contenidos en el TMEC, de manera destacada en la industria automotriz, se encuentran en riesgo. Una mejor opción consistiría en diseñar una política activa de corto y mediano plazo que amplie la infraestructura marítima y de transporte, los apoyos a las pequeñas y medianas empresas, y a los trabajadores que ya están siendo despedidos, con una visión de mediano y largo plazo, como parte de un plan industrial de sustitución de importaciones. Ello tendría que ser acompañado de una mayor inversión en tecnología, ya que, como lo señala un experto en innovación industrial “somos aun un país con niveles de inversión en I+D por debajo de Brasil y de Chile. México destina menos de 1% del PIB en Transformación Digital o Inversión en Digitalización y Automatización” (cf. Carlos Escobar en linkedin; logistics digital industry) No se trata de un asunto sencillo. Sin embargo, los costos de este embrollo pueden ser cada vez más elevados en la medida en que transcurre el tiempo. Una intervención planeada del Estado mexicano sería muy conveniente. saulescobar.blogspot.com