Los Papeles de Pandora: la impunidad del poder

Los “Papeles de Pandora”: la impunidad del poder Saúl Escobar Toledo La filtración de documentos confidenciales pertenecientes a 14 entidades especializadas en la creación de sociedades en paraísos fiscales ha revelado la existencia de una industria enfocada a ocultar la riqueza de un grupo de personas: ofrecen anonimato y baja o nula tributación. Los documentos retratan también a los clientes de esta industria y a los intermediarios que les sirven de puente para acceder a estos servicios. Como ha señalado El País (05112021), el desvío de beneficios por parte de empresas y la ocultación de grandes fortunas generan agujeros millonarios en las haciendas públicas. La lista de nombres relevantes que aparecen como clientes de estos proveedores en los documentos filtrados en los “Papeles de Pandora” (PdeP) es larga. Hay 35 jefes y exjefes de Estado de los cuales 14 son de América Latina, 46 oligarcas rusos, millonarios, personalidades del mundo de la cultura e incluso congregaciones religiosas. Como lo demuestran diversas investigaciones, estos paraísos o refugios (havens en inglés), son parte de la maquinaria de un mundo más desigual. Al evitar el pago de impuestos, contribuyen a aumentar la disparidad de ingresos, la riqueza y el poder. Brooke Harrington, autor del libro “Capital Without Borders: Wealth Managers and the One Percent.” (Capital sin fronteras: los administradores de la riqueza y el uno por ciento), afirmó recientemente (NYT, 08102021): para que las reglas fiscales puedan cumplirse hay que atacar el problema de la secrecía: solo se puede gravar al propietario legal de los bienes, quien no es necesariamente la persona que se beneficia de ellos. Los trusts (fideicomisos) dividen la propiedad legal del beneficiario de tal manera que un fideicomiso en las Islas Caimán puede ser el propietario de un Castillo en Francia, pero la persona que vive en él y lo disfruta plenamente no necesariamente es el dueño legal de ese inmueble. Los fideicomisos o sociedades registradas en esos refugios producen esa ambigüedad. Se requiere entonces que las leyes exijan el registro de los verdaderos beneficiarios, para atacar este problema. Hay más. La novedad de los Pandora, en comparación con otras filtraciones previas, como los “Papeles de Panamá”, revela que los Estados Unidos se han convertido en un refugio fiscal y destino global de riqueza ilícitas (The Nation, 05102021). Albergan muchos fideicomisos (trusts) secretos u opacos. De esta manera se desmiente la idea tradicional de que esos paraísos están localizados únicamente “offshore” es decir, fuera de EU. Estados como Dakota del Sur, Delaware, Texas, Florida y Nevada rivalizan con naciones del caribe y protectorados europeos. En Dakota del Sur, por ejemplo, hay sociedades de este tipo que tienen fondos de, al menos, 367 mil millones de dólares. Por su parte, Nicholas Shaxson autor de varios libros, entre otros, “Las islas del tesoro” publicado en español por el FCE, señala (NYT, 08102021) que el corazón del sistema de los refugios fiscales es la Gran Bretaña. La ciudad de Londres se convirtió en “la capital del lavado de dinero”. Se trata, dice, Shaxson, de un sistema complejo, con instrumentos opacos y enredados que incluyen trusts registrados en distintos territorios, lagunas fiscales y compañías fantasmas o de fachada. Además, el secreto bancario, y una regulación financiera laxa que da cobertura a la riqueza escondida mediante coberturas aparentemente legales. Un papel central lo juegan los centros financieros que se encuentran en las Islas Cook, la Vírgenes Británicas, y Jersey (una de las pequeñas islas situadas en el Canal de la Mancha). Hay también países europeos como Suiza, Luxemburgo, Irlanda que ofrecen varias rutas para esconder las riquezas. En Asía, por supuesto, están Hong Kong y Singapur. Sin embargo, agrega, la red británica es la más grande. El Índice de Opacidad Financiera (Financial Secrecy Index, disponible en https://fsi.taxjustice.net) muestra que la Gran Bretaña (GB) y sus satélites se colocan en el primer lugar. Más de dos tercios de las 956 compañías que los PdeP vinculan con funcionarios públicos, fueron establecidas en las Islas Vírgenes. La City es el nervio central del sistema global de los paraísos fiscales, un conducto crucial para que transiten capitales internacionales de todo tipo. Un momento clave para entender cómo llegó a ocupar este papel, fue cuando el Banco de Inglaterra permitió al país jugar el papel de huésped del nuevo mercado de los eurodólares. Londres se convirtió en un espacio financiero casi sin regulaciones y altamente rentable, separado de la economía británica, en el cual los bancos extranjeros, la mayoría estadounidenses, podrían realizar operaciones prohibidas en su país. La riqueza escondida en estos refugios es sorprendente. Las estimaciones van de los 6 a los 36 billones de dólares. En el caso de la red que incluye a la City de Londres y sus oficinas de ultramar, representa una pérdida fiscal, solo para las empresas, sin tomar en cuenta a las personas físicas, de aproximadamente entre 245 y 600 mil millones de dólares. La exposición pública de algunos personajes políticos ha dado ya algunos resultados: en Ecuador, el Congreso votó el domingo pasado en favor de abrir una investigación del presidente Lasso para averiguar si violó la ley al depositar parte de su riqueza en un paraíso fiscal. En Chile, la Fiscalía de la nación abrió una investigación contra el presidente Piñera por la venta de la empresa Minera Dominga. Hay la sospecha de que esta operación implicó sobornos y evasión fiscal. En el caso de nuestro país, como ya se ha publicado, hay más de 3.000 mexicanos que figuran en los PdeP. Figuran (hasta ahora) Julio Scherer; Jorge Arganis; el senador Armando Guadiana; y Julia Abdala, pareja de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad. Incluye también a antiguos aliados del expresidente Enrique Peña Nieto, Enrique Martínez y Martínez, exgobernador de Coahuila y ex secretario de Agricultura; Ricardo Pierdant, el empresario que en 2014 pagó el predial de un departamento en Miami propiedad de la entonces esposa de Peña Nieto, la actriz Angélica Rivera; Francisco Labastida Gómez de la Torre, hijo del candidato presidencial del PRI en el 2000, Francisco Labastida Ochoa. Hay, asimismo, celebridades y sobre todo multimillonarios como Germán Larrea y María Asunción Aramburuzabala. Y, qué causalidad, las Islas Vírgenes Británicas fue el destino predilecto de estos mexicanos. En síntesis, los PP revelan la existencia de cuentas de los superricos del mundo, incluyendo ciudadanos mexicanos que, por lo pronto, no han recibido ninguna sanción a pesar de su posible involucramiento en crímenes tan graves como: la fuga de capitales, la evasión fiscal, el ocultamiento de patrimonios mal habidos, el registro de empresas fantasma, y el abuso de poder. Cometer un crimen puede ser "legal", dependiendo de la legislación que resulte conveniente para el delincuente. Sin embargo, en todos los casos, las personas que se aprovechan de los refugios fiscales lo hacen para depositar sus cuantiosas fortunas personales fuera del territorio en el que residen; evitar el pago de impuestos; esconder su riqueza; y atentar contra sus propios gobiernos y sociedades. Lastiman y agravian, principalmente, a los más pobres e indefensos. No deben justificarse, atenuarse, o perdonarse estas conductas. Investigar y actuar legalmente contra estas personas es indispensable. También fortalecer la coordinación internacional para acopiar información. Hay que cerrar todos los paraísos fiscales. Son una plaga contra la humanidad. Mientras tanto, a sus beneficiarios, hay que denunciarlos ante los ciudadanos del mundo como lo que son: violadores del derecho a una vida digna de la gran mayoría de las personas que no tienen ni los ingresos ni la capacidad para hacer uso de los "tax havens". La impunidad no puede seguir dominado al mundo. saulescoba.blogspot.com

COVID: Daños en el mercado laboral de México

Mercado laboral: El tamaño del boquete Saúl Escobar Toledo Conforme van pasando los meses, va apareciendo con mayor claridad el daño causado por la pandemia en nuestras sociedades, gracias a las investigaciones y recopilación de datos estadísticos que se han llevado a cabo. En México, en particular en el caso del mercado laboral, los resultados de la encuesta nacional de ocupación y empleo del segundo trimestre de este año realizada por el INEGI, y los que ofrece el Boletín de movilidad social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, arrojan datos relevantes. De acuerdo con estos documentos (y otros estudios que no citamos) puede decirse que, entre el segundo trimestre del año pasado (cuando pegó más fuerte la pandemia en el empleo) y el mismo periodo de 2021, casi 11 millones de personas dejaron de formar parte de la Población Económicamente Activa, es decir se retiraron del mercado laboral: quedaron desocupadas y renunciaron a buscar un empleo. Más claramente, 10.5 millones de personas dejaron de trabajar, suspendieron sus actividades cotidianas. La recuperación de éstas fue paulatina. No todos volvieron al trabajo al mismo tiempo. Lo que hay que subrayar, sin embargo, es que, por alrededor de tres meses, una gran cantidad de familias dejaron de percibir ingresos debido a esta disrupción. Ahora bien, no todos han regresado: la tasa de desempleo abierto sigue siendo más alta que antes: 4.2%. Más significativo, la incorporación al mercado laboral ha sido más lenta para las mujeres que para los hombres, lo que ha acentuado la desigualdad entre los géneros. Además, todavía este año, una cantidad muy importante, casi 8 millones de personas, declararon que necesitaban trabajar pero, al mismo tiempo, no estaban buscando un empleo ni se encontraban ocupadas, debido a que no veían ninguna oportunidad para ello o a que su situación familiar (cuidado de otras personas en el hogar) o personal (enfermedades o percepción de un alto riesgo de contagio) se los impedía. Muchos de los que lograron volver a trabajar no regresaron a sus ocupaciones anteriores. Algunos pasaron de un empleo asalariado a convertirse en trabajadores por cuenta propia. Otros, se refugiaron, principalmente, en micronegocios (6.4 millones) y los menos en grandes establecimientos en el sector industrial o de servicios (1.1 millones). Debido a lo primero, las modalidades del empleo informal (por cuenta propia, empleo en empresas familiares o en puestos laborales sin seguridad social) se expandieron y en el segundo trimestre de este año representaron el 56.2% de la población ocupada (frente a un 51% que se registró en ese mismo periodo del año pasado). Por su parte, el Centro Yglesias, señaló: “La pandemia por COVID-19 afectó particularmente el mercado de trabajo… y sus efectos fueron asimétricos entre hombres y mujeres, entre grupos etarios, entre quienes tienen bajo y alto nivel educativo, entre zonas y regiones del país, entre trabajadores formales e informales, y entre sectores económicos. Todo lo anterior empeoró la situación de grupos tradicionalmente más vulnerables…”. Y es que se presentaron varios fenómenos: por un lado, la exclusión del mercado laboral que afecto a los 8 millones de personas mencionadas más arriba se debió principalmente a dos factores: residir en una zona de alta marginalidad (donde la demanda de empleos es débil o no es constante o uniforme a lo largo del año), y la falta de educación y capacitación (o, dicho de otra manera, aquello que la persona sabe y se refleja en sus habilidades, conocimientos o experiencia). Por otro lado, las razones por las cuales las personas fueron despedidas de su trabajo, pueden asociarse principalmente a tres factores: salud; edad; y formación. Según el reporte, las mujeres resultaron más afectadas que los hombres. Además, estos despidos y la persistencia del desempleo tienen que ver con “las adecuaciones que las empresas han hecho en sus métodos de operación y comercialización a través de plataformas digitales o tecnologías de teletrabajo”. Aclaran, sin embargo, que la salud fue el factor de despido más importante entre las mujeres (35.6 %) y el segundo más relevante entre los hombres (43.5 %). Ello da cuenta de la persistencia tan extendida de la informalidad laboral que por esa condición no cuenta con una protección adecuada, y a la ausencia de un sistema de salud universal accesible y de calidad. El estudio anota que la exclusión, las renuncias y los despidos, por razones de género, han tenido mucho peso en el mercado laboral incluso antes de la pandemia. Sin embargo, debido a la interrupción de muchas actividades económicas, particularmente en el caso de la cesantía forzada, han adquirido mayor relevancia. De lo anterior, el estudio desprende la necesidad “prioritaria” de fortalecer las políticas laborales enfocadas, por una parte, a la formación, las habilidades y los conocimientos; y, por otra, sobre todo para aliviar la situación de las mujeres y fomentar su inclusión, a mejorar los sistemas de cuidado y combatir la exclusión, la discriminación y el maltrato que sufren en los centros de trabajo. En resumen, los daños causados por la pandemia en el mercado laboral agudizaron viejos problemas y crearon nuevos. Provocaron un deterioro, hasta ahora irreparable, de los ingresos de millones de personas y sus familias, debido a despidos, exclusiones, crecimiento de ocupaciones precarias y mal pagadas; y aumentaron las desigualdades por razones de género, ubicación geográfica, educación, edades, condiciones de salud. Por ello, el gobierno debe reforzar y renovar sus estrategias. Hay una realidad distinta. La situación es más difícil y, además, se produjeron cambios que probablemente sean irreversibles en la organización del trabajo, el perfil de las labores formales e informales, las dinámicas de la oferta y la demanda, y las relaciones entre empleados y empleadores. Permitir que estas viejas y nuevas tendencias persistan, fluyan sin cortapisa, solo puede llevar a un desplome generalizado de las condiciones de vida de la inmensa mayoría de los mexicanos. Debilitaría la obra social del gobierno y en especial, la reforma laboral que se está implementando. Una visión de largo plazo es indispensable no sólo para tratar de resarcir lo perdido y abatir el crecimiento de la pobreza, sino también para responder a los desafíos que han surgido. El empleo y las condiciones de trabajo son uno de los fundamentos de las economías, el bienestar y la convivencia ciudadana. Están influyendo, cada vez más, en las preferencias políticas de los votantes. Quizás no lo parezca, sobre todo porque en el pasado, estas cuestiones carecieron de importancia para los gobiernos y los partidos. Sin embargo, ahora, es posible que la evolución de los mercados laborales y las políticas públicas relacionadas con el empleo, los salarios y, en general, la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, retomen una gran importancia tanto arriba como en el sentimiento popular. Prepararnos para un mejor futuro en el ámbito del trabajo adquiere un sentido estratégico desde todos los puntos de vista. saulescobar.blogspot.com saulescobar.blogspot.com

Paquete económico 2022: ¿dejar que nos lleve la corriente o navegar hacia otro lado?

Paquete 2022: que nos lleve la corriente Saúl Escobar Toledo El flamante secretario de Hacienda del gobierno federal entregó hace unos días a la Cámara de Diputados el “paquete económico” para 2022 que, como se sabe, incluye los Criterios Generales de Política Económica (CGPE); la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF); y el Proyecto de Presupuesto. Dicho paquete tiene algunos cambios significativos, con relación a los años previos de esta administración, que vale la pena mencionar. Del lado de la LIF, encontramos un aumento de los ingresos tributarios. No obstante, debe hacerse notar que el ISR (impuesto sobre la renta), a pesar de los esfuerzos del gobierno para combatir la evasión fiscal, se incrementará en apenas 4.9%. De esta manera, los ingresos totales del gobierno aumentarán sólo en un 1.3% en comparación a lo estimado para este año. En estas condiciones, se calcula que el déficit público llegaría a 3.1% (similar al esperado para 2021 aunque superior al presentado en las administraciones anteriores). Además, se propone contratar un mayor endeudamiento interno por 850 mil millones de pesos y 3 800 millones de dólares en los mercados internacionales. El incremento se dará, según la iniciativa, sobre todo en la local, que aumentaría en casi un punto del PIB (0.7%) respecto a 2021. Se advierte, asimismo, un manejo más flexible de estos instrumentos, lo que se refleja en que el llamado “saldo histórico de la deuda bruta del sector público no financiero” pasará del 51 al 58.6% del PIB. Por su parte, el gasto también aumenta. Destacan el renglón de la salud (15.2% en términos reales) y el financiamiento a los programas sociales. Dentro de estos últimos, de manera relevante, la pensión para adultos mayores y en seguida, las becas escolares. El gasto de inversión, después de varios años, muestra por fin una expansión (14.3% en términos reales). El proyecto que recibirá una mayor cantidad de recursos será el Tren Maya. Habrá, igualmente, asignaciones importantes para “vías de comunicación y trasporte” lo que incluye al nuevo aeropuerto internacional. Por otra parte, se prevé un mayor gasto para estados y municipios (4.7 por ciento). Estos números, en comparación con 2020 y 2021, representan un avance: se trata de un paquete menos conservador, más flexible y atinado. Sin embargo, no debemos olvidar que la disrupción de las actividades económicas en todos estos meses de pandemia ha dejado en la pobreza a millones de familias. Éstas vieron reducirse sus ingresos laborales a tal punto que, en el momento más agudo (el segundo y tercer trimestre de 2020), no pudieron comprar la canasta básica alimentaria casi 9 millones más de mexicanos. El porcentaje de la población total que padeció estas condiciones pasó del 35.6 a 44.3% del total. Esa pérdida no ha sido compensada ni está contemplada ninguna medida para ello en el presupuesto 2022. Ante la merma de sus ingresos, muchas familias tuvieron que sacrificar parte de su patrimonio para poder comer. Es probable que hayan vendido algunos bienes (o dejado de adquirirlos) e incluso se hayan mudado de domicilio a un lugar más modesto. En cambio, los estratos más acomodados, que no fueron afectados severamente por la caída de sus ingresos, vieron aumentar su riqueza patrimonial debido a que se incrementó el valor de los activos financieros (bonos, acciones bursátiles, etc.) y en muchos casos, sus propiedades inmobiliarias. Durante estos meses, en México y en el mundo, los ricos, especialmente los más prósperos, se beneficiaron debido al aumento del valor de sus patrimonios mientras que una gran proporción de los habitantes de este planeta perdieron ingresos y bienes materiales. Por otro lado, hay que hacer notar que el paquete económico presentado tiene, sobre todo, una orientación redistributiva y en mucho menor medida se enfoca en una modernización del aparato productivo. Tal cosa puede verse, de acuerdo con la información de Hacienda, en que los programas sociales prioritarios concentran un gasto equivalente a 1.44% del PIB mientras que los programas de infraestructura más destacados alcanzan un 0.5%. Desde luego que es loable la intención de repartir mejor el pastel, pero no se debe relegar el esfuerzo a hacerlo más grande. La administración del presidente López Obrador ha insistido en que ambas cosas no son posibles y que se tiene que escoger sólo por una de ellas. Considera, equivocadamente, que el postulado neoliberal consiste fundamentalmente en crecer sin distribuir. En realidad, bajo este esquema, las economías se han vuelto más inestables y propicias a las crisis, afectando a la mayoría de la población. En cambio, los estudios y propuestas de organismos como CEPAL y de diversas universidades de México y el mundo, han planteado que una mejor distribución del ingreso y un mayor crecimiento económico no sólo son posibles, sino que deben marchar juntos. Amarrarse al esquema que ha defendido la administración actual lleva a un futuro poco promisorio: según las proyecciones de Hacienda, el PIB crecería 4.1% en 2022, apenas para alcanzar los niveles pre pandémicos; sin embargo, entre 2023 y 2027 se crecería a un promedio de 2.7%, similar al de los tiempos neoliberales. Un crecimiento más elevado con mayor igualdad y un efectivo combate a la pobreza requeriría un esfuerzo mayor en materia de inversión pública. De acuerdo con los CGPE, la formación bruta de capital fijo en el sector público cayó a un ritmo anual de (-) 6.2% con un acumulado de casi 25% negativo entre 2015 y 2018. Entre 2019 y 2021 (con datos al primer trimestre de este último año), fue de (-) 28.3% acumulado, una disminución promedio anual de 9.4%. Si a ello agregamos que el consumo interno ha crecido (al 3,3% anual entre 20125 y 2018) menos que las exportaciones (5.55%), podemos ver que la marcha de la economía mexicana ha dependido de dos variables: la inversión privada y la venta de mercancías en el exterior. Este patrón de desarrollo económico ha dado por resultado un ritmo muy lento de incremento del PIB. También ha propiciado mayores desigualdades; ingresos laborales reducidos; niveles de pobreza crónicos; finanzas públicas que acusan una significativa falta de recursos para atender las necesidades de los mexicanos; y una mayor dependencia de los mercados internacionales, particularmente de Estados Unidos. Aun tomando en cuenta los nuevos programas sociales, la administración de AMLO no busca una transformación de las bases fundamentales del modelo económico. Se basa, principalmente, como el propio presidente ha dicho, en el impulso de la economía de EU. En otras palabras, confía en que nos lleve la corriente en lugar de remar hacia otro lado. Ese otro lado tendría que ser un proyecto no sólo basado en mayores subsidios monetarios a la población sino en un esfuerzo mucho mayor en materia de inversión pública y en atender otros rubros tan importantes como la educación (que en el paquete 2022 recibe un incremento muy menor). De esta manera, se impulsaría el empleo con un aumento sostenido de los salarios mínimos y contractuales (estos últimos han caído ligeramente en términos reales durante este año según el Banco de México). Se pondrían los cimientos de una economía con una mejor distribución del ingreso y con mayores capacidades para competir mejor en los mercados globales. Hay que insistir en que una reforma fiscal progresiva que grave con tasas mayores al segmento más rico de las personas (se ha calculado que bastaría afectar al 3% que se sitúa en la cúspide) y reduzca las aportaciones de los más pobres e incluso de fragmentos de las clases medias, además de otras enmiendas pendientes, no sólo podrían corregir los efectos devastadores de la pandemia. También arrojarían mayores recursos para cambiar el rumbo de la economía y lograr un país más justo. De otra manera, seguiremos viendo la misma película de hace varias décadas. El paquete 2022, a pesar de sus méritos, es un ejemplo de esa continuidad. saulescobar.blogspot.com

Buenos trabajos, la mejor solución para combatir la desigualdad

Buenos trabajos, la mejor solución Saúl Escobar Toledo Una comisión de académicos de distintas nacionalidades, convocada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dio a conocer recientemente un estudio acerca de los problemas económicos del mundo. El grupo de expertos decidió enfocarse sólo en tres aspectos, ya que consideraron que son los problemas fundamentales del presente y del futuro; representan “bombas de tiempo” que tendrán efectos sobre todo a largo plazo: calentamiento global, desigualdad y envejecimiento de la población. Aquí nos limitaremos a comentar el capítulo que se refiere a la desigualdad, elaborado por Dani Rodrik y Stefanie Stantcheva, profesores de la Universidad de Harvard. Para empezar, los autores consideran que la desigualdad tiene muchas dimensiones pero que una de las principales es “el grado de acceso a buenos trabajos y una vida laboral satisfactoria”. Sus recomendaciones para fomentar buenos empleos consideran tres tipos de medidas: 1) En la etapa de preproducción (para una mejor inserción de las personas en el mercado de trabajo) 2) En la etapa de producción (para que las empresas y los trabajadores puedan construir mejores condiciones laborales). 3) En la etapa de postproducción (para que los trabajadores más vulnerables reciban mayor protección). En cuanto a las medidas de la etapa de preproducción, sugieren que es necesario un acceso más igualitario a la educación y, al mismo tiempo, mejorar su calidad. También, un proceso de certificación de habilidades más transparente. En lo que se refiere a la tercera etapa, la posproducción, será necesario revisar las leyes fiscales para aumentar los gastos en educación y a la protección y fomento del empleo. En particular, se concentran en el tratamiento de los ingresos de capital. Argumentan que: Los gobiernos descubrieron que, cuando intentaron gravar el capital, las inversiones huyeron, lo que condujo a una caída generalizada de los ingresos fiscales. Para corregir esta situación es indispensable revisar las leyes de cada país y entablar acuerdos internacionales como el que tomaron los países del G-20 recientemente para gravar a las multinacionales que optan por declarar beneficios en países con bajos impuestos, sin importar dónde venden realmente sus productos. En lo que toca a la segunda etapa, argumentan que, tanto el progreso tecnológico como el comercio internacional tienen efectos profundos y complejos sobre la estructura de la producción y, por ende, sobre el empleo. A veces, el progreso tecnológico sustituye el trabajo por capital, lo que lleva a la eliminación de puestos de baja calificación o incluso de calificación media. En otras, permite que los trabajadores de baja o media calificación realicen tareas más complejas. Sin embargo, la desaparición de buenos empleos ha llevado a muchas comunidades a experimentar graves problemas de salud (adicciones) y delincuencia, generando malestar social y un aliento a las posiciones políticas extremistas, sobre todo de derecha, poniendo a los inmigrantes como causantes del deterioro laboral. Por su parte, el comercio internacional crea plazas de trabajo en las industrias de exportación, pero también conduce al cierre de empresas en los sectores afectados por las importaciones. Además, la creación de empleos no ocurre necesariamente ahí donde los puestos de trabajo han sido destruidos. De acuerdo con lo anterior, Rodrik y Stantcheva, sugieren poner más atención en lo que se puede hacer en la producción y elaborar políticas que induzcan a las empresas a ofrecer mejores puestos laborales. Para ello será necesario que los subsidios a la inversión consideren la calidad del trabajo y que se puedan evaluar sus resultados. Así mismo, proponen aplicar una “prueba de empleo prospectivo” para determinar las prioridades del gasto en investigación científica y el desarrollo tecnológico (I+D). Actualmente, estas inversiones no toman en cuenta su impacto en la ocupación, lo que deberá tenerse en cuenta. De esta manera, por ejemplo, se deberían aumentar los gravámenes a los equipos y las innovaciones que destruyen empleos. Por otro lado, alegan que es necesario poner restricciones al comercio internacional, para evitar el “dumping social” (es decir la reducción de salarios y condiciones de trabajo para atraer nuevas inversiones foráneas). Los autores sugieren que el trabajo infantil, el trabajo forzoso, las condiciones de trabajo peligrosas e insalubres, o la represión violenta de los derechos laborales, deben ser considerados. El estudio admite que, aún si estas medidas tuvieran éxito, muchas ocupaciones no podrían convertirse en "buenos trabajos", lo que plantea la cuestión de qué se puede hacer por los "malos". Para estos últimos, se deben realizar compensaciones en efectivo, de tal manera que esos trabajadores puedan ganar un ingreso suficiente por lo menos para cubrir sus necesidades más elementales. El estudio es pertinente para reflexionar sobre la realidad mexicana por dos razones. La primera, debido a que los efectos de la pandemia, sumados a la trayectoria de las últimas décadas, han profundizado la desigualdad y la pobreza, principalmente por la caída de los ingresos laborales. Segundo, porque el T-MEC y la presión interna propiciaron una reforma laboral y algunas medidas (como el aumento al salario mínimo y la regulación de la subcontratación), que buscan mejorar la calidad del empleo. Para resolver lo primero y profundizar en lo segundo, hay que implementar nuevas políticas. En el caso de México, lo que los autores del estudio citado llaman medidas preproducción (o políticas activas de empleo, según la terminología más usada en Latinoamérica), se requiere mejorar el acceso a la educación; elevar su calidad; y destinar recursos suficientes para los programas de calificación de los trabajadores. El programa “Jóvenes construyendo el futuro” podría aprovecharse para darle un enfoque más bien orientado a elevar los niveles de adiestramiento y hacer una certificación de sus nuevas habilidades, no sólo para transferir recursos en efectivo. En cuanto a la posproducción (o políticas pasivas), urge legislar sobre un seguro de desempleo y adoptar programa de transferencias monetarias para los trabajadores informales (asalariados y por cuenta propia). En cuanto a las políticas de producción, podríamos decir que la reforma laboral apunta indirectamente a una reorganización de las empresas ya que, si se forman sindicatos legítimos y representativos, sería natural que los trabajadores presionaran y en algunos casos accedieran a mejorar sus salarios y sus condiciones de trabajo. Aún más en los casos de las empresas incluidas en el T-MEC, debido a que el gobierno de EU ha desplegado acciones para que se cumpla la reforma laboral. El caso de General Motors y otros podrían multiplicarse. Sin embargo, esta reorganización empresarial puede tener resultados negativos: frente a la presión obrera, los gerentes y/o accionistas podrían endurecer las negociaciones y propiciar conflictos laborales y huelgas; crear menos plazas, acelerando la sustitución del trabajo humano por máquinas; o bien disminuir sus inversiones e, incluso, mudarse del país. Para crear más y mejores empleos “buenos”, se requiere la intervención del Estado, con el propósito de que la reorganización de las empresas lleve a un mejoramiento de la productividad, de la tecnología, y al mismo tiempo de las condiciones laborales. Para ello, las políticas activas y pasivas resultan vitales, pero a la larga no serían suficientes. De ahí que las reflexiones de Rodrik y Stancheva resulten útiles. Nos muestran la complejidad del problema, algunas propuestas de solución y la necesidad de innovar las políticas aún en un marco de incertidumbre. Lo más importante consiste en reconocer que, principalmente, elevando la calidad del trabajo se pueden construir sociedades más justas; más armoniosas; y evitar la polarización política, capitalizada sobre todo por la derecha. saulescobar.blogspot.com

Impuestos globales a las transnacionales: el acuerdo del G-20

Impuestos globales: ¿un paso adelante para el mundo? Saúl Escobar Toledo La reunión de ministros de finanzas y gobernadores de los bancos centrales del llamado G-20 que se llevará a cabo en Venecia, Italia, el 9 y 10 de julio, promete ratificar un acuerdo muy importante: establecer una tasa mínima de impuestos para las grandes corporaciones internacionales y reglas claras para compartir los recursos que se obtengan. Hay que recordar que el G-20 está formado por 19 países, la Unión Europea, y algunos invitados permanentes como España y tres naciones africanas; representa dos tercios de la población planetaria y el 85% de la producción mundial. Argentina, Brasil y México, son los países latinoamericanos que participan en dicho grupo. La ratificación en Italia será producto de un acuerdo previo en el que participaron 130 países, negociado por la OCDE y, como ha explicado Jorge Faljo (La Silla Rota, 3 de julio de 2021), es un asunto que ha llevado años de negociaciones que no habían fructificado. Según la agencia Bloomberg, la firma de los miembros del G-20 resulta fundamental para asegurar su cumplimiento, lo que podría llevar a su implementación alrededor de 2023, evitando la evasión fiscal mediante la aplicación de una tasa de “al menos 15%” y un mecanismo de coordinación que obligue a las empresas a pagar impuestos donde ofrece servicios y obtiene ingresos aun cuando no tenga oficinas o personal, y a evitar la competencia entre países ofreciendo tributaciones cada vez más reducidas. Algunas naciones no se han unido a este acuerdo, como Irlanda y Hungría: se trata de países que han logrado atraer a las empresas multinacionales para que fijen su sede o domicilio fiscal en su territorio fungiendo como paraísos fiscales para grandes corporaciones como Facebook, Google, y otras. La negativa de estos países podría crear problemas para que la Unión Europea lleve a cabo la aplicación de los acuerdos. El ministro de Finanzas de Irlanda, Paschal Donohoe, dijo el mes pasado que cualquier acuerdo en torno a una tasa mínima debe cumplir con las necesidades de "países pequeños y grandes, desarrollados y en desarrollo". Por su parte, el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, dijo que pasaría la semana previa a la reunión del G-20 redoblando sus esfuerzos para convencer a los países europeos reacios de que "hagan todos los esfuerzos necesarios para unirse a un acuerdo histórico que reúne de manera muy amplia a las naciones del planeta". Ya veremos si Europa realmente se unifica o, desafortunadamente, se divide aún más. Por su parte, cambiando la narrativa que imperó en las décadas anteriores, como hemos visto en otros temas, el gobierno de EU, en esta ocasión por medio de la secretaria del tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, elogió el acuerdo de los 130 y dijo que era "un día histórico para la diplomacia económica". Aseguró, en un comunicado oficial, que “una carrera a la baja a nivel internacional en las tasas de impuestos corporativos, que despojaba a los países de los ingresos necesarios para infraestructura, educación y otras necesidades básicas, se acercaba a su fin con este paso adelante”. Lo que parece indudable es que tratar de resolver el problema de la evasión fiscal se ha vuelto cada vez más urgente para la economía mundial. La expectativa de que podrían recabarse casi $ 150 mil millones de dólares en ingresos adicionales para los gobiernos ayudó a lograr un acuerdo tan amplio, ya que la mayoría de los países enfrenta un déficit presupuestario masivo a raíz de la pandemia Covid-19. Sin embargo, el premio noble de Economía, Joseph Stiglitz, afirmó recientemente (Project Syndicate, 6 de julio de 2021) que ese 15%, aun siendo un avance sustantivo, representa una tasa muy baja, lo que podría traducirse en una contribución menor a la esperada por los gobiernos. Además, advirtió que algunas fórmulas para calcular los impuestos podrían afectar a algunos países en desarrollo. Afortunadamente, todavía se están discutiendo los detalles técnicos del acuerdo original de los países más poderosos del G-7. Las naciones menos ricas están reclamando una revisión técnica de esos cálculos para su debate final en Venecia. Aparentemente, algo han logrado: ahora se habla de gravar con una mayor tasa las ganancias excesivas (calculadas en función de los beneficios que obtienen las multinacionales más poderosas). Asimismo, se está estudiando aplicar nuevas reglas a compañías cuyos ingresos rebasen los 10 mil millones de euros (en lugar de 20 mil millones que señalaba el proyecto original) lo que beneficiaría a las economías menos prósperas. Finalmente, se ha informado que Amazon (que no estaba considerada) será sujeta de gravamen en cada uno de los países en que ofrece sus servicios bajo nuevas reglas. Desde luego, la reunión de ministros de economía o hacienda del G-20 no tiene en su agenda sólo este problema. El optimismo acerca del crecimiento de la economía a nivel mundial se topa con la persistencia de la pandemia con sus nuevas variantes, algunas de ellas más contagiosas. El problema, a su modo de ver, es que el ritmo de vacunación a nivel mundial es menor y mucho más desigual que la evolución de la enfermedad, lo que podría poner en peligro la reapertura de las economías y con ello, frenar la demanda y propiciar la inflación. La incertidumbre sigue presente, sobre todo para las naciones más rezagadas, las cuales, ya se ha dicho varias veces, han obtenido dosis de vacunas muy escasas. Esta desigualdad no sólo resulta una manifestación evidente de la injusticia que domina al mundo; también es un riesgo para todas las naciones. A los riesgos sanitarios, hay que añadir los financieros, ya que el problema de la deuda puede agravarse. A tal punto que en un informe elaborado por un grupo muy destacado de economistas se señala que: “Hoy en día, 120 países de ingresos bajos y medios deben en conjunto 3.1 billones de dólares de deuda externa; pagar el servicio de ésta va a constituir un impedimento mayor para la recuperación de los países endeudados y la economía mundial… (Por ello) una forma de ampliar el espacio fiscal de los países en desarrollo y los mercados emergentes es una suspensión total del servicio de deuda. No obstante, puesto que la pandemia se ha prolongado más de un año, algunos países van a requerir más que eso: se necesita una reestructuración integral de la deuda, una que no cometa el mismo error de hacer demasiado poco, demasiado tarde y que sólo conduzca a otra crisis dentro de unos años”. (El Trimestre Económico, número 351). En resumen, si los países más avanzados, particularmente Estados Unidos, mediante políticas que rompen con algunos viejos paradigmas neoliberales, están encontrado un nuevo camino para su prosperidad, los países en desarrollo, como México, y las naciones más pobres, tienen riesgos y problemas que no parecen encontrar soluciones tan claras o expeditas. Para ellos, se requiere un mayor esfuerzo concertado de la comunidad internacional; pero también puede ser el tiempo para tomar decisiones más firmes y decididas y emprender reformas largamente postergadas, como la salud universal, la renta mínima básica, la fiscal, la de pensiones o la del seguro de desempleo, entre otras. Los conflictos políticos y la movilización social que hemos presenciado en Colombia, Perú, Brasil, y Chile, así como la grave problemática migratoria en el Triángulo Norte de Centroamérica, deben entenderse como exigencias para que los gobiernos actúen frente a un presente doloroso y para prevenir un futuro aún más adverso para sus pueblos. saulescobar.blogspot.com

Bases de una nueva política económica para México

Bases de una nueva política económica para México Saúl Escobar Toledo El pasado 9 de agosto se dio a conocer el documento más reciente de Grupo Nuevo Curso de Desarrollo coordinado por Rolando Cordera y auspiciado por la UNAM, un colectivo que desde 2009 ha publicado diversos libros, ensayos y documentos, todos ellos disponibles en http://www.nuevocursodedesarrollo.unam.mx. En esta ocasión, el escrito, titulado “Renovar políticas para un nuevo curso de desarrollo en México” propone un conjunto de medidas para cambiar la conducción estatal de la economía mexicana. Respaldado por 20 académicos con distintas trayectorias políticas e intelectuales, recoge un consenso acerca de la situación del país y las acciones que, consideramos, deben discutirse para remontar la crisis provocada por la pandemia y, lo más importante, cambiar el modelo económico que ha conocido el país desde hace cuarenta años. El documento parte del reconocimiento de que ha ocurrido, como resultado de la crisis sanitaria, una agudización de la desigualdad y la pobreza. Tal fenómeno ha sido documentado por diversas investigaciones y fuentes estadísticas elaboradas tanto por la UNAM como por CONEVAL, entre otras instituciones. Uno de los datos más destacados es que entre el primer trimestre de 2020 y el primero de 2021, la pobreza laboral –es decir, la proporción de la población cuyo ingreso laboral es inferior al costo de la canasta alimentaria– pasó de 35.6% a 39.4%. Por su parte, se observa que la recuperación económica, que ya se ha iniciado, será más lenta en algunos sectores y regiones del país, acentuando la disparidad del desarrollo. Se asegura que ésta ha sido “inercial” es decir, ha ocurrido a pesar de la ausencia de programas oficiales para proteger la planta productiva y el empleo, y detonar un incremento de la formación de capital o de la producción. Parte sustancial de la reanimación observada ha provenido del voluminoso esfuerzo contracíclico implementado por el nuevo gobierno estadounidense. Debido a lo anterior, la marcha de la economía corre el riesgo de perder impulso y volver a sumirse en la “trampa de bajo crecimiento” que la ha caracterizado desde hace treinta años, pues sigue descansando el libre comercio, en particular con Estados Unidos, como eje central de la actividad productiva. Sin embargo, las cosas han cambiado en el panorama internacional. Ahora hay una coyuntura caracterizada por una concepción distinta de las políticas económicas, sociales, sanitarias, ambientales, energéticas, y tecnológicas, que se está traduciendo en un viraje de las estrategias predominantes en las últimas décadas. Tratar de seguir por la misma pista neoliberal significaría perder una oportunidad para propiciar el cambio y, lo más importante, para rescatar de la pobreza y la desigualdad a millones de mexicanos. Se proponen, entonces, medidas urgentes en materia sanitaria, política social, y empleo, entre ellas, acelerar el paso a un sistema de salud universal y al alcance de toda la población; revisar y ampliar los programas de apoyo a los sectores más vulnerables; aplicar de manera gradual, un ingreso básico universal garantizado; diseñar un seguro de desempleo financiado con contribuciones tripartitas; y rehacer un sistema de pensiones mixto, contributivo por un lado y compensado con el ingreso básico garantizado. Se sugiere, igualmente, poner en práctica una nueva visión en materia laboral. La política salarial debe procurar una garantía de mejora continua, que le otorgue, -junto con las condiciones laborales adecuadas— dignidad al trabajo. El salario mínimo debe sostener su recuperación y convertirse en una garantía para que los trabajadores reciban ingresos por encima de la línea de pobreza. Asimismo, programas públicos de cuidados para garantizar el bienestar de las personas dependientes, facilitando la labor de quienes se hacen cargo de ellas, sobre todo mujeres, ofreciendo servicios, tiempo y recursos; y una estrategia de ordenamiento territorial que promueva y articule la urgente necesidad de ciudades habitables y reduzca las enormes desigualdades de las regiones de México. Todo ello requerirá ampliar el espacio fiscal y un nuevo pacto entre la Federación, los Estados y los Municipios. Un incremento de los ingresos públicos, basado solo en la mejora de la recaudación, si bien ha permitido captar montos apreciables desde 2019, alcanzará pronto un límite. Una perspectiva de largo plazo es indispensable, es decir, una reforma fiscal de gran calado y con sentido progresista. Entendemos que se trata de un tema de alta complejidad, que demandará diálogo y negociación; sin embargo, no sería responsable eludirla por el riesgo político. La inacción sería más costosa ya que agudizaría las restricciones presupuestales que enfrentamos de tiempo atrás, agravadas en los últimos años. Esta reforma es aún más oportuna y necesaria ya que no puede descartarse una crisis financiera propiciada por factores externos o internos, que es necesario prevenir. El colectivo señala también que una nueva política económica requiere que la Banca de Desarrollo juegue un papel destacado, yo diría central, para otorgar apoyos a las empresas, en especial a las pequeñas y medianas; tratamientos fiscales especiales, ligados a compromisos de recuperación y protección de empleo; y, además, para relajar las condiciones de acceso y el costo de los créditos de la banca comercial. A mediano y largo plazo, pero que debe iniciarse pronto, la propuesta incluye la recuperación de la inversión pública dentro de un plan que lleve a una nueva política industrial. Ésta última se hace más acuciosa si consideramos que la relación con Estados Unidos, bajo el T-MEC, está en un proceso de cambio. Este nuevo acuerdo otorga especial importancia a la cuestión laboral, a la que dedica un anexo especial, relacionado con los derechos laborales. Para que lo anterior se traduzca, como han afirmado los tres países miembros, en una mejoría sostenida de las condiciones de los trabajadores mexicanos, se requerirá continuar con la reforma laboral y, asimismo, elevar la calificación de la mano de obra, inversiones en ciencia y tecnología, proyectos de infraestructura, y una colaboración, de un nuevo tipo, entre las grandes empresas multinacionales y los gobiernos de los tres países, para elevar la productividad. Significa, si se mantiene, esta política laboral, un cambio de modelo de las relaciones comerciales sustentadas, hasta ahora, en salarios ínfimos y malas condiciones de trabajo. Finalmente, aunque de manera prioritaria, el documento sostiene la necesidad de alinear la recuperación con la sustentabilidad ambiental. En particular, aunque no exclusivamente, hay que hacer frente a La crisis del agua que afecta a la mayor parte del país y que tiende a agravarse con el cambio climático. Pone en riesgo no solo la calidad de vida en las ciudades sino también a los sistemas productivos agropecuarios. Dicha crisis exige una mejor conservación de los sistemas ambientales y políticas de regulación más eficientes de los servicios de agua. Todo lo cual supone inversiones cuantiosas. El documento pretende definir una agenda de discusión. Sus propuestas, algunas descritas con más detalle y otras apenas mencionadas, buscan sentar las bases de un diálogo que ponga como objetivo fundamental la transformación del país. Otras instituciones y personas están en la misma línea, frecuentemente con planteamientos similares. Esperamos que todas ellas sirvan para que los actores políticos, en particular el gobierno federal y el Congreso de la Unión; y la sociedad (instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales, sindicatos y agrupaciones representativas de los factores productivos), encontremos un camino que nos lleve a tomar acuerdos y, en caso de discrepancias irreductibles, a un debate político que supere la frivolidad que hasta ahora ha dominado los enfrentamientos partidarios. La crisis actual, por su gravedad, merece un enfoque más constructivo. saulescobar.blogspot.com

Los Derechos Especiales de Giro y el peligro de una crisis financiera mundial

Los DEGs y la próxima crisis financiera Saúl Escobar Toledo Hace unos días, la directora -gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) celebraba el respaldo del Consejo Directivo de esa institución para una nueva emisión de Derechos Especiales de Giro (DEGs) equivalente a 650 mil millones de dólares. Se trata – dijo- de la mayor asignación en la historia del FMI y servirán para enfrentar, a nivel global, las necesidades que tienen muchos países para mantener sus reservas monetarias, en esta etapa -agregó-en que el mundo vive la peor crisis desde la Gran Depresión (1929). Ahora se requiere presentar un proyecto para dotar, país por país, esos DEGs. La directora del FMI señaló que esta inyección servirá para aliviar las necesidades de liquidez de todos los países miembros del FMI, y con ello, se alimentará la confianza, la capacidad de respuesta y la estabilidad de la economía global. Consideró que el reparto de los DEGs deberá beneficiar principalmente a los países más vulnerables. Ello requerirá la voluntad de las naciones más ricas para apoyar a las más pobres y ayudar así a combatir la pandemia y alentar el crecimiento económico. Pero ¿qué son los DEGs y por qué es importante este anuncio? Aunque puede resultar un poco difícil de explicar para aquellos que están alejados de la jerga económica, cabe aclarar que los DEGs no son una moneda sino un activo (asset), creado y distribuido por la Junta de Gobernadores del FMI, es decir por todos los estados nacionales, bajo ciertas reglas que le dan un gran poder de decisión a las naciones más prósperas, en especial a Estados Unidos. Este instrumento está destinado, principal, aunque no únicamente, a fortalecer las reservas monetarias de los gobiernos nacionales que normalmente se depositan en los bancos centrales. Estas reservas sirven para evitar devaluaciones bruscas o una carencia de divisas (principalmente el dólar), necesarias para importar bienes como medicinas (vacunas), alimentos, insumos (como el petróleo o el gas) y maquinaria. También para el pago de sus obligaciones de deuda externa. En otras palabras, una dotación suficiente de DEGs pueden ayudar a que, sobre todo los países más endeudados o pobres, puedan utilizar sus recursos para beneficio de sus habitantes y de su economía, en lugar de depositarlos en sus bancos centrales. Los DEGs fueron creados en 1969, basados en una idea de un economista latinoamericano, Raúl Prebisch. Se trata de un activo meramente contable (no existe un billete o una moneda) y se define mediante una canasta de cinco divisas: el dólar de EU; el Euro; el renminbi chino; el yen de Japón; y la libra esterlina. En sus primeros años, se utilizaron como un complemento de las reservas monetarias para que ésta no dependieran sólo del dólar estadounidense y del oro. La idea era evitar una guerra monetaria y un desorden mayúsculo. No se logró. Y en 1973, ante la fluctuación permanente de las tasas de cambio de las monedas más fuertes en el mundo, la emisión de DEGs cayó casi en total olvido. Como consecuencia de la crisis de 2008, los DEGs revivieron y se utilizaron para aliviar un poco los efectos de esa crisis. Desde el año de su creación y hasta ahora, se habían asignado un total de 293 miles de millones de dólares, de los cuales más del 90% se crearon en 2009 a raíz de la Gran Recesión. De esta manera, la decisión de asignar una cantidad de DEGs equivalente a 650 mil millones de dólares significa un cambio radical. Más de lo doble de lo que se había destinado en toda su historia. El problema, en esta ocasión, es que su distribución beneficie a los países más pobres pues según las reglas del FMI, los DEGs se otorgan de acuerdo con las cuotas que los países aportan al Fondo. Los más ricos se quedan con una mayor asignación de DEGs. Sin embargo, los países miembros del FMI decidieron en 2009 un reparto más equitativo. Esta vez, debe apegarse, muchos más, a la debilidad financiera de cada país. El otro asunto es la cantidad. Según varios centros de estudio e instituciones, en realidad se requieren algo así como 3 billones de DEGs, una cantidad aproximada de 4 billones de dólares. Es decir, cinco veces más de lo que ya se autorizó. Por su parte, la CEPAL (Informe especial COVID 19, 8 de julio de 2021) ha reconocido que la iniciativa más importante para proteger las reservas internacionales y evitar la volatilidad de los tipos de cambio, la fuga de capitales o la posibilidad de crisis bancarias, particularmente en América Latina, consiste en la propuesta de una nueva emisión de DEGs equivalente a 650.000 millones de dólares, y su asignación a las economías en desarrollo. Esta institución afirma que la distribución de los DEGs se dividirá en tres partes. La primera consistiría en aumentar el financiamiento del Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (FFCLP), lo que beneficiaría a los países de menores ingresos. La segunda consistiría en un fondo fiduciario para financiar la lucha contra el cambio climático, la transformación digital y los gastos relacionados con la salud. La tercera parte se destinaría a apoyar préstamos de bancos multilaterales de desarrollo (que otorgan créditos en dólares a una tasa de interés muy baja). El informe señala que América Latina y el Caribe se beneficiaría de una nueva emisión de DEGs, al fortalecer algunas de las economías más pequeñas y endeudadas, disminuyendo así su prima de riesgo y liberando recursos para el financiamiento de gastos para enfrentar la pandemia. Precisa que la contribución de una nueva emisión de este activo como porcentaje de las reservas internacionales favorecería principalmente a Venezuela, Bolivia, Guyana, Surinam, El Salvador, Belice y Haití. México no recibiría muchos recursos por este concepto. Sin embargo, la CEPAL advierte también que para sostener el gasto público y evitar una crisis financiera, se requiere un “mecanismo internacional de reestructuración de la deuda soberana para hacer frente, sobre todo, a las obligaciones contraídas con los acreedores privados; y una agencia multilateral de calificación crediticia (en lugar de las privadas como Moody´s y Standard & Poor´s). Asimismo, considera que se debe ampliar el alcance de la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda, acordado por el G20, más allá del 2021 y que debe incluirse a los países de ingresos medios, no sólo a los más pobres. Es decir, a naciones como Brasil, Argentina y México. Estas propuestas no han recibido una respuesta, hasta el momento, de los organismos multilaterales como el FMI, ni de los gobiernos de los países más poderosos. En resumen, hay esfuerzos sin precedentes para ayudar a superar los problemas actuales, que en cierta medida rompen con el modelo neoliberal, pero todavía son insuficientes. Si no se fortalecen y se toman en cuenta medidas más drásticas como las que propone la CEPAL y otros centros de investigación, la posibilidad de que se produzca al mismo tiempo una crisis mundial de grandes dimensiones, tanto financiera (por falta de pago de las deudas) como social (debido a la ausencia de recursos para luchar contra la pandemia y reactivar las economías), es una posibilidad que cada vez más se perfila en el futuro inmediato. México, a pesar de haber sostenido una política económica muy conservadora en materia de gasto y deuda, no podría escapar de este negro escenario porque la magnitud de sus obligaciones externas ha crecido (como proporción del PIB), y por los efectos de contagio que pueden producirse por la situación internacional. Una acción conjunta, sostenida por México, Argentina (miembros del G20), y quizás ahora Perú, apoyada también por otras naciones como Bolivia, podría servir mucho para ampliar la asignación de DEGs y llevar a la mesa las propuestas de reestructuración de las deudas como propone la CEPAL. Si el gobierno de López Obrador persiste en su política de restricción del gasto público, al menos podría mostrar una cara más progresista en el escenario mundial. saulescobar.blogspot.com