Andrés Manuel y su circunstancia

Saúl Escobar Toledo

Para entender el triunfo de López Obrador resulta necesario tomar en cuenta no sólo las razones que llevaron a millones de votantes a sufragar por él, sino también la incapacidad del régimen dominante para sabotear esa victoria. Es indiscutible, a estas alturas, que los ciudadanos optaron por una ruptura con el poder:  el gobierno actual; los partidos políticos que han encabezado las últimas administraciones, el PRI y el PAN y sus satélites; la casta plutocrática que disfrutó de los beneficios de un modelo económico brutalmente injusto; y los voceros de todos éstos que trataron de espantar con el petate del populismo.

Ese quiebre debe apreciarse y festejarse cabalmente. Tuvo lugar en prácticamente todo el país y conquistó a diversas clases sociales, géneros y creencias ideológicas y políticas. Más del 50% de los votos emitidos en favor de una coalición de partidos no es una cifra común y corriente en una elección presidencial. Su excepcionalidad refleja no sólo hartazgo y molestia, sino también valentía y temeridad. Millones de mexicanos decidieron rechazar tajantemente lo que algunos llaman el “establishment”, el poder establecido desde el triunfo del neoliberalismo, o quizás más atrás, el despotismo que desafió la rebelión de 1968.

Sin duda la personalidad de Andrés Manuel y su trayectoria política fue una pieza clave. Pero también la historia que lo acompaña, la que surgió en 1988 con la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. AMLO logró encarnar y hacer viable esa ruta que entonces como ahora se propuso construir una nueva democracia en México.

Creo que, igualmente, resultaron derrotados los profetas del peligro del populismo, entendido, según ellos mismos lo publicitaron, como el engaño de un líder carismático cuyo verdadero fin consiste en hacerse del poder para destruir las instituciones y la libertad de expresión. El candidato de MORENA no logró convencer a 25 millones de mexicanos con una prédica de odio ni de violencia, sino justamente lo contrario: la promesa de paz, de acabar con el saqueo de los recursos públicos y la impunidad de los actores políticos, y de una mayor justicia social.

Ese caudal fue también la causa principal que detuvo la posibilidad de un fraude masivo. Una empresa descomunal que tendría que haberse llevado a cabo en todo el territorio nacional adulterando decenas de millones de sufragios. También fue determinante la acérrima pugna entre los dos partidos antaño mayoritarios, la cual permeó también a las élites políticas y económicas. El resultado de los comicios demostró que la gente ya no quiere vivir como ahora pero también que los de arriba no pueden gobernar como lo han hecho hasta hoy. La crisis de violencia y los signos de un estado fallido, incapaz asegurar la vida y la seguridad de las personas, hicieron imposible un frente común entre los principales representantes del sistema.

La fractura del 1º de julio se convirtió sin embargo y con cierta sorpresa, debido a las circunstancias imperantes, en una transición pactada. Con ello no quiero decir que la elección se arregló en alguna conversación personal o en una oficina. Simplemente que el gobierno de Peña decidió aceptar, sin mayores resistencias, el resultado de la elección; llevó a su candidato y al aparato del PRI, a anunciar su derrota muy temprano; y asumió que ello implicaba una debacle de su propio partido. Esta conducta llevó también al PAN y su abanderado, a tomar una conducta similar, el cual, por cierto, enderezó sus quejas contra Peña Nieto y dio todo el crédito de la victoria al esfuerzo de su principal contrincante. Esta transición pactada explicaría el por qué observamos un proceso electoral sin sobresaltos.

Pero si las circunstancias derivadas de la crisis política podrían explicar la aceptación del triunfo de MORENA en toda su dimensión y con todas sus implicaciones, ese mismo contexto influirá en las opciones del nuevo gobierno. Los retos inmediatos y el largo intervalo entre el día de la elección y la instalación del nuevo Congreso, y luego la toma de posesión, serán muy complejos de resolver para el presidente electo. Destaco dos en particular: la relación con Estados Unidos y la posibilidad de que se reinicien las negociaciones del TLCAN; y la preparación del Presupuesto para 2019. En ambos casos, sobre todo en el primero, será difícil que López Obrador y sus equipos puedan actuar con suficiente libertad. La posibilidad de que se impongan condiciones adversas es un riesgo latente.

Más allá de estas complicaciones, es innegable que otras circunstancias acecharán a la nueva administración. Desde luego, la violencia y la presencia del crimen organizado. La búsqueda de la paz y los resultados de una nueva estrategia tomarán tiempo. Pero los ciudadanos no están en condiciones de otorgarlo.

La mayoría de los votantes se inclinaron por el cambio, y el poder establecido aceptó, por lo pronto, cederlo a un personaje ajeno y enfrentado a ese régimen. Esta situación, inédita en nuestro país, despierta al mismo tiempo, esperanzas y dudas. Intentar repetir las mismas políticas no puede ser el camino porque la crisis es demasiado profunda; pero hay muchas interrogantes sobre las opciones reales para llevar a cabo las mudanzas urgentes que reclamaron los mexicanos en las urnas.

Creo que podrían resumirse los objetivos fundamentales del futuro mandatario en tres o cuatro ideas: un combate eficaz a la corrupción; la separación del poder político del económico, es decir, un gobierno para todos; nuevos programas sociales financiados sin aumentar la deuda ni un incremento en los impuestos; y, la más general, una relación con los países del mundo, especialmente con Estados Unidos, basada en el respeto y la cooperación para el desarrollo.

¿Demasiado o demasiado poco? A diferencia de los proyectos desarrollistas y redistributivos de los gobiernos de izquierda de América Latina, por ejemplo, en Brasil con Lula y Dilma, el de AMLO buscará sanear el manejo de los recursos del Estado y a partir de ahí, todo lo demás. Más allá de la retórica, me parece que dibuja un proyecto con distintas prioridades. Y a diferencia de los neoliberales, que ponen el acento en las reformas estructurales y la privatización de la ganancia y la socialización de las pérdidas, Andrés Manuel buscará ajustar esas reformas poniendo por delante la transparencia, la austeridad y el interés nacional.

Si lo anterior es cierto y el próximo presidente de México busca  una transformación basada en esos lineamientos, estaremos ante un experimento inédito. No pretendamos, ahora, condenarlo al fracaso, ni asegurar su éxito.

Para encarar estos desafíos y otros muchos, el gobierno electo tendrá que incluir a esta transición pactada a otros actores que nunca fueron tomados en cuenta, o sólo lo hicieron pasivamente con su voto. Las comunidades indígenas y aquellas azotadas por la expoliación de las transnacionales mineras; los jóvenes y los trabajadores; las mujeres y las organizaciones de derechos humanos; los campesinos y los defensores del medio ambiente. Una sociedad movilizada que no ha sido tomada en cuenta a veces ni siquiera en el discurso. Una estrategia política basada en la inclusión y el diálogo con los protagonistas sociales y políticos, comprometidos con el cambio, debería ser el principio del camino del futuro presidente.  

Las circunstancias en que Andrés Manuel ha triunfado junto con su amplio y heterogéneo grupo que formará parte del Congreso y tomará las principales posiciones en la administración pública, los obligarán a conciliar con las élites y, al mismo tiempo, abrir espacios y definir acciones en favor de los actores sociales excluidos. Todo esto requerirá una compleja negociación política. El resultado será, seguramente una mezcla de ruptura y continuidad. Si este experimento abre cauces a la participación social, se abrirá un nuevo horizonte para México. De otro modo, las circunstancias adversas se impondrán por encima de los buenos propósitos.

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La libertad sindical en México cuestionada en la OIT

Tarjeta roja para México

Saúl Escobar Toledo

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) celebró su 107a reunión en su sede de Ginebra, Suiza, apenas hace unos días. Como parte de sus actividades, la Comisión de Aplicación de Normas, una de las más importantes de este organismo, pues ahí se discuten y califican las posibles violaciones a los derechos de los trabajadores, analizó el caso de México en relación con el Convenio 87. Este documento obliga a los países a respetar la libertad sindical que faculta a los trabajadores a constituir las organizaciones que estimen convenientes y a afiliarse a ellas sin ninguna distinción y sin autorización previa; también exige a los gobiernos a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el libre ejercicio de estas prerrogativas.   

Desde hace algunos años se considera que en nuestro país persisten graves prácticas y disposiciones legales que contravienen dicho Convenio.  México forma parte de una lista negra de naciones donde la libertad sindical, en realidad, no existe.

Las razones para estar bajo la lupa de la OIT se hicieron más apremiantes en los últimos años debido a las denuncias de actos de violencia contra sindicalistas ocurridos en nuestro país, entre otras, el asesinato de cuatro miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros el estado de Guerrero; las detenciones de 14 trabajadores agrícolas en Baja California; y los muertos, numerosos heridos y el arresto de sindicalistas en el contexto del conflicto magisterial en Oaxaca.

Una de las acusaciones más persistentes y añejas contra el gobierno se refiere a la violación constante a la libertad sindical debido a la práctica generalizada de los contratos de protección. También se ha observado que el Estado mexicano no ha ratificado el Convenio sobre el derecho a la sindicación y la negociación colectiva (núm. 98), complemento indispensable del 87.

En respuesta a estos señalamientos, las autoridades mexicanas adujeron que dichas violaciones están en vías de resolverse gracias, principalmente, a la reforma constitucional aprobada el año pasado. Sin embargo, no se han aprobado los cambios a la Ley Federal del Trabajo, indispensables para que puedan llevarse a la realidad los nuevos preceptos de nuestra Carta Magna. La representación oficial aseguró que se han llevado a cabo numerosas reuniones con trabajadores, empleadores, académicos, y abogados, a fin de encontrar el consenso requerido para la aprobación esas modificaciones. Asimismo, informó que las Comisiones del Senado de la República acordaron la celebración de audiencias públicas para conocer las sugerencias, observaciones y propuestas de los interesados en torno al anteproyecto de dictamen de la legislación secundaria.

Sobre los contratos de protección patronal, simplemente respondió que las denuncias hechas son observaciones “genéricas” que no aluden a casos concretos ni aportan elementos objetivos para presumir la existencia de una práctica “habitual” que menoscabe la libertad sindical y la negociación colectiva, mucho menos para presumir que existe complicidad del gobierno para fomentarla. También dio cuenta de un nuevo protocolo de inspección que tiene como propósito detectar prácticas de simulación y verificar que los trabajadores realmente conozcan del contrato colectivo en sus centros de trabajo.

Los argumentos esgrimidos por la representación oficial serían risibles si no se tratara de un asunto tan delicado, pues las audiencias del Senado fueron definitivamente canceladas casi al mismo tiempo que se celebraba la comparecencia en Ginebra.

Para responder a los argumentos gubernamentales, por parte de los trabajadores mexicanos, destacaron los alegatos de Héctor Barba y José Olvera de la UNT. Este último insistió que desde 2015 el gobierno mexicano ha manifestado su compromiso de solucionar los reclamos de la Comisión, sin que hasta la fecha haya ocurrido algún avance. También denunció que las autoridades se han negado a recoger las opiniones de su organización gremial y del sindicalismo independiente. Por su parte, Barba explicó detalladamente la forma amañada bajo la cual algunos legisladores vinculados al sindicalismo oficial, protegidos por las autoridades del ramo, trataron de simular una consulta sobre las adecuaciones a la LFT, con la verdadera intención de imponer una contrarreforma que haga nugatoria la Constitución. 

Al revisar las actas de la sesión que analizó el caso de México, destaca la participación de los representantes de los trabajadores de diversas partes del mundo. Los obreros de Alemania, por ejemplo, afirmaron que sólo ha habido progresos en el papel, pero no en la práctica; que no hay libertad sindical por el procedimiento arbitrario de registro de los sindicatos y la prevalencia de contratos de protección; y que las Juntas de Conciliación no son tribunales independientes ni imparciales. Pusieron varios ejemplos que demuestran que diversos convenios laborales se han negociado sin el conocimiento de los trabajadores en algunas industrias de capital germánico instaladas en México pertenecientes al sector automotriz, mismos que se firmaron incluso antes de que la planta haya sido construida.

Representantes de trabajadores de Estados Unidos y Canadá reiteraron este punto de vista de manera enfática. Advirtieron, además, que los cambios constitucionales acordados desde febrero de 2007 deben ponerse en práctica antes de que termine la renegociación del Tratado de Libre Comercio.

De manera similar se pronunciaron los comisionados obreros de Argentina y Colombia quienes señalaron que la reincidencia de las violaciones a los derechos laborales en nuestro país requiere medidas drásticas por parte de la OIT. Por su parte, los observadores que hablaron en nombre de IndustriALL Global Union, una de las centrales sindicales más numerosa del mundo, aseguraron que los contratos de protección se han extendido a todos los sectores de la economía ya que garantizan bajos costos para los empleadores al impedir que los trabajadores tengan una representación legítima para negociar sus salarios y prestaciones.

En fin, y en pocas palabras, las audiencias de la OIT demostraron que el mundo sindical conoce bien la situación mexicana y que coincide en que la principal calamidad son los contratos de protección y la ausencia de libertad sindical.

El resultado final fue negativo para el gobierno mexicano, le sacaron tarjeta roja, pues la Comisión de Aplicación de Normas exigió formalmente a nuestras autoridades que:

Asegure que el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva libre y voluntaria queden protegidos debidamente en las reformas a la Ley Federal del Trabajo, ajustándose a la letra del Convenio 89. Para ello el gobierno debe incluir y procurar que se incluya en las consultas y deliberaciones a todos los interlocutores sociales, incluyendo los sindicatos independientes. Todo esto para que en los hechos y no sólo en el papel se hagan los cambios necesarios que pongan fin a todas las prácticas viciosas que afectan directamente la negociación contractual, la elección de los representantes de los trabajadores y la formación de sindicatos autónomos.

La resolución señaló, finalmente, que el gobierno mexicano debe proporcionar información detallada sobre el cumplimiento de estas medidas antes de la Reunión de Expertos que tendrá lugar en noviembre de 2018.

Para entonces el Congreso electo en julio estará ya instalado. Esperemos que retome el camino legislativo señalado por la OIT y que, posteriormente, el nuevo gobierno haga suyos los Convenios 89 y 98 como parte de una nueva política laboral. Es indispensable acabar con la corrupción en la vida sindical y la contratación colectiva. De eso dependerá que México pueda transitar a un orden social más justo y democrático. La comunidad internacional y las expresiones más representativas de los trabajadores mexicanos estarán, seguramente, pendientes de los avances o retrocesos que ocurran en esta materia.

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Elecciones México; López Obrador; izquierda latinoamericana

¿Tarde o temprano?
Saúl Escobar Toledo
Hace casi veinte años, en diciembre de 1998, Hugo Chávez ganaba las elecciones presidenciales en Venezuela. A partir de entonces, se desató un ciclo de gobiernos en América Latina que se propusieron romper con las políticas dominantes. En 2003, Lula ganaría la presidencia de Brasil, el país más poblado del subcontinente. Casi al mismo tiempo se sumaría Argentina y pocos años después, Uruguay con el Frente Amplio y Honduras con Zelaya. En poco tiempo, seguirían Bachelet en Chile, Correa en Ecuador y Ortega en Nicaragua. Y, posteriormente, Lugo en Paraguay y el FMLN en El Salvador, ya en 2009.
Vale la pena puntualizar que, en 2006-2007, existían nueve presidentes de la república que, con todas las diferencias que se quieran encontrar, se consideraban de izquierda y gobernaban más de 200 millones de habitantes. Tan sólo en Sudamérica, representaban más del 80% de la población.
La explicación esos triunfos debe encontrarse en los resultados de las políticas neoliberales aplicadas durante casi dos décadas. Entre 1980 y 2003, el PIB per cápita en Latinoamérica aumentó en total apenas un 3.5 por ciento (en dólares americanos de 1995). La inestabilidad y el estancamiento económico profundizaron la indigencia:  el porcentaje de la población pobre que radicaba en esos territorios era mayor en el año 2003 que en 1980.
Los comicios presidenciales de 2006 en México parecían favorables para un candidato progresista. El contexto político que prevalecía en esos momentos en la región así lo anunciaba. Como sabemos, ello no sucedió. Una maniobra concertada por el presidente Fox (según reveló Jorge Castañeda hace unos días) e implementada por la entonces máxima dirigente del partido Nueva Alianza y del Sindicato de Trabajadores de la Educación, junto con una campaña financiada por grandes empresarios (según lo reconoció el Tribunal Electoral) lo impidió de mala manera. No creo que sea necesario extenderme sobre las pruebas y mecanismos utilizados para burlar la voluntad popular. El caso es que México no se sumó a la ola progresista.
A pesar de las muchas diferencias que se puedan encontrar en aquellas experiencias triunfantes, debe reconocerse que se trataba de proyectos políticos novedosos. Habían derrotado a la derecha, apegada a los dictados del Consenso de Washington. Eran partidos y movimientos que nunca habían accedido al gobierno nacional; tenían propuestas originales que aspiraban a superar los paradigmas neoliberales; una clara voluntad de ejercer una mayor autonomía en sus relaciones con el mundo, despegándose del liderazgo estadounidense; y un conjunto de reformas que en algunos casos culminaron en nuevas constituciones.
Hoy, México parece llegar tarde a ese ciclo de victorias izquierdistas si se confirma el muy posible triunfo de MORENA y Andrés Manuel López Obrador. Lo haría, sin embargo, no sólo a destiempo, sino también cuando algunos gobiernos enfrentan situaciones extremadamente difíciles como en el caso de Venezuela y Nicaragua. O después de haber sido desplazados en las urnas, como en Argentina y Chile; o a la mala, bajo procedimientos antidemocráticos, golpes de Estado blandos, como en Brasil.  A pesar de la permanencia de administraciones tan pulcras como la de Uruguay, para muchos observadores el ciclo izquierdista ha terminado ya desde hace años. Regresaron los políticos de clara orientación neoliberal y se ha producido un giro a la derecha.
El balance de esta etapa mostraría que al menos entre 2003 y 2013, 72 millones de personas salieron de la pobreza gracias a las medidas redistributivas tomadas por esos gobiernos progresistas. Sin embargo, la crisis mundial de 2008 pegó duramente a toda la región. El precio de los bienes de exportación primarios (petróleo y agrícolas) los dejó sin recursos y no pudieron o no supieron administrar la escasez. Contó también la incapacidad de frenar la corrupción, extendida en todo el aparato del Estado. Y, desde luego, la fuerza de la derecha, apoyada en los grandes capitales, que nunca se prestó a establecer un acuerdo para impulsar el cambio.
Pero quizás, desde otra perspectiva, el triunfo de MORENA podría anunciar un nuevo comienzo. El triunfo de un proyecto que busca una mejor redistribución del ingreso y acelerar el crecimiento. Combatir eficazmente la corrupción y, sobre todo, ensayar nuevos esquemas para frenar la violencia y la inseguridad ciudadana.
Desde luego, este nuevo intento se daría en condiciones muy diferentes. No hay en el contexto internacional, como en aquellos años de principios de siglo, una situación de estabilidad económica y certidumbre política. Gobierna Estados Unidos un personaje que se ha distinguido por una conducta errática, frecuentemente disruptiva y, sobre todo, brutalmente hostil a la inmigración procedente del sur.
Pero también debe anotarse que la depresión de fines de la década pasada no repercutió solamente en la marcha económica sino también en una notable y más extendida conciencia de los fracasos y vicios de la globalización. El descontento se ha expresado en la elección de personajes ligados a la derecha y ultraderecha; en la aparición de nuevos partidos y expresiones como Podemos en España o el liderazgo de Corbyn en Inglaterra; y en fenómenos tan extraños como la coalición gobernante actualmente en Italia. También ha hecho surgir movimientos sociales con nuevas prácticas y horizontes programáticos e ideológicos.
En América Latina, ese malestar explica no sólo el caso de México, sino también el logro de un candidato progresista, Gustavo Petro, que competirá en la segunda vuelta de las presidenciales en Colombia; los graves conflictos que aquejan a Brasil; y el enorme malestar social que se observa en Argentina. Es decir, la derecha y sus recetas neoliberales tampoco han sido capaces de controlar los desequilibrios económicos ni de afianzar una gobernabilidad democrática.
Parecería que buena parte del mundo sigue buscando nuevos caminos sin encontrar cabalmente un proyecto que satisfaga a sus ciudadanos. Ni el regreso de las políticas ortodoxas, ni los experimentos de la izquierda alternativa conocidos hasta hoy, ni la socialdemocracia que aún se debate en la ambigüedad programática, han construido, en los hechos, un rumbo sustentable y más justo, ni un régimen político que merezca la confianza de sus ciudadanos.
Bajo esta situación, incierta y difícil, pero con una sociedad más rebelde y crítica, la experiencia mexicana puede ser el inicio de un camino inédito, la puesta en práctica de un proyecto que intente superar los viejos esquemas de la derecha neoliberal y los errores de las izquierdas latinoamericanas. El triunfo de AMLO sería entonces el anunció de que México no llegó tarde, sino que se ha adelantado. Su presidencia representaría un hecho inédito, pues ocurrirá después de la Gran Recesión y el supuesto vuelco a la derecha ocurrido en esta parte del planeta.
Tiene, de su lado, un enorme apoyo popular y una oposición profundamente dividida. No le ayudará en cambio su pragmatismo, encarnado en alianzas de dudosa lealtad con una propuesta de cambio, sus devaneos ideológicos con la derecha confesional, y la existencia de una sociedad harta y enojada pero dispersa, sin interlocutores fuertes y organizados.
Todo eso si se confirma su triunfo. Si ello no sucede, el futuro se ve aún más negro. Más de lo mismo parece insostenible en un país que ya se encuentra al límite de su hartazgo, de la quiebra de las instituciones del Estado, de la ingobernabilidad, la corrupción y la pobreza. No hay entonces más que apostar al cambio, pero sabiendo que éste no será un camino fácil.
Dicen que nuestro gran poeta, José Emilio Pacheco, dijo alguna vez en una reunión pública: “No sean pesimistas y no sufran por lo que no ha pasado porque va a suceder de otra manera”
Así que, por lo pronto, no dejemos que decaiga la esperanza y preparémonos para ir a votar. Y trabajemos para que la sociedad sepa responder a las incógnitas de ese nuevo amanecer que asomará el 2 julio.
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Negociaciones TLCAN - NAFTA; elecciones México 2018; elecciones EU 2018

Un  elefante en la próxima oficina presidencial

Saúl Escobar Toledo

El debate del pasado domingo 20 no modificará sustancialmente las preferencias electorales, según lo han destacado diversos medios de comunicación. El candidato que encabeza las encuestas lo seguirá haciendo con variaciones menores. Tanto Anaya como Meade y Rodríguez pensaron que la mejor estrategia sería la descalificación y el insulto. De esta manera, lo que parecía un ejercicio más interesante en su primera parte decayó en la segunda por el intercambio de agresiones sin mayor sentido ni interés para los electores.

Los temas a discusión, particularmente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los migrantes y la relación con el presidente de Estados Unidos son cuestiones de urgente y gran trascendencia para el futuro inmediato del país. Después del tema de la violencia probablemente no hay otro de la misma importancia. La relación con nuestro vecino pasa por un momento particularmente crítico en el que predomina una gran incertidumbre. Y ello se debe a la existencia de varios actores y a la división de opiniones e intereses en casi todos los temas involucrados.

Tomemos el caso de la renegociación del Tratado. En estos momentos, las pláticas están suspendidas y nadie sabe si van a continuar y bajo qué condiciones. Después de que el líder republicano en la Cámara de Representantes, Paul Ryan,  pusiera una fecha fatal para concluir la revisión del acuerdo comercial, misma que no se cumplió,  las opciones posible son tres: una, que las conversaciones se reanuden y se llegue a un acuerdo a  principios de junio; dos, que reinicien después de julio una vez que se hayan conocido los resultados de las elecciones mexicanas; y tres, que de plano se vayan hasta el próximo año, con posterioridad a los comicios de noviembre en EU. El problema es que, en los dos últimos casos, el presidente Trump pudiera decidir súbitamente retirarse unilateralmente del Acuerdo y con ello provocar un shock económico que impactaría sobre todo a nuestro país. Muchos analistas piensan que eso no va a suceder, pero tampoco pueden afirmar cuál escenario es el más viable. Es decir, hay un consenso: lo más seguro es que quién sabe…

Y es que la negociación está atorada no sólo por las próximas elecciones en ambos países sino también por la división dentro del partido republicano; entre éstos y los demócratas; entre los sindicatos y el movimiento progresista frente a los republicanos más conservadores; entre las grandes corporaciones exportadoras y Trump; entre la posición de Canadá y la del gobierno de México con la de Trump; y hasta   entre el representante del presidente, Lightheizer y su jefe. Cada actor tiene diferentes opiniones sobre temas importantes, lo que ha impedido un acuerdo. Éstos son, según el jefe de la representación de EU, los siguientes:

Propiedad intelectual - Acceso y restricciones al comercio de productos agrícolas-Energía-Las reglas que tienen que ver con los asuntos laborales y el origen de los insumos sobre todo en la industria automotriz-El ISDS, es decir, el mecanismo de solución de controversias entre los países que forman el TLCAN-La cláusula “sunset” (que lo revisaría  cada cinco años). “Y mucho más” (sic)

Mnuchin, el Secretario del Tesoro de EU, señaló apenas el domingo que las negociaciones podrían irse hasta el próximo año pero al otro día, para arrojar más dudas sobre el asunto, dijo que podría considerarse también una revisión “flaca” y rápida que no tuviera que pasar por el Congreso. Si Trump confirma el primer escenario todos podremos tomar un respiro por unos meses. Mientras, se verá que ocurre en las elecciones de ambos países y los mercados financiero se tranquilizarán dejando de sacudir el peso, el cual recuperará algunos puntos de su valor frente al dólar. Se verá también que la verdadera causa de la inestabilidad de hace unos días provenía de la mesa del TLCAN y no de la posible elección de López Obrador. El gobierno de Peña Nieto quedaría prácticamente fuera de la negociación y tocará al presidente electo tomar del rumbo de un proceso que se ha vuelto un “scramble” como lo llamó el Financial Times. Más exactamente, un desmadre.

Si en cambio EU se decidiera por una revisión “light”, y los otros dos países lo aceptaran, el resultado sería probablemente adverso para México, aunque también retornaría la calma en las transacciones financieras.

En el debate del domingo todos los candidatos hablaron de exigir más respeto a Trump, de un pacto comercial que convenga a México, y de defender a los migrantes, pero no abundaron mucho en todo lo que esto significa. Quizás AMLO fue más específico al afirmar tres cuestiones básicas: que está de acuerdo en aumentar los salarios; que pondrá el tema de los migrantes en la discusión del Tratado; y que México tendrá que fortalecer la economía interna para depender menos de EU.

En lo que se refiere a los salarios, se ha dicho que la propuesta de Lighthizer consiste en que al menos un 45% del valor de un auto armado en México debe ser producido por trabajadores que ganen 16 dólares por hora, es decir aproximadamente 2,400 pesos diarios, 72 mil pesos al mes. Está muy bien coincidir en un aumento de los salarios, pero esta cantidad parece muy complicada de lograr por lo menos en el corto plazo. ¿Cuál podría o debería ser la posición exacta de los negociadores mexicanos del próximo presidente electo en torno a esta cifra?

Hay que decir que incluso si México aceptara algo parecido, eso no significaría que el asunto está resuelto pues la mayoría de los congresistas republicanos y probablemente otra, quizás minoritaria, de los demócratas, no estarían de acuerdo y votarían en contra. Trump mismo podría cambiar de parecer pues no sería sorprendente que esté usando el tema salarial como pieza de cambio para obtener otras concesiones.

Por otro lado, meter el asunto de los migrantes centroamericanos y mexicanos en la agenda de un nuevo TLCAN puede sonar interesante, pero Trump mismo lo ha considerado, pensando que puede favorecerlo. Sin duda, haría más compleja una negociación ya muy enredada y podría elevar la presión para que México contenga el tránsito de personas que vienen de Centroamérica y de nuestro propio territorio. Aun así, el futuro gobierno de AMLO no puede descartar esta opción. Discutir el tema de los migrantes fuera de la mesa del Tratado parece también poco recomendable pues no sería tomada en serio. Dejar las cosas como están no arreglaría nada y empeoraría la situación. ¿Qué hacer entonces, además de convertir los consulados en “algo así como” (¿?) procuradurías de defensa de los migrantes? Hasta donde se puede ver, el posible cambio en la correlación de fuerzas en el Congreso de EU después de noviembre podría ayudar a encontrar una salida. Pero si los republicanos vuelven a ganar, el próximo gobierno mexicano tendrá que hacer uso de una gran imaginación para administrar un conflicto muy grave y sin márgenes de solución a la mano.

Sobre el cambio de rumbo económico y fortalecer la producción y el mercado interno, debe subrayarse que se trata de una transformación que sólo puede lograrse en el mediano-largo plazo. Y que requeriría de medidas profundas como el aumento sustancial de la inversión pública, planes regionales, mejoras salariales y laborales generalizadas y creo que, necesariamente, una reforma fiscal, cosa que AMLO y su equipo han rechazado.

En este mar de confusión, no se puede descartar que el próximo presidente de México encuentre un asunto irresuelto, el TLCAN, tan grande como un elefante, sentado en su despacho. Por lo pronto, los candidatos le han dado la vuelta, viéndolo de lejos y tratando de no tropezarse con él discursivamente. Después del 1º de julio, al presidente electo le quedará claro que un animal de esa talla no puede ignorarse ni echarse por la ventana. Tendrá que encontrar una solución para sacarlo de ahí, y dedicarse, con menos presiones, a otros asuntos tan graves como parar la violencia que nos horroriza todos los días.

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Con mi reconocimiento a El Sur, periódico de Guerrero, y sus 25 años de periodismo valiente

Un cumpleaños muy especial

Saúl Escobar Toledo

Carlos Marx nació el 5 de mayo de 1818, unos cuantos años después de la batalla de Waterloo y a menos de tres décadas de la Revolución Francesa que hizo surgir un nuevo orden social, político y jurídico: la República basada en la soberanía popular. Proyecto que sin embargo terminó en un Imperio y en una conflagración, las guerras napoleónicas, que costó millones de muertos.  Su ciudad natal era entonces una pequeña población predominantemente católica de unas 12 mil personas, Tréveris o Trier (en alemán), ubicada en una región agrícola a orillas del río Mosela. Había sido fundada en el año 16 bajo el nombre de Augusta Treverorum por los romanos y se considera la ciudad más antigua de Alemania. En el momento de su nacimiento, dicha localidad tenía poco de haber sido integrada a Prusia después de haber pertenecido más de veinte años a Francia.  Todos estos cambios se reflejaron también en la vida familiar pues su padre, un rabino judío, se convirtió en abogado y adoptó la religión protestante en una fecha muy cercana al nacimiento de su hijo Carlos. Quizás estas mudanzas provocaron en Marx la idea de que vivía un momento histórico, una nueva época estaba llegando y otra estaba desapareciendo.

El caso es que ahora, dos siglos después, diversas publicaciones en México y en el mundo han coincidido en la actualidad del pensamiento de Marx. Hay un Marx revival, afirmó Wallerstein; Marx es joven todavía, escribió Marcello Musto en un diario español; Marx, tuviste razón, aseveró Jason Barker en un artículo del New York Times; Marx profético, comentó Lanchester en la London Review of Books; todos somos marxistas, por lo menos en cierto sentido, anotó Peter Singer en Project Syndicate; Marx predijo nuestra presente crisis, observó Varoukafis en un prólogo a una nueva edición del Manifiesto Comunista. Y así en otras publicaciones. En su ciudad natal ha habido exposiciones, conferencias y hasta la develación de una gran escultura de bronce donada por China. Parafraseando al pensador treverino, The Guardian de Londres decía en una nota: “Un fantasma recorre Europa, el fantasma del propio Marx”.

Esta renovada atención está sin duda vinculado a la crisis mundial y sus secuelas. A partir de 2008 los efectos de la Gran Recesión, las profundas desigualdades sociales y los problemas e incertidumbres que afligen al mundo han llevado a economistas, académicos de distintas disciplinas, y políticos de diverso signo, a reabrir el debate sobre el futuro del capitalismo y sus alternativas. Se trata sin embargo de una nueva mirada, sin los dogmatismos de ayer.  La obra de Marx ya no es la ideología oficial utilizada a conveniencia para justificar diversas atrocidades. Su pensamiento no se aborda más como una doctrina cerrada e incontestable, sino como un conjunto de ideas complejo, sujeto a diversas interpretaciones.  

El legado intelectual y político de Marx es muy vasto. Imposible resumirlo en unas cuantas líneas. Podría, sin embargo, destacarse que, con la publicación del primer tomo de El Capital en 1867, se convirtió en el teórico socialista más prominente de su época. La teoría de la plusvalía, que explica la explotación del trabajo asalariado y la ganancia, sigue siendo más convincente que los argumentos basados en las fuerzas del mercado.   Su liderazgo en la Asociación Internacional de Trabajadores en 1871 lo convirtieron en un prestigiado dirigente obrero, conocido en muchas partes del mundo. Después de su muerte, durante el siglo XX el marxismo, ya fuera como doctrina de Estado, como base ideológica de la socialdemocracia, o como eje de una razón subversiva, siguió marcando el debate en las izquierdas en muchos países tanto del norte como del sur. Luego, el desplome de la Unión Soviética se interpretó como un fracaso no sólo de las ideas de Marx y Engels sino también de cualquier alternativa anticapitalista. Hoy, sin embargo, parecen cobrar nueva vida.

Entre todas sus publicaciones, sorprende, por ejemplo, como dice Varoukafis, la fuerza literaria y la profundidad de los argumentos vertidos en el Manifiesto Comunista de 1848, cuando Carlos apenas iban a cumplir los 30 años y Federico 27. En ese trabajo describieron algunos de los rasgos más notables del capitalismo globalizado del presente, a pesar de que entonces estaba apenas en formación. Por ejemplo, cuando afirman que:

“La burguesía no puede existir si no es revolucionando incesantemente los instrumentos de producción. La época de la burguesía se caracteriza y distingue por una inquietud y una dinámica incesantes”.

También llama la atención que ahora, como en 1848, el capitalismo se distinga por sus grandes desigualdades, encarnada en el 1% súper rico que acapara buena parte de la riqueza mundial. Cómo no recordar entonces este fragmento del Manifiesto: “La existencia y el predominio de la clase burguesa tienen por condición esencial la concentración de la riqueza en manos de unos cuantos individuos (y) la formación e incremento constante del capital…”. De ahí la otra tesis fundamental del manifiesto: la historia debe entenderse como una lucha permanente entre opresores y oprimidos.

Y sobre el malestar con la democracia en muchas partes del mundo, no cabe sino coincidir en que Marx y Engels tenían por lo menos parte de razón cuando afirmaron que: “Hoy, el poder público viene a ser, pura y simplemente el Consejo de administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa”.

La crítica del capitalismo fue el objeto principal su teoría. Como consecuencia de ella arribaron a una conclusión fundamental: “La burguesía no sólo forja las armas que han de darle muerte, sino que, además, pone en pie a los hombres llamados a manejarlas: los obreros, los proletarios”. De esta manera, anunciaban el surgimiento de la clase obrera como un protagonista central de la historia, un actor que apenas despuntaba entonces.

La organización de la sociedad, sus conflictos políticos y las características del Estado del siglo XX difícilmente pueden entenderse sin las reflexiones de Marx y Engels. Más complejo es el debate sobre las alternativas. La ruta inmediata planteada en el Manifiesto parece ahora demasiado tajante: centralizar los medios de producción en manos del Estado por medio de la conquista violenta del poder político. Pero hay que tomar en cuenta que se trataba de una declaración escrita bajo el espíritu de la revolución francesa. Se elaboró además en un momento en que las insurrecciones en Europa empezando por las que explotaron en ese mismo año, 1848, parecían ser la única salida política a las inconformidades sociales. Lo cierto es que ambos desarrollarán estas propuestas, sobre todo Engels, más cautelosamente, en los años posteriores.

Hay, por supuesto, una experiencia histórica que mostró las contradicciones y problemas de la teoría de la revolución proletaria que ellos ya no conocieron. Ni Marx ni Engels pudieron prever los regímenes de la Unión Soviética y sus aliados, ni la evolución de los gobiernos socialdemócratas y los estados de bienestar que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. Todos ellos, de una manera u otra, inspirados en esos autores.

Hoy, podemos estar de acuerdo en que el actual sistema capitalista requiere profundos cambios para arribar a una convivencia humana basada en una mayor igualdad y una verdadera democracia.  Un orden social más humano y más feliz. Pero el perfil de esa nueva sociedad está todavía borroso, aunque haya un mayor consenso sobre la vía reformista y no violenta.   

Volver a Marx debe entenderse, sobre todo, como una invitación a leer y releer directamente sus textos. Afortunadamente, contamos aquí también con el avance de la tecnología. El archivo Marx-Engels, disponible en www.marxists.org, contiene toda su obra publicada y muchas cartas y manuscritos. Incluye también, entre otras cosas, las biografías de Eleanor Marx, Engels, Lenin, y Gemkow. Todo este material puede consultarse en español y en más de 70 idiomas. Gratis y con un solo clic.

De esa lectura podremos sacar muchas y muy diversas conclusiones, pero seguramente nos llevará a coincidir con su famosa tesis: no se trata sólo de interpretar al mundo, hay que transformarlo.

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Sobre el debate de los candidatos a la Presidencia de la República del día 22 y los escenarios electorales 

https://suracapulco.mx/2018/04/25/despues-del-primer-round/

Tropas en la frontera

Saúl Escobar Toledo

A fines de la semana pasada, el Presidente de Estados Unidos ordenó desplegar  la Guardia Nacional en la frontera con México. Trump afirmó que lo hacía para apoyar a las autoridades de inmigración y que esta medida duraría hasta que el Congreso decidiera una ley menos permisiva y se terminara de construir el muro.

De acuerdo con la información oficial (disponible en www.nationalguard.mil), el Secretario de Defensa acató la instrucción presidencial y ordenó el despliegue de hasta 4 mil elementos. De inmediato, 500 guardias fueron movilizados a la ciudad de McAllen, Texas. Las tropas deberán apoyar a la patrulla fronteriza por medio de la aviación, ingeniería, vigilancia, comunicaciones, mantenimiento de vehículos y apoyo logístico y “deberán usar todo su poder para apoyar a los hombres y mujeres que están haciendo cumplir la ley”. El Jefe del pentágono reiteró que las órdenes del presidente se debieron a “un brote drástico de actividades ilegales en la frontera sur que amenaza nuestra seguridad nacional”.

La amenaza a la que se refirieron el secretario y el presidente  apunta a una a Caravana de migrantes centroamericanos que recorre México, formada por unas 1,200 personas, para llamar la atención sobre las graves violaciones a sus derechos humanos que sufren en su trayecto hacia Estados Unidos y en ese país.

Trump también ordenó que los indocumentados detenidos  no fueran puestos en libertad  mientras siguen el proceso de deportación. Para entender esta instrucción debe recordarse que, normalmente, cuando una persona  es detenida por la Patrulla Fronteriza se le  pone  un brazalete para monitorearlo y se le asigna una cita en un juzgado;  posteriormente  se les deja en la estación de autobuses donde son apoyados por activistas de derechos humanos  para llevarlos a algún centro de ayuda cercano donde reciben alimentos y se les proporciona alguna ropa y pañales para sus hijos mientras se define su situación jurídica.  

Aunque la guardia nacional (National Guard) es una fuerza de reserva constituida por voluntarios, sus miembros están entrenados para cumplir con un objetivo principal: combatir a quien se les ordene. No es la primera vez que se militariza la frontera: en 1997, un joven de 18 años, Ezequiel Hernández, ciudadano estadounidense, fue asesinado injustificadamente a tiros por soldados enviados por Washington.  Clinton decidió suspender el programa. Luego, el presidente Bush ordenó el despliegue de 6 mil elementos de la Guardia en 2006 cuando el gobierno mexicano declaró la guerra al crimen organizado. Y hace unos siete años, Obama envió otros  1 200 militares. En 2014, el gobernador Perry, despachó por su cuenta mil guardias texanos cuando se produjo la crisis de los menores centroamericanos

¿Cuál es la diferencia entonces entre la decisión de Trump y las que se tomaron en otros tiempos? Todas han sido repudiables pero el rasgo distintivo está en la retórica y en la diplomacia pues, en esta ocasión el envío de la Guardia fue acompañado de discursos amenazantes y denigratorios contra México y los migrantes. Sin embargo, todo parece indicar que se trata de un truco político montado junto con los medios de comunicación de derecha supremacistas y nacionalistas.

Varias cadenas noticiosas, sobre todo Fox, difundieron días antes de la orden presidencial que “había una multitud tratando de llegar a EU que nadie estaba deteniendo y que entre ellos había criminales y terroristas”. Las Caravana, según ellos, era un “plan organizado y deliberado para atacar la soberanía de los Estados Unidos… “. Se trataba de un relato sensacionalista sin fundamentos veraces y Trump reaccionó de inmediato a esta campaña de histeria.

El objetivo, preparado entre la prensa derechista y el gobierno, era crear un clima de miedo para reavivar la simpatía por el actual inquilino de la Casa Blanca. Además de una medida para ganar apoyo político interno, la decisión tiene otros fines: presionar a México para concluir las negociaciones del TLCAN lo más pronto posible, imponiendo sus condiciones.

Convertir a México y a los migrantes en piezas de una estrategia de terror para obtener ganancias políticas es una acción peligrosa porque pone en peligro la vida y los derechos humanos de estos últimos. Se trata de una acción de fuerza brutal para tratar de complacer a su base de apoyo más dura y una nueva versión de la diplomacia del gran garrote contra México.

La reacción interna por parte del presidente Peña y las fuerzas políticas ha sido acertada discursivamente, pero falta saber si lo será en lo de fondo: las negociaciones del TLCAN; la colaboración de las autoridades mexicanas para detener, vigilar y compartir la información de los flujos de  centroamericanos y mexicanos que transitan hacia el norte; y el conjunto de acuerdos de colaboración militar y de inteligencia en materia de drogas y supuestas amenazas terroristas. Es la hora y el momento de mostrar firmeza y revisar nuestra relación con la potencia del norte. La agresión debe tener consecuencias diplomáticas.

Según el semanario The Nation, a largo plazo, las decisiones del presidente podrían resultar contraproducentes. Las comunidades de migrantes están aterrorizadas cada vez más por los agentes de ICE (Immigration and Customs Enforcement). Los detienen en el camino a su trabajo o cuando dejan a los niños en la escuela y cada vez más están poniendo atención en los activistas que defienden esta causa. Pero Trump, además de endurecer la persecución, ha cometido el error utilizar prejuicios raciales. Debido a ello, los estadounidenses parecen estar cambiando de opinión. Por 20 años, el Centro Pew ha preguntado si los migrantes “fortalecen al país con su trabajo y su talento” o si son “una carga para el país ocupando empleos y  viviendas y aprovechando los beneficios de atención sanitaria”.   En 2015, cuando tomó posesión, el 51% dijo que fortalecían al país  y 41 por ciento que representaban una carga.  Poco más de dos años después, la encuesta encontró que hubo un cambio en la opinión pública: ahora los que tenían una opinión favorable a los migrantes representaban  el 65%  y los negativos el 26 por ciento.

Trump ha propiciado, sin querer, que los derechos de los indocumentados se conviertan en un asunto central del movimiento progresista. Sus posiciones racistas están creando, según algunos activistas destacados, una alianza horizontal entre grupos afroamericanos como Black Lives Matter y las comunidades de migrantes que vienen del sur. Esto puede tener efectos político-electorales y hacer que el tema sea retomado por una mayoría más amplia que el voto latino que solo representó 9% en la última elección.

Madeleine Albright (Secretaria de Estado con Clinton entre 1997 y 2001), acaba de publicar un artículo en el que señala que:  

“La retórica de Trump ha consistido en insultar a sus vecinos y aliados. En lugar de desplegar una diplomacia creativa y defender los derechos humanos y las libertades civiles, se ha dedicado a difamar a los migrantes y a los países de los que proceden y exacerbar las divisiones religiosas, sociales y raciales. ¿Qué hacer? Hay que detenerlo antes de que sea demasiado tarde”.

Albright está tratando de decirnos que enfrentar a este mandatario ya no es un asunto que concierne sólo a los estadounidenses, se trata de una causa mundial. El gobierno mexicano debe entender que apoyarlo  puede ser una causa perdida y sobre todo una estrategia peligrosa para la paz en la región y en todo el orbe. Podemos ser aliados estratégicos de EU pero no de su administración actual.  En consecuencia, la causa de los migrantes, mexicanos y centroamericanos,  debe ponerse por encima de todos las demás y orientar las relaciones de nuestro país con Estados Unidos. A este personaje, un aprendiz de dictador y autócrata, y simpatizante de ellos, como dice la señora Albright, se le tiene que responder con la fuerza de la verdad y la defensa de la democracia y los derechos humanos como base de la diplomacia y la cooperación internacional. Ahora, antes de que un nuevo fascismo se consolide en el mundo.

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