Elecciones México; López Obrador; izquierda latinoamericana

¿Tarde o temprano?
Saúl Escobar Toledo
Hace casi veinte años, en diciembre de 1998, Hugo Chávez ganaba las elecciones presidenciales en Venezuela. A partir de entonces, se desató un ciclo de gobiernos en América Latina que se propusieron romper con las políticas dominantes. En 2003, Lula ganaría la presidencia de Brasil, el país más poblado del subcontinente. Casi al mismo tiempo se sumaría Argentina y pocos años después, Uruguay con el Frente Amplio y Honduras con Zelaya. En poco tiempo, seguirían Bachelet en Chile, Correa en Ecuador y Ortega en Nicaragua. Y, posteriormente, Lugo en Paraguay y el FMLN en El Salvador, ya en 2009.
Vale la pena puntualizar que, en 2006-2007, existían nueve presidentes de la república que, con todas las diferencias que se quieran encontrar, se consideraban de izquierda y gobernaban más de 200 millones de habitantes. Tan sólo en Sudamérica, representaban más del 80% de la población.
La explicación esos triunfos debe encontrarse en los resultados de las políticas neoliberales aplicadas durante casi dos décadas. Entre 1980 y 2003, el PIB per cápita en Latinoamérica aumentó en total apenas un 3.5 por ciento (en dólares americanos de 1995). La inestabilidad y el estancamiento económico profundizaron la indigencia:  el porcentaje de la población pobre que radicaba en esos territorios era mayor en el año 2003 que en 1980.
Los comicios presidenciales de 2006 en México parecían favorables para un candidato progresista. El contexto político que prevalecía en esos momentos en la región así lo anunciaba. Como sabemos, ello no sucedió. Una maniobra concertada por el presidente Fox (según reveló Jorge Castañeda hace unos días) e implementada por la entonces máxima dirigente del partido Nueva Alianza y del Sindicato de Trabajadores de la Educación, junto con una campaña financiada por grandes empresarios (según lo reconoció el Tribunal Electoral) lo impidió de mala manera. No creo que sea necesario extenderme sobre las pruebas y mecanismos utilizados para burlar la voluntad popular. El caso es que México no se sumó a la ola progresista.
A pesar de las muchas diferencias que se puedan encontrar en aquellas experiencias triunfantes, debe reconocerse que se trataba de proyectos políticos novedosos. Habían derrotado a la derecha, apegada a los dictados del Consenso de Washington. Eran partidos y movimientos que nunca habían accedido al gobierno nacional; tenían propuestas originales que aspiraban a superar los paradigmas neoliberales; una clara voluntad de ejercer una mayor autonomía en sus relaciones con el mundo, despegándose del liderazgo estadounidense; y un conjunto de reformas que en algunos casos culminaron en nuevas constituciones.
Hoy, México parece llegar tarde a ese ciclo de victorias izquierdistas si se confirma el muy posible triunfo de MORENA y Andrés Manuel López Obrador. Lo haría, sin embargo, no sólo a destiempo, sino también cuando algunos gobiernos enfrentan situaciones extremadamente difíciles como en el caso de Venezuela y Nicaragua. O después de haber sido desplazados en las urnas, como en Argentina y Chile; o a la mala, bajo procedimientos antidemocráticos, golpes de Estado blandos, como en Brasil.  A pesar de la permanencia de administraciones tan pulcras como la de Uruguay, para muchos observadores el ciclo izquierdista ha terminado ya desde hace años. Regresaron los políticos de clara orientación neoliberal y se ha producido un giro a la derecha.
El balance de esta etapa mostraría que al menos entre 2003 y 2013, 72 millones de personas salieron de la pobreza gracias a las medidas redistributivas tomadas por esos gobiernos progresistas. Sin embargo, la crisis mundial de 2008 pegó duramente a toda la región. El precio de los bienes de exportación primarios (petróleo y agrícolas) los dejó sin recursos y no pudieron o no supieron administrar la escasez. Contó también la incapacidad de frenar la corrupción, extendida en todo el aparato del Estado. Y, desde luego, la fuerza de la derecha, apoyada en los grandes capitales, que nunca se prestó a establecer un acuerdo para impulsar el cambio.
Pero quizás, desde otra perspectiva, el triunfo de MORENA podría anunciar un nuevo comienzo. El triunfo de un proyecto que busca una mejor redistribución del ingreso y acelerar el crecimiento. Combatir eficazmente la corrupción y, sobre todo, ensayar nuevos esquemas para frenar la violencia y la inseguridad ciudadana.
Desde luego, este nuevo intento se daría en condiciones muy diferentes. No hay en el contexto internacional, como en aquellos años de principios de siglo, una situación de estabilidad económica y certidumbre política. Gobierna Estados Unidos un personaje que se ha distinguido por una conducta errática, frecuentemente disruptiva y, sobre todo, brutalmente hostil a la inmigración procedente del sur.
Pero también debe anotarse que la depresión de fines de la década pasada no repercutió solamente en la marcha económica sino también en una notable y más extendida conciencia de los fracasos y vicios de la globalización. El descontento se ha expresado en la elección de personajes ligados a la derecha y ultraderecha; en la aparición de nuevos partidos y expresiones como Podemos en España o el liderazgo de Corbyn en Inglaterra; y en fenómenos tan extraños como la coalición gobernante actualmente en Italia. También ha hecho surgir movimientos sociales con nuevas prácticas y horizontes programáticos e ideológicos.
En América Latina, ese malestar explica no sólo el caso de México, sino también el logro de un candidato progresista, Gustavo Petro, que competirá en la segunda vuelta de las presidenciales en Colombia; los graves conflictos que aquejan a Brasil; y el enorme malestar social que se observa en Argentina. Es decir, la derecha y sus recetas neoliberales tampoco han sido capaces de controlar los desequilibrios económicos ni de afianzar una gobernabilidad democrática.
Parecería que buena parte del mundo sigue buscando nuevos caminos sin encontrar cabalmente un proyecto que satisfaga a sus ciudadanos. Ni el regreso de las políticas ortodoxas, ni los experimentos de la izquierda alternativa conocidos hasta hoy, ni la socialdemocracia que aún se debate en la ambigüedad programática, han construido, en los hechos, un rumbo sustentable y más justo, ni un régimen político que merezca la confianza de sus ciudadanos.
Bajo esta situación, incierta y difícil, pero con una sociedad más rebelde y crítica, la experiencia mexicana puede ser el inicio de un camino inédito, la puesta en práctica de un proyecto que intente superar los viejos esquemas de la derecha neoliberal y los errores de las izquierdas latinoamericanas. El triunfo de AMLO sería entonces el anunció de que México no llegó tarde, sino que se ha adelantado. Su presidencia representaría un hecho inédito, pues ocurrirá después de la Gran Recesión y el supuesto vuelco a la derecha ocurrido en esta parte del planeta.
Tiene, de su lado, un enorme apoyo popular y una oposición profundamente dividida. No le ayudará en cambio su pragmatismo, encarnado en alianzas de dudosa lealtad con una propuesta de cambio, sus devaneos ideológicos con la derecha confesional, y la existencia de una sociedad harta y enojada pero dispersa, sin interlocutores fuertes y organizados.
Todo eso si se confirma su triunfo. Si ello no sucede, el futuro se ve aún más negro. Más de lo mismo parece insostenible en un país que ya se encuentra al límite de su hartazgo, de la quiebra de las instituciones del Estado, de la ingobernabilidad, la corrupción y la pobreza. No hay entonces más que apostar al cambio, pero sabiendo que éste no será un camino fácil.
Dicen que nuestro gran poeta, José Emilio Pacheco, dijo alguna vez en una reunión pública: “No sean pesimistas y no sufran por lo que no ha pasado porque va a suceder de otra manera”
Así que, por lo pronto, no dejemos que decaiga la esperanza y preparémonos para ir a votar. Y trabajemos para que la sociedad sepa responder a las incógnitas de ese nuevo amanecer que asomará el 2 julio.
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Negociaciones TLCAN - NAFTA; elecciones México 2018; elecciones EU 2018

Un  elefante en la próxima oficina presidencial

Saúl Escobar Toledo

El debate del pasado domingo 20 no modificará sustancialmente las preferencias electorales, según lo han destacado diversos medios de comunicación. El candidato que encabeza las encuestas lo seguirá haciendo con variaciones menores. Tanto Anaya como Meade y Rodríguez pensaron que la mejor estrategia sería la descalificación y el insulto. De esta manera, lo que parecía un ejercicio más interesante en su primera parte decayó en la segunda por el intercambio de agresiones sin mayor sentido ni interés para los electores.

Los temas a discusión, particularmente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los migrantes y la relación con el presidente de Estados Unidos son cuestiones de urgente y gran trascendencia para el futuro inmediato del país. Después del tema de la violencia probablemente no hay otro de la misma importancia. La relación con nuestro vecino pasa por un momento particularmente crítico en el que predomina una gran incertidumbre. Y ello se debe a la existencia de varios actores y a la división de opiniones e intereses en casi todos los temas involucrados.

Tomemos el caso de la renegociación del Tratado. En estos momentos, las pláticas están suspendidas y nadie sabe si van a continuar y bajo qué condiciones. Después de que el líder republicano en la Cámara de Representantes, Paul Ryan,  pusiera una fecha fatal para concluir la revisión del acuerdo comercial, misma que no se cumplió,  las opciones posible son tres: una, que las conversaciones se reanuden y se llegue a un acuerdo a  principios de junio; dos, que reinicien después de julio una vez que se hayan conocido los resultados de las elecciones mexicanas; y tres, que de plano se vayan hasta el próximo año, con posterioridad a los comicios de noviembre en EU. El problema es que, en los dos últimos casos, el presidente Trump pudiera decidir súbitamente retirarse unilateralmente del Acuerdo y con ello provocar un shock económico que impactaría sobre todo a nuestro país. Muchos analistas piensan que eso no va a suceder, pero tampoco pueden afirmar cuál escenario es el más viable. Es decir, hay un consenso: lo más seguro es que quién sabe…

Y es que la negociación está atorada no sólo por las próximas elecciones en ambos países sino también por la división dentro del partido republicano; entre éstos y los demócratas; entre los sindicatos y el movimiento progresista frente a los republicanos más conservadores; entre las grandes corporaciones exportadoras y Trump; entre la posición de Canadá y la del gobierno de México con la de Trump; y hasta   entre el representante del presidente, Lightheizer y su jefe. Cada actor tiene diferentes opiniones sobre temas importantes, lo que ha impedido un acuerdo. Éstos son, según el jefe de la representación de EU, los siguientes:

Propiedad intelectual - Acceso y restricciones al comercio de productos agrícolas-Energía-Las reglas que tienen que ver con los asuntos laborales y el origen de los insumos sobre todo en la industria automotriz-El ISDS, es decir, el mecanismo de solución de controversias entre los países que forman el TLCAN-La cláusula “sunset” (que lo revisaría  cada cinco años). “Y mucho más” (sic)

Mnuchin, el Secretario del Tesoro de EU, señaló apenas el domingo que las negociaciones podrían irse hasta el próximo año pero al otro día, para arrojar más dudas sobre el asunto, dijo que podría considerarse también una revisión “flaca” y rápida que no tuviera que pasar por el Congreso. Si Trump confirma el primer escenario todos podremos tomar un respiro por unos meses. Mientras, se verá que ocurre en las elecciones de ambos países y los mercados financiero se tranquilizarán dejando de sacudir el peso, el cual recuperará algunos puntos de su valor frente al dólar. Se verá también que la verdadera causa de la inestabilidad de hace unos días provenía de la mesa del TLCAN y no de la posible elección de López Obrador. El gobierno de Peña Nieto quedaría prácticamente fuera de la negociación y tocará al presidente electo tomar del rumbo de un proceso que se ha vuelto un “scramble” como lo llamó el Financial Times. Más exactamente, un desmadre.

Si en cambio EU se decidiera por una revisión “light”, y los otros dos países lo aceptaran, el resultado sería probablemente adverso para México, aunque también retornaría la calma en las transacciones financieras.

En el debate del domingo todos los candidatos hablaron de exigir más respeto a Trump, de un pacto comercial que convenga a México, y de defender a los migrantes, pero no abundaron mucho en todo lo que esto significa. Quizás AMLO fue más específico al afirmar tres cuestiones básicas: que está de acuerdo en aumentar los salarios; que pondrá el tema de los migrantes en la discusión del Tratado; y que México tendrá que fortalecer la economía interna para depender menos de EU.

En lo que se refiere a los salarios, se ha dicho que la propuesta de Lighthizer consiste en que al menos un 45% del valor de un auto armado en México debe ser producido por trabajadores que ganen 16 dólares por hora, es decir aproximadamente 2,400 pesos diarios, 72 mil pesos al mes. Está muy bien coincidir en un aumento de los salarios, pero esta cantidad parece muy complicada de lograr por lo menos en el corto plazo. ¿Cuál podría o debería ser la posición exacta de los negociadores mexicanos del próximo presidente electo en torno a esta cifra?

Hay que decir que incluso si México aceptara algo parecido, eso no significaría que el asunto está resuelto pues la mayoría de los congresistas republicanos y probablemente otra, quizás minoritaria, de los demócratas, no estarían de acuerdo y votarían en contra. Trump mismo podría cambiar de parecer pues no sería sorprendente que esté usando el tema salarial como pieza de cambio para obtener otras concesiones.

Por otro lado, meter el asunto de los migrantes centroamericanos y mexicanos en la agenda de un nuevo TLCAN puede sonar interesante, pero Trump mismo lo ha considerado, pensando que puede favorecerlo. Sin duda, haría más compleja una negociación ya muy enredada y podría elevar la presión para que México contenga el tránsito de personas que vienen de Centroamérica y de nuestro propio territorio. Aun así, el futuro gobierno de AMLO no puede descartar esta opción. Discutir el tema de los migrantes fuera de la mesa del Tratado parece también poco recomendable pues no sería tomada en serio. Dejar las cosas como están no arreglaría nada y empeoraría la situación. ¿Qué hacer entonces, además de convertir los consulados en “algo así como” (¿?) procuradurías de defensa de los migrantes? Hasta donde se puede ver, el posible cambio en la correlación de fuerzas en el Congreso de EU después de noviembre podría ayudar a encontrar una salida. Pero si los republicanos vuelven a ganar, el próximo gobierno mexicano tendrá que hacer uso de una gran imaginación para administrar un conflicto muy grave y sin márgenes de solución a la mano.

Sobre el cambio de rumbo económico y fortalecer la producción y el mercado interno, debe subrayarse que se trata de una transformación que sólo puede lograrse en el mediano-largo plazo. Y que requeriría de medidas profundas como el aumento sustancial de la inversión pública, planes regionales, mejoras salariales y laborales generalizadas y creo que, necesariamente, una reforma fiscal, cosa que AMLO y su equipo han rechazado.

En este mar de confusión, no se puede descartar que el próximo presidente de México encuentre un asunto irresuelto, el TLCAN, tan grande como un elefante, sentado en su despacho. Por lo pronto, los candidatos le han dado la vuelta, viéndolo de lejos y tratando de no tropezarse con él discursivamente. Después del 1º de julio, al presidente electo le quedará claro que un animal de esa talla no puede ignorarse ni echarse por la ventana. Tendrá que encontrar una solución para sacarlo de ahí, y dedicarse, con menos presiones, a otros asuntos tan graves como parar la violencia que nos horroriza todos los días.

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Con mi reconocimiento a El Sur, periódico de Guerrero, y sus 25 años de periodismo valiente

Un cumpleaños muy especial

Saúl Escobar Toledo

Carlos Marx nació el 5 de mayo de 1818, unos cuantos años después de la batalla de Waterloo y a menos de tres décadas de la Revolución Francesa que hizo surgir un nuevo orden social, político y jurídico: la República basada en la soberanía popular. Proyecto que sin embargo terminó en un Imperio y en una conflagración, las guerras napoleónicas, que costó millones de muertos.  Su ciudad natal era entonces una pequeña población predominantemente católica de unas 12 mil personas, Tréveris o Trier (en alemán), ubicada en una región agrícola a orillas del río Mosela. Había sido fundada en el año 16 bajo el nombre de Augusta Treverorum por los romanos y se considera la ciudad más antigua de Alemania. En el momento de su nacimiento, dicha localidad tenía poco de haber sido integrada a Prusia después de haber pertenecido más de veinte años a Francia.  Todos estos cambios se reflejaron también en la vida familiar pues su padre, un rabino judío, se convirtió en abogado y adoptó la religión protestante en una fecha muy cercana al nacimiento de su hijo Carlos. Quizás estas mudanzas provocaron en Marx la idea de que vivía un momento histórico, una nueva época estaba llegando y otra estaba desapareciendo.

El caso es que ahora, dos siglos después, diversas publicaciones en México y en el mundo han coincidido en la actualidad del pensamiento de Marx. Hay un Marx revival, afirmó Wallerstein; Marx es joven todavía, escribió Marcello Musto en un diario español; Marx, tuviste razón, aseveró Jason Barker en un artículo del New York Times; Marx profético, comentó Lanchester en la London Review of Books; todos somos marxistas, por lo menos en cierto sentido, anotó Peter Singer en Project Syndicate; Marx predijo nuestra presente crisis, observó Varoukafis en un prólogo a una nueva edición del Manifiesto Comunista. Y así en otras publicaciones. En su ciudad natal ha habido exposiciones, conferencias y hasta la develación de una gran escultura de bronce donada por China. Parafraseando al pensador treverino, The Guardian de Londres decía en una nota: “Un fantasma recorre Europa, el fantasma del propio Marx”.

Esta renovada atención está sin duda vinculado a la crisis mundial y sus secuelas. A partir de 2008 los efectos de la Gran Recesión, las profundas desigualdades sociales y los problemas e incertidumbres que afligen al mundo han llevado a economistas, académicos de distintas disciplinas, y políticos de diverso signo, a reabrir el debate sobre el futuro del capitalismo y sus alternativas. Se trata sin embargo de una nueva mirada, sin los dogmatismos de ayer.  La obra de Marx ya no es la ideología oficial utilizada a conveniencia para justificar diversas atrocidades. Su pensamiento no se aborda más como una doctrina cerrada e incontestable, sino como un conjunto de ideas complejo, sujeto a diversas interpretaciones.  

El legado intelectual y político de Marx es muy vasto. Imposible resumirlo en unas cuantas líneas. Podría, sin embargo, destacarse que, con la publicación del primer tomo de El Capital en 1867, se convirtió en el teórico socialista más prominente de su época. La teoría de la plusvalía, que explica la explotación del trabajo asalariado y la ganancia, sigue siendo más convincente que los argumentos basados en las fuerzas del mercado.   Su liderazgo en la Asociación Internacional de Trabajadores en 1871 lo convirtieron en un prestigiado dirigente obrero, conocido en muchas partes del mundo. Después de su muerte, durante el siglo XX el marxismo, ya fuera como doctrina de Estado, como base ideológica de la socialdemocracia, o como eje de una razón subversiva, siguió marcando el debate en las izquierdas en muchos países tanto del norte como del sur. Luego, el desplome de la Unión Soviética se interpretó como un fracaso no sólo de las ideas de Marx y Engels sino también de cualquier alternativa anticapitalista. Hoy, sin embargo, parecen cobrar nueva vida.

Entre todas sus publicaciones, sorprende, por ejemplo, como dice Varoukafis, la fuerza literaria y la profundidad de los argumentos vertidos en el Manifiesto Comunista de 1848, cuando Carlos apenas iban a cumplir los 30 años y Federico 27. En ese trabajo describieron algunos de los rasgos más notables del capitalismo globalizado del presente, a pesar de que entonces estaba apenas en formación. Por ejemplo, cuando afirman que:

“La burguesía no puede existir si no es revolucionando incesantemente los instrumentos de producción. La época de la burguesía se caracteriza y distingue por una inquietud y una dinámica incesantes”.

También llama la atención que ahora, como en 1848, el capitalismo se distinga por sus grandes desigualdades, encarnada en el 1% súper rico que acapara buena parte de la riqueza mundial. Cómo no recordar entonces este fragmento del Manifiesto: “La existencia y el predominio de la clase burguesa tienen por condición esencial la concentración de la riqueza en manos de unos cuantos individuos (y) la formación e incremento constante del capital…”. De ahí la otra tesis fundamental del manifiesto: la historia debe entenderse como una lucha permanente entre opresores y oprimidos.

Y sobre el malestar con la democracia en muchas partes del mundo, no cabe sino coincidir en que Marx y Engels tenían por lo menos parte de razón cuando afirmaron que: “Hoy, el poder público viene a ser, pura y simplemente el Consejo de administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa”.

La crítica del capitalismo fue el objeto principal su teoría. Como consecuencia de ella arribaron a una conclusión fundamental: “La burguesía no sólo forja las armas que han de darle muerte, sino que, además, pone en pie a los hombres llamados a manejarlas: los obreros, los proletarios”. De esta manera, anunciaban el surgimiento de la clase obrera como un protagonista central de la historia, un actor que apenas despuntaba entonces.

La organización de la sociedad, sus conflictos políticos y las características del Estado del siglo XX difícilmente pueden entenderse sin las reflexiones de Marx y Engels. Más complejo es el debate sobre las alternativas. La ruta inmediata planteada en el Manifiesto parece ahora demasiado tajante: centralizar los medios de producción en manos del Estado por medio de la conquista violenta del poder político. Pero hay que tomar en cuenta que se trataba de una declaración escrita bajo el espíritu de la revolución francesa. Se elaboró además en un momento en que las insurrecciones en Europa empezando por las que explotaron en ese mismo año, 1848, parecían ser la única salida política a las inconformidades sociales. Lo cierto es que ambos desarrollarán estas propuestas, sobre todo Engels, más cautelosamente, en los años posteriores.

Hay, por supuesto, una experiencia histórica que mostró las contradicciones y problemas de la teoría de la revolución proletaria que ellos ya no conocieron. Ni Marx ni Engels pudieron prever los regímenes de la Unión Soviética y sus aliados, ni la evolución de los gobiernos socialdemócratas y los estados de bienestar que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. Todos ellos, de una manera u otra, inspirados en esos autores.

Hoy, podemos estar de acuerdo en que el actual sistema capitalista requiere profundos cambios para arribar a una convivencia humana basada en una mayor igualdad y una verdadera democracia.  Un orden social más humano y más feliz. Pero el perfil de esa nueva sociedad está todavía borroso, aunque haya un mayor consenso sobre la vía reformista y no violenta.   

Volver a Marx debe entenderse, sobre todo, como una invitación a leer y releer directamente sus textos. Afortunadamente, contamos aquí también con el avance de la tecnología. El archivo Marx-Engels, disponible en www.marxists.org, contiene toda su obra publicada y muchas cartas y manuscritos. Incluye también, entre otras cosas, las biografías de Eleanor Marx, Engels, Lenin, y Gemkow. Todo este material puede consultarse en español y en más de 70 idiomas. Gratis y con un solo clic.

De esa lectura podremos sacar muchas y muy diversas conclusiones, pero seguramente nos llevará a coincidir con su famosa tesis: no se trata sólo de interpretar al mundo, hay que transformarlo.

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Sobre el debate de los candidatos a la Presidencia de la República del día 22 y los escenarios electorales 

https://suracapulco.mx/2018/04/25/despues-del-primer-round/

Tropas en la frontera

Saúl Escobar Toledo

A fines de la semana pasada, el Presidente de Estados Unidos ordenó desplegar  la Guardia Nacional en la frontera con México. Trump afirmó que lo hacía para apoyar a las autoridades de inmigración y que esta medida duraría hasta que el Congreso decidiera una ley menos permisiva y se terminara de construir el muro.

De acuerdo con la información oficial (disponible en www.nationalguard.mil), el Secretario de Defensa acató la instrucción presidencial y ordenó el despliegue de hasta 4 mil elementos. De inmediato, 500 guardias fueron movilizados a la ciudad de McAllen, Texas. Las tropas deberán apoyar a la patrulla fronteriza por medio de la aviación, ingeniería, vigilancia, comunicaciones, mantenimiento de vehículos y apoyo logístico y “deberán usar todo su poder para apoyar a los hombres y mujeres que están haciendo cumplir la ley”. El Jefe del pentágono reiteró que las órdenes del presidente se debieron a “un brote drástico de actividades ilegales en la frontera sur que amenaza nuestra seguridad nacional”.

La amenaza a la que se refirieron el secretario y el presidente  apunta a una a Caravana de migrantes centroamericanos que recorre México, formada por unas 1,200 personas, para llamar la atención sobre las graves violaciones a sus derechos humanos que sufren en su trayecto hacia Estados Unidos y en ese país.

Trump también ordenó que los indocumentados detenidos  no fueran puestos en libertad  mientras siguen el proceso de deportación. Para entender esta instrucción debe recordarse que, normalmente, cuando una persona  es detenida por la Patrulla Fronteriza se le  pone  un brazalete para monitorearlo y se le asigna una cita en un juzgado;  posteriormente  se les deja en la estación de autobuses donde son apoyados por activistas de derechos humanos  para llevarlos a algún centro de ayuda cercano donde reciben alimentos y se les proporciona alguna ropa y pañales para sus hijos mientras se define su situación jurídica.  

Aunque la guardia nacional (National Guard) es una fuerza de reserva constituida por voluntarios, sus miembros están entrenados para cumplir con un objetivo principal: combatir a quien se les ordene. No es la primera vez que se militariza la frontera: en 1997, un joven de 18 años, Ezequiel Hernández, ciudadano estadounidense, fue asesinado injustificadamente a tiros por soldados enviados por Washington.  Clinton decidió suspender el programa. Luego, el presidente Bush ordenó el despliegue de 6 mil elementos de la Guardia en 2006 cuando el gobierno mexicano declaró la guerra al crimen organizado. Y hace unos siete años, Obama envió otros  1 200 militares. En 2014, el gobernador Perry, despachó por su cuenta mil guardias texanos cuando se produjo la crisis de los menores centroamericanos

¿Cuál es la diferencia entonces entre la decisión de Trump y las que se tomaron en otros tiempos? Todas han sido repudiables pero el rasgo distintivo está en la retórica y en la diplomacia pues, en esta ocasión el envío de la Guardia fue acompañado de discursos amenazantes y denigratorios contra México y los migrantes. Sin embargo, todo parece indicar que se trata de un truco político montado junto con los medios de comunicación de derecha supremacistas y nacionalistas.

Varias cadenas noticiosas, sobre todo Fox, difundieron días antes de la orden presidencial que “había una multitud tratando de llegar a EU que nadie estaba deteniendo y que entre ellos había criminales y terroristas”. Las Caravana, según ellos, era un “plan organizado y deliberado para atacar la soberanía de los Estados Unidos… “. Se trataba de un relato sensacionalista sin fundamentos veraces y Trump reaccionó de inmediato a esta campaña de histeria.

El objetivo, preparado entre la prensa derechista y el gobierno, era crear un clima de miedo para reavivar la simpatía por el actual inquilino de la Casa Blanca. Además de una medida para ganar apoyo político interno, la decisión tiene otros fines: presionar a México para concluir las negociaciones del TLCAN lo más pronto posible, imponiendo sus condiciones.

Convertir a México y a los migrantes en piezas de una estrategia de terror para obtener ganancias políticas es una acción peligrosa porque pone en peligro la vida y los derechos humanos de estos últimos. Se trata de una acción de fuerza brutal para tratar de complacer a su base de apoyo más dura y una nueva versión de la diplomacia del gran garrote contra México.

La reacción interna por parte del presidente Peña y las fuerzas políticas ha sido acertada discursivamente, pero falta saber si lo será en lo de fondo: las negociaciones del TLCAN; la colaboración de las autoridades mexicanas para detener, vigilar y compartir la información de los flujos de  centroamericanos y mexicanos que transitan hacia el norte; y el conjunto de acuerdos de colaboración militar y de inteligencia en materia de drogas y supuestas amenazas terroristas. Es la hora y el momento de mostrar firmeza y revisar nuestra relación con la potencia del norte. La agresión debe tener consecuencias diplomáticas.

Según el semanario The Nation, a largo plazo, las decisiones del presidente podrían resultar contraproducentes. Las comunidades de migrantes están aterrorizadas cada vez más por los agentes de ICE (Immigration and Customs Enforcement). Los detienen en el camino a su trabajo o cuando dejan a los niños en la escuela y cada vez más están poniendo atención en los activistas que defienden esta causa. Pero Trump, además de endurecer la persecución, ha cometido el error utilizar prejuicios raciales. Debido a ello, los estadounidenses parecen estar cambiando de opinión. Por 20 años, el Centro Pew ha preguntado si los migrantes “fortalecen al país con su trabajo y su talento” o si son “una carga para el país ocupando empleos y  viviendas y aprovechando los beneficios de atención sanitaria”.   En 2015, cuando tomó posesión, el 51% dijo que fortalecían al país  y 41 por ciento que representaban una carga.  Poco más de dos años después, la encuesta encontró que hubo un cambio en la opinión pública: ahora los que tenían una opinión favorable a los migrantes representaban  el 65%  y los negativos el 26 por ciento.

Trump ha propiciado, sin querer, que los derechos de los indocumentados se conviertan en un asunto central del movimiento progresista. Sus posiciones racistas están creando, según algunos activistas destacados, una alianza horizontal entre grupos afroamericanos como Black Lives Matter y las comunidades de migrantes que vienen del sur. Esto puede tener efectos político-electorales y hacer que el tema sea retomado por una mayoría más amplia que el voto latino que solo representó 9% en la última elección.

Madeleine Albright (Secretaria de Estado con Clinton entre 1997 y 2001), acaba de publicar un artículo en el que señala que:  

“La retórica de Trump ha consistido en insultar a sus vecinos y aliados. En lugar de desplegar una diplomacia creativa y defender los derechos humanos y las libertades civiles, se ha dedicado a difamar a los migrantes y a los países de los que proceden y exacerbar las divisiones religiosas, sociales y raciales. ¿Qué hacer? Hay que detenerlo antes de que sea demasiado tarde”.

Albright está tratando de decirnos que enfrentar a este mandatario ya no es un asunto que concierne sólo a los estadounidenses, se trata de una causa mundial. El gobierno mexicano debe entender que apoyarlo  puede ser una causa perdida y sobre todo una estrategia peligrosa para la paz en la región y en todo el orbe. Podemos ser aliados estratégicos de EU pero no de su administración actual.  En consecuencia, la causa de los migrantes, mexicanos y centroamericanos,  debe ponerse por encima de todos las demás y orientar las relaciones de nuestro país con Estados Unidos. A este personaje, un aprendiz de dictador y autócrata, y simpatizante de ellos, como dice la señora Albright, se le tiene que responder con la fuerza de la verdad y la defensa de la democracia y los derechos humanos como base de la diplomacia y la cooperación internacional. Ahora, antes de que un nuevo fascismo se consolide en el mundo.

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Un país de pobres pero distintos

Saúl Escobar Toledo

Al principio de su famosa novela, Ana Karenina, León Tolstoi escribió: “Las familias felices son todas iguales; las infelices lo son cada una a su manera”.

Revisando el estudio de CONEVAL (Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social) publicado recientemente, podría decirse de manera similar que México es un país compuesto, en su mayoría, de familias pobres, pero que éstas son distintas unas de otras pues las condiciones y razones de su exclusión social son diferentes.  

Según este organismo, sólo el 22.6% de la población es no pobre y no vulnerable, lo que haría a este grupo más o menos homogéneo con la excepción de un pequeño porcentaje de familias ricas y muy ricas. El resto está compuesto por personas pobres (43.6%) o vulnerables (26.8%). Esto quiere decir que hay familias que no tienen acceso suficiente, al menos, a una de estas carencias:  alimentación, vivienda, seguridad social o servicios de salud. Otras, en cambio, están privadas de todas ellas. Asimismo, algunas familias pueden recibir ingresos por debajo del bienestar mínimo (y por lo tanto no les alcanza para comprar los alimentos de la canasta básica) y otras reciben ingresos inferiores a la línea de bienestar (es decir, no ganan lo suficiente para adquirir los bienes y servicios básicos en los rubros antes señalados).

No sólo se trata de diferentes tipos de carencias y niveles de ingreso. También padecen exclusión en mayor o menor medida debido a su género, su edad, si se trabajan en el campo o en las ciudades, si son indígenas o no, y a la región en la que habitan.

Así, una persona tiene mayores posibilidades de ser pobre si es mujer, adulta mayor, realiza labores agrícolas, es indígena y vive en una región donde se concentran todas esas privaciones. Peor aún, si éste es el caso, también le será más difícil superar esas condiciones adversas y acceder a un mejor nivel de vida.

Concentremos la atención, por esta vez, en el nivel regional. Según CONEVAL, con datos actualizados hasta 2016, el porcentaje de personas que vivían en pobreza era mayor a la media nacional (43.6%) en 15 entidades.  Con base en lo anterior y tomando como criterio la proximidad geográfica, podemos dibujar una franja que abarca los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, y Campeche abarcando la costa del Pacifico y el Golfo, así como el centro sur.  Un territorio compuesto por 9 entidades.

Por su parte, el Programa Regional de Desarrollo Sursureste 2014-2018 del gobierno de Peña Nieto incluyó a todas estas entidades con la excepción de Michoacán y Morelos, pero sumó a Quintana Roo y Yucatán.

Si consideramos el conjunto de esos once estados, observamos que suman 25.5 millones de personas en pobreza, es decir el 48% del total nacional. Tomando en cuenta sólo las personas en extrema pobreza sumarían el 67% de todos los mexicanos que padecen esta condición.

Hay desde luego otras entidades donde los niveles de pobreza son elevados, sobre todo en el centro norte, pero podemos decir que las once entidades mencionadas forman una porción maciza y consistente del territorio nacional donde se concentra la exclusión social. No es la única, pero si la más importante. Dentro de esta franja hay ciudades prósperas y ramas industriales dinámicas y de exportación. Pero en su conjunto la población padece elevados índices de marginación y grandes carencias sociales.

Las diferencias se hacen más visibles si revisamos otras regiones. Los estados donde el número de pobres es, según los datos, proporcionalmente menor incluyen a:  Baja California Sur, Baja California, Sonora, Sinaloa Chihuahua, Nuevo León Aguascalientes, la Ciudad de México, Jalisco, y Querétaro: otras once entidades en donde podría decirse que se concentra la modernización y los niveles de vida más altos. Aquí también hay pobres, pero en un porcentaje relativamente menor que va del 14 al 31% según la entidad de que se trate.

El diagnóstico publicado en el Plan Sur Sureste puede aplicarse al conjunto de esta franja de la pobreza. A diferencia del resto del país, en estas entidades sus habitantes se encuentran dispersos en zonas rurales pues casi la mitad vive en localidades menores a 2,500 habitantes, mientras que a nivel nacional sólo lo hace el 28%. Salvo excepciones, aquí se presenta una insuficiente y deteriorada red carretera, ferroviaria, marítima y aeroportuaria. En una palabra, la infraestructura productiva es atrasada e insuficiente

Asimismo, existen pocos motores económicos o polos de desarrollo y éstos se reducen básicamente a la industria petrolera y el turismo. La agricultura, salvo algunas excepciones, también padece en general, de bajos niveles de desarrollo, compuesta por pequeños productores de baja rentabilidad. Predominan, en cambio, las ocupaciones de baja productividad. Los servicios financieros y el acceso al crédito son muy limitado.   No es entonces sorprendente que este conjunto de entidades tenga una baja participación en el PIB nacional: poco más del 20%, y que no existan suficientes empleos formales. De acuerdo con el IMSS, estos apenas representan el 17% del total nacional.

A todos los problemas mencionados, debe agregarse un acceso deficiente a las instituciones públicas sanitarias, así como bajos niveles de escolaridad. Lo mismo sucede con la vivienda y los servicios esenciales que requieren las familias.   En cobertura de agua y drenaje, por ejemplo, esta región se encuentra por debajo de la media nacional.

En síntesis, hay un patrón de desarrollo que ha convertido a esta región  en la menos productiva y la de mayor atraso:  de los 125 municipios de México con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH), 123 se encuentran en estas entidades. Y, sin embargo, cuentan con recursos naturales muy abundantes pues concentran más del 70% de la biodiversidad de América Septentrional. Pero ello no ha sido aprovechado para crear un mayor bienestar de la población residente y en cambio ha servido para financiar el desarrollo de otras regiones.

La franja de la pobreza, compuesta por esas once entidades, que abarca desde Michoacán hasta la península yucateca es el territorio más amplio y consistente del atraso económico y la exclusión social. El país, en su conjunto, no podrá alcanzar mejores niveles de desarrollo si esta situación persiste.  Aquí radica quizás el desafío mayor de nuestro presente. Hasta ahora, el modelo de crecimiento imperante ha favorecido principalmente a las industrias exportadoras de manufacturas, marginando al resto de las actividades productivas. Cambiar este patrón,  exigirá mayor inversión, sobre todo pública, en infraestructura, vivienda, educación y salud. Ello no puede reducirse a programas focalizados.  Se requiere un gran esfuerzo, planeado para varios años. Perpetuar la pobreza y el atraso de una franja tan vasta es ya insostenible. El próximo gobierno de la república tendrá que hacerse cargo de ello, o seguiremos viviendo en la ficción del crecimiento desigual, una apariencia que esconde el hecho de que millones de mexicanos no tengan posibilidades reales de acceder a una mejor calidad de vida debido, entre otras cosas, pero destacadamente, a que les tocó fincar su hogar, su familia y su trabajo, en este espacio de la geografía mexicana.

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El regreso del TPP
Saúl Escobar Toledo

Mientras cientos de miles de mujeres se manifestaban en el mundo para exigir igualdad y el fin de la violencia machista, ese mismo día,  8 de marzo, en Santiago de Chile, se firmaba el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés). En la foto oficial del acto, divulgada en todos los medios,  aparecen los representantes de los gobiernos participantes, once hombres, ni una sola mujer, sonrientes y tomados de las manos. Una desafortunada  coincidencia que mostraba que, en asuntos como el manejo de las economías y las negociaciones globales, las mujeres no participan o lo hacen todavía de manera muy escasa. Triste realidad que se confirmaba en el caso de la  anfitriona, la  presidenta de Chile, la única que quedaba en América Latina,  quien entregaría el poder a su sucesor, el señor Piñeira, pocos días después.
Aquel jueves, bajo un nuevo y pomposo nombre, se revivía el acuerdo de libre comercio llamado   TPP (Acuerdo Transpacífico o Trans-Pacific Partnership) pactado en febrero de 2016, pero ahora sin Estados Unidos. De esta manera, si antes había 12 socios, en esta ocasión sólo lo refrendaron Nueva Zelandia, Singapur, Chile, Brunei, Australia, Canadá, Japón, Malasia, México, Perú y Vietnam, por lo que también se le ha llamado el TPP 11. El Transpacífico entonces, no estaba muerto, andaba de parranda como dice la canción, y regresó a la vida sobe todo por el activismo diplomático del gobierno de Japón.
El Pacto se refrendaba además mientras el presidente Trump ordenaba la imposición de  nuevos aranceles a la importación de acero y aluminio a los EU, lo que puede desatar una guerra comercial mundial o al menos consolidar un fuerte giro proteccionista. No deja de resultar curioso, por decirlo de alguna manera, que si el gobierno de ese país, con Obama, impulsó el TPP original para contrarrestar el poder económico de China, apenas unos años después se pactaba otro similar para combatir la visión proteccionista del nuevo ocupante de la Casa Blanca (la de Washington, por supuesto).
Sin embargo, hoy como ayer, con o sin EU, el debate sobre este nuevo TPP tiene que ver con los beneficios del libre comercio sobre todo en materia laboral. Los apoyadores de estos pactos se basan en la teoría de que quitarle barreras a la circulación de mercancías y capitales destruye, pero también crea nuevas plazas de trabajo por lo que el nivel general de ocupación no resulta afectado. Pero para otros estudiosos del tema, entre los cuales destaca Jomo Sundaram, ex subsecretario general de las Naciones Unidas para el desarrollo económico, la expansión irrestricta de los mercados ha repercutido negativamente sobre los salarios y el empleo pues privilegia a los inversionistas e impone costos muy altos a los países, lo que repercute en muy dudosos beneficios para la población.
 El texto del TPP 11 es casi igual al anterior excepto en el caso de  20 cláusulas que quedan suspendidas, no abrogadas. Dentro de éstas, una de las más agresivas, protegía la propiedad intelectual de las industrias farmacéuticas bajo condiciones tales que se afectaban seriamente la producción local de medicamentos genéricos. También hubo cambios en lo que se refiere al mecanismo de solución de diferencias inversionista (como se le llama en la traducción oficial, poco clara, al español, del término ISDS, investor-state-dispute settlement) que tiene que ver con la posibilidad de que las empresas puedan demandar  a un gobierno en un tribunal extranjero si alegan que las regulaciones de ese país reducen sus ganancias esperadas.
En cambio, el capítulo laboral, quedó intacto. Expresamente, el texto señala que
“Cada Parte (es decir, cada país) adoptará y mantendrá en sus leyes y regulaciones, y en las prácticas que deriven de éstas, los siguientes derechos tal y como se establecen en la Declaración de la OIT:
(a) libertad de asociación y reconocimiento efectivo al derecho de contratación colectiva;
(b) la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;
(c) la abolición efectiva del trabajo infantil y la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y otras protecciones laborales para niños y menores de edad.
(d) la eliminación de la discriminación en materia de  empleo y  ocupación; y
(e) el establecimiento de condiciones aceptables en el trabajo en lo que respecta a salario mínimo, jornada de trabajo y seguridad y salud en el trabajo.
En otro apartado de este capítulo se expresa el compromiso de que cada país cuente con “tribunales imparciales e independientes para la aplicación de las leyes laborales” bajo  procedimientos que   deberán ser justos, equitativos y transparentes.
Hay un inciso sobre cooperación, entendida como el “mecanismo para la implementación efectiva” de los compromisos en materia laboral, que incluye a los sindicatos. Se establece, asimismo, la formación de un Consejo Laboral, a nivel ministerial, designado por  cada uno de los gobiernos participantes. Las funciones de este Consejo son, entre otras: orientar la cooperación laboral y revisar las quejas que se hagan llegar de un país a otro. De la misma manera, se llamará a formar, en cada país, un órgano “consultivo o asesor” para que los interesados “incluyendo representantes de las organizaciones laborales y empresariales”, puedan ofrecer sus puntos de vista sobre los asuntos relativos a este Capítulo.
Se prevé igualmente un mecanismo para tramitar quejas por violaciones a los derechos laborales que pasa por consultas  entre los países miembros  y que al final, en caso de que prevalezca el desacuerdo, podría terminar en el establecimiento de un panel que se regirá por las normas contenidas en el apartado sobre solución de controversias.
Una primera lectura puede dar  la impresión de que el TPP contiene fuertes mecanismos de protección para los trabajadores. En el caso mexicano, es imposible desligar la adhesión al viejo TPP cuando parecía cien por ciento segura la participación de EU, hace dos años, con las reformas constitucionales de febrero de 2017. En especial con la creación de tribunales laborales locales y federales adscritos al Poder Judicial, desapareciendo las Juntas de Conciliación y Arbitraje,  y la formación  de un órgano independiente encargado del registro de contratos y sindicatos.
Sin embargo, la experiencia derivada de otros tratados comerciales no ha sido tan buena como los postulados y promesas que están escritas en ellos. En los hechos ha sido muy difícil obtener resultados significativos. Las quejas y controversias tardan mucho en resolverse y al final no hay sanciones o medidas correctivas.
Con el nuevo TPP las cosas cambian, pero no mucho. Permanecen los riesgos de que se afecten a pequeños productores de diversos sectores económicos de México; de que más libre comercio no se traduzca en mejores condiciones de trabajo, salarios y empleos; y de que se trate de un acuerdo para beneficiar a las grandes corporaciones (ahora básicamente asiáticas y canadienses). Las cláusulas suspendidas y la ausencia de EU son, sin embargo, significativas. La presión es ahora mayor dada la posible ruptura del TLCAN y la necesidad de que nuestro país busque nuevos mercados en otros lugares del planeta.
En fin, que la resurrección del TTP, sólo con 11, será  un asunto muy complejo  que tendrá que discutirse en nuestro país. Una aprobación al vapor sería inaceptable. En medio de la campaña electoral, el tema parece  inoportuno, pero según lo firmado, el CPTTP entrará en vigor 60 días después de que al menos seis de los países signatarios notifiquen su ratificación. Los candidatos y partidos tendrán que manifestarse sobre el tema. Hacerse guajes no ayudará. Pero, sobre todo, las organizaciones de los trabajadores y la sociedad tienen que tomar en sus manos este debate. A pesar de la poca importancia que se le ha dado en los medios, no se trata de un asunto menor. Por el contrario, puede marcar el futuro de las relaciones laborales en nuestro país.
Twitter: #saulescoba