2025: un año difícil para los trabajadores mexicanos

Perspectivas del movimiento sindical: 2025, un año difícil Saúl Escobar Toledo Para tratar de imaginar cómo será el futuro inmediato, antes vale la pena hace un breve recuento del sexenio de AMLO y de las medidas aprobadas en la administración de la presidenta Sheinbaum en materia laboral. En este aspecto, vale la pena destacar que no se habían llevado a cabo reformas a la legislación del ramo y políticas favorables a los trabajadores desde 1982. El ejemplo más evidente de esa debacle fue el comportamiento del salario mínimo, el cual disminuyó hasta fines del siglo y luego se congeló hasta 2017. Perdió más de 75% de su valor adquisitivo y era uno de los más reducidos de América Latina. Lo anterior provocó una pobreza laboral muy profunda y extendida. En el sexenio de López Obrador los salarios mínimos aumentaron constantemente por encima de la inflación y alcanzaron un monto, en términos reales, de más del 100% en la mayor parte del país (en la frontera norte el incremento fue superior). También hay que mencionar la reforma 2017 – 2019 acerca de la democracia sindical, la contratación colectiva legítima y justicia laboral. Otros derechos colectivos enmendados fueron: la regulación de la subcontratación; el reparto de utilidades; un aumento de las semanas de vacaciones; la actualización de la tabla de enfermedades y riesgos profesionales; la regulación de trabajo en casa (teletrabajo); la incorporación de trabajadoras y trabajadores del hogar al IMSS; y la Ley Silla. En lo que toca al sistema de pensiones se realizaron dos reformas: la primera redujo las semanas de cotización y se aumentó la cuota patronal. La segunda creó un fondo para garantizar una pensión mínima para trabajadores de los apartados A y B. Además, se legisló un salario mínimo para las maestras y los maestros de tiempo completo de educación pública del nivel básico, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada permanente, y médicos y enfermeros. En lo que toca al aumento del salario mínimo general, se ha anunciado un aumento de 12% para 2025. Asimismo, en materia de igualdad entre los géneros, recientemente se aprobó una reforma constitucional para tratar de garantizar que, a trabajo igual salario igual, y hacer realidad el Convenio 190 de la OIT acerca de la eliminación de la violencia y acoso laboral. En este rubro, ya se había legislado la proporcionalidad en representación sindical entre hombres y mujeres. Sin embargo, han quedado pendientes dos asuntos importantes: la semana de 40 horas y la regulación trabajo de plataformas digitales. Si bien las reformas legales han sido favorables para los trabajadores, su implementación ha resultado muy ardua en algunos rubros. Por ejemplo, la democracia sindical y la participación de los trabajadores en la negociación de sus contratos colectivos no ha llegado a muchos trabajadores. Todavía subsisten viejos liderazgos antidemocráticos y contratos de protección patronal. Se trata de un fenómeno que, desde mi punto de vista, depende de varios factores. Uno de los principales, la permanencia de una cultura laboral que se distingue por la pasividad, el conformismo, e incluso el rechazo a la organización colectiva. Ello se explica, principalmente por la predominancia, con algunas excepciones, de un sindicalismo ficticio que engañó a los trabajadores durante varias décadas. Por su parte, la flamante justicia laboral, igualmente, ha enfrentado problemas. A pesar de todo, existe un panorama en el que podemos observar, todavía de manera incipiente, un sindicalismo más activo y un mejor ambiente para hacer valer los derechos laborales. Hay que agregar que algunas reformas legales han surtido efecto, como la regulación de la subcontratación, beneficiando a miles de trabajadores. Igualmente, se redujo la pobreza laboral y los ingresos de los trabajadores aumentaron. El salario base de cotización del IMSS a fines de octubre de este año era de 580.5 pesos diarios, un aumento de 9.2% respecto al año anterior. Por otro lado, sin embargo, hay que señalar que la estructura del mercado de trabajo no se ha modificado sustancialmente: más del 54% de las personas trabajadores laboran en la informalidad. En lo que toca a los trabajadores asalariados, el 42% no tiene acceso a las instituciones de salud; el 41% no tiene un contrato escrito; y un tercio carece de prestaciones laborales. Estos datos ofrecen un panorama abigarrado que podríamos resumir diciendo que ha ocurrido un cambio de tendencia, pero no una transformación estructural. O para decirlo en términos coloquiales, se mejoró el reparto del pastel, aunque éste sigue siendo el mismo. Los problemas de fondo, la informalidad y la existencia de empleos precarios y vulnerables, no se han resuelto. Revisemos ahora el momento actual. En 2024 se ha observado una caída tendencial de la creación de empleos y al mismo tiempo, según el Banco de México, las revisiones contractuales han conocido aumentos por encima de la inflación. Hay sin embargo una excepción notable: los incrementos salariales en el sector público han sido menores al aumento de los precios. Ha habido entonces un saldo negativo, en términos reales, de los salarios para este conjunto de trabajadores. Un factor determinante que explica la dinámica del empleo radica en el escaso crecimiento del conjunto de la economía. Durante el sexenio de AMLO el PIB creció apenas en 1%. Este año, se calcula en menos del 1.5%. Para 2025, el panorama está lleno de incertidumbres en buena medida por la situación mundial: las guerras regionales en Europa y en Medio Oriente, y la pugna entre Beijing y Washington. Así las cosas, no se ve con claridad la marcha de la economía mundial, en particular la de Estados Unidos, y por lo tanto si el llamado nearshoring, es decir, la relocalización de inversiones desde China para llevarlas a otras naciones como México, evolucionará en forma sostenida. Además, en el caso de nuestro país, se ha anunciado un ajuste presupuestal, es decir una reducción del gasto público lo que sin duda afectará el crecimiento y por lo tanto la creación de empleos. El 2025 podría complicarse por otras razones: los enredos de la reforma judicial; y sobre todo la permanencia de la violencia del crimen organizado en diversas partes del territorio nacional. Un elemento adicional que puede ensombrecer el panorama para 2025, surgió hace unos días con la elección de Trump para presidente de los Estados Unidos. Hay el temor de un viraje radical en los tres temas clave de la relación bilateral: la migración, el comercio y el combate al narcotráfico. ¿Hasta dónde llegarán las amenazas de Trump? Eso se verá a partir de enero del próximo año, pero es muy probable que existirán fuertes presiones contra México que afectarán la estabilidad económica del país. Como puede verse, el panorama nacional es especialmente complejo ya que depende de varios factores internacionales y domésticos. Lamentablemente, es probable que el sindicalismo tenga que enfrentar un año particularmente difícil por la situación económica; el posible freno o dosificación de nuevas reformas laborales; y las presiones de los empleadores para limitar los aumentos a los salarios contractuales. No obstante, el futuro puede ser más promisorio. Ello dependerá de la evolución de los acontecimientos y sobre todo de la movilización del sindicalismo; de su capacidad de interlocución con el Congreso y el Ejecutivo para presionar en favor de políticas y reformas laborales que mejoren la situación de los trabajadores; y de la decisión del gobierno para llamar a los trabajadores al diálogo, la participación y la toma de decisiones, sobre todo si se presenta una emergencia nacional debido a una grave confrontación con Estados Unidos. saulescobar.blogspot.com

Aumento salarios mínimos en México 2025

El aumento al salario mínimo para 2025 Saúl Escobar Toledo La Comisión Nacional de Salarios Mínimos anunció en días pasado que, a partir del 1 de enero del próximo año, el salario mínimo general se incrementará de 248.93 a 278.80 pesos diarios y en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) de 374.89 a 419.88 pesos diarios. Asimismo, los salarios mínimos profesionales, integrado por 61 profesiones, oficios y trabajos especiales, conocerá una subida, igualmente, de 12%. Estos aumentos serán mayores al incremento del índice general de precios al consumidor ocurrido este año, calculado en alrededor del 4.5%. Sin embargo, algunos bienes, como los productos agropecuarios, y el gas y la electricidad, presentan una elevación de casi 8%, lo que impactará a las familias de menores recursos. Según esta institución hasta octubre de este año el salario mínimo había perdido más del 5 por ciento su poder adquisitivo. Aun así, el aumento del 12 por ciento mejorará los ingresos laborales de los trabajadores que obtienen este ingreso y aumentará el consumo de las familias, lo que resulta significativo tomando en cuenta que para 2025 seguramente se aprobará un recorte del gasto público que tendrá efectos recesivos en la economía mexicana. Este porcentaje representa un aumento menor en comparación a los que se decretaron durante el sexenio pasado. Sin embargo, mantiene al salario mínimo en un nivel más de dos veces superior al que alcanzó en las décadas anteriores, cuando estuvo prácticamente congelado. El anuncio oficial señaló que el aumento al mínimo en la mayor parte de la república se compone de dos tramos: el MIR (Monto independiente de Recuperación) que se fijó en 12.85 pesos y un 6.5% adicional. Esta composición se ha interpretado como una forma de tratar de topar las revisiones contractuales. El gobierno ha reiterado, cada año que “el MIR…es un mecanismo cuya única finalidad es la recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos… una cantidad absoluta en pesos que no debe ser utilizada como referente para fijar otros salarios vigentes como los contractuales, federales, estatales, ni municipales”. No obstante, representantes de distintos sindicatos han señalado que estos topes realmente existen y se han convertido en un mecanismo de presión para los trabajadores y un índice para fijar los aumentos en el sector público. Sin duda, la existencia de dos tramos para determinar los salarios mínimos no es positiva para los trabajadores y además resulta confusa. Por ejemplo, para 2024 el MIR representó en pesos un aumento del 13.2% y el porcentaje extra fue del 6% dando un 20% total. En 2025, en cambio, el incremento en pesos representa un 5.16% y el porcentaje adicional es del 6.5% (dando un total de 12%). Es decir, en 2024 el MIR fue superior al porcentaje añadido y para el próximo año, al revés, el MIR será inferior. De esta manera, en 2024 el 6% se interpretó como supuesto tope a las revisiones contractuales, pero ahora surge la duda si se tratará de utilizar para este efecto el tramo que representa el MIR o el 6.5%. Todo esto refleja la necesidad de abandonar la división en dos tramos y anunciar simplemente un porcentaje único. Cabe agregar que, en 2024, las revisiones contractuales de los salarios no fueron parejas. Según el Banco de México, superaron la inflación en entre 5 y 1 por ciento. No obstante, en la industria manufacturera los incrementos rebasaron los ocho puntos porcentuales y en algunos casos llegaron al 12% en términos nominales. Por su lado, en las empresas del sector público, apenas llegaron al 5% o menos. En otras palabras, no hubo en este último sector una recuperación del poder adquisitivo de los salarios como efectivamente sucedió en el sector privado, particularmente en la industria manufacturera. A pesar de estas diferencias, la masa salarial (CONEVAL) ha seguido aumentando a precios constantes (base primer trimestre de 2020): para el tercer trimestre de 2024, respecto al primer trimestre de 2019, se incrementó en 33.77%. Este incremento resulta muy destacado y revela un cambio de tendencia en materia de salarios respecto a las décadas anteriores. Sólo como ejemplo, entre el primer trimestre de 2010 y el cuarto trimestre de 2017, la masa salarial se movió en un irrisorio 1.4%. El porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria también se redujo entre el cuarto trimestre de 2018 al tercero de 2024 del 40.7 por ciento al 35 por ciento. Sin duda, las reformas legales en materia laboral como la que tiene que ver con la democracia sindical y la contratación colectiva , y la regulación de la subcontratación, entre otras, ayudaron a mejorar el nivel de vida de los trabajadores. Este cambio de tendencia, sin embargo, no se ha traducido en una mudanza estructural. El 54 por ciento de la población ocupada se mantiene en la informalidad. Por su parte, en lo que toca solamente a los trabajadores subordinados y remunerados, el 42 por ciento no tenía acceso a las instituciones de salud y el 41 por ciento carecía de un contrato escrito. Además, aunque la tasa de desocupación abierta era del 2.7%, tomando en cuenta este porcentaje y la población no económicamente disponible (PNEAD es decir personas desocupadas que no buscaban un empleo, pero declararon que necesitaban un ingreso laboral) el total sumaba 15% (INEGI). Estas cifras reflejan la carencia de empleo para varios millones de mexicanos y, sobre todo, la exclusión por razones de género ya que la PNEAD incluye mayoritariamente a las mujeres, las cuales no salen a buscar una ocupación remunerada a pesar de que la necesitan por ocupar su tiempo en labores del hogar: principalmente, cuidado de infantes, personas de la tercera edad y enfermos; y limpieza y preparación de alimentos y vestido de los miembros de la familia. Asimismo, la brecha salarial en el trabajo remunerado entre ambos sexos aún se mantiene relativamente alta. Igualmente, hay que tomar en cuenta las profundas diferencias regionales ya que, lamentablemente, las entidades del sureste presentan un panorama muy diferente a las del centro norte del país. En resumen, el mercado de trabajo presenta los mismos los problemas estructurales que ha arrastrado durante décadas y al mismo tiempo ha ocurrido una disminución de la pobreza laboral y un aumento de la masa salarial. Dicho en palabras sencillas, el pastel se ha repartido mejor pero el guiso no ha cambiado sustancialmente. Los problemas de fondo, la informalidad y la existencia de empleos precarios y vulnerables, no se han resuelto. Además, para 2025, la expectativa es de un menor crecimiento, lo que presionará negativamente a los empleos y puede llevar a que las revisiones contractuales conozcan menores aumentos que en años anteriores (sobre todo 2023 y 2024). A la caída del gasto público habrá que agregar que el próximo año podría complicarse por otras razones: los enredos de la reforma judicial y destacadamente, la permanencia de la violencia del crimen organizado en diversas partes del territorio nacional. Un elemento adicional se refiere al “factor Trump” y la expectativa de un viraje radical particularmente en materia comercial, lo que dañaría a nuestra economía de manera severa. Como puede verse, el panorama nacional es especialmente complejo ya que depende de varios factores internacionales y domésticos. Lamentablemente, es probable que los trabajadores y sus representaciones sindicales tengan que enfrentar un año particularmente difícil. No obstante, el futuro puede ser más promisorio. Ello dependerá de la evolución de los acontecimientos y principalmente de la movilización del sindicalismo; de su capacidad para presionar en favor de políticas y reformas laborales que mejoren la situación de los trabajadores, por ejemplo, la semana de 40 horas; y de la decisión del gobierno para llamar a los trabajadores al diálogo, la participación y la toma de decisiones, especialmente si se presenta una emergencia nacional debido a una grave confrontación con Estados Unidos. saulescobar.blogspot.com

Los programas sociales en México y el ajuste presupuestal 2025

El ajuste presupuestal y los programas sociales en México Saúl Escobar Toledo América Latina no está pasando por una buena etapa en materia de crecimiento económico. De acuerdo con el estudio de la CEPAL “Panorama Social de América Latina y el Caribe 2024”, entre 2015 y 2024, la tasa anual de incremento del PIB de la región promedió solo un 0,9%, menos de la mitad (2,0%) que en la década perdida de los años ochenta. Resultado de ello, la creación de empleos, la pobreza y la desigualdad siguen siendo problemas aún por resolver. De esta manera dice la CEPAL, para enfrentar estos desafíos “es urgente fortalecer los sistemas de protección social en la región que sean universales, integrales, sostenibles y resilientes”. Desde el punto de vista de esta institución, los sistemas de protección social se componen de prestaciones contributivas y no contributivas. Los primeros suponen aportes de los empleadores, los trabajadores y del gobierno (como la seguridad social proporcionada por el IMSS y el ISSSTE). Los segundos, los no contributivos, se financian principalmente con recursos públicos (impuestos y otros ingresos del Estado) e incluyen fundamentalmente transferencias monetarias, subsidios y deducciones fiscales, la provisión de servicios, y las pensiones no contributivas (como el programa de adultos mayores de México). Según la investigación de la CEPAL, los programas sociales no contributivos han cobrado relevancia en América Latina debido a los persistentes niveles de pobreza en la región, la desigualdad y los altos niveles de informalidad laboral y empleos de baja calidad. La expansión de estos programas no contributivos ha sido notable en toda la región y se ha basado principalmente en dos: las transferencias (principalmente monetarias) condicionadas y los sistemas de pensiones no contributivos. Este último programa ha tenidos una cobertura cada vez más amplia. Si en el año 2000 apenas el 3.4% de la población se beneficiaba de esta pensión, en 2022, llegó al 31% de la población de 65 años y más y ha tenido buenos resultados: “La cobertura de los sistemas de pensiones no contributivos aumentó más de 27 puntos porcentuales entre las personas de 65 años y más en los últimos 20 años, período en el que la pobreza en esta misma población se redujo 14.3 puntos porcentuales…” Los programas sociales no contributivos han logrado reducir la pobreza y representan una fuente de ingresos muy importante para los hogares de menores recursos. Sin embargo, dice la CEPAL, no han sido tan efectivos como los ingresos en el mercado laboral: “en 8 de los 12 países que redujeron la pobreza en el período 2021-2023, los ingresos provenientes del trabajo asalariado fueron la principal fuerza que impulsó esta disminución”. No obstante, la CEPAL recomienda fortalecer los programas sociales no contributivos sobre todo en los grupos de la población que son más vulnerables: aquellos que se encuentran en los extremos de la vida, es decir, la infancia y la vejez. Y también sugiere una mayor articulación de estas medidas con las políticas educativas, de salud, de inclusión laboral y de cuidados. En resumen, en vista de que la expansión económica y la creación de empleos ha sido insuficiente, los gobiernos han optado por gastar más en los programas sociales no contributivos mediante transferencias monetarias a los hogares, principalmente las pensiones para los mayores de 65 años. Ello ha tenido resultados modestos pero tangibles en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, por lo cual se han se han convertido en una parte sustancial de la política social en la mayoría de los países de América Latina. México es un buen ejemplo de lo que ha sucedido en nuestra región. Según datos de José Casar, la economía mexicana apenas creció en promedio 1.7% entre 2000 y 2018, y menos del 1% entre 2018 y 2024. Por su parte, los programas sociales no contributivos de transferencias monetarias se expandieron notablemente en el sexenio anterior y han adquirido el rango de derechos constitucionales con lo que se trata de garantizar su universalidad. La Pensión para adultos mayores; para personas con discapacidad; las Becas Benito Juárez (que incluyen tres modalidades); Jóvenes Construyendo el futuro; y ahora la de apoyo a mujeres 60 a 64 años representan casi el 85% de los programas sociales prioritarios; hay que destacar que el de adultos mayores absorbe el 58%. Sin embargo, como sucede en la región en su conjunto, los recursos han sido escasos. En lo que toca a nuestro país, por el financiamiento de estos programas y aquellos dedicados a la inversión pública (como el Tren Maya, el canal interoceánico y la refinería Olmeca), sobre todo en los dos años anteriores, se causó un creciente déficit público que para 2025 ha llevado a un ajuste del presupuesto de magnitudes considerables. Así, cuando los recursos tienen que recortarse, la política social adoptada se traduce en la caída de las asignaciones previstas para 2025 a la inversión productiva (-11%) y a renglones como salud (-34% aunque aumentan IMSS Bienestar e ISSSTE) y educación (el presupuesto de la SEP tiene una caída del -1.7 % en términos reales); recorte a universidades (quizás con excepción de UNAM e IPN); y a la cultura con una caída del 30%. Este panorama nos obliga a reflexionar acerca de la conveniencia de lograr un mayor equilibrio entre las asignaciones que llegan a las personas en recursos materiales (escuelas, hospitales) y al desarrollo productivo ( carreteras, comunicaciones, puertos) y, por otro lado, las asignaciones que le llegan en efectivo. En el caso de los programas laborales, por ejemplo, para el PEF 2025, Jóvenes Construyendo el Futuro pasa de absorber el 84.6 del total de los recursos asignados para este año a la Secretaría del Trabajo, al 87% proyectado para el próximo. Hay, en cambio, una disminución en términos reales de programas como la inspección del trabajo (menos 13%). Por su parte, el Centro Federal de Conciliación Laboral y Registro Laboral verá reducidos sus recursos sustancialmente: la caída es superior al 35% en términos reales, es decir descontando la inflación. Como apunta la CEPAL, hay que fortalecer los programas sociales no contributivos, particularmente las transferencias monetarias, pero también encontrar un mejor equilibrio entre éstos y aquellos que ofrecen servicios indispensables para la población como educación, salud, vinculación laboral, el sistema de cuidados y la protección al medio ambiente. Asimismo, hay que encontrar un mejor reparto las transferencias monetarias que se ofrecen a los mayores de 65 años y aquellas que se destinan a la infancia. Ajustar el presupuesto de 2025 resultó ineludible para el gobierno federal. Se requería disminuir el déficit fiscal para garantizar la estabilidad económica, evitar un crecimiento de la inflación, y evitar una posible crisis en la balanza de pagos y en el pago de la deuda. Sin embargo, los recortes a las distintas dependencias y programas, nos deja una enseñanza: resulta necesario revisar las políticas públicas para que no sólo se ofrezca a la población dinero en efectivo sino, igualmente y de manera destacada, bienes y servicios indispensables que mejoren su calidad de vida. Más ingresos monetarios para las familias son necesarios, pero si no van acompañados de un fortalecimiento de otras políticas de protección social, esas entregas pierden eficacia y cuando mucho sirven para elevar el consumo de bienes finales, no necesariamente para mejorar el bienestar de las personas. Corremos el riesgo de monetizar la protección social al mismo tiempo que descuidamos la provisión de lo que realmente sirve para mejorar la existencia de las personas en el presente y en el futuro; en el caso de la política laboral, los servicios que pueden garantizar más y mejores empleos dignos. El equilibrio presupuestal y en las políticas públicas, entre los diferentes programas sociales no contributivos, es uno de los debates más importantes que tendremos que enfrentar en los próximos años. saulescoba.blosgspot.com

La presidencia de Trump y sus posibles efectos en materia laboral

El factor Trump y su posible impacto en materia laboral Saúl Escobar Toledo Desde que se confirmó la victoria del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, han corrido ríos de tinta tanto en publicaciones nacionales como extranjeras acerca de las medidas que tomará Trump una vez que tome posesión. Hay, sin embargo, una amplia coincidencia en que podría ocurrir un viraje radical en tres temas clave de la relación bilateral: la migración, el comercio y el combate al narcotráfico. Quizás habría que agregar otro más: un cambio drástico en materia de política laboral. Una de las amenazas más ominosas del próximo mandatario de la Casa Blanca se refiere a la expulsión inmediata de millones de trabajadores indocumentados. Fue, además, según se ha analizado, una promesa de campaña que le acarreó muchos votantes. No hay claridad acerca de la magnitud y los criterios para llevar a cabo esta deleznable tarea. Es dudoso que logre cumplir su amenaza de afectar a millones de trabajadores, pero es muy probable que se incline por imponer un conjunto de leyes y acciones que tengan como resultado expulsar a cientos de miles de ellos. Como quiera que sea, México podría recibir, contra su voluntad, un flujo considerable de personas expulsadas y verse obligado a frenar el tránsito de aquellas que desean llegar a Estados Unidos por nuestro territorio. También se afectarían las remesas de los trabajadores mexicanos las cuales representan alrededor del 3.5% del PIB mexicano. El comercio bilateral está, Igualmente, bajo amenaza. Los discursos de Trump antes de las elecciones insistieron en aplicar un arancel indiscriminado a las importaciones mexicanas si no se frena el flujo de personas y drogas. Muchos especialistas han señalado el daño que causaría una medida como ésta a la economía de los dos países. Por ello, es probable que más bien la utilizaría, como sucedió en su primer mandato, en mayo de 2019, como un mecanismo de negociación para obligar a que el gobierno mexicano tome ciertas medidas que en estos momentos es difícil precisar. Sin embargo, parece indudable que esas presiones existirán. Además, su doctrina basada en el nacionalismo económico, su marcada oposición a los acuerdos comerciales, y sus alianzas con magnates como Musk, se reflejarán en una reducción de impuestos a las empresas y a las personas de altos ingresos; y en medidas que alienten la inversión en ese país y desalienten las que se pretenden dirigir a México. También habrá probablemente severos cambios en la política de protección al medio ambiente y el impulso a las energías limpias. Lo cual afectará las ya alicaídas negociaciones y políticas concertadas a nivel mundial para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, lo que podría alterar los proyectos del gobierno de la presidenta Sheinbaum. Igualmente, se ha asegurado que las políticas de Trump podrían alentar la inflación en EU lo que motivaría un incremento en las tasas de interés que a su vez provocaría un menor flujo de dólares hacia como México. Todas estas medidas, de un modo u otro afectarán la economía mexicana. El llamado nearshoring es decir la relocalización de inversiones y empresas desde China hacia México, encontrarán obstáculos políticos que probablemente modificarán las decisiones de los inversionistas. No obstante, una vez más, es imposible saber la magnitud de este fenómeno. Ahora bien, en materia laboral, el TMEC, propuesto por Trump en su primer mandato incluía principalmente una serie de previsiones, sobre todo en las reglas de origen, para tratar de frenar, según el magnate, la fuga de empleos hacia México. Sin embargo, los demócratas, cuando ganaron la Cámara de Representantes en 2018, fortalecieron el TMEC con medidas más explícitas y severas en materia laboral lo que se reflejó en la creación de un nuevo instrumento, el Mecanismo de Respuesta Rápida (RRM por sus siglas en inglés) el cual fue aprobado por el Congreso en 2019. El Mecanismo permite al gobierno emprender acciones en México si considera que se están violando los derechos de sindicalización y negociación colectiva de los trabajadores en nuestro territorio. De esta manera se le pusieron dientes al TMEC para que las reformas laborales se aplicaran efectivamente en nuestro país. Así, con el apoyo de los dos partidos, el TMEC fue formalmente aprobado legalmente y el presidente Trump firmó el decreto en enero de 2020. No obstante, como sabemos, a fines de ese mismo año perdió su reelección y el presidente Biden tomo posesión en enero de 2021. Consecuente con las posiciones de su partido, en mayo, su gobierno presentó la primera queja por medio del RRM para que se examinara si en la planta de General Motors en Silao, Guanajuato se habían violado los derechos a la libre sindicalización y contratación colectiva. La queja fue aceptada y se repusieron los procedimientos. La CTM perdió la votación y nació un nuevo sindicato y una representación legítima de los trabajadores. Desde entonces y hasta ahora, se han presentado treinta quejas en este sentido en diversas empresas instaladas en México. De ahí que, resultado de una peculiar coincidencia, los cambios políticos en ambos países en 2016,2018 y 2020 se tradujeron en el establecimiento de un mecanismo especial para vigilar la aplicación de las normas laborales en México, el RRM. El propósito, hay que subrayarlo, es que los sindicatos mexicanos sean más activos en la defensa de los intereses de los trabajadores y se mejoren los salarios y las prestaciones contractuales. Todo ello pretendía demostrar que la nueva administración sería favorable para los trabajadores y los sindicatos en ambos lados de la frontera y, de esta manera, ganar la adhesión de la clase obrera de EU y sus organizaciones laborales. Con estas medidas, los demócratas intentaron establecer una política laboral pactada binacionalmente para proteger a los trabajadores mexicanos y también a los estadounidenses. No habría ya perdedores y surgiría una “prosperidad compartida” a nivel regional. El balance del TMEC está por hacerse; sin embargo, en lo que toca a la materia laboral, creo que tuvo algunos efectos positivos gracias a las quejas presentadas por el gobierno de Washington y aceptadas por México, lo cual ayudó a remediar las violaciones cometidas por algunas empresas en perjuicio de los trabajadores. Lo anterior ayudó a crear un ambiente más propicio para las reivindicaciones obreras. Así pues, es importante distinguir la política de Trump y la de Biden en esta materia. El primero buscó y seguramente intentará cuando asuma el cargo, frenar el comercio y la inversión de EU a México haciendo uso de diversos mecanismos, pero sin afectar los intereses de los grandes consorcios industriales. Por lo tanto, es probable que en los próximos meses y especialmente en 2026 cuando se revise formalmente el TMEC, los mecanismos laborales previstos en ese tratado, particularmente el RRM, dejen de operar o se congelen. Algunos empresarios ya han declarado que este mecanismo “es un mecanismo de extorsión para las empresas”. Si Trump decide eliminar esas medidas, los inversionistas estadounidenses ya no tendrán ninguna obligación laboral ni tendrán que rendir cuentas a Washington. Si a lo anterior agregamos que la evolución de la economía mexicana encontrará dificultades por razones internas, el panorama se vuelve sombrío para los trabajadores mexicanos o, por lo menos, más complicado. La creación de empleos será más lenta y los aumentos salariales menos cuantiosos. Desde luego, este panorama puede cambiar, lo que dependerá de la dinámica que adquieran los fenómenos mundiales y domésticos en los próximos meses. En cualquier caso, como afirmó un alto funcionario del gobierno chino recientemente, “siempre es mejor prepararse para lo peor”. Para ello, el gobierno de México requerirá, entre otras, cosas unificar a la nación bajo una estrategia común, la cual tendría que ser resultado del consenso, el diálogo y la inclusión social, especialmente con las organizaciones de los trabajadores. saulescobar.blogspot.com

Política laboral: el fomento y protección del empleo

Política laboral: más allá del salario mínimo En memoria de la maestra Ifigenia Martínez por sus enseñanzas y su generosidad. Publicado en El Sur, 10 de octubre de 2024 Saúl Escobar Toledo La política laboral en México ha olvidado, desde hace décadas, asuntos muy relevantes que tienen que ver con la protección y el fomento al empleo. Esto es, considero, lo más importante que puede desprenderse del documento publicado por CONEVAL titulado “Evaluación Integral de la Política Social Vinculada al Derecho al Trabajo 2023 - 2024.”(disponible en coneval.org.mx). De acuerdo con este reporte, la garantía del derecho al trabajo enfrenta once “retos” para hacerse efectiva. Entre ellos destacan en primer lugar, la informalidad laboral, dado que más de la mitad de la población ocupada trabaja en estas condiciones, lo que reduce “las oportunidades de acceder a la seguridad social y otras prestaciones asociadas al trabajo formal”. Otros problemas relevantes que tienen que ver con la calidad y protección al empleo, incluidos en el documento, son: la capacitación y formación para el trabajo; la intermediación y vinculación laboral; la protección del ingreso ante pérdida del empleo; y el trabajo infantil. En todos estos asuntos, no hay políticas gubernamentales para remediarlas o éstas han si parciales e insuficientes. En el caso de la informalidad laboral, CONEVAL afirma que “no hay un programa específico” para atender este reto, aunque se han elaborado programas que pueden ayudar a resolverlo como el destinado a las trabajadoras del hogar, las personas que realizan teletrabajo y las personas trabajadoras del campo. La recomendación del organismo de evaluación al Gobierno Federal consiste en desarrollar “una estrategia que incluya incentivos fiscales y financiamiento para micro y pequeñas empresas (pues emplean a la mayor proporción de personas trabajadoras)”. En lo que concierne a la capacitación, se considera que “la falta de desarrollo de habilidades laborales limita el crecimiento profesional y la estabilidad laboral” además de que afecta la productividad y el crecimiento económico del país. Aunque existen algunos programas relacionados con este asunto, el documento considera que tienen una cobertura limitada y recomienda “combinar las herramientas digitales con servicios presenciales...”; esto último requiere aumentar las oficinas regionales del Servicio Nacional de Empleo (SNE). También sugiere que el Gobierno Federal debe reforzar sus programas de formación laboral, ofreciendo capacitaciones que aumenten la productividad… y fomenten el desarrollo profesional tanto de empleados como de quienes buscan trabajo. Además, apoyos complementarios para beneficiarios de capacitación…” Por su parte en el rubro de la intermediación y vinculación laboral encuentra que es predominante “la búsqueda de empleo a través de medios informales… lo cual afecta el tipo de empleos a los que se puede acceder”. A pesar de la existencia de algunos programas como el PAE y Jóvenes Construyendo el Futuro, éstos han resultado insuficientes por lo que recomienda entre otras cosas “ofrecer servicios de intermediación laboral personalizada mediante la figura del Consejero del Empleo”. En lo que se refiere a la protección del ingreso ante pérdida de empleo, CONEVAL no identificó ningún programa, estrategia o reforma para enfrentar este problema a nivel federal. Su recomendación es enfática: diseñar e implementar “un seguro de desempleo, que tenga el objetivo de proveer un ingreso temporal a las personas trabajadoras que hayan perdido su empleo y estén en búsqueda de otro”(retomado la experiencia de este programa en la Ciudad de México) Finalmente, en lo que toca al trabajo infantil, el documento recalca que “es ilegal y expone a las infancias a condiciones laborales peligrosas y a ocupaciones no adecuadas”. Enfatiza que no se identificó ninguna oferta gubernamental… dedicada exclusivamente a erradicar el trabajo infantil. Sin embargo, sólo se limita a recomendar el fortalecimiento “de las estrategias de fiscalización” para identificar la presencia de este fenómeno. El documento analiza otros retos relacionados con el derecho al trabajo que tienen que ver con el ingreso laboral señalando que “más de un tercio de la población no puede cubrir la canasta alimentaria” aún con los aumentos otorgados al salario mínimo. También aborda otros temas relacionados con las condiciones de trabajo: especialmente la falta de acceso a la asistencia médica, pensión, vivienda, vacaciones y guarderías entre otras. Las brechas salariales merecen una recomendación : llevar a cabo políticas “contra la discriminación en el mercado laboral y en los centros de trabajo, acompañada de campañas de divulgación…”. CONEVAL explica, igualmente, que las jornadas laborales excesivas “afectan la salud y el bienestar de las personas trabajadoras y sus familias, además, generan riesgos de trabajo y la productividad”. Y considera que no hay una oferta gubernamental en este sentido. Su recomendación, no obstante, es limitada y en cierto sentido va en una dirección equivocada: establecer una estrategia que garantice “una remuneración justa por las horas trabajadas” y “asegurar el pago de las horas extras”. Curiosamente no recomienda la reducción de la jornada como ya lo sugirió la presidenta Sheinbaum. Otro reto se refiere a los contratos y la estabilidad laboral, la cual afecta especialmente a las personas trabajadoras en condiciones de informalidad, empleos temporales o subcontratadas. Y reconoce que se requiere fortalecer la fiscalización (se entiende que la inspección en los centros de trabajo) para “identificar omisiones e irregularidades” (por parte de los empleadores). No señala, sin embargo, que el propio gobierno federal es uno de los principales responsables de estas carencias. Un apartado muy incompleto trata de la “implementación deficiente de la justicia laboral y la falta de inspección”. La recomendación se limita a promover mecanismos para “fortalecer la negociación colectiva…” y omite, quizás por razones de su enfoque, una revisión crítica de la implementación de las reformas de 2019 y el funcionamiento de nuevas instituciones como los centros de conciliación y los juzgados en la materia adscrito al poder judicial. Además, el documento pasa por alto por lo menos otros dos “retos”: el sistema de pensiones contributivas administradas por empresas privadas que arrastra serios problemas de cobertura y escasas posibilidades de obtener una pensión (por la baja densidad de cotización) de muchos trabajadores. Tampoco se refiere a un problema fundamental: la salud en el trabajo, es decir, políticas para prevenir y remediar los riesgos laborales. A pesar de sus limitaciones, el documento tiene la virtud de hacer patente las áreas en las que las políticas públicas han sido insuficientes o en las que de plano no hay ninguna estrategia. Esto es más claro en el caso de los asuntos relacionados con el fomento y la protección al empleo y el trabajo infantil. De esta manera, las autoridades laborales a nivel federal pero también a nivel local, deberían tomar nota de estas ausencias y fallas. El anuncio de retomar la discusión de las cuarenta horas y otros como la “ley silla”, la seguridad social para trabajadores de plataformas digitales, la brecha de género, y el aumento del aguinaldo, resultan muy positivas. Sin embargo, no se ha anunciado nada, por ejemplo, acerca de la necesidad de un seguro de desempleo. Asimismo, se requiere, urgentemente, una evaluación de los programas para la intermediación, la vinculación, la capacitación y la formación laborales. Y definir claramente una estrategia para erradicar el trabajo infantil. Las políticas del gobierno federal no pueden omitir estos asuntos sobre todo en momentos en que se presentan dos factores aparentemente contradictorios: por un lado, la caída de la actividad económica y por lo tanto de la creación de empleos; y por otro, las anunciadas nuevas oportunidades de inversión por el “nearshoring”. Para abordar ambas cuestiones, las recomendaciones de CONEVAL y otras que pueden surgir de la discusión en el Congreso y que fueron omitidas en el documento, deben formar parte de la agenda legislativa. saulescobar.blogspot.com

Un balance de la reforma laboral 2017-2019

Las cuatro dimensiones de la reforma laboral Publicado en El Sur, 3 de septiembre de 2024 Saúl Escobar Toledo El fin del sexenio reclama un conjunto de revisiones de las políticas públicas, las enmiendas legales y sus resultados. Una de las más importantes y complejas se refiere a la reforma laboral de 2017 – 2019. Si bien los cambios constitucionales se llevaron a cabo en el sexenio anterior, las reformas a la Ley Federal del Trabajo y su implementación correspondieron al periodo del presidente López Obrador. Para tratar de analizar este asunto, propongo observarlo en diferentes planos: 1) La ley, es decir, el texto de las reformas; 2) Las instituciones encargadas de su implementación; 3) El entorno político y económico en que se aprobó y se ha puesto en práctica; y 4) la respuesta de los trabajadores mexicanos a dicha reforma. Cada una de estas dimensiones del análisis tiene características propias, pero al mismo tiempo están interrelacionados. De esta manera, si alguna se modifica, se puede alterar el conjunto. Sin embargo, es necesario discutir cada una de ellas en lo particular para después integrar el análisis y entender las posibilidades de una transformación de las relaciones laborales y el surgimiento de un nuevo movimiento sindical en México. Aquí un resumen de este examen: El texto de la ley. La reforma constitucional y las enmiendas a la LFT fueron propuestas por el presidente de la república en turno (Peña Nieto en 2017; y AMLO en 2019) y votadas por el Congreso de la Unión. No obstante, ambas fueron discutidas y aprobadas en un lapso relativamente breve. La participación de las organizaciones de trabajadores, abogados y especialistas fue escasa. Lo anterior fue resultado de las presiones internacionales para aprobar las reformas y paradójicamente de algunas presiones internas para no hacerlo. En lo que toca a las reformas a la LFT, el flamante gobierno de AMLO y los legisladores de MORENA seguramente pensaron que era el momento propicio para poner en los textos legales un conjunto de propuestas que se habían discutido al menos durante veinte años por abogados y sindicalistas democráticos; incluso fueron propuestas en la Cámara de Diputados varias veces por dirigentes de la UNT (pilotos y telefonistas) que habían sido electos como diputados bajo las siglas del PRD. A pesar de la premura, los textos aprobados tienen una virtud innegable: recogen la idea de un sindicalismo democrático y participativo, y la necesidad de una nueva justicia laboral suprimiendo las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Así, construyeron, en el papel, una realidad inédita, completamente nueva en el país. Las Instituciones. Las reformas crearon nuevas instituciones, particularmente el Centro de Conciliación Federal y los estatales; y los juzgados laborales del Poder Judicial. Ninguna de estas instituciones tenía antecedentes ni legales ni prácticos en la vida del país. Por ejemplo, los jueces laborales eran figuras completamente ajenas a la realidad y la normatividad legal de nuestro país. De esta manera, se habilitaron togados laborales prácticamente de un día para el otro. El resultado ha sido dispar, aunque parecería que ha privado la actuación de jueces que poco entienden de asuntos laborales, o interpretan mal su función, o francamente han decidido apoyar a las empresas. En cierto modo, lo anterior refleja la baja estima que el derecho laboral ha tenido en nuestra sociedad en las últimas décadas. Y es que los asuntos del trabajo dejaron de ser una preocupación del Estado mexicano: las relaciones obrero-patronales y los conflictos laborales fueron sometidos a una forma peculiar de regulación, basada en contratos de protección y sindicatos fantasma. Además, las instituciones laborales como la Comisión Nacional de Salarios Mínimos dejaron de funcionar en la práctica. Los incrementos se decidían en el Banco de México y la Secretaría de Hacienda. Por lo anterior, el Centro de Conciliación y los juzgados laborales empezaron a funcionar con profesionistas que no recibieron la preparación académica adecuada ni han tenido una práctica profesional ad hoc. Sin duda, se requiere una capacitación intensiva de nuevos funcionarios y un diálogo con las universidades del país para que actualicen y mejoren la preparación académica de sus alumnos, acorde con las nuevas instituciones. A pesar de todo, la implementación de la reforma en sus primeros años consistió en la desaparición de miles de contratos colectivos y sindicatos ficticios, lo que a mi modo de ver puede considerarse un gran logro ya que removió estos instrumentos que eran legales, pero al mismo tiempo un obstáculo para la organización libre de los trabajadores. El entorno político y social. Las reformas constitucionales y a la LFT fueron resultado de un conjunto de circunstancias históricas que se presentaron en corto tiempo y que propiciaron una situación inédita: la presión de los socios comerciales de un tratado que construyó EU para tratar de frenar la influencia de China; la sorpresiva derrota de los demócratas en las elecciones de 2016 en ese país frente a un candidato ajeno al establishment político; luego, el propio fracaso del personaje, Trump, para reelegirse; y la victoria de Biden, el cual tuvo que rehacer sus relaciones con los sindicatos y redefinir sus políticas públicas en materia de trabajo y economía. Uno de los resultados de estos cambios, fue el nuevo TMEC y su capítulo laboral. Por otro lado, ocurrió el triunfo de AMLO en las elecciones de 2018, lo que trajo una nueva política, sobre todo en materia de los salarios mínimos. Posteriormente, con la presión de EU, el gobierno presentó un proyecto de reformas a la LFT en materia de democracia sindical y justicia laboral. Esta sucesión de mudanzas reflejó algo más profundo. El mundo sufrió una transformación en la medida en que los gobiernos de los países desarrollados, principalmente EU, abandonaron el esquema del libre comercio para adoptar el del comercio regulado por razones políticas internas y su creciente pugna con China. En el caso de México, con el TMEC, dicho cambio se tradujo en que, ahora, el gobierno de EU vigila que las empresas multinacionales respeten los derechos de los trabajadores en México. Un fenómeno imposible de imaginar hace muy poco tiempo. El problema es que la integración económica con Estados Unidos ha sido afectada por los vaivenes de la política interna de nuestro vecino norteño. Las elecciones de noviembre y el triunfo de Trump podrían cambiar radicalmente la relación bilateral incluyendo los asuntos laborales. Así las cosas, el avance de la reforma laboral no depende exclusivamente de las políticas internas del gobierno de México. Sin embargo, la opinión de los trabajadores y sus organizaciones sindicales serán indispensable para la toma de decisiones del futuro gobierno de la presidenta Sheinbaum, sobre todo, si se presenta una grave confrontación con Estados Unidos. La respuesta de los trabajadores. La reforma laboral, como hemos expuesto, se construyó en una coyuntura excepcional. Por ello, los trabajadores han asimilado muy lentamente las oportunidades que abrieron los cambios ocurridos entre 2017-2019. A lo anterior hay que agregar la existencia de una “cultura” laboral que se fomentó durante décadas debido a la existencia de sindicatos ficticios o acostumbrados a pactar con las empresas dócilmente sin consultar a sus agremiados. También, con una política laboral que trató de mantener un mercado de trabajo controlado con bajos salarios, pobres condiciones de trabajo y cero conflictos. En este contexto, los sindicatos se convirtieron en organizaciones ajenas a los trabajadores, distantes de sus problemas cotidianos (sus condiciones de trabajo: accidentes, insalubridad, abusos patronales, impago de horas extras, inmovilidad del escalafón, etc.) e incapaces de proporcionar una mejoría de sus ingresos laborales. Bajo estas circunstancias, los trabajadores se acostumbraron a la inmovilidad, el conformismo e incluso el rechazo a la organización colectiva. Se generalizó la cultura de la resignación, el individualismo y la ignorancia de la Ley y las experiencias de lucha sindical. Cambiar esa cultura es indispensable para el avance de la reforma laboral. Para ello se requiere una acción concertada entre las organizaciones democráticas y el gobierno federal para difundir los derechos laborales. Pero también y, sobre todo, las organizaciones sindicales tienen que demostrar que son capaces de conquistar nuevos logros, como la semana de 40 horas. Asimismo, que pueden renovarse y abrir espacios para las nuevas generaciones. Y que la toma de decisiones colectivas debe ser un modo de vida cotidiano. En cualquier caso, debe quedar claro que la democratización de los sindicatos no dependerá de la voluntad de las autoridades laborales sino de la movilización de los trabajadores. La reforma laboral abrió un camino. Después de tantos años de silencio, la voz de los trabajadores empieza a escucharse. Para algunos débilmente, para otros con mayor claridad que en el pasado inmediato. Lo que parece innegable es que se ha iniciado una ruta de cambio. Ya veremos quienes se estacionan en el pasado y aquellos que apuestan al futuro. saulescobar.blogspot.com

México: los salarios se incrementaron entre 2023 y 2024

Aumentos salariales Publicado en El Sur, 21 de agosto de 2024 Saúl Escobar Toledo Según datos del IMSS, el salario promedio de los trabajadores afiliados a dicha institución aumentó 9.7% entre julio de 2023 y julio de este año (de 536.76 pesos a 588.71 pesos). Este incremento anual no fue parejo ya que las entidades en las que hubo alzas superiores al promedio fueron Tamaulipas, Zacatecas y Baja California. Al mismo tiempo, el salario más elevado se ubicó en Ciudad de México (725.15 pesos, 23% más elevado que el promedio); Baja California y Campeche. Siguen en esta lista los estados fronterizos del norte del país: Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, San Luis Potosí y Coahuila, además de Querétaro. Lamentablemente, los salarios más bajos se ubicaron en Hidalgo, Chiapas, Yucatán, Tlaxcala, Michoacán, Oaxaca y Guerrero. En esta última entidad el salario fue de 472.62 pesos, es decir 20% menor al promedio nacional. Por su lado, el salario mínimo sigue mostrando un aumento en términos reales en comparación a 2018 de más de 100% en la mayor parte del territorio y de más de 220% en la zona fronteriza. Y según INEGI, ha aumentado el número de trabajadores que ganan más de 1 SMD y hasta 2 SMD y ha disminuido aquellos que ganan hasta 1 SMD. El Banco de México presenta una información que muestra, igualmente, que ha habido alzas en los salarios, en este caso contractuales. Los incrementos nominales fueron de alrededor de 8.2% promedio entre abril y julio de este año. Tomando en cuenta la inflación de los últimos doce meses, el incremento real en ese mismo periodo sería de alrededor de 3.75%. Sin embargo, aquí también hay diferencias: las alzas en las revisiones más favorables para los trabajadores fueron en la industria manufacturera (un promedio de 9.6%) y en el conjunto de las empresas privadas (9.46% ), lo que contrasta con el reducido aumento en las empresas públicas que apenas alcanzó alrededor del 4.8% en promedio, es decir, la mitad de lo que obtuvieron los trabajadores que tienen contratos con las empresas privadas. Con base en estos datos puede afirmarse que este año, por lo menos hasta el séptimo mes, los trabajadores han recibido incrementos superiores a la inflación si consideramos el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) que se supone incluye la canasta de consumo de bienes más importantes para la población . No es tan favorable si se consideran los precios de algunos (no todos) alimentos como frutas y verduras frescas que han tenido un aumento de 23.55% (anual). Las cifras muestran, asimismo, agudas diferencias regionales. La brecha entre el sureste y el norte sigue siendo profunda a pesar de la inversión púbica en obras de infraestructura como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el corredor transístmico. Los trabajadores de la industria de exportación manufacturera cuyas empresas están ubicadas principalmente en la región que abarca de Querétaro hacia la frontera norte del país, seguramente están recibiendo mejores salarios contractuales. De no modificarse esta tendencia, en el futuro cercano, con el nearshoring, podríamos observar una desigualdad más aguda y que el mejoramiento de las condiciones laborales se concentre en un grupo relativamente estrecho de trabajadores. Por su parte, el caso de la Ciudad de México podría responder a que se ha convertido en un centro financiero muy importante para México y América Latina; una urbe que alberga destacadas instituciones de educación, cultura y salud; y un polo turístico con características diferentes a los destinos playeros. Aun con estas disparidades, creo que estamos observando una recuperación general de los salarios. Esta situación contrasta con el entorno económico, ya que el comportamiento del producto (PIB) en 2024 no ha sido alentador: diversas instituciones como el FMI o el Banco Mundial, pero también INEGI y Banxico, han previsto un menor ritmo de crecimiento que se calcula en 2% o menos. Claramente inferior al 3.2% del año pasado. Además, las expectativas para 2025 son aún más pesimistas debido a la probable reducción del déficit fiscal, la permanencia de tasas de interés aún elevadas (aún con los recortes) en México y en Estados Unidos y una desaceleración de la economía de nuestro vecino del norte. De la misma manera, el empleo tampoco muestra signos positivos. Aunque la tasa de desocupación abierta es reducida (2.8%), la cantidad de trabajadores que laboran en la informalidad ya sea por cuenta propia o al servicio de un patrón, sigue siendo elevada; hasta junio de este año incluía a casi 32 millones de personas (datos de INEGI). Además, el IMSS reportó que entre enero y julio de este año se dieron de alta 307 mil asegurados lo que se compara desfavorablemente con ese mismo lapso del año pasado que registró un aumento de plazas de trabajo de más de 512 mil personas. Lo anterior muestra una caída en lo que va del año de más del 40%, es decir, una tendencia francamente a la baja en el ritmo de creación de empleos formales registrados en el IMSS. Así las cosas, a pesar de un entorno económico poco propicio, los salarios están aumentando en términos reales. La explicación de este fenómeno quizás resida en que los sindicatos y los trabajadores (con o sin sindicato o contrato colectivo) están endureciendo sus posturas y logrando mejores incrementos en sus percepciones. Esto puede estar sucediendo gracias a la reforma laboral de 2017-2019 que propicia la democracia sindical y la revisión de los contratos colectivos con participación de los trabajadores. Y, asimismo, a una política laboral que ha dado lugar a otras reformas legales como la regulación de la subcontratación y diversas prestaciones. Desde luego, el balance de dicha reforma y de la política laboral del sexenio muestra serias fallas. Una de las más patentes es que la justicia laboral sigue siendo defectuosa. También hay que subrayar que la democracia sindical ha avanzado lentamente. Hay pocos sindicatos nuevos que han surgido gracias a la reforma; las centrales del viejo orden corporativo siguen siendo mayoritarias. Asimismo, el panorama en el sector público es desolador. No sólo, como hemos visto, porque las revisiones contractuales en las empresas públicas han sido miserables. A ello hay que agregar la política laboral en la administración federal: bajos salarios y contrataciones vulnerables (por tiempo determinado, sin contrato, sin seguridad social y sin afiliación sindical). Al parecer, priva la idea de que los empleados de la administración pública (apartado B) deben ser presa de la austeridad y sacrificar sus condiciones de trabajo. Aun tomando en cuenta estos problemas, podríamos estar observando un fortalecimiento del poder de negociación de los trabajadores particularmente en los que laboran en empresas privadas. Esta reanimación ocurre en momentos en que a nivel mundial también hay signos de un activismo sindical más pujante. Además, los mecanismos del T-MEC y las denuncias presentadas por el gobierno de Estados Unidos para reparar violaciones a los derechos laborales en empresas instaladas en México que ya suman más de veinte casos, igualmente, están influyendo en un mejor ambiente para los reclamos obreros. Por su lado, las directivas de algunos sindicatos afiliados a las centrales obreras como la CTM o la CROM han decidido negociar con las empresas menos dócilmente para evitar que sus afiliados salgan de sus filas y se incorporen a una organización más democrática. Este fenómeno apenas despunta. Todavía existen muchas empresas con contratos de protección patronal y directivas sindicales que logaron manipular las elecciones a las que están obligadas por la ley y permanecen en sus puestos. Por otra parte, la situación puede cambiar debido a un entorno económico más desfavorable, a una política laboral más conservadora, o a un endurecimiento de la administración patronal. El futuro del sindicalismo mexicano es todavía incierto, pero, por lo pronto, hay signos de vitalidad como no se conocieron en las décadas infames (1988-2018). saulescobar.blogspot.com