Acerca de Capital e Ideología de Thomas Piketty.

https://www.eltrimestreeconomico.com.mx/index.php/te/article/view/1313 Acerca de Capital e Ideología de Thomas Piketty. Reseña publicada en El Trimestre Económico no.351, julio-septiembre de 2021.

Un apunte de las elecciones del 6 de junio de 2021

Sumas, restas y pendientes: un breve recuento de las elecciones del 6 de junio Saúl Escobar Toledo Publicado en Brújula Ciudadana no. 129, mayo 2021. disponible en https://www.revistabrujula.org Para tratar de hacer un balance mínimo de los resultados de los comicios del domingo pasado, supongo que hay que partir de las ofertas básicas que ofrecieron, por un lado, el bloque opositor (PRI, PAN; PRD), y el oficialismo (Verde, PT y Morena) por el otro. Los primeros apuntaron que lo que estaba en juego era muy sencillo, consistía en optar entre la democracia y dictadura; los defensores del actual gobierno propusieron en cambio que los electores tendrían que decidir entre volver al pasado de corrupción o darle continuidad a los esfuerzos de la 4T para combatirla. Ambas propuestas eran bastante simples y no se presentaron proyectos más elaborados para enfrentar los problemas del país en materia de pobreza, crecimiento económico, violencia estructural, salud y educación. Desde este punto de vista, sin duda, la mayoría de los electores escogieron la alternativa “no más corrupción” y desdeñaron el argumento de que la democracia mexicana estaba en peligro bajo el mandato de AMLO. Así lo demuestran los triunfos de Morena en 11 gubernaturas y en varios congresos estatales ( en alrededor de otras ochos entidades). De acuerdo con lo anterior, no hay mucha cabida para la confusión: tanto el PRI como el PAN perdieron varios estados que gobernaban. Frente a la posibilidad de optar por “los corruptos de siempre” decidieron darles una oportunidad a otros candidatos. Tal fenómeno se puede extender a los casos de Nuevo León y San Luis Potosí. En realidad, sólo en Querétaro y Chihuahua ganó de nueva cuenta el PAN mientras que el PRI perdió todos los gobiernos estatales que antes estaban en sus manos. En el caso de las elecciones para diputados federales, la competencia entre “democracia o dictadura” o “no más corrupción” fue más pareja. La diferencia entre ambos bloques fue menor en términos de número de votos (43 vs 40%) pero en las diputaciones de mayoría relativa (distritales) la diferencia se amplía: 185 vs 108. Habrá que advertir que todas estas cifras y las que presentamos más adelante provienen del INE y son aproximadas, sujetas a rectificación por los órganos competentes y no incluyen a Movimiento Ciudadano, otros mini partidos y votos nulos. Según los resultados oficiales, la coalición Morena, PT, Verde tendrá mayoría absoluta en la Cámara de Diputados de manera holgada con un grupo que oscilará entre 275 y 280 legisladores, lo que le permitirá aprobar cambios en las leyes secundarias y los ingresos, egresos y deudas públicas. Así las cosas, el presidente y los partidos que lo apoyan tienen razones para estar satisfechos. Las pérdidas fueron relativamente menores y se mantuvo lo más importante: el control mayoritario de la CD. Resulta curioso que los medios y la oposición traten de apreciar los resultados electorales confundiendo, por ignorancia o mala fe, términos como mayoría simple, mayoría absoluta o mayoría calificada. Esta última, que significa más de 333 diputados, no la ha obtenido ningún partido o coalición desde 1988, cuando el control casi monopólico del PRI empezó a resquebrajarse. En 1991, por ejemplo, el PRI subió su votación de manera muy notable en comparación a 1988, pero en ese año obtuvo sólo 320 curules. Para llevar a cabo las reformas neoliberales y modificar la Constitución hizo alianza con el PAN. Desde entonces se elaboró el término PRIAN para distinguir esta nueva fase, caracterizada por el control político del legislativo a manos de estos dos partidos. Quienes afirman que fue un triunfo que la coalición de la 4T no ganara 334 diputados caen en el engaño, ya que tal cosa era prácticamente imposible. Esta falacia ha sido útil, sin embargo, para la propaganda del bloque opositor y ha servido para mentirle a sus seguidores. Lo que resulta curioso es que algunos comentaristas y “expertos” reproduzcan esta apreciación, un tanto descabellada. En este panorama general, que pude calificarse como positivo para el gobierno y sus aliados, destacan los resultados adversos de la Ciudad de México. En la capital, como se sabe, la oposición ganó 9 alcaldías de 16. En términos porcentuales también superó a la coalición Morena-PT-Verde: 45 vs 44%. Para entender estas derrotas, habrá que admitir que los electores le dieron a Morena una sopa de su propio chocolate: también dijeron “no más corrupción” y votaron en contra de sus candidatos por diversas razones que habrá que estudiar con más detenimiento. Desde mi punto de vista, el fenómeno tiene que ver con el accidente de la Línea 12 del Metro y la reacción del presidente y en menor medida de la Jefa de Gobierno. Ante la reacción de las autoridades, los ciudadanos detectaron una actitud cómplice, opaca y poco sensible con las víctimas. Sheinbaum tuvo que pagar un precio demasiado alto pues ha enfrentado, mejor que otros gobiernos estatales y la propia administración federal, la coyuntura pandémica y, en general, ha conducido de manera adecuada las riendas de gobierno del gran monstruo urbano. Otras razones que podrían explicar el retroceso electoral de Morena tienen que ver con la estructura del partido en la capital. Actuaron como 16 agrupaciones políticas; no se coordinaron; no tuvieron un plan ni un discurso común; se dice que hubo “fuego amigo” o traiciones internas para favorecer a candidatos rivales; y en algunos casos, los sufragantes identificaron a sus candidatos como “los mismos de siempre”. En lo que toca a los congresos, tanto federal como local, las pérdidas fueron relativamente menores pero significativas: en lo que toca al local, la coalición Morena, PT, Verde también tuvo un porcentaje menor de votos que la oposición, aunque ganó 19 de las 33 curules de mayoría relativa, lo que probablemente le asegure el control del Legislativo capitalino. En cuanto a las diputaciones federales, esta alianza ganó 12 y perdió 12. En este asunto, el presidente ha adoptado una explicación muy dudosa. Asumirse como víctimas de una campaña de desprestigio e incluso mencionar la portada de The Economist como prueba no resulta convincente. La pregunta obvia es por qué tal cosa no afectó su votación en otras partes del país, por ejemplo, en los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa (ganados por Morena) donde hay niveles educativos relativamente altos y la vinculación de las economías locales con Estados Unidos es mucho más evidente que en otras regiones de México. Tampoco parece razonable suponer que la división entre las alcaldías del oriente y del poniente resulte tan significativa como se pretende. Según esta narrativa, de un lado se concentran los ciudadanos más prósperos e informados, mientras del otros están los más pobres y laboralmente informales. Algunas caricaturas lo ponían así: en el occidente están los que pagan impuestos; del otro lado los que viven de los subsidios gubernamentales; de este lado los que tienen tarjetas de crédito, del otro los que sobreviven con la que otorga el gobierno a los adultos mayores. Tales apreciaciones no resisten un análisis más fino: varias delegaciones ganadas por la oposición, según CONEVAL se encuentran entre las que tenían un mayor porcentaje de familias en pobreza en 2015: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Tlalpan y Magdalena Contreras. A mi modo de ver se trata de una división pasajera que puede modificarse en las próximas elecciones. No es aquí entonces donde hay que encontrar la explicación de las derrotas de los partidos de la 4T. Finalmente habría que señalar que el futuro del bloque opositor y de los apoyadores de AMLO es incierto. De un lado, está claro que el partido fuerte es el PAN y es el que mejor refleja el sentir del electorado conservador. El PRI perdió varias posiciones y el Sol Azteca posiblemente se quede sin registro. Para afianzarse como cabeza y eje de la oposición, el PAN tendrá que fortalecer su perfil: no al aborto ni a las uniones del mismo sexo; separarse de otras demandas del feminismo; insistir en las banderas tradicionales de la democracia liberal (incluso si ello supone proteger a los acusados de corrupción de los sexenios anteriores); y, sobre todo, oponerse a una política económica que amplíe la protección social a los más pobres mediante transferencias en efectivo o medidas como el aumento del salario mínimo; restringir la intervención del Estado en la economía y abogar por el libre mercado; descartar una reforma fiscal progresiva (o apoyar una que afecte a los más pobres aumentando el IVA) y reprobar no sólo las obras de infraestructura actuales sino cualquier otro esfuerzo en este sentido. Por su parte, la coalición encabezada por Morena tendrá el acompañamiento obligado del Verde lo que puede resultar muy incómodo y hasta peligroso. El PT no representa ningún problema, pero tampoco ayuda mucho. Y el partido mayoritario difícilmente podrá aguantar, tal como está, sus guerras fratricidas, su pragmatismo a ultranza, y su ausencia de definiciones ideológicas y programáticas. El asunto de la Ciudad de México no podrá pasar inadvertido, como si nada hubiera sucedido. Además, su relación con el presidente y el gobierno le exigirá mayor disciplina pues los votos de cada legislador son ahora más importantes. Ello puede conducir a una mayor subordinación al Ejecutivo, pero también podría suceder que éste se decidiera por acelerar algunos cambios legislativos e incluso una reestructuración de sus acciones e integrantes. En este caso, MORENA también tendrá que ser parte de esas mudanzas. Recordemos también que la segunda parte de los sexenios han servido para preparar la transición hacia la nueva administración presidencial, en este caso, la que surgirá de los comicios de 2024, lo que elevará la tensión interna. En síntesis, en las elecciones del domingo, a pesar de que algunos resultados podrían apreciarse de manera contradictoria, hubo ganadores y perdedores Falló la estrategia de “Democracia o dictadura” y tuvo mayo éxito la de “No más corrupción”. Sin embargo, estas narrativas, una vez pasados los comicios, tendrán que formularse en ideas y propuestas más sustanciosas. Esa será la tarea más importante del PAN y Morena, cada uno por su lado, en los próximos meses. ¿Lo harán, o se conformarán con seguir navegando con discursos huecos y ataques mutuos, desconociendo las crudas realidades que sufre el país? saulescobar.blogspot.com

A cincuenta años del halconazo del 10 de junio: un testimonio

10 de junio: Ganar la calle Notas para el Seminario: a cincuenta años del halconazo, testimonios DEH- INAH, secretaria de Gobernación, INHERM Disponible YouTube Saúl Escobar Toledo El 10 de junio de 1971, en la página editorial de Excelsior, apareció un artículo firmado por el periodista y escritor Ricardo Garibay titulado “Ganar la calle; perder la pelea”. Transcribo algunos párrafos: “los líderes del movimiento del 68 han pedido, recomendado y exigido (quedarse dentro de las aulas estudiando) y han demostrado que ganar la calle ahora, precisamente ahora, es renunciar a algo que no se vio ni se pudo ver en 68: la necesidad, la oportunidad, la urgencia de prepararse a todas prisa para el ejercicio posible desde la Universidad… Ganar la calle es entrar en la dispersión, en la íntima distracción, en la no participación… en las tareas de esta colectividad que estamos siendo, haciendo, los mexicanos. Ganar la calle es posponer una vez más y no por un día sino por mucho tiempo otra vez el tiempo de estudio, el de la reflexión, la toma del poder por el espíritu. Es un acto de provocación gratuito y aberrante, porque hoy es cuando el gobierno, por primera vez en más de medio siglo, está buscando y propiciando la identidad entre la inteligencia, la juventud y el poder. Es buscar mañosa y suciamente la represión gubernamental que acarreará desprestigio y debilidad al gobierno… Es hacer el juego a los grupos de presión más indecentes que padece el país, los que acaban de perder … es volver a ofrecerles el país en bandeja de plata, listo para su hartazgo”. (fin de la cita) Por su parte, el editorial de Excelsior el 11 de junio condenó duramente la represión. Sin embargo, no pudo evitar que apareciera la siguiente frase: “El exceso represivo es tan condenable como la actitud de los manifestantes”. Años después, la revista Proceso, en su número del 20 de mayo de 2012, poco después del fallecimiento de Carlos Fuentes recordaba que: El aclamado escritor “fue uno de los intelectuales de los años setenta que… asumieron su adhesión al régimen al adoptar la frase Echeverría o el fascismo. Fernando Benítez, asesor del presidente, en entrevista con Proceso (807) en abril de 1992, respondió ante la posición asumida por el autor de “La región más transparente “y otras novelas memorables, que “Fue una expresión exacta… En ese momento la situación de México era muy grave y podía haber caído en un fascismo del que nos salvó Echeverría…” Posteriormente, hay que destacarlo también, en sus “Personales memorias del sexenio” (Proceso, 5), Ricardo Garibay narró su experiencia durante esos años. Desde noviembre de 1968, recordó, se propuso estar lo más cerca posible del poder para incidir “en bien de la nación” en las decisiones, y reconoció: “Nunca fui informado de nada importante, nunca se me consultó para nada (...) Me equivoqué (...) Me pasé de ingenuo. Comprobé a mi costa que la inteligencia no debe ni puede estar con el poder, sino enfrente del poder y contra el poder, para beneficio de ambos.” Por su parte, Fuentes, en un diálogo con el periodista James R. Fortson (publicado en 1973 en el libro Perspectivas mexicanas desde París), tras comparar a Echeverría con Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas, respondió a quienes criticaban su respaldo a Echeverría: “No acabamos de digerir nuestros traumas (...) Creo que en primer lugar el responsable único (del 2 de octubre de 1968) fue el presidente de la República de México. En segundo lugar, que en Tlatelolco intervino el Ejército por órdenes de la Presidencia y de la Defensa, no de Gobernación. Y, en tercer lugar, que aunque Echeverría hubiese sido 100% responsable del 68, no podemos hacer una política a base (sic) de la noción cristiana del pecado original y convertirnos en estatuas de sal mirando siempre hacia atrás...” En marzo de 1999, Fuentes explicó, igualmente a Proceso, (No. 1167) que no sólo él, sino otros escritores, como Fernando Benítez y Octavio Paz, habían creído en la llamada apertura democrática prometida por Echeverría, e insistió en considerar que existía realmente el temor de que el poder hubiera sido tomado por los militares” Con lo anterior quiero resaltar que el ambiente político antes y después de la represión del 10 de junio dividió a intelectuales, activistas y dirigentes de los movimientos sociales, incluyendo aquellos que se manifestaron dentro de las universidades. En el 68, también hubo críticas y condenas al movimiento por diversas personalidades, por ejemplo, Vicente Lombardo Toledano, considerado como uno de los marxistas más lúcidos del país y dirigente de la izquierda mexicana. No obstante, estos señalamientos provenían de personas y organizaciones ajenas al movimiento que nunca simpatizaron con él. En junio del 71, en cambio, las opiniones adversas acerca de la marcha del 10 de junio provinieron de escritores, periodistas, universitarios de distintas disciplinas que habían simpatizado y apoyado al movimiento estudiantil y su demanda por la democracia. Casi todos, después de ocurrida la masacre, condenaron la represión y pidieron el esclarecimiento de los hechos y una investigación especial sobre la existencia de los halcones. Otros profesores, periodistas e intelectuales, en cambio, reprobaron tajantemente al gobierno sin atenuantes. Lo que me interesa subrayar en esta plática es que el debate antes y después del 10 de junio de 1971 fue muy fuerte sobre todo en las escuelas del Poli y en la UNAM. En esos momentos yo era un activista del CL de la ENE; apoyé decididamente la convocatoria a la marcha; y participé con mi contingente ese día. Afortunadamente, salí ileso entre otras cosas porque pude refugiarme con (aproximadamente) otros veinte compañeros en una casa particular. Recuerdo muy bien que una señora nos abrió la puerta de su domicilio apurándonos para entrar. Estuvimos ahí refugiados varias horas hasta que la balacera terminó y decidimos salir uno por uno con gran sigilo. La generosidad y la valentía de la familia que nos protegió fue una muestra de la solidaridad popular con el movimiento estudiantil. Ahora bien, en lo que se refiere al debate interno, recuerdo que, ante la diversidad de puntos de vista, hubo largas reuniones de los Comités de Lucha de la UNAM y, en particular en el de Economía; asambleas generales de estudiantes y profesores muy tirantes en las que la discusión fue muy exhaustiva; e incluso debates en los salones de clase muy acalorados. Nuestra actividad, la de los integrantes del Comité de Lucha, fue muy intensa no sólo para difundir la manifestación sino especialmente para debatir las diferencias que afloraron. Al recordar estos momentos, debe quedar claro que mi intención no es poner en duda la calidad intelectual y artística de la obra de Fuentes, Garibay, o Benítez, etc. Tampoco juzgar sus posiciones políticas en ese momento o posteriormente. Lo que intentaré, más bien, es tratar de explicar por qué (algunos) partidarios de salir a la calle no dudamos de nuestra posición y explicar qué nos motivó a mantener la convocatoria a la marcha a pesar de la división de opiniones. En primer lugar, nos propusimos romper el cerco impuesto desde el 2 de octubre. Una valla de silencio, olvido e impunidad se había impuesto en la vida política del país. Este cerco se agudizó incluso por acontecimientos como el mundial de futbol de 1970. Ante ello queríamos retomar la calle para anunciar que el movimiento estudiantil mantenía sus reclamos y protestas frente a la antidemocracia, el autoritarismo y las mentiras del gobierno pretendiendo ocultar sus crímenes. Queríamos que se supiera que las cosas no habían cambiado y que había que seguir luchando por cambiar este país En segundo lugar, salir a la calle nos parecía necesario para que otros grupos inconformes también pudieran manifestarse. Y creo que así fue: en 1971 y, más claramente, después de ese año, hubo una gran ola de movimientos sociales campesinos, urbanos, y obreros. Uno de los mejores ejemplos fue la TD del SUTERM que inició sus movilizaciones en ese 1971; otras huelgas obreras se llevaron a cabo en distintas ramas económicas. Éstas empezaron a aumentar desde 1972 de manera muy clara. A ese período se le ha llamado, con razón, los años de la Insurgencia Obrera. Hubo también hubo rebeliones campesinas, tomas de tierras y el surgimiento de nuevas organizaciones en el campo y en la ciudad. En tercer lugar, queríamos salir a la calle porque no confiamos en la reforma que proclamaba el gobierno. El cambio de estrategia gubernamental con el arribo de Echeverría a la presidencia ha sido materia de numerosos ensayos. Podemos reconocer las intenciones de llevar a cabo una política económica más distributiva; impulsar la educación sobre todo superior (los CCH bajo la rectoría de la UNAM de González Casanova surgen en 1971); y una política exterior más progresista. Lo que no cambió, y esto es lo que me parece fundamental, fue la estrategia de aniquilar las oposiciones políticas y sociales. Tal cosa resultó muy evidente en la propia historia de la TD del SUTERM y muchos otros movimientos inconformes. Recordemos, además, que después del 71 se desató la llamada guerra sucia que incluyó una nueva modalidad represiva, las desapariciones de activistas, sospechosos de guerrilleros y militantes de grupos armados. Muchos de ellos, después de varias investigaciones independientes, se encontró que, en realidad, fueron activistas y dirigentes sociales. Un cuarto aspecto fue el ambiente general que se percibía en América Latina, en particular, debido al triunfo de Salvador Allende en las elecciones que se llevaron a cabo a finales de 1970. En 1971, su régimen estaba en plena marcha transformadora y sentíamos que, si bien resultaría muy difícil repetir en México un triunfo en las urnas como el de la UP, Chile representaba un brillante ejemplo de que el socialismo era una opción para AL. Nuestra admiración por Chile era muy grande: algunos recordarán incluso que la música y las canciones de Víctor Jara, Violeta Parra, Quilapayún, Inti Illimani se cantaban desde el 68 en casi todas nuestras reuniones. Poco se ha dicho de la relación entre la victoria de Allende y el 10 de junio, pero por lo menos para mí, según recuerdo, fue muy inspiradora. Finalmente, hay que recordar que fuimos un movimiento muy izquierdista y al mismo tiempo muy novedoso. El movimiento estudiantil mexicano no fue el único caso. En Europa, EU y otras partes de América Latina también surgieron expresiones de una nueva izquierda muy radical, muy joven y creativa desde los años sesenta y muy destacadamente en los 70´s. Aunque la comunicación era entonces mucho menos inmediata y accesible que ahora, nos enteramos de estas nuevas tendencias que aparecieron sobre todo en Europa. Esa nueva izquierda tuvo dos características: su rompimiento con la socialdemocracia y su alejamiento crítico con el marxismo soviético. En las universidades mexicanas, particularmente en la UNAM, esos vientos renovadores se observaban y estudiaban con mucho interés. Hubo un regreso a Marx, y a una lectura o relectura de sus textos que resultó en un enriquecimiento de las interpretaciones de la realidad mexicana, aunque también, a veces, se cayeron en nuevos dogmatismos. Ganar la calle el 10 de junio de 1971 no fue una simple calentura juvenil o producto de una falta de reflexión. Fue una respuesta pensada y discutida para continuar la lucha por la democracia y el cambio; y una reacción ante los nuevos tiempos que soplaron en AL y el mundo. Éste es mi testimonio. Gracias por su atención.

¿Hacia una nueva relación económica México - Estados Unidos - Canadá?

¿Es posible una nueva relación económica con Estados Unidos (y Canadá)? Saúl Escobar Toledo La visita de la vicepresidenta de Estados Unidos a nuestro país el pasado 8 de junio sirvió para atender diversos asuntos de la agenda bilateral. Los medios de comunicación le dieron importancia sobre todo a la cuestión migratoria pero la Sra. Harris le dio un lugar destacado, también, a la cuestión laboral. Y de ellos poco se ha hablado. En la reunión que celebró con dirigentes, activistas y expertos laborales, así como en su conferencia de prensa, la vicepresidente argumentó que su gobierno, es “uno de los más favorables para los trabajadores y los sindicatos en la historia de Estados Unidos” (pro workers, pro unions). Por ello, se comprometió públicamente a apoyar la organización de sindicatos y a la negociación colectiva tanto en EU como en México. Insistió en que en este aspecto hay coincidencia con la administración del presidente López Obrador y que esta visión aportará una mayor prosperidad económica y mejorará el nivel de vida de los trabajadores en ambas naciones. Argumentó, con cierta amplitud, las bondades de la unión sindical y la negociación colectiva ya que, dijo, ello da lugar a resultados “justos” para ambas partes, empleados y empleadores. Nuestro objetivo, agregó, es que la relación económica se “traduzca en empleo decente en ambos lados de la frontera”. Más adelante anunció una adición presupuestal de 130 millones de dólares para ayuda técnica y programas de apoyo para la implementación de la reforma laboral, y la erradicación del trabajo de niñas, niños y adolescentes. Esta ampliación se liga a 610 millones de dólares que ya se habían contemplado para esos mismos fines. De ellos, 100 millones se invertirán en los próximos seis meses. A lo anterior hay que agregar la posición de Canadá, el tercer socio del T-MEC que había anunciado por medio de su embajador en nuestro país, el 2 de junio, que su gobierno destinará 27 millones de dólares para programas que permitan cambios en las prácticas laborales, promover la reforma y su implementación. Es decir, dijo, para apoyar a los trabajadores mexicanos y la promoción de sindicatos democráticos. Las cosas no han quedado sólo en declaraciones y anuncios de financiamiento. Ya existen, por lo pronto, dos quejas por motivos laborales que han sido retomadas formalmente por el gobierno de Biden al más alto nivel bajo el mecanismo planteado por el T-MEC. Como dijo la representante comercial, Katherine Tai, encargada de presentar la denuncia, ahora se trata de “defender a los trabajadores en el país y en extranjero”. Una de ellas se refiere a un conflicto en la fábrica de autopartes Tridomex, ubicada en Matamoros, donde, aseguran, se afectaron seriamente los derechos laborales de negociación colectiva y libre asociación. La investigación está en curso y si se encontrara que, en efecto, hubo estas faltas, tendrían que repararse o, en su caso, aplicarse sanciones a la empresa que incluyen aranceles adicionales o prohibiciones a sus exportaciones. Hay que decir que esta empresa es una filial de Cardone Industries, con sede en Filadelfia, dedicada a la fabricación de autopartes. Se trata de un clásico ejemplo de una maquiladora en la que por muchos años se han cometido violaciones sistemáticas de los derechos laborales, lo que ha sido acompañado de la inexistencia de sindicatos representativos y contratos colectivos legítimos. Esta fue la segunda queja en un mes presentada formalmente por las autoridades estadounidenses. La primera fue contra una planta de General Motors, en la que laboran más de seis mil personas, ubicada en Silao, Guanajuato, debido a que se cometieron graves irregularidades en una votación que realizaban los trabajadores para legitimar el contrato colectivo, en manos, hasta ahora, de la CTM. El escándalo llegó incluso al Congreso; una comisión especial exigió a la empresa no entrometerse en los asuntos sindicales. El cambio en la orientación de las políticas comerciales y económicas de EU representa, al menos verbalmente, una mudanza muy significativa. Durante décadas Washington ha defendido a sus empresas e inversionistas a toda costa, apoyando medidas represivas, intervenciones directas de la CIA, y hasta acciones violentas contra gobiernos que han intentado ser, como dijo la Sra. Harris, favorables a los trabajadores y sus organizaciones. La administración estadounidense nunca había mostrado simpatía por los sindicatos y la defensa de la clase obrera frente a las arbitrariedades que cometen las filiales de los grandes consorcios manufactureros instaladas fuera de su territorio. Este giro se debe a un conjunto de razones, entre ellas la fuerte presión de los sindicatos. La vicepresidenta aludió claramente a esta situación cuando platicó con los laboristas mexicanos. Aparentemente, se ha abierto una brecha política en esa nación, en la que o bien se impone un gobierno con una línea progresista y pro laboral; o no queda sino la opción ultraconservadora de la derecha republicana cuya figura central sigue siendo Trump. Un centrismo al estilo Obama o Clinton no parece una buena alternativa en estos momentos. Sin embargo, no queda claro hasta donde podrá llegar la nueva orientación del gobierno Biden. Dentro de su propio partido hay resistencias a algunas de las nuevas orientaciones del presidente, como la reforma fiscal. En el caso de México, falta conocer cuál será la reacción de las empresas, las cuales, por lo pronto, ha negado su responsabilidad en la violación de derechos laborales. No podemos saber si los directivos aceptarán cambiar sus esquemas laborales y aceptar una negociación con los trabajadores en términos justos, como dijo la vicepresidenta, o seguirán buscando alargar el estado de cosas con diversas maniobras jurídicas. Podrían incluso decidir su salida de nuestro país y regresar a Estados Unidos, cosa que su gobierno, seguramente, vería con buenos ojos. A pesar de estas incertidumbres, de la crisis motivada por la pandemia a nivel mundial y de un escenario que pinta una recuperación lenta de nuestra economía, o precisamente para tratar de superar este escenario, se abre una oportunidad para que México se inserte en las relaciones con sus socios comerciales de una manera distinta, en la que la llamada “ventaja comparativa”, consistente en salarios muy reducidos y malas condiciones de trabajo, deje de jugar un papel tan relevante. Para ello, el gobierno de López Obrador no sólo deberá llevar a cabo una mayor vigilancia de las leyes laborales como lo están exigiendo sus socios comerciales. En el mediano plazo tendría que proponer un nuevo esquema de política industrial que permitiera atraer inversiones foráneas, al mismo tiempo que aumenten los salarios y las prestaciones contractuales. Para que ello suceda, y las empresas extranjeras no se retiren de nuestro territorio, el gobierno de México se vería obligado a ofrecer incentivos basados en una infraestructura más moderna; ofrecer una mejor calificación de la mano de obra; y mayores recursos destinados a la investigación y aplicación de la ciencia y la tecnología. Es decir, en lo fundamental, construir una nueva inserción de nuestro país en la globalización económica. En el mediano y largo plazo, una mejoría sostenida de los salarios y las condiciones laborales de los mexicanos tendría que surgir de un nuevo acuerdo con Estados Unidos y Canadá que, más allá de lo pactado en el T-MEC, abra nuevas formas de cooperación para el desarrollo. Un nuevo tipo de relación entre las empresas de capital extranjero y los trabajadores mexicanos con el apoyo de los gobiernos de las tres naciones tendría viabilidad sólo si descansa en un aumento sostenidos de la productividad. Y esto último requeriría un incremento muy relevante de la inversión basada en el cambio de tecnologías y los procesos de producción. Un cambio de esta magnitud requeriría tiempo y un ambiente político favorable la región norteamericana. Soplan vientos nuevos, pero no está claro si llegarán muy lejos. saulescobar.blogspot.com

La reforma fiscal y la cuarta transformación en México

El futuro de la 4T y la reforma fiscal Saúl Escobar Toledo Puede afirmarse que hay una opinión cada vez más extendida, entre diversos sectores de la academia, la política y las organizaciones ciudadanas, que sostiene que una reforma fiscal es indispensable para la reconstrucción del país. Recientemente acaba de salir a la luz un conjunto de estudios, editados por la Fundación Ebert (disponible en http://library.fes.de/pdf-files/bueros/mexiko/17774.pdf) en el que se plantean varios enfoques en torno a este asunto. En la presentación, los coordinadores del texto no dudan en afirmar que es imperiosa “la necesidad de aumentar los recursos disponibles del Estado para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la crisis desatada por el covid-19…” Y agregan que: ante la necesidad de urgentes inversiones públicas en el sistema de salud, la educación y la infraestructura y los programas de reactivación económica ante la crisis económica detonada por el covid-19, los ingresos públicos en México son cada vez más insuficientes”. El consenso apunta también a que la reforma fiscal debe ser progresiva y por lo tanto afectar principalmente al Impuesto sobre la Renta (ISR) y, en específico, el ISR a las personas físicas. Subrayan que este gravamen es por lo general el elemento central de la progresividad de los sistemas tributarios, ya que supone que las personas deben contribuir a los gastos colectivos de manera proporcionalmente mayor conforme disponen de ingresos superiores a los de los demás integrantes de la sociedad. Esta es una característica que no presentan la mayor parte de los impuestos al consumo (IVA; IEPS). Desde el punto de vista de la equidad, el ISR debe ser visto como una de las piezas centrales de una reforma fiscal relevante. Una reforma que afecte solo a la cúspide de la pirámide de la distribución del ingreso. El problema, precisan, no reside en las tasas máximas vigentes sino en sus tramos, es decir, la tasa más elevada se aplica a ingresos muy reducidos (10 968 pesos mensuales). Debido a esa estructura, el ISR castiga a las personas que obtienen ingresos inferiores y medios puesto que los más ricos pagan la misma tasa que aquellos. Otro elemento que cabe revisar para aumentar la recaudación del ISR y su potencial redistributivo son las deducciones: los beneficios fiscales por este concepto están altamente concentrados en los cuantiles más altos de la distribución de ingresos. José Casar, en esta misma colección de ensayos, señala que: La precariedad del sistema tributario ha tenido dos consecuencias graves. Por un lado, se ha convertido en un freno al crecimiento de la economía mexicana debido al colapso de la inversión pública, que se encuentra en sus niveles mínimos históricos como proporción del PIB y, por otra parte, el tamaño de los ingresos tributarios y su composición ha impedido que el sistema fiscal juegue el papel de corrección de la desigualdad que genera el mercado. Subraya que los datos disponibles muestran que, mientras la distribución del ingreso antes de impuestos en México no es muy distinta de la que se observa en el resto de los países de la OCDE y en varias economías latinoamericanas, la distribución del ingreso disponible después de impuestos y transferencias monetarias es notoriamente más desigual en México. De tal manera que el efecto de las imposiciones fiscales sobre la distribución del ingreso es “prácticamente nulo”. Por ello, afirma, que los pilares de una reforma fiscal significativa deberían consistir en aumentar la progresividad del ISR, lo que supone la creación de nuevos tramos que eleven las tasas en el extremo superior de la escala. Casar presenta un ejercicio con base en la estimación del ingreso que obtiene el 3% de los hogares más prósperos del país. De acuerdo con lo anterior, afirma que “es perfectamente factible obtener resultados satisfactorios en materia de ISR a las personas afectando solo a una minoría muy pequeña de la población, debido precisamente a que esa minoría acumula una proporción extraordinariamente alta del ingreso disponible de los hogares. El aumento de la recaudación equivaldría a casi 70% de la recaudación actual”. Algunos textos reunidos en la publicación que comentamos constatan que una reforma fiscal que elevara los impuestos a los más ricos y los redujera a los que ganan menos, sería apoyada de manera entusiasta por la población. Habría que agregar que la elevación de gravámenes a las personas más prósperas ha sido propuesta en otras latitudes. En Estados Unidos (según reveló el New York Times el 22 de abril) el presidente Biden está considerando proponer nuevos impuestos a lo que ganan más de un millón de dólares al año. En Argentina, se aprobó desde enero una “contribución extraordinaria” a la riqueza (es decir al patrimonio) que afecta a aproximadamente a unas 13 mil personas. También existen impuestos similares en Uruguay y Colombia; en Chile se ha abierto el debate en este mismo sentido. Thomas Piketty en su libro más reciente, Capital e Ideología (2019), afirma que: “El sistema tributario de una sociedad justa debería estar basado en tres grandes impuestos progresivos: sobre la propiedad, sobre las herencias y sobre la renta”. Y nos recuerda que: los impuestos progresivos desempeñaron un papel relevante para combatir las desigualdades durante el siglo XX, con tasas que durante décadas alcanzaron o superaron el 70-90 por ciento para los más ricos (particularmente en Estados Unidos y en el Reino Unido). Como sabemos estas políticas fiscales cambiaron radicalmente a partir de la década 1980-1990 y con ello aumentaron de manera acelerada las desigualdades en Europa, Estados Unidos, y en el mundo. A raíz de la crisis de 2007-2008 la inconformidad política con las desigualdades, el abandono social a los más vulnerables y la increíble riqueza acumulada por una pequeña minoría fue en aumento. La pandemia de 2020 y sus efectos en materia de pobreza y disrupción económica han hecho surgir de nuevo el tema de las desigualdades y las políticas fiscales. A tal punto que incluso el FMI propuso en su asamblea de primavera el pasado 7 de abril que: “las rentas altas y las compañías que han prosperado durante el coronavirus ―las grandes tecnológicas o algunas farmacéuticas, por ejemplo― deberían pagar impuestos adicionales en solidaridad con los más afectados por la pandemia” En México se ha iniciado la discusión no sólo en los medios académicos, sino también en algunas esferas políticas. Una comisión del Congreso, encabezada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar ha convocado a académicos, empresarios y legisladores de todos los partidos a discutir el tema fiscal. Sin embargo, la principal oposición se ubica en la presidencia de la república. No es éste el espacio para discutir las razones de su negativa, que puede derivar principalmente de razones políticas. Más bien importa subrayar sus consecuencias: si no hay una reforma fiscal progresiva en lo que resta del sexenio, afectando a los ingresos y el patrimonio de los más ricos y una disminución de las aportaciones de los que ganan menos, la 4T pagará un costo social, político y económico muy alto. No podrá cumplir con sus objetivos, no lo está haciendo, para evitar el crecimiento de la pobreza, ampliar la cobertura y calidad de la salud y la educación; tampoco para financiar obras de infraestructura suficientes para jalar la inversión privada y salir de la postración económica; y para demostrar su legitimidad como un gobierno que responde a los interés de los más desfavorecidos y no a los “fifís”, “machuchones”, o como quiera llamar a la oligarquía que ha dominado al país desde hace décadas. El asunto de una reforma fiscal progresiva no es un asunto menor o prescindible. Es una de las cuestiones vitales de nuestro tiempo. Sería la mejor apuesta para el futuro de México y para la continuidad de un régimen distinto, verdaderamente diferente, de los que han gobernado en el pasado reciente. saulescobar.blogspot.com

La negociación para regular la subcontratación

Regular la subcontratación tuvo un precio inusitado En memoria de Enrique De la Garza Toledo Saúl Escobar Toledo El martes 13, ayer, estaba previsto que se votara en el pleno de la Cámara de Diputados el dictamen sobre la subcontratación, casi al mismo tiempo en que redacto estas líneas para El Sur. El proyecto votado en las comisiones respectivas, y que seguramente ya no sufrirá alteraciones de fondo, es diferente a la iniciativa presidencial presentada en noviembre del año pasado, la cual provocó un gran revuelo en las representaciones empresariales. Por ello, se llevaron a cabo varios foros y pláticas sobre el tema y se abrió un periodo de negociación que culminó recientemente. Las modificaciones no alteran el contenido esencial de la propuesta del gobierno, defendido sobre todo por la secretaria Alcalde: se prohíbe la subcontratación mediante la cual una persona física o moral proporciona o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Hay, no obstante, algunos cambios de redacción que sirvieron para despejar malas interpretaciones. Ahora se señala con claridad que se permitirá la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la (empresa) beneficiaria. Ello ya estaba incluido en el documento de noviembre con una formulación distinta. Otra modificación, ésta si más delicada, consiste en que se autorizará la subcontratación de “los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo empresarial”. Esta modificación, me temo, especialmente por la inclusión de la palabra “compartidas”, puede dar lugar a litigios y a hacer más difícil la aplicación de la ley para evitar las simulaciones y engaños patronales. En realidad, la subcontratación entre empresas de un mismos consorcio o grupo empresarial se ha prestado a muchas trampas. Además, se relajan algunos trámites: en lugar de que la Secretaría del Trabajo autorice a las empresas que se dedican a la subcontratación, bastará con que ésta otorgue el registro de esas empresas. Es decir, se pasa de un acto de autoridad ex ante a otro ex post con el agravante de que la autoridad correspondiente tendrá un plazo muy corto para otorgar esos registros el cual, una vez vencido, si no hay respuesta, se dará por otorgado. De esta manera el gobierno tendrá que vigilar actos ilícitos que ya fueron cometidos en lugar de prevenirlos. Las nuevas disposiciones, a pesar de las cuestiones señaladas, evitarán, en muchos casos, la simulación de contratación de personal que llevan a cabo algunas empresas con el objeto de evadir sus responsabilidades laborales, principalmente la afiliación a la seguridad social, y la evasión de impuestos. Se espera que, cuando se pongan en vigencia estas leyes, en unos meses, se eleve el número de trabajadores afiliados al IMSS y aumente la recaudación fiscal por el pago, sobre todo, del Impuesto sobre la Renta. Habrá que observar si los controles contenidos en la reglamentación aprobada resultan efectivos para eliminar la suplantación patronal y frenar otros problemas como el despido injustificado, los contratos a tiempo parcial, la seguridad en el empleo, la contratación colectiva y la sindicalización, asuntos que dependerán de la vigilancia de los inspectores del trabajo, y sobre todo de la respuesta de los trabajadores y los sindicatos. Sin embargo, el dictamen presentado este año trae una sorpresa, una modificación intrusa: la reforma del artículo 127 de la LFT que regula el reparto de utilidades. Desde un punto de vista legislativo, es evidente que la regulación de la subcontratación no tiene que ver, directamente, con el reparto de utilidades. No obstante, como se anunció públicamente, ésta fue una concesión que exigieron las representaciones patronales para dar su aprobación a la iniciativa presidencial. Debido a ello, el reparto de utilidades tendrá un tope: su monto tendrá como límite máximo “tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años”. Vale la pena preguntarse a quién beneficia esta disposición. Mi hipótesis es que está destinada a aquellas empresas que tienen ganancias extraordinarias por su monto y porque son muy cuantiosas en relación con la cantidad de trabajadores empleados. Aunque el tema merece una investigación más acuciosa, cabe suponer que las empresas que pueden situarse en este supuesto son aquellas que, por diferentes razones obtienen un beneficio superior al promedio. Por ejemplo, las empresas mineras y extractivas privadas, ya que sus ganancias se obtienen no sólo por la explotación de la fuerza de trabajo sino también por la concesión exclusiva de los terrenos de los cuales extraen los recursos naturales (oro, plata, cobre, etc.). Otro tipo de negocios, como los que se dedican a actividades financieras o bancarias, pueden tener beneficios superiores debido al volumen y naturaleza de sus operaciones, las cuales se prestan a la especulación. Por su parte, las empresas que ofrecen servicios de tecnología digital (como las tres grandes, Microsoft, Google y Apple) son conocidas por sus fabulosas ganancias, las cuales obtienen de la comercialización, casi monopólica, de conocimientos y medios muy especializados. Algunas de estas empresas, de las ramas extractivas, bancarias o tecnológicas, son transnacionales que han declarado su domicilio legal en paraísos fiscales y pagan impuestos muy reducidos en esos territorios. Pero otras pueden o han sido sujetas de gravamen en México y del reparto de utilidades. En todo caso, estamos hablando de empresas muy poderosas, de capital extranjero y nacional, que han colocado a sus principales accionistas en los primeros lugares de los hombres más ricos no sólo de México sino del mundo. Si lo anterior es cierto, la negociación que dio por resultado la modificación al reparto de utilidades en un debate que originalmente versaba en torno a la subcontratación, significa dos cosas: la primera, que los representantes de las organizaciones patronales, principalmente el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y el Consejo Coordinador Empresarial, defendieron los intereses de los capitalistas más prósperos. Su verborrea, cuando hicieron una feroz campaña contra la iniciativa presidencial, alegando que defendían a las pequeñas y medianas empresas fue absolutamente demagógica. Y segundo, que el presidente prefirió otorgar esta concesión para sacar adelante su principal objetivo, regular el (mal llamado) outsourcing. ¿Quién gana y quién pierde? Es posible que varios cientos de miles de trabajadores puedan resultar beneficiados, sobre todo aquellos que actualmente son los más vulnerables y perciben los salarios más bajos del mercado. El gobierno también gana ya que aumentarán los pagos a la seguridad social y al ISR. Pero la tajada más sabrosa se la llevan los magnates nacionales y extranjeros que realmente controlan el poder de representación del conjunto de los empresarios y gozan de una enorme influencia política. Si a lo anteriormente dicho agregamos el regalazo que el gobierno dio a los grandes consorcios financieros cuando decidió mantener inalterado el sistema privado de pensiones (el de las Afores), se comprenderá que su afán reformador y su pragmatismo no ha podido rebasar (hasta ahora) ciertos límites. Aquellos que definen los intereses de un puñado de oligarcas. Eso podría explicar, así mismo, la renuencia oficial para emprender una reforma impositiva que afectaría a los super ricos y a las empresas más poderosas. Y, sin embargo, los tiempos cambian e incluso el presidente Biden de Estados Unidos y el FMI están proponiendo la aplicación de gravámenes que afectaría precisamente a los más acaudalados y a los grandes consorcios tecnológicos. El daño que ha causado la extrema desigualdad en el mundo está haciendo surgir nuevas orientaciones en materia de política económica. Ya veremos si algún día llegan a México. saulescobar.blogspot.com

El shock post-covid y el caso Colombia

El shock post-covid y el caso Colombia Saúl Escobar Toledo Desde el año pasado y, con mayor fuerza en este 2021, 500 organizaciones de 87 países y un número cada vez más amplio de académicos de distintas partes de mundo han dado la voz de alerta: está surgiendo un shock de austeridad fiscal post-pandémico. Según un estudio reciente elaborado por Isabel Ortiz y Matthew Cummins, patrocinado por seis organizaciones independientes, entre ellas, la Confederación Internacional de Sindicatos (disponible en https://policydialogue.org), este shock consistiría en una reducción del gasto público en una gran cantidad de naciones entre 2021 y al menos 2025 y a una escala mayor que en el pasado reciente. Por lo pronto, para este año se espera que 154 países y 159 en 2022, caerían en esta situación. La austeridad afectaría a 5 600 millones de personas, es decir el 75% de la población mundial y se elevaría a 6 mil 660 personas, el 85% de los habitantes del planeta en 2022. Basados en las proyecciones fiscales contenidas en el informe del FMI de octubre de 2020, el estudio señala que, si lo vemos por regiones, el 80% de los países de Oriente Medio; el 79% de el África al sur del Sahara; 76% de América Latina ;73% del sudeste de Asia; y 75% de Asia Oriental y el Pacífico han declarado su intención de imponer medidas de austeridad. En América Latina se calcula que 523 millones de personas serán afectadas en 2021 y 571 en 2022 para bajar luego a 398 en 2025. Es decir, el 81%; 88% y el 60% de la población en esos mismos años. Los autores se basan en el pasado reciente. Afirman que poco después del estallido de la crisis mundial de 2008 (la “Gran Recesión”), hubo una expansión fiscal que duró uno o dos años, pero posteriormente tuvieron que pagar la cuenta y aplicaron severas medidas de austeridad. En 2020, otra vez, se conocieron altos niveles de gasto en muchos países para enfrentar la crisis del COVID -19. Pero esto ha dejado déficits fiscales muy altos, así como pesados niveles de endeudamiento, por lo que se está entrando ya en otro periodo de austeridad fiscal. En este caso, el golpe parece más severo. La contracción del gasto en 2021 está calculada en un 3.3% del PIB y de un 1.7% adicional en 2022. Las medidas que se están tomando para reducir los gastos incluyen congelamiento de salarios; menores subsidios a los programas sociales; reformas al sistema de pensiones; flexibilización del trabajo; y, hay que poner mucha atención a este asunto, incrementos al Impuesto al Valor Agregado (IVA). En 2020, debido a las reclusiones y al cierre de actividades se calcula que la caída de la producción llegó a casi 6 billones de dólares; más de mil millones de empleos se perdieron y 275 millones de personas cayeron por debajo de la línea de la pobreza (de apenas 3 dólares al día). Como respuesta a ello, 166 gobiernos (casi 90% de la muestra) aumentaron su gasto en un 5.4% promedio del PIB y sólo 23 países lo redujeron. Sin embargo, en muy poco tiempo, apenas un año, y a pesar de la devastación causada por la pandemia, se pretende regresar a las políticas de austeridad. Estas medidas, en el pasado, han aumentado la pobreza y la desigualdad en particular en el caso de las mujeres. Al mismo tiempo, han alimentado también el descontento y la protesta social, según el estudio, en más de cien países. La austeridad es una mala política . Sólo medidas contracíclicas pueden llevar a una recuperación inclusiva y sustentable. Ante las nuevas medidas de recortes del gasto, las Naciones Unidas han advertido del peligro de otra década perdida para muchos países en desarrollo. La austeridad no es la única respuesta al problema. Algunas soluciones alternativas incluyen reformas fiscales progresistas en especial a los ingresos de la población más próspera, lo que podría dar lugar a una reducción del pago que hacen las clases medias y bajas; reestructurar las deudas (cosa que en parte se está haciendo aunque de manera muy limitada); eliminar los flujos financieros ilícitos: la evasión fiscal, el lavado de dinero, la corrupción la falsificación de facturas; y la salida de capitales a los paraísos fiscales; y usar las reservas en moneda extranjera de los bancos centrales para financiar el gasto público. Según el Secretario General de las Naciones Unidas, la lucha contra la austeridad debería conduciros a un Nuevo Pacto Social o Nuevo Acuerdo Global. Un consenso post- pandémico que remplazaría al Consenso de Washington. Este nuevo acuerdo se basaría en medir los impactos sociales para definir las políticas públicas, entre ellas: Beneficios a las familias y personas de acuerdo a su género, edad, grupos de ingresos, origen étnico y lugar de residencia (urbano o rural) Acceso a servicios de calidad de bienes y servicios esenciales como educación, salud, nutrición, protección social, agua y drenaje, y provisión de insumos para la agricultura Precios de los servicios y bienes básicos y revisión de los subsidios que se requieran agregar o cancelar Creación de empleos y una mayor formalización de la fuerza de trabajo Basado en este examen, no pueden sorprendernos demasiado los acontecimientos en Colombia. El gobierno, presionado sus finanzas públicas y la deuda contraída el año pasado, decidió proponer una reforma fiscal, pero exactamente en el sentido opuesto a las recomendaciones del escrito de Ortiz y Cummins. El gobierno pretendía extender el cobro del 19% del IVA a productos de consumo básico como los servicios públicos (agua, luz y gas), servicios funerarios, objetos electrónicos como computadores, y otros servicios hasta ahora exentos; y el cobro de impuesto a la renta a personas que ganen un sueldo mensual de más de US$663, en un país donde el salario mínimo es de US$234. Es decir recabar impuestos de los sectores situados en la parte inferior de la pirámide de los ingresos. La reforma del presidente Duque iba entonces a empobrecer a los más castigados por la pandemia, en un país que se caracteriza por sus grandes desigualdades. En 2019, mientras el 20% más rico de la población concentraba el 57% del ingreso total, el quintil más pobre apenas captaba el 3%, según datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Esos niveles de desigualdad se profundizaron durante la irrupción de la pandemia. La propuesta del presidente colombiano era, en realidad, una medida de austeridad extrema disfrazada de reforma tributaria. Debido a la protesta social, la propuesta fue retirada. Pero las manifestaciones de descontento no han cesado. A fines de abril se organizó un paro nacional que todavía sigue vigente. La respuesta del estado ha consistido en una violación masiva de los derechos humanos, incluyendo la acción de grupos paramilitares civiles que atacaron a grupos de manifestantes inermes. Colombia es entonces un buen ejemplo del shock post covid que se está gestando. De ahí la importancia del llamado de organizaciones y personalidades del mundo a oponerse a medidas de austeridad como las señaladas o a reformas fiscales que graven a los que menos tienen. Éstas no sólo son equivocadas para resarcir los gastos efectuados, sino que, además, echan gasolina al fuego de un gran malestar social generado por años de austeridad y más de doce meses de pandemia. Según la BBC, en las manifestaciones de protesta se han visto frases como ésta: “Si un pueblo sale a protestar en medio de una pandemia, es porque el gobierno es más peligroso que el virus". Lo mismo puede decirse de la austeridad que se está cocinando en diversas partes del mundo, incluyendo México. saulescobar.blogspot.com