El shock post-covid y el caso Colombia

El shock post-covid y el caso Colombia Saúl Escobar Toledo Desde el año pasado y, con mayor fuerza en este 2021, 500 organizaciones de 87 países y un número cada vez más amplio de académicos de distintas partes de mundo han dado la voz de alerta: está surgiendo un shock de austeridad fiscal post-pandémico. Según un estudio reciente elaborado por Isabel Ortiz y Matthew Cummins, patrocinado por seis organizaciones independientes, entre ellas, la Confederación Internacional de Sindicatos (disponible en https://policydialogue.org), este shock consistiría en una reducción del gasto público en una gran cantidad de naciones entre 2021 y al menos 2025 y a una escala mayor que en el pasado reciente. Por lo pronto, para este año se espera que 154 países y 159 en 2022, caerían en esta situación. La austeridad afectaría a 5 600 millones de personas, es decir el 75% de la población mundial y se elevaría a 6 mil 660 personas, el 85% de los habitantes del planeta en 2022. Basados en las proyecciones fiscales contenidas en el informe del FMI de octubre de 2020, el estudio señala que, si lo vemos por regiones, el 80% de los países de Oriente Medio; el 79% de el África al sur del Sahara; 76% de América Latina ;73% del sudeste de Asia; y 75% de Asia Oriental y el Pacífico han declarado su intención de imponer medidas de austeridad. En América Latina se calcula que 523 millones de personas serán afectadas en 2021 y 571 en 2022 para bajar luego a 398 en 2025. Es decir, el 81%; 88% y el 60% de la población en esos mismos años. Los autores se basan en el pasado reciente. Afirman que poco después del estallido de la crisis mundial de 2008 (la “Gran Recesión”), hubo una expansión fiscal que duró uno o dos años, pero posteriormente tuvieron que pagar la cuenta y aplicaron severas medidas de austeridad. En 2020, otra vez, se conocieron altos niveles de gasto en muchos países para enfrentar la crisis del COVID -19. Pero esto ha dejado déficits fiscales muy altos, así como pesados niveles de endeudamiento, por lo que se está entrando ya en otro periodo de austeridad fiscal. En este caso, el golpe parece más severo. La contracción del gasto en 2021 está calculada en un 3.3% del PIB y de un 1.7% adicional en 2022. Las medidas que se están tomando para reducir los gastos incluyen congelamiento de salarios; menores subsidios a los programas sociales; reformas al sistema de pensiones; flexibilización del trabajo; y, hay que poner mucha atención a este asunto, incrementos al Impuesto al Valor Agregado (IVA). En 2020, debido a las reclusiones y al cierre de actividades se calcula que la caída de la producción llegó a casi 6 billones de dólares; más de mil millones de empleos se perdieron y 275 millones de personas cayeron por debajo de la línea de la pobreza (de apenas 3 dólares al día). Como respuesta a ello, 166 gobiernos (casi 90% de la muestra) aumentaron su gasto en un 5.4% promedio del PIB y sólo 23 países lo redujeron. Sin embargo, en muy poco tiempo, apenas un año, y a pesar de la devastación causada por la pandemia, se pretende regresar a las políticas de austeridad. Estas medidas, en el pasado, han aumentado la pobreza y la desigualdad en particular en el caso de las mujeres. Al mismo tiempo, han alimentado también el descontento y la protesta social, según el estudio, en más de cien países. La austeridad es una mala política . Sólo medidas contracíclicas pueden llevar a una recuperación inclusiva y sustentable. Ante las nuevas medidas de recortes del gasto, las Naciones Unidas han advertido del peligro de otra década perdida para muchos países en desarrollo. La austeridad no es la única respuesta al problema. Algunas soluciones alternativas incluyen reformas fiscales progresistas en especial a los ingresos de la población más próspera, lo que podría dar lugar a una reducción del pago que hacen las clases medias y bajas; reestructurar las deudas (cosa que en parte se está haciendo aunque de manera muy limitada); eliminar los flujos financieros ilícitos: la evasión fiscal, el lavado de dinero, la corrupción la falsificación de facturas; y la salida de capitales a los paraísos fiscales; y usar las reservas en moneda extranjera de los bancos centrales para financiar el gasto público. Según el Secretario General de las Naciones Unidas, la lucha contra la austeridad debería conduciros a un Nuevo Pacto Social o Nuevo Acuerdo Global. Un consenso post- pandémico que remplazaría al Consenso de Washington. Este nuevo acuerdo se basaría en medir los impactos sociales para definir las políticas públicas, entre ellas: Beneficios a las familias y personas de acuerdo a su género, edad, grupos de ingresos, origen étnico y lugar de residencia (urbano o rural) Acceso a servicios de calidad de bienes y servicios esenciales como educación, salud, nutrición, protección social, agua y drenaje, y provisión de insumos para la agricultura Precios de los servicios y bienes básicos y revisión de los subsidios que se requieran agregar o cancelar Creación de empleos y una mayor formalización de la fuerza de trabajo Basado en este examen, no pueden sorprendernos demasiado los acontecimientos en Colombia. El gobierno, presionado sus finanzas públicas y la deuda contraída el año pasado, decidió proponer una reforma fiscal, pero exactamente en el sentido opuesto a las recomendaciones del escrito de Ortiz y Cummins. El gobierno pretendía extender el cobro del 19% del IVA a productos de consumo básico como los servicios públicos (agua, luz y gas), servicios funerarios, objetos electrónicos como computadores, y otros servicios hasta ahora exentos; y el cobro de impuesto a la renta a personas que ganen un sueldo mensual de más de US$663, en un país donde el salario mínimo es de US$234. Es decir recabar impuestos de los sectores situados en la parte inferior de la pirámide de los ingresos. La reforma del presidente Duque iba entonces a empobrecer a los más castigados por la pandemia, en un país que se caracteriza por sus grandes desigualdades. En 2019, mientras el 20% más rico de la población concentraba el 57% del ingreso total, el quintil más pobre apenas captaba el 3%, según datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Esos niveles de desigualdad se profundizaron durante la irrupción de la pandemia. La propuesta del presidente colombiano era, en realidad, una medida de austeridad extrema disfrazada de reforma tributaria. Debido a la protesta social, la propuesta fue retirada. Pero las manifestaciones de descontento no han cesado. A fines de abril se organizó un paro nacional que todavía sigue vigente. La respuesta del estado ha consistido en una violación masiva de los derechos humanos, incluyendo la acción de grupos paramilitares civiles que atacaron a grupos de manifestantes inermes. Colombia es entonces un buen ejemplo del shock post covid que se está gestando. De ahí la importancia del llamado de organizaciones y personalidades del mundo a oponerse a medidas de austeridad como las señaladas o a reformas fiscales que graven a los que menos tienen. Éstas no sólo son equivocadas para resarcir los gastos efectuados, sino que, además, echan gasolina al fuego de un gran malestar social generado por años de austeridad y más de doce meses de pandemia. Según la BBC, en las manifestaciones de protesta se han visto frases como ésta: “Si un pueblo sale a protestar en medio de una pandemia, es porque el gobierno es más peligroso que el virus". Lo mismo puede decirse de la austeridad que se está cocinando en diversas partes del mundo, incluyendo México. saulescobar.blogspot.com

Las trabajadoras de la maquila : testimonios

Testimonios de trabajadores de la maquila ante el COVID-19 Para Enrique González Rojo, amigo, compañero de luchas, admirable poeta y pensador marxista por Saúl Escobar Toledo Una pequeña compilación de testimonios, realizada por Blanca Velázquez Díaz y publicada por la Fundación Ebert (disponible en: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/mexiko/17328.pdf) da cuenta de la dura realidad por la que han atravesado a lo largo de estos últimos doce meses, las obreras de la maquila en el estado de Morelos. Sus palabras reflejan, seguramente, las vivencias de millones de trabajadores en distintas partes del país. En la publicación se advierte que las entrevistas se llevaron a cabo por teléfono a mediados de 2020; sus edades oscilan de 20 a 40 años; su nivel de escolaridad es primaria y secundaria; provienen del campo o de pequeñas comunidades urbanas donde hay muy pocas oportunidades de trabajo, por lo que se trasladan a las ciudades más grandes del Estado de Morelos, ahí donde las plantas maquiladoras se establecen para producir para las grandes marcas pertenecientes a consorcios internacionales. Sus condiciones laborales ya eran muy desfavorables: en el sector textil y concretamente en la rama de la confección, del vestido y del calzado, las personas trabajadoras laboran jornadas que rebasan las ocho horas diarias, tiempo en el que están sentadas permanentemente en sillas no diseñadas ergonómicamente, soportando temperaturas muy altas en lugares cerrados y con poca ventilación. La propagación del COVID-19 agravó las cosas. Principalmente, los patrones de las maquilas en Morelos no respetaron las recomendaciones oficiales y optaron por el despido de sus empleadas o recortaron la mitad de los salarios que percibían semanalmente. Por ejemplo, una trabajadora identificada como Lili dice que “La empresa me está pagando 280 pesos a la semana…” mientras que otra, Anita, señala que “Ahora estoy trabajando en una casa haciendo limpieza porque la verdad no me alcanza los $400 pesos que me está dando la fábrica”. Otras entrevistadas señalaron que han recibido la mitad de su salario. Vicky: “Al estar recibiendo solo la mitad del salario la situación es mala, qué va a ser de mi cobrando solo $400 pesos a la semana, está cañón, y la empresa nos tiene en espera, quién sabe cuándo volvamos a trabajar de manera normal…” Algunas más, un poco más afortunadas afirmaron que “Desde el día 3 de abril nos mandaron a descansar con salario base, que la verdad es muy poco, 833 pesos semanales…” También se dieron casos en que las trabajadoras decidieron dejar de laborar para no contagiarse, y fueron despedidas: Brenda: “…la empresa me eligió para seguir laborando los días de contingencia, pero vi que varias compañeras se fueron enfermas a sus casas con síntomas de COVID-19 y fue por eso que yo decidí no exponerme a el Coronavirus, entonces mi supervisor se enojó muchísimo conmigo por tomar esa decisión, pero yo estaba segura de que era lo correcto lo que había decidido, quedarme en casa y protegerme. Ahora estoy despedida, ya no fui llamada.” Casi todas confesaron pasar por una situación emocional muy tensa: Justina: “Pues fíjate que personalmente en el ámbito mental quiero tomar las cosas con calma, pero es un poco imposible cuando miro la televisión o las redes sociales, ya que están inundadas de lo que está sucediendo de la pandemia y de malas noticias, ya que han sido muy amarillistas al momento de informar yo creo que es por eso, por lo que a veces no puedo conciliar mi sueño…” Finalmente, las trabajadoras fueron cuestionadas acerca de las ayudas gubernamentales. Todas respondieron que no recibieron ningún apoyo de los gobiernos federal, estatal o municipal: María “No, al menos a mi nada, solo recuerdo que una vez el ayudante junto con el alcalde del municipio (Emiliano Zapata) estuvo repartiendo despensas, pero tenían un costo…” Vicky “¡Újule! nada, ni un vaso de agua…” Anita: “La verdad nada, por lo menos aquí en mi colonia no ha llegado ni una despensa. “ La autora de la compilación concluye que, de acuerdo con los testimonios recogidos, “Las mayores afectaciones (observadas) son los despidos injustificados… consumados en estos meses de emergencia sanitaria. La mayor preocupación de las y los trabajadores es cómo generar ingresos… ya que la situación actual del empleo se vislumbra cada vez más difícil. Su salud mental y emocional está en una tensión constante…, especialmente por los bajos recursos económicos para sacar adelante a sus familias; a ello se suma el temor que sienten por el posible contagio de COVID-19 al salir a las calles a buscar ingresos… Se suma a esta situación la doble y triple jornada laboral. La escuela en casa de sus hijos e hijas menores de edad les está generando muchas más horas de trabajo. El cuidado, especialmente de los hijos, sigue recayendo principalmente en las mujeres, solo por el hecho de serlo, con múltiples responsabilidades a cuestas y con poca o ninguna ayuda de sus parejas, situación que ha derivado en estrés, preocupación, ansiedad, e inseguridad, por mencionar algunas consecuencias” Otro dato importante se refiere al comportamiento de los sindicatos. De acuerdo con los testimonios recogidos, Blanca Velázquez asegura que en tiempos normales los sindicatos del ramo no defienden a “sus bases”; tampoco lo han hecho en tiempos de pandemia ya que acataron sin reparo las decisiones de las empresas y dejaron a las trabajadoras abandonadas a su suerte. Finalmente, el texto llama la atención acerca de la ausencia casi total del Estado mexicano ante esta situación, particularmente del gobierno federal. Con razón, concluye la autora de esta recopilación, que: “Los programas sociales que el gobierno federal ha promovido para sectores particulares, sobre todo vulnerables, se deben ampliar para los trabajadores y trabajadoras despedidas o cuando los patrones no cumplieron con el pago íntegro de los salarios. Consideramos que la creación extraordinaria de programas para las personas que fueron despedidas se debe impulsar de inmediato o en su defecto (legislar) un seguro de desempleo para paliar esta grave situación y capacitar a quienes lo requieran para poderse emplear en otros oficios o profesiones”. El olvido al que han sido relegados millones de asalariados ha tenido un alto costo social y se ha convertido en un obstáculo para la recuperación económica. Es difícil entender las razones que llevaron al gobierno a este descuido. Quizás esperaban que las empresas pagarían el total de los salarios correspondientes o que los despidos podrían solucionarse rápidamente. Sin embargo, era muy probable que no lo hicieran, como en efecto sucedió, debido al comportamiento de muchas empresas en las últimas décadas que ha consistido en la violación de las leyes laborales, y a la falta de sindicatos representativos, especialmente en la industria de la maquila. La ausencia de una política de protección a los trabajadores durante la pandemia parece obedecer más bien a un proyecto económico basado en recortes presupuestales y en un gasto público austero que no admite medidas de emergencia. Los testimonios recogidos en la publicación que comentamos dan cuenta de los lamentables efectos de estas decisiones. Esperar a que la economía de Estados Unidos sea el factor principal de la recuperación puede tener mayor o menor éxito en los próximos meses. Sin embargo, no va a corregir el daño causado a las familias de la clase obrera. Tampoco va a impulsar el empleo si no se acompaña de otras medidas, como el Seguro de Desempleo, y el aliento a la producción y al consumo interno. Las palabras de aflicción y dolor recogidas en esta publicación son un testimonio muy expresivo de lo que el Gobierno de la República pudo haber hecho (como en otros países e incluso en la Ciudad de México), y simplemente lo descartó. saulescobar.blogspot.com

La economía mexicana: ¿Cuánto tiempo durará la recesión?

La economía mexicana: la duración del ciclo Saúl Escobar Toledo El balance de la economía mexicana durante los últimos dos años no ha sido positivo. El INEGI acaba de informar que el PIB registró una reducción de 8.5 por ciento respecto a 2019 con cifras desestacionalizadas. En 2019, el producto ya había retrocedido, aunque en mucho menor medida, menos de un punto porcentual. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la economía mexicana lleva ya 6 trimestres de caídas (en comparación al año anterior). Tomando en cuenta la tasa de crecimiento de la población (1.2 por ciento anual), la caída del producto per cápita es cercana al 11 por ciento. Importa esta cifra porque da una idea más fiel del tamaño del precipicio en que caímos. Es necesario, además, tomar en cuenta los dos años, ya que lo que debe interesarnos es la amplitud del ciclo económico, es decir cuántos años va a durar la recesión. La duración del ciclo dependerá de varios factores: la prolongación de la pandemia; el comportamiento de la economía mundial; y los factores internos. En el primer caso, la incertidumbre sigue prevaleciendo: las campañas de vacunación ya están en marcha, pero avanzan a ritmos muy desiguales en los diferentes países y las regiones de México. Ello se debe, como se ha dicho, a que las patentes, la fabricación y la disposición de los medicamentos están muy concentradas en unas cuantas empresas. Hay países que no cuentan aún con una sola vacuna. Y, como han afirmado los organismos internacionales, mientras no todos estemos a salvo, nadie lo estará realmente. Por otra parte, el comercio internacional se ha recuperado. La caída fue muy severa en abril de 2020 (12 por ciento); sin embargo, tomando en cuenta el año completo, hubo un crecimiento positivo de 1.3% (según la Oficina de Análisis de Políticas Económicas de Holanda, disponible en cpb.nl). China fue el que dio el gran jalón al comercio mundial, mientras que en la zona de Norteamérica parece haber ocurrido una recuperación más lenta. En materia de inversiones, las cosas no pintan muy bien, sobre todo para los países en desarrollo como México; el problema más complicado reside en la posibilidad de una crisis financiera. El Banco Mundial señaló en enero de este año que, durante 2020, la proporción de la deuda pública en relación con el PIB en los mercados emergentes y en las economías en desarrollo, aumentó del 52 a casi el 61%. Faltaría agregar el aumento de la deuda privada que se multiplicó por cinco entre 2014 y 2019. Buena parte de estas deudas son externas, es decir, se contrataron en moneda extranjera. Todo ello indica que, a menos de que se tomen medida de alivio a nivel mundial, esta situación puede convertirse en un serio problema por las posibles moratorias de pagos. Si eso sucede, no importaría tanto el nivel de endeudamiento de tal o cual país pues la fuga de capitales, las devaluaciones y la escasez de nuevos financiamientos afectarían de manera generalizada a aquellas naciones que, como México, requieren de divisas (dólares) para cubrir sus importaciones, sus operaciones financieras y sus reservas monetarias. En cuanto a los factores internos, tenemos varios problemas para remontar la caída. Para entender mejor el asunto vale la pena revisar los distintos sectores de la economía. En primer lugar, el sector primario, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, creció durante 2019 y 2020, particularmente en el segundo semestre del año pasado. Esto indica que estamos lejos de una crisis alimentaria, lo cual es por supuesto una buena noticia. Es probable que, además, se hayan sustituido algunas importaciones. El problema es que este sector aporta muy poco al conjunto de la economía, apenas un 3.5 por ciento. En cambio, las actividades secundarias, cayeron 1.7 por ciento en 2019 y 10 por ciento en 2020. Destaca la industria de la construcción que ligó 6 trimestres a la baja. Las manufacturas, por su parte, han tenido una caída menos larga pero más intensa. Ello puede explicarse por la disrupción mundial, especialmente de la economía de EU, así como por la disminución del consumo final, en México, de algunos productos no alimenticios como ropa y automóviles. Una caída de las manufacturas afecta de manera especial a la masa salarial ya que en este sector se pagan los mejores salarios promedio de toda la economía: 1.5 veces más que en el conjunto del sector servicios. Finalmente, las actividades terciarias (servicios) tuvieron un índice de crecimiento negativo de 7.7 por ciento. Recordemos que aportan el 73 por ciento del empleo y más de dos tercios del producto total. Algunas ramas de este sector como los de esparcimiento culturales y deportivos retrocedieron en 54 por ciento; y los de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, 44 por ciento. En la medida que en que vaya mejorando la economía se puede esperar que algunas empresas salgan de su postración. Otras difícilmente los harán, sobre todo aquellas ligadas al turismo, dado que éste tardará varios años en recuperarse, con el agravante de que aportaba una buena cantidad de divisas. El efecto del T-MEC podría impulsar algunas ramas de la manufactura, pero aquí también priva la incertidumbre por los nuevos términos del tratado. En cualquier caso, muchos estudios han demostrado que la capacidad de arrastre de las manufacturas de exportación es muy limitada para el conjunto de la economía nacional. De esta manera, aun cuando la situación pudiera mejorar, ello no va a sacarnos de la crisis tan rápido como quisiéramos. En síntesis, la duración del ciclo depresivo de la economía mexicana no puede calcularse con precisión en estos momentos. Lo que puede afirmarse es que dependerá de un conjunto de decisiones políticas. Los gobiernos nacionales, principalmente los más desarrollados, pueden ayudar facilitando la fabricación de vacunas y aportando fondos (en Derechos Especiales de Giros, DEGs) para que las instituciones multilaterales como el FMI y el Banco Mundial aporten recursos para aliviar el peso de las deudas y para los programas sanitarios y de desarrollo. Hasta ahora, poco se ha hecho en este sentido. Por otro lado, se requiere un acuerdo entre los tres países del T-MEC para que las cláusulas laborales y de medio ambiente no se conviertan en un factor adverso para el crecimiento. Un programa de desarrollo que incluya a los países centroamericanos y que permitan a México evolucionar de un país maquilador a una economía exportadora que produzca bienes con una tecnología más elevada, con insumos adquiridos dentro del país y con mejores salarios. Finalmente, el impulso a la producción doméstica es indispensable. La rama de la construcción, principalmente para obras de infraestructura, es un campo de acción que requiere financiamiento público y privado, pero éste último difícilmente se incrementará si el gasto gubernamental no lo dirige con proyectos y financiamientos nuevos (adicionales a los que ya existen). En el caso de los servicios, el salvamento de las micro y pequeñas empresas es indispensable; de igual manera, se necesitará reciclar la mano de obra que trabajaba en sectores como el turismo para que se coloque en otras ramas económicas con mejores perspectivas, mediante programas de calificación y adiestramiento, de preferencia en proyectos locales verdes (reforestación, energías limpias, reciclamiento de materiales contaminantes, limpieza de ríos y basureros a cielo abierto, etc.). Gastos adicionales para las personas (especialmente mujeres) afectadas por el paro de labores en la economía formal e informal ayudarían a combatir la pobreza y a elevar los niveles de consumo. Las decisiones políticas enumeradas (y otras no mencionadas) se van a tomar en un sentido u otro. Nada va a suceder por las leyes naturales del mercado. La exigencia ciudadana jugará un papel fundamental para presionar a sus gobiernos y acortar el ciclo económico. Si los responsables de conducir las instituciones no responden, los años de penuria económica serán más largos, así como el tamaño de la crisis política y social. saulescobar.blogspot.com

El aumento a los salarios mínimos en Estados Unidos y posibles repercusiones para México

La propuesta de aumentar el salario mínimo en EU (y sus implicaciones para México) Saúl Escobar Toledo El Instituto de Política Económica de Estados Unidos (EPI) publicó recientemente una nota informativa (disponible en https://www.epi.org) en la que da cuenta de los beneficios que aportaría un aumento al salario mínimo federal en ese país. También muestra la dimensión de la pobreza laboral existente en la nación más rica del mundo. La iniciativa fue lanzada por el presidente Biden y se encuentra a discusión en el Congreso como respuesta a las presiones de los sindicatos y del ala más progresista del partido Demócrata. Consiste en un incremento gradual que pasaría esta percepción de 7.25 (vigente) a 9.50 este año y hasta 15 dólares por hora en 2025. A partir de ese momento, el mínimo se ajustaría anualmente de acuerdo con el crecimiento de los salarios medios. La propuesta forma parte del paquete de reanimación de 1.9 billones de dólares diseñado por la nueva administración. La mayoría demócrata votó en la Cámara de Representantes en 2019 a favor del aumento salarial y ahora esperan que el senado se pronuncie en este mismo sentido, pero no todos coinciden. Un par de legisladores demócratas y varios republicanos han dado una opinión desfavorable. La oficina del presupuesto del Congreso ha calculado una pérdida de 1.4 millones de empleos; sin embargo, al mismo tiempo, reconoce que más de 900 mil personas saldrían de la pobreza. El impacto negativo no es compartido por todos los economistas quienes consideran que un mayor poder de compra alentará la creación de plazas de trabajo como ya ha sucedido en aquellos estados que decidieron incrementar esta percepción. La crisis del Coronavirus ha polarizado el debate. Los que están a favor consideran que la medida es más necesaria en las circunstancias actuales para resarcir los daños causados por la disrupción económica, mientras que los opositores afirman que afectaría a las empresas que están haciendo esfuerzos por recuperarse. El EPI, por su parte, considera que la medida es necesaria, ya que el salario mínimo federal no ha aumentado desde 2009. Entre otros beneficios el EPI considera que desaparecería el llamado sub-mínimo establecido para trabajadores que reciben propinas (en cafeterías, bares y restaurantes) que se congeló en 2.13 dólares la hora desde 1991. Además, según sus cálculos, 32 millones de trabajadores, el 21% de la fuerza de trabajo estadounidense, se vería beneficiada en 2025. La mayoría de éstos (59%) tienen actualmente un ingreso familiar por debajo de la línea de la pobreza. Recalcan que el incremento será especialmente beneficioso para los trabajadores “de color” y las mujeres, pues el 31% de los afroamericanos y el 26% de los latinos ganan actualmente menos de 25 dólares por hora, al igual que el 23% de las mujeres pertenecientes a estos grupos raciales. Según sus estadísticas, “los trabajadores afroamericanos y latinos reciben un salario entre 10 y 15% menor que los trabajadores blancos que realizan tareas similares”. Por ello, la iniciativa podría acortar las brechas raciales y de género. Además, señala el estudio, las percepciones más bajas se concentran en trabajadores de la educación; en el sector de la salud, enfermeras y enfermeros en hospitales, clínicas y en hogares; y en trabajadores del comercio al menudeo. El informe agrega que un número cada vez mayor de estados y ciudades ya adoptaron un aumento al salario mínimo gracias a la lucha de trabajadores negros y latinos, y a las huelgas de los trabajadores de comida rápidas desde 2012. Diez estados entre ellos California, Florida, Nueva York y el Distrito de Columbia, aprobaron aumentarlo a 15 dólares a partir de enero de este año. Otros nueve, como Washington, Arizona y Nuevo México lo fijaron entre 12 y 14. Además, hay que tomar en cuenta las desigualdades regionales. En las localidades más caras un adulto solo, sin hijos, necesitaría más de 15 dólares por hora en 2025 para cubrir sus necesidades básicas: en Nueva York requeriría 28.70, y en Los Ángeles 24 dólares. El informe de EPI señala también que: En los estados que no han aumentado el mínimo, 10.5 millones de familias que se mantienen gracias a un trabajo de tiempo completo de algunos de sus miembros, sobreviven con el apoyo de programas de asistencia púbica debido a que no alcanzan a percibir los ingresos necesarios para su manutención. Por ello, Medicaid; CHIP (Programa para el seguro de salud de los niños); las food stamps o vales de comida (Programa de ayuda para nutrición suplementaria), entre otros, han alcanzado un monto de 107 mil millones de dólares al año. Es difícil saber cuál será la respuesta del Congreso. Dependerá de la correlación de fuerzas entre el ala progresista del partido demócrata, aliada con los sindicatos, y su facción más vinculada a los grandes consorcios. Aunque muchos de éstos, como Amazon, Walmart, Costco, y Starbucks entre otros, ya han aceptado pagar 15 dólares la hora en algunos estados, generalizar la medida a toda la Unión ha atizado su oposición aduciendo que, en muchos casos va a ser incosteable. Este argumento es rechazado por el EPI que ha calculado que, debido a la gradualidad de los incrementos, éstos podrán ser absorbido por las empresas. Tanto los aumentos salariales ya aprobados en algunos estados como California, como la decisión del Congreso, pueden repercutir en México de diversas maneras. En primer lugar, es previsible un mayor flujo de remesas, las cuales se han sostenido en un volumen importante a pesar de la crisis debido a los programas de ayuda al desempleo y otras transferencias de ingresos llevadas a cabo durante la presidencia de Trump. En segundo lugar, las distintas medidas de recuperación económica del gobierno de Biden, incluyendo el aumento salarial, despertarán mayor atractivo para los migrantes centroamericanos y mexicanos. Finalmente, su impacto en las relaciones comerciales entre ambos países, normadas hoy por el T-MEC va a ser más complejo. Puede motivar el traslado de empresas hacia México para aprovechar las diferencias salariales, pero al mismo tiempo hará que se fortalezca la vigilancia y las presiones para que nuestro país cumpla con las cláusulas laborales del tratado. Recordemos que el Congreso y el gobierno de EU han dispuesto un mecanismo de vigilancia para que se aplique la reforma laboral y desaparezcan los contratos de protección, así como otras formas de abuso, como la subcontratación, que impiden a los trabajadores mexicanos defender sus derechos y mejorar sus ingresos. Ello podría servir para que el gobierno mexicano lleve a cabo una política salarial más progresista; se preocupe por implementar la reforma laboral más rápidamente; y adopte nuevas medidas legales en materia de subcontratación y desempleo. En cualquier caso, es indudable que, en Estados Unidos, el tema de los salarios ha tomado una importancia que no se veía desde hace muchos años. Algo está cambiando como resultado del shock trumpista. Parece que los demócratas están aceptando que el nacionalismo o “nativismo” estadounidense no es un problema meramente ideológico, basada en una cultura racista que arranca desde sus orígenes esclavistas, sino también un fenómeno de empobrecimiento de amplias capas de la sociedad. Para su ala más progresista se trata de un reencuentro con sus pasado roosveltiano (y el proyecto del New Deal) y con la reconstrucción de un Estado de Bienestar en el siglo XXI. México podría aprovechar este nuevo despertar de las causas obreras. Pero allá como acá siempre habrá dos posturas fundamentales. Unos querrán seguirán aprovechando los niveles salariales bajos y los abusos patronales que han distinguido las últimas décadas neoliberales. Otros mantendrán la postura de que es el momento propicio para redefinir el modelo económico y social en cada país y a escala global. En ambos lados de la frontera, la orientación de las políticas laborales y de la reconstrucción económica están por definirse. Esto apenas empieza. saulescobar.blogspot.com

Utilidades y subcontratación: diálogo, negociación y posturas

Utilidades y subcontratación: la negociación en curso Saúl Escobar Toledo El jueves pasado tuvo lugar la quinta y última mesa de dialogo convocada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno de la república con el tema: “Posibles efectos o distorsiones en el Reparto de Utilidades una vez aprobada la reforma en materia de Subcontratación”. En dichas mesas, los participantes presentaron sus puntos de vista por medio de una plataforma digital, las cuales pueden revisarse en el portal que la Secretaría ha dispuesto en Facebook y You Tube. Acudieron a este diálogo representantes de los trabajadores y los empresarios y fueron encabezadas por la secretaria, Luisa María Alcalde. En la del día 28, dicha funcionaria invitó a algunos académicos y tuve la oportunidad de participar. Los voceros del sector privado expresaron reiteradamente dos argumentos: el primero, que la carga que tienen que soportar las empresas es demasiado alta, sobre todo por la elevada tasa impositiva y la participación de los trabajadores en el reparto de utilidades (PTU); y segundo, que México debe mantener su atractivo para la inversión extranjera en un mercado mundial altamente competitivo. Por ello, manifestaron su oposición a lo que ellos consideraron una “prohibición” de la subcontratación y, con más insistencia, propusieron la necesidad de cambiar la ley para que la PTU no se aplique de acuerdo con un porcentaje (10%), sino con un tope de (o se convierta en un bono equivalente a) treinta días de salario como máximo. Ambas razones son en cierta manera contradictorias pues si en México los impuestos a las empresas y la PTU son ya muy elevados, no se entiende porqué nuestro país es atractivo para la inversión extranjera. Por otro lado, algunos participantes insistieron en que la iniciativa de ley presentada por el presidente prohíbe cualquier forma de subcontratación cuando en realidad lo hace sólo en el caso de aquellos consorcios o empresas que “proporcionen o ponga disposición trabajadores propios en beneficio de otra”. Algunos llaman a esta modalidad “insourcing”, lo cual es inexacto ya que con este término se designa más bien la ejecución de tareas por una empresa que antes realizaba otra. En realidad, lo que se intenta prohibir es que haya una simulación y que una empresa (frecuentemente del mismos consorcio o dueño) maneje la nómina y la administración de personal que labora en otro establecimiento. De esta manera, el corporativo puede eludir el pago de algunas prestaciones, incluyendo el reparto de utilidades, pero también la negociación colectiva y la sindicalización. Se trata en realidad, como expresé en el turno de mi intervención, de una forma de contratación arreglada para omitir diversas obligaciones legales. Los empleados subcontratados bajo este esquema tienen los salarios más reducidos del mercado, muy pocos están inscritos en el IMSS, y, en su gran mayoría, no cuentan con un sindicato ni un contrato colectivo pactado. En cuanto al asunto de la PTU, me permití señalar que México es un país muy desigual: el decil más pobre de la población apenas recibe el 1.8% del ingreso total mientras que el diez por ciento más rico acapara casi el 34%. Incluso el ochenta por ciento de la población recibe el 50% del ingreso mientras que el veinte por ciento más afortunado concentra el 50 por ciento restante. Esto ha provocado un Índice de Gini de 0.469 que es uno de los más altos (y por lo tanto indica una mayor desigualdad) de los países de la OCDE. Lo anterior es en parte debido al desequilibrio entre salarios y ganancias en la producción. En el cuarto trimestre de 2019, según cifras del INEGI, la remuneración de los asalariados fue de 27.75% del PIB mientras que el excedente bruto de operación concentraba casi el 45%. Como se sabe, los salarios promedio (no sólo el mínimo) de México son también muy reducidos ocupando casi el último lugar de los países de la OCDE. En cuanto a la carga fiscal, destaca el hecho de que los impuestos a la propiedad son casi insignificantes, apenas 0.328 % del PIB, mientras que en otros países, por ejemplo, Chile o Colombia, representan entre el 1. 118 y el 1.787%. El promedio de la OCDE es de 1.856%, es decir, seis veces mayor. De esta manera puede afirmarse que hay un espacio muy amplio para mantener las disposiciones vigentes del reparto de utilidades y que las dificultades de las empresas no obedecen a un alto costo de la fuerza de trabajo. Hay que señalar, además, que esquemas similares, de “profit-sharing”, existen en varios países del mundo, entre ellos, Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, aunque con distintas particularidades. Sin duda, las bajas remuneraciones de la mano de obra han sido un atractivo para las inversiones externas pero este modelo se está agotando. El T-MEC formado con Estados Unidos y Canadá dedica todo un capítulo y un conjunto de previsiones dedicados a México, para impedir las empresas sigan abusando de estas condiciones. Insistir en esa ventaja comparativa y en reducir o cancelar la PTU, y mantener el artificio de esa modalidad de subcontratación, va en contra de la letra y el espíritu del Tratado y puede generar un malestar entre los gobiernos y parlamentos de nuestros socios comerciales. Y, sobre todo, hay que reiterarlo, la PTU es un mecanismo redistributivo que mal haríamos en suprimir dadas los niveles de desigualdad existentes y la porción tan reducida que corresponde al trabajo en el PIB total. Según mi apreciación, los representantes patronales, desafortunadamente, no mostraron voluntad para mejorar, de alguna manera, la situación deplorable de desigualdad y pobreza laboral existente en nuestro país y, en cambio, insistieron en sacar ventaja del diálogo abierto por el gobierno para mantener los esquemas de subcontratación fraudulentos, o para cambiar la ley y la naturaleza de la PTU si se aprueban las reformas a la LFT. Según su punto de vista, este mecanismo debe convertirse en una prestación de un monto fijo en lugar de una forma de compartir la bonanza de las empresas. Este intento de cambalache, catafixia o quid pro quo, es una mala señal de la llamada iniciativa privada; un intento oportunista y perverso para terminar con una conquista laboral que se obtuvo desde el Constituyente de 1917. Es cierto que ha faltado, por parte del gobierno, una política de recuperación económica que incluya mayores apoyos a las empresas, sobre todo a las micros y pequeñas. Sin embargo, en lugar de intentar formar un frente común con los sindicatos y la sociedad para construir un plan que ofreciera mejorías para todos, simplemente se decidieron por la táctica de la presión política basada en falsedades o hipótesis muy cuestionables, manifestando una falta de solidaridad con la población trabajadora y con la desgracia que ha sufrido la inmensa mayoría de los mexicanos debido a la pandemia. Si realmente quisieran discutir un plan de recuperación económica inclusiva, que abarcara ventajas o ayudas a las empresas y los asalariados, sería bueno, por ejemplo, poner en la mesa de diálogo, la posibilidad de mejorar la recaudación que grava la propiedad, no sólo de activos inmobiliarios sino también financieros en manos de personas físicas. Con ello mejorarían las finanzas públicas, habría mayores recursos para la recuperación económica y se afectaría sólo a una porción de la sociedad, la que posee grandes propiedades inmobiliarias e instrumentos financieros cuantiosos. A cambio de estas aportaciones a cargo de las personas más prósperas (acaso el 1%), las empresas podrían obtener mejores condiciones fiscales, los trabajadores podrían conservar sus empleos (hoy en riesgo por los cierres motivados por las medidas sanitarias), y negociar sus salarios y prestaciones en mejores condiciones. La negociación que escuché en esos diálogos, por voz de los representantes empresariales, va en sentido contrario: lo que algunos llaman un juego de suma cero. Ganar a costa de las pérdidas de los otros. saulescobar.blogspot.com

La agenda Biden y el caso de México

La agenda Biden y el caso de México Saúl Escobar Toledo Hoy miércoles 20 de enero, Joe Biden tomará posesión como presidente de los Estados Unidos. Según distintas publicaciones cercanas al partido demócrata (por ejemplo, Bloomberg), sus prioridades serán (o deberían ser), en primer lugar y de manera urgente, luchar contra la pandemia del COVID-19, mejorando la estrategia para evitar más contagios y muertes, con el diseño de un plan nacional que permitiría un ritmo de vacunación de un millón de dosis diarias y que pondría énfasis en las comunidades negras, latinas y nativas que han sufrido desproporcionadamente los efectos de la enfermedad. La segunda cuestión de la agenda consistiría en poner en marcha, con la aprobación del nuevo Congreso, un plan de estímulos económicos más ambicioso que el anterior (por un total de 1.9 billones de dólares). Incluiría nuevas transferencias monetarias por 1400 dólares a cada hogar de manera pareja y sin distinciones, lo que se agregaría a los 600 dólares ya aprobados en 2020; extender la ayuda para los desempleados hasta septiembre por un total de 350 mil millones de dólares y, se dice, decretar un aumento del salario mínimo que alcanzaría 15 dólares la hora. También habrá, se afirma, como parte de las acciones inmediatas, una propuesta para reformar el sistema migratorio. Posteriormente, se anunciarían otros proyectos que atenderían problemas de mediano y largo plazo como la construcción de infraestructura y el cambio hacia una economía más verde para combatir el cambio climático. Otra prioridad de mediano plazo sería el diseño de una nueva política exterior que recupere, dicen, el liderazgo mundial de Estados Unidos y que incluiría acercarse de nueva cuenta a los viejos aliados, sobre todo en Europa, y hacer frente de mejor manera a los retos que plantea el liderazgo económico de China. Según este punto de vista, México estaría involucrado, principalmente, en la definición de una nueva política migratoria. Habrá que ver si incluye y de qué manera la legalización de millones de indocumentados que ya trabajan en Estados Unidos y el problema de los refugiados, muchos de los cuales vienen de Centroamérica y se encuentran en nuestro país Otras cuestiones que tienen que ver con México, y que ya están o estarán pronto en la agenda del gobierno de Biden son: el asunto del trasiego de armas y drogas entre ambos países; y el enfoque que tendrá que darle al T-MEC. Este último asunto es complejo ya que la nueva versión del NAFTA o TLCAN es distinta en un asunto crucial: no se trata de un tratado de libre comercio sino de un acuerdo de comercio regulado. Según un estudio de Gustavo Vega y Francisco Campos, publicado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, el T-MEC es un acuerdo negociado bajo la visión proteccionista, nacionalista y de comercio administrado del gobierno Trump. A ello se agregó la preocupación de los asuntos laborales planteados por los demócratas. Por ello, este tema, el laboral, es probablemente el área en la que se han incorporado los cambios más sustanciales en el T-MEC. Y, en efecto, la Junta de Expertos Laborales Independientes sobre México, ya elaboró su primer informe ( provisional). Hay que recordar que esta Junta fue creada por la Ley de Implementación del T-MEC, y está integrada por 12 miembros nombrados por los líderes del Congreso de los EE. UU., con el fin de “monitorear y evaluar la implementación de la reforma laboral de México y el cumplimiento de sus obligaciones en materia laboral”. Aunque reconocen las dificultades causadas por la pandemia, afirman que “la Junta ha identificado una serie de preocupaciones graves con respecto al procedimiento de México para aplicar la legislación en materia laboral que consideramos se deben abordar de manera inmediata”. El informe subraya la existencia de contratos de protección cuyo objeto, dicen los expertos, es fijar salarios reducidos y condiciones deficientes de trabajo y “proteger” al patrón de tener que negociar con un sindicato independiente y democrático, el cual haría hincapié en mejores salarios y condiciones laborales. Exponen que los costos de la mano de obra por hora en la industria manufacturera es de 39 dólares en EU, 30 dólares en Canadá y 4 dólares en México. Después, hacen un resumen y una evaluación de la reforma laboral aprobada en 2019 y concluyen que, a pesar de los avances y el esfuerzo del gobierno mexicano, “el sistema de contratos de protección… permanece intacto”. De acuerdo con o anterior emiten una serie de recomendaciones. La primera de ellas consiste en: “El Comité Laboral Interinstitucional (del gobierno) y el Congreso de los EE. UU. deberán hacer todo lo posible para ayudar a México en poner fin a la vigilancia, el acoso, las amenazas, las detenciones, la violencia física y los asesinatos de trabajadores que ejercen sus derechos (legales), tanto a nivel federal como estatal.” Finalizan señalando que: El Gobierno estadounidense y su embajada deben enviar un mensaje contundente a las empresas que producen bienes y servicios en nuestro país para exportar al mercado estadounidense: no se regresará a las condiciones anteriores y las utilidades de esas empresas ya no se obtendrán con base en las violaciones a los derechos de los trabajadores. Es probable que la agenda del presidente Biden no aborde de inmediato estas recomendaciones. Sin embargo, tendrá que hacerlo más tarde o más temprano pues la mayoría demócrata en ambas cámaras seguramente ejercerán una mayor presión para que se aceleren los mecanismos previstos en el T-MEC en materia laboral. Esto último podría derivar en fuertes y constantes reclamos al gobierno de México. Sin embargo, el problema es más complejo si consideramos que las empresas estadounidenses no cambiarán rápidamente su modelo de negocios que incluye precisamente pagar salarios muy reducidos bajo el esquema de los contratos de protección. Además, el gobierno de EU ya ha anunciado mayores incentivos fiscales para que esas empresas regresen a territorio estadounidense. Por su parte, el gobierno mexicano ha afirmado que está convencido de la necesidad de democratizar la vida sindical, la contratación colectiva y el aumento de los salarios, pero no está preparado para enfrentar una salida de empresas, sobre todo en el sector automotriz, lo que afectaría el empleo, las exportaciones y, desde luego, el ritmo de crecimiento de la economía. De esta manera, ambos gobiernos tienen que definir, en un plazo que podría alargarse hasta 2025, un modelo de transición que dé como resultado una reorganización productiva y de las cadenas de valor establecidas entre ambos países que ofrezca mejores ingresos para los trabajadores y un mayor ritmo de desarrollo en ambos países. La otra alternativa es desatar una lluvia de denuncias de la parte estadounidense contra México, como ya lo hace el documento de los expertos. O bien, siempre hay esa posibilidad, dejar que todo siga igual. Pronto sabremos cuál será la política de Biden y la respuesta del gobierno mexicano. Pero no debería olvidarse que el fenómeno Trump y la insurrección del 6 de enero no son la enfermedad sino el síntoma de un malestar social: la caída del nivel de vida de amplios sectores de la clase obrera estadounidense. Y que una reactivación económica post pandémica en nuestro país requiere un plan estratégico que tendría que cambiar las condiciones anteriores a la aparición del COVID, sobre todo, la integración económica a EU. Se abre la oportunidad, en ambos lados de la frontera, para redefinir qué tipo de economía y sociedad deseamos para los próximos años. El proyecto de libre comercio de América del Norte no trajo los frutos esperados por sus gobiernos y sus pueblos. La nueva administración de Estados Unidos y el gobierno mexicano tendrán que revisar las lecciones que dejó el viejo TLCAN. Nos tocará discutir las conclusiones a las que lleguen. saulescobar.blogspot.com

¿Qué debemos entender por recuperación?

Recuperación ¿cómo entenderla? Saúl Escobar Toledo Llegó el nuevo año, pero seguimos igual o peor que en los últimos meses de 2020. La pandemia sigue desatada: las fiestas de fin de año, la permisividad oficial y la lentitud de la distribución de las vacunas parecen anunciar que la enfermedad seguirá causando estragos durante varios meses en casi todo el mundo, particularmente en América, Europa y partes de Asia como la India. Se ha requerido entonces redoblar las medidas preventivas: nuevos confinamientos y cese casi total de actividades económicas y escolares. Así las cosas, la recuperación se ve todavía incierta y lejana. Si en el frente sanitario podemos esperar que los contagios vayan descendiendo gracias a estas disrupciones y a un mayor número de personas vacunadas, en lo que toca a la economía la situación requerirá también de una acción más enérgica de los estados y gobiernos. Difícil que haya lugar para el optimismo sobre todo si se confía en que las cosas se van a arreglar por la pura inercia de las fuerzas del mercado. Por un lado, será necesario ampliar sustancialmente los fondos destinados a los programas de apoyo a las personas y empresas más necesitadas que ya se echaron a andar desde el año pasado. Además, diseñar nuevas medidas que puedan asegurar una recuperación más rápida y prevenir nuevas crisis. Entre estas últimas, diversas instituciones y especialistas ( por ejemplo el premio nobel Joseph Stiglitz), han señalado la necesidad de que se haga uso de una cantidad de al menos 500 mil millones de dólares de Derechos Especiales de Giro (DEGs) por parte del FMI para echar a andar un programa de ayuda para los países más pobres y en desarrollo que no abultaría las deudas soberanas y servirían para financiar las balanzas de pagos y las importaciones necesarias para la alimentación, la salud y el mejoramiento del medio ambiente. No puede haber lugar para la confusión. La recuperación debe medirse con base en estos indicadores: disminución de las personas enfermas; aumento del número y la calidad del empleo; y un sistema productivo más verde. Todo lo demás, como la deuda, la paridad de las monedas, los mercados bursátiles, los déficits públicos y hasta los puntos porcentuales del PIB, deben entenderse como asuntos secundarios o meros instrumentos para lograr la ansiada recuperación. De otra manera puede haber un regreso simulado a la normalidad, recuperarando aparentemente lo perdido cuando en realidad estaremos retrocediendo pues habrá mayor pobreza, desigualdad, contaminación y una menor capacidad para prevenir y enfrentar nuevas catástrofes. En el caso de México lo anterior se traduce en la necesidad de diseñar un programa de recuperación que hoy no existe. No basta con la campaña de vacunación anunciada si no se mejora la capacidad hospitalaria y la atención sanitaria de primer nivel. Una nueva economía debe conducirnos a la producción de energía más limpias y otras medidas que reduzcan la contaminación e inyecten vitalidad a nuevas ramas económicas. No se puede confiar en que el T-MEC y las obras de infraestructura en curso vayan a permitirnos recuperar los empleos perdidos si al mismo tiempo no se legisla en materia de seguro de desempleo, subcontratación, plataformas digitales y programas que apoyen a las familias especialmente a aquellas que viven de la economía informal. No es suficiente una política salarial progresista, como la que de manera atemperada se ha puesto en marcha, si no se reducen las brechas regionales, de género y etarias. Para abundar sobre el tema del empleo, fundamental para la recuperación, hemos consultado el informe que la OIT y la CEPAL publicaron a fines del año pasado, el cual reconoce que la pandemia provocará “la peor contracción del producto de la región de la historia…, lo que ha tenido y tendrá profundas consecuencias laborales y sociales” (disponible en https://www.cepal.org). Según este estudio, la existencia de un sector informal muy amplio, sin acceso a seguridad social y, por lo tanto, muy vulnerable, ha tenido y tendrá un fuerte impacto regresivo en los ingresos y la calidad de vida de millones de personas. Además, los empleos formales también fueron afectados ya que muchas personas fueron despedidas; otras conservaron su trabajo, pero sufrieron una importante merma en sus ingresos debido a la reducción de horas laboradas o a que fueron enviados a sus casas con la modalidad de vacaciones no pagadas o licencias con salarios menores. El efecto de estas medidas fue más grave en nuestro país debido a la ausencia de un seguro de desempleo Un fenómeno destacable que arrojó esta crisis fue la enorme cantidad de personas que se quedaron sin trabajo y dejaron de buscarlo. Técnicamente dejaron de formar parte de la PEA (Población Económicamente Activa) y se sumaron a la Población Económicamente Inactiva (PEI). Afectó particularmente a las mujeres debido a su mayor presencia en los sectores más impactados por la crisis sanitaria (servicio doméstico, restaurantes y hoteles, comercio) pero, igualmente, a la prevalencia de una cultura machista que las confinó, más que en el caso de los hombres, a cuidar a los enfermos, a los niños sin escuela, a los ancianos y a las tareas hogareñas. La crisis causó otra manifestación novedosa: el trabajo asalariado se contrajo menos que el que se realiza por cuenta propia debido a que estas labores implican, en su mayoría, un contacto presencial, sobre todo en el sector informal. En México los trabajadores asalariados se redujeron en casi 14% en el segundo trimestre de 2020 en tanto que los que laboraban por cuenta propia representaron una caída de 30.9%. Este descenso se ha revertido, pero a costa de una mayor exposición de estos trabajadores informales al contagio, lo que explicaría en parte el crecimiento del número de enfermos y fallecimientos. Por otro lado, el estudio subraya las consecuencias devastadoras entre los jóvenes: su tasa de ocupación se redujo en mayor medida que otros grupos etarios. Esta situación, señala el informe, ha sido un factor que ha acentuado “el cansancio y la soledad (por lo que) los sentimientos de tristeza, miedo y angustia son más frecuentes entre los hombres y las mujeres jóvenes”. Y advierte que: “cuanto mayor sea el tiempo fuera de la escuela y del mundo laboral, mayores serán los riesgos de precariedad y exclusión del mercado de trabajo a lo largo de (su) vida activa”. Para evitar estas tragedias, se requieren programas orientados a mejorar su capacitación; y mantener y mejorar políticas de transferencia de ingresos para los jóvenes que estudian y se capacitan; los trabajadores adultos; y los hogares. De lo contrario, es sumamente probable que los jóvenes se vean presionados a generar ingresos, principalmente en las actividades informales, lo que restringirá las posibilidades de invertir en su formación laboral. Los últimos datos, ofrecidos por el gobierno mexicano, muestran la lentitud de la recuperación: en noviembre 2020 la población ocupada fue de 52.93% (en relación con el total en edad de trabajar), un poco menor que en octubre e inferior a las de marzo (55.76%). Además, la mayoría de las personas que regresaron a trabajar lo hicieron en actividades informales. En lo que toca a los empleos formales, el saldo de once meses, de enero a noviembre, fue de 369 mil 890 plazas perdidas, a los que hay que sumar, según expuso el presidente de la república, las casi 278 mil que se esfumaron en diciembre. Con este panorama, la recuperación no se ve tan próxima ni tan segura. El estudio de la CEPAL-OIT subraya que: “La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la importancia de contar con un sector público fuerte y eficiente, con capacidad de reaccionar rápidamente ante choques que acarrean fuertes impactos económicos y sociales”. La situación que observamos en este inicio de año requiere que las instituciones del estado mexicano redoblen sus esfuerzos, lo hagan pronto y con un proyecto comprensible. saulescobar.blogspot.com