La
CNTE y la lucha por una pensión digna
Saúl
Escobar Toledo
Publicado en El Sur, 11 de junio 2025
Las movilizaciones
de los maestros agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE) que llevaron a cabo en las dos últimas semanas terminaron sin
acuerdos con el gobierno federal. Según la información disponible la principal
demanda de la CNTE es la abrogación de la ley del ISSSTE aprobada en 2007. Hay,
además, otras peticiones relacionadas
con los salarios y la derogación de la Reforma Educativa.
Sin
embargo, aparentemente, el principal escollo fue el sistema de jubilaciones. En
este caso, el gobierno federal no ofreció ninguna solución y argumentó falta de
presupuesto.
La
confrontación entre los maestros de la CNTE y el gobierno tiene un fondo
político innegable debido a la alianza establecida públicamente entre el
partido del gobierno, MORENA, y la
dirección del SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) que se
ostenta como la representación legal y mayoritaria del magisterio nacional.
El líder
de este sindicato declaró que la alianza no se reducía a cuestiones laborales y
educativas y ofreció millones de afiliaciones y votos para el partido oficial.
La CNTE consideró, con toda razón, que se intenta revivir el corporativismo de
los años dorados del PRI (1948-2000) y, al mismo tiempo, enviar un mensaje
ominoso: de ahora en adelante la relación del partido y el gobierno con el SNTE
será prioritaria; la disidencia ya no
será tomada en cuenta y la democratización del sindicato está descartada.
La
CNTE entonces trató de demostrar que tiene una fuerza propia que no se puede
desdeñar y se manifestó en franca oposición al gobierno y a su partido. No fue
así en el pasado. La CNTE apoyó al PRD y luego a MORENA explicita o implícitamente
en diversos procesos electorales; o al menos no llamó a votar por un partido distinto.
Aunque dentro de esa organización ha habido siempre dirigentes que han defendido
el abstencionismo, otros han manifestado su simpatía por esos partidos
incluyendo las candidaturas de AMLO y Sheinbaum a la presidencia de la república.
Ahora
bien, la abrogación de la Ley 2007 del
ISSSTE (y por lo tanto para los trabajadores del sector público regidos por el aparatado
B del 123) tiene implicaciones políticas y presupuestales.
Para
empezar, hay que recordar que esta ley fue posterior a la que se aprobó en 1997
(para trabajadores del apartado A del 123 constitucional) y que cambió radicalmente el sistema de
pensiones. Creó las administradoras privadas (AFORES); surgieron las cuentas
individuales en lugar del fondo solidario del sistema anterior; y modificó las
edades y requisitos para obtener una jubilación entre otros muchos asuntos.
Sin
embargo, en 2021 los representantes de esas administradoras privadas
reconocieron que el sistema sufriría severos problemas . Varios millones de
asegurados con el nuevo sistema no cumplirían con los años de cotizaciones
requeridos para recibir una pensión y 70% de los jubilados cobraría una pensión
menor a un salario mínimo.
Frente
a esta triste realidad, el presidente López Obrador propuso una reforma a la
ley de 1997 que consistió en disminuir las semanas de cotización; aumentar la
contribución del empleador; incrementar la cuota social del gobierno (con el
propósito de mejorar las pensiones más
bajas); y reducir las comisiones que cobran las AFORES.
No
obstante, quedaba pendiente el problema de las jubilaciones para los
trabajadores al servicio del Estado. Para responder a las protestas, sobre todo
los maestros, el presidente decidió en 2024
enviar una reforma constitucional para garantizar una pensión mínima para los trabajadores
que aportan a una AFORE, “equivalente al
salario promedio registrado en el IMSS”, en ese momento de $16 777. 68. Vale la pena recordar que, en la exposición de
motivos de esa propuesta de enmienda, el texto presidencial hace una crítica severa
de las reformas de 1997 y 2007 y las califica como una “regresión histórica” y
“una transgresión a los derechos laborales”. Sin embargo, el presidente decidió
no cambiar el sistema y mantener la administración en cuentas individuales; fue
un parche para aplacar el descontento y que requerirá un mayor gasto público.
Hay
que recordar que la mayoría de los maestros se han jubilado de acuerdo con la
con la fracción X transitoria de la ley de 2007, es decir bajo el amparo del
sistema solidario. No obstante, las futuras generaciones que se jubilarán en
los próximos años y que entraron a laborar después de 2007, ya no tendrán las prestaciones
del viejo sistema y corren el riesgo de recibir una pensión mínima después de
muchos años de servicio.
No hay
duda de que el sistema de cuentas individuales debe revisarse y abrir la
posibilidad de modificarlo, como lo han hecho diversos gobiernos del mundo que incluso
han regresado al sistema solidario.
El
gobierno federal ha argumentado razones presupuestales para no modificar la ley
del ISSSTE de 2007. Y ,en efecto, las pensiones absorben una enorme cantidad
del gasto público (en 2024, 1 billón 106 mil millones de pesos).
Los recursos
que tiene que desembolsar el gobierno para pagar las pensiones del IMSS se debe
principalmente al rubro que técnicamente se llama “Pensiones y Jubilaciones en
curso de Pago”, es decir, a aquellas que
se tienen que cubrir con el sistema solidario para los trabajadores que ya
estaban laborando antes de 1997, lo que se ha llamado “el costo de transición”
de un sistema a otro. En cambio, el gasto para la “cuota social” y la “pensión mínima
garantizada” destinada a los trabajadores que se están jubilando con el
sistema privado es bastante menor ya que todavía son poco numerosos.
El
caso del ISSSTE es similar: el gasto del gobierno para cubrir el “déficit de la
nómina de las pensiones” es decir para los trabajadores que ya se jubilaron o
lo harán con el “decimo transitorio” y con el viejo sistema sumó 644 mil
millones de pesos, mientras que lo que se tuvo que desembolsar para la cuota
social de aquellos trabajadores que cotizaron en el sistema AFORE fue de 4.3
mil millones de pesos.
De
esta manera, el gasto mayúsculo del
gobierno obedece a los pagos que tiene que hacer a los trabajadores tanto del A
como del B que se jubilarán o ya se jubilaron con el sistema solidario.
Las
preguntas que surgen entonces son ¿Cuánto costará en los próximos años seguir
pagando el “costo de transición” de las reformas de 1997 y 2007 y la reforma de
2024? ¿Será más barato o caro que regresar al modelo solidario? Contestar estas
preguntas requeriría de un conjunto de estudios que no se han hecho o por lo
menos no están a la mano.
Sin
embargo, el problema tiene un filo político que reside en el inmenso poder que
han adquirido las administradoras privadas por el volumen de recursos que
manejan, alrededor del 20% del PIB, y por las jugosas ganancias que han obtenido.
Los accionistas de esas empresas financieras verían la abrogación del sistema
en la ley del ISSSTE como un peligro inminente que podría llevar al gobierno a proponer
una operación similar en la ley de 1997 y regresar al modelo solidario para
todos los trabajadores.
Dicho
esto, también hay que considerar que la estrategia de la CNTE para lograr una
meta tan relevante como la abrogación de la ley de 2007 no ha sido muy adecuado.
Tal parece que piensan conseguirla con sus propias fuerzas y sin una política
de alianzas con otras organizaciones sociales y sindicatos. Ya hemos visto cómo
para hacer realidad la semana laboral de 40 horas se ha requerido de tiempo, capacidad de diálogo y flexibilidad. De un día
para otro, bloqueando avenidas y rompiendo ventanas de las oficinas púbicas no será
viable. La CNTE debería considerar que se trata de una demanda que incumbe al
conjunto de los trabajadores mexicanos y que requiere su involucramiento.
La
disidencia magisterial ha abierto un conflicto con el gobierno de magnitudes y
consecuencias difíciles de prever. Pero si mantiene su demanda de abolir el modelo
de pensiones manejado por las AFORES, el camino será necesariamente largo,
complejo y requerirá construir un consenso social mucho más amplio.
