La revisión del TMEC: la cuestión laboral

 La revisión del TMEC: los asuntos laborales

21 de octubre de 2025. El Sur

Saúl Escobar Toledo

El tratado comercial entre Estados Unidos, Canadá y México (TMEC o USMC por sus siglas en inglés), aprobado entre 2018 y 2019 y en vigor desde 2020, introdujo dos cambios muy importantes en materia de trabajo: el capítulo 23 y su Anexo que obligó a México a reformar sus leyes e instituciones laborales; y el Anexo 31-A que se incluyó casi en el último momento y estableció el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR), en inglés Rapid Response Labor Mechanism (RRLM). Por medio de este mecanismo un gobierno (Estados Unidos) puede reclamar a otro (México) la violación de derechos laborales en una “instalación de producción cubierta” y, en caso de no haber acuerdo,someter el asunto a un panel, el cual verifica la petición bajo ciertos requisitos. Si se confirma, podrá solicitar al gobierno demandado tomar medidas para la reparación de esas violaciones. Sin embargo, igualmente, el gobierno reclamante tiene la posibilidad de imponer sanciones a las empresas que no cumplan con la ley.Estas sanciones pueden ser aranceles más elevados o multas, particularmente en los casos de negación de los derechos a la libertad sindical y negociación colectiva. 

El MRR se puede aplicar solamente en sectores económicos “prioritarios” principalmente manufactura de exportación y minería. Además, el gobierno de EE. UU.creó un Comité Laboral Interinstitucional, el cual es responsable de supervisar la implementación y cumplimiento de las obligaciones en materia laboral contenidas en el Tratado y en las leyes mexicanas. El verdadero objetivo del MRR fue, desde el principio, permitir a Estados Unidos tomar medidas contra empresas establecidas en México que no respetan los derechos laborales. Tiene un carácter unilateral que hace casi imposible que México utilice el MRR para denunciar y exigir el cumplimiento de esos derechos en Estados Unidos. 

Diversos informes han señalado que las disposiciones del TMEC “no han sido los esperados” para generar un auténtico movimiento laboral democrático, pues apenas unos 27 mil trabajadores han sido beneficiados por el MRR. A pesar de ello, representantes de organizaciones democráticas han coincidido en que este mecanismo ha sido el instrumento más efectivo del TMEC para hacer valer los derechos de los trabajadores mexicanos.

Hasta octubre de este año, según un reporte del comitéindependiente de expertos laborales para México, nombrados por el Congreso de Estados Unidos, el MRR había iniciado 39 casos en empresas instaladas en nuestro país, la mayoría de capital estadounidensevinculadas al sector automotriz. Las quejas surgieron,principalmente, de sindicatos independientes mexicanos y, en menor medida, de los gobiernos de nuestros socios comerciales.

Desde luego, el MRR no puede ser el principal instrumento para cambiar las condiciones de trabajo y la vida sindical de México. Esta tarea debe corresponder en primer lugar a los asalariados, a sus organizaciones gremiales legitimas y a las autoridades laborales de nuestro país, aunque se requerirá, asimismo de un fortalecimiento de las alianzas entre sindicatos democráticos, asociaciones civiles y personalidadesprogresistas de las tres naciones. 

No obstante, como es sabido, el próximo año 2026 se revisará el TMEC y resultará inevitable poner a discusión su capítulo laboral y, en particular, las deficiencias y bondades del MRR. 

Este debate se realiza en una situación de gran incertidumbre debida a las políticas cambiantes del gobierno de Trump en materia comercial y acerca de la relación bilateral entre nuestros países.  

No está claro, por ende, cuál será la postura del gobierno de EU en lo que se refiera al tema laboral del TMEC. En principio, habría tres posibilidades. Una, que esta parte del Acuerdo no se modifique y el MRR siga operando en los mismos términos; una segunda, que este Mecanismo se refuerce tomando en cuenta la experiencia de estos últimos años y las recomendaciones de sus expertos; y una tercera, que el gobierno de Washington ponga más el acento en las “reglas de origen” y descuide o incluso suprima diversas disposiciones incluyendo el MRR. Si Trump sigue considerando que el problema principal es el déficit comercial entre nuestros dos países, es probable que haga más insistencia en las reglas de origen alegandoque las mercancías destinadas a la exportación a EE. UU. deben producirse por trabajadores con salarios sustancialmente más elevados. Si eso no sucede, dichos bienes podrían ser materia de aranceles muy costosos para las empresas.  Otra posibilidad reside en que el gobierno de Washington considere que el problema en el que debe enfocarse sea el freno al creciente poder económico de China, por lo que podría poner más interés en reforzar las cláusulas laborales y el MRR. En este complejo panorama faltaría también conocer la opinión de la representación de las empresas que invierten en México, y de los sindicatos estadounidenses. Seguramente los primeros objetarán el MRR y los segundos apoyarán su fortalecimiento. 

Sin embargo, más allá de estas dudas, resulta necesario que el gobierno y los sindicatos mexicanos tengan una posición común. Afortunadamente, el pasado 14 de octubre un conjunto de sindicatosindependientes dio a conocer la entrega de un documento a las secretarías de Trabajo y Economía, titulado “Desde la acción sindical hacia políticas comerciales justas”, con el propósito de participar activamente en el proceso de revisión del TMEC. El objetivo consiste en “dar voz a activistas, líderes sindicales, y personas trabajadoras… actores del movimiento sindical democrático”. En dicho escrito planearon varias recomendaciones para ampliar y robustecer el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida y reforzar la capacidad de las instituciones mexicanas para garantizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores. 

Las más destacadas son:  establecer (gradualmente) un salario mínimo regional en los sectores estratégicos cubiertos por el T-MEC, con énfasis en el sector automotriz y de autopartes; reducir la carga probatoria para los trabajadores que presentan quejas bajo el MLRR; ampliar la cobertura del Capítulo Laboral a sectores agrícolas, de servicios y de plataformas digitales en los tres países; y fortalecer la inspección y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral(CFCRL) para que cuenten “con una mayor capacidad para emitir sanciones efectivas”.

De esta manera, el documento busca mejorar las remuneraciones de los trabajadores mexicanos mediante “mesas de diálogo” trilaterales con la participación de las empresas, los sindicatos y  las autoridades laborales; facilitar y hacer más sencillos el acceso de los trabajadores a los trámites y estudios necesarios para activar la  queja prevista en el MRR; terminar con la unilateralidad del MRR, ya que la posibilidad de  su aplicación en Estados Unidos es prácticamente nula por diversas razones legales y políticas y, por lo tanto, coadyuvar a la protección de los trabajadores migrantes documentados e indocumentados. Igualmente, ampliar la cobertura del Capítulo Laboral y el MRR a sectores no contemplados actualmente en el Mecanismo, particularmente al sectoragrícola. Y, finalmente otorgar más recursos y facultades a las autoridades mexicanas del ramo (el CFCRL y la Secretaría del Trabajo) para, entre otras cosas, emitir sanciones efectivas a los actores que violen los derechos de los trabajadores (líderes sindicales y empleadores) especialmente en materia de democracia sindical y negociación colectiva. Finalmente, las propuestas buscan que se lleve a cabo una consulta permanente con las organizaciones yactivistas sindicales en cada una de las etapas del MRR, lo que podría ayudar a que los casos no se cierren sin escuchar su opinión; a que las violaciones a la ley sean realmente tomadas en cuenta; y a que los colectivos de trabajadores que se oponen a los líderes corruptos y a empresas abusadoras no sean reprimidos.

CEPAL: una nueva política fiscal para América Latina

 CEPAL: una nueva política fiscal, la opción para América Latina

23 de septiembre de 2025

Por Saúl Escobar Toledo

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) publicó el mes pasado su “Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 2025”. En dicha publicación se asegura de manera enfática que “fortalecer la política fiscal es una condición necesaria para cualquier estrategia de desarrollo”. Es decir que para lograr un mayor crecimiento económico y para cubrir las necesidades de la población en materia de educación, salud y protección social, se requiere cambiar la política tributaria. 

Esta conclusión , se explica, en primer lugar,  por la desaceleración generalizada de la economía mundial tanto en los países avanzados como en las regiones en desarrollo, en un contexto de alta incertidumbre y tensiones crecientes. Se vislumbra -agrega el estudio- “una disminución del comercio mundial y una caída de los flujos de capital hacia las economías emergentes”  debido al incremento de los conflictos geopolíticos y la fragmentación de la cooperación mundial. 

En el caso de América Latina, la CEPAL asegura que “se confirma un decenio de bajo crecimiento en el periodo 2016 – 2025, el cual ha sido inferior al registrada en los años ochenta (cuando ocurrió la crisis de la deuda y varias naciones, incluyendo México, dejaron de pagar sus obligaciones externas).

Para salir de este casi estancamiento, América Latina debe aumentar la inversión, la tasa de participación de las mujeres y los jóvenes en la ocupación, y mejorar la educación. Todo lo anterior requiere superar un problema central : el reducido espacio fiscal de los gobiernos de la región debido al aumento de los intereses de la deuda pública. Es decir, para pagar a sus acreedores, los gobiernos han optado por contener su gasto a pesar de que las necesidades de la población se han seguido abultando.

El envejecimiento de la población presiona cada vez más las instituciones de salud, las pensiones y los servicios de cuidado. Al mismo tiempo, ha habido una mudanza en el perfil epidemiológico, caracterizado por una mayor prevalencia de enfermedades crónicas y degenerativas, cuyo tratamiento implica costos más elevados y, por ende, mayores necesidades de financiamiento. Igualmente,  el cambio climático requiere mayores inversiones. Y ,sin duda, las desigualdades sociales y los niveles de pobreza existentes requieren un mayor y mejor gasto social. 

La CEPAL abunda. El envejecimiento de la población ha provocado una elevación del gasto en pensiones. Los sistemas contributivos (administrados por las Afores) han requerido ingentes recursos fiscales que, sin embargo,  no han resuelto problemas como su cobertura o el pago de jubilaciones dignas. Por ello, los gobiernos han tenido que implementar programas de pensiones no contributivos (como el programa universal de adultos mayores en México). Así, dice la CEPAL, en el año 2000 el gasto en estas pensiones, financiadas en su totalidad por el gobierno, representaban en promedio apenas el 0.15% del PIB mientras que en 2021 se habían triplicado alcanzado un promedio del 0.42% del PIB.

 

La CEPAL insiste en que América Latina necesita, en particular,  aumentar la inversión pública pues ésta juega un papel central “en la provisión de servicios económicos —como infraestructura e investigación y desarrollo—, así como en reglones esenciales, como educación, salud pública, seguridad y justicia”. Sin embargo, agrega la CEPAL, ésta “se ha reducido, lo que ha debilitado el papel del Estado como motor del crecimiento”. 

La carencia de recursos se agudiza no sólo por las presiones del gasto social (las pensiones) y el aumento del servicio de la deuda. También porque existe “una recaudación tributaria baja y regresiva”. “Los ingresos tributarios en la región, que en promedio representaron un 21,3% del PIB en 2023, distan significativamente de los niveles observados en economías desarrolladas, 34,0% del PIB en 2022 para el promedio de países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). La CEPAL agrega que, en América Latina, “la recaudación se concentra en los impuestos al consumo de bienes y servicios y en menor medida en el gravamen sobre la renta y las ganancias de capital. En los países de la OCDE sucede lo contrario: estos gravámenes son notablemente mayores que los impuestos a los bienes y servicios. 

El estudio advierte que los impuestos al consumo tienden en su mayoría a ser regresivos(afectan más a las personas de menores recursos) mientras que el que afecta la renta de las personas físicas,  tiene, como lo demuestran diversos estudios, un diseño “altamente progresivo”. A esto se suma una evasión fiscal en nuestra región, que alcanzó los 433.000 millones de dólares anuales en 2023. 

Así las cosas, “los ingresos tributarios se estancaron y no fueron suficientes para sostener el nivel de gasto público, lo que derivó en déficits fiscales elevados y persistentes (y) en un aumento significativo del endeudamiento público”. En consecuencia, el nivel promedio de deuda pública del gobierno central en América Latina aumentó de un mínimo del 29,4% del PIB en 2008 al 51,2% del PIB en 2024”. Peor aún, “durante los últimos años, el incremento de los pagos de intereses fue contrarrestado, en parte, con recortes en la inversión pública”. La adquisición de activos fijos fue el componente más afectado, lo que llevó a la paralización de proyectos de infraestructura y a restricciones en la compra de maquinaria.

Por ello, la CEPAL propone “una política fiscal transformadora”. Una primera medida consistiría en “aumentar las tasas máximas del impuesto sobre la renta de las personas físicas…  y garantizar que las ganancias de capital sean gravadas de forma amplia y efectiva”; y agrega “para complementar estas acciones, puede explorarse la posibilidad de implementar gravámenes a la propiedad, la riqueza individual o familiar, y a las herencias”.

Igualmente, propone revisar el IVA, pero destaca la necesidad de “ampliar la cobertura y la calidad del gasto público”. Asegura que es fundamental “fortalecer el sector de los cuidados mediante el reconocimiento, la redistribución y la reducción del trabajo no remunerado” Y agrega que, en el ámbito de la salud, es preciso mejorar la infraestructura física y tecnológica, así como capacitar al personal médico en el uso de herramientas digitales. Finalmente, señala que es esencial “superar la lógica subsidiaria y promover la inversión en infraestructura social y servicios básicos.” Es decir, revisar los programas de transferencias monetarias de tal manera que no debiliten el gasto en la construcción de nuevas escuelas, hospitales y renglones como el abastecimiento de agua, drenaje y vivienda. 

Finalmente, la CEPAL considera que es “indispensable reconfigurar la arquitectura financiera internacional” ya que actualmente socava las reformas tributarias nacionalespues prevalece la elusión y evasión de tributos corporativos impulsados por la digitalización acelerada de la economía mundial. Además, “la competencia en la tributación a las empresas entre países resta recursos a los gobiernos de la región para el financiamiento del desarrollo”. También, agrega, “son motivos de preocupación los flujos financieros ilícitos”.

Las recomendaciones de la CEPAL parecen chocar con las prioridades políticas de la mayoría de los gobiernos de América Latina los cuales han escogido el camino del endeudamiento para mantener su gasto al mismo tiempo que dedican cada más recurso para sufragar los intereses de esos préstamos. Un círculo vicioso que los ha llevado a disminuir, sobre todo, la inversión social y en proyectos productivos. Por otra parte, el poder de las grandes empresas trasnacionales ha dificultado el control de la evasión fiscal. Sin embargo, según esa institución, no hay otra salida más que fortalecer las arcas públicas gravando más a las personas más ricas. Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Colombia y Uruguay han acordado impuestos al patrimonio y la riqueza. Brasil, por su lado, desde 2024, grava a individuos con grandes fortunas (superiores a mil millones de dólares)  con una tasa mínima del 2%. Estas experiencias deben estudiarse para tomar una decisión que, como en México, es cada vez más urgente si, por ejemplo, el Plan México se va a tomar en serio. 

La situación del empleo en México

 ¿Qué pasa con el empleo?

Octubre 7, 2025. El Sur

Saul Escobar Toledo

De acuerdo con las cifras más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI (ENOE) correspondientes a agosto de este año, dicho periodo fue particularmente malo (quizás atípico). La población ocupada disminuyó en más de 1 millón 300 mil personas respecto al mes anterior. Esto se debió principalmente a la caída de la Población Económicamente Activa (PEA) y por lo tanto al crecimiento de la Población económicamente no Activa. En este renglón, la disponible, es decir aquellas personas que no buscaron trabajo, pero declararon que lo necesitaban aumentaron en más de 400 mil personas. Lo anterior arrojó una tasa de desempleo extendida (sumando el desempleo abierto con este rubro) de casi 11%, la más alta desde diciembre de 2022 (Siller, 01102025). 

Tomando en cuenta los datos en comparación anual (entre agosto de 2024 y agosto de 2025) el panorama es también desalentador. La población ocupada disminuyó en más de 200 mil personas, la inmensa mayoría del sexo masculino,  y la población económicamente activa no disponible la hizo más de dos millones (hombres y mujeres en casi la misma proporción). Asimismo, los trabajadores asalariados disminuyeron en 250 mil personas y los trabajadores por cuenta propia en casi 350 mil. Destaca la baja de la ocupación en la agricultura con más de 500 mil trabajadores; en el sector secundario,   en la industria de la construcción, la disminución fue de más de cien mil personas. Por otro lado, los trabajadores que ganaban hasta un salario mínimo disminuyeron en casi 3 millones lo que no fue compensado por aquellos que recibieron salarios más elevados (la cifra de trabajadores con ingresos no especificados según la ENOE fue muy alta, se elevó en casi 2 millones y medio).

Estos datos,  en comparación mensual o anual, revelan que una cantidad importante de personas mayores de 15 años decidieron retirarse del mercado laboral seguramente por encontrar condiciones adversas en el ámbito formal e informal. Y que la falta de puestos de trabajo se reflejó sobre todo en la agricultura, la construcción y la maquila, afectando a los trabajadores de menores ingresos.

Aunque el total de trabajadores en la industria manufacturera se mantuvo casi igual entre 2024 y 2025, en la Industria maquiladora de exportación se registraron cifras negativas. Hasta julio el personal ocupado había retrocedido 3.6% (tasa anual), el mayor desplomedese 2020, acumulando 19 meses de caída. 

Las cifras del IMSS confirman la situación. Entre julio y agosto de este año se registraron apenas 14 mil plazas nuevas. En comparación anual (agosto 24 -agosto 25) únicamente 65 mil registros nuevos. 

Es posible que los problemas climáticos hayan afectado el empleo en agosto de este año; no obstante, los datos del IMMS reflejan que, en realidad,  la tendencia decreciente del empleo empezó desde diciembre de 2024 y no ha mejorado. 

Otros indicadores de la ENOE son menos pesimistas: la tasa de subocupación disminuyo levemente y también lo hizo la informalidad. Sin embargo, esas cifras pueden deberse al repliegue de la población que ya no buscó empleo ni decidió ocuparse por su cuenta.

Varios factores han motivado esta evolución. El crecimiento económico sigue siendo flojo y se calcula por diversos organismos, por ejemplo, el Banco Mundial, en apenas un 0.5% para este año. Por su parte, el gasto público, particularmente el gasto programable (el que se destina a los ramos de las secretarias; a las empresas del gobierno y a la inversión) había caído en más del 7% en términos reales en los primeros ocho meses de 2025. En comparación, el costo financiero de la deuda había aumentado en más de 9%. Hay que destacar que el déficit calculado para agosto era menor de lo programado lo que mostraría que Hacienda sigue restringiendo el gasto, privilegiando la estabilidad y el pago de la deuda por encima del crecimiento.

Además, el consumo privado crece lentamente. Aunque los efectos negativos en la creación de empleos no han impactado de lleno los incrementos salariales, el salario base de cotización del IMSS alcanzó en agosto de este año $630.7 pesos, un aumento nominal de7.4% y de menos del 4% descontando la inflación. Sin embargo, la inversión ha mostrado cifras muy preocupantes. En el segundo trimestre de este año, a tasa anual, la pública había caído casi 20% y la privada en poco más el 4%. 

La única señal positiva han sido las exportaciones de bienes y servicios, las cuales crecieron en 12% en el segundo trimestre lo que da cuenta de que, a pesar de las políticas de Trump y la incertidumbre mundial, el (débil) crecimiento de México se apoyado en este sector. Lo anterior pude deberse, según algunos especialistas, a que el cobro de aranceles a cargo del gobierno de EU no se ha aplicado según el discurso del presidente y a que algunas ramas, como equipo de cómputo, han despuntado mientras, por ejemplo, la exportación de autos refacciones se ha caído o estancado. 

No obstante, las tensiones internacionales persisten a nivel mundial y la relación bilateral entre México y Estados Unidos se mantiene en la incertidumbre. En este último caso, la negociación del T-MEC se ve cada vez más compleja no sólo por los deseos de Trump de restringir las importaciones sino también por utilizar la política comercial para condicionar a nuestro país en materia migratoria y en los temas de narcotráfico. Además,  la economía estadounidense parece ir más lenta. 

Por todo ello, el panorama laboral se ve oscuro y complicado. Lamentablemente, es probable que muchos trabajadores enfrenten en lo que resta del año serias dificultades para conservar su trabajo o conseguir uno. Y que incluso las actividades por cuenta propia resulten menos rentables que en el pasado inmediato. De la misma manera, estamosobservando presiones de los empleadores para limitar los aumentos a los salarios contractuales. Y no se descarta que el gobierno decida frenar la aprobación de nuevas reformas laborales como la semana de 40 horas. El incremento de los mínimos para 2025, igualmente, puede resultar más complicado que en años anteriores.

Hay la expectativa de que el próximo año sea más favorable: se calcula que el crecimiento económico será mayor que el de este año ( el BM lo sitúa en 1.4% y el gobierno en 2.3%). Sin embargo, tal cosa dependerá de que se acelere el gasto y la inversión pública, y al mismo tiempo aumenten las exportaciones y la inversión privada nacional y extranjera. Pero un mejor año no se decidirá a partir del primero de enero. Tiene que construirse desde hoy. Y para ello, se requiere una política económica que promueva el desarrollo lo cual, a pesar de planes y discursos no ha ocurrido. Al mismo tiempo se necesita una estrategia de diversificación comercial que no puede esperar hasta la firma del T-MEC o lo que surja en su lugar. Finalmente, un aterrizaje del Plan México en los hechos, no sólo dibujado en un hipotético futuro, es indispensable. 

México:el proyecto de política económica 2026

 Las perspectivas para 2026, según el paquete económico

9 de septiembre de 2025. El Sur.

Saúl Escobar Toledo

El lunes 8 de septiembre, el secretario de Hacienda presentó el llamado “paquete económico” del gobierno federal que consiste en: los Criterios generales de política económica; la iniciativa de la Ley de ingresos; y el decreto de presupuesto de egresos de la federación (PEF). Todos esto documentos intentan formular la estrategia y los instrumentosde la conducción de la política económica y atisbar la evolución de la economía nacionaldurante el próximo año.

En este caso, el paquete nos presenta un escenario más pesimista para 2025 y más optimista para 2026. En efecto, para este año, de un estimado original de crecimiento de alrededor de 1.9% calculado en marzo por Hacienda, ahora lo deja en apenas 1% promedio. En cambio, para 2026 originalmente se había proyectado un crecimiento de 2% y lo eleva en el paqueteal 2.3%. 

Junto a ello también prevén mejores condiciones, por ejemplo, en materia de tasas de interés: para 2026 antes lo calculaban en 7% y ahora en 6%. La inflación esperada no se modifica: queda en 3% y bajaría de la estimada para 2025 de 3.8%. La paridad peso-dólar para el próximo año se revalúa, de 19.70 prevista en marzo, a 18.90 para el próximo año. 

Lo más importante, sin embargo, es que el déficit público (amplio) ya no se reduce tanto como lo planeado en marzo. Pasa de un estimado de entre 3.2 y 3.5 originalmente, a 4.1% del PIB para este año; para 2026 se preveía en alrededor de 4% y en el paquete se calculaque terminará en 4.3%.

Lo anterior parecería indicar que las políticas de austeridad se han abandonado parcialmente y ahora se apuesta a un crecimiento económico mayor sin una inflación más elevada. Asimismo, se espera un ligero incremento de la deuda pública, la cual se ubicaría en 52.3% del PIB para 2026,  inferior a la prevista para este año (52.4%), aunque por encima de lo aprobado por el Congreso (51.4%). 

La estrategia apuntada tiene riesgos y algunas cifras pueden resultar optimistas. No obstante, es mejor que otro apretón al gasto, el cual este año ha sido muy severo, por lo menos en el primer semestre. De acuerdo con las cifras de Hacienda , hasta julio de 2025, el gasto neto total se había reducido en casi 4% en términos reales respecto a 2024 y elgasto programable en casi 8%. Así, el déficit (balance presupuestal del sector público) se había encogido en ese periodo de 2025 en casi un 35% respecto al año pasado. Los efectos de estos tijeretazos se reflejaron por ejemplo en que los recursos para el IMSS habíandisminuido en 12.4% respecto al año anterior y para la CFE en casi 42%. 

Si los cálculos de Hacienda se cumplen, se puede esperar que en el segundo semestre de este año y en 2026 veamos un mayor gasto y una política fiscal menos restrictiva. 

Para sostener el aumento de las erogaciones del gobierno el próximo año se calcula un incremento de los ingresos, particularmente de los impuestos, los cuales se elevarían en5.7% respecto a 2025. Especialmente el IEPS (con una expansión de 10% respecto al estimado para este año) y los impuestos provenientes de las aduanas por importaciones (un incremento de casi 41%). El ISR y el IVA aumentarían en menor proporción, alrededor de 2-3%. De esta manera, la recaudación tributaria, según la SHCP alcanzará “un máximo histórico” de 15.1% del PIB frente al estimado para 2025 de 14.8%. 

Ahora bien, del lado de las erogaciones, el gasto programable aumentaría en 5.7% en términos reales respecto al aprobado en 2025. El renglón más importante sigue siendo la pensión para adultos mayores que absorbe más del 53% del total de los programas socialesprioritarios ; le sigue el programa de becas Benito Juárez (19% de ese total). La novedad es que los programas de inversión en trenes alcanzarán 142.5 mil millones de pesos. Representan casi el 27% del total de las inversiones prioritarias planeadas parta 2026. Otrasson: PEMEX con 247.3 mil millones de pesos (mdp); las obras para el Istmo de Tehuantepec, 25 mil mdp; carreteras y caminos, 27.7 miles de mdp; y obras hidráulicas a cargo de CONAGUA con 20.7 miles de mdp.

Estos programas representan un aumento sustancial con relación a los previsto en marzo. Por ejemplo, en esa fecha Hacienda proponía como “deseable” destinar al Programa de Adultos Mayores 503 mil mdp y en el paquete 2026 entregado hace unos días, se proponegastar 526.6 miles de mdp. Para el programa de becas Rita Cetina en marzo se proponía destinar 82 mil mdp y ahora se destinarán 129.4 miles de mdp. Para los trenes lo “deseable” era invertir alrededor de 116.1 mil mdp y en el PEF 2026 piensa destinarse unmonto casi 23% superior. 

Lo anterior deja ver dos cuestiones: el gobierno de CSP mantiene el esquema consistente en gastar más en los programas sociales de transferencias monetarias y menos en proyectos de inversión. Esta estrategia puede resultar viable y exitosa en el corto plazo, pero pone en riesgo para los próximos años, la viabilidad de servicios básicos para la población (salud, educación y vivienda). Sin embargo, al mismo tiempo, el presupuesto 2026 hace mayor énfasis en la inversión productiva (particularmente en trenes), marcando una cierta distancia con la dinámica del sexenio pasado ya que habrá una mayor diversificación geográfica pues se considera invertir alrededor de 122 mil mdp en las líneas México-Querétaro; AIFA-Pachuca; Saltillo-Nuevo Laredo; Querétaro-Irapuato; Querétaro-San Luis Potosí; Irapuato-Guadalajara;  SLP-Saltillo; y México-Toluca. Al Tren Maya se piensa destinar 30 mil mdp. 

En resumen, una hojeada al paquete económico 2026 parece mostrar que el interés del gobierno no se propone, prioritariamente, lograr la consolidación fiscal. Ofrece un proyecto más flexible que no busca reducir drásticamente el déficit de las finanzas públicas. Ello propiciará, dice Hacienda, un crecimiento de la economía que será más del doble del que se prevé ocurrirá este año. Al mismo tiempo, confía en que lo anterior no se reflejará en una mayor inflación. Por su parte, la deuda pública apenas crecería unas décimas. 

Esta estrategia quizás responda al panorama que puede observarse en estos momentos: una caída del empleo, deterioro de los servicios de salud y educación, y pocos recursos para la inversión incluyendo los que se tienen planeados en el Plan México. 

Asimismo, se espera recaudar mayores recursos gravando más los refrescos y tabacos, así como mediante el combate al contrabando y elevando también algunas tasas a la importación de mercancías. 

De esta manera, el gasto aumentaría en términos reales en 2026 a diferencia de lo previsto para este año respecto al anterior. Se destinaría en una proporción muy importante a programas sociales y en particular a los que se implementan mediante transferencias monetarias. No obstante, parece despuntar una nueva política en materia de inversiones productivas particularmente en la construcción de líneas de ferrocarril. Si ésta se lleva a cabo en forma eficiente y con los recursos planeados, se impulsará el desarrollo económico en varias regiones del país y tendrá efectos positivos en el empleo y en su capacidad productiva y exportadora. 

Por lo anterior, en 2026 puede ocurrir un pequeño empujón para reanimar nuestra economía. No será suficiente y estará expuesto a riesgos, algunos provenientes sobre todo de la errática y agresiva política del Sr. Trump y otros de la dinámica interna, especialmente si la inversión privada nacional no responde a la estrategia trazada en el Plan México y a la posible reanimación de la inversión extranjera. 

Y es que, mantener una política tan agresiva de austeridad como la que se intentó este año, significaba transitar por un camino de empobrecimiento generalizado y de mayores brotes de descontento social. 

Esperemos entonces que 2026 sea un mejor año y apenas el inicio de un futuro más prometedor. Para ello, se requerirán cambios estructurales que el paquete 2026 apenas insinúa.