2025: un año difícil para los trabajadores mexicanos

Perspectivas del movimiento sindical: 2025, un año difícil Saúl Escobar Toledo Para tratar de imaginar cómo será el futuro inmediato, antes vale la pena hace un breve recuento del sexenio de AMLO y de las medidas aprobadas en la administración de la presidenta Sheinbaum en materia laboral. En este aspecto, vale la pena destacar que no se habían llevado a cabo reformas a la legislación del ramo y políticas favorables a los trabajadores desde 1982. El ejemplo más evidente de esa debacle fue el comportamiento del salario mínimo, el cual disminuyó hasta fines del siglo y luego se congeló hasta 2017. Perdió más de 75% de su valor adquisitivo y era uno de los más reducidos de América Latina. Lo anterior provocó una pobreza laboral muy profunda y extendida. En el sexenio de López Obrador los salarios mínimos aumentaron constantemente por encima de la inflación y alcanzaron un monto, en términos reales, de más del 100% en la mayor parte del país (en la frontera norte el incremento fue superior). También hay que mencionar la reforma 2017 – 2019 acerca de la democracia sindical, la contratación colectiva legítima y justicia laboral. Otros derechos colectivos enmendados fueron: la regulación de la subcontratación; el reparto de utilidades; un aumento de las semanas de vacaciones; la actualización de la tabla de enfermedades y riesgos profesionales; la regulación de trabajo en casa (teletrabajo); la incorporación de trabajadoras y trabajadores del hogar al IMSS; y la Ley Silla. En lo que toca al sistema de pensiones se realizaron dos reformas: la primera redujo las semanas de cotización y se aumentó la cuota patronal. La segunda creó un fondo para garantizar una pensión mínima para trabajadores de los apartados A y B. Además, se legisló un salario mínimo para las maestras y los maestros de tiempo completo de educación pública del nivel básico, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada permanente, y médicos y enfermeros. En lo que toca al aumento del salario mínimo general, se ha anunciado un aumento de 12% para 2025. Asimismo, en materia de igualdad entre los géneros, recientemente se aprobó una reforma constitucional para tratar de garantizar que, a trabajo igual salario igual, y hacer realidad el Convenio 190 de la OIT acerca de la eliminación de la violencia y acoso laboral. En este rubro, ya se había legislado la proporcionalidad en representación sindical entre hombres y mujeres. Sin embargo, han quedado pendientes dos asuntos importantes: la semana de 40 horas y la regulación trabajo de plataformas digitales. Si bien las reformas legales han sido favorables para los trabajadores, su implementación ha resultado muy ardua en algunos rubros. Por ejemplo, la democracia sindical y la participación de los trabajadores en la negociación de sus contratos colectivos no ha llegado a muchos trabajadores. Todavía subsisten viejos liderazgos antidemocráticos y contratos de protección patronal. Se trata de un fenómeno que, desde mi punto de vista, depende de varios factores. Uno de los principales, la permanencia de una cultura laboral que se distingue por la pasividad, el conformismo, e incluso el rechazo a la organización colectiva. Ello se explica, principalmente por la predominancia, con algunas excepciones, de un sindicalismo ficticio que engañó a los trabajadores durante varias décadas. Por su parte, la flamante justicia laboral, igualmente, ha enfrentado problemas. A pesar de todo, existe un panorama en el que podemos observar, todavía de manera incipiente, un sindicalismo más activo y un mejor ambiente para hacer valer los derechos laborales. Hay que agregar que algunas reformas legales han surtido efecto, como la regulación de la subcontratación, beneficiando a miles de trabajadores. Igualmente, se redujo la pobreza laboral y los ingresos de los trabajadores aumentaron. El salario base de cotización del IMSS a fines de octubre de este año era de 580.5 pesos diarios, un aumento de 9.2% respecto al año anterior. Por otro lado, sin embargo, hay que señalar que la estructura del mercado de trabajo no se ha modificado sustancialmente: más del 54% de las personas trabajadores laboran en la informalidad. En lo que toca a los trabajadores asalariados, el 42% no tiene acceso a las instituciones de salud; el 41% no tiene un contrato escrito; y un tercio carece de prestaciones laborales. Estos datos ofrecen un panorama abigarrado que podríamos resumir diciendo que ha ocurrido un cambio de tendencia, pero no una transformación estructural. O para decirlo en términos coloquiales, se mejoró el reparto del pastel, aunque éste sigue siendo el mismo. Los problemas de fondo, la informalidad y la existencia de empleos precarios y vulnerables, no se han resuelto. Revisemos ahora el momento actual. En 2024 se ha observado una caída tendencial de la creación de empleos y al mismo tiempo, según el Banco de México, las revisiones contractuales han conocido aumentos por encima de la inflación. Hay sin embargo una excepción notable: los incrementos salariales en el sector público han sido menores al aumento de los precios. Ha habido entonces un saldo negativo, en términos reales, de los salarios para este conjunto de trabajadores. Un factor determinante que explica la dinámica del empleo radica en el escaso crecimiento del conjunto de la economía. Durante el sexenio de AMLO el PIB creció apenas en 1%. Este año, se calcula en menos del 1.5%. Para 2025, el panorama está lleno de incertidumbres en buena medida por la situación mundial: las guerras regionales en Europa y en Medio Oriente, y la pugna entre Beijing y Washington. Así las cosas, no se ve con claridad la marcha de la economía mundial, en particular la de Estados Unidos, y por lo tanto si el llamado nearshoring, es decir, la relocalización de inversiones desde China para llevarlas a otras naciones como México, evolucionará en forma sostenida. Además, en el caso de nuestro país, se ha anunciado un ajuste presupuestal, es decir una reducción del gasto público lo que sin duda afectará el crecimiento y por lo tanto la creación de empleos. El 2025 podría complicarse por otras razones: los enredos de la reforma judicial; y sobre todo la permanencia de la violencia del crimen organizado en diversas partes del territorio nacional. Un elemento adicional que puede ensombrecer el panorama para 2025, surgió hace unos días con la elección de Trump para presidente de los Estados Unidos. Hay el temor de un viraje radical en los tres temas clave de la relación bilateral: la migración, el comercio y el combate al narcotráfico. ¿Hasta dónde llegarán las amenazas de Trump? Eso se verá a partir de enero del próximo año, pero es muy probable que existirán fuertes presiones contra México que afectarán la estabilidad económica del país. Como puede verse, el panorama nacional es especialmente complejo ya que depende de varios factores internacionales y domésticos. Lamentablemente, es probable que el sindicalismo tenga que enfrentar un año particularmente difícil por la situación económica; el posible freno o dosificación de nuevas reformas laborales; y las presiones de los empleadores para limitar los aumentos a los salarios contractuales. No obstante, el futuro puede ser más promisorio. Ello dependerá de la evolución de los acontecimientos y sobre todo de la movilización del sindicalismo; de su capacidad de interlocución con el Congreso y el Ejecutivo para presionar en favor de políticas y reformas laborales que mejoren la situación de los trabajadores; y de la decisión del gobierno para llamar a los trabajadores al diálogo, la participación y la toma de decisiones, sobre todo si se presenta una emergencia nacional debido a una grave confrontación con Estados Unidos. saulescobar.blogspot.com

Aumento salarios mínimos en México 2025

El aumento al salario mínimo para 2025 Saúl Escobar Toledo La Comisión Nacional de Salarios Mínimos anunció en días pasado que, a partir del 1 de enero del próximo año, el salario mínimo general se incrementará de 248.93 a 278.80 pesos diarios y en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) de 374.89 a 419.88 pesos diarios. Asimismo, los salarios mínimos profesionales, integrado por 61 profesiones, oficios y trabajos especiales, conocerá una subida, igualmente, de 12%. Estos aumentos serán mayores al incremento del índice general de precios al consumidor ocurrido este año, calculado en alrededor del 4.5%. Sin embargo, algunos bienes, como los productos agropecuarios, y el gas y la electricidad, presentan una elevación de casi 8%, lo que impactará a las familias de menores recursos. Según esta institución hasta octubre de este año el salario mínimo había perdido más del 5 por ciento su poder adquisitivo. Aun así, el aumento del 12 por ciento mejorará los ingresos laborales de los trabajadores que obtienen este ingreso y aumentará el consumo de las familias, lo que resulta significativo tomando en cuenta que para 2025 seguramente se aprobará un recorte del gasto público que tendrá efectos recesivos en la economía mexicana. Este porcentaje representa un aumento menor en comparación a los que se decretaron durante el sexenio pasado. Sin embargo, mantiene al salario mínimo en un nivel más de dos veces superior al que alcanzó en las décadas anteriores, cuando estuvo prácticamente congelado. El anuncio oficial señaló que el aumento al mínimo en la mayor parte de la república se compone de dos tramos: el MIR (Monto independiente de Recuperación) que se fijó en 12.85 pesos y un 6.5% adicional. Esta composición se ha interpretado como una forma de tratar de topar las revisiones contractuales. El gobierno ha reiterado, cada año que “el MIR…es un mecanismo cuya única finalidad es la recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos… una cantidad absoluta en pesos que no debe ser utilizada como referente para fijar otros salarios vigentes como los contractuales, federales, estatales, ni municipales”. No obstante, representantes de distintos sindicatos han señalado que estos topes realmente existen y se han convertido en un mecanismo de presión para los trabajadores y un índice para fijar los aumentos en el sector público. Sin duda, la existencia de dos tramos para determinar los salarios mínimos no es positiva para los trabajadores y además resulta confusa. Por ejemplo, para 2024 el MIR representó en pesos un aumento del 13.2% y el porcentaje extra fue del 6% dando un 20% total. En 2025, en cambio, el incremento en pesos representa un 5.16% y el porcentaje adicional es del 6.5% (dando un total de 12%). Es decir, en 2024 el MIR fue superior al porcentaje añadido y para el próximo año, al revés, el MIR será inferior. De esta manera, en 2024 el 6% se interpretó como supuesto tope a las revisiones contractuales, pero ahora surge la duda si se tratará de utilizar para este efecto el tramo que representa el MIR o el 6.5%. Todo esto refleja la necesidad de abandonar la división en dos tramos y anunciar simplemente un porcentaje único. Cabe agregar que, en 2024, las revisiones contractuales de los salarios no fueron parejas. Según el Banco de México, superaron la inflación en entre 5 y 1 por ciento. No obstante, en la industria manufacturera los incrementos rebasaron los ocho puntos porcentuales y en algunos casos llegaron al 12% en términos nominales. Por su lado, en las empresas del sector público, apenas llegaron al 5% o menos. En otras palabras, no hubo en este último sector una recuperación del poder adquisitivo de los salarios como efectivamente sucedió en el sector privado, particularmente en la industria manufacturera. A pesar de estas diferencias, la masa salarial (CONEVAL) ha seguido aumentando a precios constantes (base primer trimestre de 2020): para el tercer trimestre de 2024, respecto al primer trimestre de 2019, se incrementó en 33.77%. Este incremento resulta muy destacado y revela un cambio de tendencia en materia de salarios respecto a las décadas anteriores. Sólo como ejemplo, entre el primer trimestre de 2010 y el cuarto trimestre de 2017, la masa salarial se movió en un irrisorio 1.4%. El porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria también se redujo entre el cuarto trimestre de 2018 al tercero de 2024 del 40.7 por ciento al 35 por ciento. Sin duda, las reformas legales en materia laboral como la que tiene que ver con la democracia sindical y la contratación colectiva , y la regulación de la subcontratación, entre otras, ayudaron a mejorar el nivel de vida de los trabajadores. Este cambio de tendencia, sin embargo, no se ha traducido en una mudanza estructural. El 54 por ciento de la población ocupada se mantiene en la informalidad. Por su parte, en lo que toca solamente a los trabajadores subordinados y remunerados, el 42 por ciento no tenía acceso a las instituciones de salud y el 41 por ciento carecía de un contrato escrito. Además, aunque la tasa de desocupación abierta era del 2.7%, tomando en cuenta este porcentaje y la población no económicamente disponible (PNEAD es decir personas desocupadas que no buscaban un empleo, pero declararon que necesitaban un ingreso laboral) el total sumaba 15% (INEGI). Estas cifras reflejan la carencia de empleo para varios millones de mexicanos y, sobre todo, la exclusión por razones de género ya que la PNEAD incluye mayoritariamente a las mujeres, las cuales no salen a buscar una ocupación remunerada a pesar de que la necesitan por ocupar su tiempo en labores del hogar: principalmente, cuidado de infantes, personas de la tercera edad y enfermos; y limpieza y preparación de alimentos y vestido de los miembros de la familia. Asimismo, la brecha salarial en el trabajo remunerado entre ambos sexos aún se mantiene relativamente alta. Igualmente, hay que tomar en cuenta las profundas diferencias regionales ya que, lamentablemente, las entidades del sureste presentan un panorama muy diferente a las del centro norte del país. En resumen, el mercado de trabajo presenta los mismos los problemas estructurales que ha arrastrado durante décadas y al mismo tiempo ha ocurrido una disminución de la pobreza laboral y un aumento de la masa salarial. Dicho en palabras sencillas, el pastel se ha repartido mejor pero el guiso no ha cambiado sustancialmente. Los problemas de fondo, la informalidad y la existencia de empleos precarios y vulnerables, no se han resuelto. Además, para 2025, la expectativa es de un menor crecimiento, lo que presionará negativamente a los empleos y puede llevar a que las revisiones contractuales conozcan menores aumentos que en años anteriores (sobre todo 2023 y 2024). A la caída del gasto público habrá que agregar que el próximo año podría complicarse por otras razones: los enredos de la reforma judicial y destacadamente, la permanencia de la violencia del crimen organizado en diversas partes del territorio nacional. Un elemento adicional se refiere al “factor Trump” y la expectativa de un viraje radical particularmente en materia comercial, lo que dañaría a nuestra economía de manera severa. Como puede verse, el panorama nacional es especialmente complejo ya que depende de varios factores internacionales y domésticos. Lamentablemente, es probable que los trabajadores y sus representaciones sindicales tengan que enfrentar un año particularmente difícil. No obstante, el futuro puede ser más promisorio. Ello dependerá de la evolución de los acontecimientos y principalmente de la movilización del sindicalismo; de su capacidad para presionar en favor de políticas y reformas laborales que mejoren la situación de los trabajadores, por ejemplo, la semana de 40 horas; y de la decisión del gobierno para llamar a los trabajadores al diálogo, la participación y la toma de decisiones, especialmente si se presenta una emergencia nacional debido a una grave confrontación con Estados Unidos. saulescobar.blogspot.com

Los programas sociales en México y el ajuste presupuestal 2025

El ajuste presupuestal y los programas sociales en México Saúl Escobar Toledo América Latina no está pasando por una buena etapa en materia de crecimiento económico. De acuerdo con el estudio de la CEPAL “Panorama Social de América Latina y el Caribe 2024”, entre 2015 y 2024, la tasa anual de incremento del PIB de la región promedió solo un 0,9%, menos de la mitad (2,0%) que en la década perdida de los años ochenta. Resultado de ello, la creación de empleos, la pobreza y la desigualdad siguen siendo problemas aún por resolver. De esta manera dice la CEPAL, para enfrentar estos desafíos “es urgente fortalecer los sistemas de protección social en la región que sean universales, integrales, sostenibles y resilientes”. Desde el punto de vista de esta institución, los sistemas de protección social se componen de prestaciones contributivas y no contributivas. Los primeros suponen aportes de los empleadores, los trabajadores y del gobierno (como la seguridad social proporcionada por el IMSS y el ISSSTE). Los segundos, los no contributivos, se financian principalmente con recursos públicos (impuestos y otros ingresos del Estado) e incluyen fundamentalmente transferencias monetarias, subsidios y deducciones fiscales, la provisión de servicios, y las pensiones no contributivas (como el programa de adultos mayores de México). Según la investigación de la CEPAL, los programas sociales no contributivos han cobrado relevancia en América Latina debido a los persistentes niveles de pobreza en la región, la desigualdad y los altos niveles de informalidad laboral y empleos de baja calidad. La expansión de estos programas no contributivos ha sido notable en toda la región y se ha basado principalmente en dos: las transferencias (principalmente monetarias) condicionadas y los sistemas de pensiones no contributivos. Este último programa ha tenidos una cobertura cada vez más amplia. Si en el año 2000 apenas el 3.4% de la población se beneficiaba de esta pensión, en 2022, llegó al 31% de la población de 65 años y más y ha tenido buenos resultados: “La cobertura de los sistemas de pensiones no contributivos aumentó más de 27 puntos porcentuales entre las personas de 65 años y más en los últimos 20 años, período en el que la pobreza en esta misma población se redujo 14.3 puntos porcentuales…” Los programas sociales no contributivos han logrado reducir la pobreza y representan una fuente de ingresos muy importante para los hogares de menores recursos. Sin embargo, dice la CEPAL, no han sido tan efectivos como los ingresos en el mercado laboral: “en 8 de los 12 países que redujeron la pobreza en el período 2021-2023, los ingresos provenientes del trabajo asalariado fueron la principal fuerza que impulsó esta disminución”. No obstante, la CEPAL recomienda fortalecer los programas sociales no contributivos sobre todo en los grupos de la población que son más vulnerables: aquellos que se encuentran en los extremos de la vida, es decir, la infancia y la vejez. Y también sugiere una mayor articulación de estas medidas con las políticas educativas, de salud, de inclusión laboral y de cuidados. En resumen, en vista de que la expansión económica y la creación de empleos ha sido insuficiente, los gobiernos han optado por gastar más en los programas sociales no contributivos mediante transferencias monetarias a los hogares, principalmente las pensiones para los mayores de 65 años. Ello ha tenido resultados modestos pero tangibles en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, por lo cual se han se han convertido en una parte sustancial de la política social en la mayoría de los países de América Latina. México es un buen ejemplo de lo que ha sucedido en nuestra región. Según datos de José Casar, la economía mexicana apenas creció en promedio 1.7% entre 2000 y 2018, y menos del 1% entre 2018 y 2024. Por su parte, los programas sociales no contributivos de transferencias monetarias se expandieron notablemente en el sexenio anterior y han adquirido el rango de derechos constitucionales con lo que se trata de garantizar su universalidad. La Pensión para adultos mayores; para personas con discapacidad; las Becas Benito Juárez (que incluyen tres modalidades); Jóvenes Construyendo el futuro; y ahora la de apoyo a mujeres 60 a 64 años representan casi el 85% de los programas sociales prioritarios; hay que destacar que el de adultos mayores absorbe el 58%. Sin embargo, como sucede en la región en su conjunto, los recursos han sido escasos. En lo que toca a nuestro país, por el financiamiento de estos programas y aquellos dedicados a la inversión pública (como el Tren Maya, el canal interoceánico y la refinería Olmeca), sobre todo en los dos años anteriores, se causó un creciente déficit público que para 2025 ha llevado a un ajuste del presupuesto de magnitudes considerables. Así, cuando los recursos tienen que recortarse, la política social adoptada se traduce en la caída de las asignaciones previstas para 2025 a la inversión productiva (-11%) y a renglones como salud (-34% aunque aumentan IMSS Bienestar e ISSSTE) y educación (el presupuesto de la SEP tiene una caída del -1.7 % en términos reales); recorte a universidades (quizás con excepción de UNAM e IPN); y a la cultura con una caída del 30%. Este panorama nos obliga a reflexionar acerca de la conveniencia de lograr un mayor equilibrio entre las asignaciones que llegan a las personas en recursos materiales (escuelas, hospitales) y al desarrollo productivo ( carreteras, comunicaciones, puertos) y, por otro lado, las asignaciones que le llegan en efectivo. En el caso de los programas laborales, por ejemplo, para el PEF 2025, Jóvenes Construyendo el Futuro pasa de absorber el 84.6 del total de los recursos asignados para este año a la Secretaría del Trabajo, al 87% proyectado para el próximo. Hay, en cambio, una disminución en términos reales de programas como la inspección del trabajo (menos 13%). Por su parte, el Centro Federal de Conciliación Laboral y Registro Laboral verá reducidos sus recursos sustancialmente: la caída es superior al 35% en términos reales, es decir descontando la inflación. Como apunta la CEPAL, hay que fortalecer los programas sociales no contributivos, particularmente las transferencias monetarias, pero también encontrar un mejor equilibrio entre éstos y aquellos que ofrecen servicios indispensables para la población como educación, salud, vinculación laboral, el sistema de cuidados y la protección al medio ambiente. Asimismo, hay que encontrar un mejor reparto las transferencias monetarias que se ofrecen a los mayores de 65 años y aquellas que se destinan a la infancia. Ajustar el presupuesto de 2025 resultó ineludible para el gobierno federal. Se requería disminuir el déficit fiscal para garantizar la estabilidad económica, evitar un crecimiento de la inflación, y evitar una posible crisis en la balanza de pagos y en el pago de la deuda. Sin embargo, los recortes a las distintas dependencias y programas, nos deja una enseñanza: resulta necesario revisar las políticas públicas para que no sólo se ofrezca a la población dinero en efectivo sino, igualmente y de manera destacada, bienes y servicios indispensables que mejoren su calidad de vida. Más ingresos monetarios para las familias son necesarios, pero si no van acompañados de un fortalecimiento de otras políticas de protección social, esas entregas pierden eficacia y cuando mucho sirven para elevar el consumo de bienes finales, no necesariamente para mejorar el bienestar de las personas. Corremos el riesgo de monetizar la protección social al mismo tiempo que descuidamos la provisión de lo que realmente sirve para mejorar la existencia de las personas en el presente y en el futuro; en el caso de la política laboral, los servicios que pueden garantizar más y mejores empleos dignos. El equilibrio presupuestal y en las políticas públicas, entre los diferentes programas sociales no contributivos, es uno de los debates más importantes que tendremos que enfrentar en los próximos años. saulescoba.blosgspot.com

La presidencia de Trump y sus posibles efectos en materia laboral

El factor Trump y su posible impacto en materia laboral Saúl Escobar Toledo Desde que se confirmó la victoria del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, han corrido ríos de tinta tanto en publicaciones nacionales como extranjeras acerca de las medidas que tomará Trump una vez que tome posesión. Hay, sin embargo, una amplia coincidencia en que podría ocurrir un viraje radical en tres temas clave de la relación bilateral: la migración, el comercio y el combate al narcotráfico. Quizás habría que agregar otro más: un cambio drástico en materia de política laboral. Una de las amenazas más ominosas del próximo mandatario de la Casa Blanca se refiere a la expulsión inmediata de millones de trabajadores indocumentados. Fue, además, según se ha analizado, una promesa de campaña que le acarreó muchos votantes. No hay claridad acerca de la magnitud y los criterios para llevar a cabo esta deleznable tarea. Es dudoso que logre cumplir su amenaza de afectar a millones de trabajadores, pero es muy probable que se incline por imponer un conjunto de leyes y acciones que tengan como resultado expulsar a cientos de miles de ellos. Como quiera que sea, México podría recibir, contra su voluntad, un flujo considerable de personas expulsadas y verse obligado a frenar el tránsito de aquellas que desean llegar a Estados Unidos por nuestro territorio. También se afectarían las remesas de los trabajadores mexicanos las cuales representan alrededor del 3.5% del PIB mexicano. El comercio bilateral está, Igualmente, bajo amenaza. Los discursos de Trump antes de las elecciones insistieron en aplicar un arancel indiscriminado a las importaciones mexicanas si no se frena el flujo de personas y drogas. Muchos especialistas han señalado el daño que causaría una medida como ésta a la economía de los dos países. Por ello, es probable que más bien la utilizaría, como sucedió en su primer mandato, en mayo de 2019, como un mecanismo de negociación para obligar a que el gobierno mexicano tome ciertas medidas que en estos momentos es difícil precisar. Sin embargo, parece indudable que esas presiones existirán. Además, su doctrina basada en el nacionalismo económico, su marcada oposición a los acuerdos comerciales, y sus alianzas con magnates como Musk, se reflejarán en una reducción de impuestos a las empresas y a las personas de altos ingresos; y en medidas que alienten la inversión en ese país y desalienten las que se pretenden dirigir a México. También habrá probablemente severos cambios en la política de protección al medio ambiente y el impulso a las energías limpias. Lo cual afectará las ya alicaídas negociaciones y políticas concertadas a nivel mundial para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, lo que podría alterar los proyectos del gobierno de la presidenta Sheinbaum. Igualmente, se ha asegurado que las políticas de Trump podrían alentar la inflación en EU lo que motivaría un incremento en las tasas de interés que a su vez provocaría un menor flujo de dólares hacia como México. Todas estas medidas, de un modo u otro afectarán la economía mexicana. El llamado nearshoring es decir la relocalización de inversiones y empresas desde China hacia México, encontrarán obstáculos políticos que probablemente modificarán las decisiones de los inversionistas. No obstante, una vez más, es imposible saber la magnitud de este fenómeno. Ahora bien, en materia laboral, el TMEC, propuesto por Trump en su primer mandato incluía principalmente una serie de previsiones, sobre todo en las reglas de origen, para tratar de frenar, según el magnate, la fuga de empleos hacia México. Sin embargo, los demócratas, cuando ganaron la Cámara de Representantes en 2018, fortalecieron el TMEC con medidas más explícitas y severas en materia laboral lo que se reflejó en la creación de un nuevo instrumento, el Mecanismo de Respuesta Rápida (RRM por sus siglas en inglés) el cual fue aprobado por el Congreso en 2019. El Mecanismo permite al gobierno emprender acciones en México si considera que se están violando los derechos de sindicalización y negociación colectiva de los trabajadores en nuestro territorio. De esta manera se le pusieron dientes al TMEC para que las reformas laborales se aplicaran efectivamente en nuestro país. Así, con el apoyo de los dos partidos, el TMEC fue formalmente aprobado legalmente y el presidente Trump firmó el decreto en enero de 2020. No obstante, como sabemos, a fines de ese mismo año perdió su reelección y el presidente Biden tomo posesión en enero de 2021. Consecuente con las posiciones de su partido, en mayo, su gobierno presentó la primera queja por medio del RRM para que se examinara si en la planta de General Motors en Silao, Guanajuato se habían violado los derechos a la libre sindicalización y contratación colectiva. La queja fue aceptada y se repusieron los procedimientos. La CTM perdió la votación y nació un nuevo sindicato y una representación legítima de los trabajadores. Desde entonces y hasta ahora, se han presentado treinta quejas en este sentido en diversas empresas instaladas en México. De ahí que, resultado de una peculiar coincidencia, los cambios políticos en ambos países en 2016,2018 y 2020 se tradujeron en el establecimiento de un mecanismo especial para vigilar la aplicación de las normas laborales en México, el RRM. El propósito, hay que subrayarlo, es que los sindicatos mexicanos sean más activos en la defensa de los intereses de los trabajadores y se mejoren los salarios y las prestaciones contractuales. Todo ello pretendía demostrar que la nueva administración sería favorable para los trabajadores y los sindicatos en ambos lados de la frontera y, de esta manera, ganar la adhesión de la clase obrera de EU y sus organizaciones laborales. Con estas medidas, los demócratas intentaron establecer una política laboral pactada binacionalmente para proteger a los trabajadores mexicanos y también a los estadounidenses. No habría ya perdedores y surgiría una “prosperidad compartida” a nivel regional. El balance del TMEC está por hacerse; sin embargo, en lo que toca a la materia laboral, creo que tuvo algunos efectos positivos gracias a las quejas presentadas por el gobierno de Washington y aceptadas por México, lo cual ayudó a remediar las violaciones cometidas por algunas empresas en perjuicio de los trabajadores. Lo anterior ayudó a crear un ambiente más propicio para las reivindicaciones obreras. Así pues, es importante distinguir la política de Trump y la de Biden en esta materia. El primero buscó y seguramente intentará cuando asuma el cargo, frenar el comercio y la inversión de EU a México haciendo uso de diversos mecanismos, pero sin afectar los intereses de los grandes consorcios industriales. Por lo tanto, es probable que en los próximos meses y especialmente en 2026 cuando se revise formalmente el TMEC, los mecanismos laborales previstos en ese tratado, particularmente el RRM, dejen de operar o se congelen. Algunos empresarios ya han declarado que este mecanismo “es un mecanismo de extorsión para las empresas”. Si Trump decide eliminar esas medidas, los inversionistas estadounidenses ya no tendrán ninguna obligación laboral ni tendrán que rendir cuentas a Washington. Si a lo anterior agregamos que la evolución de la economía mexicana encontrará dificultades por razones internas, el panorama se vuelve sombrío para los trabajadores mexicanos o, por lo menos, más complicado. La creación de empleos será más lenta y los aumentos salariales menos cuantiosos. Desde luego, este panorama puede cambiar, lo que dependerá de la dinámica que adquieran los fenómenos mundiales y domésticos en los próximos meses. En cualquier caso, como afirmó un alto funcionario del gobierno chino recientemente, “siempre es mejor prepararse para lo peor”. Para ello, el gobierno de México requerirá, entre otras, cosas unificar a la nación bajo una estrategia común, la cual tendría que ser resultado del consenso, el diálogo y la inclusión social, especialmente con las organizaciones de los trabajadores. saulescobar.blogspot.com