2025: un año difícil para los trabajadores mexicanos

Perspectivas del movimiento sindical: 2025, un año difícil Saúl Escobar Toledo Para tratar de imaginar cómo será el futuro inmediato, antes vale la pena hace un breve recuento del sexenio de AMLO y de las medidas aprobadas en la administración de la presidenta Sheinbaum en materia laboral. En este aspecto, vale la pena destacar que no se habían llevado a cabo reformas a la legislación del ramo y políticas favorables a los trabajadores desde 1982. El ejemplo más evidente de esa debacle fue el comportamiento del salario mínimo, el cual disminuyó hasta fines del siglo y luego se congeló hasta 2017. Perdió más de 75% de su valor adquisitivo y era uno de los más reducidos de América Latina. Lo anterior provocó una pobreza laboral muy profunda y extendida. En el sexenio de López Obrador los salarios mínimos aumentaron constantemente por encima de la inflación y alcanzaron un monto, en términos reales, de más del 100% en la mayor parte del país (en la frontera norte el incremento fue superior). También hay que mencionar la reforma 2017 – 2019 acerca de la democracia sindical, la contratación colectiva legítima y justicia laboral. Otros derechos colectivos enmendados fueron: la regulación de la subcontratación; el reparto de utilidades; un aumento de las semanas de vacaciones; la actualización de la tabla de enfermedades y riesgos profesionales; la regulación de trabajo en casa (teletrabajo); la incorporación de trabajadoras y trabajadores del hogar al IMSS; y la Ley Silla. En lo que toca al sistema de pensiones se realizaron dos reformas: la primera redujo las semanas de cotización y se aumentó la cuota patronal. La segunda creó un fondo para garantizar una pensión mínima para trabajadores de los apartados A y B. Además, se legisló un salario mínimo para las maestras y los maestros de tiempo completo de educación pública del nivel básico, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada permanente, y médicos y enfermeros. En lo que toca al aumento del salario mínimo general, se ha anunciado un aumento de 12% para 2025. Asimismo, en materia de igualdad entre los géneros, recientemente se aprobó una reforma constitucional para tratar de garantizar que, a trabajo igual salario igual, y hacer realidad el Convenio 190 de la OIT acerca de la eliminación de la violencia y acoso laboral. En este rubro, ya se había legislado la proporcionalidad en representación sindical entre hombres y mujeres. Sin embargo, han quedado pendientes dos asuntos importantes: la semana de 40 horas y la regulación trabajo de plataformas digitales. Si bien las reformas legales han sido favorables para los trabajadores, su implementación ha resultado muy ardua en algunos rubros. Por ejemplo, la democracia sindical y la participación de los trabajadores en la negociación de sus contratos colectivos no ha llegado a muchos trabajadores. Todavía subsisten viejos liderazgos antidemocráticos y contratos de protección patronal. Se trata de un fenómeno que, desde mi punto de vista, depende de varios factores. Uno de los principales, la permanencia de una cultura laboral que se distingue por la pasividad, el conformismo, e incluso el rechazo a la organización colectiva. Ello se explica, principalmente por la predominancia, con algunas excepciones, de un sindicalismo ficticio que engañó a los trabajadores durante varias décadas. Por su parte, la flamante justicia laboral, igualmente, ha enfrentado problemas. A pesar de todo, existe un panorama en el que podemos observar, todavía de manera incipiente, un sindicalismo más activo y un mejor ambiente para hacer valer los derechos laborales. Hay que agregar que algunas reformas legales han surtido efecto, como la regulación de la subcontratación, beneficiando a miles de trabajadores. Igualmente, se redujo la pobreza laboral y los ingresos de los trabajadores aumentaron. El salario base de cotización del IMSS a fines de octubre de este año era de 580.5 pesos diarios, un aumento de 9.2% respecto al año anterior. Por otro lado, sin embargo, hay que señalar que la estructura del mercado de trabajo no se ha modificado sustancialmente: más del 54% de las personas trabajadores laboran en la informalidad. En lo que toca a los trabajadores asalariados, el 42% no tiene acceso a las instituciones de salud; el 41% no tiene un contrato escrito; y un tercio carece de prestaciones laborales. Estos datos ofrecen un panorama abigarrado que podríamos resumir diciendo que ha ocurrido un cambio de tendencia, pero no una transformación estructural. O para decirlo en términos coloquiales, se mejoró el reparto del pastel, aunque éste sigue siendo el mismo. Los problemas de fondo, la informalidad y la existencia de empleos precarios y vulnerables, no se han resuelto. Revisemos ahora el momento actual. En 2024 se ha observado una caída tendencial de la creación de empleos y al mismo tiempo, según el Banco de México, las revisiones contractuales han conocido aumentos por encima de la inflación. Hay sin embargo una excepción notable: los incrementos salariales en el sector público han sido menores al aumento de los precios. Ha habido entonces un saldo negativo, en términos reales, de los salarios para este conjunto de trabajadores. Un factor determinante que explica la dinámica del empleo radica en el escaso crecimiento del conjunto de la economía. Durante el sexenio de AMLO el PIB creció apenas en 1%. Este año, se calcula en menos del 1.5%. Para 2025, el panorama está lleno de incertidumbres en buena medida por la situación mundial: las guerras regionales en Europa y en Medio Oriente, y la pugna entre Beijing y Washington. Así las cosas, no se ve con claridad la marcha de la economía mundial, en particular la de Estados Unidos, y por lo tanto si el llamado nearshoring, es decir, la relocalización de inversiones desde China para llevarlas a otras naciones como México, evolucionará en forma sostenida. Además, en el caso de nuestro país, se ha anunciado un ajuste presupuestal, es decir una reducción del gasto público lo que sin duda afectará el crecimiento y por lo tanto la creación de empleos. El 2025 podría complicarse por otras razones: los enredos de la reforma judicial; y sobre todo la permanencia de la violencia del crimen organizado en diversas partes del territorio nacional. Un elemento adicional que puede ensombrecer el panorama para 2025, surgió hace unos días con la elección de Trump para presidente de los Estados Unidos. Hay el temor de un viraje radical en los tres temas clave de la relación bilateral: la migración, el comercio y el combate al narcotráfico. ¿Hasta dónde llegarán las amenazas de Trump? Eso se verá a partir de enero del próximo año, pero es muy probable que existirán fuertes presiones contra México que afectarán la estabilidad económica del país. Como puede verse, el panorama nacional es especialmente complejo ya que depende de varios factores internacionales y domésticos. Lamentablemente, es probable que el sindicalismo tenga que enfrentar un año particularmente difícil por la situación económica; el posible freno o dosificación de nuevas reformas laborales; y las presiones de los empleadores para limitar los aumentos a los salarios contractuales. No obstante, el futuro puede ser más promisorio. Ello dependerá de la evolución de los acontecimientos y sobre todo de la movilización del sindicalismo; de su capacidad de interlocución con el Congreso y el Ejecutivo para presionar en favor de políticas y reformas laborales que mejoren la situación de los trabajadores; y de la decisión del gobierno para llamar a los trabajadores al diálogo, la participación y la toma de decisiones, sobre todo si se presenta una emergencia nacional debido a una grave confrontación con Estados Unidos. saulescobar.blogspot.com

Aumento salarios mínimos en México 2025

El aumento al salario mínimo para 2025 Saúl Escobar Toledo La Comisión Nacional de Salarios Mínimos anunció en días pasado que, a partir del 1 de enero del próximo año, el salario mínimo general se incrementará de 248.93 a 278.80 pesos diarios y en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) de 374.89 a 419.88 pesos diarios. Asimismo, los salarios mínimos profesionales, integrado por 61 profesiones, oficios y trabajos especiales, conocerá una subida, igualmente, de 12%. Estos aumentos serán mayores al incremento del índice general de precios al consumidor ocurrido este año, calculado en alrededor del 4.5%. Sin embargo, algunos bienes, como los productos agropecuarios, y el gas y la electricidad, presentan una elevación de casi 8%, lo que impactará a las familias de menores recursos. Según esta institución hasta octubre de este año el salario mínimo había perdido más del 5 por ciento su poder adquisitivo. Aun así, el aumento del 12 por ciento mejorará los ingresos laborales de los trabajadores que obtienen este ingreso y aumentará el consumo de las familias, lo que resulta significativo tomando en cuenta que para 2025 seguramente se aprobará un recorte del gasto público que tendrá efectos recesivos en la economía mexicana. Este porcentaje representa un aumento menor en comparación a los que se decretaron durante el sexenio pasado. Sin embargo, mantiene al salario mínimo en un nivel más de dos veces superior al que alcanzó en las décadas anteriores, cuando estuvo prácticamente congelado. El anuncio oficial señaló que el aumento al mínimo en la mayor parte de la república se compone de dos tramos: el MIR (Monto independiente de Recuperación) que se fijó en 12.85 pesos y un 6.5% adicional. Esta composición se ha interpretado como una forma de tratar de topar las revisiones contractuales. El gobierno ha reiterado, cada año que “el MIR…es un mecanismo cuya única finalidad es la recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos… una cantidad absoluta en pesos que no debe ser utilizada como referente para fijar otros salarios vigentes como los contractuales, federales, estatales, ni municipales”. No obstante, representantes de distintos sindicatos han señalado que estos topes realmente existen y se han convertido en un mecanismo de presión para los trabajadores y un índice para fijar los aumentos en el sector público. Sin duda, la existencia de dos tramos para determinar los salarios mínimos no es positiva para los trabajadores y además resulta confusa. Por ejemplo, para 2024 el MIR representó en pesos un aumento del 13.2% y el porcentaje extra fue del 6% dando un 20% total. En 2025, en cambio, el incremento en pesos representa un 5.16% y el porcentaje adicional es del 6.5% (dando un total de 12%). Es decir, en 2024 el MIR fue superior al porcentaje añadido y para el próximo año, al revés, el MIR será inferior. De esta manera, en 2024 el 6% se interpretó como supuesto tope a las revisiones contractuales, pero ahora surge la duda si se tratará de utilizar para este efecto el tramo que representa el MIR o el 6.5%. Todo esto refleja la necesidad de abandonar la división en dos tramos y anunciar simplemente un porcentaje único. Cabe agregar que, en 2024, las revisiones contractuales de los salarios no fueron parejas. Según el Banco de México, superaron la inflación en entre 5 y 1 por ciento. No obstante, en la industria manufacturera los incrementos rebasaron los ocho puntos porcentuales y en algunos casos llegaron al 12% en términos nominales. Por su lado, en las empresas del sector público, apenas llegaron al 5% o menos. En otras palabras, no hubo en este último sector una recuperación del poder adquisitivo de los salarios como efectivamente sucedió en el sector privado, particularmente en la industria manufacturera. A pesar de estas diferencias, la masa salarial (CONEVAL) ha seguido aumentando a precios constantes (base primer trimestre de 2020): para el tercer trimestre de 2024, respecto al primer trimestre de 2019, se incrementó en 33.77%. Este incremento resulta muy destacado y revela un cambio de tendencia en materia de salarios respecto a las décadas anteriores. Sólo como ejemplo, entre el primer trimestre de 2010 y el cuarto trimestre de 2017, la masa salarial se movió en un irrisorio 1.4%. El porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria también se redujo entre el cuarto trimestre de 2018 al tercero de 2024 del 40.7 por ciento al 35 por ciento. Sin duda, las reformas legales en materia laboral como la que tiene que ver con la democracia sindical y la contratación colectiva , y la regulación de la subcontratación, entre otras, ayudaron a mejorar el nivel de vida de los trabajadores. Este cambio de tendencia, sin embargo, no se ha traducido en una mudanza estructural. El 54 por ciento de la población ocupada se mantiene en la informalidad. Por su parte, en lo que toca solamente a los trabajadores subordinados y remunerados, el 42 por ciento no tenía acceso a las instituciones de salud y el 41 por ciento carecía de un contrato escrito. Además, aunque la tasa de desocupación abierta era del 2.7%, tomando en cuenta este porcentaje y la población no económicamente disponible (PNEAD es decir personas desocupadas que no buscaban un empleo, pero declararon que necesitaban un ingreso laboral) el total sumaba 15% (INEGI). Estas cifras reflejan la carencia de empleo para varios millones de mexicanos y, sobre todo, la exclusión por razones de género ya que la PNEAD incluye mayoritariamente a las mujeres, las cuales no salen a buscar una ocupación remunerada a pesar de que la necesitan por ocupar su tiempo en labores del hogar: principalmente, cuidado de infantes, personas de la tercera edad y enfermos; y limpieza y preparación de alimentos y vestido de los miembros de la familia. Asimismo, la brecha salarial en el trabajo remunerado entre ambos sexos aún se mantiene relativamente alta. Igualmente, hay que tomar en cuenta las profundas diferencias regionales ya que, lamentablemente, las entidades del sureste presentan un panorama muy diferente a las del centro norte del país. En resumen, el mercado de trabajo presenta los mismos los problemas estructurales que ha arrastrado durante décadas y al mismo tiempo ha ocurrido una disminución de la pobreza laboral y un aumento de la masa salarial. Dicho en palabras sencillas, el pastel se ha repartido mejor pero el guiso no ha cambiado sustancialmente. Los problemas de fondo, la informalidad y la existencia de empleos precarios y vulnerables, no se han resuelto. Además, para 2025, la expectativa es de un menor crecimiento, lo que presionará negativamente a los empleos y puede llevar a que las revisiones contractuales conozcan menores aumentos que en años anteriores (sobre todo 2023 y 2024). A la caída del gasto público habrá que agregar que el próximo año podría complicarse por otras razones: los enredos de la reforma judicial y destacadamente, la permanencia de la violencia del crimen organizado en diversas partes del territorio nacional. Un elemento adicional se refiere al “factor Trump” y la expectativa de un viraje radical particularmente en materia comercial, lo que dañaría a nuestra economía de manera severa. Como puede verse, el panorama nacional es especialmente complejo ya que depende de varios factores internacionales y domésticos. Lamentablemente, es probable que los trabajadores y sus representaciones sindicales tengan que enfrentar un año particularmente difícil. No obstante, el futuro puede ser más promisorio. Ello dependerá de la evolución de los acontecimientos y principalmente de la movilización del sindicalismo; de su capacidad para presionar en favor de políticas y reformas laborales que mejoren la situación de los trabajadores, por ejemplo, la semana de 40 horas; y de la decisión del gobierno para llamar a los trabajadores al diálogo, la participación y la toma de decisiones, especialmente si se presenta una emergencia nacional debido a una grave confrontación con Estados Unidos. saulescobar.blogspot.com

Los programas sociales en México y el ajuste presupuestal 2025

El ajuste presupuestal y los programas sociales en México Saúl Escobar Toledo América Latina no está pasando por una buena etapa en materia de crecimiento económico. De acuerdo con el estudio de la CEPAL “Panorama Social de América Latina y el Caribe 2024”, entre 2015 y 2024, la tasa anual de incremento del PIB de la región promedió solo un 0,9%, menos de la mitad (2,0%) que en la década perdida de los años ochenta. Resultado de ello, la creación de empleos, la pobreza y la desigualdad siguen siendo problemas aún por resolver. De esta manera dice la CEPAL, para enfrentar estos desafíos “es urgente fortalecer los sistemas de protección social en la región que sean universales, integrales, sostenibles y resilientes”. Desde el punto de vista de esta institución, los sistemas de protección social se componen de prestaciones contributivas y no contributivas. Los primeros suponen aportes de los empleadores, los trabajadores y del gobierno (como la seguridad social proporcionada por el IMSS y el ISSSTE). Los segundos, los no contributivos, se financian principalmente con recursos públicos (impuestos y otros ingresos del Estado) e incluyen fundamentalmente transferencias monetarias, subsidios y deducciones fiscales, la provisión de servicios, y las pensiones no contributivas (como el programa de adultos mayores de México). Según la investigación de la CEPAL, los programas sociales no contributivos han cobrado relevancia en América Latina debido a los persistentes niveles de pobreza en la región, la desigualdad y los altos niveles de informalidad laboral y empleos de baja calidad. La expansión de estos programas no contributivos ha sido notable en toda la región y se ha basado principalmente en dos: las transferencias (principalmente monetarias) condicionadas y los sistemas de pensiones no contributivos. Este último programa ha tenidos una cobertura cada vez más amplia. Si en el año 2000 apenas el 3.4% de la población se beneficiaba de esta pensión, en 2022, llegó al 31% de la población de 65 años y más y ha tenido buenos resultados: “La cobertura de los sistemas de pensiones no contributivos aumentó más de 27 puntos porcentuales entre las personas de 65 años y más en los últimos 20 años, período en el que la pobreza en esta misma población se redujo 14.3 puntos porcentuales…” Los programas sociales no contributivos han logrado reducir la pobreza y representan una fuente de ingresos muy importante para los hogares de menores recursos. Sin embargo, dice la CEPAL, no han sido tan efectivos como los ingresos en el mercado laboral: “en 8 de los 12 países que redujeron la pobreza en el período 2021-2023, los ingresos provenientes del trabajo asalariado fueron la principal fuerza que impulsó esta disminución”. No obstante, la CEPAL recomienda fortalecer los programas sociales no contributivos sobre todo en los grupos de la población que son más vulnerables: aquellos que se encuentran en los extremos de la vida, es decir, la infancia y la vejez. Y también sugiere una mayor articulación de estas medidas con las políticas educativas, de salud, de inclusión laboral y de cuidados. En resumen, en vista de que la expansión económica y la creación de empleos ha sido insuficiente, los gobiernos han optado por gastar más en los programas sociales no contributivos mediante transferencias monetarias a los hogares, principalmente las pensiones para los mayores de 65 años. Ello ha tenido resultados modestos pero tangibles en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, por lo cual se han se han convertido en una parte sustancial de la política social en la mayoría de los países de América Latina. México es un buen ejemplo de lo que ha sucedido en nuestra región. Según datos de José Casar, la economía mexicana apenas creció en promedio 1.7% entre 2000 y 2018, y menos del 1% entre 2018 y 2024. Por su parte, los programas sociales no contributivos de transferencias monetarias se expandieron notablemente en el sexenio anterior y han adquirido el rango de derechos constitucionales con lo que se trata de garantizar su universalidad. La Pensión para adultos mayores; para personas con discapacidad; las Becas Benito Juárez (que incluyen tres modalidades); Jóvenes Construyendo el futuro; y ahora la de apoyo a mujeres 60 a 64 años representan casi el 85% de los programas sociales prioritarios; hay que destacar que el de adultos mayores absorbe el 58%. Sin embargo, como sucede en la región en su conjunto, los recursos han sido escasos. En lo que toca a nuestro país, por el financiamiento de estos programas y aquellos dedicados a la inversión pública (como el Tren Maya, el canal interoceánico y la refinería Olmeca), sobre todo en los dos años anteriores, se causó un creciente déficit público que para 2025 ha llevado a un ajuste del presupuesto de magnitudes considerables. Así, cuando los recursos tienen que recortarse, la política social adoptada se traduce en la caída de las asignaciones previstas para 2025 a la inversión productiva (-11%) y a renglones como salud (-34% aunque aumentan IMSS Bienestar e ISSSTE) y educación (el presupuesto de la SEP tiene una caída del -1.7 % en términos reales); recorte a universidades (quizás con excepción de UNAM e IPN); y a la cultura con una caída del 30%. Este panorama nos obliga a reflexionar acerca de la conveniencia de lograr un mayor equilibrio entre las asignaciones que llegan a las personas en recursos materiales (escuelas, hospitales) y al desarrollo productivo ( carreteras, comunicaciones, puertos) y, por otro lado, las asignaciones que le llegan en efectivo. En el caso de los programas laborales, por ejemplo, para el PEF 2025, Jóvenes Construyendo el Futuro pasa de absorber el 84.6 del total de los recursos asignados para este año a la Secretaría del Trabajo, al 87% proyectado para el próximo. Hay, en cambio, una disminución en términos reales de programas como la inspección del trabajo (menos 13%). Por su parte, el Centro Federal de Conciliación Laboral y Registro Laboral verá reducidos sus recursos sustancialmente: la caída es superior al 35% en términos reales, es decir descontando la inflación. Como apunta la CEPAL, hay que fortalecer los programas sociales no contributivos, particularmente las transferencias monetarias, pero también encontrar un mejor equilibrio entre éstos y aquellos que ofrecen servicios indispensables para la población como educación, salud, vinculación laboral, el sistema de cuidados y la protección al medio ambiente. Asimismo, hay que encontrar un mejor reparto las transferencias monetarias que se ofrecen a los mayores de 65 años y aquellas que se destinan a la infancia. Ajustar el presupuesto de 2025 resultó ineludible para el gobierno federal. Se requería disminuir el déficit fiscal para garantizar la estabilidad económica, evitar un crecimiento de la inflación, y evitar una posible crisis en la balanza de pagos y en el pago de la deuda. Sin embargo, los recortes a las distintas dependencias y programas, nos deja una enseñanza: resulta necesario revisar las políticas públicas para que no sólo se ofrezca a la población dinero en efectivo sino, igualmente y de manera destacada, bienes y servicios indispensables que mejoren su calidad de vida. Más ingresos monetarios para las familias son necesarios, pero si no van acompañados de un fortalecimiento de otras políticas de protección social, esas entregas pierden eficacia y cuando mucho sirven para elevar el consumo de bienes finales, no necesariamente para mejorar el bienestar de las personas. Corremos el riesgo de monetizar la protección social al mismo tiempo que descuidamos la provisión de lo que realmente sirve para mejorar la existencia de las personas en el presente y en el futuro; en el caso de la política laboral, los servicios que pueden garantizar más y mejores empleos dignos. El equilibrio presupuestal y en las políticas públicas, entre los diferentes programas sociales no contributivos, es uno de los debates más importantes que tendremos que enfrentar en los próximos años. saulescoba.blosgspot.com

La presidencia de Trump y sus posibles efectos en materia laboral

El factor Trump y su posible impacto en materia laboral Saúl Escobar Toledo Desde que se confirmó la victoria del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, han corrido ríos de tinta tanto en publicaciones nacionales como extranjeras acerca de las medidas que tomará Trump una vez que tome posesión. Hay, sin embargo, una amplia coincidencia en que podría ocurrir un viraje radical en tres temas clave de la relación bilateral: la migración, el comercio y el combate al narcotráfico. Quizás habría que agregar otro más: un cambio drástico en materia de política laboral. Una de las amenazas más ominosas del próximo mandatario de la Casa Blanca se refiere a la expulsión inmediata de millones de trabajadores indocumentados. Fue, además, según se ha analizado, una promesa de campaña que le acarreó muchos votantes. No hay claridad acerca de la magnitud y los criterios para llevar a cabo esta deleznable tarea. Es dudoso que logre cumplir su amenaza de afectar a millones de trabajadores, pero es muy probable que se incline por imponer un conjunto de leyes y acciones que tengan como resultado expulsar a cientos de miles de ellos. Como quiera que sea, México podría recibir, contra su voluntad, un flujo considerable de personas expulsadas y verse obligado a frenar el tránsito de aquellas que desean llegar a Estados Unidos por nuestro territorio. También se afectarían las remesas de los trabajadores mexicanos las cuales representan alrededor del 3.5% del PIB mexicano. El comercio bilateral está, Igualmente, bajo amenaza. Los discursos de Trump antes de las elecciones insistieron en aplicar un arancel indiscriminado a las importaciones mexicanas si no se frena el flujo de personas y drogas. Muchos especialistas han señalado el daño que causaría una medida como ésta a la economía de los dos países. Por ello, es probable que más bien la utilizaría, como sucedió en su primer mandato, en mayo de 2019, como un mecanismo de negociación para obligar a que el gobierno mexicano tome ciertas medidas que en estos momentos es difícil precisar. Sin embargo, parece indudable que esas presiones existirán. Además, su doctrina basada en el nacionalismo económico, su marcada oposición a los acuerdos comerciales, y sus alianzas con magnates como Musk, se reflejarán en una reducción de impuestos a las empresas y a las personas de altos ingresos; y en medidas que alienten la inversión en ese país y desalienten las que se pretenden dirigir a México. También habrá probablemente severos cambios en la política de protección al medio ambiente y el impulso a las energías limpias. Lo cual afectará las ya alicaídas negociaciones y políticas concertadas a nivel mundial para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, lo que podría alterar los proyectos del gobierno de la presidenta Sheinbaum. Igualmente, se ha asegurado que las políticas de Trump podrían alentar la inflación en EU lo que motivaría un incremento en las tasas de interés que a su vez provocaría un menor flujo de dólares hacia como México. Todas estas medidas, de un modo u otro afectarán la economía mexicana. El llamado nearshoring es decir la relocalización de inversiones y empresas desde China hacia México, encontrarán obstáculos políticos que probablemente modificarán las decisiones de los inversionistas. No obstante, una vez más, es imposible saber la magnitud de este fenómeno. Ahora bien, en materia laboral, el TMEC, propuesto por Trump en su primer mandato incluía principalmente una serie de previsiones, sobre todo en las reglas de origen, para tratar de frenar, según el magnate, la fuga de empleos hacia México. Sin embargo, los demócratas, cuando ganaron la Cámara de Representantes en 2018, fortalecieron el TMEC con medidas más explícitas y severas en materia laboral lo que se reflejó en la creación de un nuevo instrumento, el Mecanismo de Respuesta Rápida (RRM por sus siglas en inglés) el cual fue aprobado por el Congreso en 2019. El Mecanismo permite al gobierno emprender acciones en México si considera que se están violando los derechos de sindicalización y negociación colectiva de los trabajadores en nuestro territorio. De esta manera se le pusieron dientes al TMEC para que las reformas laborales se aplicaran efectivamente en nuestro país. Así, con el apoyo de los dos partidos, el TMEC fue formalmente aprobado legalmente y el presidente Trump firmó el decreto en enero de 2020. No obstante, como sabemos, a fines de ese mismo año perdió su reelección y el presidente Biden tomo posesión en enero de 2021. Consecuente con las posiciones de su partido, en mayo, su gobierno presentó la primera queja por medio del RRM para que se examinara si en la planta de General Motors en Silao, Guanajuato se habían violado los derechos a la libre sindicalización y contratación colectiva. La queja fue aceptada y se repusieron los procedimientos. La CTM perdió la votación y nació un nuevo sindicato y una representación legítima de los trabajadores. Desde entonces y hasta ahora, se han presentado treinta quejas en este sentido en diversas empresas instaladas en México. De ahí que, resultado de una peculiar coincidencia, los cambios políticos en ambos países en 2016,2018 y 2020 se tradujeron en el establecimiento de un mecanismo especial para vigilar la aplicación de las normas laborales en México, el RRM. El propósito, hay que subrayarlo, es que los sindicatos mexicanos sean más activos en la defensa de los intereses de los trabajadores y se mejoren los salarios y las prestaciones contractuales. Todo ello pretendía demostrar que la nueva administración sería favorable para los trabajadores y los sindicatos en ambos lados de la frontera y, de esta manera, ganar la adhesión de la clase obrera de EU y sus organizaciones laborales. Con estas medidas, los demócratas intentaron establecer una política laboral pactada binacionalmente para proteger a los trabajadores mexicanos y también a los estadounidenses. No habría ya perdedores y surgiría una “prosperidad compartida” a nivel regional. El balance del TMEC está por hacerse; sin embargo, en lo que toca a la materia laboral, creo que tuvo algunos efectos positivos gracias a las quejas presentadas por el gobierno de Washington y aceptadas por México, lo cual ayudó a remediar las violaciones cometidas por algunas empresas en perjuicio de los trabajadores. Lo anterior ayudó a crear un ambiente más propicio para las reivindicaciones obreras. Así pues, es importante distinguir la política de Trump y la de Biden en esta materia. El primero buscó y seguramente intentará cuando asuma el cargo, frenar el comercio y la inversión de EU a México haciendo uso de diversos mecanismos, pero sin afectar los intereses de los grandes consorcios industriales. Por lo tanto, es probable que en los próximos meses y especialmente en 2026 cuando se revise formalmente el TMEC, los mecanismos laborales previstos en ese tratado, particularmente el RRM, dejen de operar o se congelen. Algunos empresarios ya han declarado que este mecanismo “es un mecanismo de extorsión para las empresas”. Si Trump decide eliminar esas medidas, los inversionistas estadounidenses ya no tendrán ninguna obligación laboral ni tendrán que rendir cuentas a Washington. Si a lo anterior agregamos que la evolución de la economía mexicana encontrará dificultades por razones internas, el panorama se vuelve sombrío para los trabajadores mexicanos o, por lo menos, más complicado. La creación de empleos será más lenta y los aumentos salariales menos cuantiosos. Desde luego, este panorama puede cambiar, lo que dependerá de la dinámica que adquieran los fenómenos mundiales y domésticos en los próximos meses. En cualquier caso, como afirmó un alto funcionario del gobierno chino recientemente, “siempre es mejor prepararse para lo peor”. Para ello, el gobierno de México requerirá, entre otras, cosas unificar a la nación bajo una estrategia común, la cual tendría que ser resultado del consenso, el diálogo y la inclusión social, especialmente con las organizaciones de los trabajadores. saulescobar.blogspot.com

Política laboral: el fomento y protección del empleo

Política laboral: más allá del salario mínimo En memoria de la maestra Ifigenia Martínez por sus enseñanzas y su generosidad. Publicado en El Sur, 10 de octubre de 2024 Saúl Escobar Toledo La política laboral en México ha olvidado, desde hace décadas, asuntos muy relevantes que tienen que ver con la protección y el fomento al empleo. Esto es, considero, lo más importante que puede desprenderse del documento publicado por CONEVAL titulado “Evaluación Integral de la Política Social Vinculada al Derecho al Trabajo 2023 - 2024.”(disponible en coneval.org.mx). De acuerdo con este reporte, la garantía del derecho al trabajo enfrenta once “retos” para hacerse efectiva. Entre ellos destacan en primer lugar, la informalidad laboral, dado que más de la mitad de la población ocupada trabaja en estas condiciones, lo que reduce “las oportunidades de acceder a la seguridad social y otras prestaciones asociadas al trabajo formal”. Otros problemas relevantes que tienen que ver con la calidad y protección al empleo, incluidos en el documento, son: la capacitación y formación para el trabajo; la intermediación y vinculación laboral; la protección del ingreso ante pérdida del empleo; y el trabajo infantil. En todos estos asuntos, no hay políticas gubernamentales para remediarlas o éstas han si parciales e insuficientes. En el caso de la informalidad laboral, CONEVAL afirma que “no hay un programa específico” para atender este reto, aunque se han elaborado programas que pueden ayudar a resolverlo como el destinado a las trabajadoras del hogar, las personas que realizan teletrabajo y las personas trabajadoras del campo. La recomendación del organismo de evaluación al Gobierno Federal consiste en desarrollar “una estrategia que incluya incentivos fiscales y financiamiento para micro y pequeñas empresas (pues emplean a la mayor proporción de personas trabajadoras)”. En lo que concierne a la capacitación, se considera que “la falta de desarrollo de habilidades laborales limita el crecimiento profesional y la estabilidad laboral” además de que afecta la productividad y el crecimiento económico del país. Aunque existen algunos programas relacionados con este asunto, el documento considera que tienen una cobertura limitada y recomienda “combinar las herramientas digitales con servicios presenciales...”; esto último requiere aumentar las oficinas regionales del Servicio Nacional de Empleo (SNE). También sugiere que el Gobierno Federal debe reforzar sus programas de formación laboral, ofreciendo capacitaciones que aumenten la productividad… y fomenten el desarrollo profesional tanto de empleados como de quienes buscan trabajo. Además, apoyos complementarios para beneficiarios de capacitación…” Por su parte en el rubro de la intermediación y vinculación laboral encuentra que es predominante “la búsqueda de empleo a través de medios informales… lo cual afecta el tipo de empleos a los que se puede acceder”. A pesar de la existencia de algunos programas como el PAE y Jóvenes Construyendo el Futuro, éstos han resultado insuficientes por lo que recomienda entre otras cosas “ofrecer servicios de intermediación laboral personalizada mediante la figura del Consejero del Empleo”. En lo que se refiere a la protección del ingreso ante pérdida de empleo, CONEVAL no identificó ningún programa, estrategia o reforma para enfrentar este problema a nivel federal. Su recomendación es enfática: diseñar e implementar “un seguro de desempleo, que tenga el objetivo de proveer un ingreso temporal a las personas trabajadoras que hayan perdido su empleo y estén en búsqueda de otro”(retomado la experiencia de este programa en la Ciudad de México) Finalmente, en lo que toca al trabajo infantil, el documento recalca que “es ilegal y expone a las infancias a condiciones laborales peligrosas y a ocupaciones no adecuadas”. Enfatiza que no se identificó ninguna oferta gubernamental… dedicada exclusivamente a erradicar el trabajo infantil. Sin embargo, sólo se limita a recomendar el fortalecimiento “de las estrategias de fiscalización” para identificar la presencia de este fenómeno. El documento analiza otros retos relacionados con el derecho al trabajo que tienen que ver con el ingreso laboral señalando que “más de un tercio de la población no puede cubrir la canasta alimentaria” aún con los aumentos otorgados al salario mínimo. También aborda otros temas relacionados con las condiciones de trabajo: especialmente la falta de acceso a la asistencia médica, pensión, vivienda, vacaciones y guarderías entre otras. Las brechas salariales merecen una recomendación : llevar a cabo políticas “contra la discriminación en el mercado laboral y en los centros de trabajo, acompañada de campañas de divulgación…”. CONEVAL explica, igualmente, que las jornadas laborales excesivas “afectan la salud y el bienestar de las personas trabajadoras y sus familias, además, generan riesgos de trabajo y la productividad”. Y considera que no hay una oferta gubernamental en este sentido. Su recomendación, no obstante, es limitada y en cierto sentido va en una dirección equivocada: establecer una estrategia que garantice “una remuneración justa por las horas trabajadas” y “asegurar el pago de las horas extras”. Curiosamente no recomienda la reducción de la jornada como ya lo sugirió la presidenta Sheinbaum. Otro reto se refiere a los contratos y la estabilidad laboral, la cual afecta especialmente a las personas trabajadoras en condiciones de informalidad, empleos temporales o subcontratadas. Y reconoce que se requiere fortalecer la fiscalización (se entiende que la inspección en los centros de trabajo) para “identificar omisiones e irregularidades” (por parte de los empleadores). No señala, sin embargo, que el propio gobierno federal es uno de los principales responsables de estas carencias. Un apartado muy incompleto trata de la “implementación deficiente de la justicia laboral y la falta de inspección”. La recomendación se limita a promover mecanismos para “fortalecer la negociación colectiva…” y omite, quizás por razones de su enfoque, una revisión crítica de la implementación de las reformas de 2019 y el funcionamiento de nuevas instituciones como los centros de conciliación y los juzgados en la materia adscrito al poder judicial. Además, el documento pasa por alto por lo menos otros dos “retos”: el sistema de pensiones contributivas administradas por empresas privadas que arrastra serios problemas de cobertura y escasas posibilidades de obtener una pensión (por la baja densidad de cotización) de muchos trabajadores. Tampoco se refiere a un problema fundamental: la salud en el trabajo, es decir, políticas para prevenir y remediar los riesgos laborales. A pesar de sus limitaciones, el documento tiene la virtud de hacer patente las áreas en las que las políticas públicas han sido insuficientes o en las que de plano no hay ninguna estrategia. Esto es más claro en el caso de los asuntos relacionados con el fomento y la protección al empleo y el trabajo infantil. De esta manera, las autoridades laborales a nivel federal pero también a nivel local, deberían tomar nota de estas ausencias y fallas. El anuncio de retomar la discusión de las cuarenta horas y otros como la “ley silla”, la seguridad social para trabajadores de plataformas digitales, la brecha de género, y el aumento del aguinaldo, resultan muy positivas. Sin embargo, no se ha anunciado nada, por ejemplo, acerca de la necesidad de un seguro de desempleo. Asimismo, se requiere, urgentemente, una evaluación de los programas para la intermediación, la vinculación, la capacitación y la formación laborales. Y definir claramente una estrategia para erradicar el trabajo infantil. Las políticas del gobierno federal no pueden omitir estos asuntos sobre todo en momentos en que se presentan dos factores aparentemente contradictorios: por un lado, la caída de la actividad económica y por lo tanto de la creación de empleos; y por otro, las anunciadas nuevas oportunidades de inversión por el “nearshoring”. Para abordar ambas cuestiones, las recomendaciones de CONEVAL y otras que pueden surgir de la discusión en el Congreso y que fueron omitidas en el documento, deben formar parte de la agenda legislativa. saulescobar.blogspot.com

Un balance de la reforma laboral 2017-2019

Las cuatro dimensiones de la reforma laboral Publicado en El Sur, 3 de septiembre de 2024 Saúl Escobar Toledo El fin del sexenio reclama un conjunto de revisiones de las políticas públicas, las enmiendas legales y sus resultados. Una de las más importantes y complejas se refiere a la reforma laboral de 2017 – 2019. Si bien los cambios constitucionales se llevaron a cabo en el sexenio anterior, las reformas a la Ley Federal del Trabajo y su implementación correspondieron al periodo del presidente López Obrador. Para tratar de analizar este asunto, propongo observarlo en diferentes planos: 1) La ley, es decir, el texto de las reformas; 2) Las instituciones encargadas de su implementación; 3) El entorno político y económico en que se aprobó y se ha puesto en práctica; y 4) la respuesta de los trabajadores mexicanos a dicha reforma. Cada una de estas dimensiones del análisis tiene características propias, pero al mismo tiempo están interrelacionados. De esta manera, si alguna se modifica, se puede alterar el conjunto. Sin embargo, es necesario discutir cada una de ellas en lo particular para después integrar el análisis y entender las posibilidades de una transformación de las relaciones laborales y el surgimiento de un nuevo movimiento sindical en México. Aquí un resumen de este examen: El texto de la ley. La reforma constitucional y las enmiendas a la LFT fueron propuestas por el presidente de la república en turno (Peña Nieto en 2017; y AMLO en 2019) y votadas por el Congreso de la Unión. No obstante, ambas fueron discutidas y aprobadas en un lapso relativamente breve. La participación de las organizaciones de trabajadores, abogados y especialistas fue escasa. Lo anterior fue resultado de las presiones internacionales para aprobar las reformas y paradójicamente de algunas presiones internas para no hacerlo. En lo que toca a las reformas a la LFT, el flamante gobierno de AMLO y los legisladores de MORENA seguramente pensaron que era el momento propicio para poner en los textos legales un conjunto de propuestas que se habían discutido al menos durante veinte años por abogados y sindicalistas democráticos; incluso fueron propuestas en la Cámara de Diputados varias veces por dirigentes de la UNT (pilotos y telefonistas) que habían sido electos como diputados bajo las siglas del PRD. A pesar de la premura, los textos aprobados tienen una virtud innegable: recogen la idea de un sindicalismo democrático y participativo, y la necesidad de una nueva justicia laboral suprimiendo las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Así, construyeron, en el papel, una realidad inédita, completamente nueva en el país. Las Instituciones. Las reformas crearon nuevas instituciones, particularmente el Centro de Conciliación Federal y los estatales; y los juzgados laborales del Poder Judicial. Ninguna de estas instituciones tenía antecedentes ni legales ni prácticos en la vida del país. Por ejemplo, los jueces laborales eran figuras completamente ajenas a la realidad y la normatividad legal de nuestro país. De esta manera, se habilitaron togados laborales prácticamente de un día para el otro. El resultado ha sido dispar, aunque parecería que ha privado la actuación de jueces que poco entienden de asuntos laborales, o interpretan mal su función, o francamente han decidido apoyar a las empresas. En cierto modo, lo anterior refleja la baja estima que el derecho laboral ha tenido en nuestra sociedad en las últimas décadas. Y es que los asuntos del trabajo dejaron de ser una preocupación del Estado mexicano: las relaciones obrero-patronales y los conflictos laborales fueron sometidos a una forma peculiar de regulación, basada en contratos de protección y sindicatos fantasma. Además, las instituciones laborales como la Comisión Nacional de Salarios Mínimos dejaron de funcionar en la práctica. Los incrementos se decidían en el Banco de México y la Secretaría de Hacienda. Por lo anterior, el Centro de Conciliación y los juzgados laborales empezaron a funcionar con profesionistas que no recibieron la preparación académica adecuada ni han tenido una práctica profesional ad hoc. Sin duda, se requiere una capacitación intensiva de nuevos funcionarios y un diálogo con las universidades del país para que actualicen y mejoren la preparación académica de sus alumnos, acorde con las nuevas instituciones. A pesar de todo, la implementación de la reforma en sus primeros años consistió en la desaparición de miles de contratos colectivos y sindicatos ficticios, lo que a mi modo de ver puede considerarse un gran logro ya que removió estos instrumentos que eran legales, pero al mismo tiempo un obstáculo para la organización libre de los trabajadores. El entorno político y social. Las reformas constitucionales y a la LFT fueron resultado de un conjunto de circunstancias históricas que se presentaron en corto tiempo y que propiciaron una situación inédita: la presión de los socios comerciales de un tratado que construyó EU para tratar de frenar la influencia de China; la sorpresiva derrota de los demócratas en las elecciones de 2016 en ese país frente a un candidato ajeno al establishment político; luego, el propio fracaso del personaje, Trump, para reelegirse; y la victoria de Biden, el cual tuvo que rehacer sus relaciones con los sindicatos y redefinir sus políticas públicas en materia de trabajo y economía. Uno de los resultados de estos cambios, fue el nuevo TMEC y su capítulo laboral. Por otro lado, ocurrió el triunfo de AMLO en las elecciones de 2018, lo que trajo una nueva política, sobre todo en materia de los salarios mínimos. Posteriormente, con la presión de EU, el gobierno presentó un proyecto de reformas a la LFT en materia de democracia sindical y justicia laboral. Esta sucesión de mudanzas reflejó algo más profundo. El mundo sufrió una transformación en la medida en que los gobiernos de los países desarrollados, principalmente EU, abandonaron el esquema del libre comercio para adoptar el del comercio regulado por razones políticas internas y su creciente pugna con China. En el caso de México, con el TMEC, dicho cambio se tradujo en que, ahora, el gobierno de EU vigila que las empresas multinacionales respeten los derechos de los trabajadores en México. Un fenómeno imposible de imaginar hace muy poco tiempo. El problema es que la integración económica con Estados Unidos ha sido afectada por los vaivenes de la política interna de nuestro vecino norteño. Las elecciones de noviembre y el triunfo de Trump podrían cambiar radicalmente la relación bilateral incluyendo los asuntos laborales. Así las cosas, el avance de la reforma laboral no depende exclusivamente de las políticas internas del gobierno de México. Sin embargo, la opinión de los trabajadores y sus organizaciones sindicales serán indispensable para la toma de decisiones del futuro gobierno de la presidenta Sheinbaum, sobre todo, si se presenta una grave confrontación con Estados Unidos. La respuesta de los trabajadores. La reforma laboral, como hemos expuesto, se construyó en una coyuntura excepcional. Por ello, los trabajadores han asimilado muy lentamente las oportunidades que abrieron los cambios ocurridos entre 2017-2019. A lo anterior hay que agregar la existencia de una “cultura” laboral que se fomentó durante décadas debido a la existencia de sindicatos ficticios o acostumbrados a pactar con las empresas dócilmente sin consultar a sus agremiados. También, con una política laboral que trató de mantener un mercado de trabajo controlado con bajos salarios, pobres condiciones de trabajo y cero conflictos. En este contexto, los sindicatos se convirtieron en organizaciones ajenas a los trabajadores, distantes de sus problemas cotidianos (sus condiciones de trabajo: accidentes, insalubridad, abusos patronales, impago de horas extras, inmovilidad del escalafón, etc.) e incapaces de proporcionar una mejoría de sus ingresos laborales. Bajo estas circunstancias, los trabajadores se acostumbraron a la inmovilidad, el conformismo e incluso el rechazo a la organización colectiva. Se generalizó la cultura de la resignación, el individualismo y la ignorancia de la Ley y las experiencias de lucha sindical. Cambiar esa cultura es indispensable para el avance de la reforma laboral. Para ello se requiere una acción concertada entre las organizaciones democráticas y el gobierno federal para difundir los derechos laborales. Pero también y, sobre todo, las organizaciones sindicales tienen que demostrar que son capaces de conquistar nuevos logros, como la semana de 40 horas. Asimismo, que pueden renovarse y abrir espacios para las nuevas generaciones. Y que la toma de decisiones colectivas debe ser un modo de vida cotidiano. En cualquier caso, debe quedar claro que la democratización de los sindicatos no dependerá de la voluntad de las autoridades laborales sino de la movilización de los trabajadores. La reforma laboral abrió un camino. Después de tantos años de silencio, la voz de los trabajadores empieza a escucharse. Para algunos débilmente, para otros con mayor claridad que en el pasado inmediato. Lo que parece innegable es que se ha iniciado una ruta de cambio. Ya veremos quienes se estacionan en el pasado y aquellos que apuestan al futuro. saulescobar.blogspot.com

México: los salarios se incrementaron entre 2023 y 2024

Aumentos salariales Publicado en El Sur, 21 de agosto de 2024 Saúl Escobar Toledo Según datos del IMSS, el salario promedio de los trabajadores afiliados a dicha institución aumentó 9.7% entre julio de 2023 y julio de este año (de 536.76 pesos a 588.71 pesos). Este incremento anual no fue parejo ya que las entidades en las que hubo alzas superiores al promedio fueron Tamaulipas, Zacatecas y Baja California. Al mismo tiempo, el salario más elevado se ubicó en Ciudad de México (725.15 pesos, 23% más elevado que el promedio); Baja California y Campeche. Siguen en esta lista los estados fronterizos del norte del país: Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, San Luis Potosí y Coahuila, además de Querétaro. Lamentablemente, los salarios más bajos se ubicaron en Hidalgo, Chiapas, Yucatán, Tlaxcala, Michoacán, Oaxaca y Guerrero. En esta última entidad el salario fue de 472.62 pesos, es decir 20% menor al promedio nacional. Por su lado, el salario mínimo sigue mostrando un aumento en términos reales en comparación a 2018 de más de 100% en la mayor parte del territorio y de más de 220% en la zona fronteriza. Y según INEGI, ha aumentado el número de trabajadores que ganan más de 1 SMD y hasta 2 SMD y ha disminuido aquellos que ganan hasta 1 SMD. El Banco de México presenta una información que muestra, igualmente, que ha habido alzas en los salarios, en este caso contractuales. Los incrementos nominales fueron de alrededor de 8.2% promedio entre abril y julio de este año. Tomando en cuenta la inflación de los últimos doce meses, el incremento real en ese mismo periodo sería de alrededor de 3.75%. Sin embargo, aquí también hay diferencias: las alzas en las revisiones más favorables para los trabajadores fueron en la industria manufacturera (un promedio de 9.6%) y en el conjunto de las empresas privadas (9.46% ), lo que contrasta con el reducido aumento en las empresas públicas que apenas alcanzó alrededor del 4.8% en promedio, es decir, la mitad de lo que obtuvieron los trabajadores que tienen contratos con las empresas privadas. Con base en estos datos puede afirmarse que este año, por lo menos hasta el séptimo mes, los trabajadores han recibido incrementos superiores a la inflación si consideramos el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) que se supone incluye la canasta de consumo de bienes más importantes para la población . No es tan favorable si se consideran los precios de algunos (no todos) alimentos como frutas y verduras frescas que han tenido un aumento de 23.55% (anual). Las cifras muestran, asimismo, agudas diferencias regionales. La brecha entre el sureste y el norte sigue siendo profunda a pesar de la inversión púbica en obras de infraestructura como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el corredor transístmico. Los trabajadores de la industria de exportación manufacturera cuyas empresas están ubicadas principalmente en la región que abarca de Querétaro hacia la frontera norte del país, seguramente están recibiendo mejores salarios contractuales. De no modificarse esta tendencia, en el futuro cercano, con el nearshoring, podríamos observar una desigualdad más aguda y que el mejoramiento de las condiciones laborales se concentre en un grupo relativamente estrecho de trabajadores. Por su parte, el caso de la Ciudad de México podría responder a que se ha convertido en un centro financiero muy importante para México y América Latina; una urbe que alberga destacadas instituciones de educación, cultura y salud; y un polo turístico con características diferentes a los destinos playeros. Aun con estas disparidades, creo que estamos observando una recuperación general de los salarios. Esta situación contrasta con el entorno económico, ya que el comportamiento del producto (PIB) en 2024 no ha sido alentador: diversas instituciones como el FMI o el Banco Mundial, pero también INEGI y Banxico, han previsto un menor ritmo de crecimiento que se calcula en 2% o menos. Claramente inferior al 3.2% del año pasado. Además, las expectativas para 2025 son aún más pesimistas debido a la probable reducción del déficit fiscal, la permanencia de tasas de interés aún elevadas (aún con los recortes) en México y en Estados Unidos y una desaceleración de la economía de nuestro vecino del norte. De la misma manera, el empleo tampoco muestra signos positivos. Aunque la tasa de desocupación abierta es reducida (2.8%), la cantidad de trabajadores que laboran en la informalidad ya sea por cuenta propia o al servicio de un patrón, sigue siendo elevada; hasta junio de este año incluía a casi 32 millones de personas (datos de INEGI). Además, el IMSS reportó que entre enero y julio de este año se dieron de alta 307 mil asegurados lo que se compara desfavorablemente con ese mismo lapso del año pasado que registró un aumento de plazas de trabajo de más de 512 mil personas. Lo anterior muestra una caída en lo que va del año de más del 40%, es decir, una tendencia francamente a la baja en el ritmo de creación de empleos formales registrados en el IMSS. Así las cosas, a pesar de un entorno económico poco propicio, los salarios están aumentando en términos reales. La explicación de este fenómeno quizás resida en que los sindicatos y los trabajadores (con o sin sindicato o contrato colectivo) están endureciendo sus posturas y logrando mejores incrementos en sus percepciones. Esto puede estar sucediendo gracias a la reforma laboral de 2017-2019 que propicia la democracia sindical y la revisión de los contratos colectivos con participación de los trabajadores. Y, asimismo, a una política laboral que ha dado lugar a otras reformas legales como la regulación de la subcontratación y diversas prestaciones. Desde luego, el balance de dicha reforma y de la política laboral del sexenio muestra serias fallas. Una de las más patentes es que la justicia laboral sigue siendo defectuosa. También hay que subrayar que la democracia sindical ha avanzado lentamente. Hay pocos sindicatos nuevos que han surgido gracias a la reforma; las centrales del viejo orden corporativo siguen siendo mayoritarias. Asimismo, el panorama en el sector público es desolador. No sólo, como hemos visto, porque las revisiones contractuales en las empresas públicas han sido miserables. A ello hay que agregar la política laboral en la administración federal: bajos salarios y contrataciones vulnerables (por tiempo determinado, sin contrato, sin seguridad social y sin afiliación sindical). Al parecer, priva la idea de que los empleados de la administración pública (apartado B) deben ser presa de la austeridad y sacrificar sus condiciones de trabajo. Aun tomando en cuenta estos problemas, podríamos estar observando un fortalecimiento del poder de negociación de los trabajadores particularmente en los que laboran en empresas privadas. Esta reanimación ocurre en momentos en que a nivel mundial también hay signos de un activismo sindical más pujante. Además, los mecanismos del T-MEC y las denuncias presentadas por el gobierno de Estados Unidos para reparar violaciones a los derechos laborales en empresas instaladas en México que ya suman más de veinte casos, igualmente, están influyendo en un mejor ambiente para los reclamos obreros. Por su lado, las directivas de algunos sindicatos afiliados a las centrales obreras como la CTM o la CROM han decidido negociar con las empresas menos dócilmente para evitar que sus afiliados salgan de sus filas y se incorporen a una organización más democrática. Este fenómeno apenas despunta. Todavía existen muchas empresas con contratos de protección patronal y directivas sindicales que logaron manipular las elecciones a las que están obligadas por la ley y permanecen en sus puestos. Por otra parte, la situación puede cambiar debido a un entorno económico más desfavorable, a una política laboral más conservadora, o a un endurecimiento de la administración patronal. El futuro del sindicalismo mexicano es todavía incierto, pero, por lo pronto, hay signos de vitalidad como no se conocieron en las décadas infames (1988-2018). saulescobar.blogspot.com

La caída de los mercados financieros en el mundo el 5 de agosto

El vendaval financiero y la situación de México Para Carlos Tello, como un recuerdo afectuoso de sus enseñanzas Saúl Escobar Toledo Publicado en El Sur, 7 de agosto de 2024 El pasado 5 de agosto los mercados financieros vivieron una jornada que muchos han calificado como un “lunes negro”. Hubo fuertes caídas de las bolsas de valores en varios países del mundo. Japón sufrió el golpe más severo, un derrumbe de más del 12%. En Estados Unidos fue menos fuerte: - 2.6% (Dow Jones) y un poco peor en el caso de las empresas teconológicas, -3.38% en el índice Nasdaq. Esas caídas afectaron también a México, aunque la Bolsa mexicana cayó apenas un 0.89%, el peso se depreció 1.27% en un solo día. El origen inmediato de esta “crisis” se gestó la semana pasada cuando tres hechos se encadenaron: el Banco Central de Japón decidió aumentar su tasa de interés el miércoles 31 de julio a 0.25%; luego, con diferencia de horas, la Fed, el Banco central de Estados Unidos, decidió mantener sin cambios esa tasa, las más alta en 23 años. Sin embargo, el viernes 2 se conoció el dato de que el desempleo había aumentado en esa nación hasta el 4.3% y que los puestos de trabajo habían aumentado menos de lo que se esperaba. Algunos añaden otro asunto: uno de los empresarios más poderosos de EU, Warren Buffett decidió vender la mitad de sus acciones de Apple. De esta manera, se acentuaron las expectativas de que Estados Unidos se enfilaba hacia una recesión económica, lo que junto con la reacción de los inversionistas por el alza de la tasa de interés en Japón llevó a la caída generalizada de las bolsas. El martes, ayer, los mercados parecían retomar la calma, aunque el rebote no había alcanzado a recuperar las pérdidas del día anterior: en Japón, la Bolsa había aumentado 9%, tres puntos menos que su caída. Pasado lo peor de la sacudida, si se ven las cosas con más detenimiento, se observa que las bolsas de Estados Unidos han aumentado 10% durante este año aún después de la caída del lunes. El derrumbe pudo haber sido simplemente un ajuste ante los precios elevados de la bolsa. Sin embargo, dado que el fenómeno fue mundial, ésta no puede ser la única razón. A lo anterior hay que agregar la situación japonesa. La decisión del BOJ fue, dicen, inoportuna, pero para las autoridades era indispensable para proteger su moneda y su economía. No obstante lo anterior, la cuestión más importante, que surge de la tormenta es: ¿realmente la economía de EU se encuentra al borde de una recesión? O ¿ fue una reacción exagerada de los inversionistas? Los datos a la mano para el caso de EU (Cf. Noah Smith) indican que el aumento de la tasa de desempleo podría deberse no tanto por un despido masivo de trabajadores sino porque las personas que estaban sin trabajar y sin buscar un empleo decidieron salir a buscar uno, es decir hubo un aumento la demanda de puestos de trabajo . No puede hablarse entonces de un debilitamiento drástico del mercado laboral sino apenas de una ligera caída. Por otro lado, no se observa un desplome del consumo, del PIB, o de la producción industrial. Además, la productividad ha crecido al ritmo del producto (2.3% en junio). En resumen, la sacudida financiera probablemente se debió a una coincidencia de acontecimientos que provocaron una reacción desmedida de los inversionistas. Si esto es así, en los próximos días veremos una reanimación que puede superar las pérdidas habida el lunes negro. Como quiera, es cierto que el vendaval mostró varias cosas: primero, que los inversionistas están muy nerviosos, no sólo por la salud de la economía de EU, sino también por la guerra en Medio Oriente incluyendo la posible respuesta de Irán ante la belicosidad de Israel; el posible debilitamiento de la economía china; el probable triunfo de Trump en noviembre; y el que los inversionistas endeudados en yenes sigan vendiendo sus activos financieros en el mundo (el llamado carry trade) . Segundo, aunque la economía de EU tiene algunos indicadores positivos, si la FED no baja las tasas de interés pronto, la recesión en EU puede precipitarse. Y tercero, que la incertidumbre puede deberse, asimismo, a la debilidad fiscal de muchos países, sobre todo los más pobres y algunos otros como Argentina, lo que puede desencadenar una moratoria de las deudas soberanas y afectar al sistema financiero mundial. De esta manera, nadie está seguro de que otra sacudida se pueda presentar más adelante. En el caso de México, la tormenta le ha afectado relativamente poco. La devaluación del peso ha sido, en conjunto de más de 12% en el año, pasando de 16.90 a 19.40 pesos por dólar. El vendaval provocó una caída de alrededor del 2%. Cayó a más de 20 pesos, pero el marte se había recuperado un poco hasta estabilizarse en la cifra señalada. Varios economistas han coincidido en que el peso estaba sobrevaluado por las tasas de interés tan altas decretadas por el Banco de México y el carry trade facilitado por las bajas tasas en Japón. La devaluación puede ayudar a incentivar las exportaciones, disminuir las importaciones y atraer turismo extranjero. Sin embargo, aumenta el costro de la deuda. Según Hacienda, el servicio de la deuda , fundamentalmente el pago de intereses aumenta 2, 800 millones de pesos por cada 20 centavos de depreciación del peso. Hay que tomar en cuenta que sus cálculos para la economía preveían una paridad de 17.60 este año. Por otra parte, y quizás sea lo más importante, la creación de empleos formales ha venido siendo más lenta. En julio se crearon apenas 12, 344 empleos y en junio se despidieron a 29, 555 trabajadores. En todo el año se han creado más de 300 mil plazas, una cifra menor a los dos años anteriores. En junio, la tasa de desempleo aumentó levemente a 2.8% con un incremento de 0.2% afectando sobre todo a las mujeres. En marzo esa tasa había sido de 2.3%. También el crecimiento de la economía parece ir a la baja. Ahora la expectativa del Banco de México para el año ha bajado de 2.8 a 2.4%. Según Hacienda, se debe a “condiciones financieras restrictivas, tensiones geopolíticas y condiciones climatológicas adversas” Algunos analistas financieros calculan un crecimiento menor al 2%. La primera mitad del año la economía creció apenas alrededor del 1.5%. Esta situación no se debe, evidentemente, a la turbulencia del lunes. Tiene causas externas, como las mencionadas, e internas: la cautela de los inversionistas ante el cambio de gobierno y los cambios a la Constitución que propuso el presidente; el déficit público que requeriría un ajuste el próximo año; y el enfriamiento, todavía no recesión, de la economía de EU. Como hemos visto, la tormenta financiera del lunes puede ser de corta duración. Pero si los factores que la hicieron estallar se mantienen o se complican y, por otro lado, la situación de México sigue mostrando una menor actividad económica y menor creación de empleos formales, el final de año y 2025 se observan difíciles. A estas alturas, todo puede mejorar o empeorar. En cualquier caso, hay que prepararse adecuadamente. Esto último significa que se requerirá flexibilidad y firmeza. Lo primero para que el cambio político sume y no divida. La inversión extranjera, el cacareado “nearshoring”, apenas ha empezado y si se acelera dependerá entre otras cosas, de un clima que a estos inversionistas les parezca adecuado. Lo segundo, para mantener claras las metas e instrumentos con lo que cuenta el Estado para impulsar el crecimiento y una mejor distribución del ingreso. El presupuesto de 2025 debe entonces prepararse con medidas que no afecten la inversión en infraestructura productiva, el gasto en educación y salud, así como lograr los acuerdos necesarios para mantener el crecimiento real de los salarios mínimos. El ajuste, que parece ineludible, requerirá un análisis al mismo tiempo cuidadoso y flexible, que se adapte al ritmo que tome la economía y las dificultades que se presenten en el panorama internacional. Una tarea complicada que también requerirá transparencia, diálogo y el mayor consenso posible. saulescobar.blogspot.com

Y se apagaron millones de computadoras en el mundo...

El “apagón informático” y el fin del capitalismo Publicado en El Sur 24 de julio de 2024 Saúl Escobar Toledo El viernes 19 de julio ocurrió un apagón en millones de computadoras de todo el mundo. Según la prensa, desató el caos en negocios y servicios públicos en muchos rincones del planeta. Más de 30 mil vuelos sufrieron retrasos y cerca de 4 mil fueron cancelados, algunos de ellos en México. Compañías ferroviarias, industrias de telecomunicaciones, bancos, juzgados y hospitales también se vieron afectados en diversas partes del globo particularmente en Estados Unidos, Alemania, Holanda, España, Suiza y Hong Kong. El fallo informático perturbó seriamente a la Bolsa de Valores de Londres y al operador ferroviario británico. Algunas empresas como Tesla, fabricantes de autos eléctricos tuvo que enviar “a algunos de sus trabajadores a casa temprano durante el turno de noche”; y la cadena de cafeterías Starbucks fue afectada en algunos de sus establecimientos. En hospitales y clínicas de Holanda y Estados Unidos, por ejemplo, se tuvieron que suspender cirugías y consultas a pacientes. Diversos medios apuntaron que fue “una de las mayores caídas informáticas de la historia”. Su causa, la actualización de un antivirus de la empresa CrowdStrike, el cual fue mal diseñado: contenía un error que causó el apagón. Las pantallas de las computadoras se pintaron de azul y no respondieron a ninguna orden, simplemente se “murieron”. Dicha empresa en 2022 ya contaba con más de un 17% de la cuota de mercado mundial de este tipo de software y abastece, entre otras, al sistema Windows de la empresa Microsft. Todas la computadoras y sistemas en red que fueron dañadas, utilizaban este sistema operativo. De esta manera, en el mundo actual, una secuencia de un programa defectuoso de software puede causar estragos a escala global. Quedó en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura tecnológica, debido a la elevada concentración de servicios en un puñado de empresas multinacionales y, asimismo, por la dependencia generalizada de los sistemas operativos y de almacenamiento en la nube que utilizan las empresas y las personas diariamente. Y es que las 15 compañías más grandes del sector controlan el 62% de las tecnologías, los productos y los servicios relacionados con la protección informática. Pero, de manera aún más destacada, hay que señalar que más del 70% de los ordenadores del planeta utiliza Windows. En realidad, quienes usan las computadoras para hacer funcionar sus negocios, para su trabajo cotidiano, o para efectos personales, tienen sólo tres opciones: Microsft y su sistema operativo Windows; Apple con iOS; y Linox, un sistema gratuito que es muy poco utilizado. No hay más, en casi todo el orbe, con la excepción de China que lanzó apenas este año su sistema operativo OpenKylin. Sin embargo, aún en este país, el 85 por ciento de las computadoras de escritorio usan todavía Windows. Diversos especialistas advirtieron que en el futuro “absolutamente nada garantiza que no tengamos otro incidente similar, ya sea accidental (como en el caso del antivirus Crow) o malicioso. Además, de acuerdo con Edward Tenner, un estudioso de la tecnología y autor del libro “Why Things Bite Back, “resulta cada vez más evidente que el centro neurálgico de los sistemas de IT (tecnologías de la Información) a nivel mundial es una caja negra gigante de software interconectado completamente incomprensible que nadie puede descifrar… una caja negra llena de trampas no documentadas”. Por su lado, el New York Times señaló que el incidente del viernes destaca “la enorme dependencia de la economía global de un puñado de compañías que administran esta infraestructura vital”. En resumen, el apagón mostró la sujeción catastrófica de Windows de uno de sus proveedores, pero igualmente, el sometimiento de millones de empresas y usuarios a Microsoft y sus productos, la cual como vimos, domina el mercado sin que haya casi ninguna otra alternativa. Los productos de Apple también están expuestos a un fallo similar. Esta dependencia y el caos mundial ocurrido el viernes pasado revelan asimismo que no es exagerado decir que empresas y personas nos hemos vuelto “vasallos” o “siervos” de las cinco grandes empresas tecnológicas: Microsoft, Apple, FaceBook (Meta), Amazon y Alphabet (Google) a las que podríamos agregar ahora X (Twitter), propiedad de Elon Musk, principal accionista de Tesla. Quizás no somos sólo clientes de estas compañías gigantescas. De acuerdo con las ideas de Yanis Varoufakis (ex ministro de Finanzas de Grecia y un destacado economista) planteadas en su libro “Tecnofeudalismo. El sigiloso sucesor del capitalismo”, vivimos ya en un nuevo modo de producción. Según una entrevista concedida a la revista digital Contexto (Ctxt.es), el autor afirma que se ha basado en conceptos marxistas para afirmar que el sistema económico se ha transformado en lo que llama “capital-nube”, lo que representa el fin del capitalismo tradicional. Dicho “capital-nube” ha matado a los mercados y los ha sustituido por una especie de feudo digital. Por lo anterior, ha vuelto a capitalistas y trabajadores en “siervos” que, con sus ganancias y su esfuerzo, proporcionan rentas a los propietarios del capital en la nube (principalmente a las grandes cinco). Dicho capital-nube ha creado un tipo de poder cualitativamente diferente del poder monopolista del pasado. Los viejos monopolios “concentraban el capital, concentraban el poder, compraban gobiernos y mataban a sus competidores para vender sus cosas. Los capitalistas de la nube actuales ni siquiera se molestan en producir nada y vender sus productos. Esto se debe a que han sustituido a los mercados, no solo los han monopolizado”. De esta forma, el nuevo modo de producción, el tecnofeudalismo, se basa en plataformas digitales “más próximas a feudos tecnológicos o feudos en la nube, impulsados por dos formas de liquidez. Una es la renta de la nube, que es lo contrario a la típica ganancia capitalista, la otra es el dinero de los bancos centrales, los cuales financiaron la construcción del capital en la nube”. Así, los “siervos de la nube”, los usuarios de las grandes firmas tecnológicas producen valor (según el concepto marxiano), con su trabajo gratuito, simplemente interactuando con las plataformas y, con ello, hacen aumentar el capital en la nube. El tecnofeudalismo depende, por lo tanto, del sector capitalista que produce plusvalía que, sin embargo, es “usurpada” o “apropiada” por la capital nube. Las tesis de Varoufakis son, desde luego, mucho más elaboradas que este breve resumen. Y también muy discutibles. No obstante, el apagón global del viernes y sus enormes repercusiones mundiales revelaron no sólo una enorme dependencia tecnológica de una sola empresa, en este caso Microsoft; también el enorme poder de las cinco gigantes, el cual alimentamos cada vez que usamos una computadora o mandamos un mensaje por WhatsApp (propiedad de Meta) o cualquier otra plataforma digital. De esta manera, ¿somos vasallos de unas cuantas empresas que no tienen ni admiten competencia, o simplemente clientes que pagamos por sus servicios sin retribución alguna por nuestro trabajo?. El asunto merece una reflexión, sobre todo para pensar cómo se puede limitar ese enorme poder. En los años recientes, por ejemplo, se han acordado a nivel internacional mecanismos para que al menos una parte de sus ganancias sean gravadas con mayores impuestos. Hay que recordar que, en algunos casos, su sede legal está localizada en naciones que imponen tasas sumamente bajas y que no benefician a los gobiernos de los países en los efectivamente funcionan. También hay iniciativas para limitar su poder monopólico en el mercado de la industria de la tecnología. Sin embargo, como puede verse, representan todavía un modesto esfuerzo. Ojalá la comunidad internacional acuerde nuevas medidas. Mientras tanto, si su computadora no prende, su teléfono no puede enviar mensajes ni localizar el número de la persona deseada, o su tarjeta de crédito no es aceptada, puede ser que se haya producido otro “apagón” mundial. saulescobar.blogspot.com

La jornada laboral de 40 horas en México: pendiente.

¿ Y LA SEMANA DE CUARENTA HORAS? Publicado en El Sur 9 de julio de 2024 Saúl Escobar Toledo El día de mañana, jueves 11 de julio, la presidenta electa anunciará el nombre de la persona que ocupará el cargo de secretario (a) del Trabajo, entre otras designaciones de su gabinete. Esperamos que en dicha ocasión se comente la propuesta de reducir la jornada laboral. Como es de dominio público, existe ya una iniciativa para modificar la Constitución y que la jornada legal máxima sea de 40 horas a la semana. Hay que recordar que ya se llevaron a cabo diversos foros para discutir el tema en el Congreso en el que participaron empresarios, dirigentes sindicales y académicos especialistas en el tema. El asunto es de la mayor importancia, en primer lugar, porque se trata de una recomendación de organismos como la OCDE y la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que consideran necesario “estandarizar las prácticas laborales internacionales” y, especialmente, “proteger la salud de los trabajadores, reduciendo los riesgos de accidentes”, según el reportaje de Bloomberg (06072024). Como se ha demostrado en distintas ocasiones y por diferentes voces, las jornadas en México son muy prolongadas. De acuerdo con datos de la OIT la media de horas semanales trabajadas por persona empleada es más alta en Colombia (44.2), México (43.7) y Perú (43.1); y más reducida en Uruguay (37.3); Argentina (37) y Panamá (36.2). En países como Chile y Colombia se está llevando a cabo una reducción de la jornada de manera gradual. En el primer caso, la jornada de 40 horas se alcanzará en 2028; y en el segundo, una jornada de 42 horas en 2026. En Brasil, además, se están implementado proyectos piloto gracias a los cuales algunas empresas han reducido la semana laboral de cinco a cuatro días con resultados positivos: un 44 por ciento de las empresas participantes tuvo una mejora en su desempeño productivo. En Europa y Estados Unidos desde hace años, se ha generalizado la jornada de 40 horas e incluso en algunos países como Bélgica la jornada máxima es de 38 horas y en Francia de 35 horas. Así las cosas, no cabe duda de que México debe reducir su jornada legal de trabajo y sumarse a las naciones que ya lo hicieron o están en ese camino. La iniciativa ha tenido el respaldo casi unánime de las organizaciones sindicales incluyendo la CTM, la CROM y los sindicatos independientes (UNT y Nueva Central); también el PRI ha manifestado su apoyo. Sin embargo, su aprobación se ha detenido por la oposición de la representación patronal. Varios problemas han señalado: en primer lugar, el aumento de costo de la mano de obra debido fundamentalmente a los incrementos de los salarios mínimos; el número de días de vacaciones pagadas; la aportación patronal al fondo de pensiones manejadas por las AFOREs; el monto de las utilidades pagadas; y la menor subcontratación de trabajadores. Estas cargas adicionales dicen, han afectado sobre todo a la pequeña y mediana empresa. Otra razón que se ha esgrimido se refiere a la productividad. Argumentan que los índices de productividad en México (y en América Latina) son muy bajos en comparación con Europa y Estados Unidos. No obstante, como hemos visto, otros países latinoamericanos ya han reducido su jornada laboral. Desde luego, el debate acerca de la productividad es complejo. Su evolución tiene que ver con la tasa de inversión y el desarrollo tecnológico. Pero, en las economías menos desarrolladas, también está relacionada con el tamaño del sector informal y el predominio de micro y pequeñas empresas. Se supone que en estos establecimientos la productividad crece a un ritmo menor que las medianas y grandes. Un factor adicional, menos reconocido, es la resistencia obrera, es decir, la capacidad de negociación de los sindicatos con los patrones, y la negativa de los trabajadores a ocupar puestos mal pagados o con jornadas excesivas. Según el informe de la OIT, Perspectivas sociales y del empleo en el mundo Tendencias 2024, “las tasas mundiales de inversión se han recuperado sensiblemente desde la crisis mundial de 2007 y han seguido al alza durante la pandemia”. Sin embargo, dice la OIT, “el crecimiento de la productividad ha sido bajo en las economías avanzadas y se ha concentrado en un reducido número de empresas” Al mismo tiempo, advierte que en las economías avanzadas y en algunas economías emergentes se ha presentado una “escasez de mano de obra y de profesionales calificados” en trabajos de cuidado, transportes y comercio, así como en la industria manufacturera, la construcción y la TIC ( tecnologías de la información y las comunicaciones). Ello se debe a “malas condiciones laborales en estos sectores” y a la ausencia de trabajadores calificados. Se produce de esta manera un círculo vicioso: al disminuir la productividad, las empresas no pueden ofrecer mejores salarios, lo que a su vez lleva a un exceso de puestos vacantes que dificulta el aumento de la productividad sobre todo si esas plazas no ocupadas exigen mano de obra mejor preparada y con salarios más elevados. Según datos de la OIT, la productividad en México (medida como el valor de la producción del PIB en dólares constantes comparables a nivel internacional de 2017 por hora trabajada) disminuyó de 21.1 en 2014 a 20.6 en 2024 aunque hay que tomar en cuenta el efecto de la pandemia pues en 2021 bajó hasta 20.4. Un fenómeno similar sucedió en Brasil: el indicador bajó de 17.2 en 2014 a 16.7 en 2022 aunque aumento luego a 17 en 2023. El promedio en estos once años fue de 17.1 para Brasil y de 20.8 para México. En resumen, la productividad ha sido más elevada en México que en Brasil y así se ha mantenido en los últimos años a pesar de altas y bajas en ambos países. De acuerdo con esos datos, México tiene un nivel de productividad relativamente elevado, aunque se ha estancado en los últimos años. En estas condiciones, la reducción de la jornada en México puede ser un factor positivo para que la inversión se destine a aumentar la productividad y para atraer fuerza de trabajo en puestos laborales en los que los empresarios se han quejado de escasez. Además, podrían apoyarse en una mayor capacitación de la mano de obra. Se produciría así un círculo virtuoso en el que todos salen ganando: los trabajadores y las empresas. Lo anterior también ayudaría a reducir la informalidad. Para ello, un sindicalismo activo puede jugar un papel en la negociación contractual que promueva una mejor capacitación de la fuerza de trabajo y mejores condiciones laborales incluyendo la reducción de jornadas excesivamente prolongadas. Como señala el reportaje de Bloomberg, de acuerdo con un experto consultado, “Los países con jornadas laborales extensas cuentan con menores índices de productividad por hora y, por tanto, reducir las horas de trabajo obliga a las organizaciones a ser más eficientes… y a los trabajadores a ser más productivos”. Lo anterior cobra mayor importancia si consideramos que, debido al “nearshoring” se esperan nuevas inversiones extranjeras en México, principalmente en la rama manufacturera de exportación. Ahora bien, en lo que toca a la pequeña y mediana empresa, la reducción de la jornada podría ser gradual para que estos establecimientos tengan tiempo para ajustar los horarios de servicios al cliente en el caso de los establecimientos del sector servicios como restaurantes, comercios y hoteles. En la industria manufacturera la pequeña y mediana empresa podría recurrir a financiamiento de la banca de desarrollo. En conclusión, la disminución legal de las horas de trabajo en México es posible, como lo muestran las experiencias internacionales, y, además, necesaria para propiciar un crecimiento más productivo si además se acompaña de otras medidas de política industrial. El próximo gobierno tiene la oportunidad de conducir al país hacia un desarrollo más incluyente y próspero. La reducción de la jornada es una medida oportuna e indispensable para lograrlo. Esperamos que, en los próximos días, haya un claro pronunciamiento al respecto. saulescobar.blogspot.com

Las deudas públicas en el mundo en 2023.

Un mundo de deudas Saúl Escobar Toledo Un informe recientemente publicado por las UNCTAD, organismo de las Naciones Unidas para el comercio y el desarrollo, ha dado la voz de alarma: las deudas públicas tanto internas como externas de los gobiernos de todo el mundo han tenido un aumento sin precedentes. En 2023 alcanzaron un máximo histórico de 97 billones de dólares, lo que representó un aumento de 5.6 billones con relación al año anterior. La deuda pública global casi se duplicó entre 2010 y 2023, pero su incremento más notable ocurrió entre 2015 y 2018 y sobre todo en los años de la pandemia, desde 2020 hasta la fecha. En esos trece años, los pasivos de los países en desarrollo crecieron dos veces más rápido que los de los más desarrollados. Ahora representan el 30 por ciento de la deuda global, con un monto de 29 billones de dólares. De ese total, tres cuartas partes pertenece a naciones de Asia y Oceanía; 17 por ciento a países latinoamericanos; y sólo 7 por ciento a África. Sin embargo, el problema es especialmente grave en este continente. Más importante que el monto: en conjunto, las naciones en desarrollo pagaron 847 mil millones de dólares en intereses en 2023, 26% más que en 2021. Las tasas de interés que tuvieron que pagar en el mercado internacional fueron entre dos y cuatro veces más altas que las erogadas por Estados Unidos y entre seis y doce veces superiores a las de Alemania. Este costo tan oneroso y que se eleva cada día más, está afectando las finanzas de los países en desarrollo. La mitad de ellos destinan al menos un 8 por ciento de todos sus ingresos para sufragar el servicio de la deuda. Peor aún, 54 naciones, principalmente africanas, tuvieron que dedicar 10% de sus ingresos a este propósito. Según el informe, 3 300 millones de personas residen en países donde el pago de intereses supera el gasto en educación o salud (un resumen en español del informe está disponible en https://news.un.org.) Así, el problema de la deuda a nivel mundial reside en los recursos que se tienen que destinar para su pago. Según el Banco Mundial, esos pagos, están aumentando los riesgos de un estancamiento económico de largo plazo “particularmente devastador para las economías más pobres donde la reducción de la indigencia se ha detenido”. Para entender mejor este asunto hay que aclarar que el aumento de las deudas no es la causa de la crisis sino su efecto. Frecuentemente se utiliza la relación Deuda/PIB como un indicador importante para evaluar el peso de la deuda pública. Sin embargo, hay que señalar como o hacen los profesores Jomo K. Sundaram y Ndongo Samba Sylla que dicho parámetro debe verse con cautela ya que la deuda acumulada es un stock (un activo) y el PIB un flujo de tal manera que, si la deuda se utiliza para impulsar el crecimiento mediante obras de infraestructura, esa relación puede disminuir. Por otro lado, también debe tomarse en cuenta que la deuda pública es más sustentable si se contrata en moneda local. El problema se agrava si, por el contrario, se toma deuda en moneda extranjera que es lo que sucede frecuentemente en las economías menos desarrolladas. En estos casos, las condiciones de pago pueden alterarse drásticamente en su perjuicio. En cambio, los países desarrollados tienen deudas sobre todo en monedas locales. Esa diferencia lleva a que las naciones menos desarrolladas sean más vulnerables. Y es que la mayoría de las economías en desarrollo reciben ayuda y flujos financieros insuficientes y un acceso limitado a los recursos de las instituciones multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y otros bancos regionales. Por ello, tienen que recurrir cada vez más a préstamos en condiciones muy onerosas en los mercados financieros internacionales lo que ha provocado una estructura de su deuda mas perjudicial. En una palabra, los problemas crónicos de los países en desarrollo para pagar su deuda y las crisis que provocan son manifestaciones de un sistema económico y financiero desigual e injusto. El informe de la ONU propone un plan de reformas para hacer frente a la crisis de la deuda que incluye tres medidas principales: inyecciones de liquidez (préstamos de emergencia sin intereses por ejemplo en Derechos Especiales de Giro), reestructuración de la deuda soberana (para lograr plazos de pago más amplios), y reducción del costo de los préstamos a largo plazo para las economías en desarrollo. Lo anterior supone un conjunto de cambios en el sistema financiero mundial incluyendo el papel del FMI y del Banco Mundial. Aunque la ONU ha convocado a algunas reuniones para discutir el asunto, parece que los cambios no se van a ver en el corto plazo. Así, está prevista una reunión en España en 2025 en la que se espera avanzar en soluciones para ayudar a las naciones más necesitadas y en propuestas que lleven a un modelo de financiamiento internacional más justo. Mientras tanto, muchos países, en África y en otros continentes, seguirán sufriendo el problema de la deuda que se manifiestan en presupuestos muy reducidos en renglones cruciales para potenciar su crecimiento y mejorar el nivel de vida de su población. En México, según la SHCP, al primer trimestre de 2024, la deuda pública representaba el 45.5% del PIB con un monto equivalente a 15.4 billones de pesos. Se estima que a final del año será de 17 billones de pesos, un aumento de casi 15 por ciento con relación a 2023. Hacienda calcula que ello significará casi el 48% % del PIB. La deuda externa neta alcanzó en marzo de 2024, los 220 mil millones de dólares, aunque representa sólo un 24% del total; el resto, está en moneda nacional. Tuvo un aumento de 7 mil millones de dólares respecto a diciembre de 2023. Según Hacienda, en el primer trimestre de este año, se destinaron casi 110 mil millones de pesos (mmp) al costo financiero de la deuda externa, lo que representó una disminución de 16.4% con relación al mismo periodo del año pasado gracias a las operaciones de refinanciamiento del gobierno mexicano. Por su lado, ese mismo costo financiero en la deuda contratada en pesos fue de más de 234 mmp, 11.5% mayor en comparación anual. En conjunto, la deuda tanto en moneda nacional como extranjera tuvo un aumento de 0.8% debido al aumento de las tasas de interés. El costo financiero previsto tanto para la deuda interna como externa es de más de 300 mil millones de pesos, un 15 por ciento superior a lo ocurrido en 2023. En resumen, la deuda pública mexicana ha conocido una menor dependencia del extranjero, pero su costo ha seguido aumentando. México no está en una situación de emergencia como otros países, sin embargo, está distrayendo una importante cantidad de recursos para el servicio de su deuda pública, situación que se ha agravado debido a la persistencia de altas tasas de interés. El Banco de México no se decide a bajarlas sobre todo porque éstas tampoco han conocido una reducción en Estados Unidos. De esta manera, sus efectos se trasmiten no sólo a la deuda en moneda extranjera sino también en pesos. Para concluir, se puede afirmar que la crisis de la deuda, señalada por la ONU-UNCTAD, seguirá causando estragos en las finanzas públicas de muchos países, particularmente de los más pobres. No obstante, en México, aunque en menor medida, el problema existe: aquí el costo y el monto de la deuda pública siguen creciendo y distrayendo recursos para otros gastos importantes. A nivel mundial, además de los estragos señalados, si no se encuentra una solución a corto plazo, esta crisis puede detonar una cadena de moratorias o suspensión de pagos de la deuda púbica que afectaría al mundo entero. Ahí está el caso de Sri Lanka, una nación de 22 millones de habitantes que en mayo de 2022 suspendió el servicio de su deuda de 51 mil millones de dólares. La ONU ha dado un grito de atención. ¿Habrá soluciones efectivas y prontas antes de que sea demasiado tarde? saulescobar.blogspot.com

EL Partido de la Revolución Democrática (PRD) : alborada, mediodía y ocaso.

Alborada, mediodía y ocaso del PRD Saúl Escobar Toledo El Partido de la Revolución Democrática perdió su registro nacional según lo ha notificado oficialmente el INE. Ahora, sus dirigentes y activistas se verán obligados a adherirse a otro partido o a tratar de reagruparse bajo una modalidad distinta para mantener su presencia en el escenario político. De cualquier forma, podemos afirmar que el partido fundado en 1989 ha dejado de existir. Durante estos 35 años, el PRD conoció diversas etapas que, para fines de esta nota, podemos separar en tres momentos: la primera, la de su nacimiento y consolidación que abarca desde fines de los años ochenta hasta 1997, cuando la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas logró conquistar la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal. Los primeros años fueron sumamente difíciles ya que fue objeto de una severa represión, particularmente en las luchas municipales en Michoacán y Guerrero, que costaron la vida a cientos de personas. El régimen de Salinas de Gortari buscó aniquilar al partido para consolidar un régimen bipartidista. Posteriormente, ya con la presidencia de Zedillo, la persecución del partido bajo de tono, pero tuvo que enfrentar las políticas neoliberales. Sus resultados oscilaron entre el 8 y el 17% en las elecciones de 1991 y 1994, en un momento en que el neoliberalismo se consolidaba a nivel mundial como el paradigma dominante de las políticas públicas. El PRD se veía como una opción discordante y sus propuestas programáticas fueron calificadas como obsoletas, impracticables y ajenas a la realidad. Durante esos años fue el partido político más consecuente en la lucha por la democracia; sin embargo, este reclamo fue ignorado por las elites dominantes bajo la consigna de que representaba un nacionalismo “trasnochado”. No obstante, la crisis de 1994 y el desgaste del PRI abrieron una coyuntura favorable para una nueva etapa. En las elecciones de 1997, no sólo se logró el triunfo en la capital, además, por primera vez en la Cámara de Diputados el PRI perdía la mayoría absoluta y el PRD se convertía en la segunda fuerza política nacional. De esta manera, surgía como una alternativa viable para gobernar el país: había logrado romper el cerco del bipartidismo y la estigmatización ideológica y política. A partir de ese año, el partido conoce sus mejores años, su mediodía, a pesar de la derrota en las elecciones presidenciales del año 2000, ya que logra el triunfo de nuevo en la capital y en las gubernaturas de Zacatecas (1998); Tlaxcala, Baja California Sur y Nayarit (1999); Michoacán (2002); Guerrero (2005); Oaxaca (2010); Morelos (2012); Tabasco (2013), entre otras. Además, resultó victorioso en cientos de gobiernos municipales. Durante esos años, la vida del partido se caracterizó por la inestabilidad ya que sus elecciones internas fueron a menudo conflictivas lo que dio lugar a la consolidación de un esquema de corrientes o “tribus” que se repartieron las candidaturas y los puestos de dirección del partido. No obstante, el partido parecía consolidarse como una opción que podríamos ubicar dentro del espectro socialdemócrata y al mismo tiempo como parte de la nueva ola de partidos de izquierda de América Latina que, durante la primera década del nuevo siglo, lograron triunfos importantes en nuestra región, como en Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay, El Salvador, Nicaragua y otros más. En 2006, el PRD, con la candidatura de López Obrador, estuvo muy cerca de conquistar la presidencia de la república. El partido alegó un fraude electoral y desató una enorme movilización popular para defender el triunfo de su candidato. Los reclamos del partido nunca fueron satisfechos debido a la negativa del PRI y del PAN para limpiar la elección. En 2012, López Obrador se presenta de nueva cuenta como candidato del PRD. A pesar de la derrota, el partido se coloca como la segunda fuerza electoral en la Cámara de Diputados. Sin embargo, en septiembre de 2014, la desaparición de los 43 normalista de Ayotzinapa sacude al partido. Hay que recordar que el presidente municipal de Iguala había sido electo como candidato del PRD, lo mismo que el gobernador del estado. La tragedia mostró la existencia de una red de corrupción y complicidad con el crimen organizado que involucraba al partido. Tocaba entonces emprender un cambio de fondo. Lamentablemente esa transformación no fue posible, entre otras cosas, debido a que la dirección del partido había participado en el “Pacto por México” propuesto por Peña Nieto, sin el aval de su Consejo Nacional. Su complicidad se reflejó en indiferencia con el caso Ayotzinapa. A partir de entonces el PRD conoce un declive que se manifiesta en la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas en noviembre de 2014 argumentando “profundas diferencias (con la dirección del partido) de cómo enfrentar los problemas internos del partido, en particular las medidas que deben adoptarse para recuperar la credibilidad de la organización y de manera especial de sus dirigentes ante la opinión pública”. Pocos meses antes, en julio de 2014 el INE aprobaba el registro de MORENA como partido político nacional. Con ello, López Obrador sellaba su rompimiento definitivo con el PRD. El ocaso del partido estaba a la vista. Sus opciones para sobrevivir se angostaban. Aunque su dirección y la corriente dominante (Nueva Izquierda) propuso una alianza con el PAN rumbo a las elecciones de 2015, ésta fue rechazada por el Congreso Nacional. Sin alianzas, el PRD logró un lejano tercer lugar con el 11.5% de la votación. Los resultados dejaron claro que el PRD enfrentaba una perspectiva muy desfavorable por el crecimiento de MORENA. Sus alternativas consistieron, en ese momento, en procurar una reforma a fondo del partido para presentarse como una nueva opción de izquierda; tratar de pactar una alianza con MORENA; o buscar el cobijo del PRI o del PAN. Para entonces muchos miembros del partido lo habían abandonado, sobre todo, después de la renuncia de Cárdenas y la ruptura de AMLO. Así las cosas, la dirección del partido, ya sin oposición interna y sin rubor alguno decide aliarse con el PAN en 2018 y apoyar a su candidato a la presidencia de la república. Esa Coalición dejó al PRD una ganancia de apenas 21 diputados mucho menor que lo obtenido en 2015 (55 curules). Pero lo más importante es que el PRD desapareció desde entonces como un partido de izquierda y sus opiniones acerca la situación nacional fueron intrascendentes. Sin embargo, ya no dieron marcha atrás, adoptando una postura “democrática” frente a MORENA y la presidencia de AMLO. Esa estrategia, que se refrendó en las elecciones de 2024 ahora en alianza con el PRI y el PAN fue derrotada ampliamente. El reclamo por la democracia de esa Coalición fue confuso y hasta contradictorio: sus exigencias y denuncias no acertaron a definir un rumbo claro para la transformación del país. Al mismo tiempo, el PRI y el PAN fueron identificados como los responsables de un régimen de corrupción y políticas antipopulares que había gobernado los últimos 24 años. Además, esos partidos han asumido un papel que los ubica en la derecha del espectro político nacional; para muchos electores que tradicionalmente se han identificado con esa postura, no tuvo sentido votar por un partido que provenía de la izquierda. La pérdida del registro del PRD fue resultado de un periodo de decadencia que comienza en 2014. No obstante, los factores estructurales más importantes que propiciaron su debacle fueron su accidentada vida interna que, al final de cuentas, sólo sirvió para enquistar a un grupo en la dirección del partido; la corrupción existente en diversos gobiernos e instancias de dirección perredistas que nunca fue sancionada; la ausencia de visión política para entender que los electores deseaban un cambio y no la continuidad de la hegemonía PRI-PAN; y la inexistencia de autocrítica y voluntad para transformar al PRD. Ese conformismo, vinculado a fuertes intereses personales y de grupo, llevó a un lamentable suicidio político. saulescobar.blogspot.com

Un voto crítico para Claudia Sheinbaum

Un voto crítico por Claudia Sheinbaum Saúl Escobar Toledo Inicio esta nota aclarando que el propósito de este escrito no reside en tratar de influir en la decisión de los lectores. Mas bien, intentaré plantear algunas reflexiones. Al fin y al cabo, votar consiste en elegir no sólo personas sino también ideas. Las razones de mi voto se fincan en motivos históricos e ideológicos. El conjunto de partidos y personas representados por Xóchitl Gálvez (XG) construyó un régimen basado en la exclusión y la violencia desde finales del siglo pasado hasta 2018. No tengo ninguna confianza ni conozco algún dato que me permita suponer que hayan recapacitado o estén dispuestos a cambiar las líneas principales de ese modelo de administración del Estado. Por el contrario, sus posiciones me indican que están convencidos de que es el mejor posible y que, en lo fundamental, seguirían aplicando ese conjunto de políticas públicas si volvieran a gobernar. En cuanto a sus ideas, la oposición que representa XG puede considerarse como una amalgama de partidos y personajes de derecha y centro derecha. Puede haber excepciones, pero no juegan un papel principal en dicha coalición. No hay arbitrariedad en catalogarlos de esta manera ya que ellos mismos se sienten cómodos y bien identificados con esta ubicación política. Por ejemplo, Héctor Aguilar Camín escribió hace poco, apoyado en un texto de Savater, que “la izquierda logra con sus medidas políticas lo contrario de lo que persigue”, es decir, “acabar con la miseria y la desigualdad”. En cambio, “la derecha busca la prosperidad por medio del trabajo remunerado, la propiedad privada, y el orden social basado en el cumplimiento de las leyes”. Casi no necesito agregar que las ideas que han animado la existencia del Partido Acción Nacional (PAN) se han ubicado, desde su fundación, en la doctrina de la democracia cristiana. Y que el PRI, a partir de la presidencia de Salinas de Gortari, ha abrazado sin tapujos las ideas principales del neoliberalismo. Así pues, no es una exageración ni un dislate ubicar al bloque político de Gálvez en la derecha. Por mi parte, reconociendo los errores y desviaciones de las izquierdas, considero que éstas siguen teniendo un papel fundamental en las sociedades capitalistas. Su lucha por la igualdad, el respeto pleno a (todos) los derechos humanos, y la eliminación de la pobreza, ha permitido atenuar en muchos casos la explotación desmedida de las personas y la naturaleza, lograr ciertos niveles de protección a la población más vulnerable, y principalmente dar voz a los que, sin el activismo de las izquierdas, nunca hubieran sido escuchados. Puesto que me identifico como parte de esta corriente política e ideológica, considero que la opción de la derecha debe ser repudiada. Agrego que, si bien la utopía de las izquierdas ha dado lugar, en algunas ocasiones, a grandes tragedias sociales, la utopía del libre mercado ha condenado a la humanidad a una grave crisis histórica que explotó hace más de 15 años. Su costo social ha sido altísimo y ha puesto en peligro la paz mundial, las instituciones básicas de la democracia, y los derechos humanos conquistados en las últimas décadas. Aunque en términos más generales en la elección del 2 de junio se enfrentarán la izquierda y la derecha, las cosas no son tan sencillas. Las derechas no siempre se equivocan y las izquierdas no tienen razón en todo lo que dicen y hacen. Veamos entonces la realidad de manera más cercana. No cabe en este escrito un balance del sexenio de AMLO por razones de espacio. Digamos sin embargo que tuvo aspectos luminosos y otros muy oscuros. Las políticas laborales y los programas sociales lograron un cambio de tendencia, aunque no una mudanza estructural. Se redujo la pobreza y se abatió la desigualdad si bien sólo en algunos puntos porcentuales. Aquí veo la oportunidad para que el gobierno de CS profundice esas transformaciones y adopte un perfil reformista más afilado. Además, estoy convencido de que un gobierno de XG revertiría sustancialmente estos avances. Así lo indican las afirmaciones de diferentes voceros e ideólogos de esa coalición quienes afirman que estos logros pueden considerarse menores o marginales, es decir, prescindibles. Pero mi voto crítico es también una reprobación de las grandes fallas del gobierno de AMLO, por ejemplo y de manera destacada en materia de salud. Por ello, CS deberá construir un sistema de salud pública de calidad y accesible para la gran mayoría de la población. Lo mismo podría decirse en materia de medio ambiente o de fomento a la investigación científica. Afortunadamente, en estos aspectos, algunas propuestas expresadas por CS permiten suponer que adoptará una política diferente tanto a las del sexenio actual como a las aplicadas por los gobiernos neoliberales. Agrego dos cuestiones más. La primera, la necesidad de una reforma democrática del Estado. En este asunto, he apreciado en los discursos de CS posiciones ambiguas o equivocadas. Por ejemplo, para cambiar la composición del Congreso ha mencionado la idea de suprimir la representación proporcional sin precisar cómo estarían representadas las minorías. En cuanto a la reforma del Poder Judicial, la elección de jueces y magistrados me parece una receta equivocada y no apunta a un verdadero cambio en el aparato de impartición de justicia. Por otra parte, acerca del tema de la violencia y el crimen organizado tampoco he escuchado o leído propuestas progresistas. Ni del lado de CS ni de XG, lo cual es muy grave dado que se trata del problema más complejo y el que está causando más daño e incertidumbre en la población. Sin duda, la violencia que padecemos fue obra de los partidos y gobernantes de la coalición que ahora encabeza XG al dar rienda suelta a una gran corrupción que permeó extensas áreas gubernamentales. De esta manera, no sólo alentaron la violencia criminal, sino que lograron fraccionar las instituciones del Estado mexicano. La militarización de la seguridad pública, en lugar de ayudar a controlar esa “balcanización”, la profundizó. Lamentablemente, el gobierno de AMLO otorgó aun mayor poder a las fuerzas armadas, lo que tampoco funcionó. Mi deseo es que el próximo gobierno proponga una reforma del Estado que descentralice la toma de decisiones y mejore la coordinación entre los tres niveles de gobierno y con los poderes ejecutivos y legislativo y judicial en materia de seguridad pública. Todos, con el compromiso de fincar las condiciones mínimas para detener la violencia criminal. Durante las últimas décadas, hemos vivido un régimen que ha sido incapaz de poner los cimientos de una nueva convivencia pacífica y solidaria. No sólo requerimos otra estrategia contra el crimen organizado, nos urge una reconstrucción del Estado desde el municipio hasta el ejercicio del poder presidencial. Al mismo tiempo, considero que el Estado debe promover la actividad económica, la inclusión social y el cobijo para la población menos favorecida. Por ello, el fortalecimiento de la rectoría del Estado y su democratización no deben verse como metas opuestas sino complementarias. Como muchos mexicanos, el domingo iré a las urnas con un espíritu crítico. Depositaremos nuestro sufragio con esperanza, pero también con dudas e incertidumbres. Sabemos que no todas las promesas expresadas en las campañas serán cumplidas. Y que los problemas cotidianos que nos aquejan no se resolverán al salir del centro de votación. Mi voto será por Claudia Sheinbaum para presidenta y, en la Ciudad de México, para Clara Brugada, Jefa de Gobierno. Llevaré la cuenta de sus aciertos, fallas y errores como hice con el gobierno de AMLO y los gobiernos anteriores, en éstas y otras páginas. Así entiendo el privilegio de escribir y ser publicado: como un acto de solidaridad y rendición de cuentas con los votantes que han decidido renovar su convicción de buscar un país más justo. saulescobar.blogspot.com